“La Crisis del Reformismo Educativo en México. Observaciones críticas del período 2013-2020”, (En prensa, 2020), son el título y subtítulo del proyecto de nuevo libro que en estos días preparo, y del cual ya concluí el primer borrador general.
Aprovecho este espacio para compartirles, con gusto, que este libro es el producto de una serie de reflexiones que he escrito y publicado en los últimos cuatro años, en torno a las dos iniciativas de Reformas Educativas diseñadas y aplicadas en México durante la década pasada: La Reforma Educativa “reactiva”, que ha sido impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, en lo que va del actual sexenio político (2018-2024); así como los intentos fallidos de cambio educativo del sexenio anterior (2012-2018), a través de la autoproclamada Reforma Educativa “Estructural” (“Pacto por México”) del ex presidente Peña Nieto.
Con este volumen se complementa también la caracterización e interpretaciones que propuse, hace dos años, sobre la Reforma Educativa 2012-2018, en el libro “Cambio Educativo y Políticas Públicas en México” (UPN, Unidad Querétaro, 2018). En esta oportunidad, incluyo, así mismo, textos que combinan los artículos gentilmente publicados en el sitio “SDP Noticias.com”, y algunas notas complementarias que he recopilado durante estos dos últimos años.
La pretensión de esta colección de ensayos breves, escritos a través de una narrativa de los hechos y de un análisis de las contradicciones y problemas, que derivaron, a mi parecer, en una crisis del “reformismo educativo”, es proponer un conjunto de observaciones críticas acerca de las Reformas Educativas puestas en marcha durante los últimos 10 años. El fenómeno de estudio que se construye, así, se organiza en dos campos o movimientos de reformas educativas iniciadas y diseñadas por las cúpulas dirigentes de este país. En ello está enfocado el análisis crítico, pues muestro sus semejanzas, discrepancias y coincidencias; sus elementos de ruptura y continuidades; sus precisiones e indefiniciones, entre otros aspectos.
Al mismo tiempo, introduzco una discusión informada acerca de las inconsistencias de la Reforma Educativa (2018-2020) que busca reemplazar a la anterior y que, lamentablemente, terminó por sólo convertirse en una reforma “reactiva”, no propositiva ni transformadora, de raíz”, como se propuso originalmente (al menos eso se percibe en lo que va del periodo sexenal). Este libro representa, en otras palabras, un análisis crítico de la narrativa y las agendas educativas oficiales de las dos reformas educativas ensayadas durante el período 2013-2020.
De manera esquemática, comparto con ustedes los títulos de los 10 capítulos generados al calor de la labor de integración de los textos: 1. Reforma Educativa: Continuidad o Cambio de Rumbo; 2. Rasgos del Reformismo en Educación; 3. Los núcleos de la discusión; 4. Alcances y perspectivas; 5. Lógicas del Reformismo Educativo; 6. Reforma Educativa: Mirar a la Escuela de otra manera; 7. Los sinsabores de las Reformas; 8. Orientaciones con mirada hacia el futuro; 9. Reflexiones y consideraciones finales; y Epílogo: Prioridades educativas (y obstáculos) 2020-2024.
Espero que este material de lectura y de análisis propuesto o sugerido, aporte algunos elementos esenciales al debate actual sobre las reformas educativas y sobre el complejo proceso de trazado-aplicación de las políticas públicas de este sector en México, durante el periodo mencionado.
*Fragmentos de la sección de ´presentación´ del libro: ““La Crisis del Reformismo Educativo en México. Observaciones críticas del período 2013-2020”, (En prensa, 2020), del autor de esta columna, y de próxima publicación.
Fuentes: The Guardian / El Diario -Foto: Gráfica de Howmuch.net
Por: Bernie Sanders
Sanders, representante del pujante movimiento progresista de EEUU, explica sus argumentos para una reforma fiscal ante una crisis estructural
Vivimos un momento excepcional en la historia de Estados Unidos: una crisis de salud pública, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, la amenaza del cambio climático y un presidente que dirige nuestro país hacia el autoritarismo. En este contexto de crisis múltiples, estamos prestando poca atención a otra realidad muy preocupante: el obsceno nivel de desigualdad de ingresos y riqueza que existe en nuestro país y el hecho de que, durante la pandemia, esta desigualdad se está agravando mucho más.
Mientras que decenas de millones de estadounidenses lidian con una situación económica desesperada (desempleo, pérdida de cobertura médica, desahucios, hambre), los más ricos se están haciendo mucho más ricos. Comparto tres cifras que deberían sacudir a todos los estadounidenses:
13.000 millones de dólares. Esta es la cantidad que Jeff Bezos (fundador de Amazon), el hombre más rico del mundo, ganó en un solo día. Mientras tanto, su conglomerado de empresas niega a los trabajadores la baja por enfermedad, la indemnización por riesgos y no garantiza un lugar de trabajo seguro a cientos de miles de trabajadores.
21.000 millones de dólares. Esta es la cifra que la familia Walton, la familia más rica del país (propietaria de los establecimientos Walmart) ganó en las últimas 20 semanas. Mientras, los contribuyentes estadounidenses siguen subvencionando los salarios de miseria de Walmart, el mayor empleador privado del país.
731.000 millones de dólares. Eso es lo que aumentó la riqueza de 467 multimillonarios desde que la Reserva Federal comenzó a tomar medidas de emergencia para reforzar el mercado de valores en marzo.
Por increíble que parezca, gracias a la rebaja fiscal del presidente Trump a los ricos firmada hace unos años, los multimillonarios ahora pagan una tasa impositiva efectiva más baja que los maestros, las enfermeras, los bomberos o los camioneros.
El espectacular aumento de la riqueza que han obtenido los multimillonarios durante la pandemia se produce en un momento en que 92 millones de estadounidenses no tienen seguro, o tienen uno que no les da una cobertura adecuada, y decenas de millones de estadounidenses se enfrentan a desahucios o ejecuciones hipotecarias.
En un contexto en el que muchos de nuestros conciudadanos atraviesan dificultades económicas, es moralmente obsceno que unos cuantos multimillonarios -el 0,0001% más rico del país- utilicen una pandemia mundial como una oportunidad para obtener beneficios escandalosos después de un rescate de facto de la Reserva Federal.
Ha llegado el momento de cambiar nuestras prioridades nacionales. En lugar de permitir que los multimillonarios se enriquezcan todavía más, el Congreso debe defender a las familias trabajadoras. Un buen punto de partida sería gravar las elevadas ganancias que los multimillonarios han obtenido durante la pandemia y usar ese dinero para garantizar el derecho a la atención médica mientras dure esta crisis de salud pública.
Según Americans for Tax Fairness (Estadounidenses a Favor de un Sistema Impositivo Justo), si se impusiera en Estados Unidos un impuesto del 60% sobre las ganancias de riqueza a tan sólo 467 multimillonarios, se recaudarían más de 420.000 millones de dólares. Con este dinero Medicare podría cubrir todos los gastos de salud de todo el país, incluyendo los medicamentos recetados, durante todo un año.
Piénsenlo. Al imponer un impuesto del 60% sobre las ganancias de riqueza de sólo 467 multimillonarios, Medicare podría garantizar una atención sanitaria a todo el país y nadie, independientemente de su cobertura, tendría que pagar ninguna factura médica de bolsillo en los próximos 12 meses. Esto es lo que se conseguiría con la propuesta de ley Make Billionaires Pay Act I (Haz que los Multimillonarios Paguen) que he presentado con los senadores Ed Markey y Kirsten Gillibrand.
Con esta ley, nadie que sea diagnosticado con cáncer tendría que pedir dinero a desconocidos en GoFundMe. Nadie con diabetes moriría por no poder pagar su insulina. Nadie con síntomas de coronavirus tendría miedo de ir al médico por el coste, y se arriesgaría a infectar a sus vecinos, colegas, familiares o amigos.
Mientras la lucha por Medicare para Todos continúa, por lo menos durante los próximos 12 meses, todos los estadounidenses podrían recibir la atención médica que necesitan durante esta crisis de salud pública. Y todo podría ser pagado por un impuesto de un 60% sobre las principales fortunas que los más ricos del país han acumulado durante esta terrible pandemia.
Entiendo que a algunas personas un impuesto del 60% les parezca un aumento de impuestos muy pronunciado. Bueno, déjeme aliviar esas preocupaciones. Incluso después de pagar el impuesto, estos 467 multimillonarios seguirán ganando 310.000 millones de dólares. Confíe en mí. Sus familias sobrevivirán.
Como país, hace mucho tiempo que deberíamos haber abordado la grotesca brecha de desigualdad de ingresos y riqueza. En mi opinión, no podemos seguir tolerando que las tres personas más ricas de Estados Unidos posean más riqueza que el 50% de la población, que el 1% superior posea más riqueza que el 92% de la población y que el 45% de todos los nuevos ingresos vayan al 1%.
En un momento de enorme dolor y sufrimiento económico, tenemos que tomar una decisión. Podemos seguir permitiendo que los muy ricos se hagan mucho más ricos mientras que la mayoría de los demás se hacen más pobres. O podemos gravar las ganancias de unos pocos multimillonarios durante la pandemia para mejorar la salud y el bienestar de decenas de millones de estadounidenses.
Ha llegado el momento de que el Congreso actúe en nombre de la clase trabajadora que está sufriendo como jamás lo ha hecho antes, no de la clase multimillonaria, a quien le va fenomenalmente bien y nunca se ha visto en otra igual. Hacer pagar a los multimillonarios la expansión de la cobertura de Medicare a todos los ciudadanos durante una emergencia de salud pública es un buen punto de partida.
Traducido por Emma Reverter.
Foto de portada: Gráfica de millonarios distribuidos por estado de Estados Unidos (NY: Nueva York; CA: California, etc.).
América del Sur/Ecuador/02-08-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
El Ministerio de Educación normó el cobro de pensiones. Varios establecimientos de Pichincha ya estarían tramitando su cierre.
El Ministerio de Educación proyecta que al menos 100.000 nuevos alumnos ingresen al sistema fiscal, en el nuevo año lectivo del régimen Sierra-Amazonía, programado para el 1 de septiembre.
Sin detallar porcentajes, Monserrat Creamer, ministra de Educación, señaló que gran parte de los estudiantes corresponden a quienes se cambian de instituciones particulares, debido a la crisis económica que enfrenta el país a causa del Covid-19.
Estas deserciones del sistema privado preocupan a los representantes de la educación particular, señalan que muchas instituciones se verán obligadas a cerrar, ante la falta de alumnado.
‘Deber del Estado’
Pablo Ponce, gerente del colegio Johannes Kepler, señala que el exceso de regulación “mata la creatividad de los espacios privados”, que en muchos casos han llegado a acuerdos con los padres para evitar la deserción. En el caso de su unidad educativa, desde abril, bajaron el 20% del costo de las pensiones.
Pero no todos llegan a acuerdos, según Rómulo López, de la Confederación de Establecimientos Católicos del Ecuador. Durante una comparecencia en la Asamblea Nacional dijo que la Ley Humanitaria “legaliza la mora, el incumplimiento de obligaciones y hasta la irresponsabilidad de ciertos padres, que pudiendo pagar se acogen a la Ley”, mientras los establecimientos particulares tienen que garantizar el servicio sin interrupción, a pesar de la grave crisis que viven.
Los dirigentes de gremios y asociaciones de las instituciones de educación particular pidieron ante la Asamblea tener mayor autonomía, en cuanto al manejo de la crisis.
“Es importante que el Estado garantice el apoyo a los colegios particulares”, añade Ponce, quien agrega que los costos de las plataformas virtuales para la educación presencial no son iguales a las de la educación en línea; ya que han adquirido sistemas de alta tecnología para solventar las necesidades de sus estudiantes.
Si bien destaca que en su comunidad educativa la deserción ha sido mínima, no es el caso de las otras instituciones.
Algunas se ‘hunden’
En Quito, hay aproximadamente 1.500 escuelas y colegios privados. “Decenas están cerrando”, indica Ponce. Mientras que el Ministerio de Educación agrega que al momento se encuentra validando el número de establecimientos que han iniciado el proceso de cierre.
Sin una política que involucre a los particulares, la deserción en los próximos años será mayor dice Ponce. “Estamos pidiendo que la Ley Humanitaria apoye a los centros educativos. Los que mejor educación damos, sin duda alguna, somos los particulares. No le pedimos un centavo al Estado, estamos sensibles bajando las pensiones pero que nos dejen seguir adelante”.
Además, refiere que se debería garantizar al sector una línea de crédito para no quebrar. “Si el Ministerio de Educación no es más flexible, muchísimos planteles van a seguir cerrando”.
Familias no apoyan educación presencial
Nada sustituye la educación presencial indica Ponce. Sin embargo, el temor de las familias ante el virus evita que estén abiertos al retorno progresivo a las aulas.
Pese a que las instituciones ya se han adecuado para mantener el distanciamiento social, dice que no volverán hasta que no haya una vacuna y los niños y sus familias puedan estar seguros. (AVV)
Normativa para pensiones
El Ministerio de Educación estableció, a través del Acuerdo Ministerial 2020-00038-A el valor de pensiones y matrículas que podrán cobrar las instituciones educativas, dependiendo de la modalidad educativa que oferten.
La cartera de Estado estableció un sistema de formación con modalidades de estudio que podrán aplicarse en las unidades educativas particulares: en línea, virtual y educación en casa.
Modalidad abierta
La educación virtual y en línea requieren del uso de plataformas, aunque contempla la posibilidad de clases presenciales, a manera de tutorías.
Los valores de pensiones y matrícula en la educación abierta se fijarán en un 65% de los valores vigentes en el último año lectivo.
Desde casa
En el ‘homeschooling’ la responsabilidad de la educación del niño recae sobre el padre de familia, que deberá reportar el proceso a la unidad educativa donde esté inscrito el menor.
Las escuelas no pueden imponer clases semipresenciales o retorno progresivo sin el consentimiento de los padres. El costo de la pensión en este caso será del 30% del valor de pensiones autorizados para las instituciones educativas en modalidad presencial.
Según, el Ministerio estas modalidades pueden implementarse normalmente en el octavo, noveno y décimo año de educación básica, así como en el bachillerato.
Mientras que en niveles de inicial, preparatoria, elemental y media de educación general básica se aplican “únicamente durante estados de excepción o de emergencia decretados por autoridad competente”, como la que vivimos actualmente.
“Es importante que el Estado garantice el apoyo a los colegios particulares”. Pablo Ponce, gerente del colegio Johannes Kepler.
“Tenemos una crisis financiera grave. Sin embargo, el Ministerio emite decretos que generan mayor temor y confusión”. Rómulo López, miembro de la Confederación de Establecimientos Católicos del Ecuador.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102323987/gremios-piden-proteger-la-educacion-particular
Empatizar con las emociones que tanto los pequeños como los jóvenes han ido experimentando en los últimos meses o, como adultos, no ocultar la carga emocional en esta etapa de pandemia son algunas de las claves que ofrece el psicólogo Rafa Guerrero, que recientemente ha publicado el libro ‘Educar en el vínculo’, con el objetivo de superar y salir fortalecidos emocionalmente de esta crisis.
El ser humano, como mamífero que es, necesita vincularse a sus figuras de apego para poder sobrevivir a un mundo cambiante, estresante y lleno de peligros. Gracias a sus figuras de referencia, el neonato puede continuar con vida en este planeta. Decía René Descartes, eminente filósofo del siglo XVII, aquello de “pienso, luego existo”, pero más recientemente, Peter Fonagy, psicólogo contemporáneo y experto en Teoría del Apego, suele decir justamente lo contrario: “alguien pensó en mí, luego existo”. Esta fantástica idea de Fonagy viene a reflejar la importancia de que los cuidadores principales sintonicen con las necesidades de los más pequeños y se hagan cargo de ellos. De lo contrario, morirán.
Las consecuencias emocionales de la pandemia en niños y jóvenes
Actualmente, estamos viviendo una situación excepcional y única con el coronavirus, que ha provocado una pandemia a escala mundial. Esta situación ha roto nuestras rutinas y nos ha encerrado en casa durante tres meses. ¿Qué repercusiones puede tener esto para nuestros hijos?
A nivel académico han dejado de ir al colegio para quedarse en casa, lo que ha provocado que sean las familias las que sostuvieran, en parte, los estudios. En cuanto a la relación con sus amigos, se ha visto reducida a una pantalla de plasma o a verse por la calle, pero sin poder tener el contacto físico habitual. En el ámbito afectivo son muchas las emociones que hemos experimentado, pero especialmente los niños y adolescentes, que en muchas ocasiones no han entendido las medidas impuestas de confinamiento experimentando, además, una amplia gama de emociones: miedo, rabia, tristeza, alegría, frustración, etc.
Se han visto ‘obligados’ a convivir 24 horas con sus padres y hermanos durante muchas semanas seguidas sin tener la posibilidad de ver y relacionarse con sus iguales. Además, el consumo de dispositivos tecnológicos ha aumentado de manera exponencial en la mayoría de casas debido a que las tareas escolares y laborales han pasado a realizarse a través de ordenadores y tabletas. También la comunicación y las relaciones sociales con familiares y amigos ha sido por estos canales.
Conseguir una vinculación sana y equilibrada con los hijos
¿Qué cosas podemos hacer tanto los padres como los docentes con nuestros hijos y alumnos ante esta difícil situación de pandemia? A continuación voy a desarrollar algunas claves para vincularnos de manera sana y equilibrada con pequeños y adolescentes:
Equilibrio entre protección y autonomía: todos los seres humanos necesitamos que nos protejan y que nos fomenten la autonomía.
Sensibilidad y empatía: para saber qué necesitan en cada momento, debemos sintonizar con sus necesidades y mostrarnos empáticos. Si somos sensibles a sus necesidades sabremos si sienten rabia por no poder ir al parque con sus amigos o si sienten miedo por contagiarse con el coronavirus.
Muestra tus emociones: ante esta difícil situación de pandemia es recomendable que tanto los padres como los docentes nos mostremos vulnerables y seamos capaces de expresar las emociones que sentimos en cada momento. Es el mejor ejemplo que podemos darles.
Calma: una de las emociones más importantes y necesarias. Mediante la tranquilidad, los padres y los profesores somos capaces de calmar a nuestros hijos y alumnos cuando se sienten tristes por no ver a sus amigos, enfadados por no poder salir todo lo que quisieran y temerosos por la posibilidad de que algún familiar se contagie o muera por coronavirus.
Disponible y accesible: es importante que los padres estemos físicamente disponibles y emocionalmente accesibles para nuestros hijos.
Diferenciar la emoción de la conducta: que nuestro hijo sienta miedo o rabia es legítimo en todos los casos. Lo que no es admisible ni tolerable es que, debido a su rabia, se comporte de manera agresiva.
Hazte cargo del mundo emocional de tu hijo: los padres somos los máximos responsables de lo que les ocurre a nuestros hijos, incluido de su componente emocional. Recuerda que conectar con ellos emocionalmente es algo necesario e imprescindible para su correcto desarrollo evolutivo.
El poder del ‘todavía’: siempre hay objetivos o acciones que no se pueden lograr en el momento presente, pero posiblemente con perseverancia o con el simple paso del tiempo se podrán conseguir. Si tu hijo te dice: ‘mamá, es que no puedo salir a la calle’ o ‘papá, no puedo hacer esto como tú’, añade ‘todavía’. Ahora no pueden conseguirlo pero, seguramente, en un futuro sí que lo hagan.
‘Ley del silencio’: en nuestra sociedad domina la ‘ley del silencio’, que invita a no hablar de aquellas cosas o emociones que sean desagradables y dolorosas. Pero, para que un acontecimiento desagradable no se convierta en algo traumático debemos hablar y pensar en él.
Mirada incondicional: no hay que juzgar a tus hijos como personas, aunque sí por sus actos. El amor, el cariño y la manera de mirar a nuestros hijos es incondicional, puesto que no depende de su rendimiento o de si se portan bien o mal.
Fuente de la reseña: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/claves-rafa-guerrero-educar-vinculo-plena-crisis/
La presentación estuvo cargo de:
Maristella Svampa (Argentina) Socióloga, investigadora, escritora
Mario Rodríguez Ibáñez (Bolivia) Red de la diversidad, Wayna Tambo
Arturo Escobar (Colombia) Antropólogo
Moderó:
Breno Bringel (Brasil) Asociación Latinoamericana de Sociología
Comentaron:
Francia Márquez (Colombia) Activista socioambiental afrocolombiana
Karina Batthyány (Uruguay) Secretaria Ejecutiva de CLACSO
Edgar Mojica (Colombia) Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores
Rudrigo Rafael de Souza e Silva (Brasil) Mesa Nacional Movimiento de Trabajadores sin Techo
Patricia Gualinga (Ecuador) Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku
Mina Lorena Navarro (México) Socióloga e investigadora
Vandana Shiva (India) Ecofeminista, filósofa y escritora
Nnimmo Bassey (Nigeria) Activista socioambiental
Esta iniciativa nace de un grupo de personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos. Nos motiva la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder a y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis del COVID-19, y de configurar, conjuntamente con quienes deseen juntarse, un horizonte colectivo de transformación para Nuestra América que garantice un futuro digno.
Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los mercados ni la gran máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es posible activar el freno de emergencia cuando se decide que la vida está en peligro.
La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego. Una parte de la población está encerrada, otra parte enfrenta contagio, represión y hambre. Los pueblos indígenas y afroamericanos están expuestos a una nueva ola de exterminio; la violencia patriarcal y racista y los feminicidios han aumentado. Mientras, viejos y nuevos grupos de poder aprovechan la emergencia para asegurar que el “retorno a la normalidad” o “la nueva normalidad” no les deje sin beneficios.
La pandemia es una tragedia para muchas personas, cuyo dolor compartimos. Pero la pausa impuesta al capitalismo mundial por el COVID-19 representa también una enorme oportunidad de cambio: la de construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.
Aun cuando se mantienen profundas heridas a la naturaleza, este freno forzado también significó desacelerar la destrucción de ecosistemas, sobre todo por la disminución de las emisiones de CO2. Las clases medias mundiales experimentan colectivamente que es posible vivir sin ese consumo exacerbado que provoca destrucción ambiental y que amenaza la vida misma en el planeta; que la felicidad y la calidad de vida tienen dimensiones más relevantes que el poseer y acumular cosas, como es vivir en un tejido de relaciones afectivas confiables.
Se ha puesto en evidencia que la vida campesina, los sentidos de comunidad, el cuidado y la reciprocidad son centrales en el sostenimiento de la vida; que, a pesar de vivir en el capitalismo, no vivimos por y para el capital. Tomamos conciencia de que la comercialización directa, los intercambios sin dinero, las redes por fuera de los mercados capitalistas hoy resuelven muchas de nuestras necesidades básicas; y experimentamos que tienen espacio y potencial para el futuro.
Incluso en escenarios formales, ideas antes inconcebibles o consideradas inviables, ocupan un lugar central en la agenda a nivel mundial. Aun agencias económicas como la CEPAL proponen una renta básica universal, y el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos introducir un impuesto a la riqueza, para contrarrestar la escandalosa desigualdad y reducir los déficits fiscales. En el norte global, movimientos sociales y políticos pugnan por un nuevo pacto ecosocial global para salvar el planeta, que articule justicia social y justicia ambiental.
Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos, proponemos un Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.
En este sentido, los puntos que siguen buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Algunos de ellos prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas y otros se refieren más a las prácticas y cambios de facto que se tejen desde abajo y se van expandiendo horizontalmente.
-Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén protegidos.
-Anulación de las Deudas Externas de los Estados, y construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia.
-Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y, como tal, debe incluir un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades. Esto permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las mujeres. Debemos promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.
-Una Renta Básica Universal que unifique la política social a través de la introducción de una renta básica para todxs, y que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Tal como acaba de recomendar la CEPAL a los gobiernos latinoamericanos. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado.
-Priorizar la Soberanía Alimentaria. En un momento en el cual la región latinoamericana presenta el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual. Reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.
-Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transitar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas y modelos de movilidad colectivos, seguros y de calidad. Se debe reducir el riesgo frente al colapso climático, una amenaza más grave que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías, deslaves e incendios.
-Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.
-Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las cadenas globales de producción, y la riqueza de los esfuerzos locales, y nacionales. La enorme creatividad de los pueblos latinoamericanos debe ser la base para los cambios políticos, que promuevan la autonomía y sostenibilidad de los territorios y sociedades locales. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afro-americanos y experiencias comunitarias urbanas populares en términos económicos, políticos y culturales; desmilitarizar los territorios y el conjunto de la sociedad; apoyar los mercados locales; democratizar el crédito, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la soberanía energética local comunitaria basada en modelos sustentables y renovables.
-Por una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, con autonomía del mercado mundial globalizado que abran alternativas al monopolio corporativo. Introducir monedas paralelas al dólar en diferentes escalas permitiendo una desconexión relativa de las peligrosas dinámicas del mercado mundial, fortaleciendo los intercambios entre países de la región y su diversificación económica complementaria.
Fuente de la reseña: https://www.clacso.org/pacto-ecosocial-del-sur/
Este hecho demandará creatividad y nuevos compromisos del Estado y de los gobiernos para luchar contra la pobreza y las inequidades sociales. Apoyo en el corto plazo la creación de una renta básica de emergencia, pero el país no puede olvidar que la inversión y el gasto en educación contribuye a redistribuir la riqueza. Así lo evidencia Europa: la ventaja de una educación de calidad permitirá generar capacidades y competencias humanas que propiciarán nuevos desarrollos y un crecimiento económico más estable y duradero.
La crisis producida por la covid-19 puso en evidencia la enorme deuda social que el país tiene con los niños de la educación pública, el escaso efecto redistributivo de la política fiscal y la debilidad laboral que se produce por la alta informalidad de los empleos, sin el consecuente apoyo de políticas de bienestar social.
En Colombia, la política fiscal que determina los ingresos y los gastos del Estado ha logrado, en principio, la estabilidad macroeconómica, un activo que sin importar el color político debemos mantener y proteger; es bueno para todos. Sin embargo, no hay nada nuevo cuando se afirma: ¡el gasto público dejó de ser un instrumento de lucha contra la pobreza y más bien la perpetúa! Los objetivos de distribución del ingreso o de la riqueza que buscan la equidad, así como la asignación de los recursos de manera eficiente son un fracaso, que el país debe aceptar y revisar con cuidado; además, aquello será definitivo para las acciones que se establezcan con el fin de salir de la crisis económica producida por la pandemia, cuyo costo y efectos aún son indeterminados, pero ya evidencian ser muy graves.
A partir de diversos documentos de la CEPAL, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, así como de un simple seguimiento a los datos del DANE, se puede afirmar que las exenciones y los beneficios que se otorgan a quienes obtienen los mayores ingresos, así como la evasión y la corrupción, desvirtúan el propósito de alcanzar un sistema tributario progresista. Tampoco la política de gasto mejora la distribución del ingreso de las personas o de las entidades territoriales. El Gini después del gasto social no se altera. A pesar de que durante este siglo no hemos hecho más que citar, cientos de veces, que Colombia tiene uno de los peores Gini del mundo.
En lo territorial, ¿no les parece que llevamos mucho tiempo discutiendo la pobreza ancestral de la costa Pacífica o de los territorios indígenas? Para mencionar dos hechos históricos que se reproducen gobierno tras gobierno y no pasa nada. Según el DANE, en 2018, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca): la primera con 33,5% y la segunda con 33,3%.
La crisis desnudó cómo la creciente informalidad del empleo, cercana al 50%, afecta la garantía de ingresos para 9 millones de familias, 29 millones de colombianos, según las cifras del Senador Iván Marulanda, en la sustentación del proyecto de renta básica de emergencia. También quedó claro que solo el 33% de las sedes de las escuelas públicas están conectadas a internet y que más del 60% de los estudiantes oficiales no tiene acceso a internet en sus casas o computadora, lo que reduce de manera dramática las probabilidades de lograr educación de calidad para los más pobres. Ellos no pueden acceder a la información y al conocimiento científico, lo que conlleva un incumplimiento a la garantía del derecho a la educación.
La revista The Economist sostiene que el modelo social europeo es principalmente efectivo a través de la predistribución en tres ámbitos de política social: alta inversión en educación, atención médica universal, normalmente pública, y regulaciones de los mercados laborales que comprimen la escala salarial, acompañada de seguros de desempleo y de políticas de bienestar social. El artículo señala que en los países europeos el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias pasa de 0,5, pero después de la intervención de los Estados cae a 0,3. En Estados Unidos fue de 0,39, mientras que los países del este asiático como Japón y Corea del Sur quedaron en el medio. En Colombia, el Gini se mueve entre 0,53 y 0,55, lo que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial.
Para seguir comparando, de acuerdo con los datos de la Ocde (Education at a glance, 2018), Colombia tiene —frente a los países europeos— un sistema educativo barato, cuando se comparan las canastas educativas. Recordemos que desde los años setenta del siglo pasado, Colombia incrementó la cobertura en la educación primaria y secundaria pública mediante la creación de dos y tres jornadas escolares, utilizando la infraestructura educativa construida hasta ese momento y con profesores de bajo costo. Así llegamos al 2020, con escuelas mal construidas, peor equipadas, sin el mantenimiento básico y con media jornada escolar que en nada beneficia a los niños y adolescentes más pobres. Las pruebas Saber 11 del 2019 muestran una brecha de más de 30 puntos entre los estudiantes de colegios privados y públicos, que clasifican con los puntajes más altos (A o A+), a favor de los primeros. La educación en Colombia amplía distancias sociales y económicas y no ayuda a resolver los problemas de cuna.
Invertir en construcción, mejoramiento y dotación de los colegios públicos creará empleo y demandará productos nacionales; los profesores y el personal de apoyo de los colegios, distribuidos en los territorios más pobres, jalonarán consumos y generación de otros empleos; igual ocurre con la alimentación y el transporte escolar. Instalar internet de alta velocidad en todas las sedes de los colegios oficiales y conectar internet gratuito para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 es indispensable para reparar inequidades y mejorar la calidad de la educación. ¿Por qué no copiar a los europeos y el gasto que hacen los países de la Ocde en educación? Ellos son un buen ejemplo y está probado que funciona.
Fuente de la noticia: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/invertir-en-educacion-para-salir-de-la-crisis-por-angel-perez-martinez/289663
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