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Venezuela: Unicef y Ministerio de Educación impulsan programa de formación en Defensoría Educativa

América del sur/ Venezuela/ 25 Febrero 2017/Fuente: Noticias al día

Este martes se realizó una mesa de trabajo para afinar los detalles inherentes a la creación del Programa Nacional de FormaciónAvanzada en Educación en la especialidad de Defensoría Educativa, que forma parte de las actividades previstas en el convenio suscrito entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) para promover el derecho a la educación de los niños y adolescentes del país.

Este programa de especialización, inscrito en las 21 aŕeas de postgrados gratuitos que se ofrece a docentes venezolanos, comenzará con la formación en Derechos Humanos Convivencia y Paz, con la participación de 800 personas, reseñó boletín de prensa del Ministerio de Educación.

Con el objetivo de generar un enfoque más acertado sobre derechos humanos, se sumarán a este programa 700 defensores educativos.

El viceministro de Educación, Humberto González Silva, indicó que el programa contará con la asesoría técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que aporta materiales educativos, que serán distribuidos a los docentes en todo el territorio nacional.

“La paz es el objetivo central del Gobierno, es lo que promueve las políticas sociales, fortalece la paz para todos y todas y que mejor lugar que nuestras escuelas para generar esa renovada cultura de paz”, dijo citado en el boletín.

Por su parte, Delia Martínez, representante de protección de Unicef en Venezuela, señaló que estos encuentros permitirán desarrollar las estrategias para la conformación del programa de formación, que se ha afianzado a través de la revisión constante del trabajo desempeñado por los defensores y defensoras educativos.

Fuente: http://noticiaaldia.com/2017/02/unicef-y-ministerio-de-educacion-impulsan-programa-de-formacion-en-defensoria-educativa/

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Argentina: Educación. Modelos en el Estado

América del sur/Argentina/25  Febrero 2017/Fuente: Perfil

Uno de los derechos fundamentales que poseemos en nuestro país es a la educación. Específicamente el acceso a la educación que el Estado debe garantizar en pos del desarrollo y la justicia social, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional.

En general, salvo alguna excepción como la frecuente falta de vacantes para Nivel Inicial de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho al “acceso” se cumple. Las discusiones comienzan una vez que el alumno está dentro del sistema ¿Cómo se puede dar una educación de calidad con la cantidad de necesidades que atraviesa nuestra escuela con todos sus actores?

El sociólogo y antropólogo Philippe Perrenoud alerta sobre los peligros de caer en reduccionismos del tipo: los cambios se dan de forma radical a partir de reformas educativas que se formulen de arriba hacia abajo. Podríamos pensar en otros como: las dificultades de “la escuela” se solucionan sólo con un presupuesto más alto, los docentes no tienen herramientas para hacer su trabajo o, el más riesgoso de todos, el problema son los chicos que van sin ningún tipo de interés al colegio. Es paradójico que, ante una situación visiblemente compleja, se pretenda que la solución sea lineal y unidimensional.

Una muestra de esto ocurre en la reacción mediática y académica ante las pruebas PISA. Estas se encargan de medir el desempeño de alumnos de varios países en un determinado tipo de prueba para así realizar una valoración internacional de su rendimiento. Es un dato. Lo que debería ser tomado como tal termina siendo subestimado por muchos o concebido como punto de referencia absoluto para otros. Y allí es donde se cae en otros lugares comunes. Por ejemplo, ante los consistentes buenos resultados que presentan países nórdicos, se pretende realizar un “copiar y pegar” de esos sistemas sin tener en cuenta que se trata de países con disímil historia, demografía y con contrastes que van desde sistemas impositivos diferentes hasta miradas culturales contrarias.

Es necesario entonces encontrar herramientas disponibles que permitan un desarrollo de contenidos y de competencias que sea ambicioso, inclusivo y garantizado por el estado.

 Una propuesta es observar cómo funciona nuestro sistema de salud pública. Aún con todas sus problemáticas presenta un conjunto de características a analizar detalladamente.

  • El prestigio profesional: Ser un profesional de la salud que trabaja en hospitales del Estado otorga un alto nivel de reconocimiento popular. No es infrecuente que exitosos médicos que se desempeñan en el ámbito privado le dediquen horas al trabajo en espacios públicos. Esta construcción social choca contra las caracterizaciones comunes que se hacen sobre los docentes del Estado.
  • Largos procesos de estudio y actualización constante: En el ámbito médico la formación es constante. Recibirse de médico lleva al menos 6 años. Las especializaciones, en una situación de aprendizaje en el hacer, llevan entre 3 y 5 años. Es decir, cuando a uno lo atiende un médico especialista, se encuentra frente a alguien que estuvo estudiando entre 9 y 11 años consecutivos.
  • Si hay meritocracia, que sea hacia arriba y no hacia abajo: Para ingresar como médico en un hospital es necesario rendir un exigente examen que seleccionará a los “mejores”. La meritocracia se da entre los médicos, sería ridículo pensarla en los pacientes. En el sistema educativo sin embargo se utiliza la lógica inversa: las escuelas públicas que tienen mayor prestigio social realizan exigentes exámenes de ingreso a alumnos a los que debe educar.
  • Salarios competitivos y la posibilidad de realizar una carrera profesional: Es condición necesaria para que se cumplan las características anteriores que la carrera docente sea percibida como una opción profesional concreta y no como un “apostolado por amor al saber y a la juventud”.

Éstos son algunos factores que se podrían tener en cuenta del modelo médico para pensar al sistema educativo de una forma distinta. Por supuesto será necesario un análisis profundo y realizar adaptaciones, pero permite empezar a considerar que hay posibilidades, creativas y realistas que ya son aplicadas en otros espacios profesionales del Estado.

Fuente: http://www.perfil.com/columnistas/educacion-modelos-en-el-estado.phtml

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Argentina: Nuevo traspié para la educación: los gremios docentes votaron no arrancar las clases

América del sur/Argentina/ 25  Febrero 2017/Fuente: Clarín

Una vez más la pelea política volvió a imponerse y unos 12 millones de alumnos de todo el país podrían no arrancar las clases el 6 de marzo, como estaba previsto. Cuando casi todas las miradas estaban puestas en Provincia y Ciudad donde se iban a producir negociaciones salariales claves, los protagonistas terminaron siendo los dirigentes de Ctera, el principal gremio a nivel nacional, alineado con la opositora central CTA. Sonia Alesso, su secretaria general, junto a Roberto Baradel (Provincia) y Eduardo López, (Capital) anunciaron un paro de 48 horas en las escuelas de todo el país, en reclamo de la apertura de las negociaciones nacionales, que este año fueron disueltas por el gobierno de Mauricio Macri.

Tras el anuncio de Ctera, los otros cuatro gremios con representación nacional (SADOP, CEA, AMET y UDA) se sumaron al paro de 48 horas. Los cuatro forman parte de la CGT unificada, aunque en distintas corrientes internas: SADOP está alineada con el bancario Sergio Palazzo, la UDA con la conducción de la CGT, la CEA es kirchnerista y AMET independiente.

La convocatoria. Los representantes de Ctera, ayer, durante el anuncio de la huelga que afectaría a unos 12 millones de alumnos en todo el país los próximos 6 y 7 de marzo.

“Lo que pedimos es que se cumpla el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (de 2006), que establece que el Ministerio de Educación debe reunirse con los gremios nacionales para convenir el salario mínimo docente, entre otras cosas”, le dijo a Clarín Eduardo López.

La reunión a la que hace referencia es la que se conoce como “paritaria nacional” y que este año Bullrich decidió disolver bajo el argumento de que la Nación no administra escuelas, que los salarios deben discutirse en la provincias y que el básico docente ya quedó establecido en un 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil, por una cláusula firmada en la última paritaria nacional. Ayer, el Ministerio de Educación Nacional no quiso hacer declaraciones.

De este modo, lo que había empezado como una discusión por números, porcentajes y cuánto van a cobrar los maestros, se transformó en un debate de quién y cómo se negocia. Para el Gobierno la decisión de trasladar la negociación a las provincias ayuda a tomar decisiones en cada distrito, ya está tomada “y es irreversible”. Los gremios, por su parte, interpretan que se les niega el derecho a establecer un piso.El anuncio del paro provocó una situación extraña en la sede del ministerio de Educación de la Ciudad, donde la ministra Soledad Acuña estaba discutiendo salarios con los 17 gremios porteños. Los participantes se enteraron de la medida allí mismo, en medio de esa negociación.

El gobierno porteño ofreció un aumento 18% repartidos en 10% en marzo y 8% en octubre, con una cláusula gatillo que se activa en caso que la inflación que mide el IPC Ciudad sea superior a esos porcentajes. Los gremios rechazaron la propuesta, por considerarla “insuficiente”.

“Un joven de 22 años que recién comienza va a ganar $13.000 de bolsillo por 4 horas. Es decir que, si hace 8 horas, obtendrá $26.000, un buen salario para un inicio de carrera”, dijo a Clarín Javier Tarulla, subsecretario de carrera docente. Los gremios, en cambio, afirman que con esos porcentajes perdieron poder adquisitivo.

Fuentes del gobierno de la Ciudad manifestaron su malestar por el paro nacional decretado, que hace peligrar el inicio de clases en la Ciudad. “Por primera vez el paro se define antes de que se termine de negociar la paritaria. Los gremios tienen que priorizar a los chicos a los que educan”, dijeron fuentes oficiales porteñas.

Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/nuevo-traspie-educacion-gremios-docentes-votaron-arrancar-clases_0_S1x2xZaFx.html

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Nicaragua: Proponen agenda educativa nacional

Nicaragua/Febrero de 2017/Autora: Michelle Polanco Alvarado/Fuente: El Nuevo Diario

Nicaragua tiene brechas educativas que debe resolver a través de un consenso nacional, insisten los miembros de diversas organizaciones que estudian el sistema educativo y sus avances.

Entre las brechas existentes está la equidad y la calidad educativa, dijo Rafael Lucio Gil, director del Instituto de educación de la Universidad Centroamericana (UCA).

El déficit de la educación docente es uno de los principales problemas que impiden alcanzar una educación de calidad.

“A pesar de los esfuerzos que se están haciendo, estos son mínimos en relacion con las necesidades”, dijo Gil.

En esto coincide el padre Everardo Víctor, director general de Fe y Alegría. Víctor considera que el estado nicaragüense debe incrementar el presupuesto asignado a educación.

“Es contradictorio porque las universidades tienen asignado el 6% cuando apenas el 17% de la población tiene acceso a ella. Sin embargo, donde está el gran número de personas que se están formando en primaria y secundaria apenas se le está asignando el 3.6% del PIB”, dijo Víctor.

Cobertura escolar

La ampliación en la cobertura educativa mejoró en las últimas décadas. Según las estadísticas un 90% de los niños y adolescentes en edad escolar asisten a la escuela.

“Hay avances en cobertura, es indiscutible que el país hoy tiene la cobertura casi del 100% hasta la educación primaria, pero no así en secundaria; cobertura significa más escuelas, escuelas más próximas a los niños, no podemos negar que hoy por hoy hay más acceso a educación”, consideró Víctor, de Fe y Alegría.

Sin embargo el 10% que no tiene acceso a una escuela representa a los niños más pobres del país.

“Ese 10%, es el 10% más pobre, rural, indígena; entonces si no cambiamos la manera en que está estructurado el sistema educativo, no vamos a lograr llegar a ese 10% de la población que no asiste a la escuela”, agregó Josefina Vijil, de Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases).

Otra de las problemáticas que se plantearon los especialistas es la falta de continuidad en la política educativa. Esto no permite que se analicen las buenas prácticas y así construir nuevos planes de educación en base a las experiencias exitosas.

Las distintas administraciones a lo largo de los años no han logrado resolver las problemáticas educativas que persisten por más de un siglo, dijo Vijil.

Nicaragua se encuentra en su mejor momento demográfico, en donde la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar, sin embargo los especialistas consideran que al no recibir educación de calidad están propensos a obtener empleos mal remunerados y tendrán menos probabilidades de crear sus propias empresas.

Agenda educativa

Los expertos insisten en que la problemática educativa solo se resolverá a través de la creación de una agenda nacional, en la que participen los diferentes sectores de la sociedad.

“Los países que han logrado mejorar significativamente su educación y su desarrollo, han sido aquellos que han llamado a toda la población, a toda la sociedad sin sesgo político de ninguna clase”, expresó Gil.

El Ciases, en su estudio “Las prioridades de la educación nicaragüense para el siglo XXI”, presentó 7 soluciones fundamentales que deben formar parte de la agenda educativa en donde participen todos los sectores de la sociedad.

“El sistema educativo tiene unos grandes retos que solo va a lograr resolver con el consenso de todos”, insistio Vijil.

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/419707-proponen-agenda-educativa-nacional/

 

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Seminario Científico por la Educación Cuba-EE.UU.

Cuba/Febrero de 2017/Fuente: aldia.cu

El décimo séptimo Seminario Científico Encuentro entre Educadores Norteamericanos y Cubanos, tiene lugar en las provincias de La Habana y Holguín hasta el 25 cuando se completarán cinco jornadas de trabajo .

Como parte del evento, los delegados visitaron siete centros escolares de la ciudad del nororiente cubano, interesados por la conducción de la docencia, sus impactos, empleo de medios de enseñanza y la vinculación de la familia a la escuela.

Los participantes acudieron a instituciones de las educaciones primaria, secudaria, politécnica y especial. La escuela para niños autistas Haydé Santamaría Cuadrado, recibió a la delegación, cuyas sesiones de trabajo contribuyen a hacer más eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje. Sus 26 estudiantes demostraron cómo se compensan sus limitaciones en las áreas de la comunicación, el lenguaje, la socialización y la conducta.

Pedagogos eb número de 36 provenientes de los Estados Unidos también intercambian saberes con profesores cubanos en la sede Oscar Lucero Moya de la universidad holguinera.

La internacionalización de la Educación Superior, la relación escuela-familia- comunidad, la conviviencia y cultura de paz, son algunos de los temas debatidos en mesas redondas.

El programa contempló además recorridos por la ciudad de Holguín.

Fuente: http://www.aldia.cu/?mod=noticias&url=seminario-cientifico-por-la-calidad-de-la-educacion

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Dinámicas privatizadoras y de destrucción de la escuela pública en América Latina y el Caribe

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La destrucción de la educación pública está en el centro de las estrategias neoliberales en el sector. La fragmentación del abordaje educativo expresado en la destrucción de las pedagogías por su potencial interpretativo de lo que ocurre en los planteles y aulas como una realidad compleja y multidimensional; el ataque a la profesión docente, tanto en su imagen social como en sus condiciones de trabajo y salarios; así como la mutación del concepto de la escuela hacia un volátil definición de “ambientes de aprendizaje” que ha conllevado a una disminución sustantiva del gasto público en infraestructura escolar, apuntan de conjunto, a lo que hemos denominado como el riesgo cierto que se genere a escala mundial un Apagón Pedagógico Global (APG). Es decir, un modelo de educación sin pedagogía, sin maestros y sin planteles como espacio de aprendizaje.  La privatización emerge en consecuencia, como una herramienta que acelera la destrucción de la educación pública en la perspectiva neoliberal.

Pero ello no es el resultado de una perversa intención de los organismos económicos globales en el presente –quienes lo promueven- sino de la natural evolución del modelo de relación mercancía-consumo, con consecuencias directas en el tipo de ciudadanía y aprendizajes que requiere el capitalismo del siglo XXI. En la segunda década del siglo XX la expansión de la producción industrial y de servicios posterior a la segunda guerra mundial implicó un modelo de distribución de mercancías lo más cercano al consumidor; ello demandó la construcción de una infraestructura vial, aeroportuaria y de puertos muy importante que llevaba la mercancía.  Autopistas y carreteras posibilitaron la colocación de mercancías lo más cercano al consumidor.

Los límites del viejo concepto de ampliar “indefinidamente” el mundo de consumo, implicaron una revisión del periodo de obsolescencia de las mercancías. Con el surgimiento del concepto y el modelo productivo de mercancías de rápida obsolescencia, el capitalismo revisó la relación mercancía-consumidor –ajustando márgenes de ganancia-    promoviendo un giro en los mecanismos de comercio.  Surgieron los centros comerciales, los grandes “Moles” de concentración de productos, que no sólo significaron la desaparición de millones de pequeños distribuidores de mercancías sino una práctica en la cual el consumidor se traslada a donde está la mercancía. La globalización hizo suyo este modelo a finales del siglo XX.

Con la revolución científica tecnológica de finales del siglo XX e inicios del XXI se comienza a diseñar, crear y promover un nuevo patrón en la relación mercancía-consumo, el consumo virtual o en línea. La contabilidad del comercio capitalista ve con preocupación no sólo las conquistas laborales y sociales del siglo XX, arrancadas a la burguesía por los trabajadores en el marco del llamado “Estado de bienestar Keynesiano”, sino fundamentalmente los costos, tanto del propio empleo de mano de obra productiva como del proceso de  ventas.  En los últimos tiempos, las grandes trasnacionales del hardware informático han acelerado la investigación y el desarrollo de maquinarias para hacer posible que el “hogar domestico” sea el nuevo centro de consumo[i]. Ello implica una transición en el modelo de ventas de carácter significativo.

El 20 de julio de 2016 el señor Andrés Oppenheimer en su programa de la cadena televisiva CNN entrevistó a dos investigadores que se han dedicado a hacer seguimiento a los cambios recientes en la industria del hardware informático;  en esa oportunidad ellos señalaron, de manera casi alucinante y apocalíptica, la inminente destrucción del 75% de los empleos de vendedores en las grandes ciudades en los próximos seis años, como resultado del surgimiento de una nueva generación de maquinas. Hace sólo unos días la cadena de comida chatarra en EEUU McDonald’s anunció la sustitución de sus vendedores por maquinas, en una expresión concreta de este nuevo giro. Los argumentos de la empresa de la M gigante, es que la incorporación de las maquinas disminuye los costos de operación de manera sensible. En el mismo programa mencionado de Oppenheimer, se advierte las enormes consecuencias que esta mutación del modelo de consumo tendrá para la educación y en el futuro de la profesión docente.

Ya en el año 2014 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había señalado la necesidad de invertir la pirámide del aprendizaje escolar señalando que dada la creciente expansión del internet en la región, la multiplicación de competencias de los niños y jóvenes en el manejo de computadores, dispositivos móviles de datos y video juegos, los sistemas educativos deberían comenzar a transformarse (a) concentrándose en la identificación de “buenos profesores” que supieran enseñar contenidos, a quienes se debería grabar y difundir sus “clases” tanto en la internet como en los dispositivos informáticos con los cuales se está dotando a los estudiantes en muchos países; (b) haciendo del “hogar domestico” el espacio privilegiado de aprendizaje de los niños y jóvenes bajo la tutela de sus padres y familiares y finalmente, (c) procurando que la escuela se convierta en el espacio de evaluación cada cierto tiempo.

Es decir, en esta nueva configuración societal que impulsa el neoliberalismo,  la “casa” no sólo es concebida como espacio de consumo sino también de aprendizaje.  Claro está reduciendo los aprendizajes a algunos contenidos de manejo instrumental, dejando a un lado la construcción compartida de convivencia, tolerancia y destino común; no se diga respecto al pensamiento crítico y el aprender a aprender. Para cerrar este círculo, llamo la atención que sea la millonaria señora Betsy DeVos, la Ministra de Educación anunciada por Trump, quien entre otras cosas, es una ferviente defensora de la educación en casa y la escuela como espacio de evaluación de lo aprendido en el hogar.

Este es el contexto en el cual debemos entender las dinámicas privatizadoras en América Latina y el Caribe hoy.  El financiamiento de los sistemas escolares y de la educación pública aparece para el capitalismo del siglo XXI, en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional, como un costo muy elevado susceptible de ser reducido para redireccionarlo como presupuesto destinado al “sector productivo”.

Una primera generación privatizadora en la región se caracterizó por el ataque al concepto de Estado Docente o de obligación de los Estados Nacionales con la educación pública, intentando limitar la rectoría del Estado a las escuelas con financiamiento público y procurando una “liberación” respecto al Estado de las instituciones escolares gestionadas de manera “privada”, fundamentalmente con el aporte de ciudadanos. La segunda generación privatizadora se expresó en un esfuerzo sostenido por fragmentar y disminuir la influencia de las organizaciones sindicales del magisterio, a quienes se les culpó prácticamente de todos los problemas educativos; la ultima onda tardía de esta generación la vemos hoy en México en los intentos por destruir la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), limitando la organización gremial al sindicato “charro[ii]”.  Una tercera generación privatizadora la conocimos desde la década de los ochenta con la acelerada desinversión a la educación pública por parte de los gobiernos de la región y el incremento de subsidios estatales a la educación administrada por privados, con el argumento de un uso más eficiente de los recursos públicos en educación por parte de este sector.  Una cuarta generación privatizadora se implemento con los llamados vaucher o cheques  a escuelas según su rendimiento escolar o cumplimiento de las directrices gubernamentales.  Una quinta generación privatizadora vino dada por los procesos de evaluación docente y la incorporación de pagos diferenciados a los educadores conforme al rendimiento estudiantil en las pruebas estandarizadas.

Estas generaciones en las políticas  privatizadoras en educación se desarrollan paralelamente a la creciente desinversión del presupuesto público destinado a las escuelas estatales, hecho que ha implicado una drástica disminución de las condiciones materiales para el ejercicio docente.  Así mismo, resulta evidente y creciente el estimulo financiero, propagandístico y social a la escuela administrada por privados.  Finalmente, estas operaciones privatizadoras se presentan acompañadas en el presente con la estratificación de las escuelas según los resultados de las pruebas estandarizadas.

Pero la destrucción de la educación pública y la promoción del concepto de educación privada se ha ido propiciando progresivamente desde la propia escuela pública, es decir desde su interior, mediante los incrementos de la matrícula de inscripción, la asignación de las llamadas “co-responsabilidades” ciudadanas y de los padres en el financiamiento diario de la escuela, la asignación de crecientes responsabilidades de los padres en la realización de actividades extra escolares que implicaban inversión para ellos, tanto de dinero como de tiempo.  Al final se promueve la idea que si un padre suma todo lo que “invierte” en su hijo en la educación financiada por el Estado, el monto es casi similar al costo de inscribirlo en una escuela privada, las cuales además los medios de comunicación las señalan como instituciones donde se imparte “mejor educación”.

Evidentemente, ante este panorama de desmontaje no sólo de la educación pública sino de la propia escuela como espacio de encuentro y aprendizaje, es importante destacar las resistencias que se impulsan en la región contra las ondas privatizadoras y de destrucción de la escuela.  Gobiernos como el de Cuba o Venezuela son un ejemplo que es posible fortalecer la educación pública. Sindicatos y organizaciones magisteriales como la CNTE en México, el SNTE de Chile, el SUTEP de Perú, el Sindicato de Maestros de Chicago, o sindicatos de base en Argentina, Colombia, Panamá entre otros, muestran que con acciones sindicales y propuestas alternativas es posible enfrentar  y frenar al neoliberalismo educativo.

[i] Ello tendrá profundas repercusiones en el modelo de ciudadanía, en el mundo del trabajo y en los modelos de gobernabilidad social que es imposible desarrollar por  los límites de espacio de este artículo.

[ii] Esta expresión se usa en México como sinónimo de sindicato patronal y organización de esquiroles gremiales

Fuente: https://luisbonillamolina.wordpress.com/2017/02/23/dinamicas-privatizadoras-y-de-destruccion-de-la-escuela-publica-en-america-latina-y-el-caribe/

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Fortaleciendo capacidades de protección en Honduras

Honduras/23 febrero 2017/Fuente: acnur

Hoy fueron presentados en Honduras un conjunto de recomendaciones resultado de los hallazgos del informe sobre tierras, vivienda y desplazamiento forzado   elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, en consulta directa con las autoridades competentes en el nivel nacional, comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, organizaciones de sociedad civil y miembros del Grupo de Protección.

Las consultas directas a comunidades se desarrollaron en el departamento de La Paz con 32 comunidades indígenas y campesinas; en el departamento de Gracias a Dios con 7 comunidades indígenas y garífunas; en el departamento de El Progreso con líderes comunitarios de la Colonia La Alemania y con las Colonias Generación 2000, Nueva Capital y la Ulloa en Tegucigalpa.

Este informe analiza de manera detallada los marcos jurídicos existentes en el país en materia de tierra, vivienda y patrimonio con el fin de identificar herramientas existentes para la protección del patrimonio en situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado por violencia. Así mismo, identifica vacíos de protección existentes en la protección de los derechos territoriales y presenta recomendaciones para el diseño de programas, políticas públicas, mecanismos y estrategias que permitan proteger los derechos de la población desplazada por violencia sobre sus bienes.

De acuerdo con la caracterización sobre el desplazamiento forzado en Honduras realizado por la Comisión Interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia liderada por el Gobierno de Honduras entre 2004 y 2014 un total de 174.000 se desplazaron por la violencia en 20 municipios urbanos del país. 4%(6960) de ellos manifestaron el despojo, ocupación como la causa de su desplazamiento

Más de 16,000 hondureños solicitaron protección internacional en el 2015*, aproximadamente 300 casos individuales presentaron quejas/denuncias por desplazamiento forzado entre enero y noviembre de 2016 ante el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y el ACNUR, a través de socios y de manera directa identificó y brindó asistencia a más de 500 personas.

El desplazamiento forzado en Honduras afecta a comunidades urbanas, rurales y minorías étnicas en hechos relacionados con el control social y territorial de Maras y pandillas; la disputa por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico; el despojo, ocupación y destrucción de viviendas y tierras así como la ausencia de solución sobre conflictos territoriales.

Un niño camina en un cementerio en San Pedro Sula donde trabaja los fines de semana limpiando las tumbas con su abuelo. El cementerio es un lugar seguro para él, lejos de la violencia de su barrio. ©ACNUR/Tito Herrera.

La ausencia de mecanismos efectivos para la protección, sumado a la desactualización de la información catastral, las dificultades presupuestales, operativas y técnicas de las entidades competentes dificultan la identificación del impacto y la puesta en marcha de mecanismos efectivos para la protección de los derechos a la vivienda, la tierra y el territorio. A esto se suma la ausencia de condiciones de seguridad en algunas zonas de alto riesgo y la dificultad en el acceso a comunidades más aisladas.

Teniendo lo anterior en cuenta, y con el fin crear políticas públicas favorables para el restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas por la violencia se establecen, entre otras, las siguientes recomendaciones a las entidades de Gobierno, sociedad civil y comunidad internacional:

  • Sistemas de información sensibles a la relación de tierras, territorios y vivienda con violencia, violaciones a derechos humanos y desplazamiento forzado.
  • Sistemas de registro sobre tierras y viviendas de población forzada a desplazarse
  • Fortalecimiento de la agenda de desplazamiento forzado por la violencia en  las organizaciones sociales y comunitarias.
  • Fortalecimiento de redes de apoyo en clave de protección a las personas desplazadas por la violencia y sus derechos a la tenencia pacífica de viviendas, tierras y territorios.
  • Fortalecimiento de procesos comunitarios y organizativos de pueblos indígenas y afrohondureños; así como de organizaciones comunitarios en contextos urbanos.

El ACNUR presenta este informe de tierras, vivienda y desplazamiento forzado como una herramienta  para el diseño del marco legal y sus respectivas políticas públicas para la protección de los derechos de las personas desplazadas y el diseño de acciones articuladas que permitan la superación de los vacíos identificados.

En su calidad de asesor técnico el ACNUR continuará apoyado al Gobierno Nacional a través de la Comisión Interinstitucional para la protección de las personas desplazadas por la violencia –CIPPDV y demás entidades con competencia, así como con la sociedad civil y las comunidades en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.

Fuente: http://www.acnur.org/noticias/noticia/fortaleciendo-capacidades-de-proteccion-en-honduras/

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