Corrupción

Por: Tlachinollan

Hemos quedado atónitos ante lo que ha sucedido en China y se está replicando en varios países europeos y en Estados Unidos, con la pandemia del coronavirus. A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos vemos el gran abismo de nuestra fragilidad humana, ante la ola expansiva del virus, que se propaga por todo el orbe. De acuerdo con información de las agencias noticiosas, el nuevo coronavirus que causa la enfermedad conocida como COVID – 19, se ha propagado a más de 150 países. Se habla de que más de 275 mil personas en el mundo, se han contagiado con este virus y más de 11 mil personas han muerto hasta este viernes 20 de marzo. Actualmente hay 500 millones de personas en todo el mundo que se han aislado con el fin de frenar la pandemia, sin embargo, los casos de personas contagiadas siguen avanzando y las cifras de muertos continúan elevándose.

En nuestro país de acuerdo con informes de la Secretaria de Salud (SS) confirmó este viernes el segundo deceso por COVID – 19, reportando 203 casos positivos a nivel nacional; 606 sospechosos y mil 111, negativos. Con este segundo fallecimiento, la tasa de letalidad actual es del uno por ciento. De acuerdo con las estimaciones realizadas por los funcionarios de la SS, el pico de la enfermedad podría presentarse a fines de abril y principios del mes de mayo, aunque mucho dependerá de que las acciones de sana distancia y las recomendaciones de higiene emitidas se realicen cabalmente.

Esta crisis sanitaria de nueva cuenta vuelve a mostrar las graves deficiencias y la fragilidad de nuestro sistema de salud. Es un sistema fragmentado por la diversidad de instituciones de salud, que atienden a los diferentes sectores de la población. En esta fragmentación se reproduce la desigualdad social que existe en nuestro país. La población mayoritariamente pobre, es la que en otros años atendió la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), posteriormente fue el programa conocido como Seguro Popular (SP) y actualmente, con el Lopezobradorismo se le ha bautizado como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Existe también el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). En estas instituciones de salud, la atención es diferenciada. Entre la población abierta el acceso a estos servicios esta muy restringida y limitada, porque la infraestructura hospitalaria se concentra en las principales ciudades donde existen pocos hospitales de segundo nivel que son insuficientes para atender a miles de pacientes. Esta situación se complica porque hay un gran déficit en cuanto a infraestructura médica, equipamiento, insumos, escasez de medicamentos, falta del personal de enfermería y médicos, que ha colocado a la población pobre en una situación sumamente critica. Los que menos tienen se les obliga a realizar más gastos de lo que se requiere para la atención médica. Los familiares de los pacientes tienen que comprar desde gasas, alcohol, medicamentos del cuadro básico pasando por los gastos catastróficos, como la compra de un marcapasos o un stent.

En Guerrero los servicios de salud son obsoletos e insuficientes. Se requiere ampliar la cobertura hospitalaria en las siete regiones del estado, con la apertura de nuevos hospitales. Es urgente la rehabilitación de la mayoría de ellos, pero sobre todo garantizar una cobertura óptima en los servicios básicos de la salud. Desde hace más de tres sexenios arrastramos un déficit económico altísimo, que es uno de los mayores quebrantos que enfrentamos en el estado. Lamentablemente el sistema de salud estatal ha servido como caja chica para el gobierno del estado, y ha sido también un terreno fértil para la corrupción entre los altos funcionarios.

Se ha dejado en total abandono a la población que vive en el campo y la que se encuentra asentada en las periferias de las principales ciudades del estado. Hay un total descuido en cuanto a los servicios que normalmente tienen que brindar los centros hospitalarios. Se denigra al paciente por el maltrato y la desatención, se hace más cruento su malestar por falta de personal médico y se trunca la posibilidad de garantizarle este derecho al no proporcionarle medicamentos, ni garantizarle estudios de laboratorio. Se ha normalizado que los pacientes tengan que cargar con los costos de la corrupción y pagar con dinero que no tienen los servicios de salud que el Estado debe de brindar de manera gratuita. La situación se complica para la mayoría de los pacientes porque ante la emergencia de la pandemia en Guerrero, se vive un momento critico por la transición que se está dando en cuanto nuevo modelo de salud, implantado por el gobierno federal a través del INSABI. Se vive en la incertidumbre porque aún no se conocen las reglas de operación, por lo mismo, no se tiene un plan bien diseñado para la atención integral de la salud entre los guerrerenses. El panorama se complica porque los mismos trabajadores de la salud se encuentran en la incertidumbre. Nadie tiene la certeza que serán contratados, mucho menos como será la nueva relación laboral. Por lo mismo, no hay condiciones para hacer frente al gran desafío del coronavirus.

A nivel nacional es preocupante que, en estos primeros días de la emergencia nacional causada por el coronavirus, haya sido solo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quien asumió la alta responsabilidad de informar a la población sobre las medidas que se han tomado ante el grave problema del COVID -19. El Consejo de Salubridad General (CSG) tardó en reaccionar, cuando por ley es el órgano del Estado Mexicano que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general. El Consejo representa la segunda autoridad sanitaria del país, precedido únicamente por el presidente de la República. El ámbito de acción del Consejo abarca a todas las organizaciones, públicas y privadas, que constituyen el Sistema Nacional de Salud (SNS), incluyendo las autoridades administrativas federales, estatales y municipales. Fue hasta el jueves 19 de marzo, cuando el Consejo de Salubridad General, realizó su primera sesión extraordinaria del año para declarar este padecimiento como una enfermedad grave que requiere atención prioritaria y, por lo mismo, se declaró en sesión permanente. Una de sus primeras decisiones fue avalar el plan de preparación y respuesta a la pandemia del COVID – 19, que lleva a cabo la SS. También el Consejo exhortó a los gobiernos de los estados y las instituciones de salubridad a presentar su plan de ampliación de servicios y reconversión de camas hospitalarias, para atender la demanda de enfermos con el nuevo coronavirus, sobre todo cuando el país transite de la fase I a la fase II.

La preocupación nacional y a nivel del Estado, es que en un inicio se dio un mensaje inapropiado de la amenaza de la pandemia. Se minimizó el problema, al grado que hasta el momento hay amplios sectores de la sociedad, que no creen en la letalidad del COVID – 19. En ciertos ámbitos del gobierno, se mantiene una postura optimista de que se encuentra bajo control el coronavirus. Es sumamente peligroso esta postura ambivalente por parte de algunos gobernantes, que no dimensionan las graves consecuencias de esta pandemia.  Tiene que haber un mensaje claro y contundente de las autoridades sobre las medidas sanitarias que toda la población debe de atender. En nuestra entidad debe igualmente funcionar el Consejo Estatal de Salud como máximo órgano en la toma de decisiones, que esté en permanente comunicación con el Consejo de Salubridad General, para no dar pasos en falso.

Se debe de informar con veracidad a la población y, sobre todo, se tiene que garantizar la atención a los sectores más alejados de los centros urbanos. Tememos que las autoridades federales y estatales estén realizando deliberadamente pocas pruebas con el fin de mostrar un bajo número de personas diagnósticas por el COVID – 19. En el caso de Guerrero el gobernador informó el viernes pasado, que en nuestra entidad hay 28 personas que están en estudio, y que hay cuatro casos confirmados; tres de Acapulco y uno de Chilpancingo. Esta muestra no es significativa de lo que realmente este sucediendo en nuestro estado, con el coronavirus porque hablamos de una población de más de 3 millones de habitantes.

Las razones de peso económico pueden llevarnos a una situación inmanejable, por eso es importante ampliar las pruebas a mayor número de pacientes, porque estamos ante una enfermedad altamente infectocontagiosa. Se tiene que revisar el mecanismo implementado a nivel estado para la realización de las pruebas, porque es insuficiente e ineficiente que solo sea a través de las jurisdicciones sanitarias, como se puedan realizar las muestras de los pacientes para de ahí trasladarlas al Puerto de Acapulco. Es un problema que se puede desbordar por la obsolescencia de este mecanismo y que, además, no esté reflejando el tamaño del problema que enfrentamos. La situación de violencia que enfrentamos y la grave crisis económica que padecemos nos puede llevar a la fase III, antes de lo pronosticado por el subsecretario de salud.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-covid-19-y-la-fragilidad-del-sistema-de-salud-publica/