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Jamaica: Política de educación especial por ser aprobada en Gabinete

Centro América/Jamaica/18 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

El Ministro de Educación, Juventud e Información de Jamaica, Ruel Reid, dijo hoy que la Política de Educación Especial nacional se encuentra ya ante el Gabinete para su aprobación.
Tal iniciativa apunta a proporcionar un marco para satisfacer las necesidades de los estudiantes especiales en todo el país y tiene dos objetivos principales: garantizar la equidad y el acceso a las oportunidades educativas; y promover un sistema de educación inclusiva donde sea posible.

La política, elaborada por la Unidad de Educación Especial del ministerio complementará la Ley de Discapacidades, establece medidas para salvaguardar y mejorar el bienestar de las personas con discapacidades en Jamaica.

Asimismo busca proteger los derechos de los niños y jóvenes con discapacidades contra la discriminación en entornos educativos, y promueve el conocimiento del derecho de los estudiantes a una educación de calidad.

Por otra parte, se asegurará de que los estudiantes reciban las adaptaciones necesarias que necesitan en el entorno educativo.

Reid señaló que durante el último año académico el ministerio aumentó el apoyo para los estudiantes con necesidades especiales al proporcionarles cuidadores adicionales a través del Programa de Vivienda, Oportunidad, Producción y Empleo (HOPE), que beneficia hoy a más de 60 familias.

Este programa permite a los estudiantes con necesidades especiales permanecer en las escuelas de la comunidad y ser educados entre sus compañeros, mientras reciben el apoyo necesario para funcionar de manera efectiva en el entorno escolar.

Además habló del recientemente lanzado nuevo plan de estudios para alumnos con discapacidades intelectuales de moderadas a profundas en asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Según informó el titular, su ministerio está comprometido a proporcionar apoyo financiero y técnico para un nuevo programa en la Escuela de Educación en Terapia y en la crianza de niños con discapacidades múltiples (Centro STEP) en esta capital.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=220278&SEO=jamaica-politica-de-educacion-especial-por-ser-aprobada-en-gabinete
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Lo jurídico en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

¿Ha establecido el Estado salvaguardias adecuadas y efectivas para evitar que se cometan abusos cuando se apoya a las PcD., en el ejercicio de su capacidad jurídica?

JUAN KUJAWA HAIMOVICI

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las PcD..

Los Estados partes de la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las PcD. y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley.
El texto fue aprobado por la ONU el 13/12 2006 en las ONU, y quedaron abiertos a la firma el 30.03.2007. Venezuela la ratifica, tardíamente en 2013. En la actualidad no es pública su aplicación y seguimiento. La Convención lo “obliga” según lo señalado en el Artículo 33:
Aplicación y seguimiento nacionales:
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación pa
ra facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.
Y a nuestro juicio, la más importante:
3. La sociedad civil, y en particular las PcD y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente.
Al ratificar la Convención, Venezuela aceptó las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado, y debió adoptar la legislación adecuada para hacerlas cumplir. Por ejemplo la Ley para las PCd., aprobada en 2007 a la fecha no tiene Reglamentación, y la asamblea nacional constituyente solo promueve nuevos Capítulos en una eventual y próxima Constitución.
En su Artículo 4, la Convención Internacional, señala que los Estados Partes, se comprometen a:
Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
Y a tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las PcD:
¿Disfrutan las PcD. de su capacidad jurídica para actuar?
¿Hay excepciones a esta garantía legal que pudieran ser discriminatorias, por ejemplo, por motivos de discapacidad mental o de otra índole? (P.ej., las disposiciones podrían prever excepciones aplicables a las personas “en estado de alienación” o “que hayan perdido la razón”.)
¿Existe un mecanismo jurídico en virtud del cual las PcD., sean total o parcialmente privadas de su capacidad jurídica para actuar por razón de su discapacidad?
(P.ej., Un procedimiento jurídico por el que se designa a otra persona para representar a la PcD., y actuar en su nombre; tutela total o parcial.)
¿Permite la ley que las PcD., realicen actos jurídicos en igualdad de condiciones con los demás? (P.ej., contraer matrimonio; divorciarse; abrir cuentas bancarias; acceder a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero; votar; defender sus derechos ante los tribunales; testificar en procesos judiciales; poseer o heredar bienes; hacer testamentos; controlar su propio tratamiento médico.)
¿Cómo protege el Estado a las PcD., de las violaciones de su derecho a ejercer su capacidad jurídica?
¿Ha establecido el Estado salvaguardias adecuadas y efectivas para evitar que se cometan abusos cuando se apoya a las PcD., en el ejercicio de su capacidad jurídica?
¿Qué vías de recurso tienen a su disposición las PcD., si se les deniega su derecho a ejercer su capacidad jurídica? (P.ej., si un prestador de servicios se niega a aceptar como válida la expresión de voluntad de una persona; si en todas las circunstancias se exige a una PcD., el consentimiento de un familiar o tutor para poder acceder al tratamiento médico.)
¿Ha promulgado el Estado leyes, políticas y programas, en particular mecanismos legalmente reconocidos, para facilitar a las PcD., el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica?
¿Proporciona el Estado a las PcD., el apoyo necesario para participar directamente en las actuaciones judiciales y ejercer su capacidad jurídica para actuar, P.ej. facilitando el uso de la lengua de señas el sistema Braille o un lenguaje sencillo? ¿O sólo les permite participar a través de sus tutores legales?
Múltiples preguntas sin respuestas…
juankujawa@gmail.com
Fuente del articulo: http://www.eluniversal.com/el-universal/15153/lo-juridico-en-la-convencion-internacional
Fuente de la imagen: http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/la-convencion-de-naciones-unidas-sobre-los-derechos-de-las-personas-con
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Lengua de Señas y Formación Docente

Por Juan Kujawa

Las personas con discapacidad auditiva utilizan la lengua de señas, como su medio de expresión, comunicación y aprendizaje. Su modo de vida. Interactúan a través de ella.

Las personas sordas acceden a los distintos subsistemas educativos, incluyendo a la educación universitaria. No obstante no se conoce con precisión cuantos estudiantes con discapacidad auditiva han ingresado a las universidades en el país, por edad, sexo, en cuales carreras, tiempo de permanencia y egreso, entre otros datos.
El Ministerio de Educación Universitaria, MEU, recientemente propuso conjuntamente con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Conapdis, un Censo de estudiantes con Discapacidad, reconociendo ambas organizaciones que desconocen la realidad en este sentido, a pesar del Sistema Nacional de Ingreso, S.N.I. (OPSU) que le solicita al estudiante indicar, al inscribirse en el mismo, que tipo de discapacidad tiene. Por cierto El S.N.I. debe ofrecer los procedimientos de inscripción Online, de acuerdo a criterios de accesibilidad que no ofrece. (Audio para estudiantes con discapacidad visual).
Y se reconoce igualmente que las universidades no llevan a cabo ningún registro al respecto, aun cuando la inscripción es por mecanismos internos. Ni les solicitan la calificación y la certificación de la discapacidad por los organismos competentes, salvo mejor opinión.
Los planes de estudio de las universidades venezolanas no incluyen unidades curriculares acerca de la discapacidad. El Ministerio de Educación universitaria ofrece un solo 4 cursos (Los mismos desde hace años), de forma virtual, en el Sistema Nacional de Formación Permanente del Docente Universitario. No incluye particularmente el de Lengua de Señas Venezolana, en el caso que nos ocupa, muy importante.
Por otro lado la incorporación del intérprete de lengua de señas en las universidades para facilitar la inclusión y el aprendizaje de las personas sordas, (Lo cual es su derecho, y al no hacerlo se violan los mismos), no es política permanente de las universidades. Son considerados personal administrativo y contratados por períodos académicos.
El Consejo Nacional de Universidades, C.N.U., no ha considerado en su agenda este aspecto. La designación del 23 de septiembre como Día Internacional de la Lengua de Señas, es un paso significativo en la universalización de todas las comunidades para reconocer los objetivos establecidos en el artículo 21 (Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información) de la Convención Internacional sobre los Derechos de las PcD; que Venezuela suscribió en 2013; para cumplir con el objetivo universal de inclusión.
Pudiera (Debería) también el C.N.U. deliberar previamente acerca de la incorporación en la formación docente de un curso sobre Lengua de Señas Venezolano, para nuevos ingresos y ascensos de categoría de los docentes y el establecer una política pública que defina el rol de los interpretes de lengua de señas que trabajan actualmente en las universidades.
También es importante que el mismo estudiante con discapacidad auditiva exija ante las autoridades universitarias su derecho a disponer de un intérprete de lengua de señas. Su confianza en sus propias capacidades y acciones, es el impulso adicional y quizá el más importante y necesario, para su inclusión. Desde su propia condición – mismos derechos, incluyendo el acudir a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, si no son reconocidos sus derechos en este sentido y agotadas las posibilidades en un tiempo prudencial, y antes de comenzar las actividades académicas, ya que en contrario estaría en desventaja más si el docente no maneja la lengua de señas al menos en forma básica.
Establecer políticas públicas de forma permanente, para promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva y desde los organismos pertinentes, son necesarias para lograr tres (3) aspectos:
1. Que el estudiante con discapacidad auditiva logre su derecho a una educación inclusiva.
2. Que el intérprete de lengua de señas que presta sus servicios en las universidades obtenga un estatus y estabilidad acorde con su función
3. Y la incorporación de la Lengua de Señas Venezolana en los diseños curriculares de la formación docente de las universidades sea una realidad, para que el docente universitario sea igualmente copartícipe de la inclusión.

Son tres asuntos pendientes por falta de coordinación interinstitucional.

juankujawa@gmail.com
@juankujawa
Fuente: http://www.eluniversal.com/el-universal/10287/lengua-de-senas-y-formacion-docente
Imagen tomada de http://porelpais.com.ar/wp-content/uploads/2017/09/lenguaje-se%C3%B1as-760×460.jpg
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La ONU constata que España viola “sistemáticamente” el derecho a la educación de alumnos con discapacidad

Europa/España/31 Mayo 2018/Fuente: El diario la educación

Esta organización internacional alerta de que en nuestro país se desvía «a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general».

La ONU constata que España viola sistemáticamente el derecho a la educación de alumnos con discapacidad. “La segregación y exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, explican desde esta organización internacional en un comunicado.

Esta crítica se ha emitido dos horas después de que el ministro de Educación asegurase en el Congreso esta mañana, cuestionado por PSOE y Unidos Podemos, que en el sistema educativo español no existe segregación. “Nuestro sistema no segrega, el régimen de segregación es el del Apartheid de Sudáfrica”.

Entre las conclusiones que destacan los observadores de la ONU, alertan de que en nuestro país se han aprobado disposiciones legales “para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general”.

Además, advierten de la inexistencia de mecanismos independientes que detecten estos problemas. Esta falta de monitoreo provoca “que una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera”. “El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidad, que no encajan en las escuelas generales, les aboca a trayectorias paralelas en la vida escolar, en el empleo y más tarde en la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”, ha asegurado Theresia Degener, presidenta del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Investigación que se inició en 2014

Esta es una de las conclusiones a las que han llegado varios expertos de Naciones Unidas en un informe que han publicado este martes. La investigación comenzó tras una queja emitida el 2014 por una organización – no detallan cuál – de personas con diversidad funcional. El año pasado una delegación de este Comité visitó varias ciudades españoles y se entrevistas con más de 165 personas, entre ellas funcionarios representantes de asociaciones de afectados y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.

Uno de los participantes en esta investigación, Carlos Parra, ha criticado este modelo paralelo creado por las administraciones españolas. “Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera”, ha incidido.

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad considera que España vulnera la Convención que ratificó y que incluye el compromiso de garantizar que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita o obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad”.

Para evitar esta exclusión, este organismo de la ONU insta a España “a establecer un plan de acción nacional elaborado en consulta con las organizaciones representativas de personas con discapacidad”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/30/la-onu-constata-que-espana-viola-sistematicamente-el-derecho-a-la-educacion-de-alumnos-con-discapacidad/

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Las Organizaciones en A.L. y Discapacidad

Por JUAN KUJAWA HAIMOVICI

En América Latina, como lo señaláramos en el artículo anterior, existen organizaciones creadas por los Estados – países –gobiernos, con el objeto de garantizarles a las personas con discapacidad, sus derechos. Continuaremos con los siguientes países:

Costa Rica: Conapdis. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Cuba: Conaped. Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad.  Adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Salvador: Conaipd. Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Adscrito al Pleno del Consejo Presidencial.

Guatemala: Conadi. Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Entidad Autónoma.

Honduras: (SDHJGD). Secretaría de Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización.

Haití: Secretaría de Estado para la Integración de Personas con Discapacidad (SEIPH)

México: Conadis. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social.

Nicaragua: Consejo Nacional de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Adscrito al Ministerio de Salud.

Panamá: Senadis. Secretaría Nacional de Discapacidad. Adscrito a la Presidencia de la República.

República Dominicana: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Adscrito a la Presidencia de la República.

Estas estructuras, tienen características comunes, en su Organización, Misión y Visión, Valores, Principios, Metas, Programas, Proyectos, etc.

Se basan para el cumplimiento de sus actividades, en la propia legislación para Personas con Discapacidad y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las PcD,

Están adscritos a otros organismos nacionales, lo cual denota, en nuestra opinión, carencia de autonomía funcional y decisoria.

Sus presupuestos no reflejan necesariamente las necesidades de atención de las Pcd.

En mayor o menor grado promueven a las ONG de personas con discapacidad en sus planes, proyectos y programas, pero no en la toma de decisiones.

Denotan una mayor política asistencialista que de derechos y participación, por el alto componente político – partidista de sus gestiones.

Existen problemas comunes como la asistencia e inclusión laboral, educativa, social, asistencial, y recreativa, entre otras.

No hay políticas organizacionales coordinadas entre ellas, a pesar del Alba, Mercosur ó del Caricom.

No hay estadísticas actualizadas sobre cuantas personas con discapacidad hay en esos países, que permitan una adecuada planificación de políticas públicas en general.

Se confunde (Enfatiza) más la visibilización que la inclusión de las Pcd, en donde la segunda de ellas aun no alcanza un grado considerable en las sociedades de estos países.

Es poca la atención de las PcD en condición de pobreza, mendicidad, género, raza, discapacidad múltiple, tercera edad, etc.

No se observa la participación de personas con discapacidad dirigiendo dichos organismos y menos en los cuerpos ejecutivos y legislativos de estos países, salvo mejor opinión.

No se encontraron en los documentos y páginas Web consultadas, planes estratégicos a corto – mediano y largo plazo para la atención de las personas con discapacidad, incluyendo al Conapdis de Venezuela.

En este último y como caso excepcional, mucha propaganda e información política no vinculada a la problemática de la discapacidad. La filiación política como vinculo de sus actividades.

juankujawa@gmail.com

Fuente: http://www.eluniversal.com/el-universal/3913/organizaciones-al-discapacidad

Imagen de archivo OVE

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Canadá: Los sindicatos educativos de Quebec piden al gobierno más compromiso con los estudiantes con discapacidad

America del Norte/Canada/prensa IE

Los centros docentes de Quebec cuentan con más de un millón de estudiantes y los sindicatos educativos siguen recordando al gobierno provincial que necesitan cumplir su promesa de garantizar una educación de calidad para todos.

Apoyar a los alumnos discapacitados y con dificultades de adaptación y aprendizaje

Dos encuestas realizadas por la Central de sindicatos de Quebec (CSQ), una centrada en la población general y otra para miembros que participan en la red educativa, han demostrado que existe una gran preocupación por el problema de los estudiantes discapacitados y aquellos con dificultades de adaptación y aprendizaje (denominados alumnos con necesidades educativas especiales o NEE) y, en concreto, por la falta de acceso a los servicios que necesitan para salir adelante. La encuesta al público general reveló que el 83 de los encuestados creen que la inversión del gobierno para apoyar a los alumnos con NEE es insuficiente.

Por este motivo, la presidenta de la CSQ (Louise Chabot), la Presidenta de la Federación de Sindicatos Educativos (Josée Scalabrini), el Presidente de la Federación de Personal de apoyo escolar (Eric Pronovost) y la Presidenta de la Federación de profesionales del sector educativo de Quebec (Johanne Pomerleau) han solicitado de forma conjunta que el gobierno de Quebec tome medidas en educación.

«El pasado mes de junio, el ministro [de educación, ocio y deporte de Quebec, Sébastien] Proulx presentó su esperada Política para el éxito educativo», recordó Chabot, y añadió que «tener una filosofía es positivo, pero ya ha llegado el momento de actuar».

Además, indicó que más del 88% del personal educativo ha manifestado ser testigo de la falta de apoyo a los estudiantes con dificultades a diario, y un 86,5 por ciento afirmó que los alumnos de su colegio o centro escolar siguen esperando los servicios profesionales o de apoyo que les corresponden.

Aumentar la inversión del gobierno en servicios de apoyo a los estudiantes

Todos los portavoces de la red de centros escolares de la CSQ denunciaron «el superávit indecente acumulado por el gobierno en detrimento de los servicios públicos». Destacaron también que el índice de crecimiento del gasto en educación es inferior a lo que cuesta el sistema y que las cantidades acumuladas se invertirían mucho mejor si se destinaran a servicios de apoyo para los estudiantes».

«Existe un superávit inmenso por una parte y, por la otra, miles de estudiantes con NEE que no tienen acceso a servicios. Me parece que la solución a este problema es sencilla: hay que reinvertir de forma masiva en educación. El gobierno tiene que cumplir con lo prometido», declaró Chabot.

Para obtener más información, haga clic aquí.

Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/15343/canad%C3%A1-los-sindicatos-educativos-de-quebec-piden-al-gobierno-m%C3%A1s-compromiso-con-los-estudiantes-con-discapacidad

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España: El 72% de jóvenes con discapacidad creen que su situación les perjudica a la hora de encontrar un empleo

España/Agosto de 2017/Fuente: Cuatro

El 72% de jóvenes con discapacidad considera que su situación le perjudicará a la hora de encontrar empleo, según se extrae del informe ‘Millenials con Discapacidad, motor de futuro’ de la Fundación Adecco y JYSK, y que recoge una encuesta realizada a 500 personas de entre 18 y 35 años con discapacidad.
El estudio estima que en España hay 9.477 jóvenes (hasta 25 años) con discapacidad inscritos como demandantes de empleo. Se trata, sobre todo, de hombres (64%) que en un 41% de los casos tienen algún tipo de discapacidad física y de los cuales el 61,4% reside en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Del total de jóvenes discapacitados, el 35% es desempleado de larga duración, es decir, lleva más de un año buscando empleo sin éxito.
A pesar de esto, un 90 por ciento de ellos cree, en realidad, que su discapacidad le refuerza en valores como el esfuerzo, la constancia o la tolerancia a la frustración. Según el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, «la discapacidad conlleva la convivencia con el sacrificio y no es extraño que los jóvenes se vean reforzados en dichas competencias».
Sin embargo, seis de cada diez cree que tardará más de un año en encontrar una ocupación frente a los jóvenes sin discapacidad de los cuales sólo el 2% piensa que se demorará más de 12 meses.
Así, según se extrae del estudio, la carencia formativa es una de las principales causas de desempleo pues el porcentaje de menores de 25 años con discapacidad en desempleo que no ha superado la ESO es del 64,3%. En este sentido, sólo el 8,2% de los jóvenes con discapacidad desempleados cuentan con estudios universitarios, casi la mitad que el resto de los jóvenes (17,2%).
Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down y embajador de la Fundación Adecco afirma que es necesario un modelo de educación inclusiva que reduzca la brecha formativa. «Desde mi punto de vista, el valor de la educación inclusiva es precisamente buscar la equidad, analizar las necesidades de cada persona y ofrecerle alternativas que respondan a las mismas» destaca.
«De este modo, las personas con discapacidad podríamos alcanzar la plenitud educativa haciendo una FP, con un certificado de profesionalidad o mediante otras fórmulas intermedias que no nos conduzcan a tocar nuestro techo formativo a los 18 años», añade Pineda.
Entre los jóvenes con discapacidad que encuentran empleo, el informe de mercado de Trabajo de las personas con discapacidad, del SEPE, revela que el 20,2% encuentra trabajo como peón de industria manufacturera, seguidos de un 19,6% que lo hace como personal de limpieza en oficinas y hoteles y un 12,6% que lo hace como camarero.
«Para mí el reto sería que, en unos años, podamos ver a las personas con discapacidad trabajando en bancos, bufetes de abogados y liderando equipos de trabajo», afirma Pineda.
Para ello, afirma que «es necesario un salto cualitativo» que elimine la sobre protección de las familias y que las Administraciones Públicas y empresas «abanderen un cambio de mentalidad que apueste por procesos de selección ciegos, donde lo único que importe sean las competencias de las personas».
Fuente: http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/jovenes-discapacidad-situacion-perjudica-encontrar_0_2412900527.html
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