OVE / 12 de agosto 2020
La Federación Colombiana de educadores, FECODE, convoco a un paro virtual de 48 horas, este miércoles y jueves. Dejamos el enlace de la entrevista que le realizara el profesor Luis Bonilla-Molina a la profesora Marta alfonso
Month: agosto 2020
El regreso a clases ¿una decisión correcta?
Por: Carolina Vásquez Araya
La niñez es uno de los grupos más vulnerables y menos beneficiados de la sociedad.
La discusión en torno del regreso a clases se plantea, por lo general, desde el interés económico, ya que mientras los padres deban permanecer en casa para cuidar a sus hijos, los países parecen encontrarse en un estado de parálisis laboral casi absoluta. Por ello, los gobiernos en su empeño por regresar a una normalidad todavía utópica, apuestan por la apertura de escuelas, colegios y universidades con la ilusión de haber vencido –o por lo menos reducido- los efectos de la pandemia. Enviar a los estudiantes a los establecimientos educativos permitiría a los padres regresar a sus puestos de trabajo, con lo cual se daría el impulso necesario a la productividad para evitar un total colapso de los indicadores económicos.
Sin embargo, este tipo de acciones afirmativas no necesariamente se basan en los intereses prioritarios de la niñez. Es decir, este segmento de la población resulta, en estos casos, un factor secundario; y los efectos que pueda sufrir al exponerlo a situaciones de vulnerabilidad, suelen ser vistos como consecuencias marginales ante la preponderancia de la puesta en marcha de la maquinaria productiva. En países como los nuestros, la infraestructura educativa es débil y carece, por lo general, de las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas. La mayoría de escuelas públicas –urbanas y rurales- en donde estudia el grueso de la población infantil, están desprovistas de recursos para garantizar el bienestar y la salud del alumnado, al extremo de ni siquiera contar con una provisión segura de agua potable e instalaciones sanitarias. En los países menos desarrollados, además, ni alumnos ni maestros cuentan con la tecnología ni los recursos para utilizar una plataforma virtual capaz de reemplazar la presencia física en las aulas, por lo tanto de no acudir a clases quedan totalmente marginados del sistema educativo.
Por otro lado, se plantea la necesidad de abrir los establecimientos educativos con el propósito de paliar los efectos de la violencia doméstica, la cual ha incrementado de manera significativa como efecto del encierro obligado de los últimos meses. Niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a un sistema de relaciones familiares que limita su capacidad de defensa ante agresiones físicas, sexuales, económicas y psicológicas en el interior de su hogar. Por lo tanto, el regreso a clases se presenta como una opción interesante entre dos situaciones puntuales de riesgo: la violencia versus el contagio. De acuerdo con datos de World Vision y de ONU Mujeres, los llamados de auxilio por violencia doméstica durante la pandemia han aumentado entre 25 y 40 por ciento en la mayoría de países en todo el mundo, lo cual demuestra la extrema indefensión de los grupos vulnerables: niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Esto que hoy revela el ataque sorpresivo de una pandemia capaz de transtornar la vida en todos sus aspectos, es hasta dónde se han marginado los intereses de las nuevas generaciones; hasta qué extremo se les ha convertido en meros instrumentos de campaña política, abandonándolos a su suerte una vez conseguidos los resultados electorales. Las promesas vanas de invertir y priorizar los programas destinados a nutrición, salud y educación han condenado a los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades y, por conveniencia de los grandes grupos económicos, los destina a ser un simple vivero de trabajadores mal pagados. La educación es la herramienta más poderosa para alcanzar el desarrollo y garantizar el bienestar en todos los demás aspectos de la vida humana. ¿Abrir o no? El dilema está planteado.
LAS DECISIONES SOBRE LA NIÑEZ DEBEN ESTAR ENFOCADAS EN SU BIENESTAR.
Fuente: https://carolinavasquezaraya.com/
Las invasiones bárbaras
Por: Daniel Seixo
«No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder.»
Benjamin Franklin
«El primer día derogaremos el Obamacare. El Obamacare es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema«
«Lo tenemos bajo control«
Donald Trump
«Sabed que vuestros pueblos os juzgarán por lo que podéis construir, no por lo que destruyáis.«
Barack Obama
Mientras el presidente Trump prepara el terreno y el clima social de cara a las próximas elecciones presidenciales y los Demócratas continúan enfrascados en sus propias dinámicas internas, intentando transformar definitivamente el mermado sistema político estadounidense en un mero juego de popularidad y engaños, la abnegada comunidad científica que a duras penas logra sobrevivir, intentando asesorar al Gobierno de Estados Unidos durante la gestión de esta crisis sanitaria motivada por el Covid-19, se empaña una vez más en repetir para todo aquel que lo quiera escuchar el alarmante mensaje de que el coronavirus se encuentra hoy mucho más extendido en el país de lo que estuvo en los meses pasados. Con cerca 1,9 millones de positivos y 25.000 muertos durante el mes de julio, casi el doble que las cifras oficiales de los últimos meses, el total de infectados en el país se sitúa en la actualidad en los 4.700.000 con un balance total de 150.000 fallecidos. Unas cifras realmente crudas que evidencian la incapacidad del Imperio estadounidense para lograr hacer frente a los efectos de la pandemia entre su propia población.
Tal y como señala la doctora Deborah Birx, coordinadora médica del equipo de la Casa Blanca, el coronavirus continua hoy expandiéndose sin control tanto por las áreas rurales como urbanas del país, todo en medio de una contracción histórica de la economía nacional durante el segundo trimestre del año, fruto de los efectos de la pandemia en el consumo y la actividad de las empresas. La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol, al tiempo que la propagación del virus parece imparable entre protestas sociales, un consumo desmedido y desplazamientos generalizados por todo territorio nacional sin respeto alguno por las más básicas medidas de distanciamiento social. La cifra de desocupación alcanzaba la semana del 25 de julio los 1,43 millones de estadounidenses desempleados, un incremento de cerca de 12.000 personas respecto a la semana anterior. Sin la posibilidad real de una vacuna en un lapso de tiempo cercano más allá de las especulaciones en bolsa y con un panorama empresarial y económico realmente complicado, las colas del hambre en torno a los bancos de alimentos y la amenaza de un nuevo confinamiento, parecen ubicar a la administración Trump y al propio modelo estadounidense al borde del abismo.
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza y con aproximadamente la mitad de los trabajadores inmersos de lleno en un mercado laboral deteriorado y de bajos ingresos, en el que solo el 40% de los estadounidenses declara poder hacer frente a un gasto imprevisto de apenas 400 dólares, sin tener por ello que recurrir a la venta de alguna propiedad o a pedir dinero prestado. Con pérdidas generalizadas y sostenidas en el tiempo durante las últimas décadas de los ingresos reales de la clase trabajadora y con un panorama inmediato de profunda recesión económica fruto de los efectos del coronavirus, la ausencia de un sistema de salud pública en los Estados Unidos dibuja la respuesta política y social a esta crisis no tanto como un asunto de derecho a la vida y a la salud garantizado por el estado, sino como una cuestión meramente mercantilista de carácter individual en su respuesta. Mientras una minoría social ve totalmente garantizado su acceso a servicios sanitarios de calidad gracias a lograr costear las elevadas cuotas que exigen las compañías aseguradoras, el conjunto de la depauperada clase obrera estadounidense se enfrenta durante esta pandemia a la espada de Damocles que los acorrala a diario entre la amenaza de un contagio casi asegurado o el desempleo y la ruina. En un país en el que la cobertura sanitaria depende de la actividad laboral, eso supone sin lugar a dudas una condena al fracaso para el proyecto vital de gran parte del proletariado estadounidense.
Desde el acceso a los tests, hasta el más mínimo ingreso hospitalario, la profunda desigualdad del sistema y los efectos del coronavirus sobre el mismo, vienen en este contexto a depauperar los ya de por sí pobres índices de salud de un Imperio militar, económico, pero quizás no social o sanitario. Actualmente la esperanza de vida de los estadounidenses se encuentra situada en los 79,2 años, ubicándose así en el puesto número 40 de mundo, claramente por detrás del conjunto de naciones desarrolladas y muy lejos de los cerca de 83 años en los que se encuentra la esperanza de vida en nuestro país. Pero hay más, analizando en detalle los datos de un estudio del Centro Nacional sobre Pobreza de Estados Unidos (NPC) podemos ver como las diferencias sociales en el país son llamativas, mientras un hombre blanco con estudios universitarios sitúa su esperanza de vida cerca de los 80 años, un afroamericano con escasa formación, apenas llegaría a los 66 años. Otros datos complementarios en este análisis del marco social estadounidense como la mortalidad infantil o la mortalidad materna, evidencian claramente la actuación disfuncional del sistema sanitario de este país sobre la salud de su población. Con cerca de 5,7 muertes por cada 1.000 nacimientos y 26,5 muertes maternas en el año 2015 por cada mil nacimientos, Estados Unidos se ve de nuevo sobrepasado en estos indicadores por el conjunto de los países ricos, llegando incluso a ser superado en el primer indicador por países como Bosnia Herzegovina y Croacia y mostrando tendencias claramente contrarias a la evolución global en el caso de la mortalidad materna.
Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad
En medio de una situación de clara crisis sanitaria global, los cuidados hospitalarios, los medicamentos o las operaciones, suponen un gasto difícilmente asumible para millones de estadounidenses. Mientras las empresas mejor situadas suelen correr con los gastos del seguro médico de sus empleados, muchas otras no lo hacen o simplemente suelen ofrecer coberturas muy limitadas. Esta vinculación entre vida laboral y cobertura sanitaria, explicaría perfectamente la profunda brecha en el acceso a los cuidados sanitarios entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos y su reflejo en los indicadores generales del país. Una sola noche de hospitalización en EE. UU. puede elevar una factura médica a cerca de 5.220 dólares, frente a los 424 que costaría en España, mientras que el precio de una operación de apéndice variaría entre los 16.000 dólares que pagaría un estadounidense a los apenas 2.000 que podría costar en el caso de un hospital español. No se trata únicamente de la inversión individual en servicios médicos tal y como señalan repetidamente muchos economistas liberales, sino del propio concepto de la sanidad, entendida esta como un bien común o como un lucrativo negocio. España se encuentra entre los países que menor porcentaje de la renta dedica a su sistema público de salud, unos 1.500 euros al año pero cápita, frente a los cerca de 9.000 dólares al año que dedica cada estadounidense, pero mientras el gasto sanitario del país norteamericano no cesa de aumentar y su atención es claramente deficiente para una mayoría social, el sistema público español se encuentra, pese a las continuas oleadas recientes de austeridad impuestas por el modelo neoliberal, entre los más eficientes y mejor valorados del mundo.
Cerca del 57% de los habitantes de Estados Unidos aseguran haberse llevado en algún momento de su vida una sorpresa con una factura médica que aparentemente cubría su compañía de seguros y quizás precisamente debido a eso, los estadounidenses acuden aproximadamente la mitad que los españoles al médico, una media de 4,1 visitas al año. Facturas de 126.000 dólares por un ingreso hospitalario de 4 días tras un accidente de moto, 47.000 dólares por servicios varios como laboratorio, anestesista, fisioterapia, rehabilitación, 60.000 dólares en servicios médicos esenciales como un escáner o una radiografía tras un accidente de coche, 11.000 dólares tras el traslado al hospital en ambulancia y una estancia de penas dos días o directamente 407.000 dólares por una estancia hospitalaria de algo más de dos meses. Analizar este contexto social en medio de un aumento significativo de casos de Covid-19 -una enfermedad que en muchos casos requiere intensos y prolongados cuidados hospitalarios- y con una crisis económica acuciante que afecta progresivamente a sectores más amplios de la población, supone hablar de un marco sanitario en el que el virus y una economía depredadora se unen mano a mano para poner en riesgo la vida de millones de personas, ante el nulo papel de un estado ciertamente inexistente que únicamente observa como las compañías de seguros negocian sus propias tarifas con médicos y hospitales, incluso caso por caso, para tratar al paciente como un cliente que en gran parte de los casos rematará teniendo que asumir una parte importante del coste de sus tratamientos, incluso cuando creía tener una cobertura sanitaria suficiente. Este es el caso de Malcol Bird: en 2016 un hospital en Connecticut le reclamó algo más de 600 dólares por haberle puesto una venda a su hija de un año tras haber sufrido un corte en el dedo mientras le cortaban las uñas. Cerca de 7 dólares por lavar la herida y una tirita y 622 dólares por el servicio médico y el uso de las instalaciones del hospital.
Estas elevadas cifras en las facturas médicas no son casos aislados en un sistema sanitario que funciona en su foro interno como un gran sistema especulativo al rededor de la salud de los pacientes o directamente jugando con la salud de los mismos: 1.000 dólares por una resonancia magnética, 300 dólares por una mamografía, 300.000 por una fractura de cráneo con hemorragia cerebral o 9.000 por un traslado en helicóptero. Una consulta medica en Estados Unidos ronda los 100 dólares en un médico de cabecera, 300 en un especialista y 700 dólares si además de la misma necesitamos un análisis de sangre. Estados Unidos es en esencia el país ideal para terminar arruinado por el costo de las facturas médicas.
Sin embargo el gobierno estadounidense no se muestra en absoluto capaz de garantizar la calidad de su sistema de salud pese al alto costo del mismo. No deberíamos olvidar que tras el cáncer y las enfermedades cardíacas, la tercera causa de muerte el país se debe precisamente a los errores médicos. Cerca de 250 mil personas al año mueren en Estados Unidos debido a esta causa, superando con creces los fallecimientos debidos a accidentes o infartos. Pero incluso con estas alarmantes cifras, la mala praxis o directamente la negligencia médica, no siempre conllevan automáticamente la suspensión del ejercicio profesional de sus responsables, sino que en gran parte de los casos los mismos son únicamente sometidos a largos procesos disciplinarios durante los cuales los médicos afectados por la investigación podrán seguir ejerciendo su profesión a la espera de que los Consejos Médicos de los estados en los que ejercen resuelvan las demandas. Miles de médicos estadounidenses ejercen su profesión pese a estar sometidos a investigaciones por abuso de drogas, acoso sexual, negligencias graves o incluso a cometer errores letales. Por estrambótico que parezca, la figura del Dr. Nick Riviera de Los Simpson, es un reflejo de una situación real de una parte del sistema sanitario estadounidense. En el caso del FBI contra el doctor Farid Fata, se demostró que al menos 553 personas habían sido falsamente diagnosticadas con cáncer y sometidas a caros y agresivos tratamientos médicos, por los que el doctor Fata llegó a presentar facturas equivalentes a 225.000.000 dólares al Medicare, el sistema de seguro de salud estatal de Estados Unidos. Largos y dolorosos procesos de quimioterapia aplicados a personas sanas, únicamente como forma de enriquecerse a costa de la salud de sus pacientes. Una estafa posible bajo el paraguas de un sistema de salud privado y depredador.
El 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas
En la otra cara de la moneda, una enfermedad como la diabetis, fácilmente controlable y tratada con cambios en el estilo de vida y una buena dieta, supone a día de hoy una amenaza sanitaria creciente en un país en el que al menos el 72% de los adultos admite no consumir las suficientes frutas o vegetales y opta directamente por la comida rápida, llegando a consumirla incluso cuatro veces por semana, en muchas ocasiones debido a lo accesible de su precio frente a otras alternativas más saludables. Solo en California entre 2011 y 2017, los médicos llegaron a realizar más de 82.000 amputaciones diabéticas. Un procedimiento drástico e irreversible que ejemplifica claramente las consecuencias de ser pobre y carecer de seguro médico en Estados Unidos. Atendiendo a un estudio de 2015, los pacientes que sufren diabetes en comunidades que se sitúan en el nivel más bajo de la base de ingresos, tuvieron casi un 39% más de probabilidades de sufrir amputaciones severas en comparación con los que viven en comunidades de mayores ingresos. Las personas de raza negra o latinas tienen en la actualidad más del doble de probabilidades que los blancos de sufrir amputaciones relacionadas con la diabetes, lo que en muchos casos supone una incapacidad directa para continuar de manera efectiva en un mercado laboral cada vez más deteriorado.
La cosa es simple: sin trabajo, no hay seguro. Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad. Si triunfase el llamado «Trumpcare», la propuesta republicana para derogar y sustituir el Obamacare, esta cifra se elevaría en 14 millones de estadounidenses sin cobertura médica en el país durante el próximo año y cerca de 24 millones de cara al 2026. En una sola década, el número de habitantes sin cobertura médica podría llegar a situarse en Estados Unidos en 52 millones de personas. En contraprestación, la administración Trump podría reducir el déficit federal en cerca de 337.000 millones de dólares, una suculenta mordida económica con total seguridad destinada a los peces gordos de Wall Street y a una lluvia de fuego y destrucción sobre algún país soberano en forma de jugosos beneficios para la industria del armamento.
Debemos apuntar llegados a este punto que para los ciudadanos más depauperados de Estados Unidos existe un programa destinado a asistirlos con los gastos derivados de su atención médica, llamado Medicaid. Actualmente se encuentran inscritos en este programa unos 75 millones de personas, que ven como mediante servicios puntuales se cubren sus necesidades sanitarias. Pero el Medicaid únicamente se dirige a reducir los costes sanitarios, no a propiciar una atención gratuita. No es extraño por tanto encontrarse a familias que directamente recurren al crowfunding como la alternativa más directa de cara a intentar evitar la ruina que puede suponer una enfermedad en los Estados Unidos. La caridad individual como sustituto del papel que debería jugar el estado a la hora de aportarnos la atención médica que necesitamos. La más mínima visita a un hospital puede llegar a suponer una factura de cientos de dólares para aquellos que se encuentran sin cobertura sanitaria. Pese a que la ley de Estados Unidos exige que las personas que tienen una emergencia médica puedan obtener la atención que necesitan, independientemente de su capacidad de pago, la acuciante crisis económica y la seguridad de que las facturas médicas terminarán por llamar a la puerta de los pacientes, hace que el 57% de los trabajadores estadounidenses acudan a trabajar mientras están enfermos y que cerca del 33% lo haga de forma habitual. Una situación social que si bien supone una auténtica locura en condiciones normales, apunta directamente al desastre más absoluto en medio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza
Cerca de 45.000 personas mueren cada año en Estados Unidos debido a la falta de una correcta atención médica y el riesgo de morir aumenta en torno a un 40% entre quienes carecen de un seguro de salud. No se trata de una decisión individual o de un riesgo que corran personas irresponsables, se trata directamente de pobreza y de su efecto sobre la salud de las personas. Los gastos médicos suponen una de las principales causas de pobreza entre los estadounidenses y provocan que cada año miles de ciudadanos tengan que declararse en banca rota. Incluso entre quienes tienen un seguro médico, cerca de 500.000 personas deben declararse insolventes cada año debido a deudas relacionadas con sus enfermedades. Una deuda médica total de cerca de 81.000 millones de dólares que afecta a uno de cada seis estadounidenses. Una situación social límite que no hace sino empeorar con los años, si entre el año 2000 y 2006 la inflación en el país subió un 3,5% y los salarios de los estadounidenses aumentaron en un 3,8%, las primas de los seguros médicos lo hicieron a su vez en un 87%.
El simple hecho de adquirir un medicamento puede llegar a costar para un estadounidense miles de dólares mensuales pese a contar con un seguro, mientras un tratamiento con insulina cuesta entre 5 y 10 euros en España y es cubierto por la Seguridad Social, en Estados Unidos su precio se puede disparar a los 200-300 euros al mes con un seguro médico y hasta los 800-1200 euros para aquellas personas que carecen del mismo. Esto convierte el acceso a medicamentos básicos en un problema de primer orden de salud pública. En el caso del cáncer, el 42% de los estadounidenses que padecen esta enfermedad se dejan en facturas médicas durante los dos primeros años de tratamiento los ahorros de toda su vida. De nuevo un personaje de ficción como Walter White de Breaking Bad, retrata bajo toda la locura de su trama la realidad asfixiante de miles de ciudadanos en Estados Unidos. No en vano, un cáncer de vejiga puede llegar a suponer cerca de 21.000 dólares, frente a los más de 100.000 de tratamientos relativos a las últimas etapas de los tipos de cáncer más complicados.
El 59,7% de los estadounidenses obtiene directamente el acceso a su seguro médico por la empresa en la que trabaja, un 27% por ciento a través de programas del gobierno como Medicaid –destinados a gente con bajos ingresos– y Medicare –para mayores de 65 años– y solo un 9,1% lo hacen a través de seguros contratados de forma individual. Pero todos ellos, sin excepción, se ven inmersos en un bazar sanitario en el que las 10 compañías más importantes controlan el 70% de todo el mercado de los seguros sanitarios en Estados Unidos. Un sistema enormemente rentable para estas compañías cuyos beneficios superan ampliamente los 10.000 millones de dólares. Quizás por ello, sus directores se encuentran entre los profesionales estadounidenses mejor pagados con un promedio de 12 millones de dólares al año. Las compañías basan sus beneficios en la pura lógica mercantil y por ello estos directores funcionan como ejecutivos de una empresa y no como médicos, sus tareas principales se basan en seleccionar a pacientes con mayores necesidades médicas, especialmente los crónicos, eliminar a las personas que requieren cuidados costosos y reducir en la medida de lo posible la cobertura sanitaria prestada, aumentando los copagos. No en vano, el 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas. Todo ello a pesar de que la mayoría tiene un seguro médico. Pero esto no es todo, tu edad, tu estado de salud y tu profesión, pueden suponer factores decisivos para que se te niegue un seguro de salud en Estados Unidos. Un modelo sanitario que en la práctica ya aplica una especie de eugenesia ligth a pacientes con antecedentes de cáncer, obesos, hipertensos o simplemente a fumadores o personas que practican deportes de alto riesgo.
La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población. La supervivencia de un modelo demencial e ineficiente, solo resulta por tanto posible atendiendo al enorme peso que las compañías de seguros médicos tienen en la economía y en la vida política del país. El poder político y mediático de los grupos de presión relacionados con estas compañías es inmenso y se refleja fielmente en sus enormes aportaciones a las campañas electorales de las diferentes figuras con capacidad de decisión en el Congreso de Estados Unidos. Unos fondos que hasta ahora se dirigían de forma más o menos equitativa tanto a figuras demócratas como republicanas y que a día de hoy, tras el intento de la administración Obama por remodelar ligeramente el sistema sanitario estadounidense, parecen decantarse firmemente por las posturas más extremas y fundamentalistas de la ultraderecha del país. Medios como FOX News funcionan a su vez como un engranaje necesario para lograr trasladar satisfactoriamente el mensaje de estas grandes compañías de seguros a los estadounidenses, boicoteando con ello cualquier intento de Reforma Sanitaria mediante campañas de intoxicación informativa.
En medio de una de las mayores tragedias sanitarias de Estados Unidos debido a los desastrosos efectos Covid-19 sobre la población y a las puertas de la posible conjunción de esta crisis sanitaria con una profunda recesión económica que amenaza directamente a cerca de 28 millones de estadounidenses con ser desalojados de sus casas, el sistema sanitario de Estados Unidos parece profundizar en la decadencia de un país cuya clase trabajadora se encamina a la ruina y la realidad de unos índices sanitarios más propios de países del tercer mundo que de una potencia imperial. Todo, mientras su presidente, Donald Trump, se atreve a catalogar la situación en del país y su propia gestión de la pandemia de «adecuada». En un país con millones de personas sin acceso a servicios sanitarios y con grandes porcentajes de población decidiendo no acudir al médico por temor a ser deportados o a quedarse sin trabajo, el cambio de rumbo de un presidente y una militancia republicana adscrita a las teorías conspirativas, parece ser el golpe de timón definitivo para que un el coronavirus termine cobrándose la vida de millones de estadounidenses. De todos modos, pese al dolor personal y a la tragedia para la nación, para el sistema de salud del país y para las grandes firmas de seguros médicos, tan solo se tratará de negocios.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-invasiones-barbaras/
El mito de la tele y la educación
Por: Manuel Gil Antón
Era el sexto día del mes de agosto. El antier de estas letras. En la pantalla, el rostro del secretario de Educación a medias pues usa, y qué bueno, mascarilla en estos tiempos. La voz clara y quien esto escribe atento. Se trataron varios temas. En un momento —al minuto 20 y 16 segundos del video— como respuesta a la pregunta de un reportero, dijo: “Muy bien. Lo que anunciamos (para el ciclo escolar 2020-2021) es (que será) totalmente a distancia. El 24 de agosto tenemos un programa muy robusto, como lo hemos señalado aquí, de varios canales de televisión que van a impartir los cursos, las clases, con base en los libros de texto gratuito (y) los aprendizajes esperados, por lo que no habrá necesidad de acudir a las escuelas.” La explicación termina 31 segundos después: minuto 20 con 47 segundos.
Como se dice en Narvarte, algo me hizo chiras al oír lo expresado en ese momento. ¿De veras dijo lo que creí oír el maestro Moctezuma? ¿Acaso escuché bien? Para verificar la raíz del desconcierto, volví a ver el video y tomé nota textual de sus palabras. Y sí, tal cual: lo redactado es transcripción cuidadosa.
No es menor. Se dirá que fue una forma de decir y nada más. Sostengo que no, que el equívoco en este caso se basa en una concepción profunda que modula al habla. Para emplear el sistema común de la escuela, preguntemos: ¿quién o quiénes son los sujetos que llevarán a cabo la acción? Varios canales de televisión. ¿Y qué harán? Impartir los cursos, las clases. Es, por supuesto, un dislate. Carece de sentido.
Sin embargo, enuncia, al filtrarse sin querer, la convicción de la capacidad educativa de lo transmitido por las televisoras. Negar que las señales de la tele y la radio son las que más alcance tienen entre la población sería errado, en comparación con la desigual distribución de equipos de cómputo, dispositivos semejantes y, más aún, conectividad. Se ha elegido la vía de transmisión más accesible, aunque de un modo que merece, en otro momento, analizar y debatir.
El circuito es: emisor (SEP), transmisor (tele y radio), reproductor de imagen y sonido (una pantalla o aparato) y el receptor: quien está ahí, recibiendo el conocimiento que, de acuerdo al lapsus de la autoridad educativa, llegará por medio de las clases que impartirán (sic) los canales. De ser así el alcance será máximo y el aporte al aprendizaje nulo.
El reto educativo es generar una mediación pedagógica entre la información emitida y quién está en posibilidad de aprender. En la pandemia es muy difícil lograrlo, aunque trivial endilgarlo a los padres (sobre todo a las madres por la inequidad en la asignación de tareas entre hombres y mujeres). Tampoco resuelve el entuerto la prótesis del libro de texto que contiene aprendizajes esperados diseñados sin tomar en cuenta la circunstancia que vivimos.
¿Qué hacer? Desanudar al magisterio de las instrucciones uniformes y, en un marco general compartido, permitir que diseñen modalidades adecuadas a la diversidad del país, para intentar conseguir el mejor vínculo pedagógico posible con aprendices y familias. Ya lo hicieron o intentaron en los meses previos. Hay experiencias geniales. Son quienes más saben de este complejo oficio que, en las condiciones actuales, lejos de reducirse a vigilar y evaluar si se puso atención a los “cursos del canal”, pueden generar espacios para aprender con lo que esté disponible, lo que aprendan y adopten de otros y lo que ensayen e inventen para su contexto. Vivimos tiempos de creatividad, no de control.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-mito-de-la-tele-y-la-educacion/
¿Qué festejamos? Trabajo infantil, derechos humanos esenciales o hitos de la deshonra
Por:
Desde la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, la erradicación del trabajo infantil ha constituido uno de sus principales objetivos. Cien años después y por primera vez en la historia de la organización, todos sus estados miembros han ratificado una convención sobre las peores formas de trabajo infantil.
Albert Thomas, primer Director de la Organización, afirmó entonces que el trabajo infantil “representa la explotación de la infancia y es el reflejo del mal… lo más insoportable para el corazón humano. La protección de los niños constituye siempre el punto de partida para llevar a cabo una labor eficaz en materia de legislación social”.
Cien años después y por primera vez en la historia de la OIT, todos sus estados miembros han ratificado una convención internacional del trabajo, el Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, que logró la ratificación universal después de la confirmación por parte del Reino de Tonga, un pequeño país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia y constituido como una monarquía parlamentaria.
En efecto, el pasado 4 de agosto de 2020 la embajadora del Reino de Tonga, Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano, depositó formalmente los instrumentos de ratificación ante el Director General de la OIT, Guy Ryder.
Este convenio es el que ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización, desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años. Es uno de ocho convenios fundamentales de la OIT, que abarcan la abolición del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso, la abolición de la discriminación en el trabajo y los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
Dichos principios también figuran en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998). “La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico y permitirá que todos los niños gocen a partir de ahora de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil”, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT.
“Ello pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para erradicar de nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños”, añadió.
Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), acogió con beneplácito la ratificación que «pone de relieve de forma eficaz y oportuna la importancia de las normas de la OIT y la necesidad de encontrar soluciones multilaterales frente a los problemas mundiales.”
Roberto Suárez Santos, Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) afirmo que “La ratificación universal del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil marca un hito histórico”. Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz, reaccionó señalando: “Sueño con un mundo seguro para todos los niños, en el que la infancia sea segura …y todos los niños gocen de la libertad de ser niños”.
La OIT estima que hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil, 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.
Es cierto que la incidencia del trabajo infantil, incluidas sus peores formas, disminuyó en casi un 40% de 2000 a 2016, a raíz del aumento del índice de ratificación de los Convenios números 182 y 138 (sobre la edad mínima para trabajar) y la adaptación de legislaciones y políticas eficaces en los países. Pero el ritmo de los avances ha sido cada vez menor en los últimos años, en particular en relación con el grupo de menor edad (de 5 a 11 años) en determinadas zonas geográficas.
Mientras tanto, los expertos, advierten que como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, existe un riesgo real de que se produzca un retroceso con respecto a los avances logrados, y de que el trabajo infantil aumente por primera vez en 20 años, a menos que se adopten urgentemente medidas adecuadas.
Ese objetivo histórico se ha alcanzado pocos meses antes de que comience el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en 2021 , cuya celebración liderará la OIT en colaboración con sus 250 asociados y 21 países pioneros para coordinar, innovar y acelerar los progresos encaminados a poner fin al trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna.
Recordaremos que en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, se aboga por “poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025”.
La letra pequeña de un bochorno
A lo largo de la historia, los convenios y tratados internacionales han sido un instrumento idóneo para resolver problemas que trascienden las fronteras, con el objetivo de unificar criterios jurídicos para la solución de estos. Una de las problemáticas comunes a todos los estados es la vulneración de los derechos de los niños.
Esta se da con mayor intensidad en aquellos lugares donde la situación socioeconómica es deficiente, constituyéndose escenarios propicios para que se dé tal vulneración.
Situaciones como el intercambio cultural, la búsqueda de nuevas oportunidades de estudio y de trabajo, la legalización de estatus migratorios, los matrimonios celebrados entre parejas de distintas nacionalidades han llevado a que las personas, mediante actos indebidos o en forma deliberada coloquen a los niños en condiciones de peligro y de vulnerabilidad.
Actualmente decenas de millones de niños y niñas trabajan en condiciones aborrecibles que les despojan de su infancia, poniendo en peligro su salud y, en algunos casos, incluso su vida. Ninguno de estos niños ha tenido alguna vez la mínima oportunidad de saber lo que puede dar de sí mismo.
Si el avance ha sido lento o en apariencia inexistente, se debe a que la cuestión del trabajo infantil es sumamente compleja y no se puede eliminar de un plumazo ya que está inextricablemente unida a la pobreza. En realidad, la mayoría de los países cuenta con leyes que prohíben o ponen severas restricciones al empleo de niños.
En gran medida, esas leyes se inspiran en las normas adoptadas por la (OIT). Aun así, el trabajo infantil sigue existiendo a gran escala, a veces en condiciones infrahumanas, especialmente en el mundo en “mal-desarrollo”. Llos niños trabajan porque su supervivencia y la de sus familias dependen de ello. En muchos casos, adultos sin escrúpulos sacan provecho de su vulnerabilidad.
El trabajo infantil también puede obedecer a la deficiencia y precariedad de los sistemas nacionales de educación. Además, está profundamente arraigado en las tradiciones y actitudes sociales y culturales.
Por todos esos motivos, e incluso tras ser declarado ilegal, el trabajo infantil se sigue tolerando, se acepta como si fuera natural y en gran parte es invisible. A menudo está rodeado de un muro de silencio, indiferencia y apatía.
¿Por qué otros empleadores contratan a niños?
Las explicaciones más habituales son el menor costo y las denominadas habilidades irreemplazables («dedos ágiles») que poseen los niños, a diferencia de los adultos. La viabilidad de empresas enteras depende del trabajo infantil o, por lo menos, así lo sostienen inescrupulosos personajes.
Este tipo de argumento, a su vez, fomenta el temor de que el proceso de globalización y la creciente competencia en los mercados mundiales respecto a algunos productos sólo servirán para acrecentar y agravar el fenómeno del trabajo infantil.
Según el mismo argumento, la globalización expone a los niños que trabajan a riesgos de explotación aun mayores a medida que los empleadores luchen por un puesto competitivo en los mercados mundiales. ¿Hasta qué punto son válidos estos argumentos?
Los datos de la realidad y los estudios fidedignos demuestran que el trabajo infantil no es indispensable para el desarrollo y la supervivencia de ninguna rama de actividad económica. Estudios realizados en algunas ramas de actividad que emplean gran cantidad de niños han sembrado numerosas dudas sobre el argumento de los «dedos ágiles».
Casi todas las actividades en estas empresas las llevaban a cabo niños y también adultos. Incluso en el sector de las alfombras, donde se hacen los nudos a mano, y se afirma que el trabajo infantil es indispensable, se observó que los niños no tenían más pericia que los adultos y que algunas de las alfombras más delicadas habían sido tejidas por adultos.
En un estudio sobre las fábricas de alfombras y las joyerías de la India también se ha demostrado que cuando se desglosa el precio final que el cliente paga por las alfombras o joyas exportadas, el ahorro en los costos de mano de obra que pueda resultar del empleo de niños es mínimo. Los productores podrían absorber el costo adicional de contratar únicamente a adultos o transferirlo al consumidor sin que la viabilidad de sus empresas se viera amenazada.
Si el argumento de los «dedos ágiles» no es válido para sectores que han dependido tradicionalmente en gran medida del trabajo infantil, como en el caso del tejido de alfombras, ¿qué argumento económico se puede esgrimir para justificar el trabajo infantil en cualquier otra rama de actividad? Ninguno.
El principal motivo por el que se contratan niños no tiene relación alguna con la eficiencia económica. Simplemente, es más fácil manejar a niños que a los adultos, porque, si bien es cierto que no están calificados, tampoco conocen sus derechos, no dan tantos problemas, se quejan menos y son más dóciles y, en última instancia, se puede prescindir de ellos sin más.
Para algunos empleadores, constituyen una reserva de mano de obra ocasional que contratan y despiden a su antojo. Si la actividad que desempeñan es ilegal, es improbable que los niños y sus padres no se quejen a las autoridades por miedo a perder esos magros ingresos que traen a casa.
Además, algunos empleadores consideran realmente que les hacen un favor a los niños que emplean, al ofrecerles trabajo y remuneración. Así pues, en algunos casos declarar ilegal el trabajo infantil puede surtir el efecto contrario y privar al niño que trabaja de la protección que le proporciona la legislación laboral de los adultos. Las simples prohibiciones del trabajo infantil por sí sola no bastan: sólo dan resultado si van acompañadas de medidas de otra índole.
El capitalismo, en su fase neoliberal, demostró ser un sistema basado en el incremento sin límites de la desigualdad y la marginación, que beneficia exclusivamente a las grandes empresas trasnacionales y las élites locales a ellas asociadas. El combate frontal contra el neoliberalismo es la tarea impostergable, porque mientras más avance más desintegradas quedarán nuestras naciones. Lo demás es pura distracción.
*Periodista uruguayo, acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: http://estrategia.la/2020/08/09/que-festejamos-trabajo-infantil-derechos-humanos-esenciales-o-hitos-de-la-deshonra/
Desafíos de la comunicación popular en la etapa pospandemia
Por: Javier Tolcachier-FCINA
La pandemia generada por el Covid-19 ha atravesado a todas las sociedades y dejará una huella de la que solo contamos con primeros indicadores. Se ha debatido y escrito mucho sobre lo que puede suceder en esta etapa de fragilidad posterior al primer shock y en el momento en que el contagio y la mortalidad logren ser reducidos a una mínima expresión. La necesidad de respuestas a interrogantes preexistentes en el marco de una crisis general del sistema y de la incertidumbre en relación al mañana, es innegable.
En ese contexto, recogimos las voces de referentes de la comunicación popular de distintos lugares de América Latina y el Caribe consultando su opinión sobre el papel y las principales tareas de estos espacios en el período pospandemia.
Disputar el balance de la pandemia
Para Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), “Lo que viene va a ser un escenario de reconstrucción social, económica para muchos sectores y personas, pero también de replanteo de la tan mentada “nueva normalidad”.
La pandemia salda muchos debates que ya estaban planteados, como por ejemplo la necesidad de contar con Estados fuertes, con sistemas que puedan contener a las personas, contar con sociedades que no queden libradas a la buena voluntad de los mercados en cuestiones tan importantes como la seguridad, la salud y la vida.
La comunicación popular, como ya estamos haciendo, va a tener mucho trabajo en dar esos debates y en visibilizar a las voces que los están planteando. En esta nueva fase de la sociedad pospandemia que nace, con esta experiencia encima, creo que se va a tener que trabajar en disputar el balance de la pandemia, ya que habrá quienes continúen insistiendo como conclusión en la necesidad de modelos más desiguales, el imperio de los negocios por sobre la vida y un montón de cuestiones derivadas. Frente a eso, los medios populares vamos a tener que estar dando los debates que siempre hemos dado e intentando que el balance que parecería a primera vista lógico, realmente lo sea, porque sabemos que los grupos económicos, a través de sus medios y sus voceros son muy capaces de confundir y dar vuelta las cosas como han hecho históricamente.”
Producir contenidos centrados en la comunidad y movilizar a la población para hacer frente a los problemas
Desde Brasil, Renata Mielli, secretaria general del Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé y Coordinadora del Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), señaló:
“La pandemia del Coronavirus ha puesto de relieve muchos de los problemas estructurales de nuestra sociedad. En el ámbito de la salud, la educación, la vivienda, las profundas desigualdades económicas. Hemos visto cómo el déficit de acceso a Internet es un factor de segregación social, de exclusión de la población más vulnerable del acceso a otros derechos (educación a distancia, acceso a ingresos de emergencia, restricción para cumplir con el aislamiento social debido a la imposibilidad de acceso a la banda ancha fija, entre otros. La concentración económica que caracteriza el panorama de los medios de comunicación ha explicitado cómo la ausencia de diversidad y pluralidad repercute negativamente en el acceso a una información de calidad en un momento tan fundamental.
En este sentido, el desafío que se plantea a la comunicación popular es muy grande. Entre otras cuestiones, la de producir contenidos centrados en la comunidad, con información de interés público sobre la prestación de servicios públicos y otras cuestiones que no tienen visibilidad en los medios de comunicación principales, por ser de carácter local. La falta de vehículos populares y comunitarios que hagan efectivo el derecho a la comunicación dentro de las localidades es una realidad que debe ser transformada.”
Así pues uno de los retos de la comunicación popular -durante y después de la pandemia- es clarificar, producir contenidos que reflejen los problemas de cada comunidad y tratar de empoderar y movilizar a la población para hacer frente a esos problemas. Dar voz y visibilidad a la comunidad.”
Articular en los territorios con procesos organizativos y anti-hegemónicos desde una comprensión del mundo digital
Por su parte, el comunicólogo ecuatoriano Osvaldo León, director de la revista América Latina en Movimiento (ALAI), expresó: “Con la pandemia y el aumento vertiginoso del uso de Internet, asistimos a una mayor consolidación de las actividades económicas apuntaladas en plataformas que se sustentan en tal tecnología. En este marco se registra un reimpulso de las llamadas “redes sociales” cuyo encanto se estaba minando por temores de crímenes cibernéticos, bullying online, fake news, vigilancia por parte de empresas y gobiernos, etc.
En este reimpulso, un factor gravitante es el confinamiento que se establece para contrarrestar la pandemia, en la medida que dichas redes digitales capitalizan la valoración que paulatinamente ha adquirido la dimensión relacional de la comunicación, que implica reconocimiento, estima, etc. Pero más allá de un criterio instrumental, el hecho es que en tales plataformas digitales se la encuadra bajo los parámetros ideológicos predominantes pautados por el consumismo, la competitividad, el individualismo como valores de superación y residual convivencia social, bajo un ambiente altamente emotivo.
En los territorios, con la pandemia también se verifica una revalorización de la solidaridad, que va aparejada de procesos organizativos y la consiguiente disputa de sentidos. Y es ahí donde se articula la comunicación popular en tanto rescata las condiciones de producción y reproducción social del sentido, dando particular importancia a los procesos organizativos y de movilización, para la formulación de respuestas anti-hegemónicas. Lo cual hoy pasa por una debida comprensión del mundo digital.”
Exigir el cese del bloqueo, la democratización de la comunicación y el pleno acceso a la comunicación digitalizada
A su vez, Ámbar García Márquez, de ALBA TV, señaló desde Venezuela: “En la coyuntura global, diversas miradas sobre el desarrollo de la pandemia generada por la expansión del COVID19, sus razones estructurales y el devenir civilizatorio pospandemia, han enriquecido las reflexiones emprendidas en las diversas esferas que hacen posible la reproducción digna de la vida. La esfera de la comunicación como derecho humano fundamental no ha estado excluida de ello.
En el contexto del confinamiento preventivo, se ha vuelto inherente la relación entre la comunicación y las telecomunicaciones como herramientas para el pleno ejercicio de dicho derecho. Con la promoción de la teleducación y el teletrabajo, la posibilidad de garantizar estos tres derechos fundamentales (comunicación, educación y trabajo) pasa por los avances (o no), que se hayan alcanzado en materia de democratización de la comunicación de los medios televisivos y radiales de propiedad pública o comunitarios usados para dar continuidad a los programas educativos en la etapa básica y media.
En la misma dimensión de importancia están los avances alcanzados en el acceso a las TIC’S y a la internet para la mayoría de los sectores de educación universitaria y de trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, donde no hay acceso a la digitalización de la comunicación, ¿hay posibilidades de acceso a estos derechos universales?
En el caso de Venezuela, a esta mirada se le suman las reflexiones de vivir la pandemia con un bloqueo financiero y comercial instrumentalizado desde el mes de marzo del año 2015 a través de una serie de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, afectando de forma directa la capacidad de inversión y mantenimiento de la infraestructura para el suministro de servicios básicos.
Este escenario se ha visto recrudecido desde el mes de marzo del año 2019 con el ataque al Sistema Eléctrico Nacional que generó un colapso generalizado del mismo que se extendió por varias semanas y que implica, aún, el suministro no constante de energía eléctrica en el país y con ello de acceso a las telecomunicaciones, internet y otros servicios asociados, lo cual impide la posibilidad real de garantizar el acceso universal a los derechos antes enunciados.
En pleno escenario de pandemia, la transnacional de la comunicación AT&T, a través de su empresa DIRECTV (propietarias junto a Warner Media de la agencia de noticias CNN), principal plataforma de acceso a medios en el territorio venezolano, emprendió una liquidación y retiro de la corporación del territorio nacional en un lapso inédito de 7 días, generando incumplimientos masivos de sus clausulas de contratación con sus clientes y con la población de trabajadores, que en el marco de la pandemia tenía inamovilidad laboral por decreto presidencial.
Las consecuencias de tales acciones, aún en desarrollo, con demandas colectiva por parte de los usuarios y usuarias e investigaciones penales por parte de la justicia, expusieron con absoluta claridad que hay debates fundamentales e impostergables. El de la concentración mediática, es uno de ellos.
Cualquier derecho universal en un escenario pospandemia debe plantearse desde el cese de las medidas coercitivas unilaterales como formas de hacer política internacional que limita de forma directa el pleno ejercicio de derechos fundamentales. Y el de la comunicación, conduce específicamente a fortalecer las iniciativas de exigibilidad por la democratización de la comunicación y de superar transcurrida la pandemia las formas de exclusión de acceso a derechos por la no accesibilidad a la comunicación digitalizada, que permitan poner de nuevo en el centro el debate y la mirada en los medios como herramientas de interés público. ¿Seguiremos relegando estos debates en el escenario de pospandemia?
Sobre el rol de los medios y periodistas populares en la pospandemia
Leonel Herrera Lemus, desde la experiencia de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), apunta cuatro ejes:
“1. Asegurar la pertinencia y veracidad de la información, el análisis y las opiniones que publicamos; frente a la vorágine de información falsa (desinformación) y versiones distorsionadas de la realidad difundidas en redes y plataformas digitales, medios tradicionales e incluso, en casos como El Salvador o Brasil, contenidas en las propias narrativas gubernamentales. En este sentido, los medios y periodistas comunitarios y populares tenemos el desafío de la rigurosidad del método, la ética y la función periodística que -según el profesor español Lorenzo Gomis- es “proporcionar a la ciudadanía la información que necesita para comprender su realidad y transformarla” (y que hasta el fundador del periodismo estadounidense Joseph Pulitzer dijo que es “defender la democracia, denunciar las injusticias y combatir a los demagogos”).
- El ejercicio de lo que, siguiendo la lógica de la “sociología de las ausencias” del portugués Boaventura de Souza Santos, podemos llamar “periodismo de lo ausente”. Esto significa que, frente a la agenda y los enfoques dominantes en los medios hegemónicos, los periodistas y medios populares debemos proyectar una agenda alternativa que incorpore aquellos temas que no son de interés y por tanto no tienen espacio en la prensa tradicional o corporativa, dando especial relevancia a los temas relacionados con luchas reivindicativas y demandas de las organizaciones populares, movimientos sociales, pueblos originarios e incorporando los enfoques feministas, ambientalistas, etc.
- Crear o fortalecer junto con los movimientos sociales lo que Ignacio Ramonet llamó “el poder ciudadano” frente al “súper poder” formado por los grandes medios (y redes sociales comerciales), las élites políticas conservadoras y las corporaciones. Frente a esa “bestia de tres cabezas”, como la llama el periodista franco-español, medios populares y organizaciones ciudadanas debemos plantarnos en un frente común instalando observatorios de medios y promoviendo la democratización de los modelos de medios tradicionales y de las redes y plataformas digitales.
- Promover alternativas al modelo de desarrollo capitalista neoliberal imperante que, si queremos asegurar la continuidad de la vida en la post-pandemia, debe ser desmontado. Los medios y periodistas populares debemos aportar a la construcción de un nuevo o nuevos modelos necesarios, retomando -por ejemplo- la cosmovisión de los pueblos andino-amazónicos “y su perspectiva del “Buen Vivir”), los valores del humanismo (y sus propuestas “neosocialistas” o “neocomunistas”) o la perspectiva de justicia social desde el “evangelio progresista” en el que militó el Arzobispo mártir y ahora Santo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y que tiene un eco importante con el actual Papa.”
Más allá de que el dolor y las dificultades sociales producidas por la pandemia están demasiado presentes todavía en la región, estas reflexiones comprometidas aportan a debates ineludibles para los colectivos de comunicación popular de América Latina y el Caribe.
Queda a las claras que la democracia y la emancipación continúan siendo restringidas y bloqueadas, toda vez que la subjetividad sufre los intentos de control y manipulación por parte del mezquino interés de los monopolios, tanto en el campo de los medios de comunicación como en la crecientemente dominante esfera digital.
Más allá de las distintas lecturas e hipótesis planteadas, las aspiraciones y el protagonismo del colectivo social, amplificado a través de los medios populares, serán decisivos, como en cada bifurcación de la historia, para dirimir las condiciones en las que se quiere vivir.
Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/08/06/desafios-de-la-comunicacion-popular-en-la-etapa-pospandemia/
OPINIÓN: En el laberinto del olvido y la violencia
Por:
Desde la desaparición del presidente electo Daniel Esteban González, junto con su chofer Juventino García Rosas, el 2 de septiembre de 2018, la disputa política por la presidencia municipal de Cochoapa el Grande se tornó truculenta. No solo se dieron las impugnaciones en los tribunales electorales, sino que a nivel local algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañados por representantes del Partido del Trabajo (PT), tomaron las instalaciones del ayuntamiento para revertir el triunfo que el Tribunal Electoral Federal (TRIFE), le otorgó a Daniel Esteban. Fueron momentos de mucha tensión, en los que fracturó más la convivencia pacifica entre los pobladores y las divisiones comunitarias se hicieron más profundas.
A pesar de que Cochoapa el Grande es uno de los municipios de reciente creación, desde el 2003 ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al mayor índice de marginación social. Desplazó a Metlatónoc y se colocó en el sótano de la miseria. Su extensión territorial que rebasa las 61 mil hectáreas, lo coloca como uno de los municipios con mayor reserva boscosa en la región de la Montaña. Cuenta con más de 140 comunidades del pueblo Na’Savi, que en su totalidad se dedican a la siembra de maíz de temporal. Lo contrastante de esta riqueza natural es la pobreza ancestral de las familias, que en gran medida se desplazan de sus comunidades para enrolarse como jornaleros agrícolas durante seis meses. La población no encuentra, en su propio hábitat, alternativas económicas para tener un ingreso seguro y garantizar una alimentación adecuada durante todo el año.
La ilusión que se habían forjado, de que habría una mejoría económica, con la creación del nuevo municipio, se ha tornado en un desenlace fatal. No solo se han empantanado por la disputa sorda que protagonizan cada periodo electoral los partidos políticos, sino que se profundiza la desigualdad social y se recrudece la violencia. Los 17 años como nuevo municipio no han significado mejoría alguna entre la población indígena mayoritariamente analfabeta y con un alto grado de monolingüismo entre las mujeres. La violencia se enseñorea contra ellas, y las mismas autoridades comunitarias y municipales, son parte de este sistema de justicia patriarcal. Es sumamente grave la situación de indefensión que enfrentan las mujeres. Se han registrado varios casos de feminicidios que la fiscalía no ha investigado, por esa visión racista y discriminatoria que tienen contra las mujeres indígenas.
La lucha que emprendieron los compañeros y compañeras del Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre de 2019, obligó a que las autoridades del estado se avocaran a su búsqueda en las colonias periférica de Tlapa. En estas jornadas se lograron encontrar los restos de Daniel Esteban y de Juventino García, a un año y cuatro meses de su desaparición. Este hallazgo generó mayor encono y una situación de ingobernabilidad en el municipio. La misma presidenta municipal, Edith López Rivera, ha hecho públicas las amenazas que ha recibido, y por eso mismo, se desplaza con escoltas y su presencia en el ayuntamiento es esporádica. En la cabecera municipal nadie se siente seguro y tampoco hay confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y los mismos elementos de la policía. Hay un sentimiento de orfandad y desamparo. No hay una autoridad que proteja a las mujeres que son víctimas de violencia. El trato es despótico e insensible. La compasión por el más débil no existe, los pleitos por tierras proliferan y las deudas son el mejor negocio de las autoridades municipales y los abogados, privando de la libertad por cualquier motivo a las personas. El colapso de las instituciones ha dado pauta para el incremento de la violencia y la justicia por propia mano.
El cierre del año 2019 fue trágico por el asesinato del expresidente municipal Luciano Moreno López, quien fue interceptado por personas armadas en pleno baile realizado en la cabecera de Cochoapa el Grande. En ese mismo evento, también fue lesionada la excandidata a presidenta municipal del PRI, Hermelinda Rivera Francisco. En este año arreció la violencia con el asesinato de Alberto Martínez Flores, quien se desempeñaba como comisariado de Bienes Comunales de este núcleo agrario. El 15 de marzo, en la colonia Tepeyac del municipio de Tlapa, fue arteramente asesinado Benjamín Ponce Martínez, quien contendió para presidente municipal de Cochoapa el Grande, por el Partido del Trabajo (PT). Fue sorprendido en su domicilio por su agresor cuando jugaba con su pequeña hija. Tres días después por el cerro De La Garza, una región inhóspita del municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinada una familia de Yozondacua, cuando se desplazaban en su vehículo. El papá tenía parentesco con el comisariado de Bienes Comunales, Alberto Martínez. El primero de junio, el chofer de la ruta de Cochoapa el Grande – Ometepec, Felipe Chávez Flores, fue herido a balazos, cuando desplazaba en su vehículo, quedando gravemente herido.
Un caso que condensa la tragedia que enfrentan las mujeres Na’Savi de este municipio es el de Aurelia Vázquez Velázquez, quien además de padecer la violencia de su esposo, que lamentablemente fue asesinado en su domicilio, sus suegros la señalaron como responsable del homicidio de Santiago Esteban. Fue citada por el ministerio público de Tlapa para declarar como testigo, donde se le aplicó la prueba de rodizonato de sodio, que resultó negativa. Ante la intención fallida de señalarla como responsable de este homicidio, su suegro, la golpeó y con una navaja lesionó su cuello. Le arrebató a sus dos pequeñas hijas una de ellas de cuatro años y la bebé de seis meses. La madre de Aurelia, doña Catalina Velázquez y su hermano, Honorio García Velázquez de 17 años, fueron encarcelados de manera arbitraria en la cabecera de Cochoapa el Grande, por el mismo consuegro, Emilio Esteban, director de Seguridad Pública, porque supuestamente fueron cómplices del homicidio de su hijo Santiago Esteban. Lo más cruento es la desaparición de Aurelia Vázquez Velázquez que, ante la inacción de las autoridades ministeriales y de la misma sindica municipal que no atendieron las denuncias de violencia familiar y la sustracción de menores por parte de sus suegros, el 12 de mayo del presente año fue el último día en que su familia tuvo conocimiento de que se encontraba en el domicilio de sus suegros, obligada por las circunstancias de no ver a sus pequeñas hijas. Lo inaudito fue la actuación de la sindica municipal, que a petición del señor Emilio Esteban y su esposa Aurelia Lorenzo, citaron a Catalina Velázquez para que se presentara el 22 de mayo al ayuntamiento municipal. Fue en esa fecha cuando la sindica junto con los consuegros le reclamaron sobre el paradero de su hija Aurelia, porque no la han ubicado para entregarle a sus dos pequeñas hijas y al hijo mayor de siete años. Fue en ese momento cuando Catalina intuyó que su hija estaba desaparecida y que las autoridades en lugar de investigar su paradero, se empeñaron en criminalizarla y atemorizar a la misma familia.
Hasta la fecha no hay indicios del paradero de Aurelia, tampoco las acciones de búsqueda de las autoridades se han realizado como amerita el caso. El temor es grande, por eso la familia ha optado por guardar silencio y mantenerse oculta.
El pasado 22 de julio fue asesinado el excoordinador de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Zitlatepec, Rufino Gómez González, cuando se dirigía a presentar una ofrenda en el paraje conocido como Piedra de Petate, en San Lucas, municipio de Cochoapa el Grande, donde fue originario. En el 2018 en la fiesta del sexto viernes de cuaresma realizada en Cochoapa, acompañó a las autoridades de su pueblo junto con la Policía Comunitaria. En la noche cuando resguardaban el baile fue atacado a balazos por personas desconocidas. Fue trasladado al hospital de Tlapa, donde fue atendido teniendo una recuperación larga por lo delicado de la lesión. Fue en la mañana del 22 de julio, cuando llevaba sus flores, en compañía de su esposa y sus dos hijos, que impunemente que nada pudieron hacer cuando personas desconocidas se acercaron y le dispararon. Fue un defensor comunitario que se solidarizó con la lucha emprendida por el Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, y al mismo tiempo, acompañó a las autoridades comunitaria de Tierra Blanca, para exigir al Fiscal Regional que impulsaran la búsqueda y la investigación de tres personas que fueron desaparecidas el 2 de julio del presente año, en el marco de un conflicto agrario que enfrentan con la comunidad de San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc.
El pasado lunes 27 de julio como a las 10 horas, se suscitó una balacera atrás de la iglesia de Santiago Apóstol, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande. En esta acción violenta murió Alberto Flores, que acompañaba a Carlos Esteban, hermano de Daniel Esteban, y la niña Leticia, de cuatro años de edad, quien caminaba con su hermanito y su mamá, después de haber vendido atole en la pequeña plaza que se encuentra frente al ayuntamiento.
Esta cauda de violencia muestra la crisis de gobernabilidad que se agudizado con la pandemia provocada por el covid – 19, en los municipios de nuestro país. Para colmó de males, las autoridades municipales, se han ausentado de los ayuntamientos y han dejado a la deriva, a una población inerme, que es víctima de la violencia delincuencial y que se encuentran en extrema vulnerabilidad por la precariedad económica y los estragos del coronavirus que se suma al número de muertes que enlutan que nos sumergen en este laberinto del olvido y la violencia.
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-en-el-laberinto-del-olvido-y-la-violencia/
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