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Bangladesh: Los niños y niñas rohinyás consiguen acceso a la educación

Redacción: Amnistía Internacional

El gobierno de Bangladesh ha anunciado que ofrecerá oportunidades de escolarización y formación profesional a los niños y niñas rohinyás refugiados, dos años y medio después de que se vieran obligados a huir de crímenes de lesa humanidad.

Advirtiendo del coste de crear una “generación perdida”, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos hacen campaña en favor del casi medio millón de niños y niñas rohinyás de los campos de refugiados de Bangladesh a fin de que se les permita disfrutar de su derecho a educación de calidad,.

“Se trata de un compromiso importante y muy positivo del gobierno de Bangladesh, que permite a los niños y las niñas el acceso a la escolarización y perseguir sus sueños para el futuro. Han perdido ya dos cursos académicos y no están en condiciones de perder más tiempo sin clase”, ha señalado Saad Hammadi, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“Es importante que el acceso a educación apropiada, acreditada y de calidad se haga extensivo a todos los niños y niñas de la zona de Cox’s Bazar, incluidos los de la población refugiada rohinyá y los de la comunidad de acogida. La comunidad internacional tiene un papel clave que desempeñar a este respecto garantizando que el gobierno de Bangladesh dispone de los recursos necesarios para alcanzar su objetivo.”

Hasta ahora el gobierno bangladeshí se venía resistiendo a los llamamientos en favor de conceder a los niños y niñas rohinyás el acceso a la educación y limitaba las oportunidades de aprendizaje a unos cuantos centros educativos provisionales que ofrecían clases de enseñanza primaria básica con recreo por los campos de refugiados del distrito de Cox’s Bazar. Algunos niños y niñas que consiguieron tener acceso a centros de enseñanza secundaria fueron expulsados por orden del gobierno.

No pueden subestimarse los beneficios de impartir educación a los niños y las niñas, cuyos efectos positivos se propagan por las comunidades y la sociedad en general. Pueden hablar por sí mismos, reivindicar sus derechos, salir adelante y sacar a otras personas de una situación difícil. Pero los costes de negar la educación a los niños y las niñas pueden ser duros, siendo uno de ellos que queden expuestos a sufrir pobreza y explotación. Acogemos con satisfacción este significativo avance y esperamos que el gobierno cumpla sus compromisos.
Saad Hammadi

En medio de temor a ser devueltos a Myanmar o reubicados en la cenagosa isla deshabitada de Bashan Char, estos menores tenían ante sí un futuro incierto. Muchos estaban a punto de terminar sus estudios cuando el ejército de Myanmar atacó sus pueblos, obligándolos a huir a Bangladesh y vivir en una situación de incertidumbre.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Masud bin Momen, ha dicho hoy a la prensa: “El gobierno ha creído necesario mantener viva la esperanza de los niños y niñas rohinyás en el futuro haciendo extensivas la educación y la formación profesional a ellos.”

Según los planes del gobierno, los niños y niñas rohinyás recibirán enseñanza escolar hasta los 14 años aplicando el plan de estudios de Myanmar, y los mayores de 14 recibirán formación profesional. Las escuelas necesitarán profesorado debidamente formado, que sepa utilizar el plan de estudios de Myanmar y enseñar en birmano.

Se pondrá en marcha un proyecto piloto de UNICEF y el gobierno de Bangladesh en el que participarán 10.000 niños. El sistema se hará extensivo luego a otros niños y niñas, incluidos los de la comunidad de acogida, a los que se enseñará por separado con el plan de estudios de Bangladesh

La Convención sobre los Derechos del Niño, tratado vinculante que Bangladesh ha ratificado, deja claro que la educación puede y debe garantizar el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño o niña hasta el máximo de sus posibilidades, al mismo tiempo que se les inculca el respeto a los derechos humanos y se los prepara para asumir una vida responsable en una sociedad libre.

“No pueden subestimarse las ventajas de educar a los niños y las niñas, cuyos efectos positivos se propagan por las comunidades y la sociedad en general. Pueden hablar por sí mismos, reivindicar sus derechos, salir adelante y sacar a otras personas de una situación difícil. En cambio, los costes de negar la educación a los niños y las niñas pueden ser muy grandes, siendo uno de ellos que queden expuestos a sufrir pobreza y explotación. Acogemos con satisfacción este significativo avance y esperamos que el gobierno cumpla sus compromisos”, ha afirmado Saad Hammadi.

Campaña de Amnistía Internacional por el derecho a la educación

  • El año pasado, el Día Mundial de los Refugiados Amnistía Internacional organizó un “campo de arte” para los niños niñas de los campos de refugiados de Cox’s Bazar. Trabajando con un grupo de artistas bangladeshíes, pasaron dos días haciendo dibujos que representaban sus aspiraciones para el futuro; querían dedicarse a la docencia, la medicina, el pilotaje o la enfermería. En colaboración con UNICEF, las creaciones artísticas se expusieron en Dacca y se llevaron después a Washington D. C., Londres y otras grandes ciudades del mundo.
  • En agosto de 2019, Amnistía Internacional publicó un documento, “I don’t know what my future will be”: Rohingya refugees in Bangladesh, en el que detallaba las condiciones de vida en los campos, en especial para los niños y niñas que no habían visto un aula desde que llegaron a los campos en 2017.
  • Dos de las estrellas de YouTube más conocidas de Bangladesh hicieron un vídeo de hip-hop en colaboración con Amnistía Internacional, haciéndose eco del llamamiento de la petición: https://www.youtube.com/watch?v=1r9DZp8WStc

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/01/bangladesh-rohingya-children-get-access-to-education/

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Bangladesh: Los niños y niñas rohinyás consiguen acceso a la educación

Asia/Bangladesh/amnesty.org

El gobierno de Bangladesh ha anunciado que ofrecerá oportunidades de escolarización y formación profesional a los niños y niñas rohinyás refugiados, dos años y medio después de que se vieran obligados a huir de crímenes de lesa humanidad.

Advirtiendo del coste de crear una “generación perdida”, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos hacen campaña en favor del casi medio millón de niños y niñas rohinyás de los campos de refugiados de Bangladesh a fin de que se les permita disfrutar de su derecho a educación de calidad,.

“Se trata de un compromiso importante y muy positivo del gobierno de Bangladesh, que permite a los niños y las niñas el acceso a la escolarización y perseguir sus sueños para el futuro. Han perdido ya dos cursos académicos y no están en condiciones de perder más tiempo sin clase”, ha señalado Saad Hammadi, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“Es importante que el acceso a educación apropiada, acreditada y de calidad se haga extensivo a todos los niños y niñas de la zona de Cox’s Bazar, incluidos los de la población refugiada rohinyá y los de la comunidad de acogida. La comunidad internacional tiene un papel clave que desempeñar a este respecto garantizando que el gobierno de Bangladesh dispone de los recursos necesarios para alcanzar su objetivo.”

Hasta ahora el gobierno bangladeshí se venía resistiendo a los llamamientos en favor de conceder a los niños y niñas rohinyás el acceso a la educación y limitaba las oportunidades de aprendizaje a unos cuantos centros educativos provisionales que ofrecían clases de enseñanza primaria básica con recreo por los campos de refugiados del distrito de Cox’s Bazar. Algunos niños y niñas que consiguieron tener acceso a centros de enseñanza secundaria fueron expulsados por orden del gobierno.

No pueden subestimarse los beneficios de impartir educación a los niños y las niñas, cuyos efectos positivos se propagan por las comunidades y la sociedad en general. Pueden hablar por sí mismos, reivindicar sus derechos, salir adelante y sacar a otras personas de una situación difícil. Pero los costes de negar la educación a los niños y las niñas pueden ser duros, siendo uno de ellos que queden expuestos a sufrir pobreza y explotación. Acogemos con satisfacción este significativo avance y esperamos que el gobierno cumpla sus compromisos.
Saad Hammadi

En medio de temor a ser devueltos a Myanmar o reubicados en la cenagosa isla deshabitada de Bashan Char, estos menores tenían ante sí un futuro incierto. Muchos estaban a punto de terminar sus estudios cuando el ejército de Myanmar atacó sus pueblos, obligándolos a huir a Bangladesh y vivir en una situación de incertidumbre.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Masud bin Momen, ha dicho hoy a la prensa: “El gobierno ha creído necesario mantener viva la esperanza de los niños y niñas rohinyás en el futuro haciendo extensivas la educación y la formación profesional a ellos.”

Según los planes del gobierno, los niños y niñas rohinyás recibirán enseñanza escolar hasta los 14 años aplicando el plan de estudios de Myanmar, y los mayores de 14 recibirán formación profesional. Las escuelas necesitarán profesorado debidamente formado, que sepa utilizar el plan de estudios de Myanmar y enseñar en birmano.

Se pondrá en marcha un proyecto piloto de UNICEF y el gobierno de Bangladesh en el que participarán 10.000 niños. El sistema se hará extensivo luego a otros niños y niñas, incluidos los de la comunidad de acogida, a los que se enseñará por separado con el plan de estudios de Bangladesh

La Convención sobre los Derechos del Niño, tratado vinculante que Bangladesh ha ratificado, deja claro que la educación puede y debe garantizar el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño o niña hasta el máximo de sus posibilidades, al mismo tiempo que se les inculca el respeto a los derechos humanos y se los prepara para asumir una vida responsable en una sociedad libre.

“No pueden subestimarse las ventajas de educar a los niños y las niñas, cuyos efectos positivos se propagan por las comunidades y la sociedad en general. Pueden hablar por sí mismos, reivindicar sus derechos, salir adelante y sacar a otras personas de una situación difícil. En cambio, los costes de negar la educación a los niños y las niñas pueden ser muy grandes, siendo uno de ellos que queden expuestos a sufrir pobreza y explotación. Acogemos con satisfacción este significativo avance y esperamos que el gobierno cumpla sus compromisos”, ha afirmado Saad Hammadi.

Campaña de Amnistía Internacional por el derecho a la educación

  • El año pasado, el Día Mundial de los Refugiados Amnistía Internacional organizó un “campo de arte” para los niños niñas de los campos de refugiados de Cox’s Bazar. Trabajando con un grupo de artistas bangladeshíes, pasaron dos días haciendo dibujos que representaban sus aspiraciones para el futuro; querían dedicarse a la docencia, la medicina, el pilotaje o la enfermería. En colaboración con UNICEF, las creaciones artísticas se expusieron en Dacca y se llevaron después a Washington D. C., Londres y otras grandes ciudades del mundo.
  • En agosto de 2019, Amnistía Internacional publicó un documento, “I don’t know what my future will be”: Rohingya refugees in Bangladesh, en el que detallaba las condiciones de vida en los campos, en especial para los niños y niñas que no habían visto un aula desde que llegaron a los campos en 2017.
  • Dos de las estrellas de YouTube más conocidas de Bangladesh hicieron un vídeo de hip-hop en colaboración con Amnistía Internacional, haciéndose eco del llamamiento de la petición: https://www.youtube.com/watch?v=1r9DZp8WStc

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/01/bangladesh-rohingya-children-get-access-to-education/

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Brasil: Que se ponga fin a las explotaciones ganaderas ilegales que alimentan la destrucción de la selva amazónica

América del sur/Brasil/27 Noviembre 2019/Amnistía Internacional

  • La ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras que violan derechos humanos en las reservas y territorios indígenas
  • Las imágenes por satélite y los datos oficiales revelan indicios de ganadería en zonas protegidas
  • Amnistía Internacional Brasil y los líderes indígenas entregarán al gobierno de Bolsonaro una petición para que actúe

La ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras en las reservas y territorios indígenas de la Amazonía brasileña, y alimenta la deforestación y el atropello de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil’s Amazon se ha publicado al mismo tiempo que Amnistía Internacional Brasil, junto con líderes indígenas de la Amazonía, presentaba a las autoridades brasileñas una petición con 162.000 firmas en la que les pedía que pongan fin a las confiscaciones ilegales de tierras protegidas en la Amazonía.

“La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación de la Amazonía. Constituye una amenaza muy real no sólo para los derechos humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta”, ha manifestado Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional.

La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación de la Amazonía. Constituye una amenaza muy real no sólo para los derechos humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta.
Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional

“Mientras el gobierno de Bolsonaro recorta drásticamente las protecciones medioambientales a nivel federal, algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería ilegal que destruye zonas protegidas de la selva amazónica.”

Unos dos tercios de las zonas de la Amazonía deforestadas entre 1988 y 2014 han sido valladas, quemadas y convertidas en pastos: casi 500.000 km2, una zona que en total equivale a cinco veces el tamaño de Portugal. El informe de Amnistía Internacional documenta la manera en que algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería en zonas protegidas.

Investigación sobre el terreno

Amnistía Internacional visitó cinco zonas protegidas de la Amazonía brasileña a lo largo de 2019: los territorios indígenas de los karipuna y uru-eu-wau-wau y las reservas de Rio Ouro Preto y Rio Jacy-Paraná (en el estado de Rondônia), y el territorio indígena de los manoki (en el estado de Mato Grosso).

Las reservas son zonas concebidas para la protección del medioambiente, el sustento y la cultura de sus poblaciones tradicionales, incluido un uso sostenible de sus recursos naturales. Junto con los territorios indígenas, están protegidas en virtud de la legislatierras agreción brasileña y los tratados internacionales.

Los datos oficiales, las imágenes por satélite y las visitas in situ realizadas por Amnistía Internacional muestran la manera en que las confiscaciones ilegales de tierras, vinculadas por lo general con la ganadería, van en aumento en estas cinco zonas.

Patrón de convertir selva en tierras agrícolas

Los ganaderos y los grileiros —individuos particulares que se apropian ilegalmente de tierras— siguen un patrón general de convertir la selva tropical en pastos en la Amazonía brasileña. Se identifican zonas de selva, se talan y eliminan los árboles y se prenden fuegos (a menudo reiteradamente en la misma zona), para luego plantar hierba y después introducir ganado.

La apertura de nuevas carreteras y la aparición de campamentos en la selva protegida son algunas de las señales de advertencia de que este proceso se ha iniciado. Amnistía Internacional documentó lo extendidas que están estas actividades en el territorio indígena de uru-eu-wau-wau, en Rondônia, gran parte del cual se superpone con el Parque Nacional de Pacaás Nuevos, donde un agente medioambiental federal dijo que habían aparecido más de 40km de nuevas carreteras desde 2017.

Otro indicador de que los ganaderos ilegales y los grileiros están intentando confiscar tierras es el vallado y la quema de grandes zonas de selva. Amnistía Internacional presenció y grabó imágenes con un dron de estas prácticas en el territorio indígena de los manoki, en Mato Grosso, el 23 de agosto de 2019.

Un líder manoki contó a Amnistía Internacional que esas prácticas formaban parte de los esfuerzos redoblados de los ganaderos de destruir selva protegida y convertir la tierra en pastos para ganado. Amnistía Internacional observó terrenos de pasto al menos en seis puntos diferentes del territorio manoki.

La organización analizó datos de sensor remoto sobre quemas e imágenes por satélite en los cinco puntos, y surgió un patrón común. En muchos casos, las imágenes por satélite captaban tierra ardiendo junto a zonas en las que se veía claramente a ganado deambulando libremente dentro de zonas protegidas. En algunos casos eran visibles probables caminos abiertos por el ganado que se movía a través de zonas quemadas recientemente.

Intimidación por parte de invasores armados

Los residentes indígenas y tradicionales de cuatro de cinco de las zonas protegidas contaron a Amnistía Internacional que estas nuevas invasiones habían venido acompañadas a menudo por violencia, amenazas e intimidación. En el quinto emplazamiento, en la reserva de Rio Jacy-Paraná, prácticamente todos los habitantes originales han sido desalojados de la reserva y tienen miedo de regresar porque ahora viven en sus tierras invasores armados dedicados a la cría de ganado.

Las agencias gubernamentales que tienen el mandato de proteger las reservas también han sido blanco de ataques. Un agente medioambiental cerca del territorio uru-eu-wau-wau dijo a Amnistía Internacional: “Estábamos rodeados por invasores. Treinta y dos hombres, la mayoría encapuchados, llegaron a pie por detrás de nosotros, con botellas de gasolina […] Hubo muchos gritos y amenazas, nos llamaban ‘matones’”. El tenso enfrentamiento duró más de una hora antes de que los atacantes se fueran, pero varias semanas después empezaron a enviar a los agentes medioambientales mensajes de audio con amenazas de violencia.

En algunos casos, incluido el del territorio indígena uru-eu-wau-wau, la amenaza de violencia armada contra pueblos indígenas y trabajadores de protección medioambiental ha sido tan grave que han tenido que intervenir las fuerzas armadas y la policía federal.

Permitir la explotación ganadera ilegal

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional reveló que no sólo el gobierno de Bolsonaro ha cortado la financiación a las agencias de protección medioambiental e indígena y las ha socavado de otras maneras, sino que algunas agencias estatales están permitiendo de hecho la explotación ganadera en zonas protegidas.

Las leyes estatales disponen que las agencias de control de salud animal deben visitar e incluir en registro las explotaciones y hacer un seguimiento de los movimientos de ganado.

Amnistía Internacional presentó peticiones a las autoridades estatales de Rondônia y Mato Grosso, en virtud de la legislación relativa a la libertad de información, para poder acceder a los datos sobre el número de cabezas de ganado que pastan en zonas protegidas, y sobre el movimiento de ganado. La agencia de control de salud animal de Rondônia respondió con datos incompletos. A pesar de haber recibido cinco peticiones diferentes en virtud de la legislación relativa a la libertad de información, las autoridades de Mato Grosso se negaron a facilitar absolutamente ningún dato. Los datos que Amnistía Internacional obtuvo de Rondônia muestran que en noviembre de 2018 había más de 295.000 cabezas de ganado en territorios indígenas y zonas de protección medioambiental.

Este informe es parte de nuestra investigación en curso sobre las consecuencias que tienen sobre los derechos la explotación ganadera y la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña. Las empresas de este sector están avisadas: el escrutinio sobre la industria ganadera en Brasil se va a intensificar.
Richard Pearshouse

“La opinión pública tiene derecho a saber de las explotaciones ganaderas en zonas protegidas. Al fin y al cabo, se trata de una actividad delictiva. Las autoridades brasileñas deben difundir públicamente esta información y deben tomar medidas significativas para poner fin a la explotación ganadera ilegal en zonas protegidas”, ha manifestado Richard Pearshouse.

“Este informe es parte de nuestra investigación en curso sobre las consecuencias que tienen sobre los derechos la explotación ganadera y la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña. Las empresas de este sector están avisadas: el escrutinio sobre la industria ganadera en Brasil se va a intensificar.”

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/brazil-halt-illegal-cattle-farms-fuelling-amazon-rainforest-destruction/

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La petición del jefe de Amnistía Internacional a más de 30,000 escuelas en todo el mundo: ¡Dejen que los estudiantes manifiesten por el clima!

«Los niños no deben ser castigados por hablar sobre las grandes injusticias de nuestra época».

Europa/ReinoUnido/commondreams.org/

En una declaración personal enviada a decenas de miles de escuelas en todo el mundo el miércoles, el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, pidió a los educadores y administradores que permitan a los estudiantes unirse a las huelgas climáticas mundiales a finales de este mes.

«La emergencia climática es la cuestión definitoria de los derechos humanos para esta generación de niños». —Kumi Naidoo, Amnistía Internacional.

«Creo que la causa por la que estos niños están peleando es de una importancia tan histórica que hoy les escribo para pedirles que no impidan ni castiguen a sus alumnos a participar en los días mundiales de huelgas planeados para el 20 y 27 de septiembre, «escribió Naidoo, cuya carta ha sido enviada a funcionarios escolares en Canadá, Hungría, España, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

Inspirados por las huelgas escolares de los Viernes para el Futuro que se lanzaron el año pasado, por las cuales los estudiantes de todo el mundo han salido a las calles para exigir que los gobiernos sigan políticas climáticas más ambiciosas, los activistas de todas las edades han registrado miles de eventos en todo el mundo que coinciden con un próximo United Cumbre climática de las naciones en la ciudad de Nueva York. La semana de acción será anulada por las huelgas que Naidoo mencionó en su carta.

«La emergencia climática es la cuestión definitoria de los derechos humanos para esta generación de niños», escribió el líder del grupo de derechos humanos más grande del mundo. «Sus consecuencias darán forma a sus vidas en casi todas las formas imaginables. La incapacidad de la mayoría de los gobiernos para actuar ante la abrumadora evidencia científica es posiblemente la mayor violación intergeneracional de los derechos humanos en la historia».

«Al participar en estas protestas, los niños están ejerciendo sus derechos humanos a la libertad de expresión, reunión pacífica y tener voz en las decisiones y asuntos que afectan sus vidas», continuó. «Al hacerlo, nos están enseñando a todos una lección valiosa: la importancia de unirnos para hacer campaña por un futuro mejor».

Naidoo tiene una larga historia de campañas por cuestiones de justicia social. Se convirtió en jefe de Amnistía en diciembre de 2017, después de servir como director ejecutivo de la organización ambiental mundial Greenpeace International. En su carta a las escuelas, Naidoo recordó su experiencia al ser expulsado a los 15 años por organizar una protesta contra el apartheid en su escuela en Durban, Sudáfrica.

Este revés redobló mi compromiso con el aprendizaje y, afortunadamente, pude completar mis estudios y finalmente asumir el papel que tengo el honor de desempeñar hoy. Pero también tenía algo que los niños de esta generación no tienen: la posibilidad de imaginar un futuro que no se vea ensombrecido por la perspectiva de una emergencia climática.

Mi experiencia también informó mi firme creencia de que los niños no deberían ser castigados por hablar sobre las grandes injusticias de nuestra época. De hecho, cuando ha recaído en los jóvenes mostrar el liderazgo que muchos adultos que tienen grandes posiciones de poder no han logrado, no es el comportamiento de los jóvenes lo que debemos cuestionar. Es nuestro.

Naidoo regresó a su país de origen esta semana para asistir a Financing the Future , una cumbre histórica de desinversión en Ciudad del Cabo que comenzó el martes, que se produjo después de que la Asamblea Mundial de Amnistía votó el mes pasado para desinvertir en la industria de la energía sucia.

«Cada persona que enfrenta niveles más profundos de sequía, huracanes más fuertes o conflictos ha sido perjudicada por estas compañías de combustibles fósiles», dijo Naidoo ellunes. «Sus derechos a la salud, el agua, la alimentación, la vivienda e incluso la vida se han visto perjudicados, por eso Amnistía Internacional ha decidido deshacerse de las compañías de combustibles fósiles».

Al igual que las huelgas climáticas, el movimiento de desinversión global comenzó con los jóvenes. Un informe publicado el lunes por 350.org y DivestInvest que detalla los compromisos de desinversión en todo el mundo señalaron que «lo que comenzó como un llamado moral a la acción por parte de los estudiantes es ahora una respuesta financiera dominante al creciente riesgo climático para las carteras, las personas y el planeta».

Fuente: https://www.commondreams.org/news/2019/09/11/amnesty-international-chiefs-plea-30000-schools-worldwide-let-students-climate

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Entrevista a Koldo Casla. Autor del informe de Amnistía Internacional sobre acoso en España: “Hay un problema de falta de datos: no sabemos cuántos niños sufren acoso por su orientación sexual, identidad de género o etnicidad”

Entrevista/06 Junio 2019/Autor: Daniel Sánchez Caballero/Fuente: El diario la educación

Koldo Casla es el autor del informe de Amnistía Internacional que asegura que faltan datos, formación e información. Son necesarios programas de prevención entre iguales, así como reactivar el Observatorio Estatal de la Convivencia.

Por primera vez, Amnistía Internacional (AI) se ha metido en el siempre espinoso asunto del acoso escolar en España. Y lo ha hecho de la mano de Koldo Casla, investigador de la Universidad de Newcastle y autor del informe. Hacer la vista… ¡gorda!Casla explica en esta entrevista que España tiene un problema con los datos porque no hay estadísticas oficiales adecuadas, cree que es necesaria una formación obligatoria y de más contenido para profesores y maestros como primera línea de defensa contra el acoso y pide que se escuche a los chicos: los programas de mediación o ayudas entre iguales funcionan donde se han llevado a cabo, asegura, sería bueno implementarlos.

Como si quisiera subrayar el carácter práctico del informe y de su aproximación al tema, cada vez que durante la entrevista aparece nombrado el teléfono de atención puesto en marcha por el Ministerio, Casla repite el número como un mantra: 900 018 018. Ahí queda.

¿Cómo lo está haciendo España con el acoso?

Lo que trasladamos con el informe es que a pesar de que se habla mucho del acoso y hay políticas públicas en todas las comunidades es un problema en general invisibilizado: no sabemos cuántos chicos y chicas están sufriendo acoso escolar en España. Si miras los datos de las inspecciones educativas de algunas comunidades es un problema serio, pero esporádico, que afecta a un 0,02% o 0,03%. Sin embargo, si miramos datos de los defensores del Pueblo o del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar hablaríamos del 4% o el 5%. Por cada caso de la inspección, hay 200 casos contabilizados por otros métodos. El salto es lo suficientemente grande como para que tengamos que mirar a las causas.

¿Cuáles son esas causas?

Consideramos en AI que hay cuatro áreas de preocupación en derechos humanos que contribuirían a reducir la brecha entre los datos de la inspección y los de los estudios cuantitativos más reconocidos. La primera cuestión es de rendición de cuentas. Existen protocolos en todas las comunidades y colegios, pero no siempre son conocidos y promovidos para su conocimiento entre padres y madres. Y los protocolos fallan, según hemos podido observar de las entrevistas, a la hora de identificar ese acoso más cotidiano, menos físico, menos visibles en los medios de comunicación. Las formas del bullying que son la manifestación del racismo, sexismo o clasismo de la sociedad. Esas formas están siendo totalmente invisibilizadas en este iceberg del acoso escolar. Solo vemos lo más serio, que aparece en los medios de comunicación.

También tienen que ver con la rendición de cuentas. El teléfono del Ministerio (900 018 018) la mayor parte de los casos que son identificados a través de este mecanismo no son reportados a la inspección educativa. La segunda es una cuestión de datos, de falta de datos. Además no están desglosados. No sabemos cuántos niños que sufren acoso lo sufren por su orientación sexual, por su identidad de género, estatus socioeconómico o por su etnicidad. Esa información no existe. Como mucho, la inspección suele consignar datos como la edad y el sexo, pero no se están documentando datos sobre perfiles de riesgo.

La tercera es una cuestión de formación. Los protocolos parten de la idea de que los profesores van a ser protagonistas en la identificación de este fenómenos por estar en primera línea. Pero luego no les proporcionan la formación necesaria y cuando lo hacen no siempre es obligatoria, en horario laboral y no siempre es relevante. Una de las denuncias que más escuchábamos de los profesores que acuden a estos cursos o, incluso de instructores en el máster de Secundaria, es que fallaban las herramientas necesarias para identificar en la práctica estos casos. Y no hay formación en perspectiva de género, multiculturalismo o nuevas tecnologías.

La cuarta es más propositiva, es una recomendación de buena práctica. Si uno escucha a los chicos se pueden aprender muchas cosas. Existen mecanismos para devolver el protagonismo en la educación a los chicos y chicas. Programas como la medicación y los de ayuda y apoyo entre iguales sirven, no para resolver casos pero sí para prevenirlos. Sería muy bueno que estos programas, que están dando muy buenos resultados, se implementen de manera progresiva y obligatoria en todos los centros de España.

¿Para qué sirve el teléfono entonces?

Los mecanismos que existen son buenos. Está bien que existan protocolos, que exista el teléfono. El año pasado se identificaron 5.500 casos como posibles de acoso escolar. Creemos que 5.500 es la punta del iceberg. Si de esos 5.500 casos el 96% no es reportado a la inspección educativa, ¿qué tipo de medidas se están adoptando para asegurar que tienen el seguimiento debido? Un mecanismo como el del teléfono del Ministerio es una buena práctica, pero debe reportar todos los casos a la inspección educativa. Sería muy bueno que exisiteran mecanismos complementarios a través de Telegram o redes sociales complementarias. Porque muy poquitas llamadas son realizadas por los chicos y chicas, y creemos que tiene que ver con que un teléfono 900 es poco accesible para ellos.

Has mencionado la formación de profesores y maestros. ¿Cómo está la formación inicial? ¿Se aborda lo suficiente el tema en los planes de estudio?

Están contemplados en los planes de estudio temas que tienen que ver con la convivencia escolar y el acoso, tanto en los másteres de Secundaria como en la formación de los maestros. Y lo celebramos. Pero en la práctica, según hemos sabido por profesores que han pasado por esos cursos, incluso formadores, los contenidos dejan que desear en la parte más práctica. En concreto con contenidos relacionados con esos factores que están por debajo y que tienen que ver con el clasismo, el sexismo, el racismo que están detrás de las razones por las que los niños realizan y sufren acoso escolar. Porque el acoso no es una cosa de niños. Es una cosa de mayores, como son cosas de mayores el racismo, el sexismo y el clasismo, que se manifiesta en las aulas. Faltan herramientas para ser capaces de identificar y celebrar la diversidad en las aulas.

¿Tendemos a minimizar los casos que tienen menos consecuencias visibles físicamente, un acoso más psicológico, por ejemplo?

Muchas veces es una cuestión de prueba. Cuando hay una herida, un suicidio, unas lesiones, la prueba es evidente. Pero el protocolo y la definición del acoso escolar (“una forma de agresión deliberada y sostenida en el tiempo, que puede tener carácter físico, relacional o psicológico”) lo reconoce así. Pero si luego no hay la formación suficiente para identificar esas otras formas de acoso y las secuelas que tiene, algo está fallando en el sistema. Pero no creo que sea una cuestión solo de formación. Creo que tiene también que ver con el hecho de que partimos de la idea de que la tasa normal de acoso escolar debería ser cero. De que lo normal es que haya una tasa cero. Pero yo creo que lo raro es que sea cero. Lo normal es que haya acoso. Como decían algunos profesores: “Si el director dice que no hay acoso en su centro, os está engañando o se está engañando a sí mismo”. Es necesario normalizar que esto es un fenómeno que está sucediendo para no taparse los ojos y tomar las medidas necesarias. Desconfíemos de los centros que reportan que no tienen acoso.

Interesante afirmación. Uno diría que los centros sí tienden a pensar que están en acoso cero.

Lo deseable es que no lo haya, pero lo normal es que lo haya. Se puede hacer un paralelismo con la violencia de género. Imaginemos que hay una consejería que dijera que hubo cero casos de violencia de género en su comunidad el año pasado. Todos nos escandalizaríamos porque algo estaría fallando en sus estadísticas. ¿Por qué con el acoso creemos, fingimos, que la tasa es cero?

¿Ponemos mucha presión en los profesores como primeros encargados de tener que detectar esto?

Es posible. Nuestro foco de atención no son los profesores, es la Administración. El punto de partida de AI es que esto es una cuestión de derechos humanos. Todos los niños tienen derecho a recibir educación en libertad y seguridad. Es responsabildiad de los poderes públicos asegurarse de que no vayan con miedo a clase. En el curso de esta investigación hemos conocido un montón de profesores maravillosos, inspiradores y muy concienciados. Pero no debería depender de la bondad de una persona u otra. Si es una cuestión de derechos humanos, los poderes públicos deben tomar medidas.

¿Cómo vamos de normativa en España?

La normativa no es el principal problema. Tenemos principios generales en la Constitución y en las leyes orgánicas de Educación que imponen una serie de obligaciones en los centros públicos y los poderes públicos. No es tanto una cuestión de normativa como de políticas públicas, aplicación de los protocolos, sensibilidad, funcionamiento de administraciones como el teléfono del Ministerio, de funcionamiento de las inspecciones educativas, de implementación progresiva de las medidas de apoyo entre iguales. Implementar los programas de ayudas entre iguales no requiere un cambio de ley: requiere una voluntad decidida de las consejerías de Educación.

¿Cómo de importante es que el Observatorio no se reúna desde 2011?

Es un escándalo y es una infracción de la ley, que dice que debe reunirse cada seis meses. Además, es una ocasión perdida. El Observatorio podría desempeñar un papel fundamental identificando casos y factores de riesgo. Esa falta de datos fiables sobre cuántos niños están sufriendo acoso escolar lo podría resolver el Observatorio con estudios rigurosos en las comundiades autónomas. En cierto modo contribuyó mucho con su estudio de 2010, aunque se basaba en extrapolaciones estadísticas. Necesitamos un análisis más sofisticado, y aquí el Observatorio tiene un papel central que jugar.

Se ven casos en los que la familia afectada lamenta que el colegio no se tomó un caso de acoso en serio. ¿A qué suele deberse?

Creo que tiene que ver con algunas de las cosas que hemos hablado ya, como que la formación no es obligatoria y no siempre es relevante, con la ficción de que lo normal es que no haya acoso escolar, cuando es lo anormal y ahí es donde deberían saltar las alarmas. Pero si los profesores, inspección educativa, etc. siguen creyendo que cero es el número mágico que buscar o mantener, seguiremos siendo incapaces de ser valientes y tomar las medidas necesarias e identificar esos casos de acoso no físico. Porque el físico es innegable, pero si es psicológico o relacional o tiene que ver con manifestaciones de racismo o machismo que vemos a diario en la sociedad y se manifiesta en el aula, los profesores a veces no tienen las herramientas necesarias para identificarlo. Tiene que ver con esto y también con las buenas prácticas que hablábamos antes. Si hay programas de apoyo entre iguales o de medicación, ayudan a identificar casos que podrían saltar en un meses.

¿Existe un perfil de víctima del acoso escolar?

No. Este es otro de los mensajes clave. No hay un perfil definido. Una de las recomendaciones de una madre de una persona que sufrió acoso escolar es que sería muy bueno que todos los padres aceptaran que sus hijos pueden ser víctimas de acoso del mismo modo que pueden ser agresores. Sería muy sano aceptar esta posibilidad, igual que lo sería también, decían muchos padres de víctimas, que les gustaría haber recibido una llamada de apoyo de otros padres para mostrar solidaridad, empatía. No hay un perfil definido, pero sí determinados colectivos que lo pueden sufrir de manera especial. El tipo de acoso que se puede ejercer sobre una persona que pertenece a una minoría sexual es distinto que el que puede sufrir una persona por su estatus socioeconómico, por ejemplo. Pero, por lo demás, no podemos afirmar que haya un grupo más victimizado que otro.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/06/hay-un-problema-de-falta-de-datos-no-sabemos-cuantos-ninos-sufren-acoso-por-su-orientacion-sexual-identidad-de-genero-o-etnicidad/

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Acoso, cooperación genuina, NICARAGUA

Amnistía Internacional denuncia que los casos de acoso escolar no llegan a la Inspección educativa

Europa/España/06 Junio 2019/Fuente: El diario la educación 

El Ministerio asegura que con el nuevo protocolo de atención telefónica todas las llamadas son atendidas por los servicios correspondientes, y que no siempre han de acabar en Inspección educativa.

Las administraciones educativas no están recogiendo información, o no suficiente, de los casos de acoso escolar que se producen. Ni las autonómicas ni la del Gobierno central. Esta es una de las primeras conclusiones del informe que ha presentado esta mañana Amnistía Internacional, bajo el título Hacer la vista… ¡gorda! El acoso escolar en España.

El organismo que, desde el Ministerio de Educación, debería hacer esta recogida de información, además de la redacción de informes y estudios, es el Observatorio de la convivencia, que no se reúne desde 2011. Con la llegada del ministro Wert, a primeros de 2012, así como durante el mandato de Íñigo Méndez de Vigo después, el observatorio no volvió a convocarse, aunque sí redujo el número de sus componentes. En el último Ministerio, en manos de Isabel Celaá durante 10 meses, tampoco llegó a formalizarse reunión alguna.

Las comunidades autónomas, por su parte, en muchos casos tienen sus propias instituciones, pero los datos no acaban de llegar a la luz pública.

En el marco del Plan Estratégico de convivencia, puesto en marcha por Méndez de Vigo y con una duración desde 2016 y hasta 2020, entre las medidas más sonadas para combatir y bajar las cifras de acoso escolar se encontraba el teléfono de atención gratuito.

La ONG denuncia que los datos públicos que se lanzaron, obtenidos por la anterior prestataria del servicio de atención, muy pocos de los casos que se identificaron como de acoso escolar llegaron a las mesas de la inspección. Según los atos oficiales, menos de la mitad de las llamadas recibidas por el teléfono se consideraron casos de acoso. De ellas, menos de 300 fueron comunicadas a la inspección educativa correspondiente de cada comunidad autónoma.

Según explica Diana Díaz, actual directora del teléfono de atención gestionado por la Fundación Anar, dentro del procolo que maneja la organización (diferente al del anterior equipo), no todas las llamadas son derivadas a los servicios de inspección. Algunas son derivadas a otros recursos, en función siempre del caso. El equipo de profesionales de la psicología que atiende el teléfono las 24 horas, está apoyado en esta toma de decisiones por sendos equipos de abogados y de trabajadores sociales.

Para Koldo Casla, autor del informe, todos deberían acabar en conocimiento de la inspección educativa. Si un caso llega al conocimiento del centro educativo, ya sea su dirección o los servicios de orientación, estos deben ponerlo en conocimiento de la Inspección.

En el informe que se publicara hace algunos meses con los datos el teléfono referidos a 2017, se indica en el protocolo general de atención, se indica que: «En todos los casos en los que se genera expediente, se comunicará este a la Inspección educativa de las CCAA o del Estado, según corresponda».

Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, explicaba esta tarde que el protocolo, ahora, es diferentes al anterior. Las derivaciones a la inspección educativa no son todas aquellas que puedan ser casos de acoso. Ahora es Fundación ANAR, según fuentes del Ministerio de Educación, quien tiene la potestad de derivar a inspección educativa. Aunque el protocolo no es público. «Los datos puestos sobre la mesa (por Amnistía) corresponden a una etapa anterior, a un equipo y sistema anteriores», explica Tiana. Quien ha defendido la actuación de Fundación ANAR.

Pero la divergencia causada por la poca incidencia de los casos en la inspección, frente a las estimaciones (porque no hay datos, en realidad, de estudios cuantitativos sobre acoso escolar) es la que hace saltar las alarmas de Amnistía Internacional en su momento, explica Koldo.

Mientras que desde algunas administraciones autonómicas (las pocas que recogen las cifras y las hacen públicas) se habla de una incidencia de los casos de acoso de entre el 0,03 o 0,02%, las estimaciones de organismos como el Defensor del Pueblo, la Organizzación Mundial de la Salud o el Observatorio Estatal de la Convivencia, hablan de entre el 4 y el 6 u 8% del alumnado en situaciones de acoso.

El objetivo de la ONG es que se siga el protocolo que dice que cualquier caso debe llegar a inspección y evitar ese famoso «son cosas de niños». El problema, segúnlas palabras de Alejandro Tiana, es que el protocolo actual no es el mismo al que se refiere Amnistía Internacional. Lo explica dado las cifras de llamadas del mes de abril. 1.603 en todal. De ellas, 322 han sido catalogadas como casos de acoso escolar. «El 100% fueron atendidos debidamente por servicios sociales, de salud, entidades protectoras de la infancia, por los centros educativos, por la inspección…».

Además de la falta de información, otras de las posibles causas para esta distancia es que se estén contando solo los casos de acoso que acaban con violencia, con lesiones, intentos o ideaciones autolítivas, por ejemplo, mientras que situaciones de menor intensidad, relacionadas con el sexismos, el machismo o el racismo, con insultos o exclusión social dentro del centro, quedan fuera de la mirada de las personas que han de atenderlos.

Para Koldo uno de los problemas en este sentido es el hecho de que las personas adultas no vean, literalmente, como un problema el que se desarrollen conductas sexistas, machistas o racistas. Es algo que de alguna manera se acepta en la sociedad, más allá de la escuela y que, claro, repercute en la mirada que se hace de los conflictos que se desarrollan en los centros educativos.»Es necesario que se reconozcan estas formas de acoso cotidiano», explica.

«Hay casos de acosos en los que todo el mundo está concienciado sobre la toma de medidas», explica el autor del informe. «Los casos más graves, con vídeos, autolesiones…». Pero, dice, «hay miles de casos escondicos, de sexismo, de racismo… que tapamos para no verlos».

Poner en marcha el Observatorio Estatal es una de las primeras que Amnistía le reclama al Ministerio de Educación. También la apuesta por hacer estudios cuantitativos y cualitativos, en los que se recojan datos como las causas del acoso (homofobia, cuestión de género, racismo…), así como las cifras de incidencia real.

Para que estas cifras se acercaran más a la realidad, eso sí, habría que incidir, insiste la ONG, en modificar la formación del profesorado. Tanto la inicial, haciendo hincapié en el máster de secundaria, pero también en la permanente, asegurando que todo el profesorado está familiarizado con el acosos y sus formas y consecuencias, así como en la detección de posibles casos.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/05/amnistia-internacional-denuncia-que-los-casos-de-acoso-escolar-no-llegan-a-la-inspeccion-educativa/

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Informe de «derechos humanos» de EE.UU. recibe amplio rechazo

Redacción:  Telesur

El informe anual del Departamento de Estado sobre la situación global de Derechos Humanos fue objeto de fuertes críticas por parte de Gobiernos y organizaciones del mundo.

El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) sobre la situación global de Derechos Humanos (DD.HH.) publicado el pasado miércoles, recibió amplio rechazo de Gobiernos y organizaciones del mundo.

El documento presentado por el secretario de Estado, Michael Pompeo, fue objeto de fuertes críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch (HRW por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional (AI), y fue rechazado con sendos pronunciamientos de los Gobiernos de China, Irán, Palestina y Cuba.

China urge a EE.UU. a atender DD.HH. en su país

El Gobierno de China rechazó el documento estadounidense y publicó este jueves su propio informe sobre la situación de Derechos Humanos en EE.UU. durante el año 2018.

El escrito publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado, indica que Washington autonombrado «defensor de los derechos humanos», aún mantiene un «registro deficiente y deslucido» en diferentes áreas y menciona graves infracciones de los derechos civiles, una creciente tasa de desigualdad de ingresos, el empeoramiento de la discriminación racial y la vulnerabilidad de menores de edad, mujeres e inmigrantes, entre otras.

En este sentido, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lu Kang, sugirió al Ejecutivo estadounidense que “reflexione mejor sobre sus propios asuntos en lo que respecta a los derechos humanos y trate primero sus propios problemas”.

«EE.UU. es el mayor violador de DD.HH. de los iraníes»

El Gobierno de Irán también fustigó el informe de EE.UU. al calificarlo como “falso y políticamente motivado”, al tiempo que denunció que con la imposición de sanciones económicas ilegales y unilaterales, EE.UU. se constituye en “el mayor violador de los derechos humanos” de los iraníes.

“Los casos mencionados en este informe con respecto a la situación de los derechos humanos en nuestro país son meramente basados ​​en análisis políticos, sesgados y falsos de ciertos hechos dentro de Irán, sobre los cuales Estados Unidos no puede comentar debido a su indefendible y negro historial de derechos humanos”, aseveró este jueves el portavoz de la Cancillería persa, Bahram Qasemi.

«EE.UU. busca encubrir violaciones israelíes de DD.HH.»

Así lo denunció el Gobierno de Palestina al remarcar que el informe de Washington refiere por primera vez a los Altos del Golán sirios como “territorio controlado por Israel”, y ya no como un “territorio ocupado”.

“La administración de Donald Trump está dirigiendo todas las ramas del Gobierno hacia el encubrimiento de la ocupación israelí y sus violaciones generalizadas de los derechos humanos”, alertó Hanan Ashrawi, dirigente del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

«EE.UU. es un represor global»

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, también respondió a la publicación del documento y descalificó al Gobierno estadounidense que «carece de autoridad en materia de derechos humanos».

«Es un represor global. Discrimina a las minorías, hace más pobres a los pobres, priva a millones de ciudadanos al voto, viola los derechos humanos de los migrantes y abundan casos de abuso sexual a menores en custodia de las autoridades”, remarcó el funcionario.

Asimismo, Rodríguez destacó que la Casa Blanca utiliza la bandera de los DD.HH. para profundizar su injerencia en los asuntos internos de otros países e intentar imponer cambios de Gobierno en las naciones que defienden su autodeterminación.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/informe-ddhh-eeuu-recibe-amplio-rechazo-20190314-0046.html

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