Las dificultades de salud que presenta gran parte del personal docente no se resuelven en su totalidad con los seguros de salud.
El 30 de junio se celebró el día del maestro y la maestra. La mayor parte del personal docente que se encuentra en las aulas son mujeres.
Continuamente se hacen análisis de los problemas de calidad en la educación dominicana con una mirada muchas veces acusatoria exclusiva hacia ellos/ellas. Si bien es cierto que el personal docente y directivo de los centros educativos tiene una alta responsabilidad en la calidad de la educación, hay cuotas fundamentales en los Distritos Educativos, las Regionales y del Ministerio de Educación.
Hay que reconocer que se han mejorado las condiciones socioeconómicas de maestros y maestras con la aprobación del 4% para la educación, y se ha incrementado sus salarios, aun así, se encuentra una gran parte que continúa viviendo en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, sobre todo quienes trabajan en las comunidades rurales más lejanas y aisladas.
No cuentan muchas veces con medios de transporte y se trasladan pidiendo “bolas” para llegar a la comunidad donde muchas veces tienen que instalarse por varios días viviendo en las mismas condiciones de pobreza y desabastecimiento de servicios de estas comunidades.
El esfuerzo y la labor del docente en comunidades rurales de nuestro país deben de ser reconocidos
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Las dificultades de salud que presenta gran parte del personal docente no se resuelven en su totalidad con los seguros de salud y muchas veces se hacen recolectas en las comunidades para cubrir casos de tratamiento de cáncer, algunas cirugías o tratamientos de alto costo. Se presentan casos de maestros/as que han muerto por falta de recursos para una diálisis o para una intervención quirúrgica de emergencia.
En distintas comunidades rurales, se encuentra continuamente a maestros y maestras que reciben una precaria pensión que no suple sus necesidades básicas ni la de su familia. Logran sobrevivir muchas veces por la solidaridad y apoyo que reciben en las comunidades donde residen que reconocen su aporte social.
El currículo que deben desarrollar estos maestros y maestras en las escuelas es el mismo de una escuela urbana, urbano-marginal o en un colegio privado de estratos medios y altos. A pesar de las precarias condiciones para desarrollar su labor educativa y de su calidad de vida.
La calidad de la educación que puede ofrecer un maestro o maestra en esas condiciones no es la misma que un docente que trabaje en un colegio privado de estratos medios. Sin embargo, el currículo es el mismo. El sistema educativo no toma en cuenta la realidad del personal docente ni de las comunidades en la que se imparte docencia. El personal docente y las comunidades rurales deben tener atención distinta y una inversión en recursos e incentivos mucho mayor que en el resto de las escuelas del país.
El esfuerzo y la labor del docente en comunidades rurales de nuestro país deben de ser reconocidos no solo con el día del maestro sino en todo momento. Tienen la responsabilidad de formar a nuestras nuevas generaciones en medio de dificultades, precariedades y acompañarles en los procesos de cambio social y cultural de la que son protagonistas.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY
lanquear el pasado, desradicalizarlo, pulir las aristas más filosas de sus episodios emancipadores ha sido una obsesión recurrente de nuestras élites modernizadoras. En su odio infinito hacia el magisterio progresista, Octavio Véjar Vázquez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) entre 1941 y 1943, ordenó derrumbar un muro del edificio central, en el que se encontraba la leyenda: En honor a los maestros rurales caídos por el ideal de la educación socialista.
General brigadier condecorado y de pistola al cinto, admirador de Benito Mussolini, combatió la educación socialista, promovió la escuela del amor, buscó la reconciliación con la Iglesia católica y persiguió al magisterio rural. En la pared que destruyó estaban inscritos los nombres de los docentes sacrificados por cristeros y hacendados: maestras violadas, trabajadores de la educación asesinados, empalados y mutilados.
Canceló los internados mixtos por normales (1943), porque propiciaban la degeneración entre muchachos y muchachas, casi al mismo tiempo en que, en la Ciudad de México se le ponía un taparrabos a la Diana Cazadora. Y se opuso a la educación bilingüe por considerarla obstáculo a la unidad nacional.
El daño que el funcionario causó al normalismo rural fue demoledor. Figura relevante en la historia de la educación en el país, Mario Aguilera Dorantes cuenta que el maestro Rafael Ramírez, inició una reunión de inspectores con el ministro, diciendo: Señor secretario, por ahí corre entre los maestros una cuartilla que usted debe conocer: dicen que para el nuevo León Toral con el puñal en la mano, Véjar Vázquez Octavio mató a la escuela rural.
Se trataba de quitar al normalismo rural su misión concientizadora, su compromiso con la comunidad, su papel de promotor de la reforma agraria, su vocación laica. Se pretendía que los maestros egresados de esas escuelas dejaran de comprometerse con la transformación social. No lo lograron.
Las normales rurales surgieron hace un siglo. El 22 de mayo de 1922 abrió su matrícula la primera, en la calle Benito Juárez 106, de Tacámbaro, Michoacán, apenas un año después del nacimiento de la SEP. Francisco J. Múgica gobernaba la entidad. Cuenta el maestro Isidro Castillo: Yo la fundé. Nadie quería alquilarnos la casa, debido a las presiones del obispo Lepoldo Lara y Torres, que era cristero. Un sacerdote muy exigente y negativo, que estuvo en pugna con nosotros. A los cinco años de estar ahí, por fin la conseguí; el padre de Ignacio Chávez me la arrendó.
“Aquel día fuimos pocos alumnos, pero la escuela comenzó a trabajar. Yo, que había estado en la primaria, me instalé con el grupo de sexto año –nos llevamos las bancas y acondicionamos el salón–. Conseguí el edificio, le procuré de muebles”. La primera generación tuvo 16 egresados.
Las turbulencias que acompañaron su nacimiento la acompañaron en su desarrollo. En mayo de 1923 estalló la primera huelga estudiantil de la institución, para oponerse a la designación de un director sin prestigio. En 1925, la escuela se separó temporalmente de la SEP y la rescató la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. En 1926, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, el maestro Moisés Zamora, egresado de la normal, fue colgado de un árbol y acuchillado. El fanatismo religioso y la pobreza obligaron a la escuela, nuevamente dependiente de la SEP, a trasladarse a Erongarícuaro, en las orillas del lago de Pátzcuaro. Más adelante, se mudó a Huetamo. En 1949, se movió a la ex hacienda de Coapa, en la tenencia de Tiripetío, para formar la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, como internado de mujeres.
Cuando, como venganza de su participación en el movimiento estudiantil-popular de 1968, Gustavo Díaz Ordaz ordenó en 1969 la clausura de más de la mitad de las normales rurales existentes, la escuela de La Huerta, en Michoacán, devino secundaria para señoritas y los muchachos que estudiaban en ella para maestros rurales fueron movidos a Tiripetío. Bajo el peso del acoso político y la represión, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) languideció durante tres largos años, hasta que, en 1971, una huelga estudiantil de más de 22 días en Tiripetío relanzó el movimiento.
Los males de la normal no quedaron allí. La lista de agravios sufridos no parece tener fin. Como repetición de la campaña contra las normales rurales encabezada por Véjar Vázquez en 1941, apenas en 2021, la Secretaría de Educación de Michoacán analizaba, con autoridades federales, cerrar la normal debido al vandalismo y a los actos delictivos que frecuentemente comete un grupo de alumnos.
De Tiripetío (y de La Huerta) egresaron dirigentes como Francisco Javier Acuña, claves en la formación del Movimiento de Liberación Político-Sindical y la CNTE en Michoacán. Promotor de una propuesta de construcción del poder de las bases, Javier entendía que éste era el germen del nuevo poder. Javier falleció en los últimos minutos de 1999, en un inexplicado accidente automovilístico. Según sus compañeros, su muerte fue un golpe que detuvo o dificultó muchos procesos posteriores.
La SEP no tiene memoria. A 100 años de su surgimiento, las normales rurales, comenzando por Tiripetío, padecen problemas ancestrales a los que no se atiende. Hoy, como ayer, son víctimas de estigmatización. Hace un siglo las acusaban de ser escuelas del diablo, hoy de nidos de delincuentes. Sin embargo, más allá de la satanización, ni comunidades ni normalistas permitirán que, como quiso hace 80 años Véjar Vázquez, desaparezcan. Llegaron para quedarse.
El Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentó el documental corto Educar en contingencia en la costa oaxaqueña, realizado por el Dr. Luis Medina Gual, investigador de la IBERO y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación; y la Mtra. Herzel García Márquez, consultora académica de la Oficina Central de la Red de Colegios Semper Altius.
A través de este corto sus creadores dieron voz a profesores/as, estudiantes, madres y padres de familia de la costa chica de Oaxaca, para que desde sus experiencias y vivencias pudieran narrar cuáles han sido los beneficios, dificultades y retos educativos que han vivido durante la pandemia de COVID-19.
La Dra. Mercedes Ruiz Muñoz, académica del Departamento de Educación de la IBERO, comentó que el documental da cuenta, y de alguna manera refuerza, lo que otras investigaciones ya han estado indicando, que hay personas de comunidades rurales sin acceso a las tecnologías (computadoras, internet e incluso televisión) y que los programas elaborados específicamente para ellas (Aprende en Casa) no son los más pertinentes y, en ese sentido, los padres familia, docentes y la propia comunidad han tenido que buscar otras alternativas.
En su análisis del documental, una de las aristas que la doctora recuperó fue el papel del docente, al ver cómo uno de los profesores desarrolló estrategias de trabajo con sus estudiantes de secundaria, reflejo de su compromiso como maestro.
Un segundo punto que destacó del corto, es que se observa que se aprende a lo largo y ancho de la vida y más allá de la escuela, cuando se construyen saberes y conocimiento con el entorno, el contexto social y en un diálogo con los padres y madres.
Por ejemplo, un niño de 10 años que empezó a vender cocos durante la pandemia dio cuenta implícita, al narrar esta experiencia suya, de que se aprende lógica-matemática en otros espacios sociales, no solamente en la escuela.
Pero, aun así, la institución escolar es fundamental y necesaria para el vínculo pedagógico, que requiere de la interacción entre las y los estudiantes, y de la interacción entre docentes y alumnos/as. Y es que el cierre de las escuelas, por este hecho histórico e inédito que es la pandemia, rompió con lo que la sociología de la educación había planteado, el rol de la escuela; que es la socialización, la formación de sujetos y la formación de ciudadanía, señaló la Dra. Ruiz.
La investigadora también consideró fundamental la recuperación que el documental hizo de la voz de niñas, niños y adolescentesque, “se expresan bastante bien”, como aquella que dijo querer estudiar en la Marina y que se está preparando para ello al asistir a la escuela, lo que “implica el valor y los significados que se construyen en torno al espacio de la escuela”.
El video también documenta un ejemplo de aprendizaje en contexto, cuando una niña observa cómo el reflejo de la Luna en el agua se asemeja a una Ietra, que es una articulación entre el conocimiento escolarizado y el aprendizaje situado -aprendizaje en contexto-.
Acerca de qué le provoca el corto en cuanto a temas educativos que atender, Ruiz Muñoz mencionó que, a investigar el abandono escolar, un problema grave que se está atravesando en México y seguramente en otros países también.
“Como Departamento de Educación (el de la IBERO) ahora tenemos que ponernos las pilas y buscar alternativas para ver cómo podemos contribuir, no solamente en términos de investigación, sino con estrategias educativas para la cuestión del abandono escolar”.
También señaló que será central ocuparse de los déficits en los aprendizajes, las brechas tecnológicas y decidir qué deberán atender las y los educadores cuando los estudiantes regresen a clases (presenciales).
Documental, otra forma de difundir la investigación
Respecto al formato de documental corto de Educar en contingencia en la costa oaxaqueña, la doctora dijo que es una manera de tener mayor presencia e injerencia en la discusión actual. A lo largo de los años los académicos/as han estado difundiendo sus resultados de investigación de manera muy formal, en artículos, revistas y libros, “pero yo creo que llega un momento en que hay que tener otras formas de comunicar”, por lo que un video es una de las rutas a seguir en el campo de la investigación.
“La investigación cualitativa posmoderna nos plantea salir, de alguna manera, de la hegemonía de la forma de producción de conocimiento, hay que estar buscando alternativas de presentación de estos resultados. Y, en ese sentido, pues este documental da cuenta de ello”.
Además, en la actualidad la investigación tiene el compromiso ético y político de apoyar y acompañar los grandes problemas educativos a nivel nacional o mundial, y la pandemia es uno de ellos, así que no se puede dejar de ver y analizar qué está sucediendo en las instituciones escolares y la forma como las familias y comunidades van resolviendo el tema de la educación.
Por su parte, la Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, comentó: “Me dio mucho gusto ver este cortometraje, porque la verdad es que hemos podido tener muy poco contacto con la realidad, ha sido imposible que muchos investigadores hagamos trabajo de campo de manera directa y que conozcamos de primera mano lo que está sucediendo en la educación en zonas rurales que no tienen acceso a la tecnología y, en ese sentido, el documental es muy elocuente”.
Opinó que el documental cumple la función de “darnos una sacudida acerca de la realidad educativa durante la pandemia en las zonas que no tienen acceso a la tecnología”. Todos están haciendo un esfuerzo enorme, los profesores y profesoras, los padres y madres de familia están poniendo todo lo que tienen y pueden, y las y los estudiantes están ávidos de seguir aprendiendo, pero, “a pesar de eso, no están aprendiendo”.
Esa es la verdad, señaló, y los déficits de aprendizaje van a ser enormes si no se cambian las prioridades de inversión del sistema educativo nacional, para darle mucha mayor atención y mejores recursos a regiones como la costa chica de Oaxaca que, aunque es una zona rural, no está aislada, pues la mayoría de sus comunidades están al borde de la carretera.
En la presentación de Educar en contingencia en la costa oaxaqueña, organizada por el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, también participaron: el Dr. Luis Javier Cuesta Hernández, director de la División de Humanidades y Comunicación de la IBERO; la Dra. Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la IBERO; el Dr. Pedro Flores Crespo, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro; y el Dr. Marco Delgado Fuentes, docente de la Universidad de Derby (Inglaterra).
Este material se comparte con autorización de la IBERO
En el marco del Curso Binacional: Fortalecimiento a las Prácticas Educativas de los Maestros Multigrado México-Argentina, Diego Juárez Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), advirtió que las actuales instituciones de formación docente no tienen programas educativos enfocados a las comunidades rurales, por lo que, al egresar, los nuevos profesores encuentran obstáculos y problemas para desarrollar su trabajo.
Durante la presentación del libro «Formación de Docentes para los Territorios Rurales», el investigador señaló que resulta preocupante que ningún país Hispanoamericano ha atendido con pertinencia y eficacia este aspecto de formación magisterial, pues, al incorporarse a su espacio de trabajo, los docentes no cuenten con las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse en una población rural.
Lamentó que durante la segunda mitad del Siglo XX, los diversos gobiernos y sistemas educativos consideraron a los territorios rurales como «lugares de segunda» o «subdesarrollados», creando brechas de desigualdad e, incluso, aumentó la desaparición y el desmantelamiento de instituciones que atienden a esta población, como el caso de las Escuelas Normales Rurales.
«Por ello, cuando los profesores llegan a una escuela rural, la ven como una «escuela de segunda», explicó.
También señaló que en estas comunidades rurales existen muchos conocimientos locales que se deben conjugar con los conocimientos generales, los cuales, deben adaptarse a los contenidos que se imparten en estas escuelas.
Por su parte, Lisandro Hormaeche, profesor de la Universidad de la Pampa, Argentina, considera que este libro lleva de nuevo a la discusión educativa regional, la importancia de la formación docente para los territorios rurales.
Explicó que, aunque han existido algunos cambios y avances en los diversos países, estos han sido insuficientes y que las políticas públicas al respecto no han sido pertinentes.
Añadió que las instituciones formadoras deben tener nuevos enfoques para atender a la población rural, pues, incluso, aunque la mayoría de los maestros egresados comienzan a trabajar en entornos rurales, sus prácticas profesionales son en escuelas en entornos urbanos, lo cual, genera un desencuentro entre el graduado y su labor docente.
Al mismo tiempo, insistió que esta formación docente para entornos rurales debe ir acompañada de experiencias de profesores que ya se desarrollan en este entorno, a fin de tener una retroalimentación de conocimientos.
Al respecto, Jaime Calderón, profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), puntualizó que es necesario mejorar, profundizar y robustecer la oferta de educación continua que se ofrece al magisterio, en especial a aquellos que se desarrollan en el medio rural.
También, considera importante ampliar y enriquecer los contenidos dirigidos a las escuelas rurales y multigrado, las cuales, necesitan las mayores atenciones por su constante abandono y descuido gubernamental.
«Es necesario incluir las particularidades y pluralidad de los territorios rurales en los programas de formación docente», concluyó.
Finalmente, Juan David González Fraga, doctor en desarrollo educativo, investigador de la UPN y coordinador del libro, señala que esta obra integra diversas experiencias y resultados de investigación que ayudará a fortalecer otras investigaciones en la materia, formando nuevos conocimientos en educación rural y contribuir a la mejora de políticas públicas en la materia.
Fuente e imagen: https://www.educacionfutura.org/politicas-de-formacion-de-docentes-para-comunidades-rurales-aun-no-son-pertinentes-ni-eficaces/
Aunque los movimientos anti-patriarcales y anti-coloniales han desplegado sus alas en las últimas décadas, los resultados en la cultura política hegemónica aún son muy débiles. Los medios de comunicación no hegemónicos y las izquierdas siguen reflejando, en sus coberturas y discursos, la enorme dificultad para trascender las formas más tradicionales de dominación.
Las recientes elecciones en Ecuador son una prueba de ello. La atención desplegada ante la posibilidad de que Yaku Pérez alcance la presidencia por Pachakutik no se compara con la que obtuvo el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.
Por más que este levantamiento sea un parteaguas en la historia reciente del país andino, las miradas vuelven una y otra vez hacia las urnas, aunque éstas nunca modifican la relación de fuerzas. La votación de Yaku roza el 20%, siendo la más alta en la historia del movimiento indígena, claro reflejo de la potencia del levantamiento de octubre.
La candidatura de Yaku arrasó en la selva, obteniendo el 50% de los votos en Morona Santiago. En la sierra superó el 40% en Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar y Azuay, algo que no pudo repetir en Pichincha, Imbabura y Carchi, en la región andina al norte del país. En la costa se impuso Andrés Arauz, el candidato del progresismo, corriente que se volvió hegemónica durante la década de gobierno de Rafael Correa, desplazando la tradicional hegemonía de la vieja derecha.
Una división geográfico-política del país que merece explicación
Yaku Pérez encarna la resistencia de las comunidades rurales, y cada vez más de las ciudades medianas, al extractivismo minero que se viene desplegando en la sierra andina y en la selva, pero también a la expansión de la frontera petrolera. También es alternativa al progresismo que se empeñó en un “desarrollismo” anclado en la minería, que judicializó y criminalizó la protesta indígena y popular atacando a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), a los sindicatos y agrupaciones estudiantiles.
Yaku fue uno de los cientos de dirigentes acosados y encarcelados por el gobierno de Correa. Proviene de la resistencia anti minera en la provincia de Azuay, donde las comunidades se vienen movilizando contra la minería aurífera que contamina las nacientes de los ríos y los páramos productores de agua. En 2019 fue elegido prefecto de Azuay y en las recientes elecciones el 81% de los habitantes de Cuenca, capital de la provincia y tercera ciudad del país, se pronunció a favor de detener la actividad minera.
El apoyo de los ecuatorianos a Yaku Pérez no es un cheque en blanco a su persona, sino la forma de canalizar el levantamiento de octubre. Ese mes, durante diez días decenas de miles coparon el centro de Quito para revertir el paquete de medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno. Ganaron y esa victoria es lo que permite decir que hubo un quiebre en Ecuador.
Como ya había sucedido en los levantamientos anteriores, desde el primero en 1990, la región costeña se mantuvo al margen y la movilización se concentró en las regiones de mayorías indígenas. Mientras en éstas predomina la economía agrícola, sostenida por miles de comunidades rurales, en la costa predomina la producción agroexportadora en la cual el banano juega un papel destacado.
Las ciudades son un tema aparte: en Quito, con 3,5 millones y amplia población indígena y mestiza (sólo un 6% se definen blancos), el peso del sector terciario y financiero, con su corolario de masiva economía informal, se está convirtiendo en un bastión de la derecha vinculada al capital financiero.
Por mucho que nos pese, un gobierno de Yaku Pérez, que estuvo al borde de pasar a la segunda vuelta, no habría conseguido sus principales objetivos como frenar la mega minería y dejar atrás el neoliberalismo. Con apenas el 20% de los escaños, está obligado a pactar con las demás fuerzas que apoyan fervientemente el extractivismo.
El levantamiento de octubre alcanzó para revertir el paquete neoliberal, pero fue insuficiente para deslegitimar el neoliberalismo. La continuidad de aquel movimiento no puede buscarse en las elecciones, ni en las pasadas, ni en las futuras. El propio levantamiento marcó el rumbo: su principal creación fue el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, donde convergieron más de 180 organizaciones.
“Una Minga por la Vida” fue el programa elaborado por el Parlamento, que en la campaña electoral fue retomado por Yaku Pérez como su plataforma de gobierno.
Aquel Parlamento de abajo no se extinguió. Recorrió parte del país promoviendo el programa alternativo que elaboraron sus integrantes, agrupando movimientos locales y generando debates. Comenzó a recorrer un camino, lento y trabajoso, necesario para organizar a las y los de abajo hasta que la campaña mediático-electoral desplazó los problemas centrales del Ecuador.
El futuro no va a emerger de las urnas sino de la capacidad de los movimientos y de los pueblos de seguir transitando por las brechas abiertas por el levantamiento, profundizarlas hasta neutralizar un modelo de muerte, de expropiación del agua y la tierra.
La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”
“No sé quién es el padre de mi hija. Pregúntale a mi mama”. La madre responde: “el padre de mi hija es José, vive por aquí. El violó a mi niña un día que entró a la casa cuando ella estaba sola con su hermana. Fui al cuartel a poner la denuncia y me dijeron que lo iban agarrar nunca lo llevaron preso. El anda por ahí, mi hija le tiene mucho miedo”.
Este relato se extrae de una entrevista realizada hace unos meses en un estudio en un barrio marginado de Santo Domingo. La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”.
Continuamente en estudios que realizamos en barrios marginados y comunidades rurales del país encontramos múltiples casos como estos. Niñas de 8-12 años que han sido victimas de abuso sexual por vecinos, padres, padrastros, hermanos y tíos. El abuso sexual se produce en el silencio y el embarazo lo visibiliza.
La aprobación reciente por la Junta Central Electoral de la entrega de cédulas a menores de 12 años que tienen hijos e hijas ha escandalizado nuestra sociedad. Parece un absurdo total el que niñas menores de 12 años tengan una cedula por ser madres.
El escándalo debería ser mayor al ver que la JCE ha tenido que tomar esta medida para que no se siga reproduciendo la indocumentación de miles de niños y niñas que nacen de una madre-niña. Con ello se contribuye a la ruptura con los círculos de indocumentación y vulnerabilidad que afecta a hijos e hijas e niñas-madres. A su vez demuestra la recurrencia y gravedad del fenómeno que no se queda en unos pocos casos aislados, sino que por el contrario tiene impacto en el ámbito nacional. Demostrándose con ello que las violaciones sexuales hacia niñas menores de 12 años son bastante frecuentes, así como su consecuente embarazo.
El otro lado de la moneda son las posibles consecuencias en el respeto a los derechos de la niñez en esta población. Se corre el riesgo de la confusión sobre su condición de niñas y que se les trate como adultas aún con edades de 9-17 años y con ello se agudice su exclusión en las familias y centros educativos, así como la legitimación de las violaciones de derechos hacia las mismas.
¿Qué refleja una medida como esta? Además de la gravedad del problema de las violaciones sexuales hacia las niñas, su embarazo en la expone a riesgo de muerte tenemos que se muestra con ello el fracaso del Estado Dominicano en intervenir en sus raíces que afecta a las niñas pobres de este país con elementos como los siguientes:
*Ausencia de políticas sociales dirigidas a cambiar las prácticas cotidianas de la población masculina contra las niñas sostenidas en una masculinidad machista y violenta que se exhibe con permiso para agredir sexualmente a la infancia y la niñez sin límites.
*Debilidad en el sistema de justicia para perseguir y sancionar a los hombres que abusan sexualmente con un régimen de consecuencias que sea efectivo y que rompa con la complicidad y la impunidad existente.
*Falta de una educación sexual dirigida a empoderar a niñas y adolescentes sobre su cuerpo desde el conocimiento de sus derechos con herramientas de protección desde el sistema educativo y desde una educación no formal
*Deficiencias en la educación de las familias sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la ruptura con la normalización del acoso y abuso sexual.
*Negación del derecho que tienen las niñas de interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual que las expone al riesgo de muerte y afecta su desarrollo integral. Se les obliga a continuar con el embarazo fruto de una violación que las expone a riesgo en su salud y desarrollo y en la continuación del circulo de violencia que viven.
Actualmente en el Congreso se debate el Código Penal, del cual se excluyó la despenalización del aborto por las tres causales. La medida tomada por la JCE demuestra las graves consecuencias de la penalización total del aborto en una sociedad donde las violaciones y embarazos de niñas está normalizada y es parte de la cotidianidad. Nuestra infancia y niñez vive así desprotección y sometimiento a la vulnerabilidad de forma continua.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY
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