Los teléfonos móviles solo estarán permitidos para fines didácticos y pedagógicos y en casos «excepcionales» autorizados por los padres.
La Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha dictado una instrucción, remitida a todos los centros escolares de Andalucía, que regula del uso de los teléfonos móviles durante la jornada lectiva de los jóvenes andaluce. En la misma se contemplan medidas como la limitación durante la jornada escolar, salvo que se use con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos «debidamente justificados», así como la retirada de los dispositivos por el «incumplimiento» de las normas de convivencia.
Las intrucciones impulsadas por la Junta de Andalucía y anunciadas por su propio presidente Juanma Moreno, la semana pasada en el Debate de la Comunidad, son de obligado cumplimiento desde este martes 5 de diciembre y han sido enviadas ya a los centros educativos y asociaciones de directores.
Andalucía se suma de este modo a otras comunidades que ya regulan el uso del terminal móvil en escolares, como Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla la Mancha.
Las limitaciones
Desde este martes se limita el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, entendida esta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, que incluye el tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos «debidamente justificados». Desde la consejería de Educación de la Junta de Andalucía se advierte de que hay que tener en cuenta la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas en este proceso de implantación.
La formación respalda la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre.
La parlamentaria de Por Andalucía por la provincia de Granada, Alejandra Durán, ha mostrado esta mañana su rechazo a la creación de la nueva Dirección General de Educación Concertada, que ha achacado a “las políticas de privatización educativa” de Moreno Bonilla, y ha trasladado el respaldo de su grupo parlamentario a la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre frente al Parlamento de Andalucía.
Así, Durán ha afeado que el pasado jueves, el mismo día que se registraba la entrega de más de 52.000 firmas en Cámara autonómica en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una bajada de ratios en los centros escolares andaluces, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) diera a conocer que el Gobierno de Moreno Bonilla financiará con dinero público una nueva Dirección General de Enseñanza Concertada.
“A tan solo un mes del inicio del curso escolar nos enteramos de que, lejos de atender las reivindicaciones que la comunidad educativa, la intención de Moreno Bonilla es dar continuidad a su plan de privatización de la educación pública financiando con dinero público y fondos europeos una Dirección General dedicada a impulsar y fortalecer los espacios de educación privada en Andalucía”, ha criticado la parlamentaria.
En este sentido, Durán ha señalado que “este tipo de acciones, unidas a que durante la última legislatura se cerraron en Andalucía más de 1100 aulas públicas mientras se favorecía a la concertada con importantes cantidades de dinero público, han provocado la “alarma” de la comunidad educativa y de su propia formación ante lo que consideran “el inicio de un cambio en el modelo educativo andaluz que pretende dejar escorados en segundo plano a los centros públicos”.
“El Partido Popular no puede usar la institución para crear un espacio de fortalecimiento de la educación privada cuando la escuela pública tiene carencias tan básicas como las elevadas ratios, la falta de personal educativo, PTIS y orientadores o la climatización de las aulas, que están mermando significativamente la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos”, ha zanjado.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/18/08/2022/por-andalucia-rechaza-la-creacion-de-la-nueva-direccion-general-de-educacion-concertada-que-achaca-a-las-politicas-de-privatizacion-educativa-de-moreno-bonilla/
En 2020, en un tramo de 8 meses, han fallecido en el estado español 421 trabajadores.Desafortunadamente, el conteo no se ha detenido en esa cifra, de hecho, mientras escribo estas líneas, un trabajador de la construcción ha fallecido en un nuevo accidente ocurrido en Cantabria.
Hablamos de personas con nombre y apellidos que pasan a engrosar una terrible lista que no deja nada a la casualidad. Una dura realidad estructural relegada a páginas de sucesos en los medios locales donde pasa al olvido en cuestión de días. Hablamos de víctimas de un sistema precario puesto en duda por los sindicatos, quienes claman por soluciones.
Los datos.
Las cifras son inhumanas ypor ello no ayudan a ver la magnitud de un problema presente en nuestro día a día, pero quizás logremos percibir un marco mayor de un problema que atañe a la clase trabajadora de nuestro Estado.
Estos son todos los accidentes (graves, leves, mortales, en jornada e initinere) que, como recoge el Ministerio, ocurrieron durante los primeros 8 meses del 2020 a lo largo del Estado Español. Unas cantidades abrumadoras, pero que podrían ser incluso mayores. Desde Comisiones Obreras nos explican que la siniestralidad que tiene lugar en la economía sumergida no está recogida por estas estadísticas que, además, presentan “deficiencias” a la hora de clasificar los accidentes de trabajo graves los cuales se notifican como leves.
En el caso de las muertes durante la jornada laboral, CC. OO. advierte que es más difícil que estas se le escapen al sistema al tener más “mecanismos de control” como la presencia “policial y judicial para el levantamiento del cadáver”.
Tras observar los dos primeros mapas, llama la atención como muchos de los accidentes se concentran Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. La situación en Andalucía preocupa especialmente, para el Sindicato Andaluz de Trabajadores hay “sectores esenciales predominantes como el campo donde no solo no ha disminuido la carga de trabajo, sino que incluso ha podido aumentar” lo cual ha supuesto “más accidentes laborales también porque se trabaja todavía en peores condiciones”. El SAT también denuncia el bajo número de inspecciones que les da “manga ancha a los empresarios”.
Como manejar datos absolutos puede dar lugar a engaño, acudimos a la incidencia mensual, en este ámbito podemos acudir a unos números comparables entre comunidades autónomas. Desde CC. OO. nos advierten de lo complicado que puede ser comparar datos en periodos tan cortos de tiempo. Castilla-La Mancha es la Comunidad con más incidencia de accidentes mortales con tantos trabajadores por cada 100.000 muertos.
El sector de la construcción es el que sale peor parado con una incidencia mensual de 570 trabajadores accidentados por cada 100.000 profesionales. Le sigue muy de cerca el sector agrario con una incidencia de 440 trabajadores. El sector servicios, pese a ser el predominante tiene la incidencia mensual más baja.
Aun así, conviene destacar que hablamos de un sector, el sector servicios, con cargas de trabajo aparentemente menos físicas que en otros trabajos, pero con enfermedades derivadas del trabajo que no entran en ninguna estadística. Este es el caso de sectores como el de las Kellys (camareras de piso), quienes reivindican que las dificultades que tiene que tener una trabajadora para que se le reconozca la baja. En ocasiones las mutuas mandan a las trabajadoras su médico de cabecera quien les manda de vuelta a la mutua. “Una trabajadora tiene que estar rota, es decir brazos, hombros, pierna, o tobillo rotos, sino es así la mutua no se hace cargo porque según ellos es una enfermedad común” nos dicen desde el sindicato de limpiadoras.
De todas formas, este es otro tipo de denuncia por parte de CC. OO. y es que hay enfermedades “de origen profesional” que no están recogidas siendo invisibles a ojos de estos registros estadísticos, pero no para sus trabajadores.
Según explica Comisiones hay un fenómeno de «subregistro» causado por la existencia de largos periodos de tiempo entre “las exposiciones y el diagnóstico de la patología” acuciado sobre todo “porque quien debe comunicar la enfermedad profesional y quien debe hacerse cargo de las prestaciones son las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”.
La ausencia del Covid.
Pese al enorme impacto que la pandemia ha supuesto en nuestras vidas, las cifras de accidentes han ido parejas a las de otros años, pese a que como bien nos explican en CC. OO. los accidentes in itinere hayan descendido. Y es que la carga de trabajo no ha disminuido, todo lo contario, en algunos casos ha aumentado y las condiciones de trabajo han empeorado, lo cual ha vulnerado los niveles de salud y seguridad.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, unas 15 personas fallecieron a causa del COVID. Aunque como contingencia solo ha afectado. Es muy probable que el año que vienen “afloren” cifras mayores, según nos indican desde CC. OO. aunque será “difícil vincular la enfermedad con otros trabajos” a pesar de su exposición al virus.
En definitiva, hay una fuerte correlación entre las condiciones del trabajo y los niveles de salud y seguridad. La precariedad, definitivamente, determina las relaciones laborales.
Comisiones Obreras, entre otros sindicatos, pide una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que «esta se adapte a la nueva realidad laboral» pero también creen que se debería «actuar de manera enérgica sobre las condiciones de trabajo y eso solo pasa por la derogación de las reformas laborales que se pusieron en marcha en los últimos tiempos y que sirvieron para desequilibrar las relaciones laborales a favor de las empresas».
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/la-sangria-silenciosa-los-accidentes-laborales-en-espana/
El incoherente Gobierno de la Junta de Andalucía se enorgullece, de cara a la galería, de la buena labor de las y los profesionales del 112, mientras nos oprime, subyuga y niega el reconocimiento profesional y la condición de trabajadoras/es públicos, dejándonos en manos de Ferrovial, para que esta empresa del IBEX35 siga incrementando sus millonarias cuentas de resultados con dinero de los impuestos de toda la ciudadanía andaluza, a costa de maltratarnos como profesionales de las emergencias.
Un servicio esencial en manos de una empresa privada, cuyo objetivo es hacer caja con las desgracias humanas, un servicio imprescindible para la ciudadanía que tiene a su plantilla bajo el convenio explotador de telemarketing, que Ferrovial ni siquiera respeta, esa es la realidad de las personas que atendemos el 112 en Andalucía.
El Sr. Bendodo, los miembros de su Consejería y de la Dirección General de emergencias y protección Civil son los verdaderos instigadores de unas condiciones laborales irrespetuosas con la labor que se realiza en el 112 y cómplices absolutos de la situación de desamparo de quienes dedican su vida a hacer mejor la de otros y poner los medios para salvarlos, todo ello de la mano de Ferrovial, que aún a pesar de no haber debido ser dejada participar en la licitación, ante sus múltiples condenas por violar derechos fundamentales de sus trabajadores/as, ha sido adjudicataria del servicio para los próximos dos años, mientras el gobierno del PP y sus socios, echa en saco roto sus propuestas y votaciones de mociones en el Parlamento andaluz, cuando eran oposición, para rescatar este servicio de las garras de empresas buitre como la mencionada.
La profesionalidad de quienes gestionan las emergencias es la mejor carta de presentación de la plantilla, aunque esta no sea reconocida por la administración andaluza y no se exija a Ferrovial que sus empleados/as estén acreditados/as profesionalmente para estas tareas, ni se reconozca social y laboralmente a quienes si lo están.
Ayudar a los demás y hacerlo a pesar de las inclementes condiciones, son el día a día de quienes nada tienen que celebrar y mucho tienen que seguir reclamando a la administración en este día europeo del 112, para que se dignifiquen las condiciones sociolaborales de las plantillas y se eliminen las empresas subcontratistas de los servicios de emergencias en Andalucía.
En el día europeo del 112, CGT sigue reclamando dignidad, justicia y empleo público.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/02/11/la-plantilla-del-112-andalucia-nada-tiene-que-celebrar-en-el-dia-europeo-del-112-de-2020
Europa/España/29-09-2019/Autor y Fuente: Tercera Información
El portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, acompaña al AMPA del CEIP Francisco García Amo de Nueva Carteya en una concentración frente a la delegación de Educación de Córdoba.
El portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha denunciado la «privatización encubierta» del sistema educativo que está llevando a cabo el Gobierno andaluz. En este sentido, ha apuntado al «trasvase de fondos de la educación pública a la privada» y ha reclamado a la Junta que «rectifique y reponga las líneas públicas perdidas en los colegios públicos» para garantizar la calidad.
Durante la concentración de los madres y padres del AMPA del CEIP Francisco García Amo de Nuevas Carteya frente a la delegación de Educación de Córdoba por la elevada ratio de su centro, por encima de lo que establece la ley, Valero ha asegurado que «la política del Gobierno andaluz empeora el sistema educativo del cual se benefician las familias trabajadoras», por los que ejemplos de movilización como el de dicho AMPA son «una lección democrática para toda Andalucía, en lucha por algo tan importante como la educación pública de nuestras hijas e hijos».
Para Valero, concentraciones como la de hoy «ponen frente al espejo al Gobierno andaluz de PP y Cs, que está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer antes de entrar en el Gobierno de la Junta». En esta línea, ha asegurado que Adelante Andalucía estará «hombro con hombro con los padres y madres que defienden un sistema educativo público de calidad».
El portavoz de Adelante Andalucía ha señalado que «el entorno rural no puede estar al margen de las políticas públicas» y ha destacado que estas zonas se ven «especialmente afectadas» por estos recortes. En esta línea, Valero ha afirmado que «en aulas masificadas no se da una educación de calidad».
Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, ha recordado que se han perdido más de 400 líneas en toda Andalucía y ha subrayado la necesidad de «reclamar que se cumpla con la legalidad de la radio», ya que la situación en la que se encuentra el centro de Nueva Carteya es «la tónica general a lo largo y ancho de Andalucía», lo cual supone un «ataque a la calidad de la educación pública».
Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/09/27/adelante-denuncia-el-trasvase-de-fondos-de-la-educacion-publica-a-la-privada-y-reclama-a-la-junta-que-reponga-las-lineas-perdidas-para-garantizar-la
Europa / España / 30 de octubre de 2016 / Por: Aníbal Maza Zaragoza
El pasado día 26, la Consejería de Educación de Andalucía ha tenido que poner fin a la designación «a dedo» de las plazas docentes que se empleaban para cubrir servicios especiales.
La Consejería de Educación Andaluza ha dado órdenes de acabar con la designación «a dedo» de personal docente para cubrir servicios especiales. Unas plazas de trabajo, que hasta la fecha se repartían a discreción y por mediación de los delegados provinciales.
Adelaida de la Calle, dirigente de la Consejería, ha presentado en el Parlamento Andaluz la instrucción (14/2016 de 19 de octubre), donde compareció para “rendir cuentas” sobre la investigación interna, y las medidas sancionadoras, a raíz de la investigación interna abierta por el nombramiento irregular de la hija del inspector jefe de la Delegación de Educación de Sevilla. Conocida como Caso del Polígono Sur.
De la Calle confirmó que se ha destituido a dos jefes de servicios: Orientación Educativa y Recursos Humanos, y se les ha abierto un expediente disciplinario. Además dimitió el Jefe de la inspección, Alberto Moreno, cuya hija fue contratada de forma irregular para un puesto de docente en el Centro de Educación Permanente del Polígono Sur (Sevilla). Su hija obtuvo el puesto de libre designación a pesar de no ser trabajadora fija ni interina, ni reunía los requisitos para el puesto de trabajo que iba a desempeñar.
La Consejería de Educación, ha insistido siempre en que las irregularidades del Caso Polígono Sur constituyen un “nuevo caso aislado”. Recurriendo de esta forma al típico argumentario del Régimen para encubrir problemas de carácter sistémico. No obstante, estas medidas reconocen que el problema está en el elevado grado de discrecionalidad de estos puestos. La Consejería reconoció que desde 2006 se habían realizado al menos 14 nombramientos “a dedo” por parte del delegado provincial, para cuatro puestos de coordinación de programas educativos en el Polígono Sur.
La Consejería ha cedido a las demandas de trabajadores docentes, interinos y sindicatos (como CGT, USTEA y otros) que venían denunciando desde hace años fraudes en la colocación de personal docente en Andalucía. Éstos pedían que acabasen estas prácticas de designación directa y que esas plazas saliesen a concurso en convocatorias iguales a las que siguen los demás profesores interinos.
Estas prácticas, constituyen una parte integrante del ataque contra la Educación pública y el profesorado, pues más allá de los beneficios de carácter personal, el “enchufismo”, la creación de redes clientelares de determinados cargos, lo que consiguen es llevar a cabo una depuración de profesorado por goteo. Así se dan puestos a los clientes o aquellos con un perfil “dócil” frente a los huelguistas, críticos y todo profesor que luche por defender la educación pública.
Además, prácticas similares están siendo intentando ser institucionalizadas en comunidades como Catalunya en 2013, donde se propuso un decreto para que el director elija “a dedo” hasta el 50% de la plantilla, sin respetar los principios de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Con lo que la diferencias entre Comunidades residen en el grado de centralización e institucionalización de los ataques no en “casos concretos de corrupción”.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se vienen sucediendo las luchas contra la precarización de la Educación desde hace años, la CGT denunció que se ha despedido a 1.297 profesores interinos en esta comunidad (el sector más precario dentro de la educación, que trabaja para vacantes cada vez más reducidas en tiempo, en duración de la jornada y sometido a continuos cambios de destino).
El pasado mes de Julio se llevaron a cabo movilizaciones por parte del personal docente contra los recortes, la reducción de plantillas y las irregularidades en la distribución de las plazas docentes.
La reciente huelga de estudiantes (que ha contado con un seguimiento del 85% en Sevilla según el Sindicato de Estudiantes) sumada al encierro de profesores interinos en el Ayuntamiento de Sevilla el pasado día 25, expulsados del Ayuntamiento el mismo día 26 por un desproporcionado dispositivo policial mientras se sucedía la huelga estudiantil en las calles.
Sin duda, la posible confluencia de estas luchas de trabajadores y estudiantes ha conseguido hacer retroceder las ofensivas de la Consejería poniendo fin a estas “purgas interesadas de profesorado” por el momento.
No obstante, este retroceso momentáneo de los ataques autoridades educativas andaluzas debe ser tomado con la misma cautela que las declaraciones de Mariano Rajoy acerca de suspender parcialmente la reválida y otras partes de la LOMCE. Probablemente no se trate más que de “fuegos de artificio” con los que tratan de ganar tiempo para buscar una correlación de fuerzas más favorable que les permita proseguir con sus ataques al sector educativo.
Lo que si podemos tener por cierto es que la confluencia de las luchas obrero-estudiantiles es el camino para detener la ofensiva contra la Educación y las servicios públicos, y en un futuro lograr una correlación de fuerzas favorable a los intereses de la los trabajadores y las clases populares. Intereses que van mucho más allá de hacer caer algunas “manzanas podridas del árbol” o del mero mantenimiento del “Estado del malestar” que teníamos antes de la crisis.
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