Por Hugo Aboites
En 2007, Robert Hertztein, ex secretario de Comercio Internacional de Estados Unidos y uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) reveló que en los ochenta, en reunión del Comité de Negocios México-Estados Unidos, “los empresarios mexicanos estaban en shock por la nacionalización de la banca y ahí mismo se estableció un acuerdo que aseguraba para el futuro algunos lineamiento para la protección de inversiones [mexicanas]…” Este acuerdo preliminar derivó luego en un acuerdo internacional que asegura que en adelante un gobierno mexicano jamás podrá decretar unilateralmente una nacionalización. Ese acuerdo es el TLCAN (el mismo que ahora Trump quiere echar abajo), y fue la manera de preservar hacia el futuro y como intocable el territorio económico y político de una poderosa clase social en México. (Ver Aboites, H. La medida de una nación: 167).
En 2000, con el triunfo de Fox, el entonces secretario de Educación Pública, Limón Rojas, manifestaba su preocupación. Después de 80 años de una educación de Estado, nacionalista y conducida por el grupo que se hizo del triunfo en la Revolución de 1910, le tocaba entregar el encargo al panismo, la oposición de derecha. Y en carta pública exhortó al nuevo gobierno a mantener el legado de la educación, a salvaguardar los principios más caros, como el carácter público, laico, gratuito y popular. Por supuesto, el exhorto sirvió poco, pero paradójicamente no por falta de receptividad de los nuevos conductores, sino porque con la firma del TLCAN y el ingreso a la OCDE, aquella herencia educativa construida a partir de los años veinte y treinta, ya había sido socavada radicalmente por los revolucionarios institucionales, los propios encargados de preservarla. El panismo realmente sólo llegó a continuar y fortalecer lineamientos privatizadores y subordinados a la banca internacional, adoptados años antes.
Hoy, casi dos décadas más tarde, de nuevo hay una profunda preocupación en el sector de la educación por el cambio de sexenio. Más que en años anteriores a los morenos hoy se les percibe como el nuevo y amenazante peligro para el futuro de la reforma llamada educativa. Por eso la poderosa (y costosa) campaña publicitaria que insiste en que la reforma no es persecutoria de maestros, es, más bien, Escuelas al Cien, un nuevo y progresista modelo educativo, planteles de tiempo completo, reforma en las normales, y hasta computación e inglés. Se busca generar una percepción de que es una iniciativa que trae beneficios concretos para garantizar así su sobrevivencia transexenal, incluso aunque no gane el PRI. La magnitud de la campaña es un indicador de una gran preocupación que tampoco es reciente. El resultado de las elecciones presidenciales de 2006 pero también la creciente resistencia magisterial desde 2008 obligó al gobierno federal a reforzar dos procesos de largo alcance. El primero, a apoyarse en la alianza de co-conducción con entidades representativas del poder financiero a escala internacional (firma de acuerdos muy específicos con la OCDE) y en el ámbito nacional (adopción de agenda de Mexicanos Primero y grupos afines). Y, el segundo, más importante, el establecimiento de un blindaje para preservar el proyecto educativo privatizador y empresarial. Y éste consistió en la inclusión de lo fundamental de la reforma en el texto constitucional. En efecto, la columna vertebral de la actual reforma es la evaluación como instrumento de contención y control de los maestros. Porque se considera que sin un cambio radical del poder al interior de la educación que someta las inconformidades magisteriales, la actual reforma puede ser fácilmente desechada o transformada de manera que se vuelva irreconocible. Y la evaluación, es decir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está para garantizar que nada de eso ocurrirá. Colocado en la Constitución (y leyes) como autónomo se intentó crear un poder paralelo que estuviera por fuera y por encima de cualquier gobierno. Podrán cambiarse algunas cosas en el modelo de reforma, pero la columna vertebral, lo esencial, eso queda como territorio intocable.
Un ejemplo, cuando en 2015 el titular de la SEP, Chuayffet, decidió suspender un examen para que no coincidieran protestas de los maestros con las elecciones intermedias, el INEE públicamente encabezó un beligerante tropel contra el secretario, quien luego tuvo que renunciar. Y recientemente, el INEE reiteró su postura de guardián del legado: ¿No es necesario blindar las evaluaciones para que el gobierno federal no las utilice según el termómetro político?
se le pregunta al presidente del instituto. Y éste contesta: El blindaje lo hace la normatividad y para eso se creó una institución autónoma. Estaremos pendientes de que eso (una cancelación) no ocurra.
( El Universal 5/05/17). En otras palabras, si viniera otro gobierno y planteara una reforma que desechara la evaluación y verticalidad autoritaria, ahí estaría el INEE junto con organismos empresariales, para contradecir. En 1992, los empresarios y gobierno mexicanos firmaron el TLCAN para defenderse de alguna futura nacionalización; en 2013 con calzador se colocó en la Constitución al INEE para asegurar la perpetuidad de la reforma, y así obstaculizar la otra que viene desde abajo. Pero no todo resulta igual a como se planea.
*Rector de la UACM
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/08/05/opinion/016a1pol/
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