Derechos Humanos

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La pandemia ha erosionado los avances mundiales en la lucha contra el trabajo infantil

Noticias

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF advierten que la explotación infantil ha incrementado tras la pandemia. Entre otras consecuencias, luego de la llegada de la COVID-19, el número de menores de edad que son sometidos a realizar trabajos forzosos y perjudiciales para su salud se ha elevado a 160 millones en todo el mundo, según se desprende de los resultados del informe: “Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir” publicado el pasado mes de junio por ambas organizaciones internacionales. De cara a la reconstrucción de la crisis generada por el coronavirus, es imprescindible que los estados pongan a los Derechos Humanos de los más vulnerables, como los niños, en el centro.

Mientras en algunos países se discute el retorno presencial o virtual a las clases y en otros los más pequeños se preparan para las vacaciones de verano, en diferentes latitudes hay millones de niños y niñas trabajando. Lo más grave es que esto no pareciera ser prioritario de resolver. El informe “Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir” hace un balance de la situación en la que nos encontramos actualmente en lo que respecta al esfuerzo mundial para poner fin al trabajo infantil. Este documento ha sido publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y describe el alcance y las características fundamentales del trabajo infantil hoy en día, y los cambios operados con el tiempo.

Lo que muestra la investigación es ciertamente alarmante. Según se desprende de esta, los progresos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil se han estancado por primera vez desde hace dos decenios. Además, las y los expertos advierten que, si no se adoptan medidas urgentes de mitigación, la crisis de la COVID-19 probablemente dé lugar a que muchos más millones de niños se encuentren en situación de trabajo infantil. Estos resultados ponen de manifiesto la cruda realidad del escaso e insuficiente compromiso de la comunidad internacional con poner fin al trabajo infantil de aquí a 2025.

Detrás de las cifras hay niñas y niños que sufren. Los números son inaceptables: 160 millones de niños –63 millones de niñas y 97 millones de niños– se encontraban en situación de trabajo infantil a nivel mundial a principios de 2020, lo que representa casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo.  Además, un total de 79 millones de niños –casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil– realizaban trabajos peligrosos que ponían directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral. De manera análoga, el porcentaje de niños que realizan trabajos peligrosos prácticamente no ha cambiado, pero ha aumentado en 6,5 millones en términos absolutos.

El documento analiza los avances y retrocesos por regiones y explica que en África Subsahariana se observan los peores resultados. En esta región, tanto el número como el porcentaje de niños en situación de trabajo infantil se han incrementado desde 2012. En la actualidad, hay más niños en situación de trabajo infantil en África Subsahariana que en el resto del mundo. Según las estimaciones, los objetivos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil no se alcanzarán si no se logra un avance en esta región. Asimismo, indica que aún en las regiones en las que se han registrado avances desde 2016, en particular Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, la COVID-19 podría revertir dichos avances.

En el informe se destaca también un aumento sustancial de la cantidad de menores de 5 a 11 años que trabajan, y que actualmente representan algo más de la mitad de todos los casos de trabajo infantil a escala mundial. La cantidad de niños y niñas de 5 a 17 años que realizan un trabajo peligroso, por el cual se entiende todo trabajo susceptible de mermar su salud, seguridad o moral, ha aumentado en 6,5 millones desde 2016, hasta alcanzar 79 millones.

Otro aspecto que pone de manifiesto la investigación es que, el cierre de centros educativos como consecuencia de la pandemia  puede conllevar que los niños trabajen más horas, o en peores condiciones, al tiempo que muchos otros podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo infantil debido a la pérdida de empleo e ingresos de las familias vulnerables.

Entre las principales conclusiones del informe las cifras son muy desalentadores, entre las más graves se destacan la siguientes: El 70% de los casos de trabajo infantil (112 millones de niños) se dan en el sector agrícola, seguido del 20% (31,4 millones de niños) en el sector de servicios y el 10% (16,5 millones de niños) en el sector industrial. Además, casi el 28% de los niños de 5 a 11 años y el 35% de los niños de 12 a 14 años que trabajan no están escolarizados. El documento muestra que, el trabajo infantil se da con más frecuencia en el caso de los niños que en el de las niñas, con independencia de su edad. Con respecto a las tareas domésticas realizadas durante 21 horas semanales, o más, la disparidad de género en cuanto a trabajo infantil es menor. Por otra parte, se muestra que el trabajo infantil en zonas rurales (14%) es casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas (5%).

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF manifestó que: “Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor. En este segundo año de confinamientos en todo el mundo, cierre de escuelas, crisis económicas y ajustes presupuestarios a escala nacional, las familias se ven obligadas a tomar decisiones muy drásticas. Instamos a los gobiernos y a los bancos internacionales de desarrollo a que den prioridad a las inversiones en programas que permitan a los niños salir de la fuerza de trabajo y regresar a la escuela, así como en programas de protección social que faciliten esa labor a las familias.”

La OIT y UNICEF concluyen que, de cara a la reconstrucción que están comenzando a desarrollar muchos estados, los derechos humanos de las y los niños deben estar en el centro. El trabajo infantil merma la educación, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro. Con objeto de evitar que el trabajo infantil siga aumentando, el documento realiza las siguientes recomendaciones para que las administraciones tomen en cuenta:

  • Fomentar una protección social adecuada para todos que incluya prestaciones universales por hijos.
  • Aumentar el gasto en educación de calidad y facilitar el regreso de todos los niños a la escuela, entre ellos los que estaban sin escolarizar antes de la pandemia de COVID-19.
  • Promover el trabajo decente para los adultos, con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de sus hijos para generar ingresos familiares.
  • Poner fin a las normativas de género ineficaces y a la discriminación que propician el trabajo infantil.
  • Invertir en sistemas de protección de la infancia, el desarrollo del sector agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y medios de subsistencia.

Fuente: https://diarioresponsable.com/noticias/31573-la-pandemia-ha-erosionado-los-avances-mundiales-en-la-lucha-contra-el-trabajo-infantil

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Haitianos marchan contra la violencia y ocupación de EE.UU.

Noticias

América Central/Haití/30-07-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Los ciudadanos exigen un cambio de modelo que permita salir de la profunda crisis económica y social que padece el país.

Centenares de haitianos marcharon este miércoles en Puerto Príncipe (capital) en repudio a la situación de violencia existente, así como de la ocupación de Estados Unidos (EE.UU.) en el país que suscitó hace 106 años.

Diversas organizaciones políticas y sociales exigieron Justicia, en medio de la marcha, a las víctimas de la masacre en Delmas el pasado 29 de junio y que dejó como resultado 20 víctimas mortales, el episodio es catalogado como «la noche oscura».

En el marco de la masacre, entre los asesinados figuran el periodista Diego Charles de Radio Visión 2000 y creador del sitio en línea La Ripiblik, así como la activista feminista Marie Antoinette Duclair, quien criticaba la gestión gubernamental en medio de la crisis.

Las autoridades haitianas aún no brindan información sobre la investigación de dicha masacre, más allá de que la Policía inculpó a la facción disidente Fantom 509, nacida en el ambiente de protestas de 2019, y cuyo fin era propiciar mayor acceso a seguros de salud y primas económicas a los oficiales.

En cambio, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos destacó el posible vínculo del suceso con las llamadas bandas G-9 de presuntos vínculos con el Gobierno, y luego de que algunos testigos identificaran a miembros de la misma tras el incidente.

La manifestación de este miércoles se inició en la Plaza de Constitución en Champs de Mars y terminó frente a la Embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe, debido a que el Gobierno interino solicitó nuevamente a Washington asistencia militar para estabilizar la crisis social y violencia, agravadas por el asesinado del presidente Juvenel Moise el pasado 7 de julio.

Moise, de 53 años, fue asesinado durante un ataque en su residencia, y fue sepultado el pasado viernes en medio de un clima de violencia. Hasta la fecha 26 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 colombianos, dos policías haitianos y seis civiles, algunos de ellos de nacionalidad estadounidense.

El 28 de julio es recordado en Haití como el día de inicio de la primera ocupación militar estadounidense, la cual dejó cerca de 30.000 muertos en sus 19 años de duración.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/haiti-marchan-contra-violencia-ocupacion-eeuu-20210728-0035.html

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Libro (PDF): Crítica del derecho y del estado frente a la reconfiguración del capital. Pensamiento y praxis

Reseñas

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

De entre las miradas posibles para analizar la dinámica global y sus contradicciones, los estudios que promueve la Asociación Nuestroamericana de Estudios Interdisciplinarios de la Crítica Jurídica tienen como eje medular el análisis del estado y del derecho; se inscriben en los estudios críticos del derecho —crítica en el sentido de la crítica a la lógica destructiva del capital desde su raíz y no sólo en sus manifestaciones fenomenológicas—, y buscan no sólo describir sino explicar al estado y al derecho moderno hegemónicos, procurando ir más allá de su discurso, esto es, anclando su análisis en las relaciones sociales de dominación capitalista, es decir, en la mercantilización de la vida en su conjunto.

Autoras(es): Blanca Estela Melgarito Rocha. Daniel Sandoval Cervantes. Alma Guadalupe Melgarito Rocha. [Editores]

Jaime Eduardo Oriz Leroux. Alejandro Karin Pedraza Ramos. Esteban Rodríguez Alzueta. Daniel Sandoval Cervantes. Marco Alexandre de Souza Serra. Augusto Sánchez Sandoval. Bernardo Bolaños Guerra. Ricardo Miranda. Francisco Martínez Cruz. Carlos Perea Sandoval. Tania Meneses Cabrera. José Ricardo Pachón Niño. Kendy Dayana González Valencia. Fabrizia C. Navarro Santaella. Fructuoso Matías García. Daniel Cieza. Rocío Hernández Vite. Úrsula Bonfil Jiménez. Edgar Belmont. Miriam Roque. Guadalupe Urbina Martínez. Tainã Góis. Ana Carolina de Brito Moraes. Cynthia González Cárdenas. José Rubén Orantes García. Mónica Ribeiro Palacios. Mercedes Cabrera Rosas. Claudia Morales Gómez. Cynthia B. Salazar Nieves. Sergio Martín Tapia Argüello. Alma Guadalupe Melgarito Rocha. Blanca Estela Melgarito Rocha. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. CEPEDIS. ANEICJ.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-942-4

Idioma: Español

Descarga: Crítica del derecho y del estado frente a la reconfiguración del capital. Pensamiento y praxis

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2379&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1551

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En México «se han romantizado los embarazos en menores de edad», alertan especialistas

Noticias

Por: Aline Espinosa Gutierrez

Expertas en Derechos Humanos de las niñas llamaron a que la sociedad y autoridades mexicanas dejen de normalizar los embarazos en menores de edad, pues estos son resultado de la violencia sexual que ejercen personas cercanas a ellas como sus tíos, abuelos, padres o hermanos, lo que las aleja de vivir una vida libre de violencia y limita su desarrollo social y profesional.

Durante el programa de radio “Análisis Feministas”, conducido por la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Lucía Lagunes Huerta, las expertas detallaron que México ocupa el primer lugar entre los 36 países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en embarazos de menores de edad, por ello es indispensable que se desarrollen acciones efectivas para eliminar esta problemática que va en aumento.

En su opinión, los embarazos en menores de edad incrementaron en el país, en particular en Oaxaca y Veracruz. Situación que recrudeció debido a la llegada de la pandemia, ya que las niñas y adolescentes se vieron obligadas a estar en confinamiento con sus agresores y prevalece la cultura de encubrir a éstos, por lo que las menores de edad son llevadas a los servicios médicos muy tarde cuando ya no es posible la interrupción de un embarazo.

“Lamentablemente el hogar es donde ocurre el mayor número de violaciones sexuales. Es muy raro que en los embarazos infantiles el agresor sea una persona extraña. Los agresores son sus hermanos, tíos y padres”, declaró la coordinadora nacional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer en México (Cladem), Nelly Martínez Echartea.

Martínez Echartea añadió que el Cladem en 2018 registró que las Secretarías de Salud de la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Yucatán, no tienen desagregados los números en cuanto a embarazadas de 15 a 19 años y de 10 a 14 años. “No hay un registro de niñas que acudieron a primera consulta, ni de seguimiento de embarazo, que solicitaron interrupción de embarazo por violación, ni de nacimientos provenientes de este grupo”, dijo.

Por su parte, la abogada de Equifonía y acompañante de menores de edad víctimas de violencia sexual, Adriana Fuentes Manzo, dijo que en Veracruz más del 60 por ciento de las menores de edad embarazadas acuden a los hospitales cuando cumplieron su primer trimestre de gestación y la lógica del personal de salud es aplicarles cuestionarios  sobre la violencia que vivieron para cumplir con la ley, pero sin considerar su situación de vulnerabilidad.

“Debe quedar muy claro que no son niñas, no son adolescentes ejerciendo sus Derechos sexuales y reproductivos con pares. Son personas que les duplican la edad. Los embarazos prolongan el sufrimiento sexual. El Estado a través de esas procuradurías municipales y estatales tiene que hacer acciones a favor de la protección más amplia de esas niñas”, agregó Fuentes Manzo.

En sus palabras, es necesario que las autoridades desarrollen protocolos de actuación para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual y se considere que pueden estar acompañadas a la hora declarar el hecho, por una persona que pudo haber encubierto al agresor o que también es víctima de él.

De acuerdo con datos citados por las panelistas, el Consejo Nacional de Población (Conapo) indicó que los embarazos en adolescentes aumentó por lo menos un 30 por ciento en el país a raíz de la pandemia por la COVID-19, por lo que se estima que este año habrá alrededor de 29 mil nacimientos provenientes de menores de edad adicionados a los proyectados para 2021.

Estas cifras, dijeron, demuestran que habría mil embarazos cada día en este año, lo que visibiliza que los retos a enfrentar por la sociedad y el gobierno mexicano son aún mayores si se desea reducir un 50 por ciento los embarazos en menores de edad, uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

“Hoy en este país 20.8 por ciento, es decir la quinta parte de todas las mexicanas se casan antes de los 18 años. En Chiapas, Guerrero y Tabasco, 30 por ciento se casa a esta edad y en la Ciudad de México 9 por ciento, mientras que 40 por ciento de las niñas y adolescentes de este país nunca han ido a la prepa”, añadió la secretaría general de la Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez.

Explicaron que aún no se tiene un estructura sólida para que el Estado mexicano brinde protección a las menores de edad, por lo que es necesario que desde la organizaciones civiles se proporcione la información para que las familias sepan que las menores de edad pueden acceder a la interrupción del embarazo sin una denuncia previa y que este tipo de violencia debe ser denunciada.

A fin de enfrentar estas problemáticas es indispensable que la Secretaría de Educación Pública y todas las instituciones de los diferentes niveles de poder garanticen el acceso a la educación y a prevenir y erradicar la violencia sexual contras las niñas y adolescentes más aún cuando en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador “se ha romantizado los embarazos en menores de edad”.

“Análisis Feminista” se transmite todos los miércoles a las 10 horas por Violeta Radio 106.1 FM, la primera emisora de uso social en la Ciudad de México o por internet en violetaradio.org. También puedes descargar la aplicación de Violeta Radio para Android en: appcreator24.com/app954377

Fuente de la información e imagen. CIMAC Noticias

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Declaración final del Foro Político de Alto Nivel no ofrece respuestas adecuadas a los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de pandemia

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Publicada por: CLADE

Por: Fabíola Munhoz

Sociedad civil se manifiesta contra la declaración ministerial adoptada por los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cierre del Foro dedicado al seguimiento a esta agenda en el ámbito internacional

“El FPAN de este año no ha logrado presentar recomendaciones de acción audaces y  transformadoras en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, cerca de 190 millones han enfermado, más de 250 millones han perdido sus empleos, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más ya han caído en el hambre y la pobreza extrema. Es inexcusable que, durante esta crisis mundial, los Estados miembros no se hayan puesto de acuerdo en una Declaración Ministerial fuerte, centrada en los derechos humanos, transformadora y orientada a la acción”.

Esta es la opinión que las organizaciones y redes de la sociedad civil que forman parte de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU (MGOS, por su acrónimo en inglés), expresaron sobre el contenido de la declaración ministerial adoptada hoy (16 de julio), luego del cierre de la edición 2021 del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU, instancia principal de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional. Los MGOS son el espacio de participación de la sociedad civil en el monitoreo y revisión de los ODS a nivel global.

Redes y organizaciones integrantes de dichos Grupos, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), afirman en posicionamiento público divulgado hoy, que les entristece profundamente la falta de ambición de los Estados para responder a las crisis a las que el mundo se enfrenta actualmente. Destacan, así mismo, que los derechos humanos, la igualdad de género y el equilibrio ecológico deben ser fundamentales en todos los esfuerzos de recuperación y restauración ante los efectos del COVID-19.

“Reafirmar viejos compromisos (que eran claramente insuficientes antes de la pandemia) no es una respuesta adecuada a la pandemia. Nos preocupa enormemente la negativa constante a abordar las causas fundamentales y los obstáculos sistémicos para lograr un mundo en el que nadie se quede atrás (la continua dependencia de las fuentes de energía fósiles, la búsqueda de un crecimiento infinito de las economías extractivas, las relaciones de poder desiguales que engendran una deuda insostenible y flujos financieros ilícitos, el patriarcado como herramienta política, la captura corporativa de la gobernanza, la agenda de desarrollo y sostenibilidad y sus implicaciones para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, por nombrar algunos)”, se afirma en el comunicado.

> Lee el posicionamiento completo.

> Lee la declaración ministerial que fue adoptada en el cierre del FPAN

Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de género

Mientras la sociedad civil negociaba un resultado sólido del FPAN 2021 y una declaración ministerial que defiendera la igualdad y la dignidad para todas y todos, el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Munir Akram, ha sido considerado responsable de actos de violencia contra una mujer, y aún no rindió cuentas sobre el hecho debido a su inmunidad diplomática. El ECOSOC preside el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

Dichos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en las noticias internacionales, incluido el periódico New York Times. Aunque Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram para que pueda ser procesado, no lo ha hecho.

Ante este contexto, organizaciones feministas reunidas en el Grupo Principal de Mujeres de la ONU divulgan posicionamiento, en el cual demandan que las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán, en el sentido de que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU.

“Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y  nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este llamamiento. Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU”, afirman en el comunicado.

> Lee el posicionamiento aquí

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/declaracion-final-del-foro-politico-de-alto-nivel-no-ofrece-respuestas-adecuadas-a-los-desafios-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-un-contexto-de-pandemia/

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Legalizaciȯn de la exclusión

Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz

 

Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos.

 

En un artículo reciente, titulado “Legalizando delitos: Código Penal viola constitución y tratados internacionales” (Acento, 4-7-2021), la abogada Ivanna Molina aborda uno de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad dominicana, la legalización de las prácticas violatorias de los derechos humanos.

Cualquier sociedad puede incurrir en prácticas violatorias de los derechos de las personas. La actitud democrática conlleva educar para tratar de reducir estas acciones a su mínima expresión, mientras legisla para proteger a quien, por cualquier motivo, puede verse afectado por agravios a su dignidad personal.

Uno de los signos de una sociedad democrática moderna es el avance en las superación de las prácticas estigmatizadoras, tanto en la percepción predominante del espacio público, como en las estructuras jurídico políticas de la comunidad. En este aspecto, la sociedad dominicana muestra alarmantes signos de retroceso.

Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos. Por ejemplo, cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer la libertad religiosa en una sociedad democrática, pero si el ejercicio de su fe entra en conflicto con  cualquiera de los derechos humanos (como el reconocimiento de la igualdad de todos las personas independientemente de su nacionalidad, sexo, o etnia), se impone la defensa de estos derechos sobre la convicción religiosa del individuo.

La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha incurrido en un grave desconocimiento de esta situación al aprobar un código penal que contempla el siguiente acápite: “No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.

Las posibles implicaciones del referido texto son que un empleador puede invocar su elección de conciencia para rechazar la solicitud de trabajo de una persona, si sospecha que el solicitante tiene una orientación sexual o religiosa contraria a sus preceptos religiosos. Del mismo modo, un médico podría negarse a prestar un servicio de salud, si se encuentra en la misma situación anterior del empleador. En ambos casos, se estaría incurriendo en una flagrante violación de los derechos humanos.

El respeto a los derechos de las personas impide su exclusión y las injusticias implícitas en su desconocimiento. El reconocimiento de la dignidad humana no debe relativizarse en función de las creencias personales de un ciudadano.

Fuente de la información: https://acento.com.do/
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Convocatoria de investigación: Los Derechos Humanos y la consolidación de la paz como dimensiones para el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe

Noticias

CLACSO

Fundamentos

Los últimos años muestran en América Latina y el Caribe un escenario de movilizaciones masivas motivadas muchas veces por conflictos coyunturales que reflejan también un proceso histórico de larga duración relacionado a las disputas en torno a la vigencia, garantía y ampliación de los Derechos Humanos.

Vinculados con la construcción de ciudadanía en un sentido integral y actualizando las luchas de las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo XX en la región, los conflictos en torno a los Derechos Humanos incluyen diversas dimensiones como las económicas, sociales, culturales, ambientales, identitarios, étnico-raciales, de género y diferentes tipos de reconocimientos.

En esta coyuntura, en distintos países se ha producido un marcado deterioro de la situación de los Derechos Humanos, tanto desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, como desde la situación de diversos grupos sociales y poblaciones. Asimismo, el ascenso de gobiernos de derecha y regresivos ha reforzado esta tendencia y ha alimentado el terreno para el crecimiento de los movimientos anti derechos y negacionistas. Esto también se ha expresado en los ataques a líderes y lideresas sociales en regiones como Centroamérica, Colombia y Brasil. En algunos países, el incremento de las violaciones de los Derechos Humanos es concomitante con el aumento de la corrupción gubernamental y el deterioro de lo público, así como el ataque a la movilización social que busca enfrentarlo.

Por otro lado, los enfrentamientos armados que vivieron diversos países de la región en la segunda mitad del siglo XX fueron encontrando otros canales de resolución de los conflictos que los habían originado a través de distintos acuerdos de paz a partir de los años noventa del siglo XX. Estos acuerdos tuvieron diferentes devenires en los últimos años, mostrando sus limitaciones y cuestiones pendientes o viéndose directamente amenazados y en riesgo. Algunos procesos de paz se han incumplido (en gran medida por parte de los Estados) y han generado condiciones para la reconfiguración de las dinámicas de violencia en los territorios. Esto generó un regreso de las preocupaciones sociales, políticas e intelectuales acerca de la paz y sus conflictos.

Por su parte, en 2014 los Estados que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos en La Habana, firmaron una resolución que declaró a América Latina y el Caribe como «zona de paz», comprometiéndose a resolver sus controversias sin el uso de las armas.

Asimismo, en los últimos años en diversos países de América Latina y el Caribe han crecido movimientos sociales que han alimentado las luchas y disputas por los Derechos Humanos, su defensa, garantía y ampliación. Los movimientos de jóvenes, las organizaciones estudiantiles, los colectivos ambientalistas o el movimiento de mujeres y disidencias son un claro ejemplo de esta tendencia.

A partir de estos análisis, CLACSO lanza la Convocatoria de Investigación para equipos «Los Derechos Humanos y la consolidación de la paz como dimensiones para el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe». En esta convocatoria se promueve la postulación de equipos de investigación integrados por investigadoras e investigadores de diversas disciplinas, trayectorias y experiencias que aborden los problemas aquí enunciados desde una perspectiva crítica y con la voluntad de aportar ideas para afrontar los desafíos planteados desde propuestas superadoras.

Más información: https://www.clacso.org/los-derechos-humanos-y-la-consolidacion-de-la-paz-como-dimensiones-para-el-fortalecimiento-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe/

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