Londres. Más de 300 millones de niños son víctimas de explotación y abuso sexual en Internet al año, de acuerdo con la primera estimación mundial sobre la magnitud del problema publicada ayer.
Según los investigadores de la Universidad de Edimburgo, uno de cada ocho niños en el mundo ha sido víctima de la toma, intercambio y exposición no consentidos de imágenes sexuales y videos en los últimos 12 meses.
Esto supone unos 302 millones de menores, indicó el Childlight Golbal Child Safety Institute de la universidad, que realizó el estudio.
De acuerdo con el informe, hubo un número similar de casos de solicitudes, como sexo por Internet no deseado y peticiones de actos sexuales por parte de adultos y otros jóvenes.
Los delitos van desde la llamada sextorsión, un tipo de chantaje sexual en el que los depredadores exigen dinero a las víctimas a cambio de no publicar imágenes íntimas suyas, hasta el abuso de la inteligencia artificial para crear videos y fotos manipuladas.
El problema es de alcance internacional, pero de acuerdo con la investigación, Estados Unidos es una zona particularmente de riesgo, con uno de cada nueve hombres que admite haber come tido en algún momento un delito en Internet contra menores de edad.
El material sobre abuso a menores es tan predominante que cada segundo se denuncian archivos a la policía y organizaciones, declaró Paul Stanfield, director ejecutivo de Childlight.
Se trata de una pandemia sanitaria mundial que se mantuvo en secreto demasiado tiempo. Ocurre en todos los países, está creciendo exponencialmente y requiere de una respuesta global, subrayó.
El informe se publica después de que la policía británica advirtiera el mes pasado de que adolescentes británicos son el blanco de estafas de sextorsión en Internet de bandas criminales en África Occidental y en el Sudeste Asiático.
Estos casos, en particular contra chicos adolescentes, se están disparando en todo el mundo, según organizaciones no gubernamentales y la policía.
La Agencia Nacional británica contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta a cientos de miles de profesores en la que les advertía que fueran conscientes de la amenaza a la que podrían enfrentarse sus alumnos.
Los estafadores suelen hacerse pasar por otro adolescente, estableciendo contacto en las redes sociales antes de pasar a una aplicación de mensajería cifrada y animar a la víctima a compartir imáge-nes íntimas.
Normalmente realizan el chantaje al cabo de una hora de haber establecido contacto y su motivación principal es sacar el máximo dinero posible, más que una recompensa sexual, recalcó la NCA.
San Mateo del Mar está de luto. El pasado domingo 21 de junio, un grupo criminal segó la vida de 17 habitantes, incluidas dos mujeres, reunidos en la agencia municipal de Huazantlán del Río para efectuar una asamblea. Los matones encapuchados los emboscaron a la altura de la colonia Reforma, usando machetes, gasolina, palos, piedras y armas de fuego. No contentos con la agresión, calcinaron a varias de sus víctimas. Pese a que la gente llamó a la Guardia Nacional y ésta llegó, se retiró cuando comenzó el ataque.
No es la primera arremetida violenta que los defensores de la asamblea sufren. Apenas el 3 de mayo fue asesinado Filemón Villalobos, agente municipal suplente de Huazantlán, sin que el crimen fuera esclarecido ni se haya hecho justicia.
San Mateo del Mar es un municipio ikoot (huave) de alta marginación, en que viven 15 mil habitantes (6 mil de ellos en la cabecera municipal), rodeado de lagunas y mares. Está ubicado en una estrecha barra que separa la Laguna Inferior del Golfo de Tehuantepec, con un solo camino de terracería como vía de comunicación. Entre octubre y marzo fuertes vientos azotan la región en todo el municipio. La mayoría de su población se dedica a la pesca (https://bit.ly/31oPLfW).
El municipio ha sufrido conflictos agrarios desde hace más de 60 años. A lo largo de la década anterior se acentuaron. Grandes compañías eólicas pretenden adueñarse de ese territorio. A diferencia de otras comunidades, en 2008 San Mateo rechazó la instalación de aerogeneradores, que individualizan la posesión de la tierra. Se opuso a la entrada del megaproyecto eólico Preneal. Y, junto a San Dionisio, impulsó la expulsión de Mareña Renovables, que pretendía instalar más de 100 molinos eólicos en la ecológicamente frágil Barra de Santa Teresa, territorio sagrado ikoot (https://bit.ly/31o1yva.
Desde 2017 San Mateo padece un conflicto político electoral que amenaza su sistema normativo interno. El núcleo de pobladores que encabeza la resistencia caracteriza la agresión que sufren como una guerra contra el pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones, la asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas.
Hasta ese año, se elegía a las autoridades municipales por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Sin embargo, a partir de entonces, como resultado de la presión de un ciudadano que demandó su derecho a ser elegido autoridad a pesar de no haber servido en el sistema de cargos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) ordenó realizar comicios por planillas. Con apoyo empresarial se impuso un candidato por medio de un enorme fraude electoral contra la asamblea, comprando votos. Sin embargo, el presidente municipal espurio no pudo portar el bastón de mando, ni despachar en la alcaldía, aunque dispuso de las partidas presupuestales.
En 2019, los poderes fácticos encabezados por el empresario Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, repitieron el fraude. Ya en la administración se despacharon en grande con los contratos de obra pública y la administración de fondos municipales. Al igual que su antecesor, Bernardino Ponce, el nuevo alcalde, tampoco puede atender las responsabilidades de su cargo en el palacio municipal.
Según denuncian víctimas de la agresión, entre otros, forman parte del grupo de poder embarcado en la guerra contra la asamblea, el constructor Camerino Dávalos, Sofía Castro Ríos. Anabel Sánchez Hernández, Emanuel Bustillo (comandante del Frente Único de Agencias) y Roberto Rueda Velázquez.
Adicionalmente, la delincuencia organizada ha sentado sus reales en algunas agencias municipales. Comenzaron sus actividades con el robo de cable de cobre del tendido de alta tensión, en Santa Cruz. Los malosos locales son una isla de un archipiélago criminal más amplio, que se estableció y expandió en Juchitán y Salina Cruz con la llegada de Gabino Cué a la gubernatura de Oaxaca. Drogas, secuestros, piratería, tráfico de migrantes, extorsión son algunos de los negocios a los que se dedican.
El 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un diagnóstico sobre el origen de la masacre. “Es –dijo– una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades. Suele pasar que en los ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias.”
Sin embargo, en este caso la naturaleza del conflicto es diferente. Los agredidos, además de pertenecer a la cabecera municipal, representan también a otras agencias. La matanza es parte de la ofensiva de los poderes fácticos regionales, funcionales a la industria eólica, para desmantelar o debilitar a los núcleos organizados que se oponen a los megaproyectos y articulan la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su cosmovisión, y que han avanzado en una alianza con su vecina Santa María. El asunto se agrava por la construcción del corredor interoceánico.
La masacre de San Mateo del Mar no debe quedar impune. Urge brindar medidas cautelares a la comunidad. El duelo mareño debe encontrar verdad, justicia y reparación del daño.
Jürgen Klarić es un reconocido experto en neuromarketing, que a raíz de una experiencia personal con su hija de 15 años, a la que se vio obligado a sacar del colegio, por temas de acoso psicológico, decidió comenzar una investigación sobre educación en 14 países. Basado en esta investigación y apoyado por un grupo de expertos desarrolla el documental un crimen llamado educación con una duración de 70 minutos, en el que cuestiona los métodos educativos y evidencia las fallas en el mismo. Jürgen enfatiza en que la educación es la única forma de acabar con la pobreza, la falta de prosperidad y la corrupción. Pero que al sistema educativo le hace falta enseñarles a las personas a ser prosperas, a gestionar sus emociones, a comunicarse asertivamente y a ser feliz.
Fuente del documento: https://www.youtube.com/watch?v=m676KsisvXg
Jürgen Klarić es un reconocido experto en neuromarketing, que a raíz de una experiencia personal con su hija de 15 años, a la que se vio obligado a sacar del colegio, por temas de acoso psicológico, decidió comenzar una investigación sobre educación en 14 países. Basado en esta investigación y apoyado por un grupo de expertos desarrolla el documental un crimen llamado educación con una duración de 70 minutos, en el que cuestiona los métodos educativos y evidencia las fallas en el mismo. Jürgen enfatiza en que la educación es la única forma de acabar con la pobreza, la falta de prosperidad y la corrupción. Pero que al sistema educativo le hace falta enseñarles a las personas a ser prosperas, a gestionar sus emociones, a comunicarse asertivamente y a ser feliz.
Fuente del documento: https://www.youtube.com/watch?v=m676KsisvXg
En su impactante nuevo documental ‘Crime + Punishment’, Stephen Maing sigue a un grupo de policías rebeldes que se enfrentan al sistema ilegal de cuotas de detenciones en Nueva York que se ceba en las comunidades negras.
En cualquier ambiente de corrupción y malas prácticas sistemáticas aparecen naturalmente filtradores. Pero rara vez podemos ver el rostro humano que hay detrás de estos actos de valentía, mucho menos saber el coste psicológico que conlleva ser un engranaje más de la máquina de un sistema que saben que es injusto.
Y es exactamente eso logra el director Stephen Maing en Crime + Punishment, su más reciente documental sobre 12 policías, todos afroamericanos, que se enfrentaron al sistema ilegal y secreto de cuotas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Su trabajo sirvió para una demanda colectiva contra el departamento por su práctica de presionar a los agentes a presentar un número predeterminado de arrestos y citaciones por mes, a menudo en comunidades negras consideradas de «alto nivel de criminalidad».
El documental comienza con una conversación telefónica clandestina entre Maing y Sandy Gonzalez, un agente con 12 años de experiencia y el primero de una docena de agentes rebeldes. «Me están atacando por los números que presenté», dice Gonzalez, que acabó degradado tras resistirse a las exigencias de su supervisor. Luego nos vemos en un acto de graduación de la academia de policía, se escucha la canción New York, New York y el comisario Bill Bratton se pone a hablar poéticamente sobre la ciudad que ha «recuperado sus calles».
Bratton, considerado abiertamente como el arquitecto de la teoría de los cristales rotos que llevó la vigilancia más agresiva a las comunidades minoritarias enfocándose en los llamados «delitos menores», aparece en el documental insistiendo en que el NYPD persigue las conductas, no a las comunidades afroamericanas.
Sin embargo, las imágenes y el audio que recoge Maing –a menudo filmado a propósito desde cierta distancia y siendo en gran parte conversaciones grabadas entre los 12 policías y sus supervisores– sugieren otra cosa.
«No pedimos permiso al Departamento para filmar esta historia», aclara Maing, que antes de Crime + Punishment dirigió varios documentales en cortometrajes y mediometrajes sobre la policía de Nueva York. «Había situaciones y experiencias que sabíamos que el público no creería si no las veía de primera mano. Así que si me ubicaba inteligentemente en un par de sitios diferentes en la película, podía generar la sensación de que tanto yo como el público éramos como recién llegados a algunas de estas situaciones».
El resultado es una visión extraordinariamente panorámica y aun así detallada del sistema de justicia penal en la ciudad de Nueva York, destacado por la yuxtaposición de tomas generales y de paisajes urbanos con el trabajo de tambaleantes cámaras ocultas. Por momentos, Crime + Punishment funciona como cine de testimonio, pero en otros parece una construcción planificada cuidadosamente.
Lo más impresionante es el nivel de acceso que ha conseguido Maing. Gran parte de la película consiste en el seguimiento de los policías informantes, como Gonzalez, Edwin Raymond y Felicia Whiteley, pero también se documenta a los abogados e investigadores privados que trabajaban con los jóvenes directamente afectados por el sistema de cuotas.
«En un momento de la filmación, comprendí claramente que si no podíamos mostrar el daño colateral, es decir la experiencia humana de la gente víctima de estos excesos policiales en comunidades donde viven minorías, entonces no podríamos transmitir el sentido urgente de esto», explica Maing, que tras cuatro años de rodaje tenía más de mil horas de material. «Lo que no debe perderse de vista es que estos son policías reales, familias reales, jóvenes reales que pasan meses o años en la cárcel, condenados por delitos que no han sido probados o sin pruebas suficientes».
Uno de estos jóvenes es Pedro Hernandez, un adolescente del Bronx encarcelado en la prisión de Rikers por acusaciones de posesión de arma de fuego y agresión que luego fueron retiradas. En una gran escena que hace hervir la sangre, su madre muestra hojas y hojas de cargos desestimados. El caso de Hernandez fue asumido por el investigador privado Manny Gomez, un policía que abandonó el Cuerpo y cuyas investigaciones han llevado al sobreseimiento de casi 100 acusaciones. Intrépido y corpulento, es una de las figuras que Maing siguió entre 2014 y 2017, ganándose su confianza mientras el grupo de los policías informantes crecía en número y en fuerza.
El abanderado extraoficial de la demanda colectiva contra el NYPD es Raymond, quien tiene una conversación en una escena con su supervisor, que le sugiere de forma nada tímida que Raymond no fue ascendido por ser un «llamativo» hombre negro con «rastas».
En un momento del documental, Raymond resume poderosamente la injusticia del sistema de cuotas: «La realidad es que las fuerzas de seguridad utilizan a la comunidad negra para generar ingresos». Las implicaciones de este tipo de mala praxis institucional tienen un amplio alcance, dado que las políticas del NYPD, la fuerza policial más grande y más conocida de Estados Unidos, se replican en todo el país.
«Hay muchos departamentos de policía que usan la guía de patrulla del NYPD como referencia y, en algunos casos, copian sus políticas palabra por palabra», afirma Maing, refiriéndose a la forma en que la política de cristales rotos ha sido adaptada en sitios como Ferguson, donde la muerte de Michael Brown puso en marcha al movimiento Black Lives Matter.
«Tenemos que tener un debate en serio sobre si estas prácticas y herramientas de verdad ayudan a construir confianza dentro de la comunidad. ¿Ayudan a mantener o incrementar el respeto al uniforme (policial) en las comunidades de color? Es alarmante la idea de que la policía ha perdido el respeto y la legitimidad como consecuencia de prácticas que socavan el contrato social entre los agentes y las comunidades minoritarias».
Edwin Raymond, en el documental Crime + Punishment WEB DEL DOCUMENTAL
Mientras el documental se proyecta en varios festivales cinematográficos, a Maing se le acercan agentes de policía que se quejan de prácticas similares en sus propios departamentos. Esto le ha demostrado que las cuestiones raciales y policiales no encajan exactamente en las estructuras binarias que han dominado gran parte de nuestro discurso político.
«Lo que realmente me entusiasma de este proyecto es que esta es una voz que no hemos escuchado aún», dice. «No encaja en esa división entre progresistas radicalmente antipolicía y conservadores radicalmente propolicía a cualquier precio».
Al poner en primer plano el impacto psicológico y físico de ser forzado, como dice Raymond, «a participar en algo que quita aún más derechos a la población negra», Maing ha realizado un documental que se preocupa más por la ética que por la política. No sólo las políticas del NYPD han trascendido nuestra forma convencional de análisis «progresista versus conservador» –los acontecimientos del documental suceden durante la gestión del alcalde demócrata Bill de Blasio– sino que los policías rebeldes que se enfrentan al sistema lo hacen por un sincero deseo de reforma, no para desmantelar el Departamento.
«El delito es una realidad y necesitamos a la policía», asegura Maing. «Esto no se trata solamente de policías contrariados que quieren ajustar cuentas o que quieren hacerse ricos y famosos. Estos son policías que de verdad creen en su misión».
Crime + Punishment, con su mensaje explosivo y su hábil realización, llega en un momento en que los debates con matices sobre este tema no son bien recibidos. Es más difícil que nunca, dice el director, romper con la hegemonía de los titulares de Washington, desde los tuiteos del presidente a la más reciente grabación secreta de Omarosa. Pero en un país que ya sufría por cuestiones raciales y policiales, la gravedad moral, social y legislativa de la película se revela mucho más explícitamente.
«Después de hacer este documental, oí a mucha gente decir ‘si me sucediera algo a mí, no sé si querría llamar a la policía porque me da miedo de que le hagan algo malo a una persona negra’», recuerda Maing. «Es cada vez más difícil tener un debate racional y tranquilo sobre lo que funciona y lo que no funciona en cuestiones policiales. Quizás por esta misma razón este sea el momento oportuno para profundizar en esta historia».
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