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¿Un plan para desestabilizar?

Por: Edgard Sánchez

Con gran sorpresa y alegría estamos viendo en estos días el resurgimiento de un fuerte y masivo movimiento estudiantil que, paradojas de la historia, coincide con las fechas de aniversario de las gestas del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, que por cierto no se limita a la tragedia de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Consciente de su simbolismo, la Asamblea Interuniversitaria ha convocado a una primera manifestación en las calles para el 13 de septiembre, aniversario de la histórica «Marcha del Silencio» del 13 de septiembre de 1968, incluso con el mismo recorrido de aquella época.
Pero ante la sorpresa de este resurgimiento del movimiento estudiantil vuelven a presentarse especulaciones, intentos de explicaciones sobre su origen que se apoyan en la vieja teoría de la conspiración, tan utilizada por cierto por el anticomunista gobierno de Díaz Ordaz en 1968. La obsesión de estos teóricos de la conspiración se ubica en la agresión de los porros a los estudiantes del CCH Azcapotzalco que protestaban en la Torre de Rectoría el pasado lunes 3 de septiembre. Como sabemos, la respuesta a esta agresión de los porros se expresó,en la siguientes horas, en multitud de asambleas estudiantiles en escuelas y facultades y en la gigantesca movilización y concentración en Ciudad Universitaria el miércoles 5. Inmediatamente se iniciaron huelgas y paros estudiantiles durante esa semana y se conformó la Asamblea Interuniversitaria con representantes de las escuelas y facultades en movimiento.
Ante la dimensión del movimiento que está surgiendo, algunos analistas ponen el énfasis en el punto que lo detonó: la brutal e inesperada agresión de los porros a la protesta original de los estudiantes del CCH Azcapotzalco por demandas propias de su bachillerato. Ponen el énfasis en buscar lo que llaman «la mano que mueve la cuna», es decir a los autores intelectuales de la agresión, los que decidieron enviar a estos porros a atacar en plena Ciudad Universitaria y ante la mirada de decenas de medios de comunicación además del uso por parte de los estudiantes de las «redes sociales».
Es cierto que la agresión de los porros del día 3 ocurre de forma muy extraña, tanto por el salvajismo del ataque (con muchos jóvenes heridos entre ellos dos de gravedad, uno de la Facultad de Filosofía y otro de la Prepa 6) como por lo desproporcionado de la agresión, realizándola a la luz pública en CU y no como lo hacen cotidianamente en los planteles de bachillerato o en las calles aledañas a los mismos donde roban y atacan a los estudiantes. Parecería querer dejar un mensaje político, más que un descuido en la arbitrariedad de la agresión. Incluso por la presencia de funcionarios de la Universidad que aparecen en los videos en comunicación permanente con los porros durante las varias embestidas de ataque. El problema, sin embargo, es que  la especulación sobre «la mano que mueve la cuna», sobre el origen e intención de la agresión o provocación de los porros se tiende, en consecuencia, a desacreditar al propio movimiento. Como si el movimiento fuera resultado de la provocación en el sentido de que siguiera la agenda, la intención, de los autores de la primera agresión. Independientemente del incidente inicial y del interés de quienes lo provocaron, debemos defender la legitimidad e independencia del movimiento que está surgiendo. Las y los estudiantes que se movilizan en asambleas y marchas, así como más compañeros que se van sumando o apoyando, sean maestros o empleados universitarios, así como de otros sectores en lucha, están conformando un movimiento auténtico y legítimo por sus propias demandas que incluyen en primer lugar el repudio al ataque del día 3 y el castigo y desmantelamiento de las estructuras porriles en la Universidad, así como nuevas y enriquecedoras demandas porque hay las condiciones sociales que lo permiten y no por ser resultado de un maquiavélico plan o conspiración.
A propósito del 68, hay que recordar que el histórico movimiento estudiantil de aquel año inició incidentalmente con el ataque de porros en las escuelas del rumbo de la Ciudadela, en la Preparatoria «Isaac Ochoterena» y en la Vocacional. El ataque de los porros generó una protesta de estudiantes del Poli que coincidió con un mitin en la Alameda por el aniversario de la Revolución Cubana el 26 de julio y las agresiones, ahora de la policía, se extendieron hasta el Barrio Universitario (que entonces se ubicaba alrededor del Zócalo) para culminar con la toma, por parte del ejército, de la Prepa 1 por medio del bazucaso que destruyó la puerta de la Prepa de San Ildefonso. Todo originado por agresiones de porros y policías entre el 22 y el 26 de julio. Los teóricos de la conspiración insistieron en buscar «la mano que mueve la cuna» y lo que querían lograr con su provocación (incluso llegaron a decir que casualmente los botes de basura del centro de la ciudad estaban llenos de piedras para que los estudiantes pudieran defenderse). Pero, de nuevo, independientemente del incidente inicial y los posibles autores e intenciones de la provocación surgió un auténtico y legítimo movimiento, con un programa propio (el pliego petitorio de 6 puntos), una dirección propia (el CNH) y métodos de lucha abiertos y públicos (las enormes manifestaciones y mítines) todo en lucha por libertades democráticas ante el asfixiante clima represivo y autoritario de los gobiernos del PRI. El propio Díaz Ordaz insistió en su propia teoría de la conspiración sosteniendo todo el tiempo que el movimiento era producto de «agitadores extranjeros», de alborotadores, de provocadores intentando boicotear las Olimpiadas de aquel año o de desestabilizar al país y sus instituciones. No hay que olvidar que su mano derecha era el entonces Secretario de Gobernación, Luis Echeverría que goza de impunidad y quien todavía está vivo, así como varios del equipo echeverrista ya en la Presidencia de la República que tuvieron importantes posiciones en el gobierno y en el PRI y que hoy siguen políticamente activos.
Desde entonces los porros constituían grupos de choque, con el pretexto de la «animación deportiva» para el control político de los estudiantes por medio de la violencia y la fuerza. El otro mecanismo de control y cooptación políticas eran las Federaciones de Estudiantes y Sociedades de Alumnos, estructuras hechas a imagen y semejanza del priísmo y el presidencialismo extendida a toda estructura política en México: Comité Ejecutivo con Presidente, secretarios, vocales, etc. Esta estructura con el movimiento del 68, con el CNH y los Comités de Lucha en general desapareció. Pero la estructura porril no desapareció. Fue siendo heredada a las siguientes administraciones universitarias y políticas.
Por esa razón es que en el caso de la Ciudad de México gobernada por el PRD desde 1997 se dió también otra peculiar evolución en paralelo a la degeneración e institucionalización de ese partido. En la combinación del oportunismo de charros y burócratas de las viejas estructuras del PRI en el DF y el desarrollo de un nuevo corporativismo desde el nuevo gobierno, algunos sindicatos con direcciones charras pero ubicados en el DF, organizaciones de vendedores ambulantes, de taxistas pasaron a ser de instrumentos de control del PRI a serlo del PRD y sus «tribus» en la Ciudad de México. Lo mismo ocurrió con grupos de porros sobre todo en escuelas de bachillerato en ciertas Delegaciones donde estas «tribus» perredistas crearon sus propios grupos de choque y que en los dos últimos procesos electorales los hemos visto actuar violentamente contra sus antiguos compañeros de partido, actualmente en Morena.
Por estas razones es que los que insisten en la teoría de la conspiración hoy, piensan que «la mano que mueve la cuna» puede provenir de los perdedores de la pasada campaña electoral: el PRI y el bloque PAN-PRD. ¿Con qué objetivo? Lo que sugieren estos analistas es que la provocación busca desestabilizar la «transición de terciopelo», la tersa transición de gobiernos que ha ofrecido AMLO. Una transición sin sobresaltos, ni rupturas, ni crisis, manteniendo las inversiones y la confianza de los empresarios y sin «revanchas» sino buscando la reconciliación.
El problema es que hay lopezobradoristas que son «más papistas que el Papa» y que insisten en considerar que cualquier lucha, resistencia, movimiento o reclamo hoy es imprudente, provocador o inconveniente para la tersa transición a la que se ha comprometido AMLO. Insultan a los movimientos diciendo que les parece una sospechosa casualidad que haya movimientos que luchan hoy y que -según ellos- no lo hicieron contra el gobierno de Peña u otros. Ignorantes a conveniencia no saben, por ejemplo, que la lucha contra el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México tiene ya 18 años habiendo empezado en la época del gobierno de Fox, incluyendo la represión de mayo de 2006, cuando era gobernador del EdoMex Peña Nieto y que dicho aeropuerto es parte de un proyecto neoliberal apoyado por los gobiernos de todos los colores.
Esta visión equivocada no entiende que el triunfo de AMLO y Morena en las elecciones es en mucho resultado de un cambio en la relación de fuerzas y conciencia popular después de muchas luchas y resistencias contra las reformas neoliberales y la violencia impuestas por los anteriores gobiernos que llevó al hartazgo popular contra el PRIAN expresada el 1 de julio en las urnas  Fueron luchas previas a las elecciones que se realizaron en forma paralela y frecuentemente en relación conflictiva con las campañas electorales. Por eso, esas luchas y otras han de continuar después de las elecciones y en todo caso aprovechar el debilitamiento de las estructuras corporativas del PRI después de su aparatosa derrota electoral y antes de que surja un nuevo corporativismo que quiera sujetar y administrar al movimiento.
El movimiento estudiantil que está surgiendo tiene claramente estas características autónomas y legítimas. Más allá de las provocaciones porriles del 3 de septiembre,el movimiento viene de un descontento y luchas previas que ahora fueron detonadas en una expresión masiva. No es solamente la agresión porril del día 3. Es una presencia cotidiana de los porros en Prepas y CCHs. Por eso, efectivamente, no basta con la expulsión de una docena de porros o el encarcelamiento de algunos de ellos o el cese de funcionarios bajos encargados de coordinar a estos porros, sino desmantelar completamente la estructura porril. Esa estructura porril está sostenida materialmente desde oficinas universitarias y también de partidos como el PRI y el PRD, en algunos casos desde gobiernos delegacionales. Desmantelar esta estructura es lo que también apunta a la necesaria lucha por democratización de la Universidad (y las otras instituciones de educación, como lo muestra la lucha de los del Poli hace unos años).
La crisis financiera en que viven diversas universidades en los estados, es también fuente -que em pieza ya a expresarse estos días- de otra fuente para un nuevo movimiento estudiantil. Esta lucha va más allá de la entrega de los reursos a las universidades, sino que es parte de la lucha contra la privatización de la educación y por la educación laica y gratuita.
Pero la violencia no se circunscribe a los porros. La otra demanda que desde la movilización de los compañeros del CCH Azcapozalco estaba ya enarbolada el 3 de septiembre es cuanto a la violencia contra las mujeres. Desde antes del 3 de septiembre ha surgido un fuerte movimiento de mujeres,  jóvenes estudiantes, denunciando el acoso y hostigamiento sexuales de maestros, autoridades y estudiantes contra ellas. Esta violencia ha llegado incluso hasta el feminicidio en el propio campus universitario, como lo recuerda todo el tiempo el caso de Lesvy. Estas luchas vienen de atrás y son parte de un nuevo auge del movimiento de mujeres y del feminismo que se expresa no sólo en México, sino en América Latina (recuérdese el caso de Argentina, por ejemplo), en Estados Unidos (la movilización de mujeres contra Trump en su toma de posesión) y a nivel mundial. La teoría de la conspiración para desestabilizar la transición de terciopelo obviamente no sirve para un movimiento de tal amplitud. Es como el 68 mexicano precedido o siendo parte de la movilización de la juventud contra la guerra en Vietnam, el Mayo 68 francés o la Primavera de Praga.
No es casualidad que en la movilización del 5 de septiembre contó con importantes si no es que mayoritarios contingentes de jóvenes mujeres estudiantes. Igual el hecho de que la Asamblea Interuniversitaria aprobó como una de sus demandas centrales la lucha contra la violencia de género, es decir contra el hostigamiento sexual y el feminicidio.
En estos días, las asambleas y la Interuniversitaria irán definiendo su propio programa de lucha. Igual que en el 68 no se sorprendan si estas demandas van más allá de las cuestiones académicas internas apuntando a demandas políticas más generales en la lucha por derechos y libertades democráticas. Revisen el pliego petitorio de 6 puntos del 68 para comprobar que la importancia histórica del movimiento es que iba más allá de la cuestión académica interna.
Lo trascendente es que el movimiento recupera la vía de acción de masas y en forma directa en las calles y los campus universitarios, sin limitarse a los viciados procesos electorales y parlamentarios, al respeto a las formas y transiciones reconciliatorias.
En estos días ya han dado muestras de energía, creatividad y alegría propias del movimiento de masas estudiantil. En la marcha del 5, los de Música salieron interpretando Nabuco, las mujeres de algunas facultades marcharon en contingente propio al mismo tiempo que exigieron en la asamblea de la Fcaultad de Filosofía que al sumarse al paro de varios días reclamaban un piso del  edificio exclusivo para las mujeres, al mismo tiempo que en redes sociales hacían galas de memes, carteles  y mensajes de lucha diversos. Con nuevos y modernos recursos inexistentes en el 68, recuperan rápidamente el espíritu rebelde, radical, alegre y subversivo del 68. Un programa incluyente de todas estas demandas, un funcionamiento democrático como el del 68, no excluyente de nadie y unitario sobre la base de la movilización de masas
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¿Descentralizar o Desconcentrar la Educación?

México / 2 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Durante estos días, en que el equipo que integrará el próximo gabinete del presidente, prácticamente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho anuncios interesantes sobre el traslado de algunas oficinas de gobierno a distintos puntos del país, se han despertado todo tipo de comentarios a favor y en contra de tal medida.

En el caso del sector educativo, algunos apuntan  que este cambio será costoso y no será productivo, en términos del trabajo burocrático que realiza cotidianamente la Secretaría de Educación Pública (SEP). Otros, sobre todo los integrantes del gobierno que viene, apuestan al cambio de otra manera: como políticas acertadas de desarrollo de las regiones y desconcentración de las oficinas de la alta burocracia ubicada en la capital del país, con el beneficio que implica sacarla de la Ciudad de México.

Una nota de ayer, en SDP Noticias (15 de julio, 2018),  indica que Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación, habló sobre la reducción de la SEP al señalar que en la actualidad existen cuatro subsecretarías: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y la de Planeación, a la que se le suma una Unidad de Educación de la Ciudad de México “que es del tamaño de una subsecretaría; entonces podríamos decir que son cinco”. La idea, abundó, es hacer una reducción en la cual no sufra la secretaría ningún efecto en su trabajo. “Queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no vamos a amputar nada que sea útil. Estamos pensando en que se deben reducir éstas cinco (subsecretarías)”

Si el propósito de reubicar las oficinas y el personal burocrático de la SEP es alentar el desarrollo de las regiones, sin modificar las funciones, los contenidos ni la estructura orgánica de esta dependencia del gobierno federal, en un sentido radical, tal como lo sugiere el mismo AMLO, al promover un cambio verdadero de la Educación, entonces estamos ante un proceso de simple “desconcentración”. En cambio, si de lo que se trata es de reestructurar a fondo las tareas de la dependencia nacional encargada de ejecutar las políticas públicas educativas, lo que se requiere no es tanto mover de lugar a las oficinas y a sus empleados, sino modificar de raíz las formas y los contenidos de las tareas de gobierno en materia educativa, sobre la base de un esquema enfocado en la definición de prioridades y con una mirada clara acerca del cambio que requiere México, es decir, en los procesos y los significados de la educación pública hoy y para el futuro. Y si se cumplen los procesos, habrán de darse los resultados. Eso sería “descentralizar” la educación.

Para precisar, diré que lo que se requiere es generar un efecto contrario a la “centralización” de las decisiones en torno a la Educación Obligatoria (y toda la estructura educativa nacional) en México, en el ámbito sobre todo pedagógico. Me explico: Actualmente las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos (con sus respectivos presupuestos públicos). Por lo anterior, urge modificar el marco legal hoy existente; cuestión que recae en los ámbitos de competencia de los poderes ejecutivo y legislativo. Para ello, el gobierno entrante deberá desarrollar un amplio e intenso debate en y con el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; con los medios de comunicación; con las universidades públicas y privadas; con las instituciones formadoras de profesionales de la educación; con las organizaciones de la sociedad civil interesadas; así como con representantes empresariales; con estudiantes y padres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de que se distribuya horizontalmente la toma de decisiones en los niveles federal, estatales y municipales, y se logre así una democratización de las determinaciones y de las acciones a favor de la educación obligatoria.

 

Para responder a la pregunta “¿Desconcentrar o Descentralizar la Educación?” sería conveniente que los funcionarios que asumirán sus cargos a partir de diciembre próximo, desde Esteban Moctezuma, se den a la tarea de explicar a la opinión pública y a la sociedad, cuáles son los elementos de evaluación inicial (los tecnócratas-funcionalistas le llaman “diagnóstico”) que han tomado como base para emprender estos cambios. Hace falta ver si estas modificaciones estructurales sólo servirán para cambiar de lugar las oficinas y a sus empleados (cambio superficial) o serán transformaciones proyectadas, a largo plazo, en un sentido estructural, operacional, de contenidos, estrategias y métodos de las políticas públicas (cambio radical).

Un esquema de cambios verdaderos de la educación  pública en México, necesariamente pasa por la transformación de los fines y de los medios para alcanzarlos. Y ello debe poner como principal prioridad la formación integral (con criterios de “calidad” y equidad) de las niñas, los niños, los jóvenes y adultos de nuestro país. Esa será, en todo caso, la dimensión del cambio educativo “radical” que esperamos y que ha propuesto AMLO durante la campaña y en sus documentos programáticos. Esos serán los parámetros para valorar la actuación del futuro gobierno, al menos en materia educativa.

 

Nota:

Para profundizar sobre los argumentos a favor de la descentralización educativa, en lugar de conservar el esquema “centralista” no sólo en lo operativo o burocrático, sugiero ver el texto “Descentralizar la Educación Pública en México”, SDP Noticias, 25 de mayo, 2018.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/15/descentralizar-o-desconcentrar-la-educacion

ove/mahv

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México: Carta de maestras y maestros por la abrogación de la reforma educativa

México / 2 de septiembre de 2018 / Autor: Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase / Fuente: La Izquierda Diario

¡No a la imposición del “nuevo modelo”!
¡Abrogación de la reforma educativa!

Compañeras y compañeros, durante el sexenio que está por terminar padecimos las nefastas consecuencias de la reforma educativa, con la precarización de nuestras condiciones laborales, avances en la privatización de la educación pública y la degradación de los contenidos curriculares, lo que será profundizado con la imposición del Nuevo Modelo Educativo (NME).

Todos estos años, especialmente en 2013 y 2016, cientos de miles de maestros junto a padres de familia, sectores de trabajadores y populares, salimos a las calles a luchar por la abrogación de la reforma, enfrentando la represión del gobierno, campañas de satanización, amenazas, sanciones, despidos, vejámenes sexuales contra maestras, detenciones e incluso agresiones policíacas que les costaron la vida a varios compañeros, como en Nochixtlán.

El hartazgo del pueblo mexicano se expresó el 1 de julio con 30 millones de votos a favor de López Obrador, entre ellos los de la inmensa mayoría del magisterio, que confió en la promesa de cancelación de la reforma educativa.

Sin embargo, luego de las elecciones, las declaraciones de Esteban Moctezuma, futuro titular de la SEP, apuntan a la continuidad de diversos aspectos de la odiada reforma, como la evaluación burocrática y vertical a los maestros (más allá de que se prometa que no estará vinculada a la permanencia), el concurso de oposición para los egresados de las normales y las escuelas de tiempo completo.

Se nos plantea una consulta para construir un “acuerdo por la educación con calidad y equidad”, pero con la participación de los grandes empresarios y los charros sindicales, los mismos que impulsaron y avalaron la reforma educativa y fueron cómplices de la represión contra el magisterio.

Y mientras no se dice una palabra sobre los planes privatizadores como Escuelas al CIEN, ni se cuestionan las políticas del imperialismo para la educación, conscientemente se guarda silencio sobre el destino del Nuevo Modelo Educativo, que mientras tanto se impone en las escuelas, amenazando la estabilidad laboral de miles de maestros y que parece hecho a la medida del acuerdo entre AMLO y los empresarios para la contratación de jóvenes como aprendices, sin derechos y cuyos salarios saldrán del erario público.

El 1 de julio el pueblo de México votó con la esperanza de un cambio, que incluye la cancelación de la reforma educativa y los maestros no podemos conformarnos con menos. Por el contrario, tenemos la fuerza para ir por más.

Una transformación profunda de la educación pública requiere, por ejemplo, grupos reducidos y para ello más salones, más escuelas y más maestros; infraestructura escolar segura frente a los fenómenos naturales, con materiales y equipamiento suficiente para el desarrollo integral de niños y jóvenes; plazas automáticas y basificables para los normalistas egresados; horas dentro de la jornada laboral, remuneradas, para evaluar, planificar, dar y tomar asesorías, etc.; periodos alternados de actualización y frente a grupo, remunerados; estabilidad laboral, salarios dignos que aumenten de acuerdo a la inflación y plazas de tiempo completo para todos, con jornadas de trabajo de seis horas, cinco días a la semana, para maestros y padres de familia.

Todo esto supone, desde luego, un aumento sin precedentes del presupuesto educativo, cuyos recursos podrían salir del no pago de la deuda externa y de impuestos progresivos a las grandes fortunas, pero eso implica atacar los intereses de los grandes empresarios y el imperialismo, algo que el presidente electo no está dispuesto a hacer.

Por eso, para frenar la implementación del NME y las evaluaciones, reinstalar a los maestros cesados, lograr la cancelación total y definitiva de la reforma educativa y conquistar la educación que merecen los hijos del pueblo trabajador, debemos apostarnos a la organización desde las escuelas, a la unidad de nuestras filas y con los padres de familia, para ganar en las calles todas nuestras demandas, con una política independiente del próximo gobierno, los empresarios y el charrismo sindical.

Los resultados de las elecciones dejaron a los charros de Juan Díaz de la Torre en crisis, mientras que el ala charra de Elba Esther Gordillo salió fortalecida por su apoyo al Morena; y la “maestra”, ya liberada de su prisión domiciliaria, afila los colmillos con la mirada puesta en la dirección del SNTE, para volver a controlar al magisterio en beneficio propio y de su gente.

En este escenario, consideramos que la CNTE tiene, como referente histórico de lucha, la responsabilidad de llamar a los trabajadores de la educación de todo el país a organizar desde abajo un Congreso Nacional Democrático del SNTE, con delegados elegidos en asambleas de todas las escuelas y centros de trabajo, para desconocer a los charros, elegir democráticamente una nueva dirigencia y acordar un plan de lucha unificado.

Invitamos a todas las compañeras y compañeros que ven la necesidad de luchar con una política independiente y combativa como la que proponemos aquí, a integrarse la agrupación Nuestra Clase para poner en pie una gran corriente de trabajadoras y trabajadores de la educación en todo el país, e impulsar juntos esta perspectiva buscando incansablemente la unidad del magisterio, con los padres de familia y con otros sectores de trabajadores para vencer.

Las maestras y los maestros de México tenemos la palabra.

Agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase

Fuente:

http://www.laizquierdadiario.com.mx/Carta-de-maestras-y-maestros-por-la-abrogacion-de-la-reforma-educativa?id_rubrique=1714

ove/mahv

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Reforma Educativa: se va, se queda

Por: Carlos Ornelas

Se prolonga la contienda por la Reforma Educativa, por la educación pública, su derrotero y funcionamiento. A juzgar por las declaraciones del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y sus cercanos, la reforma se acabará en cuanto él empiece en sus funciones. No obstante, expresó que es respetuoso de los tiempos y las formas, del derecho, pues. En la reunión inédita entre los dos equipos de gobierno —el que se va y el que llegará— se dio un duelo de caballeros entre AMLO y Enrique Peña Nieto. El Presidente refrendó y defendió lo hecho con la reforma, pero no aventuró a asegurar que insistirá en ella más allá de su gobierno.

AMLO fue categórico. Aseguró que en cuanto tome posesión presentará iniciativas para cancelar la Reforma Educativa; que dará a conocer un plan distinto y promulgará un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. Aunque no ofreció pistas acerca de qué es lo que echará para atrás, aventuró ciertos conceptos: “(con) La reforma educativa se puede mejorar la enseñanza y ampliar la cobertura, el que haya equidad, que se tenga el derecho a la educación; la educación no es un privilegio, es un derecho”. Me puse a pensar en qué difieren esos puntos de los de la reforma del gobierno de Peña Nieto. No encontré grandes discrepancias.

Cuando el Presidente electo dice que dará marcha atrás, acaso siembre expectativas entre los líderes sindicales que perdieron canonjías; piensan que quizá regresarán por sus fueros, aunque haya una distancia enorme entre lo que quiere la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y lo que reclama la guerrera liberada, Elba Esther Gordillo. No me imagino que López Obrador quiera revertir logros de la reforma, que vuelva la herencia y venta de plazas magisteriales. Tampoco creo que pretenda devolverles comisionados o entregarles aviadores a las facciones del SNTE. No sólo porque sean irregularidades, sino porque van en contra de su lucha contra la corrupción y la austeridad.

AMLO también expresó que “Nosotros vamos a refrendar los compromisos que hicimos en campaña, uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicados y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia sindical”. Aquí veo difícil que quiera promover la democracia dentro de los sindicatos sin que el gobierno o él mismo intervengan para “que las elecciones sean libres, limpias, que se practique en la decisión que deban tomar los sindicatos, el voto secreto y que se respete la voluntad de los trabajadores”. Si entiendo bien, el futuro presidente propone algo subversivo; el orden sindical corporativo descansa en bases contrarias a la libertad. Si desea democracia sindical tendrá que imponerla. Claro, como dice él: convenciendo.

AMLO tiene razón —pienso— cuando aseguró que “ninguna reforma educativa se puede hacer sin los maestros”. Por ello, cavilo que la consulta a la que convoca su secretario de Educación Pública designado, Esteban Moctezuma Barragán, tendrá valor si toma en cuenta la voz de más de 200 mil maestros que obtuvieron su plaza mediante un concurso de oposición abierto y que con todo y ciertas limitaciones —estoy convencido— fue equitativo y justo. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, en la ceremonia de inauguración de cursos, expresó: “Antes teníamos un sistema opaco, corporativo de ingreso, promoción y permanencia en la docencia. Hoy tenemos un sistema claro, transparente, verificable y basado en el mérito y en el esfuerzo”.

Cierto, el secretario Granados Roldán, al igual que el presidente Peña Nieto, defienden lo hecho. No sé lo que AMLO procure derogar, pero me niego a pensar que quiera echar tierra a todo. Al final de cuentas, el nuevo plan no puede ser insólito. Apuesto a que no regresará la herencia de plazas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reforma-educativa-se-va-se-queda/

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PT de México apoya cancelación de reforma educativa

América del Norte/México/23 Agosto 2018/Fuente: Prensa Latina

El Partido del Trabajo (PT) de México sumó su apoyo a la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar la reforma educativa, cuya implementación impulsó la administración de Enrique Peña Nieto.
El PT recordó en un comunicado que cuando esta reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión los diputados y senadores de esa agrupación política votaron en contra.

Al respecto el Partido del Trabajo considera que la reforma no representó ningún avance o progreso en la educación de los mexicanos, ni tampoco mejoró las condiciones de los planteles ni de los maestros.

‘La reforma impuesta por el actual gobierno no responde a las necesidades de este sector, por ello, es necesario revertirla y buscar nuevas políticas educativas e incluyentes que atiendan los requerimientos de los alumnos, los profesores y los padres de familia’, sostuvo Alberto Anaya, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT.

‘Uno de los mayores compromisos es impulsar una verdadera transformación educativa que garantice el derecho y el acceso a la educación, sin importar el nivel socioeconómico, lo que permitirá superar a futuro las barreras de pobreza y marginación. La educación es la clave para transformar a México’, planteó el dirigente petista según el comunicado.

Sectores magisteriales consideran que la reforma resulta punitiva hacia los maestros y es más laboral que educativa.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=204400&SEO=pt-de-mexico-apoya-cancelacion-de-reforma-educativa
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INEE y cancelación de la reforma educativa

México / 5 de agosto de 2018 / Autor: Hugo Aboites / Fuente: La Jornada

En la agenda legislativa que AMLO presentó a los legisladores electos se incluye la derogación de la reforma educativa, pero, al mismo tiempo, hay declaraciones –como las del próximo secretario de Educación, Moctezuma Barragán (expresadas en Adela Micha, El Financiero-Bloomberg, 11/07/2018)– que reducen el tema a sólo la cancelación de La Ley General del Servicio Profesional Docente (Lgspd); la que incluye el examen que puede llevar al despido o remoción del maestro. Una vez eliminada esa ley ya no habrá evaluación punitiva y, se piensa, puede crearse un clima sereno, favorable al desarrollo de lo que se considera fundamental: un nuevo proyecto de educación nacido del diálogo con maestros, comunidades, académicos y autoridades.

Se plantea, además, que en ese nuevo proyecto de educación no estaría ausente una evaluación a los maestros, pero claramente orientada no al despido, sino a la mejoría del aprendizaje de los niños y jóvenes. Y, precisamente por eso, se dice, ya hay conversaciones con los del INEE con el fin de ligar evaluación con capacitación y mejoramiento del magisterio.

El problema, sin embargo, es que la llamada evaluación punitiva no es un elemento aislado. La reforma, toda, es punitiva. Y, por eso, el INEE, tiene la misma orientación. Quienes diseñaron la reforma la blindaron para el futuro, por eso hasta lograron un absurdo: que la Constitución se ocupara de exámenes a los maestros y que viniera luego sustentada en un tupido entramado de leyes y disposiciones. Éstas crean lo que en ingeniería se conoce como un sistema redundante, donde si una pieza viene eliminada, el funcionamiento de la estructura sufre sólo daños mínimos. Así, aunque se suprima la Lgspd, por ley y por la modificación de 2012 a la Constitución, al INEE le corresponde asegurar que la evaluación esté orientada a decidir la permanencia del maestro como docente y también puede obligar a la autoridad a aplicarla en esos términos: en efecto dice la ley que “… corresponde al instituto definir los procesos de evaluación a que se refiere la Ley III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio…” de los maestros (artículo 28). Lo que significa que si bien puede llegarse a un pacto de caballeros mediante el cual los directivos del INEE prometan hacer a un lado una evaluación excluyente, se mantiene incólume la atribución legal de vocación punitiva y en cualquier momento puede ser retomada. Sea porque lo decida él mismo (es autónomo), por la presión de organismos empresariales (como Coparmex) que se oponen a la abrogación de la reforma o porque un juez le ordene que cumpla con su mandato legal. Si se elimina la Lgspd, pero se dejan sin tocar las definiciones sobre evaluación y sus alcances en la llamada Ley del INEE (y en otras disposiciones), queda ahí pendiente y aplicable en cualquier momento del futuro las funciones de evaluación respecto de la permanencia de los maestros. Y ante esa amenaza real, el clima de la relación con el magisterio difícilmente mejorará.

Incluso en el caso de que haciendo caso omiso del INEE, la SEP o las autoridades locales decidieran ensayar otras alternativas de evaluación, legalmente tampoco pueden hacerlo porque se dotó al instituto de tal poder que los lineamientos que éste emita son obligatorios para la SEP y otras autoridades, y si no los acatan podrá ser sancionados: los lineamientos emitidos por el INEE en materia de evaluación serán obligatorios para las autoridades educativas, (y) su incumplimiento será sancionado… (artículo 49). Además, si la SEP, cualquier institución o gobierno aplica evaluaciones a maestros y éstas, a juicio del INEE, se desvían de sus lineamientos, carecerán de valor: los procesos de evaluación realizados por las autoridades educativas en contravención a los lineamientos emitidos por el instituto serán nulos. (artículo 49).

Todo esto significa que, si sólo desaparece la Lgspd y el resto queda intacto, el nuevo gobierno federal y locales difícilmente podrán llevar a cabo un proyecto educativo distinto, con una evaluación discordante del INEE. Y esto es grave, pues desde maestros hasta especialistas muchos consideramos indispensable una evaluación, aunque distinta: desde las escuelas, comunidades y maestros; desde las propias regiones; horizontal y orientada a mejorar la formación de los maestros y el aprendizaje de niños y jóvenes. Es decir, opuesta a la centralizada, autoritaria y punitiva idea de evaluación de la denominada Ley INEE y la Lgspd.

Precisamente porque la intención punitiva era tan fundamental en la reforma, la bien trabada y redundante construcción legal que hasta ayer fue su coraza, ahora es su mayor debilidad: para cancelarla no basta con suprimir una ley.

Fuente del Artículo:

http://www.jornada.com.mx/2018/07/21/opinion/015a2pol

Fuente de la Imagen:

¿Por qué ha generado polémica la reforma educativa en México?

ove/mahv

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Becarios sí, sicarios no. Significado e implicaciones

México / 5 de agosto de 2018 / Autor: Blanca Heredia / Fuente: El Financiero

¿Quién puede estar en desacuerdo con que jóvenes mexicanos que terminan de sicarios sean, mejor, becarios? Supongo que nadie y López Obrador lo sabe. Por ello resultó tan pegadora y pegajosa la fórmula con la que nos resumió lo que piensa y plantea en relación a los jóvenes sin futuro que México produce a raudales.

Proponer ofrecerles una beca a los miles de jóvenes sin escuela o empleo que se ven orillados o tentados a vivir en la ilegalidad y el crimen significa, en primerísimo término, dejar de soslayarlos y convertir su problema en un problema de todos. Se nos olvida con frecuencia, pero de eso se trata la Política con mayúscula: problematizar un estado de cosas torcido, hacerlo visible, y convertirlo en parte de la agenda de todos.

Un segundo mensaje contenido en esa frase-resumen es que, a juicio de AMLO, el sistema educativo mexicano no puede desentenderse de un asunto que afecta tanto y tan gravemente a los jóvenes. Al proponer hacerlos “becarios” y no “trabajadores temporales” o “beneficiarios de un apoyo X”, el virtual presidente electo está diciendo que nuestro sistema educativo no puede ni debe permanecer al margen, tiene que entrarle al problema y contribuir a atenderlo.

Coincido en que no podemos exentar a las instituciones educativas de participar activamente en buscar salidas para las legiones de jóvenes mexicanos a los que el país no les ofrece oportunidad alguna de desarrollo. No podemos ni debemos exentarlas, pues las instituciones responsables de proveer educación media superior y superior se orientan a darles servicio justamente a los jóvenes y cuentan (al menos, en principio) con el expertise para atenderlos y ofrecerles experiencias provechosas. Además, hay que decirlo, no disponemos de muchas otras opciones, en el corto plazo, para insertar a la vida social organizada a jóvenes excluidos de ella.

Ahora bien, abrir las compuertas, en particular de la educación superior, para integrar socialmente a jóvenes desprovistos de opciones, plantea desafíos gigantescos. Para empezar está el asunto del financiamiento. Juntar los recursos requeridos para cubrir becas, nuevos espacios, profesores y demás en las instituciones de educación superior existentes, así como 100 nuevas universidades, resultará complejo. El nuevo gobierno ha anunciado que incluirá a las universidades privadas en la tarea. Habrá que pensar, también, en aprovechar intensiva y creativamente a la tecnología, en plantear programas de licenciatura más flexibles y en hacer el mejor uso posible de los limitados recursos financieros disponibles.

Un segundo reto tiene que ver con cómo involucrar a las universidades en la atención del problema de la exclusión social de miles de jóvenes sin que dejen de ser, en el camino, instituciones educativas. Instituciones, esto es, cuya razón de ser consiste en formar mentes y actitudes, abrir horizontes, transmitir saberes, desarrollar destrezas y potencialidades, así como preparar a los educandos para la vida activa en colectivo.

Para encarar este segundo desafío resultará indispensable atender dos asuntos cruciales. Primero, diseñar programas que permitan remediar los déficits en competencias habilitantes para el aprendizaje (lengua, razonamiento abstracto y hábitos de estudio) que presentan muchos de los egresados de la educación media superior para, con ello, incrementar sus posibilidades de aprovechar una educación universitaria. Segundo, instrumentar estrategias sencillas y de alto impacto orientadas a fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior para atender a más estudiantes sin que colapse, de pasada, lo poco o mucho que hayan logrado en términos de calidad educativa.

Un tercer reto tiene que ver con qué pasará con los jóvenes incorporados a la educación superior una vez concluyan sus estudios. Concretamente con cuáles opciones les esperan en un mercado laboral que no le ofrece buenas oportunidades a los egresados universitarios y cuyas deficiencias, como muestra el último libro de Santiago Levy, limitan muy seriamente la posibilidad de traducir mayor escolaridad en empleos más productivos. Este tema merece una reflexión aparte, pero conviene al menos dejarlo apuntado, pues sin cambios de fondo en el mercado del trabajo el acceso ampliado a la educación superior contribuirá a atender el problema de la exclusión social de los jóvenes en lo inmediato, pero difícilmente logrará solventarlo en el mediano y en el largo plazos.

Los retos planteados por la propuesta de involucrar a las universidades en la solución a la exclusión social de los jóvenes, son enormes. Dada la urgencia y centralidad del asunto, sería un error limitarnos a nombrar y escudriñar los obstáculos. Lo conducente sería, tomando en cuenta restricciones y riesgos, mirar de frente el problema y convocar a universidades, especialistas y empresas a construir soluciones innovadoras y viables para atender los desafíos mayúsculos e insuficientemente atendidos asociados a ampliar cobertura, equidad y calidad educativa en simultáneo.

Fuente del Artículo:

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/becarios-si-sicarios-no-significado-e-implicaciones

Fuente de la Imagen:

Becas para estudiar en México – ¿Qué es la beca CONACyT?

ove/mahv

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