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Venezuela: ¿Qué es el instructivo de la Onapre y por qué los trabajadores públicos piden su anulación?

  • Desde 2018, la Oficina Nacional de Presupuesto ha publicado una serie de tabuladores salariales para docentes, personal de salud y empleados del sector público. Sin embargo, en fechas recientes una serie de irregularidades al calcular los pagos han generado rechazo incluso en los sindicatos afines al oficialismo

“Onapre, ladrona, nos robaste sin pistola”, fue el grito al unísono de cientos de personas ante las puertas del Ministerio de Educación. El 4 de agosto, el gremio docente protestó en Caracas y varias ciudades de Venezuela contra los recortes en el pago de su bono vacacional. Esta es la cuarta protesta en dos semanas, y reconocen que su lucha posiblemente seguirá en los próximos días, al igual que la de los trabajadores de la salud, obreros y empleados de diferentes instituciones públicas.

Esta lucha de los empleados públicos tiene un objetivo común: la derogación del instructivo emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Este ente, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, tiene la clara atribución de elaborar los planes presupuestarios de todos los sectores dependientes del Estado, además de asesorar y dictar instrucciones a los diferentes organismos sobre cómo administrar sus recursos. Sobre este último punto recae su actual polémica.

El último instructivo publicado fijó una serie de rebajas salariales, así como recortes en las primas y cálculos desfasados al momento de pagar. Igualmente, beneficios como los bonos para uniformes y días festivos fueron regulados por debajo de lo contemplado en sus contratos colectivos. Esto afectó principalmente a sectores como la salud y educación, que en las últimas décadas ya han visto su poder adquisitivo pulverizarse con sueldos que no se corresponden con la realidad económica del país.

¿En qué consiste el instructivo de la Onapre?

#TeExplicamosElDía | Miércoles 27 de julio
Foto: Cortesía Crónica Uno

Luego de la reconversión monetaria de 2018, la Onapre creó el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas. Este instructivo técnico tiene como propósito regular los tabuladores salariales de los trabajadores públicos. También orientar sobre cuánto debían cobrar en primas y bonos de acuerdo con sus escalas de profesionalización, antigüedad y demás competencias.

Desde mayo de 2020, los trabajadores advirtieron problemas en el instructivo, el cual ya consideraban que atentaba contra muchas de sus reivindicaciones laborales. Varios sindicatos incluso solicitaron a finales de 2021 su reemplazo por mesas técnicas. Sin embargo, fue con el último aumento salarial decretado por Nicolás Maduro en marzo de 2022 que surgió el verdadero quiebre entre los trabajadores y los patrones de los ministerios.

Gabriela*, profesora jubilada del Ministerio de Educación, explicó a El Diario que uno de los defectos que posee el instructivo es que las primas se calculan de forma porcentual, usando como base el sueldo del trabajador. Señaló que en varias reuniones se solicitó anclarlo a valores estables como el petro, pero sus peticiones no fueron escuchadas. “Entonces si nuestro salario se devalúa, las primas no sirven porque 50 % de nada sigue siendo nada”, comentó.

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Igualmente, indicó que en el caso de sectores con una contratación colectiva vigente, el instructivo se vuelve opcional. Prevalece el tabulador que ofrezca mayores beneficios y sueldos a sus trabajadores. Sin embargo, el último contrato colectivo firmado por los docentes del Ministerio fue en julio de 2021. Gabriela afirmó que debía discutirse su renovación en octubre de ese año, pero no se hizo. Posteriores intentos de crear un nuevo contrato se hicieron en enero y luego en marzo de 2022, cuando se impusieron las tablas de la Onapre.

¿Cuáles son los trabajadores afectados?

Protesta de trabajadores públicos. Foto: EFE
Foto: EFE

El principal problema del instructivo actual es que pasa por encima de los contratos colectivos, derogando de facto muchos de sus beneficios y métodos de cálculo. Sin embargo, lejos de ser una disposición general aplicada a todos los ministerios y empresas públicas, afectó solo a sectores específicos. Un caso fue el de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, y su par para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Ambas aprobaron el esquema en lugar de abrir la discusión de un nuevo contrato, como había prometido Nicolás Maduro en marzo.

Esto comprometió a los centros de estudio públicos en todos sus niveles. Desde universidades autónomas y experimentales, hasta escuelas bolivarianas. También a las escuelas pertenecientes a gobernaciones y alcaldías, indiferentemente de su posición política, e incluso a los colegios adscritos a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC).

El sector salud también fue uno de los más golpeados por la medida. El Colegio de Enfermeras del Distrito Capital estima que se recortó un 47 % del sueldo de su personal, que cuenta con un salario base de 245 bolívares (43,7 dólares a tasa oficial). Situaciones similares se han visto también con obreros de empresas como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o Supra Caracas.

Primas recortadas

Otorgarán Premio Internacional Mujeres de Coraje a la enfermera Ana Rosario Contreras
Foto: Cortesía

Una de las principales críticas que ha tenido el nuevo instructivo es la reducción del porcentaje de primas que puede cobrar un trabajador. Por ejemplo, la prima de profesionalización para un docente con licenciatura pasó del 30 % de su sueldo base a un 25 %.  Aquellos con una maestría pasaron del 50 % al 35 %, y los que tienen doctorado tuvieron una rebaja del 60 % a solo el 40 %. Y así ocurre también con otras primas como la de antigüedad.

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En el caso de los empleados universitarios, la prima de antigüedad en centros como la Universidad Central de Venezuela se calculaba con base en el sueldo y la cantidad de años de servicio. Sin embargo, el instructivo impuso un porcentaje plano de máximo 30 % para aquellos profesores con 23 años activos o más. Igualmente, otros beneficios como la prima familiar pasaron del 40 % del salario mínimo a solo el 10 %.

En el gremio de enfermería la situación con los porcentajes es exactamente la misma. Mientras una enfermera con doctorado recibía Bs. 169,05 ($29,14) por la prima de profesionalización del 60 %, ahora con el 40 % solo recibe Bs. 98 ($16,89).

Bono perdidos

#TeExplicamosElDía | Jueves 4 de agosto
Foto: EFE

Otra irregularidad recae en los bonos contemplados dentro de los contratos colectivos. El más reciente fue el bono vacacional, que de acuerdo a diferentes gremios, fue calculado por parte de la Onapre basados en los sueldos de diciembre de 2021 y no de marzo de 2022. Esto representó pérdidas de hasta el 70 % de lo correspondía a los docentes.

De acuerdo con las tablas impuestas en el instructivo, un profesor universitario titular a dedicación exclusiva, con un doctorado y más de 25 años de antigüedad, podría recibir sumando sus diferentes primas un bono vacacional de Bs. 6.421. Esto cuando, de acuerdo con la IV Convención Colectiva Única del sector universitario, debería ser de Bs. 13.000. Igualmente un obrero 7, el escalafón más alto de la tabla, debía recibir un bono vacacional de Bs. 2.166, cuando el convenio establece que debería cobrar Bs. 4.190.

Sin embargo, incluso tomando en cuenta la diferencia de pagos, la realidad también es muy diferente. Muchos profesores, regulares o universitarios, denuncian que aún no han cobrado el bono, mientras otros se depositaron incompletos. A algunos incluso les han dicho que con la llegada de la temporada navideña, podrían cobrar sus utilidades de manera fraccionada, en octubre, noviembre y diciembre.

En otros casos, bonos como el que se otorgaba a las enfermeras por concepto de uniformes, y que equivalía hasta a Bs. 650, se dejó de pagar por falta de recursos. Organizaciones como Federación Nacional de Trabajadores Públicos (Fedeunep) también denunciaron que bonificaciones contempladas en contratos colectivos actualmente se pagan por montos irrisorios. Por ejemplo la prima por hijos, que antes equivalía al 17,5 % del salario mínimo, ahora se paga en un monto plano de Bs. 12,5. Esto sería poco más de dos dólares a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

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“Vamos a seguir reclamando cómo quedará el salario de los trabajadores, porque esa forma de cálculo es ilegal. Las primas, día del niño, bono de juguetes y demás hay que sacarlos del instructivo porque son materia de las diferentes contrataciones colectivas. Otro tema es la salud porque no atienden la medicina preventiva, ahora te regulan hasta el seguro funerario”, declaró el presidente de Fedeunep, Antonio Suárez, en una entrevista a Radio Fe y Alegría.

Repudio unánime

10 imágenes de la protesta del sector educativo para reclamar mejoras salariales
Foto: EFE

Hasta el momento las marchas hacia las sedes de los ministerios aludidos y otros entes para pedir la eliminación del instructivo de la Onapre se habían realizado solo por parte de organizaciones gremiales y sindicales independientes. En algunos casos, incluso por grupos de trabajadores por iniciativa propia. Aunque los sindicatos chavistas intentaron permanecer al margen de la lucha, actualmente reconocen que el impacto en el bolsillo de los trabajadores es inaceptable.

Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas (CBST) y diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020, informó que para el 9 de agosto los grupos afines al oficialismo entregarán un documento al Ministerio del Trabajo con propuestas para mejorar la situación de los pagos. Aunque culpó a la oposición y a un “grupo de tecnócratas” de intentar crear un clima de inestabilidad en la calle, admitió que el instructivo de la Onapre “desregulaba” las condiciones laborales de los trabajadores.

Criticó que, entre las marchas gremiales, se haya presentado el 2 de junio una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir que se anule el mecanismo. La Sala Político-Administrativa admitió la demanda, por lo que en redes sociales corrieron rumores de que supuestamente el organismo había finalmente determinado su suspensión inmediata. Sin embargo esta información resultó falsa, pues hasta la fecha el TSJ aún no ha emitido nuevas sentencias ni pronunciamiento sobre el tema.

Algunos sectores consideran que gran parte de la responsabilidad también recae sobre los titulares de las carteras en las que se impuso esta norma, incluso por encima de sus propios convenios. Suárez ha señalado que la Onapre al final es simplemente un organismo encargado de hacer los pagos a través del Sistema Patria, mientras que es el Ministerio de Planificación el verdadero encargado de las políticas laborales del régimen de Maduro. Otros, los docentes en la calle, reclaman también a las ministras Santaella y Lucena por su manejo de los pagos y por no atender sus exigencias.

(*) Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para proteger su identidad.

Fuente: https://eldiario.com/2022/08/04/que-es-el-instructivo-de-la-onapre/

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Argentina: Conectar Igualdad debe ser Soberano

Conectar Igualdad debe ser Soberano

La Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechaza la exigencia de la inclusión obligatoria de licencias de programas privativos y monopólicos en la licitación pública de equipamiento para el Programa Conectar Igualdad.

Así como celebramos la recuperación de un programa tan valioso para nuestras pibas y pibes -que durante el gobierno neoliberal de Macri se había desmantelado-, también lamentamos profundamente que este avance se opaque favoreciendo la injerencia de las grandes empresas y corporaciones privadas en el campo educativo. Esta discusión ya la considerábamos ampliamente saldada por lo que resulta imperioso retomar el camino iniciado por el Estado con el Programa Juana Manso, y no desandar los pasos que logramos dar en medio de tanta dificultad.

La CTERA está comprometida con la defensa de la Soberanía Tecnológica, así como con la promoción de la ciencia y el derecho de toda la ciudadanía a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Pero entendemos no hay soberanía si miles de equipos quedan “obsoletos”, apilados en las escuelas, sin que nadie pueda actualizarlos porque no utilizan tecnologías libres. Tampoco hay soberanía si los dueños de las grandes plataformas vulneran la protección de privacidad y se apropian de los datos personales de docentes y estudiantes. Tampoco puede haber educación de calidad, si no podemos participar de los procesos que suceden en los equipos en los que aprendemos, enseñamos, trabajamos; o si el fruto de nuestro trabajo colectivo se enajena por el simple hecho de crearse con herramientas privativas.

Tal como se plantea en la licitación en cuestión, la inclusión de un sistema operativo y un paquete de oficina privativo terminará fomentando la lógica del marketing empresarial en las escuelas y legitimará abuso de la posición dominante que hoy existe en el mercado.

Asimismo, nosotros sabemos que el Software Libre funciona perfectamente y que no es necesario utilizar software privativo en las máquinas. Por ello aplaudimos el impulso al desarrollo de Huayra GNU/Linux, el primer sistema operativo libre desarrollado por el Estado Nacional, y defendemos la necesidad de formar a las comunidades educativas en el uso del mismo, como así también promover la amplia apropiación y participación en las futuras mejoras de este software libre, para responder las necesidades de todo el sistema educativo nacional, en clave de soberanía digital.

Por todo esto, y en defensa de la educación pública, adherimos públicamente al contenido del comunicado que muchas organizaciones difundieron bajo el nombre “Bienvenido de vuelta Conectar Igualdad – Microsoft y Estado, asunto separado”, e instamos a las Autoridades de la cartera educativa a modificar todas las cláusulas de la licitación que habiliten la injerencia de las grandes plataformas y corporaciones transnacionales que sostienen los valores del mercado por sobre los derechos sociales e impulsan la privatización y la mercantilización educativa.

Buenos Aires, lunes 24 de enero 2022

 

Sonia Alesso
Secretaria General

 

Roberto Baradel
Secretario General Adjunto

 

Fuente de la Información: https://www.ctera.org.ar/index.php/prensa/noticias-prensa/item/3922-conectar-igualdad-debe-ser-soberano#

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OVE y FOVEDE: Incidencia Política de Educación desde Venezuela

Venezuela

“Amar los espacios donde hay diferencias”

El Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE) es un colectivo nacional de maestros, maestras, investigadores, sindicatos, federaciones, universidades, ONG, entre otros, constituido por más de 65 organizaciones e instituciones a nivel nacional. Su conformación inició en el año 2019 y para enero del 2020 fue presentado formalmente, a través de una declaración abierta por el derecho a la educación pública, gratuita, científica, popular y de calidad en Venezuela.

Año de fundación: Enero 2020

Número de miembros: más de 65 organizaciones e instituciones

Actuación geográfica: nivel nacional.

Principales focos de trabajo:

FOVEDE es fundamentalmente un espacio de encuentro, que tiene como propósito generar diferentes debates constructivos de interés nacional sobre la educación, más allá de la dicotomía gobierno-oposición. De esta manera, se constituye como un foro abierto y de diálogo permanente, con el objetivo de encontrar consensos que permitan garantizar el acceso a la educación a toda la población.

Contactos:

Web: www.fovede2050.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/groups/844037862733110/

Instagram: fovede__educacion

Mail: fovede@gmail.com

Descarga el documento completo en: Ficha de Sistematización Incidencia política – Venezuela

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Docentes de Ecuador demandan la aplicación de ley educativa

Al gremio docente se sumaron organizaciones como la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador (FESE).

Maestros y personal docente de diversas de Ecuador se movilizan nuevamente este viernes para demandar la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y por el respeto a los derechos en el sector.

Cerca de 17 de las 24 provincias tienen previstas movilizaciones en distintos horarios del día, pues concluye el plazo de seis meses que dio la Corte Constitucional al Ejecutivo para que presente un informe del impacto presupuestario para la equiparación salarial.

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), precisó que su organización convocó a la marcha ante la falta de respuestas gubernamentales y de la Asamblea Nacional.

Entre las demandas de otros directivos del gremio está exigir que se cumpla lo establecido en la Carta Magna y la reforma de la LOEI en su disposición general del incremento en cinco puntos porcentuales en el presupuesto educativo.

Los docentes buscan sobre todo, justicia, pues el sueldo de los maestros ha estado congelado por años con el argumento de que no hay fondos para aumentarlo, al tiempo que se aprobó un alza para efectivos de la Policía Nacional.

Otras organizaciones como la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador (FESE) anunciaron que se sumarían a la convocatoria de los educadores.

“Los estudiantes en todo el país nos unimos a la Jornada de Movilización en defensa de la Educación, convocada por la UNE nacional”, subrayó la FESE en sus redes sociales. De igual forma, demandaron la inversión en el sector y el pago a los jubilados.

En agosto de 2021, un grupo de maestros protagonizó en varias provincias del país una huelga de hambre tras el retraso en la promulgación de la LOEI. El día 11 de ese mes, la Corte levantó la medida cautelar que impedía su aplicación, pero no dejó vigentes los artículos sobre la jubilación de los maestros y el incremento salarial hasta que no se resolvieran los vicios de inconstitucionalidad de la norma.

La Corte Constitucional suspendió estos dos artículos de la Ley y otorgó un plazo de seis meses para que la asamblea Nacional pueda rectificar los errores de la norma que fue publicada en el Registro Oficial el 19 de abril.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/docentes-ecuador-demandan-aplicacion-ley-educativa-20220211-0020.html

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Docentes se movilizan en Puerto Rico exigiendo justicia salarial

«Las trabajadoras en lucha marcan el ritmo de esa otra vida que buscamos construir: digna y plena”, precisó la Colectiva Feminista.

Durante la jornada, los manifestantes denunciaron que el sector de los bomberos no ha recibido un incremento de su salario en los últimos 12 años.

Organizaciones, gremios y movimientos puertorriqueños se movilizaron este miércoles para exigir justicia salarial y retiro digno para los maestros, luego que el gobernador Pedro R. Pierluisi negara la posibilidad de la protesta.

Por su parte, la Colectiva Feminista declaró que la manifestación fue convocada por las maestras, los distintos gremios, sindicatos, trabajadoras y pueblo indignado reclamando un retiro digno y un aumento salarial.

“Hoy marchamos porque con cada desprecio a las trabajadoras, con cada salario de miseria y con cada recorte en servicios esenciales, nos expulsan del país y lo vacían para que sea el paraíso de otros”, denunció la colectiva feminista.

A la movilización gremial se sumó la Gran Marcha de la Indignación los miembros del Negociado de Bomberos, policías y alguaciles que arribaron hasta la actual residencia oficial del gobernador de Puerto Rico, La Fortaleza.

“Mientras que el gobernador Pierluisi demuestra su enajenación ante los efectos que tienen las políticas de miseria de su gobierno y sus allegados, políticas que asfixian a las trabajadoras y que nos expulsan del archipiélago, las maestras y trabajadoras en lucha, en cambio, marcan el ritmo de esa otra vida que buscamos construir: una vida digna y plena”, remarcó la organización de mujeres, las cuales defienden que las mujeres constituyen 80.5 por ciento de los maestros del país.

Colectiva Feminista alertó que “las maestras, así como todas las trabajadoras que además de ejercer una profesión asumen las labores fundamentales de cuidados y mantenimiento de la vida, y que se asumen hoy y siempre confrontando a un estado que las piensa y trata como desechables, no están para aceptar las migajas temporales de un gobierno parasitario que les debe (nos debe) todo”.

Medios locales indicaron que las dirigentes de El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep), Mercedes Martínez y Migdalia Santiago, fueron recibidas este miércoles en la sede del gobernador pero este no estuvo presente.

Dichas plataformas también advierten que el sector de los bomberos no ha recibido un incremento de su salario en los últimos 12 años. Por otro lado a partir del 1 de julio, los docentes recibirán una bonificación de 1.000 dólares mensuales hasta 2024, aunque para el profesorado no representa una garantía a largo plazo.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-docentes-movilizan-exigiendo-justicia-salarial-20220209-0041.html

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Perú: SUTEP sostiene intensa lucha política y sindical desde el Congreso hasta las bases

América del Sur/Perú/08-10-2021/Autor(a) y Fuente: sutep.org

Nuestros dirigentes y nuestras bases trabajan esforzadamente por el reconocimiento pleno de los derechos del magisterio, la defensa de la educación pública, gratuita, universal y de calidad, y la unidad de los maestros, maestras y auxiliares.

Esta semana, en representación de nuestro glorioso sindicato, los compañeros Ronald García, Secretario de Defensa, y Eleodoro Huamán, Secretario de Asuntos Pedagógicos, continuaron la mesa de trabajo con la congresista Karol Paredes, secretaria de la Comisión de Educación del Congreso de la República, con el objetivo de impulsar la reactivación de los proyectos de ley que reconocen el pago de la deuda social sin judicializar y del 100 % de la CTS.

En el Congreso anterior ambos proyectos fueron aprobados, pero al no ser promulgados por el entonces presidente Francisco Sagasti, en clara muestra de indiferencia con las necesidades del magisterio, las iniciativas retornaron al Parlamento sin que este disponga su promulgación por insistencia, siendo enviados al archivo.

Frente a ello, el SUTEP ha continuado el trabajo político, requiriendo a la presidente del Congreso, María del Carmen Alva, retomar la gestión parlamentaria de ambos proyectos.

En ese sentido, esta semana nuestro Secretario General, compañero Lucio Castro, fue informado por la congresista Gladys Echaíz, de la bancada de Alianza Para el Progreso, que su grupo parlamentario ha solicitado formalmente a la presidencia del Legislativo el desarchivamiento de los proyectos que reivindican el trabajo de los maestros y maestras del país.

Oficio dirigido por la congresista Gladys Echaíz a nuestro Secretario General, Lucio Castro.

Se trata del Proyecto de Ley 06126/2020-CR, Ley que modifica el artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio – CTS, a razón de una remuneración íntegra mensual por año vigente al momento de su cese y por los años laborados.

Asimismo, del Proyecto de Ley 05158/2020-CR, Ley que autoriza el mecanismo para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, declarando de interés y prioritaria atención su financiamiento en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Paralización en Loreto

El magisterio loretano desarrolló una exitosa jornada de protesta.

En tanto, las maestras, maestros y auxiliares de educación nombrados, contratados, cesantes y jubilados del SUTE Loreto, iniciaron la semana con la paralización de labores, demandando al Gobierno Regional atención a las demandas del magisterio.

El lunes 4, desde muy temprano, se desarrollan movilizaciones en las ocho provincias del departamento amazónico, exigiendo la asignación de saldos presupuestales para el pago de la deuda social por preparación de clases y evaluación, así como la emisión de una ordenanza que autorice al Gobierno Regional de Loreto destinar no menos del 5 % de su Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, al pago la deuda social.

El justo reclamo del magisterio loretano tuvo respuesta del Consejo Regional, cuyos integrantes convocaron a nuestra dirigencia para el inicio de las sesiones de trabajo a fin de coordinar medidas que permitan amortizar el pago de la deuda social. De este modo,  encabezados por el compañero Eleazar Pezo, Secretario General del SUTEP Loreto, los representantes del magisterio se reunieron con el consejero delegado Javier Villacorta Nacimiento y la consejera regional Janet Reátegui Rivadeneyra.

Nuestra dirigencia del SUTEP Loreto se reunió con los integrantes del Consejo Regional.

Asimismo, el SUTEP Maynas, liderado por el compañero Sergio Ríos, desarrolló una reunión ampliada con los auxiliares de educación para informar sobre el proceso de nombramiento, conquista de nuestro glorioso sindicato tras 12 años de lucha, y en el cual se pide al Ministerio de Educación garantizar la transparencia, evitando la interferencia de actores políticos que buscan desvirtuar la meritocracia.

Reunión del SUTEP Maynas con los auxiliares de educación.

Acuerdos en el Callao

Del mismo modo, nuestra dirigencia del SUTEP Callao, encabezada por la compañera Miryam Quispe, sostuvo una reunión de trabajo con el gerente general del Gobierno Regional del primer puerto, el gerente regional de Educación y la directora de la UGEL Ventanilla, así como otros funcionarios a fin de adoptar acuerdos en beneficio de la comunidad magisterial.

Sesión de trabajo de los dirigentes del SUTEP Callao con las autoridades regionales de educación.

Entre ellos se aprobó que el CAFED entregará a la Dirección Regional de Educación las laptops que serán distribuidas entre los maestros de Educación Básica Regular, existiendo el compromiso de gestionar la dotación de equipos tecnológicos para docentes de Educación Básica Especial – EBE y Educación Básica Alternativa – EBA.

Se ha informado que en el presupuesto 2022 se está considerando la entrega de laptops para los maestros restantes y auxiliares de educación.

Otro acuerdo es que las laptops no retornarán al gobierno regional en el verano, considerando que los maestros desarrollan labores educativas para la programación del año lectivo, por lo que en diciembre se realizará un procedimiento de supervisión para constatar que los equipos entregados están en poder de los educadores y en condiciones óptimas de uso.

Asimismo, se acordó la entrega de 3,050 tablets a estudiantes de quinto año de secundaria, así como a los alumnos de inicial que aún no habían recibido los dispositivos.

Respecto a infraestructura, el SUTEP Callao ha demandado atención al mantenimiento y mejoramiento de los servicios básicos de las escuelas, compromiso asumido por las autoridades regionales, quienes también informaron sobre los avances en la tramitación de 306 expedientes para el pago de la deuda social con sentencia judicial, en tanto con recursos del CAFED se dispondrá el control oftalmológico de los maestros y maestras, a fin de contribuir al mejoramiento de su desempeño pedagógico en el sistema remoto.

Continúa la afiliación

Jornada de Afiliación del SUTE XVIII Sector.

Por otro lado, las bases del SUTEP continúan en el proceso de afiliación, tal como realizó esta semana el SUTE XVIII Sector, en defensa de la unidad del magisterio, labor que se repite en todo el país, bajo el liderazgo de los dirigentes distritales, provinciales y regionales.

El SUTEP es el sindicato mayoritario y representativo de la educación peruana y con el trabajo de afiliación se reafirma la legitimidad de nuestra organización, como interlocutor válido, siendo la voz de las maestras y maestros, nombrados y contratados, así como de los auxiliares de educación, activos, cesantes y jubilados.

¡Viva el trabajo de las bases del SUTEP!

¡Viva el magisterio peruano! 

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/sutep-sostiene-intensa-lucha-politica-y-sindical-desde-el-congreso-hasta-las-bases/

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Argentina: 27 estudiantes a juicio por defender la educación pública

Por: Izquierda Diario 

Este Jueves les 27 estudiantes de la universidad nacional de Córdoba impulsan una jornada nacional por su absolución. Son ellxs 27 les enjuiciades, la lucha en 2018 fue de miles de jovenes desde Jujuy hasta Río Negro. Te invitamos a conocer el caso y ser parte de esta gran campaña: defender la educación pública no es delito.

En Córdoba el Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja confirmó la elevación a juicio y un embargo -solicitado por el Fiscal General Maximiliano Hairdabedian- de $50.000 para les 27 estudiantes de la UNC, además de iniciar la apertura de una causa paralela contra la abogada y docente Leticia Celli. Les estudiantes están acusadxs de «usurpación por despojo» por la ocupación del Pabellón Argentina en 2018. La docente está procesada por defenderlos cómo abogada.

¿Cuál fue su delito? Ninguno. El juez Vaca Narvaja los va a llevar a juicio por ser parte del proceso de luchas que se dieron en 2018 en muchas universidades del país por el aumento del presupuesto educativo y los salarios docentes.
Hagamos memoria, hace 3 años estalló una gran lucha estudiantil por la mísera oferta del 15% en cuotas que el gobierno de Mauricio Macri les ofreció a les docentes universitarios. La unidad hizo la fuerza una vez más y a este reclamo se sumó la bronca contra el recorte del presupuesto universitario. Al menos 14 universidades nacionales: Cuyo, Comahue, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Rosario, Río Negro, Jujuy, Córdoba…(la lista sigue), fueron tomadas de forma pacífica por sus estudiantes. Las clases siguieron desarrollándose de forma pública, en plazas y calles para mostrar el reclamo, las asambleas para decidir entre todes se multiplicaron.

Hoy la justicia, que en todo el país demuestra que desprecia la educación pública, en Córdoba está atacando el legítimo derecho a la protesta. Con este caso quieren adoctrinar, usar el castigo como mensaje hacia todo el movimiento estudiantil. Es una causa tan escandalosa que no se ve algo así desde la última dictadura militar, no tiene precedentes en democracia. No solo los 27 estudiantes van a ir a juicio, sino que una docente que es abogada, está procesada ¡por salir en su defensa!

Por la absolución se pronunciaron ya muchos organismos de derechos humanos, además de Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, el juez Eugenio Zaffaroni y los consejos directivos y centros de estudiantes de varias facultades de la Universidad de Córdoba, el centro de estudiantes de la Facultad de Sociales UBA y el consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras UBA. Adhieren a la jornada de este jueves 13 de Mayo en la Ciudad de Córdoba: sindicato Luz y Fuerza, CISPREN, ADIUC, ATE, CTA además del CONICET, agrupaciones como FPDS, FOL, Patria Grande, FIT Unidad, Nuevo MAS, Marabunta entre otras. En CABA convoca a movilizar también el sindicato docente AGD UBA.
Docentes, consejeros estudiantiles de las carreras de la UBA se sumaron con su apoyo a esta campaña, así como las Secretarías de los centros de estudiantes. En asambleas como la de autoconvocadxs de la Facultad de Ciencias Sociales y en la asamblea interfacultades de la UNA se votó participar de la acción.

Hoy a las 19hs se va a realizar una audiencia pública desde el Congreso de la Nación convocada por el FITU donde participarán entre otros, les estudiantes enjuiciadxs, organizaciones sociales, diputadxs nacionales y legisladores de la izquierda y del Frente de Todos, en repudio a la criminalización de la protesta.
Este jueves 13 van a realizarse concentraciones en Córdoba (17 hs en Colón y Cañada) y Rosario. En CABA será a las 16 hs frente a la Casa de la Provincia de Córdoba, con todas las medidas sanitarias vamos queremos hacer visible este reclamo. Van a participar figuras como Nicolás Del Caño y llamamos desde acá a todas las organizaciones, a les estudiantes y docentes, a más figuras del ámbito político y cultural a participar a pronunciarse por la inmediata absolución de les 27 estudiantes y el desprocesamiento de la docente de la UNC.

DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA NO ES DELITO. SUMÁ TU APOYO.

Firmá y difundí el petitorio acá.

http://www.laizquierdadiario.com/27-estudiantes-a-juicio-por-defender-la-educacion-publica

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