Se refieren al ranquin de colegios publicado por la Fundación Alberto Merani, donde se mide cuál es la velocidad de mejoramiento de los colegios públicos y privados de Colombia en los últimos cinco años.
La calidad educativa y las garantías laborales han sido los dos problemas en los que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el Ministerio de Educación parecen no ponerse de acuerdo.
Carlos Enrique Rivas, presidente de Fecode, acepta que sí ha habido avances en la calidad educativa en los últimos años, pero que falta mucho por hacer. “Siempre hemos insistido en tener instalaciones adecuadas para atender a los estudiantes sin que estén en hacinamiento. De igual manera, que exista un acompañamiento a los docentes, porque los problemas de calidad en la educación se resuelven a medida que se resuelven problemas de alimentación, de transporte…”, expone Rivas.
Asimismo, asegura que se debe reducir el número de estudiantes por docente, porque sólo de esa manera pueden generar espacios de discusión, diálogo y seguimiento, vitales para una educación de calidad. “Si uno tuviera la oportunidad de tener 20 y no 40 estudiantes por aula le aseguro que la educación se modificaría”, añade.
En este punto, el Ministerio de Educación resalta que en los últimos siete años se han invertido $212 billones en educación, dándoles mayor importancia a tres aspectos: acceso, calidad e infraestructura. Programas como Gratuidad educativa, Jornada Única, Plan Nacional de Infraestructura Educativa, Becas para la Excelencia Docente y Colombia Bilingüe serían prueba de ello.
“Falta más”
El presidente de Fecode explica que a pesar de los esfuerzos, no es suficiente. “Aunque se ha aumentado la cobertura de educación, todavía hay miles de niños fuera del sistema. Un segundo problema tiene que ver con la canasta educativa (infraestructura, transporte, alimentación…)m que está desfinanciada. Por otro lado, está la brecha relacionada con la jornada única, la cual es una equivocación, porque no se trata de mantener por dos horas lo mismo, se trata de implementar más música, ciencia, deporte…”, concluye Rivas.
Por su parte, el Ministerio de Educación asegura que son temas en los que están trabajando. “En materia de cobertura para que ningún niño, sin importar sus condiciones económicas, se quede sin estudiar, desde el año 2011 se estableció la gratuidad educativa para todos los grados”, señaló la entidad.
Y como ejemplo de que la educación pública mejora, resaltan que en las más recientes pruebas Saber, los colegios oficiales tuvieron un crecimiento considerable, mientras que los privados se mantuvieron estables.
Por ejemplo, en el grado noveno para el área de matemáticas (escala de 100 a 500), los colegios oficiales urbanos obtuvieron un puntaje promedio de 306, con un aumento de 19 puntos. Mientras que los privados tuvieron un puntaje de 356, con un aumento de seis puntos.
Con esto, Mineducación trata de dar un parte de tranquilidad a los papás que se preocupan porque su hijo no reciba una educación que lo forme adecuadamente para su futuro. Sin embargo, aseveran que “es necesario que los padres también se involucren en el apoyo y acompañamiento necesarios para el desarrollo personal y académico de sus hijos”.
Pero, ¿qué hacer con esos colegios que definitivamente no mejoran?
Para Fecode, en voz de su presidente, “no importa qué medidas tomen los profes en las aulas de clase, si no se cuenta con la infraestructura adecuada, con las condiciones necesarias para que el niño se sienta feliz, no valdrá la pena. Se necesita el financiamiento por parte del Estado”.
Minrducación, por su parte, planteó el programa Todos a Aprender, una iniciativa dirigida a docentes de los establecimientos educativos con más bajos resultados en todo el país en las pruebas Saber 3° y 5° en las áreas de matemáticas y lenguaje.
En 2016, el programa llegó a 4.476 establecimientos educativos y 15.460 sedes en 914 municipios del país, según cifras del Ministerio.
Más de 800 escolares de ESO, pertenecientes a 130 centros públicos y 15 concertados de la región, se han apuntado al denominado programa Proyect@. Una iniciativa experimental destinada al alumnado que aprende a mayor ritmo o de una forma más creativa que el resto de sus compañeros. Es, de hecho, la primera respuesta de la administración a la denominada alta capacidad, la facultad excepcional que tienen algunas personas de aprender o razonar.
El programa comenzó antes de que acabara el curso pasado y se desarrollará hasta diciembre. Se lleva a cabo en grupos de entre cinco y diez alumnos y persigue profundizar en contenidos que no necesariamente forman parte del currículum para favorecer el pensamiento crítico y creativo, la capacidad emprendedora y el fomento también de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.
Ahora la Consejería de Educación amplía este programa a la etapa de Primaria, atendiendo así la petición lanzada por las 150 familias que integran la Asociación de Apoyo de Altas Capacidades de Extremadura (A3CEX), que funciona desde hace tres años y que es única en su sector en la región. La organización ha defendido siempre la necesidad de que la alta capacidad o las diferentes habilidades de aprendizaje de los escolares se detectara en Primaria y se potenciara, por tanto, desde desde esta etapa educativa. También ha pedido, por otra parte, que la iniciativa se llevara a cabo en horario lectivo, pero no será así.
Extraescolar
Según la instrucción de Educación, que se ha analizado en sectorial, el programa tendrá una duración de 60 horas, en periodo extraescolar, que se ejecutarán antes del 30 de noviembre y otras 60 horas hasta diciembre de 2018, «pudiéndose prolongar en años y cursos sucesivos siempre que el crédito lo permita», matiza la administración.
Los centros interesados en la iniciativa tienen de plazo hasta el próximo día 30 para presentar su solicitud. Después será una comisión de valoración la encargada de seleccionar a los que finalmente participarán en Proyect@. Estos recibirán la cantidad de 300 euros para gastos de funcionamiento y además, por otro lado, se destinarán 1.710 euros para proceder al pago de las gratificaciones del profesorado que impartirá el programa en horario extraescolar, tal como recoge la instrucción emitida al respecto por la consejería
Después de huir de la guerra en la región de Darfur, Sudán, Hosna estaba determinada a que sus hijos recibieran educación y ella quería ser parte de eso.
A pesar de que la vida de Hosna Idris Abdallah ha estado marcada por la violencia, el hambre y la pobreza, ella nunca se abandonó a sí misma ni a sus hijos, y nunca ha perdido su deseo de continuar aprendiendo.
En su hogar en Darfur, Sudán, la familia de Hosna era agricultora y pastora. Como todas las demás jóvenes que ella conocía, se casó y tuvo una familia. Después la guerra inició y hombres armados atacaron su aldea. Ellos asesinaron a cinco hombres de su familia, incluido su esposo.
Ese día, Hosna reunió a sus hijos, tomó sus pertenencias y abandonó su casa. Después de llegar a Chad en 2003, ella se volvió a casar y tuvo dos hijos más. Después de que su segundo esposo se divorciara de ella, quedó sola criando a todos sus hijos.
Hosna, sus cinco hijos y un nieto ahora viven en un campamento de refugiados cerca de la ciudad de Goz Beida. Al principio ella luchó por encontrar comida, ropa y albergue, pero, cuando llegó la ayuda y sus vidas se estabilizaron, Hosna empezó a pensar en el futuro. “Me di cuenta de que era importante que mis hijos estudiaran”, dice ella. “Ellos no tienen padre. Lo único que tienen para el futuro es la educación”.
El pensamiento de que quería ser parte de eso quedó en su cabeza. “En Darfur nadie pensó en llevarme a la escuela. Yo decidí ir porque nunca tuve la oportunidad”.
“Las personas ven extraño que yo vaya a la escuela con mis hijos…pero yo nunca me rendiré”.
La adaptación a educarse y proveer para sus hijos ha sido difícil. Hosna, de 37 años, levanta a sus hijos temprano y todos van a recoger leña, que pueden vender para conseguir comida.
«Tengo que llevarlos a la escuela después del trabajo», dice Hosna. «Tengo sólo unas pocas horas para asegurarme de ganar suficiente dinero para alimentarlos a todos ellos». Ella también busca trabajos ocasionales en el mercado, pero dice que, como madre soltera, a menudo le paga menos de lo debido.
La vida en el aula también ha sido dura. Hosna es por mucho la mayor – de hecho, ella comenzó en el jardín de niños junto con sus hijos menores. «La primera vez que fui a la escuela, incluso mis propios hijos se estaban riendo de mí».
Tuvo que hacer varios intentos para pasar sus primeros exámenes y mucho tiempo para terminar la escuela primaria. Sin embargo, logró llegar a la escuela secundaria, a la que asiste con su hija Khadija, de 15 años. Están en las mismas clases y se ayudan con su preparación.
«Las personas ven extraño que yo vaya a la escuela con mis hijos. Algunos dicen, ‘tu vida es ya bastante difícil sin hacerte eso a tí misma – sería mejor que te rindieras y te quedaras en casa cuidando a sus niños’.Pero nunca me rendiré».
En Ciudad de México promueven la alfabetización de personas indígenas con material educativo y actividades lúdicas.
A cargo de esta gran campaña de alfabetización está la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), en conjunto con otras dependencias de los gobiernos local y federal, se atiende a las comunidades nativas para que con materiales educativos en lenguas maternas nacionales y actividades lúdicas preserven su lengua materna.
Evangelina Hernández, directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la Sederec, dijo que se promueven acciones que garanticen el derecho a la educación de las personas nativas de la capital.
En la jornada de servicios, participan la Sederec, Secretaría de Educación de la capital, Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría Educación Pública, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y la Organización Biblioteca Ibby de México.
A la iniciativa, también se suman los integrantes de comunidades nativas que son los encargados de informar las actividades y sus diversas acciones para concluir la educación básica. Estos invitan a los asistentes a inscribirse al programa de permanencia escolar de niñas y niños nativos en educación básica, la cual tuvo una ampliación importante con el apoyo de la Secretaría de Educación local.
Hernández expresó que con el trabajo se hace sinergia entre diversas instituciones y se avanza en visibilizar a las comunidades nativas, así como en mostrar sus necesidades para su desarrollo.
Por su parte, Mauricio Rodríguez, de la Secretaría de Educación local, mencionó que en la Ciudad de México se ha tenido un progreso importante en la disminución de personas analfabetas, ya que en los últimos cinco años se disminuido la tasa de 1.8 por ciento a 1.4.
El plan en sí tiene un gran problema por enfrentar y es que los nativos no disponen de un plan curricular adecuado a las lenguas de ellos en español, por tanto se les dificulta el proceso de aprendizaje. Los nativos deben aprovechar la coordinación institucional que se está haciendo, y acercarse a los diversos programas en su beneficio para progresar.
Para apoyarlos el equipo participante en la actividad de alfabetización cuenta con 657 materiales en más de 37 lenguas nativas, útiles para los talleres y encuentros que se lleguen a hacer conjuntamente a través de estas jornadas.
Más de 7 millones de niños, niñas y jóvenes comienzan este lunes a integrarse al sistema educativo nacional, tanto público como privado, confirmó el Ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua.
“Estamos en vísperas del día más importante de la Patria, como decía el Comandante Hugo Chávez sobre el inicio de las clases. Es el día donde comienza el proceso de educación, formación e integración de las generaciones presentes que van a garantizar el futuro de la nación”, manifestó Jaua en el programa Con Amorín, que conduce en VTV el periodista Jorge Amorín.
Señaló que este lunes se inician clases en la educación inicial, Simoncitos y preescolares, y la educación primaria, mientras el próximo 2 de octubre con la educación media, los liceos y escuelas técnicas. “Son 15 días de integración en el sistema educativo en este año escolar 2017-2018”.
Comentó que desde la semana pasada el Ejecutivo Nacional Bolivariano comenzó la distribución de 3 millones de morrales con sus útiles escolares y se han transferido cerca de 800 mil bonos de inicio de año escolar, equivalentes a 250 mil bolívares para familias vulnerables, que fue aprobado por el presidente Maduro hace 10 días durante su presencia ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Además, se entregan un millón de uniformes escolares elaborados por el Poder Popular y las empresas Comunales, en la mejor demostración de que el pueblo puede producir bienes necesarios para una vida digna y para que los niños y niñas de Venezuela desarrollen su etapa educativa.
Sala Situacional Educativa:
Jaua informó que como reforzamiento de este nuevo año escolar en Venezuela, el Ejecutivo Nacional aplicará nuevas normas de respaldo, entre ellas la instalación de una Sala Situacional para recibir reportes de cualquier escuela que presente inconvenientes en este primer día y atender de inmediato los requerimientos necesarios.
Recordó que durante todo el mes de agosto se evitó el vandalismo hamponil contra las sedes educativas públicas, gracias al Plan de Escuelas Abiertas en vacaciones, y, además, se intervinieron más de 4 mil instituciones con el programa Una Gota de Amor, con el que la comunidad educativa, los voluntarios del Plan Chamba Juvenil y los maestros y maestras colaboraron para refaccionar y mantener las instalaciones.
El alto funcionario advirtió que aun cuando la incidencia de escuelas vandalizadas por el hampa ha sido pequeña, en contraste se evidenció un aumento del vandalismo asociado a la violencia fascista que impulsó la derecha política entre abril y julio, sobre todo en centros educativos privados.
Citó el caso de una escuela en San Cristóbal, estado Táchira, que fue destruida totalmente por los terroristas, porque fue usada como “búnker” por quienes ejercieron la violencia política durante 3 meses. Esa escuela es la única instalación pública que no podrá abrir sus puertas en el nuevo año lectivo por su pérdida casi total.
“Los que fueron afectados fueron las instituciones privadas en entornos de los focos de violencia”, refirió, reclamando que muchos de estos centros, sus dueños suspendieron intencionalmente las clases, como manera de promover el odio dentro de los liceos.
Hizo balance del pasado año lectivo, cuando el 15 de julio de 2017, pese a que en los sectores focalizados de la violencia armada se seguían protagonizando el odio y las agresiones, en la educación pública se logró culminar el año con 470 mil jóvenes graduados de bachiller.
“La educación pública nunca paró, a excepción del liceo en San Cristóbal, ningún liceo público se sumó a la violencia. Eso es un logro de la Revolución Bolivariana”.
“Del 15 de julio al 18 de septiembre tenemos una nueva situación, de tranquilidad pública, de paz, estabilidad, gracias a la ANC, al ejercicio soberano del pueblo”, expresó Jaua.
“La soberanía popular derrotó a los violentos. El voto popular los derrotó. La iniciativa del Presidente Nicolás Maduro de convocar el primero de mayo a la ANC fue acertada. Cada día que pasa de paz, estabilidad, tranquilidad, tenemos que reconocer lo acertado de la decisión política del Presidente Maduro”.
África / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Lola Hierro / Fuente: El País
Hay 264 millones de menores sin escolarizar en el mundo y dos tercios viven en países de abundantes recursos naturales. Su explotación genera conflictos que afectan a la educación. Un informe lo analiza
A primeros de septiembre, ciudades y pueblos se llenan desde bien temprano de niños somnolientos y nerviosos que se enfrentan a su primer día de curso. Una imagen tan habitual para algunos no lo es en absoluto para muchos, muchísimos otros. En los últimos años se ha avanzado en la escolarización de los menores —entre 2000 y 2015 el acceso a la escuela primaria llegó al 90% de los niños— pero todavía quedan 264 millones sin escolarizar en todo el mundo. Y dos tercios de ellos viven en países ricos en recursos naturales, pero que paradójicamente ocupan los últimos puestos de desarrollo y tienen presupuestos en educación inferiores al 3% de su PIB.
Para llamar la atención sobre esta realidad tan chirriante, la ONG Entreculturas ha lanzado la campaña Escuelas en peligro de extinción y, con ella, un informe titulado Educación en zona de conflicto que analiza minuciosamente las relaciones entre el derecho a la educación, la explotación de recursos naturales, la paz y el desarrollo sostenible.
«La fuerte presión sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales, agrícolas o hídricos y la lucha por su control generan, además de degradación ambiental, tensión, conflictos, violencia y desplazamientos forzosos», resume el estudio, que describe cómo los civiles que viven en estas áreas explotadas ven vulnerados sus derechos. Sobre todo, el de la educación. Los datos hablan por sí solos: el 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera.
Y de eso sabe Hombeline Bahati, coordinadora de un proyecto de mejora de medios de vida con el Servicio Jesuita al Refugiado. Trabaja en Masisi, en la castigada región de Kivu norte, en la República Democrática del Congo (RDC). Un país con abundantes recursos minerales que lleva 20 años sumido en un conflicto sin visos de acabar. Oro, el tantalio que hace funcionar los teléfonos móviles… RDC es una mina y todos quieren beneficiarse de ella.
«Existen problemas tribales por el acceso a la tierra, porque con la crisis de los noventa de Ruanda, los hutus se desplazaron a Masisi y siguen ahí, y no hay sitio para todos», explica Bahati, en Madrid para dar visibilidad a su trabajo. Luego, desde que llegaron los blancos a ayudar y descubrieron la riqueza de nuestras montañas; empezaron a explotar la tierra y entonces ya no fue solo para cultivarla, sino para obtener mayores beneficios. Ahí entraron el Gobierno, las milicias, las grandes empresas extractivas… ya fue una lucha de todos contra todos», describe.
Solo en Masisi se aglutinan 11 campos de refugiados y Bahati trabaja en siete. Se estima que en ellos viven —o malviven— unas 36.000 personas. «A través de la formación en diferentes oficios, estas personas pueden ser autónomas. Son familias que tuvieron que irse a otros pueblos o a campos de refugiados para estar más tranquilos porque sufrían los enfrentamientos entre guerrillas o entre estas y el ejército regular».
Es un círculo vicioso: a menor educación, más conflictos, y a más conflictos, menor educación. Y la particularidad de que la contienda tenga que ver directa o indirectamente con la explotación de los recursos de un país solo empeora las cosas. Según el informe, es un agravante para los niños y niñas en edad escolar: «Diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales. Ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos. De los 40 conflictos que se han producido entre el año 1999 y el año 2013 han conllevado ataques recurrentes a la educación, más de la mitad han estado vinculados directa o indirectamente con los recursos naturales», enumera. Y además, durante los últimos 60 años, entre cuatro y seis de cada 10 conflictos armados tuvieron un vínculo con la explotación de recursos naturales. La mayoría fueron en África subsahariana, pero también en América Latina y Asia.
La razón fundamental es que estas contiendas se prolongan más tiempo, llevan asociados mayores niveles de violencia, especialmente contra las mujeres, y son más difíciles de superar. El riesgo de resurgimiento es mucho más alto, en parte porque los procesos de paz y reconciliación no suelen abordar la gobernanza y gestión de los recursos naturales.
El 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera
En Masisi, Bahati es testigo a diario de cómo esto afecta a la educación de los niños: «Cuando hay un conflicto no funciona nada, y tampoco los colegios. Llegan familias desplazadas con sus hijos a una nueva comunidad y las escuelas de la zona no tienen plazas para todos, se desbordan, así que los menores no pueden acceder a la educación o acceden a una de muy mala calidad», describe.
Otras guerras menos visibles
Hay conflictos armados más violentos a primera vista, como por ejemplo el de RD Congo. En ellos se atacan escuelas, se asesina, se producen desplazamientos forzados de comunidades enteras y una importante degradación medioambiental. Pero existen otros de menor escala que afectan a millones de personas de pequeñas comunidades locales y tienen su origen en el acaparamiento de tierras que luego explotarán grandes empresas (cultivos intensivos de soja, por ejemplo, en América Latina) o en la lucha por recursos decrecientes (agua, tierras, pastos, pesca…).
Se calcula que hay activos más de 2.000 conflictos medioambientales, una cifra que ha aumentado en los últimos años en paralelo a los asesinatos de ecologistas, que a menudo ejercen también el liderazgo educativo en sus comunidades. Uno de los más sonados fue el de Berta Cáceres, pero no el único. Estos crímenes aumentaron un 59% entre 2004 y 2015, con 185 asesinatos en 16 países, según el último informe de Global Witness.
En los conflictos armados relacionados con los recursos naturales son frecuentes los ataques a la educación. Desde los ataques a escuelas y a profesores, la destrucción de aulas, el reclutamiento de niñas y niñas como soldados, hasta la violencia contra mujeres y niñas, estudiantes y docentes. En el caso de la República Democrática del Congo, por ejemplo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y más de 200.000 escolares se han visto afectados.
En los conflictos medioambientales, los impactos no son tan visibles, en parte porque los ataques directos a escuelas, profesores y estudiantes son menos frecuentes, pero también son muy dañinos y vulneran el derecho a la educación de milones de menores. La apropiación de tierras por parte de empresas desplaza a la población que las habitaba o trabajaba, con la consiguiente pérdida de oportunidades educativas para los afectados. En Kenia hay 30.000 escuelas en riesgo de desaparición por este fenómeno. El 83% no cuenta con un título jurídico de propiedad, por lo que sus efectivos propietarios no pueden defenderse.
Una cuestión de género
De entre todos los perjudicados por este tipo de contiendas, las mujeres y niñas tienen un problema añadido. La educación las empodera para enfrentarse a diversas discriminaciones. Pero si no tienen la oportunidad de formarse, serán más proclives a sufrir otros abusos. Es el caso del matrimonio infantil o el acceso a la salud o al empleo. Sin olvidar a que en los lugares donde existen conflictos por los recursos naturales se producen a menudo violaciones masivas de mujeres como arma de guerra. Además de las secuelas físicas y psicológicas, estas quedan estigmatizadas de por vida y marginadas, por lo que acaban por destruir el tejido social de las comunidades.
Bahati lo describe desde su experiencia. Explica que los desplazados pierden el acceso a la tierra, ya no tienen donde cultivar y por tanto dejan de ganar dinero. «Como mucho pueden realizar alguna actividad económica informal, y si les sobra algo del poco dinero que ganan para destinarlo a la educación, van a privilegiar a los niños varones», cuenta Bahati. «El que las niñas estén en los campos sin hacer nada las lleva a la esclavitud sexual: en mis campos sucede mucho», asegura la congoleña. «Por menos de medio dólar, los padres las prostituyen».
En República Democrática del Congo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y se han visto afectados más de 200.000 escolares
Más guerra, peor alimentación y peor educación
Como se mencionaba antes, una buena parte de las personas más pobres del mundo vive en países ricos en recursos naturales. Y también de los hambrientos. Esa combinación de pobreza y hambre dificulta el acceso a la educación y al aprendizaje efectivo: un niño con hambre o con carencias nutricionales no va a rendir adecuadamente en el colegio. Y, sin embargo, la educación es fundamental para salir del círculo de la pobreza.
Igual ocurre con los problemas de salud: afectan al derecho a la educación porque favorecen el absentismo, el abandono o las dificultades de aprendizaje. Otras consecuencias sobre la salud son la contaminación generada por las industrias mineras o de hidrocarburos, la destrucción de infraestructuras sanitarias y la propagación de enfermedades.
Medidas realistas
Dos niñas hacen los deberes en el campo, en Etiopía.
Con esta campaña, Entreculturas hace un llamamiento a los Gobiernos de países donde existen conflictos relacionados con los recursos naturales. Les exhortan a que recaben el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones locales y que respeten sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, a la alimentación adecuada, a la salud y a la educación. Sobre esta última, el informe recalca que es imprescindible que se refuercen los medios y la financiación actuales para paliar los déficits existentes. Un ejemplo positivo, en opinión de los investigadores, es el de Etiopía, donde la pobreza se ha reducido a la mitad desde 1995, cuando empezó a aplicar programas educativos más eficaces.
En el caso de las comunidades indígenas, se hace especial hincapié en la inversión en una educación bilingüe, en un refuerzo del enfoque multicultural y de la orientación de la educación hacia el empoderamiento para la defensa de los derechos referidos a su estilo de vida, a la propiedad de la tierra y a la gestión de sus recursos.
Por otra parte, los autores consideran necesario incorporar la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales en los procesos de paz y reconciliación por parte de los Gobiernos en los países en conflicto, de los actores que desempeñan un papel de mediación y de las organizaciones sociales que contribuyen a la restauración de la paz.
Pese a todo, Hombeline Bahati sabe que ni Masisi ni Kivu serán una tierra pacífica a corto plazo. Por eso pide adoptar medidas realistas para conseguir que la población sobreviva de la manera más digna posible y con acceso a los mejores recursos, también dentro de las circunstancias. No se puede acabar la guerra de un día para otro, pero sí se puede sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de la educación. Ella, nacida en esa tierra indómita, va notando cambios. «La sensibilización es muy importante, cada vez más padres entienden que es fundamental que sus hijos e hijas se formen. El aumento de la demanda se observa en que también hay cada vez más universidades y centros de formación profesional. Antes eran para unos pocos privilegiados, pero en los últimos años se ha normalizado el acceso», asegura.
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Señaló que este lunes se inician clases en la educación inicial, Simoncitos y preescolares, y la educación primaria, mientras el próximo 2 de octubre con la educación media, los liceos y escuelas técnicas. “Son 15 días de integración en el sistema educativo en este año escolar 2017-2018”.
Además, se entregan un millón de uniformes escolares elaborados por el Poder Popular y las empresas Comunales, en la mejor demostración de que el pueblo puede producir bienes necesarios para una vida digna y para que los niños y niñas de Venezuela desarrollen su etapa educativa.
“Del 15 de julio al 18 de septiembre tenemos una nueva situación, de tranquilidad pública, de paz, estabilidad, gracias a la ANC, al ejercicio soberano del pueblo”, expresó Jaua.
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