El Caso Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”, pues “todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas” de lo que ocurría la noche del 26 de septiembre de 2014 sin que intervinieran para impedir la “desaparición y asesinato” de los 43 normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, declaró el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
A casi ocho años de los hechos, Encinas señaló frente a los padres de los estudiantes que la desaparición de sus hijos contó con “un encubrimiento al más alto nivel”, pues las autoridades de los tres niveles de gobierno supieron en tiempo real sobre “la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada al Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto” por parte del cartel Guerreros Unidos.
Las conclusiones preliminares del informe enfatizan que el ejército y la Marina tuvieron conocimiento de lo que sucedía no sólo porque sobrevolaron drones sobre la zona de los hechos, sino también porque había un infiltrado de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la normal de Ayotzinapa, bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa, del 27 Batallón.
“La Sedena tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolzin, quien estaba realizando informes para la secretaría en la escuela. Era el responsable de informar lo que acontecía en las asambleas y de las movilizaciones, e incluso estaba informado de los actos preparatorios de la marcha de 2 de octubre”, para la que los estudiantes se organizaron para conseguir los autobuses en los que se transportarían a la Ciudad de México.
El último reporte de López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, fue a las diez de la mañana del 27 de septiembre de 2014, “sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, dijo Encinas.
Ocho años después de la Noche de Iguala, “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, agregó el funcionario, que presidió la Comisión para la Verdad.
Encinas señaló que si bien “se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, las investigaciones sobre el caso aún no han concluido.
Al momento de recibir las conclusiones de la Comisión, los padres y madres de los 43 declararon que emitirían su postura una vez que valoraran la información y contaran con la opinión de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero su abogado y vocero, Vidulfo Rosales, adelantó que “para decir que ya se sabe lo que ocurrió estamos lejos”.
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