Derecho a la Educación

Por: Jaume Carbonell

Las reformas educativas son necesarias para extender el derecho a la educación y promover diversas mejoras, pero hoy existe una saturación y quizás conviene aparcarlas temporalmente. ¿No sería más efectivo impulsar un programa de medidas de choque con carácter urgente?

No me atrevo a hacer ningún pronóstico sobre los resultados de esta segunda vuelta electoral donde se dirime el futuro político, social y educativo en la Unión Europea, en buena parte de las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. ¿Podrán estos resultados condicionar la política educativa ministerial? Sin duda alguna, pues los acuerdos pueden ser más o menos estables y girar decididamente hacia la izquierda, o bien más volátiles y virar, según los casos, tanto a la derecha como a la izquierda. En ambos escenarios parece, a juzgar por los compromisos previamente adquiridos, que la LOMCE, la reforma educativa más segregadora y conservadora de la democracia impulsada y aprobada casi exclusivamente por el Partido Popular, tenga los días contados. Aunque también existen dudas razonables acerca de su grado de liquidación y de la rapidez con que se produzca. Porque la política da muchos vuelcos y más de una sorpresa.

Supongamos que ya no hay LOMCE. ¿Se planteará una nueva ley de educación y se trabajará para lograr un gran pacto de Estado entre los distintos grupos políticos? Sobre el papel poca gente lo cuestiona pero, en la práctica, las diferencias se imponen a las coincidencias y no hay manera de tirarlo adelante. Basta recordar los esfuerzos infructuosos de algún gobierno para lograrlo. ¿Vamos a escribir de nuevo la crónica de un fracaso anunciado? Y algo aún más llamativo: salvo a los aparatos políticos y algunos núcleos muy sensibilizados y comprometidos de diversos colectivos socioeducativos, el grueso del profesorado y de la comunidad educativa milita, respecto a este asunto, en la pasividad e ignorancia pura y dura. ¿Quién se acuerda o se interesó en su día -y apenas ha transcurrido un año- de las comparecencias de numerosas personas vinculadas al sector de la enseñanza? Dinero y tiempo malgastado y sin retorno. Por otro lado, la comunidad educativa anda harta con tanta reforma ¿Cuántas van en apenas cuatro décadas de democracia? ¿Acaso en otros países, y más aún en los que disponen de sistemas educativos más inclusivos y exitosos, se suceden leyes con tanta frecuencia?

Más interrogantes. ¿Quiere ello decir que las reformas educativas no son necesarias e inclusivo imprescindibles? Sin duda alguna, sobre todo cuando se articulan debidamente los principios de equidad y calidad, extendiéndose la educación para todos y todas en los diversos niveles. Pero ahora no es el momento, porque existe demasiado cansancio, escepticismo, desafección y divorcio entre lo macro y lo micro: entre que se legisla desde arriba y lo que sucede cotidianamente en el piso de abajo, en la realidad de las aulas. Los responsables políticos y educativos tienen, al menos, dos misiones: trabajar para establecer un marco de acuerdos y trabajar aún más para que las decisiones sean conocidas, compartidas y tomadas por la comunidad educativa y el conjunto de la ciudadanía. Y ello requiere crear las condiciones adecuadas para recuperar la confianza y alumbrar consensos y complicidades. Es lo que marca la diferencia entre una democracia participativa que ejerce un seguimiento y control continuo sobre las actuaciones y decisiones de los gobernantes y una democracia formal que se limita a depositar un voto cada cuatro años para elegir a sus representantes.

¿Qué condiciones podrían crearse hoy para recuperar el deseo de participar en un proyecto de reforma educativa? Se me antoja que, en una primera fase, la comunidad educativa agradecería unas medidas de carácter urgente y de amplio consenso que contribuyeran a revertir los severos recursos aplicados a raíz de la crisis, con un presupuesto educativo que alcance el 5% del PIB. Pongamos que hablamos de la reducción de las ratios; de la ampliación de plantillas docentes y de otras figuras profesionales para atender la más amplia diversidad, el fracaso, el abandono escolar prematuro y otro tipo de problemáticas sociofamiliares; de la mayor dotación de becas; de evitar el cierre de unidades públicas, de no conceder más conciertos a la enseñanza y de suprimir los de aquellos centros que segregan por sexos; de la formación permanente del profesorado por parte de las administraciones; de diversos apoyos para la renovación pedagógica; de medidas contra la segregación escolar; de iniciativas experimentales para cambiar el método de acceso a la formación inicial y a la profesión -como ya se está haciendo en algunas comunidades-; de recursos y programas para combatir la violencia de género, promover la educación en valores democráticos y los Derechos Humanos o para la recuperación de la memoria histórica. Para esto no hay que esperar a una nueva reforma educativa, cuyo proceso y aplicación se dilata demasiado en el tiempo. Un gobierno progresista de coalición u otro con gobierno del PSOE en solitario -a la manera portuguesa- con un programa común de legislatura con Unidas Podemos y otras fuerzas minoritarias puede tirar adelante estas medidas: con valentía política y con recursos suficientes. El dinero, obviamente, no lo es todo pero, sin él, no existen milagros (esto sirve para las políticas educativas tanto del Ministerio de Educación como para las de las distintas consejerías de educación de las comunidades autónomas, cada una con sus propias singularidades).

La LOE, la ley anterior, podría seguir funcionando de manera transitoria hasta que se crearan las condiciones antes señaladas para emprender una nueva reforma educativa. Algo que requiere tiempo, debate profundo e implicación de los diversos actores educativos y sociales con objeto de conectar la sociedad con la educación y la comunidad educativa con la Administración. El Documento de bases para una nueva política educativa elaborado por el Foro de Sevilla y que cuenta con numerosos apoyos es un punto de partida para tener en cuenta, aunque no es suficiente.

Contiene temas que han de entrar en cualquier agenda del cambio educativo como el sentido y la apuesta prioritaria por la escuela pública y el lugar de la escuela privada; la laicidad de la enseñanza; la lucha contra la segregación y por la inclusión educativa; la profesión docente, o la función del currículo. Pero hay otras cuestiones que, por su complejidad, exigen un diagnóstico más en profundidad: las nuevas necesidades del desarrollo humano; el sentido del aprendizaje en una sociedad crecientemente compleja; el grado real de renovación pedagógica y de transformación democrática de los centros; o la educación a lo largo y ancho de toda la vida. Las reformas actuales son básicamente y contradictoriamente escolares, cuando la educación adquiere un progresivo protagonismo fuera de la institución escolar. De ahí la necesidad de vertebrar la educación con todos los ámbitos y recursos que afectan la socialización de la infancia y la juventud.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2019/05/08/malos-tiempos-para-leyes-y-pactos-educativos/