En la madrugada de hoy unas 1450 familias que ocupaban desde hacía meses un predio en la localidad de Guernica, buscando poder alcanzar alguna vez una vivienda digna de ser habitada, fueron violentamente desalojadas por miles de policías de la bonaerense –los mismos que hace pocas semanas rodearon armados la casa del gobernador Kicillof primero y luego la quinta residencial donde se aloja el Presidente de la Nación, sin que se los penalizara. Balas de gomas y gases lacrimógenos a granel utilizaron para avanzar, pertrechados como robocops, contra familias humildes, quemando sus modestas casillas, impidiendo que retiraran sus pocas pertenencias, con un saldo de 37 personas detenidas y otras golpeadas y lesionadas.
El censo puso fin a las dudas sobre la cantidad de familias involucradas, también mostró el origen de las mismas. Familias en situación de calle por no poder pagar los alquileres por pérdida de ingresos, familias hacinadas o que convivían en edificios inhabitables, mujeres con niños/as que huyeron de la violencia de género incrementada por el confinamiento.
Se trata de personas en situación de vulnerabilidad, pobres de toda pobreza que forman parte del 10.5% de indigentes y de los más de tres millones y medio de familias carentes de vivienda según los registros oficiales. Sin embargo el ministro Berni no dejó de declarar haciendo gala de su eficiencia “Ya está todo desalojado”, como si hubiera vencido en una batalla entre iguales.
El desalojo cortó las negociaciones entre responsables del gobierno provincial y la comisión de delegados de los cuatro barrios organizados en el predio, que ya habían elevado, al juez y al ministro Larroque, por medio de la Gremial de Abogados, una propuesta realista y posible de ejecutar que no fue considerada. Los funcionarios prometieron una solución alternativa que contemplara las necesidades de las familias, la misma terminó consistiendo en sumas de dinero mensuales a cambio de desalojar los terrenos. En el medio maniobras para desgastar y dividir a los ocupantes hasta que se cumplieran los tiempos fijados por el juez para ejecutar el desalojo por la fuerza.
Es inevitable no destacar que el gobierno nacional y los provinciales no tienen la misma actitud con por ejemplo con la apropiación de Lago Escondido por parte de Joe Lewis (el amigo del ex presidente Macri); con la usurpación de tierras de la escuela Agrotécnica por la familia Etchevehere o con la estafa y fuga de capitales en el caso Vicentín; tampoco con la evasión de sectores acomodados, 100 mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y countries que figuran como baldíos o pagan impuestos como tierra rural. Nada hacen con quienes retienen exportaciones buscando forzar una devaluación que agravará la actual crisis humanitaria, nada contra los desmontadores de bosques nativos o los desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales o los especuladores que compran tierras a precio vil para revenderlas. En estos casos no hay desalojos, los desalojos solo son para los pobres.
El desalojo violento de la toma de Guernica sienta un delicado precedente ante futuras ocupaciones, también una advertencia para que el intento del Proyecto Artigas no se multiplique. Es una concesión frente a la oposición derechista, la clase dominante y la presión de los grandes medios de comunicación.
Tenemos que ser claros: toda familia que ingresa en un terreno vacío y ocioso lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Son víctimas, no culpables. Llamarlos usurpadores y delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica.
Afirmamos que donde hay una necesidad nace un derecho, no un delito. Rechazamos toda criminalización de las demandas sociales. La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos por la avaricia de los poderosos.
Desde el 2001 las necesidades de acceder a una vivienda digna crecen sin parar, esto se ha agudizado bajo la administración Macri y más aun en medio de la pandemia. Es una obligación moral de todo gobierno dar tierra y techo a quién lo necesite. No otra cosa que amparar a los desamparados.
Basta de represión y desalojos.
Solidaridad con todas las familias desalojadas.
Tierra para vivir.
Bs.As. 29.10.2020 Claudio Katz / Julio Gambina / Eduardo Lucita
Adhesiones a: declarac…@yahoo.com.ar
Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/10/30/basta-de-desalojos/
Más de 40 millones de desplazados y una crisis humanitaria mayor que todas las del siglo XX exceptuando la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de millones invertidos en empezar guerras que parecen no terminar jamás. Libia, Somalia, Yemen, Siria, Irak, Afganistán y Filipinas son el decrépito retrato de la Guerra contra el Terror iniciada por George W. Bush tras los infames atentados del 11 de septiembre de 2001.
La guerra contra el terror más allá de la retórica petulante, de los discursos pomposos de quienes se creen con la autoridad para exportar su modo de vida a todo el mundo, nunca trató de hacer justicia o terminar con el terrorismo. Siempre fue una sucia guerra de venganza. Siempre fue la guerra de un sistema perverso contra el mundo.
19 años después, millones de personas han dejado de existir, fulminadas por las balas y explosiones de guerras estúpidas que jamás tuvieron el más mínimo ápice de rectitud ni moral. Y 19 años después, los Talibán siguen controlando la mayoría de Afganistán, preparando el terreno para su reconocimiento en el plano internacional como actores legítimos en las negociaciones de Doha celebradas estos días. Y 19 años después, el Frente Moro mantiene la violencia en Filipinas; debilitado únicamente por la educación como arma. Y 19 años después, el Estado Islámico ha arrasado Siria e Irak; un Estado Islámico germinado durante la ocupación estadounidense de Irak tras el derrocamiento de Saddam Hussein, hecho fuerte con el apoyo europeo y norteamericano a los rebeldes que intentaron acabar con el estado sirio de Bashar al-Assad. Y 19 años después, al-Qaeda, Estado Islámico y escisiones son cada día más fuertes en el Sahel. Y 19 años después, Ansar al-Sunna en Mozambique se ha propuesto conquistar Cabo Delgado; una de las regiones más ricas en recursos del país y con la mayor reserva de rubíes del mundo. Y 19 años después, al-Shabaab sigue poniendo en jaque el estado somalí. Y 19 años después…
La guerra contra el terror no consiste en erradicar ni la radicalización ni las causas de la misma, ni en estabilizar países y hacer que las sociedades avancen hacia mejores condiciones de vida. La guerra contra el terror consiste en matar, a menudo expoliando los recursos del país que toque destruir.
Miles de soldados norteamericanos están repartidos por Oriente Próximo, aunque cada vez son menos, a medida que perfeccionan matar a distancia, frente a una pantalla y con un dron. Pero a pesar de la proliferación de los ataques con drones, el hediondo rastro de muerte que deja consigo el terrorismo no deja de propagarse. Porque la guerra contra el terror no consiste en erradicar ni la radicalización ni las causas de la misma. Porque la guerra contra el terror para sus arquitectos desde Washington y Langley, no consiste en estabilizar países y hacer que las sociedades avancen hacia mejores condiciones de vida. La guerra contra el terror consiste en matar, a menudo expoliando los recursos del país que toque destruir.
Cuando declaró la guerra contra el terror, George W. Bush afirmó que desde entonces se estaría con o contra los EE.UU.; sin espacio para grises. Y en base a esa dicotomía de buenos y malos –justificada con mentiras como las armas de destrucción masiva de Irak– se destruyeron los regímenes que, independientemente de las opiniones que pueda suscitar cada uno en el lector, contenían la amenaza terrorista en el plano tanto local como regional como internacional.
Pero cuando los estados se debilitan, las organizaciones terroristas logran cubrir los vacíos y ganar fuerza. Los Hermanos Musulmanes, tras su aventura en Hama para instaurar un emirato islámico en 1982, quedaron casi completamente suprimidos en Siria. Una ‘guerra contra el terror’, muchas sanciones y millones de dólares y euros después, Idlib se convirtió en el mayor espacio seguro para al-Qaeda desde Afganistán. Saddam Hussein, a pesar de pasar más de una década en guerra –primero la guerra con Irán y después la primera guerra del Golfo– supo mantener la estabilidad en Irak. Una ‘guerra contra el terror’ después se creó el caldo de cultivo perfecto para el auge del Estado Islámico que llegó a tomar Mosul y convirtió Bagdad en objetivo de constantes ataques terroristas. El mismo Estado Islámico que el mismo año en el que Saddam Hussein fue derrocado, lejos de estos ser erradicados –recordemos, en el contexto de una supuesta guerra contra el terrorismo– empezaba el tercer y mayor genocidio del siglo XXI.
La guerra contra el terror es una farsa de cientos de miles de millones de dólares diseñada para mantener la industria bélica atiborrándose con dinero del contribuyente de norteamericano. Una farsa para destruir países y controlar gobiernos.
Pero siendo honestos, ¿quién puede esperar un ápice de moral y el más mínimo interés por la justicia y el fin del terror… por parte de los mismos que propugnan el terror? Ejercer el terrorismo no solo es poner bombas en nombre de un Dios o una ideología. Ejercer el terrorismo también son las detenciones aleatorias, las torturas en centros clandestinos, los crímenes de lesa humanidad contra población civil en ocasiones por puro entretenimiento… Y en este caso, EE.UU. es el principal protector de los terroristas, a quienes ampara sancionando –también amenazando– a quienquiera de la Corte Penal Internacional de la Haya que investigue los crímenes de guerra de oficiales norteamericanos en Afganistán. La única diferencia respecto a algunos grupos terroristas que maquillan sus métodos de barbarie con ideales rimbombantes, es que el estadounidense cuenta con un presupuesto billonario y a estas alturas ni siquiera necesita maquillarse.
La guerra contra el terror no es más que una farsa. Tal vez la mayor farsa que ha conocido nuestra generación. Es una farsa de cientos de miles de millones de dólares diseñada para mantener la industria bélica atiborrándose con dinero del contribuyente de norteamericano. Una farsa para destruir países y controlar gobiernos. Una farsa para en nombre de la paz, la seguridad y la vida, crear monstruos, sembrar odio y cosechar muerte.
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país.
“Saturan el Semefo cuerpos de asesinados”, anunció El Diario de Juárez en marzo de 2008, mes en que los cadáveres de 40 personas no identificadas fueron enviados a la fosa común. Para mayo, otro encabezado alertaba de nuevo: “Ya no caben en la morgue”. El anfiteatro tenía 2 planchas metálicas y 14 cuerpos requerían autopsias, y guardaba otros 10 que nadie reclamó. En julio el título fue: “Saturan otra vez el Semefo”. Para entonces el promedio era de ocho cuerpos ingresados a diario, y se sumaron casi 50 exhumados de una fosa. Para diciembre -cuando los servicios periciales estaban recién ampliados y remodelados- otra nota de mal agüero se convirtió en presagio: “Colapsa el Semefo por tantos muertos”.
Las noticias sobre el inminente colapso en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez -sea por falta de espacio y de personal, truene de refrigeradores, ingreso de cadáveres de personas migrantes a las que nadie reclama, lista de espera para análisis de laboratorios- pronto se fueron repitiendo en otros estados del país, una y otra vez, en los últimos 14 años. El gobierno reconoció el problema apenas el año pasado, y lo nombró: “crisis forense”.
Ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud.
Entre 2006 y 2019, miles de cadáveres fueron ingresados a los Servicios Médicos Forenses de todo el país. Datos inéditos obtenidos por Quinto Elemento Lab revelan que, a finales de 2019, quedaron sin ser identificados 38 mil 891 cuerpos.
En el año 2006, los cuerpos que quedaron en el anonimato dentro del sistema forense eran apenas 178, al siguiente año se duplicaron a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4 mil 408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros 4 mil 905 se acumularon.
La herencia de Calderón a esta trama fue de 9 mil 349 cadáveres anónimos. La de Peña Nieto, de 17 mil 590.
En esos 14 años el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento.
Gráfico 1. Cuerpos no identificados en México. Gráfico: Omar Bobadilla.
Esos casi 39 mil cuerpos forman parte del saldo de 14 años de la política de militarización estrenada desde el sexenio de Felipe Calderón, la “guerra contra el narco”, que desató un baño de sangre y echó gasolina a las disputas territoriales de los grupos criminales. En ese lapso, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.
La paradoja es que cada día familias de distintas geografías se organizan en colectivos para salir a buscar a sus parientes desaparecidos, muchas veces con picos y palas, excavando con sus propias manos. Cada año madres de migrantes recorren México buscando pistas sobre sus hijos e hijas que nunca volvieron. Entre esos casi 39 mil cuerpos bajo el poder del Estado podría estar la respuesta que a esas familias les falta. El Estado los tiene, pero no siempre tiene la voluntad de regresarlos a casa y que tengan un entierro digno.
¿Qué se sabe de estos cuerpos?
Esta investigación, basada en solicitudes de transparencia de información pública a las autoridades forenses de las 32 entidades y la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), arroja que 25 mil 833 de los cuerpos NI o No Identificados, correspondían a hombres y 2 mil 419, a mujeres. En 10 mil 639 no fue especificado el género en las respuestas.
Cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Juntos registraron 21 mil 881 personas fallecidas sin identificar.
Gráfico 2. Cuerpos no identificados por estado. Gráfico: Omar Bobadilla.
Ningún gobierno, informe o diagnóstico ha aclarado hasta ahora cuántos son y en dónde están esas decenas de miles de cadáveres anónimos.
Sin normas nacionales homogéneas para el procesamiento, identificación y resguardo de los cuerpos, y con personal insuficiente para la estampida violenta, a los Semefo llegaron miles de cuerpos que muchas veces fueron indebidamente resguardados, poniendo en riesgo su futura identificación y trazabilidad, es decir, el registro de dónde terminó cada uno.
Cada tanto aparecen en las noticias los experimentos improvisados de algunos estados para evitar que esos cuerpos de desconocidos se estacionen en sus planchas metálicas, y dar cabida a otros recién llegados. Los casos más conocidos son los que violaron todos los derechos que tienen las personas muertas.
El gobierno de Morelos, por ejemplo, cavó sus propias fosas clandestinas en Tetelcingo, entre 2010 y 2013, para ocultar 117 cadáveres, enterró otros 84 sin placa alguna en el panteón de Jojutla que fueron descubiertos por familias de personas desaparecidas. Ellas, indignadas y enojadas, presionaron hasta su exhumación en 2016 y 2017.
En septiembre de 2018 un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Lo que parecía una trama de narcos fue obra de las autoridades que apilaron 322 cuerpos a bordo de dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por calles de Guadalajara.
Las morgues móviles no eran una solución innovadora: ya antes la habían experimentado en Acapulco, Chilpancingo, Xalapa, Tijuana o en Tamaulipas y siguen siendo utilizadas. Antes de este escándalo internacional que ganó el mote de “los tráileres de la muerte”, también en Jalisco se habían dado a la tarea de incinerar en un horno a mil 559 personas; apenas 553 bolsas de cenizas contaban con los registros forenses completos que son necesarios para que alguien los pueda identificar.
Además del desborde constante en Ciudad Juárez, morgues como las de Acapulco, Chilpancingo, Cancún, Guadalajara, Xalapa, Torreón, Coatzacoalcos y Tijuana han colapsado, según reconocieron las autoridades forenses de los estados, o quedó registro en la prensa.
En 2017, por ejemplo, el Semefo de Chilpancingo paró labores: trabajadores protestaron por los olores fétidos que emanaban los cadáveres acumulados. En 2019 a las instalaciones del Sistema estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron a parar los cuerpos del anfiteatro de Tijuana, que se quedó sin cupo.
¿Dónde están los cuerpos NI?
Ante la falta de capacidad para resguardar los cuerpos, los Semefo del país encontraron una salida bajo tierra.
La crisis forense transformó al Estado mexicano en una máquina enterradora: del Semefo a la fosa común pasaron 27 mil 271 cuerpos de desconocidos -70 por ciento del total-.
Durante muchos años, personal pericial introdujo los cadáveres en bolsas de plástico y los envió a fosas comunes sin seguir un protocolo que permitiera una identificación posterior de la persona fallecida. El sitio del entierro y los registros fueron dejados a cargo de los panteoneros municipales que lo hicieron a su libre albedrío, no siempre con orden o cavando fosas individualizadas.
En Coahuila, por ejemplo, durante la implementación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense, de 2017, se encontró que los cadáveres en las fosas comunes no eran los que indicaban los registros, ni en número, ni en descripción. En las fosas irregulares de Tetelcingo, Morelos, la Fiscalía estatal enterró 46 cuerpos y extremidades que, o no tenían datos de identificación o tenían etiquetas ilegibles. Peritos de la FGR iban por 30 cuerpos, y extrajeron más de 100.
Estos procedimientos erráticos desembocan en lo que llaman “pérdidas administrativas”.
Lo explica en entrevista el asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, Hugo Soto Escutia: “Si se identifica, esa persona queda en una fosa donde hay más de 50 personas, 32, 40, equis número, y no sabe bien en qué posición quedó, en qué nivel, etcétera, ahí lo pierde el Estado. Por eso se le llama la pérdida administrativa, por una cuestión administrativa del Estado”.
El otro destino más común para los cuerpos sin identificar son las gavetas en los Semefo. Un 14 por ciento de cuerpos sin nombre que no yacen en fosas comunes esperan a ser identificados dentro de cuartos con cajas para cadáveres esqueletizados, cámaras frigoríficas o planchas dentro de los anfiteatros. En ese limbo permanecen 5 mil 446.
Foto 2. Gavetas dentro del Semefo de la Fiscalía de Nayarit. Crédito: Karina Cancino.
Pero el que estén más a la vista no garantiza que serán identificados.
En 2011, por ejemplo, se descubrió que el moderno anfiteatro de Ciudad Juárez “guardaba” 26 cuerpos de mujeres, algunas de ellas buscadas por sus madres durante años, las cuales constantemente preguntaban por su paradero en el mismo Semefo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) encontró que 47 cuerpos que deambulaban en las morgues itinerantes de Jalisco contaban con los datos necesarios para haber sido identificados.
Entre esta porción de NI embodegados en instalaciones forenses están, por ejemplo, los cuerpos extraídos de fosas de Iguala y sus alrededores cuando se hacía la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Alrededor de 90 ocupan gavetas del CEMEFOFE de la FGR en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información recabada, de esos casi 39 mil cuerpos NI, 954 fueron reducidos a ceniza: tres en Tamaulipas, el resto en Jalisco. La única esperanza para quienes les buscan es que los peritos hayan integrado correctamente sus expedientes, con foto y análisis genético incluido. La FGR no mencionó en sus respuestas la incineración de 10 cuerpos exhumados de fosas en San Fernando, Tamaulipas, el último día del sexenio de Calderón.
Al menos 2 mil 589 cuerpos fueron donados a escuelas de Medicina. Es posible que los estudiantes estén aprendiendo con los cuerpos de personas buscadas por sus familias.
Universidades como la de Guadalajara han contribuido a esta crisis humanitaria: incineró 118 de los cuerpos donados por Instituto Forense.
En otros 53 casos son funerarias privadas las que tienen en su poder los restos. En Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las fiscalías delegaron su obligación de resguardar los cuerpos a estos negocios particulares.
Foto 3. Capilla en jardín funerario de Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La doble desaparición
En el colmo, en siete estados, perdieron cuerpos.
Es la situación de 999 cadáveres de los que las autoridades forenses no saben aclarar su destino final aunque sus peritos fueron los últimos que los examinaron dentro de sus instalaciones. Reconocieron este desorden que raya en lo delictivo las fiscalías de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El registro de su resguardo final se perdió en el laberinto institucional.
Un caso paradigmático es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que respondió que tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones.
Las autoridades forenses de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no entregaron la información sobre el destino final de 2 mil 528 cuerpos NI, que equivale a 6.5 por ciento del total nacional de cuerpos no reclamados. Sólo es posible saber que fueron registrados y que continúan en calidad de desconocidos.
La Fiscalía de Guanajuato evadió responder cuántos cuerpos no identificados tenía: tras reiteradas solicitudes de Transparencia sólo reconoció que contaba con “153 archivos básicos completos” con descripción de características que permitan posteriores identificaciones.
Después de una queja ante el Instituto de Transparencia de Guanajuato, entregó información sobre 701 cuerpos inhumados en fosa común, pero informó que desconoce cuántos fueron posteriormente identificados. La fiscalía no respondió a la solicitud de entrevista solicitada.
No hay forma, entonces, de saber la magnitud exacta de la crisis forense.
En esta investigación sólo mencionamos cuerpos completos y osamentas. Por los Semefo pasan cientos de miles de restos y fragmentos humanos. En varios estados del país, los criminales han utilizado ácido o fuego para destruir cuerpos o volverlos irreconocibles.
Gráfico 3. Destino final de los cuerpos sin identificar. Gráfico: Alejandra Saavedra.
Diagnóstico desconocido
En junio de 2019, durante el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas expuso que en el país hay 37 mil cuerpos a los que posiblemente no se les practicó necropsia, 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos.
No se especificó la metodología del diagnóstico, el número de personas fallecidas no identificadas, sus características, su distribución en las entidades federativas y dónde se encontraban (ver recuadro sobre “el informe secreto”).
Tampoco el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano civil e independiente que vigila el cumplimiento de la Ley general en materia de desapariciones, supo cómo se llegaron a esos resultados. “Nosotros conocemos igual que todos el Power Point que se presentó en una reunión, tuvimos dudas precisamente sobre las metodologías usadas para llegar a esta cifra (…) seguimos sin tener muy claras las metodologías con las que se han llegado primero a 26 mil y luego a 37 mil”, explica Volga de Pina, integrante de este Consejo.
Encinas mencionó que la “emergencia forense” se debe a falta infraestructura, personal, recursos, cementerios forenses y protocolos homologados para la conservación de cadáveres.
Aunque Quinto Elemento Lab envió diversas solicitudes de información para pedir una copia del diagnóstico completo, este fue negado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) alegando que solo la FGR contaba con él, mientras que la Fiscalía argumentó que el diagnóstico no estaba concluido.
Los estados de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas, en cambio, sí entregaron a Quinto Elemento Lab una copia del cuestionario que respondieron para ese informe.
Las respuestas que las autoridades de estos tres estados enviaron para la conformación del diagnóstico forense muestran una realidad desoladora: en el caso de Baja California Sur, la dirección de servicios periciales reconoció que la carga de trabajo está en aumento, pero no así el personal operativo. En tanto Tamaulipas, que recibe en promedio 10 cadáveres al día, respondió que puede tardar de tres días a un mes para identificar a una persona; en algunos casos hasta dos años si no cuenta con confrontas genéticas. El cuestionario respondido por el Semefo de la ciudad de Puebla es escueto: escrito a mano, a veces ilegible y tachado, se alcanza a leer: “La carga de trabajo ha aumentado, 10 cadáveres x día y rebasado. Casos complejos”.
Documentos 1. Cuestionario respondido por autoridades forenses de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. Crédito: Documentos obtenidos vía solicitudes de información pública.
Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, considera que es injusto estigmatizar a los servicios médicos forenses hablando de “crisis forense”.
Dice que no lleva a nada constructivo repetir que en Jalisco hubo “4 tráileres con 400 cuerpos” o que en Guerrero entregaron cenizas a familiares que resultaron no ser de humanos. “Son datos que ya se manejaron”, dice el médico en entrevista.
“Se me hace injusto (hablar de) el tema de la crisis forense, No, acá tenemos una crisis de violencia, de delincuencia, que repercute en el área forense, me queda claro, pero al manejarlo como crisis forense siento que nos dejan a todos los forenses la máxima responsabilidad de todo esto cuando se ha hecho el máximo esfuerzo”.
Para Anselmo Apodaca, la violencia se combinó con falta de infraestructura, de inversión en tecnología, de personal y capacidades rebasadas. Admite también que en algunos estados no hubo visión al dotar presupuesto a las unidades de medicina legal.
Los Semefo no estaban preparados para lo que vendría. Fueron sorprendidos por la llegada masiva de las víctimas de homicidios y masacres a las que debían de atender con infraestructura deficiente: en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas las funerarias privadas les prestan sus instalaciones. O sin personal suficiente, como lo reconocen las autoridades forenses en Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. O sin inversión, como ocurrió en Veracruz donde 80% del presupuesto destinado al rubro fúnebre se usó para otros gastos. Tradicionalmente los Semefo han sido tratados como apestados a la hora de la repartición de recursos estatales.
“La violencia se fue incrementando y se fue abandonando en muchos lugares el presupuesto para poder fortalecerlos”, dijo Apodaca, también comisario de la Policía Federal con especialidad en criminalística. “Al no estar fortalecidos quedaron rebasados en sus capacidades (…) los Semefo fueron sobreviviendo con el presupuesto que les iba asignando cada estado”.
Considera que habría que contar los cuerpos sí identificados, que son muchos y que demuestran el buen trabajo realizado en muchos Semefo.
Sin embargo, el diagnóstico que se pretende ocultar queda ventilado cuando otras instituciones han podido echar un vistazo al funcionamiento de los servicios periciales.
Un estudio que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo sobre las capacidades forenses de Veracruz -obtenido por AVC Noticias-, reveló que de 910 cuerpos enviados a fosa común entre 2014 y 2017, sólo 187 tenían archivos básicos post mortem. Encontró también que era una constante en las fichas sobre los cuerpos ingresados en Semefo no desglosar lugar preciso de recuperación, si actualmente el cuerpo está o no identificado y el estado que guarda.
Documento 2. Diagnóstico de CICR. Crédito: AVC Noticias/Connectas
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización independiente que colabora con gobiernos y colectivos de familiares para la identificación de personas, y que participó en la Comisión Forense para revisar junto a la PGR los cuerpos NI extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, encontró que las autoridades estatales y federales cometieron una cadena de errores, según documentó la CNDH en su recomendación 23 VG/2019.
Por ejemplo: terminaron en fosas comunes 31 de los 60 cuerpos exhumados aún cuando podrían haber sido identificados. Erráticamente incineraron un número indefinido de cuerpos. Retrasaron más de 4 años el cotejo de muestras genéticas de los familiares. Mezclaron osamentas de distintas personas. Perdieron pertenencias que acompañaban los restos. Levantaron reportes sobre desapariciones sin datos importantes. Entregaron el cadáver de un mexicano a una familia guatemalteca y esperaron un año para remediarlo.
En enero de 2020 la CEDH de Jalisco hizo una recomendación al IJCF y a la Fiscalía estatal en la que señaló que se borraron los datos en las etiquetas del 25 por ciento de los cadáveres NI. Cuando el sistema arrojaba una coincidencia entre cadáveres y fichas de desapariciones de otros estados, no se solicitaba colaboración para localizar a los familiares. Toma de huellas dactilares tardía a los cuerpos. Falta de confrontación de las muestras de ADN de personas que buscaban a un familiar con las muestras de ADN de los cuerpos a su resguardo. Ausencia de datos de al menos 700 cuerpos cremados en años anteriores.
El colapso de los servicios periciales es tortura para las familias.
Foto 4. Hallazgos de restos óseos en fosa. Crédito: Germán Canseco/Proceso.
El colapso forense
Quinto Elemento Lab también obtuvo información vía Transparencia para esta investigación sobre la saturación de los Semefo en el país. Al cierre de 2019, 44 de 177 Semefo estaban desbordados. Se trata de unidades en 18 estados de la república, y el de la FGR.
Es decir, uno de cada cuatro unidades que resguardan cuerpos tiene el cupo sobrepasado.
El Semefo de Xalapa guardaba 364 cuerpos más de los que le caben. Y el CEMEMOFE de la FGR tenía 164 cuerpos de más. La Zona Norte de Quintana Roo padecía una situación crítica: el anfiteatro excedía su capacidad por 85 cuerpos.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz reconocieron que han recurrido a contenedores frigoríficos para el exceso de cadáveres, pero en sus respuestas no aclararon la capacidad de esas morgues improvisadas.
El Semefo de Ciudad Juárez reportó que tenía 45 cuerpos más.
En 2018 la prensa juarense informó que la morgue requería nuevas inversiones, que ingresaban 420 cadáveres por mes (la mitad, víctimas de homicidios), que a 231 cadáveres les faltaba el análisis de perfil genético, que una persona buscó 8 años a su hijo y la encontró en el Semefo, que víctimas se manifestaron para exigir información de cuerpos resguardados.
La autora de las primeras notas sobre la saturación de las morgues de 2008 es la periodista Luz del Carmen Sosa. Estos años ella ha sido testigo de la ampliación de instalaciones, el equipamiento, las nuevas contrataciones y los cursos al personal del Semefo, las certificaciones de laboratorios y, en contraste, las interminables filas de espera para la autopsia; la caravana de madres de jóvenes desaparecidas que pedían auditar el Semefo para buscar a sus hijas; la falla del sistema de refrigeración por exceso de cadáveres; el asesinato del jefe de servicios periciales; el hallazgo de fosas clandestinas que convierten a Chihuahua en segundo lugar nacional; los cuerpos que permanecieron años sin ser identificados aunque sus familias los reclamaban; los sistemáticos entierros de desconocidos en fosas de panteones municipales para desocupar espacios, y los repetidos colapsos de la morgue.
Diez años después de aquellas primeras notas, en 2018, documentó que sumaban 584 los cadáveres no reclamados.
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Foto 5. Informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Crédito: Benjamín Flores/Proceso.
En febrero de 2019, el Subsecretario Alejandro Encinas prometió que se crearían cinco Institutos Regionales Forenses (en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz), 15 cementerios forenses -depósitos temporales de cadáveres- en nueve estados y se daría un apoyo “extraordinario” para los servicios forenses en estados rebasados, para fortalecer capacidades estatales y para la CNB.
En diciembre de 2019, por presión de las familias de personas desaparecidas y también con su participación, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano de expertos con autonomía técnica y científica que apoyará la identificación de los cuerpos o restos óseos en todo el país. A pesar de la urgencia de las familias de personas desaparecidas por encontrar a sus seres queridos, éste sigue sin titular y aún no funciona.
Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jereemel Fernández y es vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, considera que el presupuesto es insuficiente. Está esperanzada de que el primer día de enero arranque el Mecanismo.
A la fecha, una promesa se ha cumplido: en agosto pasado Coahuila recibió del gobierno federal un Centro Regional de Identificación. El 17 de septiembre, en Michoacán, se puso la primera piedra del que será un Centro de Resguardo Forense.
El jefe de la delegación del CICR para México, Jordi Raich, informó el año pasado en entrevista que se ha calculado que, en un escenario ideal, con los especialistas y recursos necesarios, se podrían revisar por año un estimado de 2 mil cuerpos, para tratar de devolverles la identidad. Esto significa que demoraría 20 años sin contar los nuevos ingresos. “Si no se entra en un escenario (de violencia) que se recrudezca aún más”.
Foto 6. Fosa común en el panteón Centenario de Los Mochis, Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab y el proyecto A dónde van los desaparecidos revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Síguela en: www.quintoelab.org/crisis-forense/
Diagnóstico: Información “clasificada”
En 2018 comenzó una danza de cifras sobre los cuerpos no identificados en el país.
Para abril, el subsecretario de Derechos Humanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, Rafael Avante, soltó que eran 35 mil cuerpos no identificados en los Semefo. Nunca aclaró su fuente ni atendió a las solicitudes de información pública. Al terminar su mandato le dio otro dato a Alejandro Encinas, quien lo sucedería en el cargo: eran 26 mil.
En enero de 2019, al despedirse de su cargo, el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, afirmaba que habrían 36 mil 708 cadáveres NI, según los registros de huellas dactilares en la Plataforma México.
Antes de acabarse el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR- realizó el “Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones”, que nunca se presentó al público, pero estimaba en 16 mil 520 el número de cadáveres conservados en Semefo o enterrados en fosas comunes de 26 estados.
El último esfuerzo para despejar la incógnita de registros post-mortem de cuerpos no identificados se hizo en marzo de 2019, a partir de que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron urgidos desde Presidencia de la República para elaborar un diagnóstico.
Funcionarios de las distintas dependencias fueron enviados del 29 al 31 de marzo a cada una de las entidades federativas para hablar con las personas a cargo de los anfiteatros y llenar un largo cuestionario sobre instalaciones y capacidades, número de especialistas y de cuerpos.
A mediados de año Encinas presentaría los resultados: había 37 mil 443 cuerpos a los que probablemente no se les hizo una necropsia. No mencionó más.
En 14 años ningún funcionario ha presentado algo más que declaraciones. Nadie ha presentado un informe completo.
La CNB y la FGR negaron el acceso al documento, en las solicitudes de información realizadas.
El diagnóstico señala que en el país hay 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos. Y que la causa de la “emergencia forense” era la falta de personal, infraestructura, recursos, panteones especializados y protocolos homologados.
El ahora consultor independiente Anselmo Apodaca, quien en 2019 era coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR, explicó en entrevista que el diagnóstico no se hizo público para evitar un golpeteo entre partidos políticos con base en el desempeño de los servicios forenses estatales.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio. (Luego) se hizo un consenso, realmente sensibilizamos a todos los directores de periciales para que ellos, a su vez, sensibilizaran a sus fiscales. Fue un trabajo nada sencillo porque todo mundo siente que es dueño de su información, pero al hablar de bases de datos no puedes ser dueño de su información”, dijo.
Agregó que a cada duda se hablaba con los titulares de los Semefo. Otra fuente consultada bajo condición de anonimato mencionó que nunca fue posible homologar los resultados: en las prisas por darle una expedita respuesta al presidente se envió a cualquier gente a hacer auditoría a los Semefo y muchos no entendieron la jerga forense y, a su regreso a la ciudad de México no supieron traducir en detalles técnicos.
Sea por consenso entre autoridades o porque nunca fue terminado, lo cierto es que el documento sigue bajo candado.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/un-pais-rebasado-por-sus-muertos/
Hace cinco años, más de un millón de personas cruzaron a Europa. Muchos de ellos asumieron grandes riesgos y se embarcaron en peligrosos viajes en un esfuerzo por escapar del conflicto y encontrar una vida mejor.
Pero la repentina afluencia de personas provocó una crisis humanitaria y política mientras Europa luchaba por responder a la situación.
Miles murieron intentando llegar a las costas y, mientras algunos países les abrían los brazos, otros levantaban vallas y cerraban sus fronteras.
El impacto de esta migración masiva se siente todavía hoy.
En este reportaje, corresponsales de la BBC, expertos y personas que hicieron el viaje reflexionan sobre ese dramático momento.
¿Cómo cambió Europa? ¿Cómo cambiaron las vidas de los involucrados?
Cómo empezó: «Sabía que no teníamos futuro»
Lara Tahan, profesora siria: Mi vida antes de la guerra en 2011 era muy buena. Yo era profesora de matemáticas en Alepo, con dos hijos. Pero cuando comenzó la guerra supe que no teníamos futuro en el país. Solía conducir al trabajo y ver cadáveres a los lados de la carretera. Así que huí a Turquía, que era la opción más fácil en ese entonces.
Mark Lowen, corresponsal en Turquía de 2014 a 2019: La guerra de Siria puso a Turquía al frente del asunto de la migración. Limita con Grecia y Bulgaria, por lo que en muchos sentidos se convirtió en la sala de espera para llegar a la Unión Europea. En 2015, hubo un gran flujo de personas de Siria a Turquía y luego a Grecia.
Julian Miglierini, reportero de la BBC en Roma: En Italia la migración ha sido un gran problema durante años. Su cercanía con el norte de África la convirtió en un destino privilegiado para quienes deseen arriesgarse a cruzar el Mediterráneo, y mucha gente lo hizo.
Guy De Launey, corresponsal en los Balcanes: Ese verano en Serbia era común ver en las calles a personas que habían viajado desde el Medio Oriente. Tomaban la ruta de los Balcanes, que serpenteaba hacia el norte a través de Grecia y Macedonia del Norte en el camino hacia países como Alemania.
Lara Tahan, profesora siria: Mis dos hermanas ya vivían en Alemania. Me di cuenta de que Turquía no era el futuro que estaba buscando para mí y mis hijos pequeños, así que decidí viajar a Alemania en busca de mejores oportunidades.
Jenny Hill, corresponsal en Berlín: Alemania había acogido a personas que huían de la guerra y la persecución y tenía reputación de ser un país hospitalario. Cuando miles de personas llegaron a principios de septiembre de 2015, una multitud los recibió con carteles pintados a mano y regalos para las personas que bajaban exhaustas de los trenes. Estallaron en aplausos y vítores espontáneos. Fue un momento extraordinario.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionCon aplausos y alegría, así respondieron los refugiados a los alemanes que les dieron la bienvenida en una estación de trenes en Munich en 2015.
Lara Tahan, profesora siria: Llegué a Múnich después de un viaje largo y complicado. ¡Estaba lloviendo a cántaros! Para mí esa fue la primera cosa extraña que noté… ¡Lluvia en el verano! Pero conocí a personas muy agradables que recibieron muy bien a los refugiados.
Maddy Savage, corresponsal en Suecia: Al mismo tiempo, en Suecia, el estado de ánimo era que este era uno de los países más acogedores del mundo. En las estaciones había personas con pancartas que decían «bienvenidos refugiados». Y un año antes el primer ministro había pronunciado un discurso pidiendo a los suecos que abrieran su corazón a los migrantes.
Samar Jaber, ingeniera de Jordania: En la universidad siempre hablaban de cómo Suecia recibía a los refugiados, así que huí de Jordania. No tuve elección porque mi vida estaba en peligro. Mi hermana ya estaba en Suecia y finalmente nos reunimos. Cuando llegué pensé que por fin era libre.
«Lo gestionaremos», responde Europa
Guy De Launey, corresponsal en los Balcanes: El gran cambio se produjo cuando la policía de Macedonia del Norte disparó gases lacrimógenos contra las personas que intentaban cruzar la frontera con Grecia. Las autoridades dijeron que estaban abrumadas. Parecía que Europa de repente se había dado cuenta de un problema oculto a primera vista.
Nick Thorpe, corresponsal en Europa Central: En Hungría, el gobierno anunció que erigiría una valla en su frontera. La policía también selló la estación principal de trenes de Budapest para evitar que las personas siguieran el viaje. Pero estas medidas provocaron que la gente acudiera a los contrabandistas y la ilegalidad.
Bethany Bell, corresponsal de Austria: En un camión que había viajado desde Hungría a Austria se hallaron los cadáveres de decenas de migrantes. Fue un momento impactante que puso de relieve el problema del tráfico de personas y la desesperación de quienes se vieron atrapados en la crisis.
Jenny Hill, corresponsal en Berlín: Angela Merkel, como todos nosotros, estaba horrorizada por el descubrimiento del camión. Pareció tener un impacto profundo en ella. Apenas unos días después, anunció que Alemania aceptaría 800.000 solicitantes de asilo ese año. Y por primera vez utilizó lo que se convertiría en su eslogan: «Wir schaffen das», «Lo lograremos».
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionNo todos consiguieron un destino mejor, algunos murieron en el camino.
Nick Thorpe, corresponsal en Europa Central: Merkel, de acuerdo con la canciller austriaca, acordó acoger a quienes quedaron atrapados en Hungría. Miles se rindieron en la estación de Budapest y se marcharon a Viena. La opinión de Hungría era esencialmente: «Si quieres acoger a estas personas, hazlo».
Lara Tahan, profesora siria: Después de llegar a Múnich, fui a dos campos de refugiados antes de que me trasladaran a una pequeña ciudad en Hesse. Conocimos a alemanes que querían ayudar a los refugiados a integrarnos. Me han apoyado mucho en cada etapa y todavía vivo ahí.
Jenny Hill, corresponsal en Berlín: El enfoque de Alemania fue tratar de garantizar que los recién llegados se distribuyeran por todo el país para que ninguna zona se viera afectada de forma desproporcionada. En realidad, fueron los alcaldes y las autoridades locales quienes organizaron toda la logística. Pero fueron apoyados por un notable movimiento de voluntarios.
Maddy Savage, corresponsal en Suecia: Las familias de inmigrantes en Suecia a menudo terminaban en lugares remotos o en alojamientos temporales que les obligaba a trasladarse de un lugar a otro. Y aunque la apertura a los recién llegados era la norma, eso comenzó a cambiar a medida que la presión sobre los recursos se hacía más evidente.
Guy De Launey, corresponsal en los Balcanes: Finalmente, la Ruta de los Balcanes se declaró cerrada en marzo de 2016. Eso ayudó a reducir el flujo de personas.
Mark Lowen, corresponsal en Turquía de 2014 a 2019: Un acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía unas semanas más tarde demostró ser muy eficaz. Turquía recibiría miles de millones en ayuda de la UE a cambio de aceptar a los refugiados sirios. Eso condujo a una disminución masiva en el número de migrantes.
Trabajo y vivienda: «Pensaron que sería el paraíso»
Samar Jaber, ingeniera de Jordania: Suecia fue muy difícil al principio y la gente intentó aprovecharse de mí antes de que me concedieran el estatus de refugiada. Ahora tengo un estatus legal y quiero usar mi título, pero me he dado cuenta de que aquí no aceptan títulos extranjeros.
Maddy Savage, corresponsal en Suecia: Mucha gente pensó que Suecia sería el paraíso, pero la realidad ha presentado más desafíos de los que esperaban. Incluso los inmigrantes con alto nivel educativo y un inglés excelente han tenido dificultades para progresar porque sus títulos universitarios no son válidos en el país.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLas llegadas masivas aumentaron las tensiones políticas entre los gobiernos de la UE, divididos entre aquellos que querían acoger a los refugiados y los que no estaban dispuestos a recibirles.
Samar Jaber, ingeniera de Jordania: He solicitado unos 100 trabajos y nunca me han llamado para una entrevista. Así que ahora estoy estudiando para obtener un diploma sueco. Quiero construir un futuro, quiero ser independiente, pero han pasado seis años y no tengo nada.
Maddy Savage, corresponsal en Suecia: La vivienda y el empleo han sido dos de los mayores problemas. Suecia tiene grandes limitaciones de alojamiento en las principales ciudades. A menos que durante años la persona haya estado en una lista de espera para obtener vivienda social, conseguir una vivienda dependerá de las conexiones.
Jenny Phillimore, profesora de Asuntos de Migración: Uno de los legados de 2015 son las formas innovadoras con las que las personas han abordado temas como la vivienda. En Hamburgo y Bremen, de hecho, convirtieron contenedores de carga en hogares para inmigrantes. En Amsterdam, construyeron una «ciudad contenedor» que albergaba 50% de jóvenes holandeses y 50% de refugiados. Pero todavía hay problemas.
Maddy Savage, corresponsal en Suecia: La tasa de desempleo de los ciudadanos nacidos en el extranjero es del 21,2%, frente al 5,5% de los nacidos aquí. El objetivo es que los recién llegados no hagan trabajos en el mercado negro, y ha habido un debate sobre si debería haber reglas más flexibles que les permitan trabajar con mayor facilidad.
Samar Jaber, ingeniera de Jordania: No puedes sentirte estable. ¡Parece que cada vez que hago algo me piden otra cosa! ¿Crees que quiero quedarme en casa y no trabajar? Todos queremos trabajar. Pero no hay nada.
Jenny Hill, corresponsal en Berlín: Alemania tiene una población que envejece y algunos vieron a los recién llegados como una respuesta a la escasez de trabajadores cualificados: las grandes empresas como Siemens comenzaron a ofrecer contratos de aprendizaje. Pero inevitablemente hubo problemas y el tema de la migración dominó el debate social durante varios años.
Consecuencias políticas: «La fatiga de compasión ha echado raíces»
Jenny Hill, corresponsal en Berlín: Los delitos cometidos por solicitantes de asilo dominaron los titulares. Los ataques contra mujeres jóvenes en Colonia en la víspera de Año Nuevo de 2015 a manos de hombres que llegaron, en su mayoría, del norte de África alimentaron la ira, al igual que el ataque terrorista en un mercado navideño de Berlín, perpetrado por un hombre tunecino que había llegado a Europa como solicitante de asilo.
Maddy Savage, corresponsal en Suecia: El crimen también se ha convertido en parte del debate sobre inmigración aquí. Ha habido incidentes de alto perfil, pero la policía dice que el crimen en ciertas áreas de alta inmigración no proviene tanto de los recién llegados como de redes criminales y pandillas.
Jenny Hill, corresponsal en Berlín: Hubo una reacción violenta contra la política de «Lo lograremos» de Merkel, y pronto abandonó el eslogan a medida que crecía el apoyo al partido antimigrantes Alternativa para Alemania (AfD). La «Flüchtlingspolitik» (política de refugiados) polarizó a la sociedad.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl debate sobre la migración fue muy intenso en Europa.
Julian Miglierini, reportero de la BBC en Roma: En Italia, los nacionalistas explotaron la falta de cooperación percibida por parte de la UE y otros países europeos durante la crisis. Han expresado sentimientos anti inmigrantes y el mensaje ha calado en muchos italianos. Desde entonces, los nacionalistas han cosechado éxitos en las elecciones.
Daphne Halikiopoulou, profesora de Política Europea: La tendencia que hemos visto en Europa a partir de la crisis económica y luego continuando con la crisis de los inmigrantes es la reducción de la corriente política dominante y el auge de políticas nacionalistas.
Maddy Savage, corresponsal en Suecia: Los nacionalistas demócratas suecos han recibido más atención aquí desde la crisis y han ganado popularidad. Se ha vuelto más aceptable expresar opiniones contrarias a la inmigración, y el centro-izquierda ha introducido e incluso adoptado como política un límite en los números de acogida.
Bethany Bell, corresponsal en Austria: La crisis ha provocado un cambio significativo en la política austriaca. Oponerse a la inmigración ha sido un tema importante para el canciller Sebastian Kurz. Su mensaje antiinmigrante lo ayudó a ganar dos elecciones y quitarle votos a la extrema derecha. Sigue siendo un tema clave para su partido conservador.
Daphne Halikiopoulou, profesora de política europea: Las cifras reales de inmigración a menudo no se corresponden con las personas que votan por un partido en particular. Lo que es más importante es cómo los votantes perciben la crisis y cómo se presenta. De esta manera, los partidos han podido influir de una manera que no lo hacían antes.
Image captionEl campamento de Lesbos, en Grecia, llegó a tener cerca de 7.000 niños.
Guy De Launey, corresponsal en los Balcanes: Algunos políticos nacionalistas han intentado utilizar la crisis para generar apoyo. En general, la simpatía por la difícil situación de los que vienen por la Ruta de los Balcanes parece haber disminuido. La gente está protestando contra los centros de asilo y la fatiga de compasión se ha arraigado.
Nick Thorpe, corresponsal en Europa Central: En Hungría, el gobierno conservador del partido Fidesz ha utilizado la crisis para reforzar su propio apoyo. Esto, combinado con un boom económico, los hizo imbatibles en 2018.
Daphne Halikiopoulou, profesora de política europea: Podemos entender el impacto de la crisis migratoria principalmente en términos de la oportunidad que representó para los partidos [nacionalistas] para aumentar su apoyo. Y creo que seguiremos viendo a estos partidos integrarse más en las corrientes políticas dominantes.
Escuelas e integración: ‘Quiero construir una vida aquí’
Jenny Phillimore, profesora de Asuntos de Migración: Lugares como Suecia y Alemania, que registraron el mayor número de llegadas, tuvieron un enfoque menos organizado para abordar la integración. Pero hubo un enorme esfuerzo de voluntarios, que fue una de las cosas más positivas que surgieron de la situación.
Maddy Savage, corresponsal de Suecia: Todavía es difícil para los inmigrantes ascender socialmente. Más temprano que tarde, veremos cómo se desarrollan las cosas para los niños que vinieron aquí y se acercan a la edad en la que ingresarán al mercado laboral.
Jenny Phillimore, profesora de Asuntos de Migración: Ese será el momento en que Suecia sepa si su respuesta ha sido un éxito o no. El país cuenta con una población que envejece, por lo que recibir de repente una inyección de 40.000 personas jóvenes y capaces podría convertirse en un gran éxito.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage caption«Si Europa fracasa en el asunto de los refugiados, su cercana conexión con los derechos civiles universales quedará destruida», advirtió Merkel.
Jenny Hill, corresponsal de Berlín: En Alemania, las escuelas reclutaron más maestros y se aceleró la formación de personas de otras profesiones para aumentar el número en la enseñanza. Se organizaron clases adicionales para niños que no compartían un idioma común.
Lara Tahan, profesora siria: A mi hija le va muy bien aquí en la escuela. Ambas hablamos alemán con fluidez y tenemos muchos amigos. Ella es ambiciosa y quiero que lo haga mejor que yo.
Jenny Hill, corresponsal de Berlín: Muchos de los que llegaron se han integrado, aprendido el idioma y construido nuevas vidas aquí. De ninguna manera ha sido un proceso perfecto y todavía hay muchos problemas, pero cientos de miles de personas, sirios, iraquíes y muchos otros, están echando raíces.
Mark Lowen, corresponsal en Turquía de 2014 a 2019: Realmente ha cambiado la estructura de Estambul. Algunas calles tienen tiendas, restaurantes y cafés exclusivamente sirios. Y muchos de esos sirios quieren quedarse en Turquía ahora porque están asentados y es un país seguro.
Samar Jaber, ingeniera de Jordania: Suecia es un país muy generoso. Me ha cambiado. Solía tener miedo de muchas cosas, pero ahora me siento diferente. Me estoy preparando para estudiar una maestría y espero poder cumplir mis sueños.
Lara Tahan, profesora siria: Estoy deseando recibir mi pasaporte alemán. Decidimos venir aquí para tener una vida mejor y vivir con dignidad y seguridad. Nuestra calidad de vida aquí es muy buena.
*Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas.
America Latina/ 15/07/2020/Autor: FILAC/Fuente: http://estrategia.la/
Convocamos, a conformar una Concertación por el Buen Vivir, como espacio regional de diálogo e intercambio de perspectivas y propuestas compatibles con un modelo de desarrollo con identidad que permita a los Pueblos Indígenas y a la sociedad en su conjunto, enfrentar los principales efectos sociales y económicos provocados o agravados por la pandemia.
Vivimos en una época de crisis e incertidumbre. Enfrentamos una pandemia que se ha convertido en una crisis total, porque afecta a todas las personas del mundo y nos afecta en todos los planos: en la salud, en la economía, en lo político, en lo público y en lo privado, concluyó el Diálogo de Alto Nivel organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe, FILAC.
El Secretario Técnico de la institución, Álvaro Popex señaló que el documento llama a “poner a disposición de todos, una herramienta para construir juntos un mundo mejor, sobre la base del respeto de la naturaleza, todas sus culturas, sus hombres, sus mujeres, sus jóvenes y sus mayores”.
Es una crisis con alto grado de incertidumbre sobre el propio virus que la provoca, su origen, sus mutaciones, su futuro e hipotética prevención a través de una vacuna. También incertidumbre sobre lo que nos dejará, si es que algún día nos abandona, señala el llamamiento.
Crisis humanitaria
Como se ha expresado recientemente, el mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. El coronavirus no está atacando a un cuerpo sano. Está operando sobre sociedades con muchas dificultades, exacerbando sus graves problemas prexistentes.
El coronavirus se suma a previas complejidades que no solo no están resueltas, sino que siguen allí, esperando que nos hagamos cargo de ellas.
Solo hace pocos meses estábamos preocupados por los incendios en la amazonia e inundaciones en varias partes del continente, inocultables efectos del calentamiento global producto de un desastroso comportamiento humano sobre los recursos naturales.
A lo largo y ancho del continente vemos cuestionamientos profundos a las instituciones políticas, así como dificultades muy serias con el funcionamiento del sistema democrático.
Apenas hace un año, la Organización Internacional del Trabajo conmemoraba su centenario recordándonos que el mundo se está transformando radicalmente impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización, así como en un momento de desigualdades persistentes, que tienen profundas repercusiones en la naturaleza y la dignidad de las personas.
Además, la primera pandemia de la globalización impacta sobre un mundo tremendamente desigual y no solo en lo económico, sino en todos los aspectos relevantes de nuestra sociedad, desigualdad notoria para personas y colectivos, por razones étnicas, de género, etarias, etc.
En ese contexto global, América Latina es la región más desigual y violenta del planeta.
Por tanto, podemos decir que la pandemia provoca una crisis total sobre una sociedad en desigualdad total.
Entre los sectores más afectados, sin dudas, se encuentran los más de 800 Pueblos Indígenas, alrededor de 60 millones de personasque viven en América Latina, que constituyen cerca del 10% de la población de la región.
Esta realidad multicultural es una riqueza enorme, pero al mismo tiempo está marcada por un hecho incontrastable: la discriminación estructural, marginalidad, exclusión y pobreza histórica, agravado por diversas transformaciones económicas y sociales en el marco de la globalización, el cambio climático que erosiona la biodiversidad y la persistencia de la raíz colonial en los países del continente.
De allí que, gran parte de los Pueblos Indígenas viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que significa, entre otros aspectos, altas tasas de desnutrición, inaccesibilidad a servicios de salud, precariedad de infraestructura y en general, imposibilidad de ejercer derechos individuales y colectivos fundamentales.
Pero la pandemia también nos ha mostrado otros aspectos de nuestra realidad. Estos meses, hemos comprobado que el virus no puede destruir nuestros conocimientos, nuestros mejores valores, la solidaridad, ni impedir que nos organicemos para sacar lo mejor de nosotros, como personas, como pueblos, como humanidad.
Los Pueblos Indígenas, están dando respuestas masivas, conmovedoras y eficientes desplegando vigilancia comunitaria, divulgando recomendaciones en sus idiomas originarios, aplicando sus propios sistemas de salud tradicionales, enfrentando el hambre con acciones solidarias.Las comunidades indígenas y también gobiernos de la región,se han puesto de pie para enfrentar al virus.
Ahora es cuando debemos poner nuestras máximas capacidades, compromiso y voluntad expresada en hechos, no solo para superar los impactos de la crisis, sino para actuar sobre sus orígenes causales para estar en mejores condiciones ante eventuales nuevos embates de esta magnitud.
Convocamos, entonces a conformar una Concertación por el Buen Vivir, como espacio regional de diálogo e intercambio de perspectivas y propuestas compatibles con un modelo de desarrollo con identidad que permita a los Pueblos Indígenas y a la sociedad en su conjunto, enfrentar los principales efectos sociales y económicos provocados o agravados por la pandemia.
El paradigma indígena del Buen Vivir – Vivir Bien, reconoce una interrelación sistémica de distintos dominios para construir un bienestar pleno: individual (armonía con uno mismo), social (armonía con los demás); ecológico (armonía con el entorno natural) y espiritual (armonía con nuestros antepasados y futuras generaciones).
A partir de ello, proponemos sumar pensamiento y esfuerzos de diversos actores, públicos y privados, nacionales e internacionales que, junto con los Pueblos Indígenas, lleven adelante un encuentro amplio y profundo con la finalidad de concertar acciones concretas.
Durante décadas hemos acumulado conocimiento, acordado valores esenciales como los derechos humanos individuales y colectivos, construido instituciones democráticas, impulsado ejemplos de desarrollo sostenibles plenamente respetuosos de la naturaleza y de las necesidades de las personas y también capacidad crítica sobre los errores cometidos y la necesidad de evitar recorrer caminos equivocados.
Este es el momento de hacer una síntesis de nuestros mejores avances, adaptarlos a la realidad actual y comprometernos a actuar sin dilaciones para que esta crisis nos permita salir fortalecidos como sociedad y como personas.
A partir de las evidencias que nos va dejando el análisis de la pandemia y sus efectos, proponemos que este espacio considere, al menos, los siguientes criterios:
Implementar los instrumentos existentes.Enfrentar la crisis no puede implicar retrocesos conceptuales, legales ni institucionales. Al contrario, se trata de una notable oportunidad de aplicar integralmente los avances generados en los últimos años como los estándares internacionales y el Plan de Acción Iberoamericano para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Atención de emergencias y visión de largo plazo. Sin perjuicio de buscar respuestas a demandas urgentes, se debe apuntar a identificar y operar sobre las vertientes causales que las provocan, teniendo una visión de mediano y largo plazo que permita concertar esfuerzos sostenibles para superarlas.
Abordaje holístico. Aunque los aspectos económicos y sanitarios son fundamentales, difícilmente puedan considerarse adecuadamente sin atender aristas políticas, culturales, sociales y otras del contexto actual. El desafío habrá de ser profundizar en áreas específicas sin desatender la visión integral de la realidad.
Agenda de transformación. Se trata de promover y realizar cambios profundos evitando la reiteración de políticas y acciones que no han logrado mejorar la realidad. Por ello, debe priorizarse atender los aspectos que están en el centro de las demandas de los Pueblos Indígenas y de las necesidades de la sociedad en general,
Este es el caso del modelo de desarrollo extractivista que prioriza el lucro a costa de la naturaleza y los derechos humanos, la gobernanza y ejercicio de derechos sobre tierras y territorios indígenas, la participación y consulta en el marco de los estándares internacionales, entre otros aspectos relevantes.
Perspectiva intercultural. El diálogo debe hacerse en base a una interacción equitativa y horizontal entre las culturas que conviven en el continente, sus expresiones y formas de ver el mundo.Entre otros aspectos, se deben buscar sinergias entre las innovaciones científicas y los conocimientos tradicionales propios de los Pueblos Indígenas como herramientas necesarias para entender y actuar sobre la realidad.
Resultados concretos. El espacio de concertación debe apuntar a que el proceso de intercambio de análisis logre productos específicos que pueden ser al nivel deacuerdos conceptuales, orientaciones acordadas, líneas de trabajo compartido entre varios de sus participantes e incluso, acciones concretas a impulsar en lo inmediato.
Ante una realidad como la que nos toca vivir, se trata de actuar a la altura de los desafíos que enfrentamos.
Requerimos de un espacio regional de alto nivel para el análisis y promoción de medidas que apunten a enfrentar las consecuencias y algunas de las causas que tornan tan graves los efectos de la pandemia,
Convencidos de ello, ponemos a consideración esta propuesta que esperamos sea de utilidad para ayudar acordar esfuerzos hacia el objetivo común de mejorar las condiciones de todas las personas que vivimos en esta región del planeta, concluye el documento.
* Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe, FILAC. Difundido por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/07/10/pueblos-indigenas-proponen-una-concertacion-para-el-buen-vivir/
Asia/Yemen/02 Julio 2020/https://eldiariosolidario.com/
Unicef ha vuelto a levantar la voz: el número de niños que sufren de desnutrición en Yemen podría aumentar a 2,4 millones a finales de año, debido a la grave escasez de fondos para la ayuda humanitaria.
El informe “Yemen, cinco años después: niños, conflicto y Covid-19” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sobre el país, advierte sobre el aumento en un 20% del número de pequeños destruidos menores de cinco años. Prácticamente, el 50% de este grupo de edad.
“Si no recibimos fondos urgentemente, los niños se verán empujados al borde la hambruna y muchos morirán. La comunidad internacional estará entonces enviando el mensaje de que las vidas de los niños en una nación arrasada por el conflicto, la enfermedad y el colapso económico, simplemente no importan”, explica la representante en Yemen de Unicef, Sara Beysolow Nyanti.
Agua y saneamiento
El trabajo también destaca que, a menos que se garantice la llegada de 40 millones de euros, los servicios de agua y saneamiento para tres millones de niños y sus comunidades empezarán a cerrar a finales de julio. Un impacto en los más de dos millones de niños desnutridos que son especialmente vulnerables, y cuyo estado nutricional podría empeorar desastrosamente si la ayuda se interrumpe.
En total, desde Unicef han realizado una petición de 410 millones de euros para su respuesta humanitaria en Yemen, y otro de 47 millones de eurossolo para la respuesta a la COVID-19. Hasta ahora, el llamamiento para dar respuesta a la pandemia solo ha recibido el 10% de los fondos necesarios, y el humanitario el 39%
Este domingo murió el tío sacerdote de Piñera y éste pidió que abrieran el ataúd. Mientras el gobierno entrega distintas cifras, los hospitales colapsan y las sirenas son el sonido más reconocible de la ciudad de Santiago.
Y finalmente, la covid-19 tocó a un familiar del presidente chileno Sebastián Piñera. Su tío, el sacerdote Bernardino Piñera (104 años), ex arzobispo emérito de La Serena e investigado por el Vaticano por denuncias de abuso sexual en 2019. El tema fue evitado incluso por los medios chilenos, como el diario derechista La Tercera que borró un posteo en Twitter que aludía el tema, algo que generó de inmediato sospechas de censura, incluyendo memes sobre una supuesta llamada telefónica del presidente que hasta diputados como Renato Garín viralizaron.
Aunque medios como radio Biobío aseguraron —basándose en fuentes reservadas del gobierno y el certificado de defunción— que el sacerdote falleció por una neumonía vinculada al coronavirus, que lo afectó en mayo tras un brote en la Casa de Acogida Hermanitas de los Pobres en Santiago Centro donde residía, la vocera del gobierno Karla Rubilar se apresuró a aclarar que fue por su avanzada edad.
Todo indica además que el funeral pasó por alto los protocolos sanitarios tanto de distancia social como por medidas como abrir el féretro para ver el rostro del fallecido tío del presidente. En el audio de la ceremonia transmitido online— se escucha en medio de la música de Bach, una voz femenina diciendo: “Sebastián (Piñera) lo quiere abrir”, aunque los funcionarios explican que no se puede hacer, finalmente acceden. De forma previsible, el nuevo ministro de salud Enrique Paris y la subsecretaria de la cartera Paula Daza, salieron en defensa del presidente y su entorno, asegurando que “se cumplió el protocolo”.
Es que las contradicciones y falta de transparencia son, a esta altura, la marca registrada del gobierno chileno al punto de no saberse hoy la cantidad de muertos por covid-19. Recordemos que la semana pasada se reveló que el gobierno tiene dos conteo s: uno que se entrega al público y otro, a la OMS y que incluye casos de sospechosos o atribuibles a la pandemia.
De hecho, se tomó la particular decisión de entregar el “informe epidemiológico” sólo los sábados y seguir contabilizando las muertes de forma “tradicional” durante la semana. Así, en la primera lista Chile ya suma 7.144 muertes y en la segunda, al día de hoy van 4.502. Y aunque el informe de 77 páginas esté disponible online , la información resulta innecesariamente confusa y poco amigable para la ciudadanía.
Esta confusión no sólo está presente en las conversaciones por Whatsapp o Zoom, los posteos en redes sociales o las llamadas telefónicas, sino que también recorriendo un Santiago que ya entró en invierno y parece nunca haber entrado en confinamiento.De hecho, las calles están repletas de repartidores en moto o bicicleta, carabineros desganados revisando el celular y a veces controlando a los numerosos autos (a pesar de que el gobierno aumentó las multas a quienes salgan sin autorización).
Pero lo más inquietante son las sirenas de ambulancias, hospitales y postas con carpas repletas de indigentes o de personas esperando atención o sectores como Plaza Yungay donde había personas sin mascarilla conversando entre ellos, a pasos de bancos y restaurantes reinventados como delivery. También se vio a un anciano subiéndose a una ambulancia mientras la calle era desinfectada en un operativo que tenía a todos los vecinos mirando con espanto la situación.
Todo esto mientras ya se reportan colapsos en las morgues,se dio a conocer una carta firmada por un grupo de cuarenta científicos, médicos, académicos e investigadores donde reconocen que el país “está de duelo” pero que aún es posible evitar unas siete mil muertes más según sus cálculos que, además, se relacionan con un problema estructural y económico de la sociedad chilena. “Las cifras conocidas del impacto del coronavirus en Chile nos indican que esta se convirtió́ en la peor crisis humanitaria del país de los últimos 80 años, superando la epidemia de influenza de 1957, en la que se estima, murieron 5.400 personas. ¿Habrá́ que sobrepasar la pandemia de Gripe Española de 1918-1920 donde murieron 37 mil personas en Chile para cambiar de estrategia?” .
El gobierno fiel a su estilo de bonos y cajas de alimentos que no duran más de una semana, no ha dicho nada hasta ahora.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/273891-chile-de-duelo-no-sabe-cuantos-muertos-hay-por-coronavirus
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