Este 6 de octubre del 2024 en asamblea regional, la casa de justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC llamaron a la unidad para una ruta de lucha que proponga la reconstrucción de la devastada región de la Montaña por el huracán John. En una reflexión colectiva más de 35 comunidades me’phaa, na savi y nahuas coincidieron en que hay un enorme olvido a esta región sumida en la pobreza. La atención de las autoridades estatales y federales está en los pulmones de la economía y lejos de los pueblos pobres.
En la asamblea acordaron rellenar un formato que Abel Bruno Arriaga, titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEDEPIA) se comprometió a facilitar. También acordaron realizar una conferencia de prensa este miércoles 9 de octubre para presionar a las autoridades estatales y volteen a ver a la Montaña. Por su parte, el Presidente de Malinaltepec, Jhon Navarro Mateos, hizo el compromiso de ayudar a las comunidades.
Martin Rosales Sierra, ex coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, aseveró que hay afectaciones considerables en las comunidades indígenas de la Montaña “y no hay quién intervenga. Somos las comunidades quienes tenemos que ver cómo le vamos a hacer para restablecer todos los servicios como las carreteras, tuberías de toma de agua. Va avanzando poco a poco el restablecimiento del cableado de la luz, pero es insuficiente. En las vías principales están trabajando medianamente, pero lo que nos ha preocupado es que sigue siendo igual, porque en el terreno de los hechos no estamos siendo vistos como pueblos indígenas. Nos tenemos que esperar hasta el final, hasta que tengan tiempo los gobiernos porque tienen que atender primero Acapulco, las zonas turísticas donde hay derrama económica. Mientras nosotros aquí enlodados, con el pico y la pala, sufriendo los embates de este huracán”.
Abundó que a la fecha hay pueblos que no tienen luz. Los accesos están cortados, por ejemplo, Ahuejullo, municipio de Tlacoapa, no tiene para dónde darle. Por el lado de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, también está tapado. En Totomixtlahuaca está crecido el río Tamiaco y los caminos están totalmente destrozados. En la misma situación están El carrizal, Metlapilapa, Mezcalapa, Pascala del Oro. “Llevan ya más de una semana sin luz, sin agua y el alimento se escasea. Solamente la organización comunitaria, como pueden, están buscando la manera de sobrevivir prácticamente por instinto”.
En la asamblea también estuvo la sindica municipal, Lucía Méndez Miguel, vecina de Tenamazapa, quien señaló que en Tlacoapa está incomunicado, sin luz, ni agua. Realizó un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan el desastre en la Montaña.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló de los daños en diferentes municipios de la Montaña. “Qué bueno que está Abel Bruno que viene en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como Manuel, Alejandra y Martha que vienen en representación del INPI federal porque pueden ser canales para ayudarnos a encauzar toda esta problemática. Sin embargo, es muy importante que, como miembros de una comunidad, encabezada por el comisario o comisaria, delegado o delegada, pudiéramos hacer un reporte por escrito de los diferentes daños. Necesitamos decir, aquí en Ahuejullo está el camino intransitable y que se repare para que haya flujo vehícular, la red de agua potable, la luz eléctrica, aulas dañadas, en fin, todos esos detalles que solamente ustedes conocen”.
“El problema es que para que llegue un recurso extraordinario en los municipios o las comunidades tiene que haber un decreto federal, una declaratoria de desastre. Lo que apenas anunciaron hace dos o tres días son 29 municipios, de Guerrero son 12 y algunos municipios de Oaxaca. Sin embargo, no hay ninguno de la Montaña. La declaratoria materializa los fondos económicos, pero no van a ser para la Montaña. Aquí está el presidente Jhon, él debe saber, para que incluyan a los municipios de la Montaña en la declaratoria. Los presidentes municipales tienen que hacer un registro, un reporte de todos los daños de las comunidades y tiene que nombrar al cabildo como el comité de protección civil que formalmente solicita que se contemplen los municipios que fueron dañados o sufrieron un desastre”, expuso Abel Barrera.
Lo más importante es que cada comunidad se responsabilice de hacer un reporte detallado de los caminos derrumbados y trozados, centros de salud, escuelas, producción, vivienda, agua potable, luz eléctrica, todos los daños. Comentaron que les dieron un formato a los presidentes para que se compartiera a las autoridades comunitarias, donde viene, por ejemplo, áreas afectadas, escuelas, carreteras, centros de salud, espacios públicos, viviendas, infraestructura de agua, infraestructura agrícola, alimentación… Después de la explicación detallada de cómo hacer el registro se acordó que la CRAC de Espino Blanco recibirá los paquetes de registro por lo menos de los núcleos agrarios de Colombia, Tierra Colorada, Totomixtlahuaca, Tenamazapa, Paraje Montero, Tilapa, San Miguel el Progreso, Xalpatláhuac, y en coordinación con Tlachinollan se realizará el concentrado.
Abel Barrera hizo hincapié en que como como autoridades comunitarias tendrían que hacer una rueda de prensa para decir a la gobernadora y a la presidenta Claudia que atiendan la Montaña. “Sabemos que al parecer la gobernadora va a venir pasado mañana a la región, pero es necesario tener datos concretos para demostrar que hay daños en la Montaña”.
En la intervención del presidente de Malinaltepec, Jhon Navarro Mateos, comentó que en torno a la declaratoria “nosotros ya metimos la documentación. [Este sábado 5 de octubre] fue un personal a entregarlo a la ciudad de Tlapa a Protección Civil Regional, y dice que nada más son nueve municipios los que están en la declaratoria y es Acatepec, Alpoyeca, Atlixtac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Tlapa de Comonfort, Xochihuehuetlán y Santa Cruz del Rincón. Nosotros como municipio pudimos rentar cuatro máquinas retros, una la tenemos en la parte alta, otra la tenemos en la parte de Malinaltepec y otra la tenemos en La Soledad, pero no nos damos abasto para poder darle esa apertura a los caminos porque hay derrumbes grandes. Pero los presidentes estamos nada más aperturando el acceso para que entren y salgan los carritos pequeños, no para carros grandes, para que no haya este desabasto de alimentación”.
Algunas autoridades estuvieron el viernes 4 de octubre en La Lucerna centro porque desafortunadamente perdió la vida una señora y una niña de 7 años. A la señora ya la encontraron, pero siguen buscando a la niña. El apoyo de las autoridades es insuficiente. Las familias indígenas están desamparadas, olvidadas.
Luis Fernando Pumuy abre la llave del grifo que está fuera de su casa y moja casi todo su cuerpo para refrescarse del tremendo calor que hace en la comunidad indígena de Asunción del Quiquibey, donde confluyen las etnias mosetén y tsiname. El agua sale con buena presión a pesar de que las lluvias en este lugar, hasta diciembre de 2023, fueron solo una alegría pasajera. El agua escaseaba en muchas comunidades indígenas y los pueblos amazónicos sufrían por las sequías. Cuando las lluvias volvían el sufrimiento se debía a las inundaciones. Los pueblos indígenas amazónicos se debaten entre esos dos extremos, en la sequía es difícil encontrar agua para sobrevivir y en la época de fuertes lluvias, las crecidas del río amenazan con destrozar sus humildes casas.
Cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países. Por eso, el lema que las Naciones Unidas estableció para el Día Mundial del Agua 2024 es “Agua para la paz”.
“Cuando cooperamos en materia de agua, creamos un efecto en cascada positivo, promoviendo la armonía, generando prosperidad y fomentando la resiliencia frente a los desafíos comunes”, argumenta Naciones Unidas en un comunicado.
Eso lo entendió muy bien Asunción del Quiquibey, que durante mucho tiempo sufrió por la falta de adaptación al entorno acuático que la rodea. Tuvo que trasladarse en cuatro ocasiones por las constantes crecidas del río Quiquibey que han azotado al pueblo en los últimos diez años. Esas desgracias dejaron a la comunidad sin escuela, sin posta de salud y sin casas. Hoy se reinventan y esperan no tener que soportar un traslado más. El último que hicieron fue solo hace dos años.
Las 36 familias de esta comunidad se han movido, poco a poco, a la zona más alta de su territorio, llevando en sus hombros sus pocas pertenencias, pero también la esperanza. A pesar de las desgracias, los comuneros no están tristes. El agua no es potable, pero valoran el líquido que llega a los grifos de cada una de sus humildes casas a través de tuberías desde una fuente de agua, localizada a hora y media de camino de esta localidad amazónica, que forma parte del municipio de Rurrenabaque, en el departamento de Beni.
Varios pueblos indígenas de la Amazonía boliviana solo tienen conexión a través de los ríos. Foto: Iván Paredes.
Entre agosto y septiembre la sequía llega a su peor momento: las aguas están bajas y la navegación se hace complicada. Para llegar al lugar se debe abordar una embarcación en el centro poblado de Rurrenabaque y navegar durante tres horas entre remolinos, fuertes corrientes, varias lomas de arena y un paisaje biodiverso.
Alejandro Caimani es el corregidor de la comunidad, su máxima autoridad indígena y habla de los embates del agua en la época de lluvias. Muestra su pequeña casa, dice que es nueva y que es la cuarta vez que traslada sus cosas porque Asunción del Quiquibey estaba ubicada en una zona que no era la adecuada. El líder relata que en dos ocasiones la crecida del río destruyó las canchas de la comunidad y las escuelas. Las desgracias también sucedieron porque, según él, la tierra no perdona y va cayéndose a las aguas tranquilas del río Quiquibey.
“El agua es muy importante para nosotros y tenemos la dicha de poder disfrutarla. La cuidamos porque es parte de nuestra familia. Con el agua cocinamos, nos bañamos, la hacemos hervir para tomarla. Imagínate la vida sin agua, eso no queremos nosotros. El agua es vida y acá hay mucha vida”, dice Caimani sentado en el tinglado donde hacen las reuniones en Asunción del Quiquibey.
Aunque el agua llega en exceso con las lluvias, el acceso al líquido es una de las principales vulnerabilidades que conlleva el cuarto traslado que están haciendo. Es paulatino, ya que algunas familias todavía viven en la zona expuesta a la crecida del Quiquibey. La antigua toma de agua corría riesgo por la erosión del suelo causada por el río. “Cada vez que el río inunda, nos afecta en la pérdida de nuestro territorio. Como comunidad estamos trabajando para mover la comunidad una vez más y ponernos a salvo”, relata Caimani.
En medio de este panorama, la comunidad indígena ha puesto manos a la obra: realizaron mejoras al sistema de agua que tienen, el cual incluye un tanque de 5000 litros de agua, reconstruyeron la toma de agua con una tapa que evita el ingreso de tierra y lodos, mejoraron la red de aducción —con 934 metros lineales de tubería— hasta la nueva comunidad y reforzaron el paso de quebrada de 85 metros con un cable de acero.
Las primeras casas de la comunidad de Asunción del Quiquibey que todavía están a orillas del río Quiquibey. El pueblo decidió trasladarse a un cerro más arriba. Foto: Practical Action.Los expertos de Practical Action y las autoridades del municipio de Rurrenabaque ayudaron en la instalación de tubos y conexiones para que el agua llegue a la comunidad de Asunción del Quiquibey. Foto: Iván Paredes.
La secuelas de una inundación
En poco más de dos meses Bolivia pasó de una dura sequía que redujo la superficie de los lagos y el caudal de los ríos, provocando inéditas olas de calor e incendios forestales, a un exceso de lluvias que, en febrero de 2024, superaron los registros normales de varias décadas. Las cifras oficiales dan cuenta de más de 40 fallecidos entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, decenas de evacuados, pueblos inundados y cuantiosos daños a la infraestructura.
Ana Mendoza, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Bolivia, atribuye al cambio climático estos factores. La especialista explica que el fenómeno de El Niño normalmente trae sequía al occidente boliviano y parecía que se prolongaba, pero sucedió lo contrario. Es por eso que las lluvias, que generalmente llegan de la Amazonía brasileña, esta vez también llegaron de la Amazonía peruana y ecuatoriana, lo que no es habitual.
La historia de la comunidad Puerto Yumani, de la etnia tacana y que también pertenece al municipio de Rurrenabaque, es similar a la de Asunción del Quiquibey. Esta localidad, después de las inundaciones de 2015, decidió fortalecerse ante los eventos adversos del clima. Cada año sufren por las inundaciones y aunque hasta el momento no han tenido pérdidas humanas, han perdido sus sembradíos y animales. Por eso, en junio de 2023 construyeron un albergue en la altura. Esta localidad está a 274 metros sobre el nivel del mar y la infraestructura construida está cinco metros arriba del suelo.
Practical Action, una organización sin fines de lucro que tejió alianzas con comunidades indígenas de la Amazonía boliviana y la Alcaldía de Rurrenabaque, dieron los recursos para los materiales y la comunidad puso la mano de obra.
La construcción es conocida como el “Arca de Puerto Yumani” y su objetivo es poner a salvo a las 24 familias de la comunidad en caso de una nueva inundación, como la que los golpeó a inicios de 2015. Ese desastre natural los encontró muy vulnerables y les dejó hambre y enfermedades.
Para llegar a la comunidad de Asunción del Quiquibey hay que navegar por el río Beni. Los indígenas son expertos para dirigir sus botes. Foto: Iván Paredes.
Óscar Cabrera, exviceministro de Defensa Civil de Bolivia en 2015, recuerda que en esa época las inundaciones dejaron más de 1 000 familias damnificadas, sobre todo en el área rural de la Amazonía boliviana.
En Puerto Yumani, el agua llega a cada casa, todas construidas con madera del lugar. Oscar Libay Chamairo, perteneciente a la etnia tacana, es el presidente del Comité de Agua de Puerto Yumani y explica cómo todos los habitantes lograron tener acceso al agua.
“Antes nos quitábamos el agua entre las familias. El agua que teníamos era del municipio, nos llegaba en cisternas. Nos la cortaron desde hace dos años y ahora estamos empezando a utilizar el agua que viene de bombeo. Se hizo un pozo para poder sacar agua, aunque no es potable, es agua que nos ayuda mucho para lavar ropa, cocinar o también para asearnos”, relata Libay.
El “Arca del Puerto de Yumani” se convirtió en centro de reunión de la comunidad. Es como un refugio ante cualquier emergencia. Ruti Chao, una anciana del poblado, no se distrae. Anota todo lo que puede. En frente están los expertos que les asesoran en caso de que sufran un nuevo desastre. Ruti está sentada y a su lado está su nieta, quien juega con piedras y tierra. La niña no desconcentra a la anciana. “No queremos sufrir como hace años (en 2014), cuando la inundación nos dejó sin casas, sin nuestras cositas, nos dejó sin nada. Fue un año muy difícil”, dice.
A finales de 2014 e inicios de 2015, Bolivia enfrentó una de las peores inundaciones de su historia reciente, la cual afectó, sobre todo, a las comunidades amazónicas. Muchas localidades quedaron bajo el agua debido a las crecidas de los ríos y los pobladores no tuvieron tiempo para reaccionar. Ahora, Practical Action y otras organizaciones aliadas instalaron alertas en varios de los ríos que llegan a estas comunidades, como Asunción del Quiquibey, Puerto Yumani y Altamarani. Son aparatos tecnológicos que avisan sobre las crecidas de los afluentes.
En la comunidad Puerto Yumani construyeron edificaciones altas para colocar tanques de agua que almacenen el líquido vital. Foto: Iván Paredes.
León Lizón Romano, jefe de Proyectos de Practical Action, le explica a Mongabay Latam que se instalaron pluviómetros en varios puntos de los ríos cercanos a las comunidades, para medir la cantidad de lluvia que cae y así poder advertir si los ríos enfrentarán crecidas o no. El experto detalla que esta es una medida de alerta temprana y que este trabajo también va de la mano con capacitaciones con las comunidades indígenas y varias obras, como el Arca del Puerto Yumani.
“Todo esto es un reto, es difícil, pero no imposible. Hay varios desafíos y los proyectos requieren varios ajustes. Nosotros estamos felices de lograr sinergia entre autoridades, comunidades y nosotros, y eso es un logro, ya que mientras más unión haya, los resultados serán más grandes”, explica Lizón.
Muchos de los comuneros esperaban lo peor para inicios de este 2024, ya que calculan que las inundaciones fuertes vienen cada diez años. Tanto en Asunción del Quiquibey, Altamarani y Puerto Yumani tienen la misma percepción. No quieren predecir el mal, pero siguen los conocimientos de sus ancestros. “Lo más seguro era que a principios de 2024 hubiera muchos problemas por nuevas inundaciones. Nosotros conocemos nuestros territorios, y parece que es el tiempo. Pero ahora estamos más preparados para enfrentar las desgracias que son parte del comportamiento de nuestra Madre Tierra”, dice Libay.
Jesús Rivera, director de la unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Rurrenabaque, también tiene temor por las inundaciones por alertas de organismos especializados porque recuerda la de 2014, cuando en su municipio murieron 11 personas y se desplomaron cerros que están muy cerca de la localidad amazónica.
“Se perdió el sistema de agua potable, que viene de la serranía, por 28 días. La gente tomaba agua de la lluvia, de algunos arroyos y muchas personas se refugiaron en las unidades educativas. Entonces, en esta unidad educativa (Germán Busch) la hemos elegido para que sirva como refugio para que las personas que lleguen puedan utilizar el sistema de cosecha de agua, y por medio del tinglado podamos reutilizar el agua”, destaca Rivera.
La cancha de fútbol y varias casas de la comunidad Asunción del Quiquibey ya se encuentran en terrenos altos debido a las crecidas del río Quiquibey. Foto: Practical Action.
El Fenómeno de El Niño causó inundaciones en Bolivia pero los indígenas amazónicos de estas comunidades se sienten satisfechos con los resultados de las acciones implementadas, ya que la época de lluvias intensas pasó sin causarles estragos. Esperan seguir teniendo el mismo éxito en el futuro.
El agua llegó a Altamarani
Altamarani también es una comunidad indígena de la Amazonía boliviana. Pertenece a la etnia tacana y al municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz. En esta localidad, el agua también es un recurso preciado y cuidado. Norberto Buchapi es el presidente del Comité de Agua de la comunidad y recuerda que en su niñez y adolescencia no tenían acceso al líquido porque no había arroyos cerca. Sólo consumían agua del río Beni.
Hasta el 2005 utilizaron el agua del Beni para todas sus necesidades, a pesar de que estaban contaminadas. Sin embargo, un año después todo cambió: se instaló un tanque de agua elevado y se perforó un pozo de 26 metros de profundidad.
“Al principio el proyecto no funcionó. A los ocho metros de perforación se encontraron con terreno arcilloso. Tuvimos que parar. Pero luego se realizó una nueva perforación y tuvimos que profundizar para sacar buena agua, que no es potable, pero nos ayuda mucho”, relata Buchapi.
En Altamarani también se instalaron dosificadores de cloro para el mejoramiento de la calidad del agua. Además, se hizo seguimiento al trabajo del Comité de Agua, el cual está establecido dentro de la organización comunal y se encarga de la operación, mantenimiento, administración del sistema de agua y el consumo de cada usuario.
Roxana Áñez aprovecha el agua que llega a la comunidad Altamarani para realizar trabajos de producción. Ella produce harina de banano. Foto: Iván Paredes.
En esta comunidad también se instaló un sistema fotovoltaico para el bombeo del líquido y un biodigestor para el tratamiento de aguas negras de los baños de la escuela del pueblo. Practical Action, junto a otras organizaciones, desarrollaron estos proyectos.
“Después de realizar un análisis del agua en esta comunidad, descubrimos que las fuentes de agua contienen niveles altos de hierro y manganeso de origen natural. Esto era problemático para el consumo. Además, dañan los sistemas de distribución, como tuberías y grifos, a mediano y largo plazo”, remarca León Lizón Romano, jefe de Proyectos de Practical Action.
En Altamarani viven 25 familias, la mayoría se dedica a la agricultura y también tienen emprendimientos propios, como la producción de chocolate y harina de plátano. Roxana Áñez abre la llave del grifo que está fuera del centro de producción de harina. Lava su materia prima y también sus manos. Está feliz, es como si estuviera conociendo el agua por primera vez.
“Acá el agua nos sirve para todo. A mí me ayuda mucho para avanzar con el emprendimiento que tenemos con las mujeres de la comunidad. La familia también utiliza mucho el agua. Nos sirve para cocinar, para la higiene, para lavar ropa, la hervimos y sirve para tomar o para hacer una chicha (refresco). Tenemos la dicha de que nos organizamos y ahora podemos tener agua, no como antes, que teníamos que caminar al río Beni para tener un agua sucia y contaminada”, explica Áñez.
Norberto Buchapi es el presidente del Comité de Agua de la comunidad Altamarani, en plena Amazonía boliviana. Foto: Iván Paredes.
En la comunidad, 10 000 litros de agua duran tres días. Buchapi es el encargado de abrir la llave maestra para que el tanque vuelva a llenarse. Ese proceso, que antes duraba tres horas, hoy puede durar hasta cinco horas, lo que demuestra que cada vez es más difícil obtener agua para llenar el tanque. Cada familia de la comunidad paga por el servicio de agua, no más de 21 bolivianos (tres dólares). El dinero recaudado es utilizado para el mantenimiento del tanque y otros servicios que son parte del funcionamiento del sistema hídrico, como el pago de la energía eléctrica para que la bomba funcione.
Resiliencia es la palabra que ahora más se comprende en estos pueblos amazónicos. Las comunidades están superando las circunstancias traumáticas que vivieron debido al cambio climático, principalmente por la sequía y las riadas, fenómenos antagónicos que los han afectado por igual. Crecidas de ríos, desplazamientos, derrumbes, migración e inundaciones, son algunos de los desastres que sufrieron y que, paradójicamente, conllevaron a la escasez de agua. Buchapi recuerda que hace una década la crecida del río Beni dañó los sembradíos que tenían y algunas casas se derrumbaron. Nunca más volvieron a tener ese tipo de sufrimiento.
En la época de sequía la situación empeoraba y esto provocó la migración de muchos de los habitantes de Altamarani. Las familias se dispersaron y muchas decidieron irse a zonas urbanas a buscar una vida mejor. Los comuneros que se quedaron, después de mucho tiempo de esfuerzo, ahora tienen acceso al agua y tienen algunos emprendimientos que administran.
Michelle Vásquez, especialista en medio ambiente del Área de Gestión de Riesgos del Servicio de Hidrología y Meteorología (Senamhi) de Bolivia, explica que la sequía en la Amazonía no era un evento muy recurrente y que las inundaciones sí eran más frecuentes, pero en los últimos años, aproximadamente desde el 2016, las afectaciones por la falta de agua son más fuertes y recurrentes.
El cañón de El Bala en pleno río Beni. En épocas de lluvias estas aguas crecen y es difícil la navegación. Foto: Iván Paredes.
“En los próximos meses no tenemos un escenario favorable, las proyecciones que se tienen es que habrá menos precipitaciones, por tanto, es muy probable que la sequía continúe”, dice la especialista.
En las tres comunidades pasaron los meses más intensos del fenómeno de El Niño sin sobresaltos, a pesar de que Bolivia atraviesa un duro golpe por las intensas lluvias, lo que provocó desbordes de ríos e inundaciones. Desde Puerto Yumani, Altamarani y Asunción del Quiquibey no se escucharon desgracias, al contrario, midieron la resiliencia y también esperan enfrentar la crisis de la sequía con éxito, y más que con éxito, con agua propia.
*Imagen principal: Un niño de la comunidad Puerto Yumani bebe el agua que sale de un grifo. El recurso llega a los hogares gracias al trabajo de los comuneros. Foto: Iván Paredes.
Compartimos el libro Luchas «muy otras». Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, coordinado por Bruno Baronnet, Mariana Mora Bayo y Richard Stahler-Sholk, que recopila «textos con base en trabajos de campo realizados entre 2003-2007, que analizan las prácticas indígenas de autonomía política en las diferentes zonas de influencia zapatista en Chiapas».
El Ministerio de Salud de Brasil decretó la emergencia en salud pública tras una operación en la tierra indígena yanomami, que mostró el peor escenario de devastación ambiental en 30 años.
La llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil significó un cambio de rumbo en varios aspectos. Uno de ellos, es el abordaje de la cuestión ambiental y la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Tras una operación en la que actuaron varios organismos ambientales del gobierno, realizada a fines de enero pasado en la comunidad yanomami, quedó al descubierto que la realidad de los pueblos indígenas era peor de la que, hasta entonces, se denunciaba.
La tierra indígena yanomami es un territorio de unos 100.000 kilómetros cuadrados, ubicado entre los estados de Roraima y Amazonas, en el noroeste del país. Allí, viven unas 30.000 personas distribuidas en 386 comunidades, varias de las cuales se encuentran aisladas y no mantienen contacto con otros seres humanos.
El territorio fue demarcado el 22 de mayo de 1992 por el entonces presidente, Fernando Collor de Mello, y el proceso duró unos 15 años. La demarcación supuso una larga batalla, con articulación internacional, hasta que el Ejecutivo brasileño ratificó la zona. Desde su reconocimiento y tras el avance de la deforestación ambiental a manos de empresas de minería, el territorio vivió el escenario de mayor devastación de su historia, lo cual impactó directamente en la forma de vida de los indígenas.
Imagen: Juruna Yanomami / Amazonia Real
En los últimos cuatro años, la devastación de árboles y ríos se ha más que duplicado. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), en 2019, la superficie alcanzó la tasa más alta desde 2008: 29.000 kilómetros cuadrados. La tasa más alta antes de este hito había sido de 14.000 kilómetros cuadrados, en 2008.
A medida que la minería avanza entre las comunidades y los invasores abren campamentos de exploración en medio de la selva, la crisis sanitaria se agrava. Esto se debe a que la actividad ilegal destruye la selva, ahuyenta la caza, contamina los ríos y los peces, y deja el suelo improductivo para las plantaciones.
Ante este escenario de invasión y degradación, las comidas que normalmente consisten en arroz, porotos, mandioca, carne de caza y pescado acaban limitándose a uno u otro alimento por vez. Sin nutrición adecuada, los y las indígenas se enferman y, debilitadas, las adultas no pueden ir a buscar comida para los niños, que se vuelven débiles y vulnerables a enfermedades como la malaria, la desnutrición grave, la diarrea y las lombrices.
Sólo en 2022, se calcula que unos 570 indígenas murieron de hambre o de enfermedades derivadas de la desnutrición en el territorio indígena yanomami. La operación llevada adelante por el nuevo gobierno para el análisis de situación arrojó que existen al menos 11.000 casos de malaria entre los pobladores del territorio indígena.
Luego de que la administración de Lula tomara conocimiento de la situación, el Ministerio de Salud declaró la emergencia de salud pública para hacer frente a la falta de atención sanitaria a la población en la región yanomami. A su vez, el presidente brasileño decretó la creación del Comité Nacional de Coordinación (CNC) para discutir y adoptar medidas en coordinación entre los poderes estatales para atender a esta población. El plan de acción deberá ser presentado en un plazo de 45 días y el comité trabajará durante 90 días, período que podrá ser prorrogado.
Una catástrofe con la firma del expresidente
La realidad que vivieron las poblaciones indígenas de Brasil, en especial, el pueblo yanomami, tuvo como principal artífice al exmandatario Jair Bolsonaro. Desde antes de asumir su mandato, el entonces diputado federal se refería con desdén sobre las y los indígenas brasileños, al punto de que, en una oportunidad, llegó a decir en una entrevista que el gran error histórico de las fuerzas armadas había sido no exterminar por completo a los pueblos originarios.
Una vez en el cargo, desde su gobierno se hizo todo lo posible para desarticular las estructuras montadas durante gestiones anteriores para preservar tanto los territorios delimitados como las reservas, así como a las poblaciones indígenas. Tanto el INPE como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) tuvieron sus presupuestos recortados, al tiempo que los cargos clave fueron a parar en manos de aliados de Bolsonaro, muchos de ellos con vínculos estrechos con el agronegocio y las empresas mineras.
Imagen: Minería ilegal de oro en Homoxi, tierra yanomami / Bruno Kelly – Amazonia Real
El caso que más se destacó fue el del exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que integraba un esquema de tráfico de madera ilegal, motivo por el cual debió dejar su cargo ante las presiones que recibió el propio gobierno.
En relación a la situación del pueblo yanomami, los años de Bolsonaro en el poder significaron un aumento no sólo de la deforestación, sino del hostigamiento por parte de invasores a las poblaciones originarias. Sólo en 2021, el área ocupada por la actividad ilegal pasó de 1.200 hectáreas a 3.200. El año 2019 fue, a su vez, el de mayor deforestación dentro del territorio con 29.000 kilómetros cuadrados destruidos.
En una entrevista brindada a un programa de televisión nacional, el presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami, Junior Ekurari, se refirió a la situación que vive su pueblo como una “crisis humanitaria”.
“Envié varios pedidos de ayuda al gobierno, al Ministerio de Salud, pedí apoyo para generar acciones que atendieran las necesidades del pueblo indígena”, explicó Ekurari. “No tuvimos ninguna respuesta, sólo mandaron equipos de profesionales que llevamos al territorio y mostramos la situación. Simplemente no hicieron nada. Por eso, decimos que el gobierno fue omiso. Las muertes que ocurrieron en esta situación tienen la firma de Bolsonaro”, remarcó.
El referente indígena también hizo mención al rol fundamental que tuvo el avance de la minería ilegal dentro de las tierras preservadas. “Durante cuatro años, los invasores avanzaron y eso hizo que todos corrieran riesgos. Muchos fueron asesinados por esos invasores, pero también ocurrió que hubo unidades de salud que funcionaban dentro del territorio que dejaron de funcionar tras las invasiones que avanzaban”, recordó Ekurari.
Abandonados a su suerte
El caso de la región Homoxi es uno de ellos. Allí funcionaba un puesto de salud al que acudían los pobladores. Tras el avance de la minería, y con el peligro debido no sólo a la contaminación por mercurio, sino a la violencia ejercida por los invasores, el centro sanitario cerró sus puertas y los indígenas fueron abandonados a su suerte.
En total, se calcula que 120, de las más de 300 unidades poblacionales del territorio yanomami, quedaron sin ningún tipo de atención del gobierno durante los cuatro años de Bolsonaro.
Además del abandono concreto de estas poblaciones, hubo un apoyo explícito del expresidente a la actividad ilegal. En octubre de 2021, Bolsonaro llegó a visitar una región de minería ilegal dentro de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. Allí, el exmandatario volvió a defender el trabajo de la minería ilegal diciendo que “si quieren plantar, planten. Si quieren minar, minen. Si quieren construir unas presas en el valle del río Cotingo, que lo hagan”.
Imagen: Niño yanomami trasladado a un hospital en Boa Vista / Antonio Alvarado
En ese momento, el gobierno ya había presentado un proyecto de ley en el Congreso que establecía permitir actividades en suelo indígena con autorización previa del Parlamento, mediante consulta y compensación a las comunidades afectadas.
Previamente, en un discurso en abril de 2019, Bolsonaro incluso citó la riqueza de la tierra como un derecho de la población en general, por encima de los derechos indígenas. “En Roraima, hay tres billones de reales (574.932.000 dólares) bajo la tierra. Y el indio tiene derecho a explotarlo de forma racional, obviamente. El indio no puede seguir siendo pobre en una tierra rica”.
La situación que atraviesa hoy el pueblo indígena yanomami es la más destacada en los medios de comunicación de Brasil, pero ilustra también la situación que vivieron durante cuatro años todas las comunidades originarias del país. La decisión del gobierno de Lula de declarar estado de emergencia es el primer paso para resolver una crisis provocada por el anterior Ejecutivo, que niega cualquier tipo de responsabilidad en relación a las muertes y enfermedades que padecen los pueblos indígenas, producto del avance de la deforestación ilegal.
Foto de portada: Darisa Yanomami y Juruna Yanomami – Amazonia Real.
En dicho evento, además de hacer un recuento histórico de la SEP, se habló de una gran cantidad de temas y retos que se tiene el sistema educativo mexicano, tanto en los tiempos actuales, como en los venideros.
Entre otras, se conversó del origen y los fundadores de la SEP, de la importancia de la legislación y las políticas, de la educación como un derecho humano, de los actores educativos, de aprender del pasado, de la importancia de los planes y programas de estudio, de la cobertura o de acabar con el analfabetismo aún existente.
Además, se discutió sobre cómo construir una identidad nacional en los alumnos, de la pedagogía, de las brechas educativas, de la desigualdad social, la sostenibilidad, del fomento de valores entre los estudiantes, de la relevancia y la necesidad de fomentar la investigación educativa, del trato y salario digno a los profesores, del financiamiento a la educación, de la continuidad de los servicios educativos y regreso paulatino en la nueva normalidad, así como del gran reto que tiene en su totalidad la SEP y sus diversos actores.
Foro “A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas”, en el Senado de la República.
Miguel Ángel Gallegos Cárdenas
Al mismo tiempo, se habló de los escenarios cambiantes, de los retos y desafíos que trajo consigo la pandemia, de rescatar los saberes tradicionales, pero también de las nuevas posibilidades que trajeron las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la revolución educativa impulsada por medio de estas tecnologías, de la alfabetización informacional, de la educación no presencial y las nuevas posibilidades, y, de las nuevas habilidades que demanda la sociedad y transformación digital.
Igualmente, se habló de las herencias legadas en cuanto a carencias en la educación básica y la media superior, así como de las problemáticas para acceder y permanecer en la educación superior, y de buscar e impulsar nuevas alternativas para los sectores de la población con mayores carencias, lo que lleva a pensar en los planos de las comunidades indígenas y de quienes menos tienen.
Sin duda, todos los asuntos mencionados en dicho foro son de gran interés, todos se tienen que atender, se tiene que hacer algo en cada uno de ellos, pero a mi parecer y el de muchos actores es cuestionarnos en estos momentos, ¿qué estamos haciendo para llevar oferta educativa a las comunidades indígenas?
Comunidad de indígenas zeltales.
La educación en las comunidades indígenas
Brindar alternativas a quienes menos tienen, a quienes pocas veces se ha volteado a ver, es decir, a las comunidades indígenas es algo urgente y necesario.
En este modernizado mundo tecnológico, necesitamos integrar y brindar oportunidad de participar y de sumarse a los hermanos de las comunidades originarias y en esta cuarta transformación nacional estamos en el tiempo de pensar y actuar en favor de ellos.
Algunos datos importantes como los que señala el Banco Mundial al decir que «en el mundo, hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen más del 6 % de la población mundial, representan alrededor del 15 % de las personas que viven en pobreza extrema».
Con estas referencias se puede observar que, aunque es una gran población, han sido un sector injustamente olvidado.
Por otro lado, a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México se tiene una gran riqueza cultural, pues se cuenta con 2.471 municipios y en ellos la existencia de 70 pueblos indígenas, que se encuentran distribuidos en 20 entidades federativas, a decir del Gobierno de México.
En cada entidad y municipio existen localidades y en ellas comunidades con costumbres y patrimonio propio
En cada una de ellas, se habla una lengua indígena. El mismo INEGI señala que, «en México, el 6.1% de los hombres y el 6.1% de las mujeres de 3 años y más habla alguna lengua indígena de las 364 variantes que existen. Es decir, 7.364.645 personas, de las cuales, 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres».
Indígenas y ambientalistas en la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Lorenzo Hernández / EFE
Esta riqueza cultural preservada por una población de 23.229.089 de personas que se autodescriben como indígenas y cerca de 12 millones que viven en hogares indígenas, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Reconocer la importancia de nuestros pueblos originarios para acercarles oferta educativa y educación continua es uno de los mayores retos que tiene el sistema educativo en estos momentos de justicia social.
Conviene recordar que, según el Banco Mundial, «en los últimos 20 años, se han reconocido cada vez más los derechos de los pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)», pero volvemos a cuestionar, ¿qué estamos haciendo a 100 años de la fundación de la SEP?
Indígenas y ambientalistas en Chichén Itzá.
Lorenzo Hernández / EFE
En ese sentido, y por ser de interés la reflexión en este escrito, conviene recordar lo que el doctor Casimiro Méndez Ortiz, señaló en aquel foro en el Senado, cuando planteó «hace falta crear una subsecretaría de educación indígena o subsecretaría de educación intercultural, a nivel nacional, como un reconocimiento a las comunidades indígenas».
«O al menos, como también aseveró, «ampliar la cobertura educativa a nivel superior en las comunidades indígenas, auxiliados de las tecnologías para llegar a los rincones más apartados y necesitados del país».
La continuidad educativa a través de las tecnologías digitales, para atender a quienes menos tienen y a las comunidades de los pueblos originarios, es una gran alternativa que ahora tiene la SEP y sus diversos subsistemas.
Hoy más que nunca debemos integrarnos, solidarizarnos y coadyuvar todos juntos por el bien colectivo. Debemos trabajar juntos para construir mejor México, y la educación es el camino, como afirmó la doctora Elvia Garduño: «Por medio de la educación podemos construir una nueva historia».
Hagámoslo, pero para esa construcción es preciso que participemos todos.
La crisis económica por la pandemia profundizó aún más las brechas en las comunidades indígenas de Loreto. Las familias debieron comprar celulares para que los niños estudien, pero no todos accedieron al programa estatal Aprendo en Casa. “Antes de la pandemia el sistema educativo ya era desigual e injusto con los pueblos indígenas. Es urgente que las autoridades promuevan una mejor educación”, dice en esta columna el periodista kukama.
La educación en la región Loreto es de muy baja calidad. Antes de la pandemia los medios de comunicación de Nauta denunciaron que los docentes no acudían a sus puestos de trabajo y que las escuelas estaban desatendidas por las autoridades. Con la crisis sanitaria por la Covid-19 el problema se agudizó.
Cuando el gobierno decretó el estado de emergencia durante la primera ola, muchas comunidades indígenas quedaron desatendidas por el Estado. Faltaban los alimentos y las medicinas también escaseaban en los puestos de salud. Las comunidades afectadas por la contaminación petrolera fueron las que más sufrieron en el contexto de la emergencia sanitaria.
Los primeros bonos otorgados por el gobierno, como ayuda para paliar la crisis económica, causaron desorden en las comunidades. Los niños indígenas necesitaban alimentarse y sus padres también debían pensar en cómo adquirir medicinas para sus enfermos. Y de pronto comenzó el programa “Aprendo en casa”. Sin mucha información, los padres tuvieron que comprar celulares para que sus hijos se conecten a las clases virtuales.
Algunas familias pudieron adquirir esos equipos en la ciudad de Nauta, ubicada a dos horas por carretera o doce por río desde la capital de la región. Pero no eran las únicas necesidades. También les hacía falta comprar un galón de gasolina diario en la ciudad para los generadores eléctricos. Solo así los niños podían seguir las clases. Eran pocos los estudiantes indígenas que accedían a clases mediante ese programa estatal.
ANTES DE LA PANDEMIA EL SISTEMA EDUCATIVO YA ERA DESIGUAL E INJUSTO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS».
En las ciudades amazónicas, donde la mayor parte de la población es indígena, las madres y los padres de familia se han convertido en docentes de sus hijos. Los profesores solo se dedican a enviarles tareas con poca orientación y pautas para su desarrollo. Las tablets, que llegaron al final de la segunda ola de la pandemia, vienen construyendo una generación de estudiantes alejados de la realidad. Los convierten en posibles víctimas de acoso sexual o trata de personas, como ocurrió con dos niñas de Nauta y Cuninico (distrito de Urarinas), que en agosto fueron captadas mediantes las redes sociales por personas mayores.
Si antes de la pandemia el sistema educativo era desigual e injusto con los pueblos indígenas, con la crisis sanitaria esas brechas se hicieron aún más profundas. Los recursos económicos, insuficientes desde antes de la pandemia, terminaron en manos de funcionarios que se aprovecharon de la situación y agravaron la vida de las poblaciones indígenas.
Es el caso de Ladislao, un niño de 5 años, que vive en la junta vecinal “El Mirador” de Nauta. El pequeño tiene una muela que no lo deja dormir. Además, no puede atender las clases debido a que sus padres —que trabajan vendiendo golosinas en las calles de Nauta— no han podido comprarle un celular. No tienen dinero para los analgésicos. El Sistema Integral de Salud (SIS) no lo atiende todavía. Llora cogiéndose la carita.
A él no le contaron, pero algún día sabrá que el dinero con que debieron atenderlo para aliviarle el dolor de muela, se lo llevó un funcionario del gobierno. Entonces toca volver a las plantas medicinales. La escuela tendrá que esperar. La desigualdad para Ladislao y otros niños indígenas se ha expuesto más durante la pandemia.
Es urgente que las autoridades promuevan una educación de calidad, sin discriminación, sin exclusiones de los pueblos indígenas. Niños como Ladislao necesitan toda la atención del Estado peruano.
Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.
Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.
Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.
Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados «tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos«.
También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.
Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en «huelga de hambre» y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el «epicentro político de toma de decisiones del país», para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra «el hambre y olvido».
La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de «medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira», ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.
«Vulneración generalizada»
En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una «vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu».
Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía «iniciar o continuar», según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.
En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.
La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.
«Uno de los mayores problemas»
De acuerdo al informe «Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables», presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja «graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral».
En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).
«La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad», cita el informe de la Defensoría.
El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también «afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia» y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.
Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en «zonas rurales y dispersas», entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.
«La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito», señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país.
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