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¿Hacia dónde se mueven las ideas políticas en América Latina?

En casi todos los países de la región se echan de menos ideas e ideales y se busca -aunque solo sea discursivamente- refundar la política y abrir la imaginación hacia nuevos horizontes, relatos y narrativas. La pregunta es si eso es posible.

I

Hay una generalizada sensación de agotamiento de los ideales y las ideas políticas predominantes en el siglo XX. La izquierda comunista, esto es, los socialismos reales, colapsaron sin que se produjese el desplome del capitalismo que aquella anunciaba. La versión socialista más exitosa del pasado siglo, la socialdemocracia identificada con la construcción de los Estados de Bienestar en Europa occidental, pareciera hallarse en retirada; gobierna en pocos países y apenas ha tenido influencia en los procesos de transición desde los regímenes comunistas al capitalismo en los países de Europa Central y del Este.

Incluso entre los socialdemócratas se habla de una crisis de la socialdemocracia europea. Por ejemplo, Ernst Hillebrand plantea que “la pregunta de si la socialdemocracia en tanto proyecto político del siglo XX también tiene futuro en el siglo XXI aún no puede responderse en forma definitiva”. En efecto, señala, “la socialdemocracia ha perdido influencia incluso en el plano intelectual y en la actualidad le resulta prácticamente imposible instalar debates públicos. Tanto en el terreno político como en el ideológico, el movimiento socialdemócrata –así como la izquierda en general– es una fuerza debilitada, lejana de la hegemonía política y cultural que consiguió durante largos tramos del siglo XX”.

Mayor aún es la crisis de las ideas de la derecha, como reconocen los propios voceros de este sector. En particular el neoliberalismo, que durante las últimas décadas del siglo pasado representó la nueva hegemonía del capital financiero, y propugnó la expansión global de los mercados, su desregulación y penetración en todas las esferas de la vida, ha quedado atrapado en las crisis bancarias, especulativas y de fundamentos éticos del capitalismo ultra-financiero. Hoy representa una corriente ideológica descendente cuyo prestigio retrocede.

Al centro del espectro ideológico, en tanto, se ha ido instalando un vacío, pues ya no existen los poderosos polos de irradiación que en los momentos de la guerra fría dieron sentido a las alternativas democristianas y liberal-sociales y, posteriormente, a otras formulaciones de “tercera vía” como la socialdemocracia modernizante y liberal o los partidos demócratas con una ideología renovada de Estado-de-Bienestar-eficiente.

En este marco, las corrientes de izquierda, progresistas, favorables al cambio, se ven enfrentadas a la realidad de un capitalismo global cuyo horizonte, en el mejor de los casos, se halla compuesto por una variedad de capitalismos y modelos de desarrollo capitalista, combinados con diferentes modalidades de gobernanza, desde democrático-pluralistas hasta (pseudo)democracias plebiscitarias.

II

En América Latina, el mapa ideológico-político está redefiniéndose dentro de estas precisas coordenadas ideológicas. Por el lado de las izquierdas hay ahora diferentes propuestas que buscan conjugar capitalismo y Estado.

Muy de moda en la década pasada, pero ya no, están los capitalismos de Estado con “democracias plebiscitarias”. Es el caso de la Venezuela chavista, del Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales, la Argentina bajo los Kirchner. ¿En  qué sentido democracias plebiscitarias? En el sentido postulado por Max Weber que Mommsen resume así: “cuanto más manifiesto y personal-plebiscitario […] es el componente ‘carismático’ de este acto de legitimación, tanto más alejado es la posición del político elegido de la de un ‘funcionario elegido’, que está obligado con respecto a sus electores, también en cuestiones políticas concretas, tanto más independiente es un líder que sólo está guiado por su responsabilidad frente a un ‘asunto’ que sostiene con toda su entrega personal”.

Las democracias plebiscitarias han legitimado el poder de caudillos modernos, aunque con larga tradición en América Latina, los cuales reclaman para sí un especial carisma y gobiernan sometiéndose a consultas plebiscitarias, buscando mantenerse (idealmente) por vida en el poder. En vez de institucionalizar el poder, lo personalizan. Lo que varía es el carisma de los líderes y su expresión personal: místico, autoritario, demagógico, populista, clientelar, mafioso, prebendario, de identidad nacional o étnica, etc.

En cuanto a sus bases de economía política, estas propuestas acentúan en mayor o menor medida un capitalismo de Estado, dependiendo de las circunstancias nacionales y de la inserción de cada economía en los mercados globales. En tiempos de crecimiento económico -como por una década hubo en Latinoamérica debido al súper ciclo de los commodities-, la combinación entre capitalismo de Estado y democracia plebiscitaria de líderes populistas resultó altamente sinérgica. El excedente producido por la economía pudo invertirse en la expansión del Estado social y en la alimentación de amplias redes de captación de la voluntad popular mediante el intercambio de bienes por lealtades.

A fin de cuentas se trata de caudillismos, de diversos tipos y grados de populismo y autoritarismo, de ideologías socialistas de viejo y nuevo cuño, del control de la prensa, de la reelección del líder, de una personalización de los partidos, de movimientos que siguen el carisma del jefe; en suma, de ideologías de izquierda que en lo grueso se definen como anti-neoliberales y, desde allí, proclaman una retórica neoestatal, neoprogresista, neocomunitaria, neosocialista e incluso, ¡oh paradoja!, neo-anticapitalista.

Con todo, incluso los testimonios de analistas simpatizantes de estas corrientes de izquierda reconocen que, en realidad, lo que se proclama a veces como socialismo del siglo XXI, o bolivariano, o socialismo movilizado, popular y étnico, no pasa de ser una forma de administrar el capitalismo y hacerlo crecer como capitalismo de Estado.

Así, un entusiasta del Presidente Rafael Correa del Ecuador resume esta visión minimalista de la revolución en los siguientes términos: “Aunque no hayamos acabado con el capitalismo en Ecuador (¿era realmente ésta la expectativa, tras nueve años de gobierno, en este contexto histórico y global?), hemos conseguido destronar a la revolución neoliberal. No ha sido ésta una batalla fácil. Nos ha supuesto resistencia, intentos de golpe y hostilidad exterior. Debería, al contrario, convertirnos en un faro de esperanza para la Izquierda en muchas partes del mundo donde el neoliberalismo manda todavía”.

A su turno, un estudioso del panorama de las izquierdas en América Latina cita en ese mismo registro a Evo Morales cuando dijo: “El palacio presidencial está lleno de candados. Me siento como un prisionero de las leyes neoliberales”.

Por tanto, concluye Stoessel en un artículo académico publicado en la revista Polis,“a diferencia de las décadas pasadas, las nuevas izquierdas, incluso las que son consideradas como ‘radicales’, cuestionan más al capitalismo en su fase neoliberal que al sistema capitalista per se, al igual que lo hacen con los principios democráticos al aceptar la democracia representativa pero advirtiendo la necesidad de perfeccionarla y combinarla con otros formatos”.

Un modelo propio (y seguramente más espartano) de construcción de un capitalismo de Estado y una “democracia” plebiscitaria bajo control militar y de la burocracia de un partido único, podría ser también el camino que transite la Cuba de Raúl Castro y sus sucesores. Una suerte de “neo-democracia plebiscitaria” dirigida desde arriba, profundamente autoritaria, a la manera como existe en China o en Vietnam, salvadas todas las diferencias geopolíticas, económicas y culturales.

Como escribe Brahma Chellaney  en un artículo del mes pasado, “De hecho, el maridaje de capitalismo y comunismo, encabezado por China, ha engendrado un nuevo modelo político que representa el primer desafío directo para la democracia liberal desde el fascismo: el capitalismo autoritario. Con su espectacular ascenso hasta convertirse en una de las principales potencias globales en poco menos de una generación, China ha convencido a regímenes autocráticos en otras partes de que el capitalismo autoritario -o, como lo llaman los líderes chinos, socialismo con características chinas- es el camino más rápido y tranquilo hacia la prosperidad y la estabilidad, muy superior a la embrollada política electoral. Esto puede ayudar a explicar por qué la propagación de la democracia a nivel mundial últimamente se ha detenido”.

La reciente visita de Obama a la isla de Martí y Guillén podría marcar el inicio de este tránsito y obligar a la izquierda comunista y a los socialismos tradicionalistas y nostálgicos a enfrentar las realidades del siglo XXI.

III

Diferente es el camino seguido por los capitalismos de Estado de bienestar progresivo con alternancia y régimen de partidos, mayor institucionalización del juego político, oposición abierta, libertad de prensa, crítica pública difundida y diversos grados de socialdemocracia de tipo tercera vía como existen o han existido en Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú. Difieren entre sí, naturalmente, en diversas dimensiones de contexto, trayectoria y de contenidos de sus políticas, pero sobre todo por la mayor o menor centralidad del Estado y el mayor o menor desplazamiento de los mercados y, por ende, la intensidad de los procesos de desmercadización. A la vez, impulsan economías de mercado integradas globalmente como motor para su crecimiento, buscando evitar que los mercados colonicen sectores de la sociedad que se desean mantener -en la medida de lo posible- fuera del ámbito de la competencia, las transacciones y los precios.

A pesar del éxito relativo de sus políticas socialdemócratas de tercera vía (a la latinoamericana), que varios de los países mencionados pueden mostrar, las críticas desde la izquierda a su ideología y proyectos de desarrollo son persistentes. A comienzos de año, por ejemplo, el académico y dirigente socialista chileno Gonzalo Martner escribía: “Al cumplirse cerca de la mitad del segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet, en Chile despunta una cierta decepción con sus resultados, en el contexto más amplio de retroceso de los llamados «gobiernos progresistas» en América Latina. Estos gobiernos son, como es notorio, de orientaciones diversas en materia de estilos de gestión, diseños institucionales y políticas económicas y sociales. Pero pueden encontrarse importantes similitudes de trayectoria histórica, actualización de ideas y opciones de política pública en los de Brasil –con el Partido de los Trabajadores (pt) a la cabeza–, el del Frente Amplio (fa) en Uruguay y el liderado por la Concertación-Nueva Mayoría en Chile. Estos gobiernos, nacidos de las urnas y del agotamiento popular respecto de las políticas neoliberales, han debido enfrentar dos problemas fundamentales. El primero es el del manejo de economías de creciente heterogeneidad estructural (abiertas, financiarizadas, oligopolizadas y con actores empresariales privados determinantes), en las que, al introducirse esbozos de Estados de Bienestar, es necesario evitar desestabilizaciones internas y externas de los mercados que pudieran afectar las políticas sociales y a la propia democracia. El segundo es el del manejo de coaliciones de gobierno también heterogéneas, especialmente en el caso de Brasil, con partidos de centro que componen la mayoría parlamentaria, y en el de Chile, con sectores de centroderecha que son parte de la coalición que se presenta a los electores, con además ventajas institucionales para la oposición formal de derecha. Este ejercicio tiene algo de cuadratura del círculo y parece estar llegando al final de su ciclo histórico de más de una década”.

Curiosamente, algunos de estos países -tras experiencias exitosas de transformación y modernización socioeconómica- han experimentado cambios de sus gobiernos no hacia la izquierda, sino hacia la derecha, como ocurrió en Chile en 2010, ocurrirá próximamente en Perú y podría suceder también en Brasil.

IV

Otros gobiernos latinoamericanos ocupan un espacio ideológico distinto, situado del centro hacia la derecha en el lenguaje convencional y esquemático de la política. Es el caso por ejemplo México, con su economía acoplada a la de los EE.UU. y una democracia que anhela institucionalizarse y recuperar el monopolio de la fuerza sobre la base de una alternancia entre partidos sistémicos. Es también el caso de Colombia, que bajo el Presidente Santos intenta crear un Estado de paz para proseguir su desarrollo dentro de un marco de políticas que combinan el uso de los mercados con un incremento gradual del gasto del Estado en la competitividad de la economía y la producción de bienes públicos esenciales.

Propiamente en el espacio de la derecha, aunque ya no de corte puramente neoliberal sino que persiguiendo su propio balance entre crecimiento capitalista como eje y Estado de bienestar focalizado, moderado, eficiente, se sitúan los gobiernos de Macri en la Argentina presente y de Piñera en el Chile de 2010-2014. Se trata de un capitalismo de mercado, equilibrios macroeconómicos y, al menos declarativamente, de dinamismos innovativos micro, pro-productividad, competitividad y apertura comercial al mundo. Con gobiernos marcadamente manageriales, preocupados por mejorar la gestión del sector público y (supuestamente, además) de modernizar el Estado. Dedicados en lo esencial, dirán estos gobiernos, a resolver los problemas concretos de la gente más allá de ideologías y alineamientos partidistas.

Desde la revista de la social democracia latinoamericana, Nueva Sociedad, Rodrigo Lloret se pregunta si estamos frente a una nueva derecha en la región y llama a “detenerse en el posible impacto que podría tener el ascenso de la derecha en América Latina. Es que desde que el líder del PRO llegó al poder, se produjo un importante crecimiento del conservadurismo regional. Primero fue la irrupción del antichavismo en Venezuela, en las elecciones parlamentarias de diciembre. Más tarde llegó la derrota de Evo Morales, en Bolivia, el mes pasado. Y, finalmente, la reciente avanzada judicial contra Lula da Silva en Brasil. Cada uno de estos acontecimientos tienen, no hay que dudarlo, razones disímiles. Pero todos esconden el mismo resultado: el retroceso de la izquierda latinoamericana. Es en ese paradigma donde se agiganta la figura de Macri”.

Sin discutir la dudosa asociación que el autor establece entre el auge del macrismo en Argentina y algunos fenómenos de descenso de la izquierda latinoamericana, interesa en cambio su caracterización del proyecto emergente. Según Lloret, estaríamos ante “Una nueva tercera vía, […] ya no para la izquierda, sino para la derecha que intentaría combinar una reducción modernizadora del Estado con una política desarrollista, todo esto rodeado de un uso intenso de la publicidad y el marketing políticos”.

Uno podría encontrar adicionalmente expresiones de populismo de derecha -como el de Keiko Fujimori en Perú, por ejemplo- que harían juego con los populismos de izquierda, cada uno combinando de maneras disímiles los instrumentos del Estado con los mecanismos de mercado para satisfacer demandas de las masas y ganar su lealtad en favor de un capitalismo con rostro popular.

V

En suma, el mapa político-ideológico latinoamericano se halla en estado líquido, fluye y sus categorías se conjugan de maneras inesperadas. Por el momento, se mueven -con matices más que con grandes abismos- dentro de la jaula de hierro del capitalismo glonacal: global-nacional-local. El cierre de horizonte es total, y si bien no determina una ideología única, como solía decirse del neoliberalismo, confronta a las diferentes vertientes de izquierda, centro y derecha con unos mismos problemas sin dar lugar a grandes conflagraciones entre políticas. Tampoco produce necesariamente convergencias ni obliga a un mero gatopardismo. Sin embargo, obliga a hacer políticas dentro de un campo ceñido de posibilidades, con una dosis de pragmatismo práctico aunque la retórica empleada trascienda los límites de lo dado.

No es extraño, por lo mismo, que en casi todos los países se echen de menos ideas e ideales y se busque -aunque solo sea discursivamente- refundar la política y abrir la imaginación hacia nuevos horizontes, relatos y narrativas. ¿Será posible? ¿Puede la política crear alternativas efectivas, cursos históricos nuevos dentro del “cerco” del capitalismo, o debe limitarse a “mover los límites simbólicos” como suelen hacer ciertas fuerzas progresistas?

 

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.

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Madrid: Continúa el descenso de alumnos que cursan la asignatura de religión católica

www.hoy.es/12-04-2016/ Por: EFE

La tendencia a la baja se detecta respecto al total de alumnos escolarizados (pasa del 63,5% del curso pasado al 63% del actual), aunque este año hay 145.446 estudiantes de religión más que el año pasado.

El 63% de los alumnos escolarizados este curso 2015-2016 en Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato ha optado por la asignatura de religión católica, lo que supone un ligero descenso con respecto al curso anterior (63,5%) y consolida la tendencia de los últimos años.

En su informe anual sobre la opción del alumnado por la enseñanza religiosa católica, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha explicado que del total de 5.811.643 alumnos escolarizados 3.666.816 reciben esta materia. «El descenso global respecto al año anterior no es muy significativo», según la CEE, que alude en su nota a las «dificultades» por las que pasa la enseñanza de religión como «la secularización» que vive España y que «introduce una censura de la dimensión religiosa de la persona humana».

La CEE reconoce la tendencia a la baja en estas cifras al mismo tiempo que las achaca a que «en la vida pública, el silencio sobre Dios se ha impuesto como norma indiscutible». No obstante, en este curso ha subido del 51,9% al 53% el porcentaje de matriculaciones en religión católica en los centros públicos, mientras que ha bajado en los centros de iniciativa social (concertados y privados): del 99% al 97% en los de titulación canónica y del 68,9% al 60% en los de titulación civil.

Diferencia por etapas y centros

En cuanto a las etapas educativas, se ha incrementado, al igual que pasó el curso pasado, el número de alumnos de Bachillerato que optan por esta asignatura, pasando del 41,2% al 49% en el total de los centros, así como el número de alumnos de la ESO (que ha ascendido del 53,9% al 55%).

Pero el porcentaje de estudiantes de Bachillerato que ha escogido la religión católica es diferente según la titularidad del centro, y solo ha subido en los públicos (del 23,7% al 39% este curso). Por el contrario, ha bajado en los concertados y privados (del 98,1% al 94% en los de titulación canónica y del 52,1% al 41% en los de titulación civil). En Educación Infantil, sin embargo, el porcentaje ha descendido en el total de los centros (del 67,5% al 64%) como ha ocurrido en Primaria (del 71,2% al 70%).

Una asignatura voluntaria

Los obispos han animado a los padres y educadores cristianos a reclamar sus derechos a la hora de inscribir a sus hijos en clase de religión como establece la vigente legislación. Recuerdan asimismo que «en una democracia sana» las administraciones centrales y autonómicas deben favorecer la educación elegida por las familias y estudiantes «sin intentar imponer otras concepciones éticas».

«Al Estado no le corresponde imponer su visión del mundo y del hombre ni una ética determinada, sino servir al pueblo, formado por diversas sensibilidades, credos y formas de entender la vida», ha subrayado la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis encargada de hacer esta estadística con los datos de las 69 diócesis encuestadas.

Estos datos responden al segundo curso de implantación de la Lomce, que obliga a los centros a ofertar la religión católica en todas las etapas menos en el Bachillerato. Es una asignatura voluntaria para los alumnos, que pueden elegirla frente a otra materia sobre Valores.

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CHILE: Nueva Mayoría plantea frenar proyecto de educación superior hasta lograr consenso interno.

www.latercera.com/15-04-2016/Por: Daniela Muñoz.

Ministra dijo que la iniciativa será presentada en dos semanas más a la Presidenta. En sectores políticos y académicos hay inquietud por no conocer detalles del financiamiento.

Mientras el Ministerio de Educación (Mineduc) realiza reuniones en el marco del trabajo prelegislativo para la reforma a la educación superior, al mismo tiempo los equipos técnicos de esa cartera y de Hacienda aún trabajan en la redacción del proyecto que incluirá una nueva institucionalidad, una red de universidades estatales, un nuevo marco regulatorio y el cambio del sistema de financiamiento.

Es ese último aspecto el que ha demorado más la preparación de la iniciativa, cuyo ingreso al Congreso ha sido postergado al menos en tres ocasiones. “Esperamos en las próximas dos semanas poder ya tener la reunión con la Presidenta y zanjar los aspectos que a ella le parezcan”, afirmó ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Sin embargo, en la Nueva Mayoría (NM) hay sectores que piensan que el proyecto aún no está en condiciones de ingresar al Congreso, debido a que no hay consenso sobre algunas definiciones consideradas como fundamentales. Esto, pese a que Delpiano aseguró que “el proyecto se va a presentar pronto”.

El senador de la Democracia Cristiana (DC) y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Ignacio Walker, sostuvo que “nosotros somos de la opinión, y creo hablar a nombre de la Democracia Cristiana, que este proyecto no está maduro, le falta trabajo prelegislativo y subsisten diferencias importantes al interior de la Nueva Mayoría”.

Walker no profundizó en los detalles de los desacuerdos que hay en el oficialismo, pero señaló que “ya que han circulado tres minutas informales, no hemos tenido hasta ahora elementos de juicio suficiente para tener un consenso”. Y subrayó que “espero que la Presidenta no envíe este proyecto mientras no haya más acuerdo en la Nueva Mayoría”.

En la DC, según explicó la diputada Yasna Provoste, preparan una propuesta que sería presentada la próxima semana al Mineduc con algunas observaciones a lo que han conocido de la iniciativa.

La demora en la elaboración del capítulo sobre financiamiento es uno de los puntos que genera inquietud en el oficialismo y también entre los rectores. Por un lado, preocupa el impacto que tendrá la situación económica del país y al respecto Delpiano sostuvo que “este es un proyecto de carácter permanente. Efectivamente no es fácil ponerse en la situación económica que va a tener el país de aquí a cinco, siete, 10 años o 20 años más”. Y explicó que “lo que podemos dibujar es lo que en un horizonte real podamos hacernos cargo, sobre todo en los recursos de gratuidad e investigación. Cuando el país tenga más recursos podrá aumentar sin lugar a dudas eso”.

“Gobierno no se atreve”

Esta explicación no deja conforme al presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, quien afirmó que “el gran temor que tengo sobre el financiamiento es que hay conflictos de interés y el gobierno no se atreve a hacer una propuesta, porque se va a enfrentar con intereses políticos, ideológicos, económicos, religiosos y electorales”.

Vivaldi enfatizó que “tengo mis dudas de que lo que retrasa el tema del financiamiento sea un tema técnico, sino que cada vez estoy más convencido de que el gobierno no sabe qué hacer ante las presiones que está recibiendo por intereses creados”.

El rector de la U. de Chile planteó, además, que “esto reafirma las aprehensiones que hemos expresado los rectores de las universidades estatales con respecto a que al parecer hay sectores que  tratan de que no pase nada y  que no haya ninguna reforma”.

Esa misma preocupación está presente en algunos sectores de la NM que ven con inquietud la demora en la definición del nuevo sistema de financiamiento y las exigencias que se establecerán a las instituciones para acceder al financiamiento público.

Mercado vs. lo público

El vicepresidente del PPD y alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, indicó que “nosotros le dijimos al Mineduc que no se puede permitir que no haya diferencia entre las instituciones de mercado y las de fin público. No estamos para nada de acuerdo con eso”. Y agregó que “yo creo que lo que conocemos es insuficiente para tener una opinión establecida dura y sólida”.

En tanto, el senador socialista Carlos Montes señaló que “hay preocupación, porque no ha habido suficiente debate con respecto a la orientación fundamental que va a tener el proyecto y al término de la educación de mercado”.

Precisamente ese es un punto de conflicto, ya que según fuentes de la Nueva Mayoría, en el conglomerado de gobierno hay dos visiones: una que mantenga las bases del actual sistema y que trate a todas las instituciones por igual; y otra postura que busca distinguir a las universidades del Estado, a las instituciones de fines públicos y a aquellas de carácter “comercial”.

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Política y defensa en las organizaciones docentes

Por: Diane Woloschuk

Puede que los sindicatos de docentes que trabajan para impulsar la causa de la educación pública y mejorar la situación de la profesión docente no elijan el desarrollo de políticas como su primera estrategia. Comparado con la defensa pública, las reuniones con gobiernos o la negociación colectiva, la política organizativa puede parecer pasiva y abstracta, meras palabras de un manual al que nos referimos de vez en cuando.

Sin embargo, lo más sorprendente para los sindicatos en el actual contexto mundial es la lucha, bien con los gobiernos, con los promotores de la ideología neoliberal o con ambos, acerca de qué valores fundamentales deberían subyacer tras la educación de nuestros niños y jóvenes y, desde luego, de la sociedad en su totalidad. El objetivo neoliberal de comercializar y controlar los servicios públicos, minuciosamente impulsado en los últimos 30 años, ha contribuido a un cambio de mentalidad, al menos en los países de la OCDE: de unos valores más humanistas expresados mediante un modelo comunitario de sociedad y gobierno a unos valores más individualistas y competitivos expresados con un modelo empresarial. Tanto los sindicatos como el sistema de educación pública surgieron en un periodo de la historia en que el modelo comunitario y la búsqueda del bien común estaban en auge.

En muchos países de la OCDE, los sindicatos de docentes trabajan para impedir los ataques a los derechos laborales, la profesionalidad de los docentes y los sistemas escolares de financiación pública. En algunos países y regiones, la «reforma» educativa ya ha ocasionado un abandono total por parte del gobierno hacia la educación pública y los sindicatos de educación han tenido que reagruparse ante las incesantes campañas contra sindicatos y docentes.

En los países en desarrollo, los sindicatos de docentes se esfuerzan por ayudar al gobierno y al público a reconocer la importancia de la educación pública y los principios de justicia natural y de los derechos laborales de los docentes, tales como tener salarios adecuados y que se les pague por su trabajo y de forma puntual. A diferencia del hemisferio norte, el sur está intentando hacer esto cuando el modelo comunitario está siendo atacado. La puesta en marcha de la Educación para Todos (EPT) ha logrado que gran cantidad de niños se incorporen al sistema escolar público. Sin embargo, los gobiernos nacionales han tenido muchas dificultades para prepararse para esto dadas las restricciones presupuestarias creadas por la normativa del FMI que ha limitado la financiación para los servicios públicos y los salarios. Como consecuencia se ha producido una escasez extrema de instalaciones escolares adecuadas y de recursos para el desarrollo y la implantación del currículum, unido a la incapacidad para educar a suficientes docentes lo bastante rápido para atender la demanda. Con una financiación inapropiada, unas clases excesivamente numerosas y una falta de docentes cualificados, no es extraño que los estudiantes obtengan unos resultados de aprendizaje malos. Los defensores del neoliberalismo y la privatización de la educación no han tardado en culpar del fracaso a los docentes y al carácter público del sistema educativo.

En todo el mundo, por tanto, se están poniendo en entredicho los valores y convicciones que representan el fundamento de la educación pública. Los docentes y sus sindicatos defienden su profesión y la educación pública, lo cual no debería sorprendernos porque la enseñanza es un trabajo capaz de transformar socialmente[1]. Como afirma Shaker en la edición de otoño de 2013 de Our Schools Our Selves, «Los docentes y sus sindicatos han luchado en primera línea por unas escuelas más seguras e inclusivas y por comunidades de aprendizaje que permitan que todos los estudiantes y educadores sean capaces de prosperar».[2] La visión de los docentes acerca de la educación pública (las convicciones, valores y principios colectivos y pactados que defienden) se expresa en la política de su sindicato, que es la base de sus declaraciones y acciones.

El desarrollo y la aplicación de políticas persiguen dos objetivos distintos. En el sindicato, el desarrollo de políticas crea consenso acerca de las convicciones y valores y proporciona una lengua y un entendimiento comunes sobre qué es importante. A nivel externo, el desarrollo de políticas facilita y fomenta un diálogo real e influyente con el gobierno y otros actores de la comunidad educativa que pueden contribuir al cambio progresivo.

Un marco muy útil para establecer las necesidades de política lo encontramos en la campaña de la Internacional de la Educación «Unámonos por la educación pública», que abarca tres estrategias integradas para la educación de calidad: docentes de calidad, herramientas de calidad y entornos de aprendizaje de calidad. La defensa de unos docentes de calidad se basa en las políticas de formación y certificación de docentes, la profesionalidad y la autonomía de los docentes, el desarrollo profesional de los docentes, la colaboración y la colegialidad y la conducta y la competencia profesional, entre otros. En cuanto a las herramientas de calidad, las políticas relativas al desarrollo curricular, la puesta en marcha y los recursos y la financiación de la educación son buenos ejemplos. Por último, las políticas relacionadas con las instalaciones escolares, la inclusión, la seguridad escolar, la equidad de género, los derechos de las lenguas minoritarias, la educación indígena y otros sustentan la defensa a favor de entornos de aprendizaje de calidad. Los temas de política y las políticas en sí mismas, varían en función del sindicato y de su contexto nacional. Sin embargo, las convicciones, valores y principios fundamentales que subyacen tras las políticas de un sindicato de docentes probablemente se basan en su mayoría en los principios universales relacionados con el respeto por la dignidad de los niños, el valor de la educación pública y la profesión docente y el bien común. ¿Cuáles serán esas convicciones, valores y principios fundamentales?

1. La educación pública como bien común y derecho humano fundamental

El párrafo 7º de la Declaración de los Derechos del Niño[3] afirma que todos los niños tienen derecho a una educación obligatoria y gratuita y que los responsables del sistema educativo serán quienes sirvan los intereses de los niños. El que los docentes aboguen por los derechos de todos los niños a una educación de calidad tiene la capacidad de influir y educar a los padres y al público y puede contribuir a crear grupos de defensa dedicados a este principio.

2. La voz de los docentes

Los docentes entienden sus responsabilidades profesionales y las necesidades de sus estudiantes. Los sindicatos de educación deberían participar en las decisiones acerca de los cambios en el sistema educativo público y/o los requisitos que afecten a la profesión docente y los docentes. Los docentes también deberían participar en la planificación y puesta en marcha de los cambios propuestos.

3. Los docentes como profesionales

Según la OCDE, los países que disfrutan de sistemas educativos eficaces cuentan con sindicatos de docentes fuertes y con recursos. Abordar los temas de bienestar del docente es una labor sindical fundamental. Además, cuando los sindicatos de docentes trabajan para mejorar la calidad de la enseñanza mediante programas de desarrollo profesional y la definición de estándares profesionales, otorgan autenticidad e integridad a su papel como actores de la comunidad educativa nacional, especialmente si existe una falta de docentes cualificados. Por ejemplo, según el Uganda National Teachers’ Union (UNATU), la formación continua (IN-SET) y los programas de Teacher Action for Girls (TAG, Acción docente por las niñas) han contribuido al reconocimiento del UNATU como un sindicato moderno que no solamente lucha por el bienestar de los docentes sino que también contribuye a otros aspectos de la agenda educativa valorados por el gobierno, como las tasas de abandono y los logros de aprendizaje en alfabetización y matemáticas. Los docentes del mundo desarrollado también se están dando cuenta de que «tal vez sean los únicos agentes capaces de restaurar el papel de las escuelas como espacios al servicio del bien común».[4]

4. Justicia social y equidad

Los sindicatos de docentes han sido grandes defensores de las escuelas inclusivas, apoyando los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la defensa de los derechos de las minorías. Han luchado por los derechos de los niños, mujeres, docentes y estudiantes LGBTQ y muchos más. Han luchado por la inclusión de las personas discapacitadas e incapacitadas. Han luchado por la democracia. La justicia social y la equidad son la base y el alma de la educación pública y son esenciales para la democracia. La justicia social y la equidad son fundamentales para apoyar una visión de la sociedad en la que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender, desarrollar sus habilidades e intereses y ser miembros responsables de la sociedad.

5. El valor de las relaciones

Los docentes conocen bien la importancia de la relación entre docente y estudiante, que no es de carácter económico, sino una relación profesional y profundamente humana. Los sindicatos de docentes consideran que las políticas de enseñanza y aprendizaje deben reflejar el interés y el respeto de los docentes por los niños a los que enseñan. Los docentes son conscientes del poder de transformación que tiene la relación con sus compañeros, no solamente en sus propias escuelas, distritos o países, sino en el mundo entero. Vengan de donde vengan, la pasión que comparten por la enseñanza y el compromiso con sus estudiantes crea un vínculo inmediato entre ellos. Cuando trabajan juntos, crece su entendimiento de la pedagogía, lo cual puede ser profundamente transformador y enriquecedor. Los miembros de los sindicatos saben muy bien que cuando la gente trabaja en equipo puede conseguir una relación laboral más justa con sus empleadores y una sociedad más democrática. Conocen bien la importancia de las relaciones democráticas en sus propias organizaciones. Los sindicatos de docentes no poseen el poder que dan una gran riqueza económica o las conexiones con los medios de comunicación. Nuestro poder reside en la gente.

Esta lista de principios no es exhaustiva. Se basa en las convicciones, valores y experiencias de la Canadian Teachers’ Federation. Todos los sindicatos de docentes deben explorar sus más profundas convicciones, convertirlas en políticas y luego, junto con sus miembros, emplearlas para explicar al gobierno y al público en general la visión de los docentes acerca de la educación pública y su profesión. Esa visión es la base del liderazgo de los sindicatos de docentes para defender y cultivar la democracia. En palabras de John Ralston Saul, un famoso filósofo y escritor canadiense,

“… la única estructura pública de que disponemos capaz de llegar a todos los ciudadanos en cualquier parte del país y hacerles sentir parte de una gran familia de ciudadanos es el sistema de educación pública. En el sentido estricto de democracia inclusiva, esos edificios simples de ladrillo y mortero que llamamos escuelas públicas, son en realidad el único lugar de reunión de los ciudadanos. El sistema de educación pública y su estructura de base no solamente no está anticuada, sino que dependemos más de ella hoy de lo que lo hacíamos en gran parte del siglo XX

[1]Weiner, L. This Labor Day, Thank a Teacher. Consultado el 16 de septiembre de 2013 en http://jacobinmag.com/2013/09/this-labor-day-thank-a-teacher/

[2]Shaker, E. (2005). On the Front Lines. Our Schools Our Selves, 23, 1, 17.

[3] Naciones Unidas. Declaración de los Derechos del Niño. Consultado el 22 de diciembre de 2013 de www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp.

[4]Green, R. (2013). Why America’s Teachers Are Going Badass and Why Canada’s Need to Consider Doing the Same. Our Schools Our Selves, 23, 1. 24.

Publicado originalmente en: http://worldsofeducation.org/new/spa/magazines/articles/223

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Absentismo Escolar: más allá del alumno.

Por: Iván Barroso.

Al revisar diferentes estudios e investigaciones referidas al absentismo escolar podemos encontrar distintas definiciones y criterios utilizados para explicar y cuantificar esta situación social, que ya supone un porcentaje representativo a tener en cuenta dentro del total de alumnado en edad de escolarización.

Absentismo
Generalmente, se suele considerar que un/a alumno/a presenta absentismo escolar cuando, estando en edad de escolarización obligatoria, acumula un número determinado de faltas de asistencia reiteradas sin justificación válida pero, ¿qué factores pueden ser los causantes del absentismo escolar en un alumno/a?¿es razonable responsabilizar únicamente al alumno/a o/y a su familia?

Se suele considerar que los principales causantes del absentismo escolar son las familias y el propio alumnado, pero si conseguimos visualizar la situación desde una perspectiva más amplia podremos observar que la existencia de muchos de los casos de absentismo escolar no es más que el resultado de una situación social de inestabilidad y empobrecimiento económico, social y cultural.

Familias que dejan en un segundo plano la asistencia de sus hijos/as al colegio ya que están más preocupadas por no perder su vivienda, por encontrar trabajo o simplemente por cómo llegar a final de mes; familias que han pasado a considerar más importante la asistencia de sus hijos/as a determinados encuentros, que hasta ahora eran consideradas de ocio y que han pasado a ser más prioritarias que la formación escolar; alumnos/as y familias que ven el futuro con pesimismo y no entienden la formación académica como una solución a su situación socio-económica actual; etc, etc

A la hora de trabajar el absentismo escolar debemos tener en cuenta la influencia del entrono y la situación socio-económica actual, no cabe responsabilizar únicamente a quienes se ven afectados directamente (alumnnado y familia) sino que debemos tener la suficiente perspectiva para entender, de forma más amplia, todos aquellos factores que influyen en la situación y de esta manera coordinar el trabajo desde diferentes áreas y recursos (servicios sociales, servicios de absentismo escolar, centros escolares, asociaciones vecinales, ONG´s, etc) que deben intervenir para erradicar esta problemática social.

 

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Colombia: Fecode pidió a ICBF y Mineducación asuman responsabilidad por irregularidades en alimentación escolar.

www.caracol.com.co/12-04-2016/

El gremio de los educadores denunció que casos de Aguachica en Cesar, abundan en el país y que han advertido de las irregularidades.

Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, pidieron que las presuntas denuncias de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar PAE, en Aguachica Cesar, no se queden en un “escándalo de un día” y que las entidades encargadas asuman su responsabilidad.

Explicaron que tristemente como en ese municipio, los casos de mínimas y mal servidas porciones de comida, abundan en todo el país, “Muchos niños y niñas se van a estudiar sin recibir desayuno, porque sus padres no tienen qué darles y lo que reciben en sus instituciones, es un mísero pan con jugo”, señalaron voceros de Fecode.

Además aseguran que las irregularidades ya se han advertido y que se ha llamado la atención para que se busque una jornada única apropiada, para que los niños tengan una alimentación que les permita cumplir con la jornada escolar.

Fecode anunció que seguirá denunciando las falencias e hizo un llamado a los educadores para que asuman la actitud de la profesora en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el Cesar, que se atrevió a denunciar lo que había detrás del Programa de Alimentación Escolar.

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Quinze anos de Reforma Psiquiátrica (I)

Em 6 de abril de 2001, país começava a desativar seus tristes manicômios. Ao resgatar histórias de pacientes com transtornos mentais, nossas matérias ensaiam um balanço desta transformação

Por Lígia Morais

Atenção em Preto e Branco

Pitico não consegue sonhar, acha que é por causa da medicação que tomava antes. Ele passou 13 anos entre os muros de um hospital e hoje mora numa residência terapêutica em Sorocaba. Um amigo o leva na garupa para andar de moto, Pitico usa o capacete e um blusão de couro para rodar pelo centro da cidade. “É uma liberdade que não tem preço”, diz sorrindo. Wilson Abramusviz “Pitico” sabe ler, escrever, conversar, entrar, sair, só não consegue sonhar. O documentário “A chave da nossa casa”, lançado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo em 2015, trata da desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos, isto é, da mudança dos hospitais para modelos que promovem a reintegração social, como é o caso das residências terapêuticas. Em vídeo, também é contada a história de Valdeci.

Depois de 26 anos morando num hospital, é ela mesma quem decide o horário em que vai dormir: à meia-noite. Valdeci de Carvalho mora com mais sete pessoas numa residência em Santo Amaro, todos ex-internos de hospitais psiquiátricos. Ela os chama de família, vão à praia, ao sítio, ao shopping. “A gente se distrai muito, se diverte muito, a gente curte muito a vida”, ela conta. No documentário, faz um apelo, pede para que tirem todos os outros pacientes de hospitais o mais rápido possível, para que possam melhorar e poder sentir o que é liberdade – “Quem estiver ouvindo essa gravação, o ministro da saúde, o governador, que abra residência pra poder morar, porque não tem como morar num hospital; hospital não foi feito pra morar não”. Ela termina: “Esse é meu recado, Valdeci Elias de Carvalho. Obrigado”.

Em 2008, eram 6.349 pacientes internados em hospitais psiquiátricos no estado paulista, a maioria já possuía condições de começar o processo de ressocialização. Ainda assim, a falta de uma rede alternativa consolidada os impedia de continuar o tratamento fora das instituições. Seis anos depois, o Censo Psicossocial de 2014 mostrou que 4.439 pessoas ainda estavam morando em hospitais. “Esse número atual de moradores já sinaliza as resistências e dificuldades em cumprir o que está assegurado por lei desde 2001 e preconizado pela política de saúde mental com a sua implantação”, está escrito no relatório. Aponta-se a falta de investimentos nos serviços extra-hospitalares de base comunitária e a resistência ainda grande da sociedade em incluir os doentes mentais nas cidades.

Mantiveram-se 53 hospitais psiquiátricos no estado de São Paulo. “Se a lei se consolidou e se legitimou, através da implantação real de boa parte dos seus mandamentos, o embate ideológico e de modelos de atenção persiste e a agenda política de defesa dos princípios da lei permanece atual”, comenta Pedro Delgado em artigo publicado em 2011, na efeméride dos dez anos da Lei 10.216. Pedro, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, é irmão do deputado Paulo Delgado, que propusera o projeto legislativo da Reforma Psiquiátrica no final da década de 1980.

“130 leitos do passado”

Em Franco da Rocha, os corredores vazios e prédios interditados do Juquery nem parecem já ter abrigado mais de 14 mil pacientes. Entre 1995 e 2003, muitos deles passaram pelo processo de desinternação. Pouco antes da aprovação da Lei 10.216, que institucionaliza a reforma psiquiátrica, 2.500 pessoas ainda moravam nas colônias do hospital centenário. Pier Paolo Pizzolato, Diretor Técnico 1 do Complexo Hospitalar do Juquery, explica que a desinstitucionalização foi demorada pois foi necessária a revisão dos prontuários de todos os pacientes. Também se prolongou por muitos deles não possuírem documentos de registro, o que dificultava a reativação do vínculo familiar. Em 2015, eram 130 leitos ocupados.

“O paciente crônico que está aqui ainda é paciente que não tem família, que não tem referência do Estado, que não tem capacidade suficiente para estar numa residência terapêutica”, comenta Paolo. Eles têm uma internação média de mais de 40 anos e, por isso, o tratamento hoje é mais ligado a doenças causadas pela velhice do que aos próprios problemas psiquiátricos. Raramente eles têm algum surto, mas tratam da diabetes, dos problemas do coração, dos de locomoção. Quando um desses pacientes vem a falecer, o leito é extinto e não pode mais haver internações.

Os diálogos sobre a criação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na cidade começaram há pouco e, na região de Franco da Rocha, também não há residências terapêuticas. “É um gargalo físico”, aponta Pizolatto, “não é todo mundo que quer ter um CAPS dentro do próprio município”. Ele é arquiteto de formação e foi um dos responsáveis pelo projeto de transformar o antigo asilo de crônicos em um hospital de retaguarda. Ele vê como futuro para o complexo a vocação de reabilitação psíquica e física. “Enquanto isso não acontece, o Juquery fica nessa situação onde já tem alguns serviços de ponta e ainda convive com 130 leitos do passado, que a gente vai aos poucos fechando”, comenta.

Em 2014, houve licitação para a reforma e o restauro de parte do conjunto do hospital, mas uma questão burocrática entre as empresas concorrentes fez com que o processo parasse. No ano seguinte, o financiamento foi recolhido e, com a crise econômica, o projeto terá que ser alterado para se adequar ao novo orçamento. Serão construídos, num projeto piloto, 40 leitos – que futuramente pretende-se expandir para 105. Paolo ainda não fala de prazos, mas afirma que existe tanto a vontade técnica como a vontade política, duas questões essenciais para que se aconteçam as mudanças.

“Lutei por uma pátria livre”

O lema no brasão da cidade de Sorocaba está fixado sob a mesa dos vereadores. Celso Sanches não pôde comparecer à Câmara Municipal na tarde do dia 28 de novembro de 2015. Lá seria realizado um debatesobre saúde mental, direitos humanos e o processo de desinstitucionalização em Sorocaba. Mandou uma carta, então, para ser lida por um representante do Movimento Antimanicomial “Loucos pelo Mundo”, do qual também participa ao lado do filho Denis. Celso escreve que o filho esteve internado no hospital Teixeira Lima, no Vera Cruz e no Jardim das Acácias. “Ele sofreu nesses hospitais todo tipo de violência, principalmente no Teixeira Lima e no Vera Cruz; Denis Roberto Sanches foi agredido pelos enfermeiros, foi abusado sexualmente e foi ameaçado de morte, se ele falasse para o pai”, conta. Pelas ameaças psicológicas e físicas, Celso pede aos políticos que tomem providências.

Denis também quer que se investiguem os casos de violência. Em pausas longas, se emociona ao falar que tinha medo das ameaças. Lembra que o amarravam no Vera Cruz, pelos braços e pernas. Faz um apelo: “Eu acho que eu não sou louco; que não precisa de hospital nenhum pra internar, tem que fechar o hospital”.

Entre 2004 e julho de 2011, ocorreram 825 mortes de pacientes do SUS nos hospitais da região de Sorocaba, o que corresponderia a uma morte a cada três dias. A concentração de leitos de longa permanência e as denúncias de maus tratos nos hospitais levaram à formalização de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2012, que previa a desinternação de pacientes de sete instituições psiquiátricas e a sua transferência para residências terapêuticas (RTs) ou CAPS. Em 2008, a região compunha o maior polo manicomial do país, com mais de dois mil pacientes. Em 2014, do total de 4.439 moradores de hospitais psiquiátricos no estado, 1.600 estavam em Sorocaba.

A assinatura de Jefferson Aparecido Dias é a primeira que aparece no documento do TAC de Sorocaba. Foi designado pela Procuradoria Geral da República para tratar do caso. “O TAC tem a finalidade de fortalecer e consolidar a rede protetiva aos pacientes e garantir tratamento mais humano e eficaz”, ele explica. Foram criadas equipes multidisciplinares, com profissionais do município, do estado e da União. Em até três anos – com possibilidade de se estender por mais um; então, até 2016 – todos os pacientes atendidos pelos hospitais devem ser transferidos para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). “O problema é que apesar da lei, a RAPS não foi criada, razão pela qual não existem estabelecimentos aptos a receberem os usuários da saúde mental”, aponta Jefferson. Os pacientes são então mantidos nos hospitais psiquiátricos.

Denúncias e luta

“Categoria enfrentamento à tortura: recebe o prêmio o Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba – FLAMAS“. No Palácio do Planalto, aplausos seguem o anúncio do Prêmio Direitos Humanos, em 2011, e não se escuta mais o que diz o apresentador no microfone. A Presidenta da República cumprimenta um dos representantes do FLAMAS, movimento que fora criado dois anos antes e responsável por denúncias de hospitais psiquiátricos na cidade do interior do estado de São Paulo.

Em audiência pública, na manhã do dia 28 de novembro de 2015, Francisco Fernandes, secretário de Saúde de Sorocaba, levanta os números da desinstitucionalização. De 2010 a 2015, o número de leitos SUS em Sorocaba e na região caiu de 2.778 para 1.853. Três das quatro instituições psiquiátricas da cidade foram fechadas. O Vera Cruz, porém, continuou funcionando, como espaço para receber egressos de outros hospitais do estado. Em novembro de 2015, 470 pacientes ainda estavam internados no Hospital, quase a sua capacidade máxima – que é de 512 pessoas. Entre 2010 e 2015, foram fechados 42 leitos do Vera Cruz. Apesar da aprovação do TAC em 2012, o FLAMAS não vê perspectiva de cumprimento do termo pela Prefeitura de Sorocaba no prazo estabelecido.

No final da audiência, Mirsa Dellosi, coordenadora de Saúde Mental da cidade, pede a palavra para comentar um dos dados levantados pelo secretário. Ela se diz emocionada por, nos últimos três anos, o número de altas de pacientes para a família ou residência terapêutica ser três vezes maior que o número de óbitos – o que seria um momento histórico, já que o número de óbitos de hospitais psiquiátricos costuma ser maior que o de altas. Apesar de alguns avanços, representantes do Fórum de Luta Antimanicomial ainda veem problemas no processo de desinstitucionalização – comentam na audiência que a assinatura do TAC, por exemplo, não contemplou a Defensoria Pública, o Conselho Regional de Psicologia e os movimentos sociais da região.

O processo de desinstitucionalização em Sorocaba, segundo o FLAMAS, tem se transformado num processo de desinternação. Dizem os representantes: “para a Prefeitura, o cumprimento do TAC seria retirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos, sem levar em consideração o reestabelecimento social dessas pessoas, sem trabalhar autonomia ou questões que possam facilitar a integração na sociedade”. Entra, além dessa, a questão dos administradores dos novos modelos de assistência. O FLAMAS aponta que são os mesmo que gerenciavam os espaços de asilamento e hipermedicalização dos antigos hospitais psiquiátricos. A RAPS de Sorocaba, por ser formada por organizações sociais e CAPS ligados aos mesmos grupos denunciados pelos militantes, acaba reproduzindo práticas manicomiais.

Afirmam ainda que a atenção básica da cidade não tem capacidade para realizar um atendimento cotidiano e que a assistência 24h dos CAPS e os leitos em hospitais gerais não são suficientes. “A Rede de Atenção Psicossocial em Sorocaba não atende às necessidades e à complexidade do cuidado com pessoas que saíram de manicômios depois de anos ou décadas de internação, negligência e maus-tratos”, dizem.

Em 2014, o processo de desinternação havia se intensificado com a contratação de trabalhadores comprometidos com a Reforma Psiquiátrica, mas com a subsequente demissão em massa desses funcionários, o processo voltou à lentidão. Com as mudanças na gestão do processo de desinstitucionalização, os militantes da luta antimanicomial de Sorocaba não têm mais acesso ao Vera Cruz. “Sem transparência, fica mais complicado acompanhar e fiscalizar o que acontece, para cumprir o papel do movimento social: tencionar por uma ampliação sempre maior e mais inclusiva dos Direitos Humanos e denunciar abusos e violações de direitos”, comentam.

Os integrantes do FLAMAS sofrem ameaças constantes de criminalização e perseguição por causa das denúncias que fazem. Com a transparência que falta agora ao processo, “o FLAMAS enfrenta o desafio de continuar atuando contra uma estrutura manicomial que se reforçou após as demissões dos profissionais mais críticos e dos gestores mais alinhados com a Reforma Psiquiátrica”, afirmam. Também preocupam as nomeações de Marcelo Castro e Valencius Wurch para cargos de coordenação no Ministério da Saúde. Em 2016, os militantes de Sorocaba começaram o ano participando doLoucupaBrasília, manifestação na capital do país que pedia a exoneração de Wurch.

Problemas na alternativa

Os problemas na consolidação de modelos alternativos de assistência não são exclusivos de Sorocaba ou Franco da Rocha. No estado de São Paulo, a estimativa do Censo Psicossocial 2014 é de que seriam necessárias 555 residências terapêuticas para atender a demanda da população paulista. Hoje, elas são 158. As regiões de Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Franca, Presidente Prudente, Registro e Taubaté não apresentam nenhuma residência. Também em São Paulo, foram instalados 416 Centros de Atenção Psicossocial, mas o número de CAPS III – serviço de assistência 24h – chega a 42. No Brasil, o Ministério da Saúde levantou em 2010 a existência de de 570 residências terapêuticas e 1620 CAPS.

O Prof. Dr. Osvaldo Gradella, sentado em sua sala da Unesp de Bauru, no interior paulista, ajeita os óculos no rosto e comenta que os gestores no Brasil ainda não sabem como implantar uma forma de atenção aberta, principalmente por faltar experiência a muitos profissionais. “O modelo que temos é um serviço isolado, sendo que a ideia era ter um serviço em rede – o CAPS I para a entrada, o CAPS II mais especializado e o CAPS III que seria 24h; também era pra se ter uma articulação maior do serviço com os bairros e familiares de pacientes”, comenta. Para o professor, o atendimento acaba se tornando meramente clínico. “Essa é uma das contradições que se tem hoje na implementação: nós saímos dum modelo ‘hospitalocêntrico’ e agora vamos para um modelo ‘capscêntrico’”, ele diz.

O movimento de luta antimanicomial também tem questionado as novas formas de atenção. Segundo Osvaldo, com o fim dos hospitais, os novos modelos começam a carregar em si a sua própria alienação, os seus próprios defeitos. “Tem que se pensar se o CAPS é a solução ou se temos que criar uma nova estratégia de atenção; pensar se ela não se esgotou, se cumpriu seu papel histórico num processo de transformação e se agora a gente precisa criar uma nova estratégia de atenção”, diz o professor.

Ainda assim, Osvaldo comenta que não se pode perder de vista o ataque de setores conservadores, que querem recuperar a internação nos hospitais, reforçando políticas de exclusão – por exemplo, no Congresso. “A própria implementação do discurso neoliberal, do rompimento com uma série de políticas públicas, a falta de investimento na área de saúde e educação; isso de certa forma tem favorecido principalmente a perspectiva manicomial”, afirma Gradella, que tem observado um retrocesso na luta antimanicomial e a ascensão de setores ligados à medicina privatista.

Outra questão que se coloca aos atuais desafios da reforma psiquiátrica brasileira é o tratamento do crack. O professor pontua o crescimento das comunidades terapêuticas de caráter religioso, instituições que têm ocupado o lugar dos hospitais psiquiátricos, repetindo práticas de maus tratos e de punição. O empenho dos governos no combate à droga, segundo Osvaldo, “desviou um pouco a atenção da reforma psiquiátrica, porque o crack virou um assunto de comoção nacional e grande embate entre as forças mais conservadoras, que viram na história das comunidades terapêuticas uma nova forma de ganhar dinheiro”.

Querem os hospitais de volta

A demora na implementação de uma Rede de Atenção Psicossocial eficiente tem sido acompanhada pelo crescimento de setores conservadores na sociedade brasileira. Para os militantes do FLAMAS, esses grupos que defendem a internação em hospitais psiquiátricos seguem uma ideologia de segregação e negação da diferença, do encarceramento de comportamentos que não atendem às expectativas sociais hegemônicas, seguem a crença de que a “loucura” deve ser afastada da sociedade, de que os “loucos” são perigosos, a ideologia do higienismo e da pobreza encarcerada. “O movimento antimanicomial, por sua vez, é orientado pelos valores da autonomia e solidariedade, pela noção de inclusão social, respeito à diferença, pela defesa intransigente dos Direitos Humanos”, eles afirmam.

Em resposta a Marcelo Castro, ministro da Saúde, que afirmou no final de 2015 que a luta antimanicomial era muito ideológica e pouco científica, os integrantes do Fórum de Sorocaba comentam que “a maior prova de que a Luta Antimanicomial é eficaz é a melhora entre as pessoas que são tratadas em liberdade, com equipes multiprofissionais (não apenas médicos), vivendo em sociedade, voltando a produzir arte, conhecimento, trabalho, política etc”. Mencionam também o reconhecimento internacional da ONU, em especial da Organização Mundial de Saúde, pela reforma psiquiátrica no Brasil. Ainda dizem: “essas críticas de ação ideológica da Luta Antimanicomial têm o único propósito de deslegitimá-la, mas são críticas vazias que não se comprovam quando vamos para as experiências concretas”.

“A ala em que eu morava era um pavilhão com 90 pessoas, com quartos dos dois lados do corredor. Era algo meio prisão”, assim se lembra Wilson Abramusviz “Pitico” do Hospital Vera Cruz. Em entrevista à CartaCapital, comenta que tem a chance de recomeçar sua vida, com mais autonomia e liberdade. Em 2015, foram 95 pacientes que receberam alta da instituição – 16 para morar com familiares, 67 em RTs de Sorocaba e 12 em RTS de outras regiões. A Agência Sorocaba de Notícias, órgão ligado à Prefeitura, publicou que a coordenação de Saúde Mental previa no mínimo mais cem altas no primeiro bimestre do ano seguinte. Os pacientes do Vera Cruz são, no começo de março de 2016, 456. Pitico, já longe do hospital, descreve sua casa, a residência terapêutica em Sorocaba, como “um hotel cinco estrelas”.

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