En México se cuenta con dos mecanismos oficialmente reconocidos para dar evidencia de la calidad de los programas académicos de nivel licenciatura. El primero es la evaluación de programas a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el segundo la acreditación de programas a cargo de organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
La evaluación que, en ambos casos, se realiza es similar. Se basa en indicadores de desempeño, incluye visitas in situ de evaluadores, así como entrevistas y otras formas de registro y sistematización de información. Tanto la evaluación de pares como la acreditación son reconocimientos por tiempo limitado, aunque renovables. La vigencia de las evaluaciones CIEES es de cinco años en caso de obtener dictamen de Nivel 1a, o de tres años en caso de obtener dictamen de Nivel 1b. La acreditación tiene una vigencia de cinco años.
Evaluación CIEES
Los CIEES se conforman por nueve comités (siete de programas académicos y dos de funciones institucionales), se coordinan a través del organismo del mismo nombre, y su función principal es evaluar y dictaminar sobre la calidad de los programas y funciones evaluadas. El organismo es una Asociación Civil, en cuyo órgano de gobierno (Asamblea General de Asociados) participan la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y un representante de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).
Cada comité está integrado por diez académicos de reconocido prestigio y experiencia en su campo provenientes de las diversas instituciones de educación superior del país. Cada comité es presidido por un Vocal Ejecutivo. El organismo está dirigido por un Coordinador General nombrado por la Asamblea General de Asociados de los CIEES.
La evaluación de programas genera un informe que comunica a la institución sus áreas mejora. A través del mismo la institución puede saber cuáles son los aspectos más importantes que corregir para tener un mejor programa educativo. Son evaluables aquellos programas que cuentan con egresados con al menos seis meses de antigüedad. En los CIEES se realizan dos grandes tipos de evaluaciones: diagnóstica y de seguimiento. La diagnóstica es para programas que no han sido previamente evaluados por CIEES y la de seguimiento es cualquier evaluación posterior a la primera.
Acreditación COPAES
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) es una asociación civil que actúa como la única instancia autorizada por el Gobierno Federal (SEP), para conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos del tipo superior que se imparten en México, en cualquiera de sus modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta). Participan en su Asamblea de Asociados: Subsecretaría de Educación Superior; Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior; Academia Mexicana de Ciencias; Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Instituto Mexicano de Contadores Públicos; Academia Nacional de Medicina de México; Academia de Ingeniería de México; Colegio de Ingenieros Civiles de México; Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México; y Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C.
El COPAES coordina la operación de treinta organismos acreditadores reconocidos (ocho de ciencias sociales, seis de ciencias de la salud, seis de ciencias, dos de tecnologías, y ocho de otras disciplinas). Cada organismo acreditador desarrolla y cuenta con criterios para la evaluación de calidad y pertinencia de los programas. No obstante, COPAES ha establecido un Marco General de Referencia del cual surgen los lineamientos técnico-metodológicos para realizar el proceso de acreditación. En él se establecen los documentos y pruebas necesarias (evidencias) para el proceso de acreditación, los atributos a evaluar a través de los indicadores y la definición de cada una de las etapas del proceso.
Es condición de un programa para ser evaluable, que cuente con al menos una generación de egresados, y que a partir de ello haya transcurrido al menos un año calendario. Las etapas del proceso de acreditación son: solicitud, autoevaluación, evaluación externa, dictamen y seguimiento para la mejora continua. Las acreditaciones se emiten por un periodo de cinco años y son renovables a través de una nueva evaluación.
Puesto que las evaluaciones CIEES y las acreditaciones COPAES son reconocidas como evidencia objetiva de la calidad de los programas de educación superior, la SEP ha definido como un indicador relevante de la planeación sectorial la proporción de estudiantes inscritos “en programas de buena calidad”. A inicios del sexenio fue propuesta la meta de alcanzar, en el 2018, un 72 por ciento de matrícula en esa condición a partir de una línea base de 61.7 por ciento en 2012. Los datos disponibles hacen evidente que esa meta no se logrará, sino al contrario, la proporción del indicador habrá disminuido al término del periodo gubernamental. Por dos razones, principalmente: el sistemático recorte al presupuesto del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones Educativas, y la vigencia de las evaluaciones y acreditaciones emitidas por los organismos competentes.
México / 25 de enero de 2018 / Autor: Gustavo Santín Nieto / Fuente: E-Consulta
Dependería de que quien ganara la presidencia de la república contara con mayoría calificada.
En los últimos días, funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y otros corifeos, alertan sobre una supuesta “cancelación de la reforma educativa” y de los daños que su anulación causaría en niñas, niños y adolescentes quienes refieren, tendrían “derecho a recibir una educación de calidad”. Las advertencias partirían lo mismo de Otto Granados, tercer encargado del despacho educativo de la administración en funciones, de Aurelio Nuño, Coordinador de la precampaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional, como de asociaciones privadas (ANUIES y Mexicanos Primero).
Pero, las alarmas que pretenden incidir en la opinión pública con el afán de conseguir votos a favor de su precandidato, se disparan a través de articulistas que lo mismo denuestan a quienes mantienen una opinión diferenciada a la que comparten con la burocracia educativa escondiendo fines comerciales al defenderla. Tan es así que ni siquiera la burla perdonan, cuando reconocen su vinculación a la reforma, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios profesionales, que les son otorgados para colaborar en procesos de capacitación del personal docente de educación obligatoria, justificándose en la máxima de que “lo que no se evalúa no se puede mejorar”.
Empero, otro tanto de interesados, maestras y maestros en servicio –primordialmente-, pero también investigadores del que-hacer educativo y actores políticos, cuestionan alianzas cupulares, fundamentos de los que partiera la reforma educativa peñista y los procedimientos adoptados para su instrumentación. Exigen su derogación y encuentran eco en un precandidato, quien en los discursos se pronuncia por cancelar a la “mal llamada reforma educativa que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza” y en terminar con la “humillación” a la que sometieron al magisterio y sustituirla por otra; que parta de acuerdos con madres y padres de familia “para hacer una verdadera reforma educativa y mejorar la educación en nuestro país”.
Así planteado, el dilema parecería presentarse en torno a la continuidad o la sustitución de una reforma educativa que quedó en el intento y cuyos únicos triunfos, parecerían concretarse en las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la adición de algunos parágrafos al Artículo 3, mediante los que diputados y diputadas, senadores y senadoras miembros de las bancadas de los partidos políticos suscriptores del Pacto por México, “aprobarían” la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto de Evaluación Educativa -ente que sustituye al Instituto Nacional de Evaluación-. Todas ellas emanadas de la oficina de la presidencia a cargo Nuño y de ahí partirían a la encarcelación de Elba Esther y a la “recuperación de la rectoría del estado en materia educativa”. El resto de rubros, parecería destinado -si bien le va-, a la concreción de una propuesta política que en el menor de los casos, tendría que realizar ajustes, redefinir el modelo y los objetivos a alcanzar, lo mismo que las metas, las estrategias, los plazos y las alianzas requeridas para lograrlo, contenidas las indispensables con quienes tendrían la obligación de instrumentarla.
A 5 años de su promulgación (23 de febrero de 2013) y de que la reforma educativa iniciara sin un acuerdo popular de nación que la República requiere y sin definir en consecuencia, el modelo educativo que para ello fuese pertinente lo mismo que la características a las que debiese responder el personal docente y en consecuencia, transformar planes y programas de estudio de las escuelas normales y los que rigen a la educación obligatoria, contar con la infraestructura escolar adecuada así como con los materiales educativos indispensables, incluidos los tan prometidos nuevos libros de texto gratuito.
Empero, adoptar una posición ante el enfrentamiento por lograr la cancelación o definir la continuidad de la reforma educativa, pasaría por revisar lo hecho y lo logrado por la administración de Peña Nieto.
En primer lugar, la recuperación de la rectoría en materia educativa que tanto ponderan, le costaría al erario casi 2 mil millones de pesos (1, 960 mdp) erogados por la SEP durante la administración de Nuño, cuya finalidad sería la de realizar el trabajo sucio para difundir las “bondades” de la reforma educativa, evidenciada por la revista nº 2 150 del semanario Proceso; plazas de administración (subdirecciones en las escuelas) y de supervisión escolar, entregadas al aparato sindical en diversas partes de la república, al margen de los establecido por la LGSPD; lo mismo que posiciones electorales, consecuencia de la alianza nacional PRI-PANAL, a costa de la oposición y radicalización de maestras y maestros de la CNTE y de la misma forma, en la entidades gobernadas por la oposición, encabezadas por líderes del SNTE.
En segundo término, sería necesario resaltar que la evaluación del desempeño, punta de lanza de la reforma educativa para garantizar “la idoneidad de los docentes”, se habría aplicado al término del 2017 a tan sólo 1 de cada seis de las maestras y maestros de educación obligatoria, cifra que permitiría calificarla como un fracaso. En tercer término, la garantía que, de acuerdo al Artículo 3, el Estado ejercería en favor de la calidad de la educación de “manera que los materiales y métodos educativos […] garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos”, continúa siendo una promesa que se cumpliría a partir de iniciado el ciclo escolar 2018-2019 y eso, está por verse. La infraestructura educativa habría mejorado, de acuerdo a cifras oficiales y a reserva de verificarlo, a tan sólo una de cada tres escuelas, generando una deuda pública que las entidades pagarán en los próximos 20 años, mediante una quita pactada al Fondo de Aportaciones Múltiples que le corresponde a cada Estado.
Sin embargo, y a pesar del corte de caja desfavorable, la cancelación de la reforma educativa institucional dependería de una nueva correlación de fuerzas que requeriría que quien ganara la Presidencia de la República, contase con una nueva mayoría calificada para hacerlo. Precisaría si, de cambios profundos que respondieran a un nuevo pacto social en el que participen maestras, maestros, madres, padres de familia, alumnos, alumnas y todos grupos de la sociedad civil interesados.
México / 2 de enero de 2018 / Autor: Pedro Flores Crespo / Fuente: Educación Futura
La política educativa será campo de constante pugna y debate el próximo año. 2018 marcará un tiempo netamente político por la coyuntura electoral. A pesar de que algunas voces ya anuncian catástrofes y tragedias, las próximas elecciones federales también abren, aparte del miedo y la incertidumbre, espacios para la crítica razonada, la participación política y la reflexión ciudadana. En este sentido, quisiera sugerir algunas áreas de discusión que nos señalan complejos problemas educativos y que, para tratar de resolverlos, es necesario llevarlos más allá del ambiente electorero que vamos a vivir.
Los maestros como individuos. Tan pronto iniciaron las precampañas, los distintos actores políticos empezaron a considerar a las maestras y maestros como una masa maleable a sus propios intereses. Principalmente, los candidatos nacidos bajo la matriz revolucionaria (José A. Meade y Andrés M. López Obrador) no negaron la cruz de su parroquia y rápido buscaron el apoyo de los líderes sindicales y sus partidos a cambio de los votos de los agremiados. De tal manera, Meade irá en coalición con Nueva Alianza y todo hace suponer que López Obrador ya tiene de su lado a la maestra Elba Esther Gordillo y familiares. La pregunta que aquí formulamos hace semanas es si aún en estos tiempos tanto el Panal como la desafortunada maestra aún aportan capital electoral significativo (Adiós al juego de máscaras, EF, 10/12/17).
Si la educación y el desarrollo docente realmente importan, ¿no sería mejor que alguna opción político-partidista reconociera a los maestros de una manera amplia y no simplemente como súbditos, clientes o actores que sólo actúan por puro interés, como lo dejó ver la reforma educativa actual? Si en tiempos electorales los maestros hacen sentir su voz para exigir que se les vea como seres humanos que saben trazar sus propias rutas de desarrollo académico y que pueden utilizar los resultados de las diversas evaluaciones en beneficio de ellos mismos y de la niñez mexicana, el debate educativo cambiaría de eje y mejoraría sustancialmente. La autonomía docente – que implica una responsabilidad individual – junto con tener una representación laboral sólida y legítima conforman una agenda que rebasa por mucho los dimes y diretes de algunos precandidatos y sus equipos de campaña.
Universidades y poder. Los modelos de financiamiento, gobierno y evaluación de las universidades públicas muestran, como lo han constatado diversos académicos, rasgos de franco agotamiento. Esto quizás explique los graves incumplimientos en materia de política universitaria que oportunamente comentó Roberto Rodríguez (¿Un sexenio perdido?, Campus, 01/11/17). A estas fallas, las ha cruzado una variable que hace 20 ó 30 años era poco observada: el conflicto entre los gobernadores y los rectores o rectoras de las universidades autónomas.
Por si esto fuera poco, la capacidad de interlocución entre el Gobierno Federal y las universidades, por la vía de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), parece disminuida e inclinada a favor del actor más poderoso. Ante la crisis financiera y los problemas “estructurales” que enfrentan algunas universidades públicas del país (Nayarit, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Zacatecas), Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, hizo eco del argumento oficial: el Gobierno Federal no las va a apoyar, es un problema, dijo, que tiene que “resolverse no solamente para coyunturas de cierre de año, sino que tiene que haber un replanteamiento fundamental en las universidades”. Valls prosiguió y dijo “ayudar” a las universidades “en las buenas prácticas de rendición de cuentas y transparencia, ya que muchas veces no se conoce la información de las universidades” (Reforma, 19/12/17 nota de Isabella González).
Sin dejar de reconocer la responsabilidad de los grupos directivos en el manejo administrativo de las universidades, la ANUIES, al tomar esta posición desdibuja su capacidad de interlocución, aun cuando gane simpatías con el gobierno en turno y sobretodo, con el precandidato oficialista, Mead, a quien Valls acompañó en su arranque de precampaña en Chiapas el pasado 14 de diciembre.
Ante esta problemática, no va a faltar el candidato que quiera “salvar” a las universidades públicas, sin embargo, el debate y la propuesta tendría que tomar otro giro para que seamos las comunidades universitarias los que discutamos qué responsabilidades compartimos, con qué reglas deseamos operar sin que esto signifique opacidad, cómo podemos construir nuevas coaliciones entre los diversos actores para negociar, en un terreno más abierto y transparente, el presupuesto público y sobre todo, cómo vamos a proceder para modificar la política universitaria imperante. Los universitarios no somos seres desconfiables y tampoco requerimos al “iluminado” para resolver nuestros problemas.
México / 30 de diciembre de 2017 / Autor: La Jornada / Fuente: Vanguardia
Las jubilaciones, las nóminas y prestaciones no reconocidas por los subsidios estatales y federales, y endeudamiento, son algunas de las causas de la crisis
Para solucionar la crisis financiera que enfrentan algunas universidades públicas en México, se requieren reformas estructurales, de acuerdo con el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda.
Universidades como la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca o la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo están en quiebra y no cuentan con recursos suficientes para cubrir los pagos de sus nóminas de fin de año y prestaciones como los aguinaldos de su personal.
Valls dijo este martes en un encuentro con periodistas que la crisis financiera de las universidades es “un problema estructural y que tiene que resolverse no solamente para coyunturas de cierre de año. Tiene que haber un replanteamiento fundamental en las universidades, hay algunas que han hecho reformas profundas a, por ejemplo sus sistemas de pensiones”.
Planteó que “no puede pasar todos los años lo mismo. El planteamiento de la ANUIES es una reforma estructural para resolver los problemas de origen y no tener estos problemas”.
Las jubilaciones, las nóminas y prestaciones no reconocidas por los subsidios estatales y federales, y endeudamiento, son algunas de las causas de la crisis.
La Asociación propone que haya cambios en las universidades con problemas financieros. Señaló que es necesario implementar y mejorar los esquemas de transparencia y rendición de cuentas para resolver en el largo plazo la situación de las universidades que se encuentran en quiebra.
Dijo que las soluciones deben ser “de responsabilidad compartida”, es decir, de las universidades con los gobiernos y con sus sindicatos y comunidades universitarias.
Valls Esponda dijo además que que el próximo año la ANUIES presentará a los candidatos presidenciales una propuesta para la renovación de la educación superior, en el que se planteará un programa de trabajo de 12 años que abordará temas como la gobernanza universitaria, la calidad de la educación y su evaluación, la responsabilidad social de las instituciones, y la necesidad de un nuevo esquema de financiamiento.
La ANUIES, que integra a 191 universidades, trabaja en un proyecto para renovar la ley que rige a la educación superior en el país, que data de 1968. “Lo planteamos con absoluto respeto a la autonomía de las instituciones, para que la ley sea más flexible, que pueda haber más dinamismo en los temas de educación superior”.
Valls Esponda, aseguró que no sería conveniente cancelar la reforma educativa, como lo plantea Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena. «Es una de las reformas estructurales más importantes que hemos tenido en los últimos años. Es una reforma que le da al Estado esta capacidad de poder regular la educación y nosotros estamos totalmente a favor, estamos trabajando en los temas de capacitación de los docentes. Nosotros creemos en la capacitación, creemos en la evaluación».
Dijo que en el centro de la reforma está la capacitación y evaluación de los maestros para mejorar la calidad del sistema educativo. “Lo que no se evalúa no se puede mejorar», planteó.
México / 3 de diciembre de 2017 / Autor: Jaime Valls Esponda / Fuente: El Universal
El último cuatrimestre de este año ha sido particularmente difícil para los mexicanos. Han influido en esta situación, la incertidumbre financiera provocada principalmente por factores externos, los efectos de fenómenos naturales que impactaron varias regiones, además del enorme dolor por la pérdida de vidas y la urgente necesidad de atender a quienes perdieron su patrimonio, producto del trabajo de muchos años. Por ello, ha sido necesario asignar a los programas de reconstrucción una cantidad importante de recursos para la reparación de daños en la Ciudad de México y en estados afectados.
En este contexto, el 9 de noviembre pasado se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. Una tarea compleja debido a la necesidad de conciliar lo urgente e importante con lo estratégico para el desarrollo nacional.
En el caso de la educación superior, los recursos aprobados ponen de manifiesto la importancia que le confieren la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, así como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública, al ponderar la importante contribución que hacen las instituciones de educación superior públicas al hacerse cargo de la formación de profesionales altamente capacitados, de llevar a cabo la mayor parte de la investigación científica y tecnológica en el país, y de difundir ampliamente la cultura. Seguramente, en todo momento se tuvo presente que la inversión más redituable es la inversión en su gente, en la educación y en el desarrollo de los jóvenes.
Si bien es cierto, no se logró un incremento real en el presupuesto ordinario ya que los recursos asignados compensan el efecto inflacionario, este monto asegura la operación regular de las instituciones y la atención a sus funciones sustantivas en un momento complicado para las finanzas públicas.
Debemos reconocer también, el esfuerzo de la Cámara de Diputados al asignar 700 millones al Fondo de Apoyo para la atención a problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales, el cual no tenía recursos programados. Esto permitirá a las universidades continuar con las reformas a sus sistemas de pensiones para las generaciones actuales y futuras, y con ello, abatir los pasivos contingentes mediante arduas negociaciones con sus sindicatos académicos y administrativos, los cuales han mostrado un fuerte compromiso con sus universidades.
Cabe destacar que los resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de este fondo han revelado que es una buena inversión, ya que por cada peso asignado se han generado economías derivadas de las reformas a los sistemas de pensiones por poco más de 46 pesos.
Es conveniente precisar que la fragilidad de los regímenes de pensiones y jubilaciones no es exclusiva de las universidades públicas estatales. También afecta a los sistemas de pensiones tanto públicos como privados a nivel nacional e internacional.
En el marco de su responsabilidad social, la ANUIES reitera que son parte de sus objetivos prioritarios, la ampliación de la cobertura educativa, la mejora continua de la calidad de la educación superior y el fortalecimiento de la cultura de transparencia y de rendición de cuentas.
Por ello, como cada año, en un acto público, el 6 de diciembre, todas las universidades públicas estatales por su decisión y en pleno uso de su autonomía, harán entrega de sus estados financieros auditados y de un informe de los principales logros académicos alcanzados a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
México / 26 de noviembre de 2017 / Autor: Martín Catalán Lerma / Fuente: La Jornada Zacatecas
Necesario, proyecto estratégico y estructural para resolver crisis de varias universidades
Opina que la decisión del Gobierno Federal de no apoyarlas refleja que “estamos en la situación más dramática que hemos vivido”
Respecto a la huelga de hambre anunciada por Rector de la UAZ, sugiere que “no haga una solución personal, ni siquiera de grupo”
Plantea que sobre la base del acuerdo que ya han tomado en la Anuies, convocar a las universidades a definir una alternativa programática, una solución financiera
México es el país con mayor tendencia a la privatización de la educación superior en todo el mundo, por lo que se requiere un proyecto estratégico y estructural para resolver la crisis financiera en que se encuentran varias universidades, opinó Axel Didriksson Takayanagui, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“México es el país que tiene el grado de privatización y mercantilización de la educación superior más alto del mundo, con 46 por ciento. Ningún país lo tiene, ni en Asia, ni Latinoamérica, ni África e incluso ni Estados Unidos que es un país muy privatizador”, informó.
Además, el tema de la desigualdad en México es muy grave, pues los jóvenes que integran el grupo de edad con ingresos más altos tienen 70 veces más oportunidades de estudiar el nivel superior en relación a jóvenes de la misma edad pero con condiciones económicas desfavorables.
“Ese es un dato increíble. Es decir, tenemos una condición crítica, estructural, de las peores del mundo, y además no hay una definición de política de Estado hacia la educación superior considerándola como el valor agregado más importante del desarrollo económico, social y cultural”, indicó.
Señaló que tampoco hay una propuesta de Sistema Nacional de Investigación e Innovación, lo que significa que no hay articulación de los conocimientos que se generan con la industria, la sociedad, las comunidades o con los sectores productivos, y además hay recortes presupuestales cuando es evidente que hay millones de pesos que se van a ganancias personales, a la burocracia, la impunidad y la corrupción, y no a la atención de problemas educativos.
Por otra parte, Didriksson Takayanagui señaló que la respuesta desfavorable del Gobierno Federal a las demandas de las universidades que se encuentran en crisis financiera, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dijo, fue inverosímil y “en ningún país he visto que la respuesta de un gobierno sea tan obtusa, ciega y ajena a lo que significa la universidad en una sociedad del conocimiento”.
Puntualizó que la crisis en que se encuentran algunas universidades del país no es reciente, sino que se ha acumulado por mucho tiempo, por lo que la decisión del Gobierno Federal de no apoyarlas refleja que “estamos en la situación más dramática que hemos vivido”.
Respecto a la propuesta de Enrique Grouer, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de crear un fondo para contingencias de las universidades públicas, dijo que es una solución inmediata, pero además se requiere desarrollar una alternativa programática y estratégica de largo plazo orientada al cambio organizacional.
“No podemos dar una solución real a una situación crítica utilizando las mismas bases y las mismas variables que hemos utilizado para estar en crisis. Como decía Albert Einstein, no puedes tener una solución diferente si utilizas las mismas coordenadas y variables. Entonces si queremos que la UAZ sea una universidad sustentable, digna, con proyecto académico de futuro y que tenga un enorme impacto en la sociedad; necesitamos transformarla, no puede seguir igual”.
Didriksson Takayanagui, también coordinador de la Cátedra Unesco Universidad e Integración Regional, manifestó que la sociedad del futuro depende de que haya universidades transformadas, que tengan reconocimiento social, que tengan impacto por su trabajo académico y producción del conocimiento, lo que implica no solamente una solución parcial o inmediata, sino un proyecto alternativo de universidad.
Para tal efecto, dijo que en las próximas semanas y meses debe convocarse a las universidades que se encuentran en condición de crisis, con la presencia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la UNAM, la UAM y el IPN, para desarrollar un modelo alternativo de universidad.
En relación a la idea del Rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández, se realizar una huelga de hambre, para exigir recursos extraordinarios, sugirió “que no haga una solución personal, ni siquiera de grupo, y que sobre la base del acuerdo que ya han tomado en la Anuies, se pueda convocar a las universidades a definir una alternativa programática, una solución administrativa-financiera, orgánica y de reforma académica para los próximos años”.
Mencionó que la situación de algunas universidades es dramática, por ejemplo la Autónoma del Estado de Hidalgo, donde el gobierno de esa entidad envió un contralor no solamente para intervenir en las finanzas de la institución, sino también para revisar planes y programas de estudio, formas de gobierno, proyectos de investigación, entre otras cosas violatorias de su autonomía. Afortunadamente un juez otorgó un amparo para evitarlo.
Por último, Didriksson Takayanagui puntualizó que las universidades y los universitarios deben ser transparentes y responsables respecto al ejercicio de los recursos, porque es inaudito que dependencias federales hayan contratado proyectos simulados a las universidades y “nadie sabe a dónde se fueron los recursos”.
“Todas las universidades tienen la responsabilidad de entregar cuentas. La transparencia, la evaluación, la acreditación de lo que hacemos debe ser absolutamente nítida, cristalina, porque somos beneficiarios de la sociedad”, concluyó.
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