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Leonardo Tello Imaina: El impacto de la crisis en la educación indígena de la Amazonía

La crisis económica por la pandemia profundizó aún más las brechas en las comunidades indígenas de Loreto. Las familias debieron comprar celulares para que los niños estudien, pero no todos accedieron al programa estatal Aprendo en Casa. “Antes de la pandemia el sistema educativo ya era desigual e injusto con los pueblos indígenas. Es urgente que las autoridades promuevan una mejor educación”, dice en esta columna el periodista kukama.

La educación en la región Loreto es de muy baja calidad. Antes de la pandemia los medios de comunicación de Nauta denunciaron que los docentes no acudían a sus puestos de trabajo y que las escuelas estaban desatendidas por las autoridades. Con la crisis sanitaria por la Covid-19 el problema se agudizó.

Cuando el gobierno decretó el estado de emergencia durante la primera ola, muchas comunidades indígenas quedaron desatendidas por el Estado. Faltaban los alimentos y las medicinas también escaseaban en los puestos de salud. Las comunidades afectadas por la contaminación petrolera fueron las que más sufrieron en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los primeros bonos otorgados por el gobierno, como ayuda para paliar la crisis económica, causaron desorden en las comunidades. Los niños indígenas necesitaban alimentarse y sus padres también debían pensar en cómo adquirir medicinas para sus enfermos. Y de pronto comenzó el programa “Aprendo en casa”. Sin mucha información, los padres tuvieron que comprar celulares para que sus hijos se conecten a las clases virtuales.

Algunas familias pudieron adquirir esos equipos en la ciudad de Nauta, ubicada a dos horas por carretera o doce por río desde la capital de la región. Pero no eran las únicas necesidades. También les hacía falta comprar un galón de gasolina diario en la ciudad para los generadores eléctricos. Solo así los niños podían seguir las clases. Eran pocos los estudiantes indígenas que accedían a clases mediante ese programa estatal.

ANTES DE LA PANDEMIA EL SISTEMA EDUCATIVO YA ERA DESIGUAL E INJUSTO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS».

En las ciudades amazónicas, donde la mayor parte de la población es indígena, las madres y los padres de familia se han convertido en docentes de sus hijos. Los profesores solo se dedican a enviarles tareas con poca orientación y pautas para su desarrollo. Las tablets, que llegaron al final de la segunda ola de la pandemia, vienen construyendo una generación de estudiantes alejados de la realidad. Los convierten en posibles víctimas de acoso sexual o trata de personas, como ocurrió con dos niñas de Nauta y Cuninico (distrito de Urarinas), que en agosto fueron captadas mediantes las redes sociales por personas mayores.

Si antes de la pandemia el sistema educativo era desigual e injusto con los pueblos indígenas, con la crisis sanitaria esas brechas se hicieron aún más profundas. Los recursos económicos, insuficientes desde antes de la pandemia, terminaron en manos de funcionarios que se aprovecharon de la situación y agravaron la vida de las poblaciones indígenas.

Es el caso de Ladislao, un niño de 5 años, que vive en la junta vecinal “El Mirador” de Nauta. El pequeño tiene una muela que no lo deja dormir. Además, no puede atender las clases debido a que sus padres  —que trabajan vendiendo golosinas en las calles de Nauta— no han podido comprarle un celular. No tienen dinero para los analgésicos. El Sistema Integral de Salud (SIS) no lo atiende todavía. Llora cogiéndose la carita.

A él no le contaron, pero algún día sabrá que el dinero con que debieron atenderlo para aliviarle el dolor de muela, se lo llevó un funcionario del gobierno. Entonces toca volver a las plantas medicinales. La escuela tendrá que esperar. La desigualdad para Ladislao y otros niños indígenas se ha expuesto más durante la pandemia.

Es urgente que las autoridades promuevan una educación de calidad, sin discriminación, sin exclusiones de los pueblos indígenas. Niños como Ladislao necesitan toda la atención del Estado peruano.

Fuente: https://ojo-publico.com/3078/el-impacto-de-la-crisis-en-la-educacion-indigena-de-la-amazonia

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«Hambre y olvido»: Más de 16.000 niños están en riesgo de desnutrición en La Guajira colombiana

Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.

Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.

Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados «tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos«.

También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.

Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en «huelga de hambre» y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el «epicentro político de toma de decisiones del país», para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra «el hambre y olvido».

La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de «medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira», ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.

«Vulneración generalizada»

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una «vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu».

Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía «iniciar o continuar», según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.

En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.

La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.

«Uno de los mayores problemas»

De acuerdo al informe «Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables», presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja «graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral».

En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

«La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad», cita el informe de la Defensoría.

El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también «afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia» y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.

Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en «zonas rurales y dispersas», entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.

«La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito», señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/406399-ninos-riesgo-desnutricion-guajira-colombia-persiste

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Protestas mundiales mientras el Tribunal Supremo de Brasil se dispone a dictar una sentencia histórica sobre los derechos indígenas

Los pueblos indígenas de todo Brasil se movilizan en Brasilia en una semana de protestas contra el “Marco Temporal”, el proyecto de ley 490 conocido como el “Proyecto de Ley de la Muerte”, así como contra otros planes y acciones genocidas del Gobierno de Bolsonaro

La acción internacional “Lucha por la Vida” (“Luta pela Vida”) está liderada por APIB, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil.

Manifestantes indígenas celebran una vigilia en Brasilia la noche antes de que el Tribunal Supremo inicie su votación sobre la trampa del Marco Temporal (2021).
Manifestantes indígenas celebran una vigilia en Brasilia la noche antes de que el Tribunal Supremo inicie su votación sobre la trampa del Marco Temporal (2021). © Survival

 

La APIB ha celebrado una concentración ante el Tribunal Supremo, que se espera reanude la votación de la trampa del Marco Temporal. Esta es una propuesta presentada por el sector del agronegocio que defiende que los pueblos indígenas solo tienen derecho al territorio que ocupaban físicamente el 5 de octubre de 1988, día en que entró en vigor la actual Constitución.

En todo el mundo se están desarrollando acciones de protesta contra el PL490. En San Francisco y Londres los manifestantes han exigido el fin de los ataques genocidas del presidente Bolsonaro y sus simpatizantes contra los pueblos indígenas de Brasil.

Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la trampa del Marco Temporal.
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la trampa del Marco Temporal. © Survival

 

La trampa del Marco Temporal supone una amenaza para cientos de territorios indígenas, cientos de miles de indígenas y decenas de pueblos indígenas no contactados, entre ellos:

– Los xoklengs: uno de sus territorios es sobre el que decidirá el Tribunal Supremo, que juzgará sobre la validez o no de la teoría del Marco Temporal.

A principios del siglo pasado el Gobierno brasileño propició que gran parte del territorio de los xoklengs y otros territorios indígenas fueran adjudicados a colonos europeos. El Gobierno también financió la llamada “milicia de caza de indios”, que aceleró el acaparamiento de tierras colonial y el genocidio de los pueblos indígenas.

El Tribunal Supremo podría ahora fijar para siempre los efectos de estas y posteriores expulsiones, sentando un precedente que tendría gravísimas consecuencias para los pueblos indígenas de Brasil.

– Los guaraníes: casi toda su tierra fue robada antes de 1988 y ahora se utiliza para el agronegocio. Serían de los más perjudicados. Su lucha para recuperar sus tierras, que ya es una batalla descomunal, sería aún más difícil y sangrienta.

– Los kawahivas no contactados: su existencia y ubicación se confirmó oficialmente después de 1988, como la de muchos otros pueblos indígenas no contactados.

– Muchos otros pueblos indígenas no contactados, cuya existencia aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, a pesar de las numerosas pruebas que existen. Hay 86 casos de este tipo. Uno de ellos es el de los pueblos no contactados del territorio indígena Ituna Itatá, cuya Ordenanza de Protección Territorial de emergencia está a punto de expirar.

Indígenas muestran los nombres de los territorios indígenas que se verán afectados si el Tribunal Supremo aprueba la Ley de plazos, Brasilia, 2021.
Indígenas muestran los nombres de los territorios indígenas que se verán afectados si el Tribunal Supremo aprueba la Ley de plazos, Brasilia, 2021. © Survival

 

Si se aprueba, la trampa del Marco Temporal supondría retroceder décadas en la lucha por los derechos indígenas y podría acabar con pueblos indígenas enteros no contactados. El movimiento indígena y sus aliados estamos movilizándonos para que este peligroso proyecto de ley se descarte.

Según la APIB: “Que el país escuche a sus pueblos indígenas. Nuestras vidas están ligadas a la tierra, vivimos en comunión con ella. Somos los guardianes de las selvas y de todas las formas de vida que viven en ellas. Nos enfrentamos a un Congreso que sigue impulsando su agenda anti-indígena. Estamos luchando contra la trampa del Marco Temporal, programado para ser votado por el Tribunal Supremo el 25 de agosto. ¡Resistiremos!”.

Caroline Pearce, directora de Survival International, ha declarado hoy: “Esta es la sentencia judicial más decisiva para los pueblos indígenas de Brasil desde hace décadas. Está en juego el futuro de cientos de miles de personas. También es una prueba crucial para el poder judicial y la democracia de Brasil. Los jueces del Tribunal Supremo deben defender la Constitución que reconoce los derechos originarios de los pueblos indígenas a sus tierras como primeros habitantes del país”.

Manifestantes en Londres se solidarizan con los pueblos indígenas de Brasil frente a la embajada brasileña en Londres.
Manifestantes en Londres se solidarizan con los pueblos indígenas de Brasil frente a la embajada brasileña en Londres. © Suzanne Plunkett / Greenpeace

Para más información, contacta con:
Survival International: press@survivalinternational.org, móvil: +447841 029 289;
Greenpeace Reino Unido: press.uk@greenpeace.org;
CAFOD: Frances Leach – fleach@cafod.org.uk, móvil: +447584 349 426; o Nana Anto-Awuakye – nanto-awuakye@cafod.org.uk, móvil: +447799477541;
Amazon Rebellion: amazonreb@protonmail.com;
Brazil Matters: brazilmatters@gmail.com, móvil: +44 7793 451311

Protesta en Londres el 25 de agosto en la Embajada de Brasil, 14-16 Cockspur St, LONDRES SW1Y 5BL junto a simpatizantes de Amazon Rebellion, Brazil Matters, CAFOD, Greenpeace, Parents for Future y Survival International.

Protesta en San Francisco el 24 de agosto en el Consulado de Brasil, 300 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104-1901 junto a simpatizantes de Brazil Solidarity Network, Women’s Earth and Climate Action Network, Survival International y Amazon Watch.

Más fotografías disponibles en este banco de imágenes de Greenpeace.

Activistas y manifestantes de San Francisco piden que no se apruebe la trampa del Marco Temporal en la víspera de que el Tribunal Supremo se pronuncie: 'La historia indígena es anterior a 1988'.
Activistas y manifestantes de San Francisco piden que no se apruebe la trampa del Marco Temporal en la víspera de que el Tribunal Supremo se pronuncie: ‘La historia indígena es anterior a 1988’. © Survival

 

Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la 'Trampa del Marco Temporal'.
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la ‘Trampa del Marco Temporal’. © Sue Cunningham/Survival
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la 'Trampa del Marco Temporal'.
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la ‘Trampa del Marco Temporal’. © Suzanne Plunkett / Greenpeace

Fuente: https://rebelion.org/protestas-mundiales-mientras-el-tribunal-supremo-de-brasil-se-dispone-a-dictar-una-sentencia-historica-sobre-los-derechos-indigenas/

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México: Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

*La Asamblea tiene entre los puntos de su pliego petitorio, la instalación de una Comisión Electoral Central responsable de coordinar y evaluar la propuesta de elección para el nuevo director o directora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).


La Asamblea de Académicos, Estudiantes, Administrativos y Aspirantes (AAEAA) de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 dieron a conocer que, desde hace 9 meses demandan la reapertura de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI Plan 90) y la Licenciatura en Educación (LE Plan 94), como el cumplimiento de un pliego petitorio.

Explicaron que, de no impartirse esas licenciaturas en las nueve subsedes que conforman la Unidad 071 de la UPN, afectarían a un número aproximado de 500 aspirantes en 9 municipios de la entidad chiapaneca.

Durante ese tiempo, la única respuesta que recibieron del gobierno estatal y autoridades educativas fue a través de una entrevista realizada el pasado 28 de mayo, donde informaron el cierre de ambas licenciaturas.

La AAEAA señaló que, dicha decisión tiene fundamento en la “filosofía racista y discriminatoria”, ya que las dos licenciaturas van dirigidas a jóvenes estudiantes de origen indígena, además su radio de influencia abarca municipios y comunidades de todo el estado.

A esto se suman las amenazas de: Amir Gómez Martínez, director de Gobierno; Julio Cesar Santos Puón, jefe del departamento de Educación Continua; Yadira Lavalle Herrera, coordinadora de delegados del gobierno; José Bastiani Gómez, director de UPN impuesto; y Rafael Morales Vázquez, representante de la Dirección de Educación Primaria Indígena.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica. Foto: Cortesía.

Los representantes -gobierno estatal y autoridades educativas- y servidores públicos mencionados han dicho que tienen los domicilios y nombres de los integrantes de la Asamblea, y si alteran la paz social incurrirían en delito.

Añadieron que, Roberto Méndez Rodríguez, coordinador de la subsede Ocosingo, intimida, amenaza y hostiga a las y los estudiantes que participan en el movimiento.

Este es un movimiento en defensa de la educación pública, en defensa de la UPN, en defensa de la vida académica de la UPN. Y sobre todo es la defensa del derecho a la educación para la juventud, pues, de cerrar las licenciaturas que demandamos, prácticamente nos despojan del derecho a la educación, dijo la AAEAA.

Al no recibir ninguna respuesta favorable, enviaron una comisión a la Ciudad de México, para hacer de conocimiento a las altas autoridades del país, sobre los agravios que se están cometiendo en su contra, al negarles derechos fundamentales, como es la educación.

Responsabilizaron a Bastiani Gómez, ya  que desde su participación en el cuerpo directivo anterior, avaló el cierre definitivo de las licenciaturas y ahora como director se ha dedicado a justificar dicha acción, como a calumniarles y victimizarles por luchar en defensa de la UPN.

Por esa razón, la educación no avanza en sus procesos formativos y críticos que liberen la conciencia de nuestros pueblos y localidades marginadas donde se vive realmente la pobreza económica extrema y las condiciones de vida son deplorables, a pesar de tener todos los recursos humanos y naturales que tiene nuestro estado, expuso la AAEAA.

Reafirmaron que continuaran la lucha a favor de la educación Pública y la UPN con la exigencia de respuestas positivas a su pliego petitorio, entre sus puntos se encuentra la apertura inmediata de matrículas de nuevo ingreso, desde hace más de dos años no se ha emitido convocatoria en los diversos programas, a nivel licenciatura como en posgrados, para aspirantes a cursar estudios y formación pedagógica, en todas las subsedes pertenecientes de la unidad 071.

Piden un alto a las amenazas por parte del director de la UPN, en
contra de estudiantes, académicos y administrativos. Foto: Cortesía

Asimismo, la emisión directa de contratos laborales para los alumnos que cursan del 6° al 8° semestre por parte de la Subsecretaria de Educación Federalizada (SEF), con techo financiero, en sus dos modalidades: preescolar y primaria.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica dentro de su casa de estudios, como del establecimiento y puesta en práctica de cursos extracurriculares con validez oficial, para complementar su formación como docentes y cumplir con los requisitos que se enmarca en las convocatorias de ingreso a la educación básica.

Otro punto es la suspensión inmediata por parte de la SEF, de las ordenes emitidas contra las y los maestros que están y han estado comisionados en la Unidad 071, y respeto a los trabajos académicos que han venido desarrollando dentro de la universidad.

La Asamblea piden la reinstalación inmediata de los trabajadores que se encuentran invalidados, así como aquellos que suspendidos en sueldo y funciones por parte de la administración saliente.

Así como la destitución del director impuesto y la emisión conjunta de la nueva convocatoria, respetando la libre participación democrática mediante voto universal y secreto de la comunidad universitaria, en la elección del nuevo director o directora de la Unidad 071 de la UPN.

Por último, la participación en la asignación de plazas directas a todos los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, en sus diferentes niveles escolares, y el alto a las amenazas que el director ejerce en contra de los estudiantes, académicos y administrativos para no participar en la defesa y lucha.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/07/medio-millar-de-aspirantes-indigenas-se-veran-afectados-por-cierre-de-licenciaturas-en-upn/

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Indígenas de Bangladesh viven con la zozobra de perder sus bosques

 Cuando el Departamento Forestal de Bangladesh taló el huerto de bananos de Basanti Rema, esta habitante indígena de los bosques de Madhupur, sintió que estaba viviendo una pesadilla.

Rema, de la aldea de Pegmari, en Madhupur, parte del distrito de Tangail, había cultivado sus platanales  en media hectárea dentro del bosque de esa área protegida. Pero el Departamento Forestal alegó que la tierra en la que se cultivaban los bananos pertenecía al organismo estatal.

La historia de Rema no es inusual, ya que en el pasado los garo y otras minorías indígenas han sido desalojados de sus tierras ancestrales por falta de derechos registrados sobre ellas, aunque existan pruebas de que junglas como la de Madhupur han sido su hogar de siempre.

“La disputa por la tierra es el principal problema, ya que el gobierno declaró 9145 acres (3700 hectáreas) de tierra del bosque de Madhupur como bosque de reserva forestal absoluta, poniendo en riesgo nuestra vida en nuestra tierra ancestral”, dijo Jonajetra, un miembro de la comunidad garo que vive dentro de ese bosque selvático, en la región norcentral de este país del sur de Asia.

En su diálogo con IPS, aseguró que el Departamento Forestal a menudo presenta casos falsos contra los indígenas por la supuesta tala de árboles. Incluso se ha demandado por esa actividad a niños de siete y ocho años.

En el boletín oficial de Bangladesh del 15 de febrero de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques declaró la tierra parque nacional de Madhupur como reserva forestal en virtud de la sección 20 de la Ley Forestal de nada menos que de 1927.

“Los habitantes garo se han enfrentado a varios problemas en la jungla. El Departamento Forestal presenta con frecuencia casos falsos contra nosotros”, dijo a IPS el dirigente Eugin Nokrek, presidente de Joyenshahi Adivasi Unnayan Parishad, una organización de pueblos indígenas bangladesíes.

“Si queremos construir una nueva casa y desmantelar la antigua, el departamento obstruye nuestras obras. Si queremos plantar huertos de bananos o piñas en nuestras tierras en barbecho, recibimos objeciones del Departamento Forestal”, añadió.

Miedo al desalojo

A pesar de vivir en la jungla de Madhupur, también conocida como Garth Gazau, durante generaciones, a los indígenas garo y otras minorías no se les han reconocido sus derechos en aquellas tierras declaradas como forestales.

Los esfuerzos del Departamento Forestal por recuperar las tierras perdidas por la agricultura y el acaparamiento de tierras han acrecentado el temor de las comunidades indígenas de perder las tierras donde han vivido por muchas generaciones, con derechos diferenciados a otros ocupantes que no se están teniendo en cuanta.

“Estamos a punto de ser desalojados de nuestras tierras ancestrales, ya que el gobierno ha declarado el bosque de Madhupur como una reserva absoluta. Podemos ser desalojados del bosque en cualquier momento”, dijo Nokrek, miembro del pueblo garo.

Hace décadas, Madhupur, en el distrito de Tangail, tenía 49 750 hectáreas, de las que  22 450 eran bosques protegidos.

Miembros de los pueblos indígenas de Bangladesh forman una cadena humana en el distrito de Tangail, en una de sus muchas iniciativas para exigir que se le reconozcan derechos legales sobre sus tierras ancestrales, en especial en la jungla de Madhupur. Foto: Rafiqul Islam / IPS

Según los funcionarios del Departamento Forestal de Tangail, ya han desaparecido algo más de 32 000 hectáreas de bosque debido a la tala indiscriminada y al acaparamiento de tierras, en un proceso que continúa y que se busca revertir.

Mohammad Jahirul Haque, funcionario forestal en la división de Tangail, dijo que el Departamento continuará sus campañas para recuperar las tierras forestales de los acaparadores. Sin embargo, aseguró a IPS que no había ningún plan para desalojar a los indígenas del bosque y que permanecerían en sus tierras ancestrales.

Según Sanjeeb Drong, secretario general del Foro de Pueblos Indígenas de Bangladesh, legalmente el bosque de Madhupur está bajo la jurisdicción del Departamento Forestal, pero los indígenas lo reclaman como su territorio colectivo ancestral y tienen pruebas para defender sus derechos.

El activista recordó que Madhupur es el hogar de las etnias garo, barman y koch, que viven entre sus árboles por muchas generaciones.

Cumplir una promesa

Al gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina se le considera sensible a los derechos indígenas y en el programa electoral que la elevó por primera vez al poder en enero de 2009 se comprometía a formar una comisión independiente para resolver los conflictos territoriales de las diferentes minorías étnicas.

Pero la estela de persecuciones del pasado mantiene el temor entre las comunidades originarias, lo que se recrudece con las medidas adoptadas por el Departamento Forestal contra las actividades de los indígenas en Madhupur y los obstáculos de todo tipo al desarrollo de sus comunidades.

Nokrek dijo que muchas familias indígenas fueron desalojadas de Madhupur durante el bienio 2007-2008, durante el gobierno provisional de entonces.

Al dirigente indígena le preocupa que un cambio de gobierno pueda incrementar los desalojos, aduciendo causas de conservación ambiental o de otro tipo.

“Somos los habitantes del bosque y exigimos derechos legales sobre nuestra tierra, en la que hemos vivido durante generaciones. Queremos el reconocimiento legal de nuestra tierra ancestral para que nadie pueda desalojarnos”,  dijo Nokrek.

Además, explicó, “si tenemos el reconocimiento legal, obtendremos una compensación cuando el gobierno quiera hacerse con nuestras tierras ancestrales por un interés mayor”.

Los propietarios de tierras son compensados cuando se adquieren sus tierras para proyectos gubernamentales. Sin embargo, los garo y otras etnias indígenas no pueden recibir una indemnización porque no tienen pruebas legales sobre la propiedad de la tierra y otros derechos colectivos sobre ella.

De hecho, “la larga disputa sobre el derecho a la tierra de las minorías étnicas aún no se ha resuelto, ya que el gobierno todavía no ha formado la prometida comisión”, dijo Drong.

“Los responsables políticos deben tomar decisiones sobre cómo conceder a las personas de las etnias los derechos sobre sus tierras ancestrales”, insistió el secretario general del Foro de Pueblos Indígenas de Bangladesh.

En 1956, el entonces gobierno de Pakistán declaró el bosque a Madhupur como parque nacional y desalojó a los indígenas para adquirir las tierras forestales.

Tras alcanzar  Bangladesh su independencia en 1971, el bosque de Madhupur fue declarado bosque nacional o bosque reservado.

“Aunque los garo llevaban mucho tiempo viviendo en este bosque, los terratenientes no les concedieron derechos sobre la tierra tras la aprobación de la Ley de Adquisición y Tenencia del Estado de Bengala Oriental en 1950. Por eso perdieron sus derechos sobre sus tierras ancestrales”, detalló Drong en su diálogo con IPS.

Eso no ha sido obstáculo para que “la mayor parte del bosque de Madhupur ya haya sido acaparada por personas influyentes y ocupantes locales”, señaló.

Los árboles nativos son reemplazados

Nokrek, por su parte, denunció que el Departamento Forestal está sembrando plantones de acacia, en lugar de mantener los tradicionales árboles de sal (Shorea robusta ) en el bosque más grande de esta especie en Bangladesh, en el marco de un llamado programa de forestación social.

“El Departamento Forestal, los políticos y las personas influyentes encuentran negocio en este proyecto”, dijo.

Tras señalar que, debido a la presión del aumento de la población, la superficie forestal disminuye día a día, el dirigente indígena dijo que en los últimos años se han establecido fábricas e industrias en terrenos forestales mediante la falsificación de documentos.

Haque, el responsable de la división del Departamento Forestal de Tangail, dijo que había algo menos de 50 000 hectáreas de bosque de sal en Madhupur, aunque reconoció que parte de ese territorio estaba ocupado por acaparadores locales de tierra y personas influyentes.

El Departamento Forestal ha recuperado hasta ahora unas 7500 hectáreas de esas tierras boscosas, aseguró.

Como el bosque se está reduciendo rápidamente en la principal zona de Madhupur,  Haque  aseguró que el gobierno tomó ya la decisión de restaurar el bosque tradicional de sal y la tierra forestal en barbecho se pondrá bajo cobertura verde con la plantación de nuevos plantones de esa especie nativa.

Fuente: https://rebelion.org/indigenas-de-bangladesh-viven-con-la-zozobra-de-perder-sus-bosques/

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¿Dónde están los niños indígenas desaparecidos en los internados gubernamentales de Canadá?

Por: Julio César Rivas

 

Miles de niños indígenas desaparecieron sin dejar rastro de decenas de residencias escolares en las que fueron ingresados a la fuerza durante más de un siglo por las autoridades canadienses. Durante años, los indígenas denunciaron las desapariciones pero nadie les creyó hasta el descubrimiento de los restos de 215 niños en una fosa común en Kamloops.

El pasado viernes 2 de julio, Rosanne Casimir, kukpi (chief) de los tk’emlúps te secwépemc, un grupo indígena de la provincia de Columbia Británica, convocó una rueda de prensa para anunciar el descubrimiento de los restos de 215 niños enterrados en una fosa común en la antigua residencia escolar de Kamloops.

Kamloops fue en su momento el internado más grande de las cerca de 130 residencias escolares que el Gobierno canadiense creó por todo el territorio, y que fueron gestionados en su mayoría por organizaciones religiosas, como parte del programa de asimilación de la población indígena.

Los niños, algunos de sólo unos pocos años de edad, eran arrancados a la fuerza de sus familias, a veces por la Policía Montada, y enviados a residencias escolares situadas a centenares e incluso miles de kilómetros de sus comunidades.

Un juego infantil de rayuela en una calle de Toronto se ha convertido en uno de los homenajes espotáneos que han aparecido en todo Canadá en honor de los 215 niños indígenas cuyos restos fueron hallados enterrados en la antigua residencia escolar de Kamloops. Imagen: Julio César Rivas.

Allí, se les cambiaba sus nombres indígenas por nombres “cristianos”, se les obligaba a olvidar sus lenguas maternas y se les sometía a abusos físicos, psicológicos y sexuales.

Incluso, entre 1930 y 1970, algunos de esos niños sufrieron experimentos médicos a manos de científicos gubernamentales en algunos casos para determinar los límites de malnutrición que el cuerpo puede soportar.

Cuando se producían muertes entre los niños en las residencias escolares, en muchas ocasiones ni las familias ni los otros estudiantes eran notificadas.

Uno de los homenajes espotáneos que han aparecido en las calles de Canadá en honor de los 215 niños indígenas cuyos restos fueron hallados enterrados en la antigua residencia escolar de Kamloops. Foto: Julio César Rivas.

El jefe indígena Harvey McLeod, del grupo Upper Nicola cuyo territorio se sitúa a unos 200 kilómetros al sureste de Kamloops, fue uno de los niños que fue forzado a vivir en la residencia escolar de Kamloops.

McLeod declaró a la cadena de televisión canadiense CTV cómo algunos de sus compañeros desaparecían de un día para otro sin que nadie supiese que había pasado con ellos.

“Recuerdo que un día estaban ahí y al siguiente habían desaparecido”, dijo.

Algunos de esos niños simplemente huyeron de las residencias. Pero muchos otros se teme que murieron y sus cuerpos fueron simplemente enterrados en los terrenos de las residencias escolares en fosas comunes.

Según la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Canadá (TRC), entre 3.000 y 4.000 niños desaparecieron de las residencias escolares aunque algunos investigadores dicen que esa cifra es conservadora y podría llegar a los 6.000.

En 2015, el informe final de la Comisión concluyó que el país norteamericano utilizó los internados como herramienta para cometer un “genocidio cultural” contra la población indígena del país.

Imagen de 1937 del internado de Kamloops en la que aparecen estudiantes indigenas, personal de la residencia escolar y autoridades locales. Los restos de 215 niños indígenas han sido localizados enterrados en la residencia escolar de Kamloops. Foto: IRSHDC

“Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política de Canadá hacia los aborígenes fueron eliminar los gobiernos aborígenes; ignorar los derechos aborígenes; terminar los tratados y, a través de un proceso de asimilación, causar que los pueblos aborígenes cesasen de existir en Canadá como entidades diferenciadas legal, social, religiosa y racialmente”, señaló la Comisión en su informe final.

“El establecimiento de las escuelas residenciales fue un elemento central de esta política, que puede ser descrita mejor como ‘genocidio cultural’”, añadió.

Durante generaciones, las comunidades indígenas transmitieron oralmente las historias de esos niños desaparecidos mientras lo que sucedía entre los muros de esos internados era ignorado por el resto de la sociedad canadiense.

Como me dijo Casimir la semana pasada, “tenemos mucha historia oral con respecto a los niños desaparecidos en toda la nación y tk’emlúps. Tenemos información de generaciones que fue compartida pero nunca nada que fuese concreto y nada que fuese documentado. Ahora que lo hemos confirmado con el radar de penetración del terreno  vamos a estudiar los próximos pasos a dar”.

Casimir también respondió con un “por supuesto” cuando la pregunté si no debe ser la obligación del Gobierno federal localizar e identificar los restos de miles de posibles víctimas del sistema que Ottawa creó.

Casimir no es la única persona que quiere más acción y menos palabras por parte de las autoridades federales.

Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), que representa a los grupos indígenas de Canadá, solicitó que cada una de las decenas de escuelas residenciales que el Gobierno canadiense estableció desde 1870 hasta 1996, sea examinada para localizar restos de niños internados en esas instituciones.

De momento, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sólo ha ofrecido buenas palabras pero no se ha comprometido a iniciar la búsqueda de restos humanos en esas 130 residencias escolares.

“Creo que todos los canadienses están conmocionados por las noticias de Kamloops. No podemos ni imaginar que 215 niños fueron arrancados de sus familias o que no se comunicase a las familias que sus hijos habían muerto. No sólo en Kamloops si no en otras parte del país”, declaró Trudeau.

Trudeau añadió que “esperaba” que se produjesen “debates de emergencia” en el Parlamento y se ofreciese a las comunidades, supervivientes y familias “medidas tangibles” aunque no ha sido capaz de señalar una sola.

Mientras Trudeau se muestra vago sobre lo que su Gobierno hará, en todo el país se multiplican las acciones en solidaridad con las víctimas de Kamloops. Frente al Parlamento de Canadá, decenas de zapatos infantiles han sido colocados por manos anónimas para honrar a los niños desaparecidos.

Y en un céntrico barrio de Toronto, alguien ha pintado un “hopscotch”, el popular juego infantil de la rayuela, con 215 rectángulos, uno por cada uno de los niños encontrados en Kamloops.

Fuente de la información e imégenes:  Lattin Magazine

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Hallan otra fosa común con cientos de estudiantes indígenas en una vieja escuela católica de Canadá

La Federación de Naciones Soberanas Indígenas de Canadá, resaltó que la cantidad de tumbas encontradas sería “la más significativa hasta la fecha” en el país.

Cientos de tumbas no identificadas fueron encontradas cerca de una vieja escuela católica para indígenas en la provincia de Saskatchewan, al oeste de Canadá. Las comunidades indígenas del país aseguraron que se trata del hallazgo más importante de este tipo hasta la fecha.

La fosa común se descubrió tras una serie de excavaciones realizadas a fines de mayo en un viejo internado católico situado en la localidad de Marieval, luego de que se hallaran los restos de 215 estudiantes enterrados en la cercana Kamloops Indian Residential School, una antigua escuela situada en Columbia Británica, al oeste del país.

La comunidad autóctona Cowessess fue la que informó el descubrimiento de la fosa en Marieval y aprovechó para definir el suceso como “horrible” y “chocante”.

Por su parte, la Federación de Naciones Soberanas Indígenas de Canadá, resaltó que la cantidad de tumbas encontradas sería “la más significativa hasta la fecha” en el país.

En tanto, el jefe de la organización Asamblea de Primeras Naciones, Perry Bellegarde, quien representa a más de 900.000 indígenas, consideró que el hecho “es absolutamente trágico, pero no es sorprendente”.

Tras el descubrimiento de los restos de 215 niños en el internado de Kamloops, se iniciaron, con apoyo gubernamental, distintas excavaciones en escuelas similares en todo Canadá.

El hallazgo de Kamloops reavivó los llamados al papa Francisco y a la Iglesia Católica para que se disculpen por los abusos y la violencia que se ejerció sobre los estudiantes en este sistema de escuelas residenciales a donde fueron llevados a la fuerza para asimilarlos a la cultura dominante.

El orfanato de Marieval alojó niños indígenas desde 1899 hasta 1997, pero recién fue demolido dos años después y reemplazado por una escuela.

Según una investigación, unos 150.000 niños amerindios, mestizos y enuit, fueron reclutados contra su voluntad hasta la década de 1990 para enviarlos a 139 escuelas residenciales del país donde quedaban aislados de sus familias, su idioma y su cultura. Muchos fueron sometidos a malos tratos o abusos sexuales, y entre 3.200 y 4.100 murieron, en su mayoría de tuberculosis.

Fuente: https://rebelion.org/hallan-otra-fosa-comun-con-cientos-de-estudiantes-indigenas-en-una-vieja-escuela-catolica-de-canada/

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