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Aspiración e incertidumbre. El Plan de Estudios de Educación Básica 2022

Por: Juan Carlos Silas Casillas, ITESO/Luis Medina Gual, Ibero CDMX 


El Nuevo Marco Curricular 2022 se ha conversado (a veces discutido) en este medio y algunos otros con mayor o menor detalle. Se han ponderado sus alcances, intenciones, qué tan factible es su puesta en marcha, así como los elementos que podrían influir en su nivel de éxito o fracaso en la formación de las nuevas generaciones. El punto de acuerdo parece ser que se trata de una propuesta interesante e inspiradora, que va en sintonía con el discurso de la administración 2018-2024 que resalta el derecho a la educación vinculado a los derechos humanos en su conjunto; también destaca la dignidad humana y la vida colectiva como los factores centrales.

Destaca el papel fundamental del reconocimiento y respeto a toda diversidad y propone lograr la mejora de la comunidad en sintonía con el respeto a todo tipo de formas de vida. Por otra parte, asume que las escuelas y el sistema educativo nacional están llamados a dirigir la acción para alcanzar la emancipación de los estudiantes y su compromiso con la comunidad. Justo en este punto comienzan las tensiones en la manera de comprender e interpretar el marco curricular ya que se reconoce a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos capaces de ejercer sus derechos educativos y humanos en tanto se articulen con las visiones pautadas por el sistema educativo. Se resalta el papel de la escuela como el espacio en que se articula la unidad nacional desde la diversidad, así como el lugar en que dialogan los saberes e identidades. Se habla de que lo común permitirá que los sujetos “construyan escuelas en donde el autogobierno permita el despliegue más libre de sus acciones y del actuar común, dentro de los límites de las reglas de justicia que la sociedad se impone a sí misma” (SEP, 2022, p.14). Esta frase da para mucha discusión y aunque inspira, lleva a comprensiones múltiples e inevitables equívocos (en el sentido etimológico de la palabra). Se propone la actuación de todos bajo lo pautado conceptualmente por el Estado que propone una decolonialidad, emancipadora, promotora de la autonomía, bajo la óptica “oficial”. Este asunto será un elemento de tensión en cada escuela y comunidad.

El Marco curricular retrata un futuro armónico, con imágenes de responsabilidad y respeto mutuo, al que es difícil saber cómo llegar. El texto tiene un aura nacionalista que parece relacionarse con la retórica de la mitad del siglo 20 que, sin embargo, tiene notas de actualización en términos tanto de valoración de las prácticas locales como de vínculos con otras culturas en condiciones de igualdad y subsidiariedad.

Otra actualización de agradecerse es incluir en la argumentación, y esperablemente en la práctica, reflexiones en torno a lo que dejó la pandemia. Es un bosquejo de diagnóstico que apunta a rescatar la trascendencia de las interacciones formativas entre estudiantes, docentes, familia, personal escolar y comunidad. Señalan algunas maneras en que el confinamiento influyó en los aprendizajes no planeados y cómo se puede realizar un vínculo entre la vida cotidiana en comunidad y los aprendizajes escolares. En síntesis, plantean reconocer la vida social de la escuela, replantear el papel instrumental de los planes y programas para resolver asuntos relevantes, reconocer a las/os docentes, reforzar el vínculo con las familias y redimensionar el papel de las tecnologías, entre otras intenciones.

La versión más reciente ya no dedica tantas páginas a su crítica al corte neoliberal de los esquemas formativos anteriores, aunque sigue presente el reclamo por haber fomentado el individualismo y la obcecación por la evaluación competitiva para los alumnos y punitiva para los profesores. Refiere cómo los organismos internacionales han “colonizado” al sistema educativo mexicano y lo ha apartado de su función comunitaria, por lo que es importante ir hacia lo común y el compromiso de corresponsabilidad y coparticipación.

Se dedica mucho espacio a resaltar el papel que desempeñan maestras y maestros no sólo en términos de la promoción de aprendizajes sino también en la construcción de ciudadanía y dinamizadores de la comunidad desde la escuela. La propuesta implica otra antigua aspiración que, sin embargo, cuesta trabajo asir bien, como es la autonomía curricular; especialmente ante la presencia de lineamientos centralmente establecidos.

La parte central se integra por varios elementos entre los que se destacan la comunidad (y sus saberes) como el núcleo de los procesos educativos, la comprensión del aprendizaje como un hecho histórico y contextual, así como el diálogo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la comunidad. Es decir que ya no es el estudiante el único foco de la educación, también lo es la comunidad en que se ubica la escuela. Haciendo un juego de palabras con frases usadas por la propia Secretaría de Educación, es evidente que “La Escuela es Nuestra” y ya no es sólo está “La escuela al centro”, aunque habrá que pasar de lo dicho a los hechos.

Parece haber un énfasis importante en vincular las actividades escolares con la vida en la comunidad y tener al estudiante (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) y a los profesores y profesoras como los actores centrales en ese diálogo. Aquí hay que aclarar un malentendido ya que algunos colegas académicos han dicho que lo que se privilegia son los saberes locales en contra de las convenciones científicas, lo que no es correcto; se propone usar lo comunitario para vincular los conocimientos (y supuestos) locales con los hegemónicos y que funcionen como una especie de “pivote” para reflexiones situadas. Al igual que el punto previo, será importante pasar de una idea interesante a una práctica productiva. En este sentido, los saberes locales o comunitarios se plantean como puntos de partida, más no necesariamente de llegada.

En este sentido, se busca posicionar al estudiante frente al presente de su comunidad, un presente resultado del pasado y de la manera en que las dinámicas sociales actuaron (y actúan) en generar lo que caracteriza a su comunidad: injusticia, inequidad, etc. Para ello cada colectivo de estudiantes debe consultar (esperablemente de manera crítica) todas las fuentes posibles que le permitan comprender, para después proponer soluciones. La comunidad será el eje articulador de los procesos educativos y coherente con lo anterior, el documento llega a plantear que la comunidad es también escuela. Busca encontrar lo común desde la diversidad y comprender al mismo tiempo al presente como resultante del pasado, a su vez con vista a un futuro común en mejores condiciones, algo realmente encomiable, aunque francamente difícil de hacer operativo (por lo menos en el corto plazo).

Un elemento que llama al optimismo es emplear la educación como promotora de justicia social, articuladora de prácticas democráticas y generadora de pensamiento crítico y a la escuela como el punto de confluencia de los diversos. La idea de pasar de formadores de “recursos humanos” a “comunidad fortalecida” es muy atractiva, el asunto central es ¿cómo se logra eso?

Este modelo centrado en lo comunitario y con discentes y docentes como articuladores o dinamizadores del cambio comunitario se presta a múltiples interpretaciones. Será necesaria la participación de académicos y miembros de la comunidad para reflexionar en la práctica lo que se debe entender como diálogo escuela-comunidad. Por otro lado, un aspecto central, dado su carácter articulador, es el de la definición de comunidad ¿qué es comunidad? ¿quiénes la integran? ¿cómo se dinamiza? ¿cómo reconozco una cuando la veo? Esto sale a colación porque los ejemplos que mayormente ilustran el trabajo en comunidad, parecen aludir a localidades rurales o semirurales, que son muy importantes, indudablemente, pero no son el único tipo. En este México del siglo 21 tenemos urbes muy complejas que no corresponden a los ejemplos y que seguramente presentarán muchas maneras diferentes de atenderse y desarrollarse. Aquí también será importante reflexionar acerca de cómo se puede entender a la comunidad e incluso desarrollar metodologías concretas en su análisis y propuestas de incidencia. Disculpando el comercial, las universidades e instituciones cercanas al Sistema Universitario Jesuita llevan muchos años reflexionando y proponiendo en esta materia y seguramente tendrán aportaciones importantes.

Por último, es trascendente señalar dos temas torales: la actuación de los docentes y el papel de la evaluación. Con relación a los docentes, hay tres elementos importantes: 1) Se habla mucho de la justa revaloración de los docentes, que ahora estarán asumiendo un papel clave en la transformación social. Su papel ahora se parece mucho a aquellas vasconcelianas misiones culturales y al trabajo para el que se preparaban los docentes de las normales rurales para incidir en la comunidad. Es decir, se les está revalorando al mismo tiempo que se les asigna un muy serio paquete. 2) Se propone mucho la idea de la libertad docente y autonomía curricular, mismas que requerirán tiento y diálogo. Y 3) El esquema de trabajo propuesto requiere de mucho diálogo en el colectivo docente y de un tipo de profesor diferente al que tenemos hoy. Deberá tener otras habilidades, saber cómo vincularse con la comunidad, proponer diálogos de saberes, elegir las formas de llevar a cabo los diálogos, las evaluaciones de lo que dominan los estudiantes como de la situación comunitaria. Y aquí está una de las previsibles futuras tensiones y hasta fuente de conflicto, las escuelas normales no están formando, al menos no completamente, para este tipo de docentes-dinamizadores comunitarios. La USICAMM, es decir, el sistema para la carrera de las maestras y los maestros parece tener otro esquema de valorar la formación y el trabajo docente. Sería interesante ver cómo se incluye el elemento de dinamización comunitaria y del trabajo conjunto de la escuela y la localidad o barrio, en la valoración de los profesores.

Las evaluaciones son “la papa caliente” del marco curricular y merecen una reflexión más serena. Aquí aventuramos dos cosas: 1) Todos sabemos que la evaluación, en la práctica, es el elemento articulador del currículo. Los profesores regularmente carecen de tiempo para planear y desarrollar evaluaciones y suelen necesitar de manera urgente un examen fácil de calificar (como si examen fuera sinónimo de evaluación). La falta de tiempo y otros factores que enfrentan los profesores hacen común ese problema. 2) El Nuevo Marco Curricular pide documentar el proceso de aprendizaje de los alumnos y ya no una evaluación… menos aún una estandarizada de gran escala. Adicionalmente, contar con evaluaciones diagnósticas simultáneamente individuales y colegiadas, que se vinculen con la sistematización de información, que se constituyan en una brújula que oriente el trabajo formativo, etc. son una larga aspiración que, sin embargo, va en ruta de colisión con el uso de estándares nacionales, calificaciones y desempeño de los estudiantes centrado en la nota, como ha sido la práctica usual por décadas. Es un cambio de enfoque, un cambio de cultura, que tendrá tensiones y polarización. Será importante un gran diálogo académico para desarrollar junto con autoridades e instituciones educativas, una mecánica sensata para la documentación, sistematización y análisis de los aprendizajes de los estudiantes, así como su vínculo con la comunidad.

En síntesis, es realmente difícil estar en desacuerdo con lo planteado por el marco curricular y el plan de estudios 2022, el problema es ¿cómo se logra? ¿cuál es el camino?  Es esperable que, como dice el poema, tendremos que hacerlo al andar.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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TODES LIBRES. Queremos vidas plenas y felices

Por: Tercera Información

Manifiesto ALEAS-IU Red de Activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida con motivo del Orgullo 2022.

Martes, 28 de junio 2022.

Libertad es no depender de la voluntad de otro. Libertad es vivir libre de sometimiento y discriminación. Libertad es un ejercicio colectivo contra la explotación y la dominación. Libertad es autodeterminación.

Para caminar libres y en igualdad nos organizamos y reconocemos el trabajo de tantas y tantas personas que nos han precedido, activistas y militantes. Sabemos que vuestras conquistas, de las que dependen nuestra libertad e igualdad, no son irreversibles. Han pasado 53 años de la revuelta de Stonewall, 45 años desde la primera manifestación de personas LGTBIQA+ en España, 44 desde que se dejó de criminalizar la homosexualidad en nuestro país, 17 desde que existe el matrimonio igualitario. Los derechos se conquistan, y si no se cuidan y se ensanchan, se ponen en peligro.

Creemos que la mejor manera de avanzar en nuestros derechos es con una férrea alianza social y política que defienda los derechos sociales, económicos, laborales, educativos, sanitarios y culturales de trabajadores y trabajadoras. Nuestras identidades han sido históricamente portadoras de desigualdades materiales, sociales y culturales. La orientación sexual e identidad o expresión de género de las personas LGTBIQA+ ha sido causa de discriminación y exclusión, y lo sigue siendo. Frente a ello, una alianza de clase, feminista, ecologista y republicana es nuestra opción.

Somos conscientes de haber crecido y avanzado con esta alianza y saludamos cada logro que nuestra lucha, la de las personas LGTBIQA+, ha conquistado. El último de ellos, demandado durante décadas por Izquierda Unida, ha sido la aprobación del Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

También creemos que debemos comprometernos a llegar más allá. Hoy, reconociendo todo lo logrado para que este junio sea también de alegría, estos son nuestros compromisos:

  • Los derechos de las personas menores trans, las personas no binarias, las personas migrantes deben ser reales y efectivos. Tan reales como ellos, ellas y elles son y tan efectivos como la ciudadanía de pleno derecho que no se les reconoce. Nuestro esfuerzo estará en un proceso colectivo que durante el trámite parlamentario no les deje atrás, entonces, sí celebraremos.
  • Trabajamos cada día fuera de las grandes manifestaciones y ciudades. Orgullo el de nuestros pueblos, para que todos sean seguros. Trabajar hasta el último rincón de la España más rural para que nuestro orgullo sea más grande.
  • Sí, aún tenemos miedo. Tenemos miedo a la discriminación, al abandono, al auge de la extrema derecha y el populismo liberal que nos señala para que otros nos disparen. Tenemos el deber de crear espacios seguros para protegernos, enfrentarles y avanzar. Hasta ganar una vida libre y digna para todas, todos, todes. Nos cuidan nuestres amigues.
  • Somos las personas LGTBIQA+ quienes debemos tener voz para garantizar nuestros derechos; como militantes de Izquierda Unida nos comprometemos a que cada uno de nuestros pasos sea dado con una alianza social. Que sea de verdad que nadie se quede atrás.
  • Es difícil tejer alianzas desde el privilegio. Queremos aquí, caminando a nuestro lado a todas las personas migrantes, racializadas, LGTBIQA+ a quienes otros ocultan y agreden. Nuestra alianza es antirracista.

Miramos adelante unidas, unidos, unides. Nuestra alegría es nuestra trinchera. Rebeldes y en lucha. Queremos vidas plenas y felices. Nos queremos TODES LIBRES.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/28/06/2022/todes-libres-queremos-vidas-plenas-y-felices/

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Documentan represión del gobierno de Lasso al Paro Nacional en Ecuador

Por: Amnistía Internacional

La represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso hacia las manifestaciones convocadas, en el marco de un paro nacional, por organizaciones indígenas, gremiales y sociales desde el 13 de junio de 2022 está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019. Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los Pueblos Indígenas y personas en situación de pobreza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos – como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil – en el contexto de la represión de las manifestaciones por las autoridades. Otras organizaciones de derechos humanos han alertado también sobre la existencia de casos de malos tratos y criminalización. A su vez, la Policía Nacional ha reportado incidentes de violencia por parte de manifestantes.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Durante la represión de las protestas de octubre de 2019, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad.

De acuerdo con información pública, entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio, al menos 16 personas resultaron heridas, incluyendo impactos en cráneo y ojos, durante la represión de una manifestación por agentes de la Policía Nacional en Riobamba. Se reporta que dos de las víctimas sufrieron heridas de perdigones.

El 19 de junio a las 2:17 p.m., el Comandante General de la Policía Nacional afirmó que iniciaría una investigación de asuntos internos y negó tanto que sus agentes utilizaran perdigones, como que hubieran disparado contra las víctimas.

Personas defensoras de derechos humanos y líderes Indígenas también han denunciado haber sufrido hostigamiento y ataques al realizar su labor en el contexto de las protestas.

El 18 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que individuos no identificados habían disparado contra la ventana del vehículo de su presidente, Leónidas Iza, mientras se encontraba vacío. Dos horas más tarde, el Ministerio de Gobierno informó que solicitaría la investigación correspondiente y que no toleraba actos de violencia “con mayor razón si los actos ocurren contra quienes nos critican, justificadamente o no”. La CONAIE ya había denunciado vigilancia y hostigamiento por personas no identificadas.

El 19 de junio a las 6:34 p.m., la CONAIE difundió un video donde aparecen dos camiones militares con agentes de seguridad presuntamente estacionándose en las inmediaciones de la sede de la organización en la ciudad de Quito.

La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador denunciaron haber sufrido ataques a sus sitios web a través de bots que buscaban sobrecargar sus servidores el 13, 14 y 18 de junio, respectivamente.

“Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas.

Ante la preocupante cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, la Fiscal General del Estado debe realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales para llevar a los sospechosos de responsabilidad penal ante la justicia, incluyendo a la cadena de mando.

Más información:

El 14 de junio, hacia las 12:29 a.m., fuerzas de seguridad detuvieron a Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, en la provincia de Cotopaxi. Estuvo detenido en régimen de incomunicación y fue acusado del delito de “paralización de un servicio público”, antes de ser puesto en libertad esa noche. Su detención podría haber sido arbitraria y los procedimientos penales que se siguen contra él podrían constituir criminalización de la protesta.

El 17 de junio, el presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo Nº 455, que declaró “el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura”, suspendiendo la libertad de asociación, reunión y tránsito durante treinta días. El decreto estableció al Distrito Metropolitano de Quito como “Zona de Seguridad” a cargo de las Fuerzas Armadas, a quienes también ordenó “mantener el orden” en el contexto de las protestas de manera “complementaria” a las acciones de la Policía Nacional.

Pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Una versión previa del decreto, que contenía la firma del presidente, incluía disposiciones preocupantes que autorizaban el uso de “fuerza letal” (Artículo 11) por las fuerzas de seguridad y la limitación del derecho a la información (Artículo 9), suspendiendo “servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet” y restringiendo la difusión de “información clasificada, reservada o de circulación restringida a través de los medios de comunicación social, redes sociales y contenido comunicacional”. Posteriormente, la Presidencia argumentó que se trataba sólo de un “borrador” y emitió una nueva versión sin esas disposiciones.

El 18 de junio, a pesar de que el estado de excepción suspendió la libertad de asociación y reunión, la Presidencia emitió el Boletín Oficial 561, titulado “La capital de los ecuatorianos marcha por la Paz”, para promover una marcha de “cientos de quiteños y quiteñas (…) preocupados por la situación del país y los actos de violencia y vandalismo”. El boletín incluía el mensaje “El Gobierno Nacional respalda esta iniciativa y se suma a esta causa”. Tanto la página oficial que albergaba el boletín, como el tweet que lo promovía, fueron eliminados posteriormente. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado durante esa marcha, muestra a un grupo de personas cantando mensajes racistas contra la población indígena.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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Panamá: Se duplica el número de menores migrantes que cruzan la selva del Darién

La cantidad de niños, niñas y adolescentes que cruzaron el Tapón del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, se duplicó hasta alcanzar más de 5.000 desde el inicio de 2022, alertó este viernes Unicef.

De acuerdo con estos dígitos, 1 de cada 5 de los más de 32.000 migrantes en tránsito que cruzaron la ruta del Darién en los primeros 5 meses de 2022, frente a los 16.000 que lo hicieron durante el mismo periodo de 2021, son niños, niñas y adolescentes.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/se-duplica-el-numero-de-menores-migrantes-que-cruzan-la-selva-del-darien/20000013-4833965

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UNICEF denuncia que el uso de armas explosivas en Ucrania está matando y mutilando a niños

 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este martes que el uso de armas explosivas en Ucrania está matando y mutilando a niños e impidiéndoles regresar «a cualquier tipo de vida normal». Según las últimas cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), desde el inicio de la guerra un total de 277 niños han muerto y otros 456 han resultado heridos, en su mayoría debido al uso de explosivos en zonas urbanas edificadas.

Fuente de la información e imagen: https://www.europapress.es

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La violencia talibana contra las mujeres

Por: Víctor Arrogante

No digo que sea un tema que no preocupe, pero no parece que esté de actualidad denunciar la violencia que sufren las mujeres en Afganistán, como consecuencia de las políticas que siguen realizando los talibanes en el poder contra los derechos humanos.

Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, aseguraron que todas las mujeres gozarían de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y social. Nada están cumpliendo, no son de fiar. Parece que el desacuerdo en el seno talibán es una realidad y una de las consecuencias es la intensificación de la represión.

Las autoridades afganas advierten a las mujeres que, de no obedecer, castigarán a los hombres de sus familias. La Misión de la ONU señala que la medida contradice las declaraciones de los talibanes garantizando el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de todos los afganos. De hecho, los talibanes ordenan a las mujeres cubrirse y no salir de casa.

Tras la caída de la República afgana y la instauración del nuevo Emirato Islámico, los talibanes se hicieron famosos internacionalmente por su sexismo y violencia contra las mujeres y su trato en Afganistán. Su motivo declarado fue crear un ambiente donde la castidad y la dignidad de las mujeres puedan ser sacrosantas.

Las mujeres afganas se vieron obligadas a usar el burka en público, porque, el rostro de una mujer es una fuente de corrupción para los hombres que no están relacionados con ellas. En una segregación sistemática, a las mujeres no se les permitía trabajar, no se les permite ser educadas después de los ocho años, y solo se les permite estudiar el Corán.

Ahora, según información de la prensa en la zona, sobre la nueva normativa, las mujeres deberán usar burkas que las cubran desde la cabeza hasta los pies, mostrando sólo los ojos, como tuvieron que hacerlo en el periodo en que los talibanes gobernaron el país, entre 1996 a 2001. El nuevo atropello contra las mujeres se suma al de no permitir que las niñas asistan a la escuela secundaria, en vigor desde septiembre pasado, poco después de que los talibanes tomaran el control del país.

En este mandato, también se prohíbe que las maestras regresaran a sus trabajos. Inmediatamente después de la ofensiva talibana de 2021, todas las universidades se segregaron por sexo. Durante la ofensiva de agosto, los talibanes aconsejaron a las mujeres que se quedaran en casa porque sus soldados no estaban capacitados para respetar a las mujeres.

En mayo de 2022, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio publicó un decreto que obliga a todas las mujeres de Afganistán a cubrirse todo el cuerpo cuando estén en público (ya sea un burka o una abaya combinada con un niqab, que deja solo los ojos descubiertos). El decreto decía que se tomarían medidas de cumplimiento, incluidas multas, prisión o despido de puestos públicos, en contra los tutores masculinos que no se aseguran de que sus parientes cumplan con la ley.

Esas medidas recibieron una amplia condena en todo el mundo, exigiendo que siguieran estándares internacionales para establecer relaciones positivas en el plano global. La Misión de la ONU informa de que solicitará reuniones de inmediato con las autoridades de facto talibanes para buscar aclaraciones sobre la decisión actual. Llevará a cabo consultas con miembros de la comunidad internacional para determinar las implicaciones que pudieran resultar. Desde que los talibanes tomaron el poder, los donantes recortaron la asistencia al desarrollo e impusieron sanciones al sistema bancario del país, colocando la economía afgana en situación de colapso.

La legislación destinada a poner a las mujeres afganas siempre bajo tutela masculina es un triunfo de las redes Haqqani y del ala militar sobre la llamada facción ‘realista’. Sobre el terreno, la oposición armada ha llevado a cabo sus primeras operaciones en los valles de Andarab y Panchir, donde el Frente Nacional de Resistencia, el movimiento dirigido por Ahmad Massoud, habría matado a 16 talibanes

Es la consagración de la rama más dura, más ideológica y más guerrera de los talibanes. El líder religioso, Haibatullah Akhundzadeh, el guía supremo, que no se ha mostrado desde hace dos años, tuvo que elegir entre varias líneas. Pero el 7 de mayo decidió validar el decreto que impone el uso del chadri (o burka) a las mujeres afganas, con sanciones para los jefes de familia que no hagan cumplir la nueva normativa. Estos retrocesos recuerdan los peores momentos del anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, cuando a las mujeres afganas ni siquiera se les permitía ir a los hospitales por la ausencia de mujeres médicas.

La facción más radical del movimiento, triunfa en detrimento de los llamados talibanes históricos, cuya figura dominante, Amir Khan Mutaki, ministro de Asuntos Exteriores, podría haberse opuesto al decreto sobre el burka. Por primera vez desde la vuelta al poder de los talibanes el 15 de agosto, aparecen desacuerdos entre las dos facciones principales a plena luz del día.

Lo que les separa no son tanto las diferencias ideológicas –todos los talibanes están de acuerdo, en general, en poner a las mujeres afganas bajo tutela masculina– como la actitud a tomar frente a la comunidad internacional. Para la llamada rama realista, es necesario tener esto en cuenta para beneficiarse de un flujo financiero en un momento en que Afganistán se hunde en una crisis económica sin precedentes. Para los ultras, no es cuestión de ceder a ninguna presión o negociación. Poco después de la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de proporcionar ayuda a la población damnificada, se adoptaron algunas medidas coercitivas.

Los grupos de derechos, incluida la Misión de las Naciones Unidas en Afganistán, criticaron duramente la decisión. Se espera que la decisión afecte negativamente las posibilidades de reconocimiento internacional del Emirato Islámico.

Las mujeres no deben aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin burka. Las mujeres no deben usar zapatos de tacón alto ya que ningún hombre debe escuchar los pasos de una mujer para no excitarlo. Las mujeres no deben hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer.

La situación actual parecía que había cambiado desde el 15 de agosto de 2021, cuando las mujeres podían seguir trabajando sólo en sectores privados. Las médicas, las enfermeras y las profesoras también podían seguir trabajando en el sector público y privado. Las abogadas y las juezas no pueden trabajar. En los últimos seis meses, los talibanes han discriminado sistemáticamente a las mujeres y las niñas introduciendo políticas que han restringido gravemente la libertad de circulación y expresión de las mujeres, socavado el acceso de las niñas a la educación y a las mujeres al empleo.

Los despachos de prensa sobre la nueva normativa reportan que las mujeres deben usar burkas que las cubra desde la cabeza hasta los pies, mostrando sólo los ojos, como tuvieron que hacerlo en el periodo en que los talibanes gobernaron el país, de 1996 a 2001, cuando los talibanes prohibieron toda educación y acceso al trabajo a las mujeres. En 2021, dijeron que habían aprendido la lección. De momento, siguen sin demostrarlo.

Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org

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La activista sudanesa Amira Osmane Hamed gana importante premio de DDHH

La activista sudanesa Amira Osman Hamed ganó el premio de derechos humanos Front Line Defenders, anunció la organización este viernes que también distinguió el trabajo de activistas de Afganistán, Bielorrusia, México y Zimbabue.

La distinguida la activista e ingeniera sudanesa Amira Osman Hamed lucha desde hace dos décadas por los derechos de las mujeres sudanesas y estuvo detenida el año pasado durante la represión tras el último golpe de estado que sufrió el país.

Osman «nunca fue desalentada de su misión», destacó la organización con sede en Dublín al anunciar el premio destacando su «defensa tenaz de la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres».

La organización destacó el trabajo de Javier del Tránsito y María del Tránsito Salvatierra por el esclarecimiento de las desapariciones en México, un drama que los afectó personalmente cuando perdieron a su hija, que finalmente apareció en una fosa común.

«Pese al dolor personal y a las amenazas que enfrentaron, Javier y María del Tránsito han continuado demandando verdad y justicia», destacó la organización.

Front Line Defenders también reconoció la trayectoria de la activista afgana Liah Ghazanfar Jawad, de la unión de maestros rurales de Zimbabue (ARTUZ) y de un luchador por los derechos humanos de Bielorrusia, que no fue identificado por motivos de seguridad.

Fuente: https://www.elfinancierocr.com/cables/la-activista-sudanesa-amira-osmane-hamed-gana/Y7TBAVGV2BAPBDBIFDVARP64PA/story/

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