Derechos Humanos

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Ghana ha renovado su censo para hacerlo más inclusivo, pero han aflorado las viejas tensiones

septiembre 4, 2021septiembre 3, 2021Rose Mary Hernández Román

La autora, investigadora de la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, recuerda que los datos servían para controlar el país en la época colonial. Hoy, la estadística poblacional contribuye a revelar realidades que apoyen políticas públicas encaminadas a un mejor desarrollo, pero hay polémica.

Ghana acaba de efectuar su censo de población y vivienda más reciente, una tarea que se lleva a cabo cada diez años. Por primera vez se ha utilizado un sistema digital de recopilación y transferencia de datos. El uso de las innovaciones digitales ha aportado ventajas significativas. Por ejemplo, ha facilitado la comprobación de la calidad de los datos en tiempo real y reducido el tiempo necesario para procesarlos.

Además, la integración de información basada en GPS sobre la ubicación de los entrevistados ha añadido nuevas capas de datos espaciales. El nuevo sistema permite analizar espacialmente el acceso a necesidades básicas como el agua. Esto ayuda a la estadística a cumplir su objetivo de analizar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En un artículo de investigación publicado el año pasado, examiné la transformación digital del sistema de datos ghanés sobre la población. Por el momento, el estudio de estos avances se ha centrado principalmente en los costes y la aplicación.

Pero hay también aspectos políticos y sociales que se han pasado en gran medida por alto. Por ejemplo, el objetivo del censo digital de este año era dar “voz a todos los habitantes del país”. Para lograrlo, se introdujeron cambios, como por ejemplo, nuevas categorías censales que cubren la situación de discapacidad. Esto indica una nueva forma de inclusividad. Y con el uso de las TIC, las nuevas áreas focales incluían el acceso a infraestructuras básicas.

Por otra parte, el último recuento de habitantes ofrece una ventana al disputado terreno de las estadísticas de población. Estas se basan en clasificar la variación individual en categorías, que son medios técnicos para poder contar los habitantes. Pero son mucho más que eso. Producen líneas divisorias con las que la gente se identifica, personal y colectivamente. De ese modo constituyen un elemento fundamental para esquematizar a la ciudadanía y representarla como nación.

Ghana es una democracia relativamente joven. Y la construcción del país aún no ha terminado. No es de extrañar, por tanto, que las categorías de los censos hayan sido objeto de debate. El último no se ha librado. Queda claro por el hecho de que ha suscitado emociones intensas acerca de la ciudadanía y la pertenencia.

La consolidación del sistema estadístico

Históricamente, el sistema de datos de población ghanés ha dependido en gran medida de la realización de censos. Algunos países, como Países Bajos o Dinamarca, se basan en sus sistemas de registro civil para obtener esas estadísticas. Pero, tradicionalmente, en Ghana no se ha invertido lo suficiente en estas capacidades. Por lo tanto, los cálculos de población requerían encuestas y proyecciones periódicas.

En la era colonial, los censos no se centraban tanto en las condiciones de vida de la población como en establecer el control sobre la colonia

Los cimientos para establecer un sistema estadístico integral en Ghana pueden situarse en la Constitución de 1979 y en la Ley de Servicios Estadísticos de 1985. Ambas establecieron el Servicio Estadístico de Ghana como un organismo independiente. En 2019, una revisión de la Ley de Servicios Estadísticos (Ley 1003) otorgó competencias adicionales a la institución.

Esta consolidación ha beneficiado de distintas maneras al censo de población y vivienda de 2020/2021. Por ejemplo, se ha usado el sistema de direcciones del país para comprobar la calidad de los datos mediante la comparación con el registro de viviendas existente.

La evolución

En la historia ghanesa posterior a la independencia, la confección del censo hacía algo más que meramente cubrir las necesidades de datos de diferentes programas políticos y de desarrollo. Ha ayudado también a construir una sociedad en la que los individuos se reconocieran a sí mismos. De este modo, ha contribuido de manera crucial a forjar la visión que el país tiene de sí mismo.

Por ejemplo, según escribe el historiador Gerardo Serra, el primer censo de Ghana después de la independencia, realizado en 1960, se presentó como un alejamiento del colonialismo y como un primer paso hacia la era moderna. En la época colonial, estos recuentos no se centraban tanto en las condiciones de vida como en establecer el control sobre la colonia.

Cuando Ghana volvió al régimen democrático, en 1992, el censo hizo hincapié en el desarrollo nacional prestando más atención a la planificación del agua, el transporte, la salud y las infraestructuras educativas

Tras la independencia, reflejaban la preocupación cada vez mayor por el aumento de los habitantes, y se centraban en la natalidad y la ciudadanía. Gradualmente, se fueron añadiendo categorías que supuestamente debían reflejar la estructura económica del país. Por ejemplo, tras los programas de ajuste estructural de 1983, el censo de 1984 se adaptó a las necesidades de las organizaciones internacionales, entre ellas, el Banco Mundial.

Por otra parte, la descentralización en ciernes del sistema de Gobierno exigía una localización mayor del análisis y la declaración de datos. Cuando Ghana volvió al régimen democrático, en 1992, la elaboración de la estadística hizo hincapié en el desarrollo nacional. Las cuestiones a las que se prestó mayor atención fueron la planificación del agua, el transporte, la salud y las infraestructuras educativas.

Desacuerdos

Los cambios en el objeto y el método ghanés han ido acompañados históricamente de desacuerdos acerca de las categorías utilizadas. Se añadieron y situaron en primer plano nuevas categorías, como los límites de las autoridades locales, los nombres de las comunidades o las distinciones profesionales.

Este censo no ha sido distinto. Los debates públicos y los boicots locales a la edición del 2021 se han centrado en las preocupaciones por una representación insuficiente.

Por ejemplo, en la región de Alta Ghana Oriental se expresó la preocupación por la supuesta discriminación en la enumeración de localidades. En la región del Volta, las protestas se centraron en que supuestamente no se habían incluido subgrupos de la etnia ewé.

El estudio suscitó también debate público acerca de quién se considera ghanés. Algunos alegaban que determinados grupos incluidos en la entrevista representaban a extranjeros. Por ejemplo, tachaban de togoleses a los residentes en las zonas fronterizas, mientras que repetidamente se calificaba de inmigrantes a las poblaciones de fulanis y hausas.

Y mientras que el Gobierno lo enmarcaba como un medio para mejorar el desarrollo del país, algunos residentes afirmaban que no iban a participar porque el desarrollo había pasado por alto a sus comunidades.

Estos debates han politizado la elaboración de esta estadística, convirtiéndola en una oportunidad para cimentar la identidad nacional y, al mismo tiempo, reformular el relato oficial sobre el potencial de los datos para fomentar el desarrollo.

El censo de población y vivienda de 2020-2021 ha ido acompañado de la promesa de mejores datos para el desarrollo. Sin embargo, las protestas en torno a la identidad y la pertenencia son preocupaciones que la tecnología no puede solventar.

Alena Thiel es investigadora posdoctoral, investigadora principal del artículo How Democracies Know: Identification Technologies and Quantitative Analyses of Development in Ghana, Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-13/ghana-ha-renovado-su-censo-para-hacerlo-mas-inclusivo-pero-han-aflorado-las-viejas-tensiones.html

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“A los jueces no les importa si los niños lloran”

septiembre 2, 2021septiembre 1, 2021Tlachinollan

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero, cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La lucha es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la síndica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angélica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces. Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angélica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angélica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angélica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angélica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los más altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angélica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angélica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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Pide UNESCO mantener avances en Derechos Humanos y educación en Afganistán

agosto 31, 2021agosto 31, 2021UNESCO

UNESCO

Afganistán se encuentra en un punto de inflexión en su historia. Para el país, como para toda la región, es esencial que se mantengan los progresos logrados en las dos últimas décadas en materia de derechos humanos, educación y estándares internacionales.

Desde 2002, la UNESCO y sus socios afganos e internacionales han llevado a cabo varios programas de ámbito nacional para reformar el sistema educativo, proteger el patrimonio cultural, aumentar la capacidad científica y garantizar la seguridad de los periodistas. Estas iniciativas han contribuido a impulsar el desarrollo de Afganistán.

Los progresos de Afganistán incluyen:

Un aumento significativo del 34% (2002) al 43% (2020) de la tasa de alfabetización.
Desde 2006, con el apoyo de aliados como Dinamarca, Japón, Noruega, Suecia, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, la UNESCO ha llevado a cabo el mayor programa de alfabetización de la historia de Afganistán: 1 millón 242 mil alumnos, entre ellos 800 mil mujeres y niñas, se han beneficiado de este programa. Los programas de alfabetización también han formado a 45 mil agentes de policía.
Desde 2002, la UNESCO ha colaborado con el gobierno en el desarrollo de una reforma educativa que abarca todas las estrategias nacionales de educación, incluido un análisis exhaustivo del sector educativo, una reforma del plan de estudios general (que afecta a más de un millón de alumnos) y un plan estratégico para la enseñanza superior. Este plan permitió la creación del primer Instituto Nacional de Planificación Educativa de la historia.
La UNESCO ha reforzado y aumentado las competencias en Afganistán y ha formado a miles de funcionarios afganos.
- En el ámbito de la educación, hemos formado a 741 funcionarios de planificación de las 34 provincias.
- En el ámbito de la cultura, hemos formado a varios conservadores y profesionales de museos, así como a especialistas en cultura, para que realicen inventarios y supervisen los sitios del patrimonio.
Se han llevado a cabo operaciones de salvaguardia a gran escala para la preservación de los restos del Valle de Bamiyán y del Minarete de Jam junto con otros monumentos emblemáticos de la identidad afgana, cuya conservación es crucial para la cohesión nacional.
Se han puesto en marcha varias iniciativas culturales para reactivar el tejido cultural y la creatividad en Afganistán, como el Centro Cultural de Bamiyán, sede de exposiciones y cursos, y concursos de fotografía que en 2017 dieron lugar a la Bienal de Fotografía de Kabul.
Desde 2018, el programa Física sin Fronteras, gestionado por el Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica (CIFT) de la UNESCO, ha estado trabajando con la Universidad de Kabul para ayudar a la facultad a desarrollar planes de estudio en física. Unos 400 estudiantes afganosvinieron de todo el país para asistir a cursos intensivos de física en la Universidad de Kabul.
Afganistán cuenta con uno de los ecosistemas mediáticos más dinámicos a nivel regional: 1.879 medios de comunicación activos, 203 canales de televisión, 349 emisoras de radio y 1.327 periódicos.
En 2020, había mil 741 mujeres profesionales de los medios de comunicación en Afganistán, de las cuales mil 139 eran periodistas.

Todos estos logros demuestran que la sociedad afgana actual es muy diferente a la de hace 20 años. El país ha conseguido grandes avances en el desarrollo del país, pero hay que preservarlos y continuar trabajando para que todos los esfuerzos no hayan sido en balde.

Afganistán aún se enfrenta a muchos retos:

12 millones de jóvenes y adultos (mayores de 15 años) siguen sin saber leer y escribir.
Entre 2006 y 2021 fueron asesinados 81 periodistas, 7 de ellos en agosto de 2021.
Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, casi una de cada cinco mujeres periodistas dejó la profesión, debido a la violencia y amenazas constantes.

La UNESCO se compromete a intensificar su apoyo al pueblo afgano. Teniendo en cuenta los logros alcanzados en los últimos veinte años, la Organización desea recordar a la comunidad internacional los retos que debe afrontar en sus ámbitos de competencia, para que sirva de referencia en el futuro.

https://www.onu.org.mx/pide-unesco-mantener-avances-en-derechos-humanos-y-educacion-en-afganistan/

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¿Qué pasa en Afganistán? Libros y películas para entender el conflicto

agosto 28, 2021agosto 25, 2021Noticias

La cultura es una herramienta fundamental para entender la situación por la que pasa el país de Oriente Medio.

En las últimas semanas, tras la retirada del Ejército de Estados Unidos y la toma de poder por parte de los talibanes en Afganistán, son muchos los que han buscado empaparse a través de películas o libros sobre qué ocurre en el país de Oriente Medio y por qué se ha llegado a esta situación tras 20 años de presencia de tropas internacionales en el país.

Sin embargo, para comprender también esas películas y libros hay que contextualizar el conflicto de Afganistán, pues este país estuvo en guerra mucho antes de que las tropas estadounidenses y sus aliados internacionales entraran en su territorio en diciembre de 2001 (tras los atentados del 11S) con el objetivo de desmantelar a la red terrorista Al Qaeda y la eliminación de los talibanes del poder para hacer de este país un lugar seguro.

Para entender lo que sucede hay que remontarse a los años 80, cuando la URSS invadió el país

Para entender lo que ha sucedido y está sucediendo allí hay que remontarse a los años 80, cuando la extinta Unión Soviética invadió militarmente el país, algo que desencadenó una guerra de 14 años. Tras su fin, en 1992, se abrió un periodo de inestabilidad política en el país en el que un grupo de guerrilleros muyahidines -combatientes por la yihad (guerra santa) armada- toma el control y asienta las bases de lo que posteriormente serían los talibanes.

Thank you for watching

La tercera parte de la saga Rambo (Peter MacDonald) (1988) tampoco pasa por alto el conflicto afgano-soviético, es más, la escena final de la cinta tiene una dedicatoria a los talibanes que ayudaron al personaje de Sylvester Stallone a rescatar al Coronel Trautman de la mano de los soviéticos: «La película está dedicada a los valientes combatientes muyahidines de Afganistán».

Desde el otro lado de la trinchera, el cineasta ruso Ali Khamraev lanzó en 1983 la cinta Hot summer in Kabul, en la que un médico ruso viaja a Afganistán durante la guerra y ve de primera mano la carnicería causada por los muyahidines islamistas hacia el gobierno socialista ruso.

La intrusión de las tropas estadounidenses en Afganistán tras el atentado a las torres gemelas el 11S de 2001 y su permanencia en el país durante 20 años también se ha reflejado en la literatura y en la cinematografía.

Inspirada en hechos reales, Osama (Siddiq Barmak, 2003), cuenta la historia real de una joven que se disfrazaba como un niño para poder trabajar, ya que su tío y su padre habían muerto y sin un hombre en la familia, su madre, su abuela y ella misma ni siquiera podían salir de casa, por lo que estaban condenadas a morirse de hambre. La cinta, ganadora del Globo de Oro 2004, fue la primera filmada íntegramente en Afganistán desde el primer ascenso al poder y la posterior caída de los talibanes.

La afamada novela de Yasmina Khadra Las golondrinas de Kabul se convirtió en un filme de animación dirigido por Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec, donde una pareja de enamorados en el verano de 1998 sueñan con un futuro mejor, a pesar de la violencia y las penurias

Las novelas Cometas en el cielo, Mil soles espléndidos, Y las montañas hablaron, del médico afgano estadounidense Khaled Hosseini, conforman un tríptico inigualable para entender el conflicto afgano, el ultraconvervadurismo talibán y los nulos derechos que tiene la mujer bajo este régimen.

Aunque no es afgana, la pakistaní Malala Yousafzai -Premio Nobel de la Paz 2014- sabe de primera mano lo que es enfrentarse a los talibanes (fue tiroteada en la cabeza por defender su derecho a ir a la escuela). Tras salir del país, la joven escribió Yo soy Malala, una autobiografía que dedica a todas las niñas.

Fuente: https://www.publico.es/culturas/pasa-afganistan-libros-peliculas-entender-conflicto.html

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La educación de calidad contra la manipulación

agosto 27, 2021agosto 25, 2021Noticias

Por: KELLY CRUZ

Es fácil manipular a una población ignorante, pero no a una capaz de responder hacia los abusos de poder y las injusticias, dado que tiene el conocimiento para hacerlo.

Dicen que siempre hay opciones al elegir, pero ¿qué pasa cuando esas opciones se ven limitadas o se reducen a una sola por las condiciones políticas y sociales? En nuestro país, esto puede llevar a las personas a orientar sus acciones, sus pensamientos o sus ideas hacia un cierto paradigma político, cuando, en realidad, no lo tienen.

Según los últimos datos publicados por la UNESCO, El Salvador tiene una tasa de alfabetización del 89,01% en adultos y del 97,97% en jóvenes, la cual es bastante buena en comparación con la de otros países latinoamericanos o con la de países de otras regiones como África. Sin embargo, también son notables los pocos cambios o reformas que se han producido en el sistema educativo en los últimos años.

Con los conflictos sociales que se han desbordado alrededor del mundo en los últimos dos años, y más concretamente en América Latina, resulta indispensable expandir la idea de la importancia de tener una población educada. La educación no solo facilita el desarrollo de las personas, sino que también cambia constructos sociales y políticas desfasadas, que hoy en día son la forma de funcionar de muchos países.

Utilizar la educación para hacerle frente a la manipulación política es posible, sobre todo en países subdesarrollados donde la población acepta políticas sin entenderlas, lo cual se vuelve peligroso en el momento que atenta contra los derechos de las personas, sobre todo de quienes no son conscientes de ello. Es fácil manipular a una población ignorante, pero no a una capaz de responder hacia los abusos de poder y las injusticias, dado que tiene el conocimiento para hacerlo.

Esta educación no solo debe ser impartida así, sin más. Quienes la garantizan deben buscar que sea de calidad, lo cual implica mucho, empezando con un cambio de la educación tradicional a una más moderna, con reformas adecuadas a la necesidad de nuestro país. Si bien se pueden tomar como ejemplos los sistemas educacionales de Europa, es importante no ser una réplica, pues debemos entender que nuestra situación económica y social es distinta.

Es también notable que pocos han sido los gobernantes que han prestado atención al sistema educativo. Muchos se han limitado a brindar herramientas para que el mismo sistema siga funcionando, lo cual no es lo mismo. Esto se debe a que invertir en educación no rinde frutos en el corto plazo. El progreso que resulte de tomar hoy la decisión de modificar el sistema no puede ser percibido dentro de un mismo periodo administrativo y no resulta rentable para quienes quieren gobernar con efectos inmediatos y reprochando lo que los anteriores han hecho mal, sin simpatizar con los que vendrán en un futuro. Por lo anterior, los cambios y las reformas caen en un punto muerto, ya que se necesitan políticas públicas impulsadas por quienes hoy en día mantienen politizado el país para sus propios intereses. Nadie utiliza armas para vencerse a sí mismo.

Por tanto, para solucionar este problema, los cambios y reformas del sistema educativo deben empezar por quienes están a cargo de brindar la educación de primera mano. Esto implica, por su parte, la tarea de cultivar una mejor preparación de los educadores, sin prejuicios, sin sesgos políticos o sociales y, sobre todo, con tolerancia. Así también, implica un cambio de mentalidad de los adultos, uno que ayude a crear espacios que permitan a los más pequeños descubrir lo que realmente les apasiona y así tener mayor probabilidad de que en un futuro nuestro país no tenga personas trabajando como máquinas por un salario, sino porque quieren voluntariamente construir un mejor El Salvador, tomando las decisiones correctas y no las políticas. Por último, es también indispensable crear un espacio en el que los jóvenes se sientan seguros, que les permita expresar lo que piensan sobre las decisiones de nuestros gobiernos y cómo les afecta. Esto puede ser un gran primer paso para tener ciudadanos responsables, que busquen la verdad más allá de la que escuchan y, sobre todo, ciudadanos que sean conscientes de lo que pasa en su país y pueden ser capaces de, como mínimo, intentar un buen cambio.

Estudiante de Ciencias Jurídicas

Fuente: https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/educacion/872196/2021/

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Celac muestra preocupación por situación en Afganistán

agosto 27, 2021agosto 25, 2021Tercera Información

Por: Tercera Información

La Celac expresó que está preocupada por los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población afgana, especialmente de los niños y mujeres.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a través de un comunicado oficial mostró su inquietud sobre la situación en Afganistán, que ha recalcado preocupación por la situación de las mujeres, las niñas, niños, personas Lgbtiq+ y las minorías religiosas.

«El contexto en Afganistán ha afectado el bienestar, la seguridad y la integridad de su población, y en particular, el de mujeres, niñas y niños, minorías religiosas, personas Lgntiq+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad”, declaró la Celac.

La Comunidad expresó que está preocupada por los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población afgana, incluyendo la dignidad humana, la integridad física, el acceso a la educación y al trabajo, así como la participación política y el libre desarrollo de la personalidad.

Desde la toma de Kabul (capital) por parte de los talibanes el pasado 15 de agosto, los derechos de población afgana se han visto vulnerables. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños señala que además peligra la libertad de expresión y de opinión, la libertad de circulación, así como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el estado de derecho y los principios democráticos sobre los cuales se cimientan el Estado y sus instituciones fueron amenazados.

El 23 de agosto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, siglas en inglés), precisó que unos 10 millones de niños precisan asistencia humanitaria en Afganistán, al enfrentarse a problemas de desnutrición o violaciones de sus derechos.

Unicef estima que 1 millón de niños sufrirán desnutrición aguda grave en el transcurso de este año y podrían morir por falta de tratamiento. Asimismo, señaló que producto de la prolongada crisis, unos 4,2 millones de niños no van a la escuela, incluidas más de 2,2 millones de niñas.

Por su parte la plataforma feminista Latfem precisó que la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán en un mensaje enviado afirmó que “después de desperdiciar millones de dólares y miles de vidas, los misóginos y criminales talibanes están de regreso, más poderosos que nunca”.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/25/08/2021/celac-muestra-preocupacion-por-situacion-en-afganistan/

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Ecuador es el tercer país del mundo con más denuncias por derechos humanos contra inversionistas chinos

agosto 26, 2021agosto 26, 2021Noticias

Por: Manuel Novik

Un informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recopiló más de 600 denuncias a nivel mundial por abusos de derechos humanos en empresas chinas en el globo entre 2013 y 2018. Una importante cantidad de esas denuncias ha sido documentada en Ecuador en sectores como la minería, el petróleo o la pesca.

En 1999 el gobierno chino inició una política pública para promover sus inversiones en el exterior. Desde entonces su impacto en el mundo ha crecido notablemente. Algo que se reforzó aún más con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), conocida como la nueva ruta de seda. La iniciativa es la principal estrategia de cooperación internacional en términos económicos y políticos, que la integra con 140 países a largo y ancho del globo.

En la última década, la inversión directa de China en los países del BRI superó los $ 90.000 millones de dólares, alcanzando un volumen de negocio de $ 400.000 millones de dólares en proyectos contratados en el extranjero en estos países.

La política exterior china ha facilitado una expansión masiva de la inversión directa, en especial a los países en desarrollo que la necesitan para impulsar sus economías. Los mercados chinos se desenvuelven principalmente en energía, construcción, minería y metal. A pesar de la pandemia, los bancos chinos adelantaron préstamos a diversos sectores de sus empresas en todo el mundo.

Ecuador entre los más afectados por abusos de empresas chinas

Entre 2013 y 2020 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró 679 denuncias de abusos de derechos humanos vinculadas a empresas chinas funcionando en todo el mundo. Solo un 24% de las empresas respondió ante las denuncias.

Los países con gobiernos débiles presentaron un mayor número de denuncias. Ecuador se posicionó en tercer lugar con 39 casos, solo detrás de Myanmar con 97 y Perú con 60. Las regiones más afectadas fueron Asia, África y América Latina.

En el proyecto Mirador, mujeres protestaron tras los desalojos de 2015. Foto: Cascomi

La mayoría de las denuncias vinieron de la industria del metal, la minería y la construcción. Los conflictos sociales relacionados con los pueblos indígenas y el consentimiento informado, la pérdida de medios de vida, los derechos sobre la tierra, las palizas a activistas y las protestas fueron los temas más citados en las alegaciones.

Algunos de los 39 casos ecuatorianos presentan varias denuncias a una misma empresa. En total se registraron 63 alegatos dentro de los casos. Las áreas más afectadas fueron las comunidades indígenas con 12, divulgación de impactos ambientales (EIA) con 10, palizas y violencia con 6, pérdida de medios de vida con 6 y derechos de tierras con 5 denuncias. La amplia mayoría de los casos (28) vienen del sector de la metálica y minería.

Explotación petrolera

En 2016 el gobierno ecuatoriano firmó un contrato de explotación petrolera con el consorcio chino Petroandes en la provincia de Pastaza. Los bloques 79 y 83 pasaban por las jurisdicciones de las comunidades indígenas Sápara y Quichua. El gobierno dijo haber consultado a las comunidades, pero estas declaraciones fueron desmentidas por los representantes amazónicos.

La comunidad Sápara envió una carta ante el embajador chino de la ONU donde argumentaba que el 40% de su territorio se veía afectado en las concesiones y que su idioma, patrimonio intangible declarado por la UNESCO, estaría en peligro. Petroandes se dirigió al Ministerio de Energía con una solicitud de fuerza mayor debido a la resistencia y oposición social de los pueblos indígenas. Luego de años de lucha, en 2019 llegó una victoria histórica para los derechos indígenas. Se detuvieron más de 158.000 hectáreas para la explotación petrolera.

A pesar del gran triunfo, éste se limitó solo al bloque 79. Mientras que el bloque 83 quedó abierto a la explotación. Son instancias difíciles, y más tomando en cuenta que el país debe entregar el 90% de su producción de petróleo a China hasta 2024.

Anclados en Esmeraldas, el 16 de noviembre del 2013, se ven varios petroleros chinos que transportan el crudo a intermediarios de Estados Unidos. Un mínimo porcentaje llega al país asíático. Foto: Reuters

El Estado ha perdido varias instancias judiciales por las falencias en los procesos de consulta previa.

Constan casos como los de los indígenas cofán en Sinangoe que demostraron que empresas mineras avanzaron en sus tierras sin una consulta, los indígenas waorani en Pastaza que demostraron explotación y exploración petrolera en sus territorios sin previa consulta o los indígenas kichwa de Santa Clara que lograron la suspención de la construcción de una hidroeléctrica ya que tampoco hubo una consulta. En este último caso se investiga una supuesta red de corrupción que vincula a un juez que habría sobornado a uno de los magistrados del caso.

**Protesta ambientalista frente a la Embajada china en Quito. Foto: DOLORES OCHOA / AP**

Minería

En 2012 el gobierno firmó el primer contrato de minería a gran escala del país. El proyecto Mirador está ubicado en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Es propiedad de Ecuacorriente, que fue adquirido por el consorcio chino CRCC – Tongling. El consorcio también adquirió todos los activos que poseía la empresa canadiense Corriente Resources, pero mantenía filiales en Canadá.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y MiningWatch Canadá presentaron una denuncia en el Punto Nacional de Contacto de ese país por el desplazamiento forzoso y afectaciones al medio ambiente de poblaciones indígenas.

El líder shuar José Tendetza que se oponía al proyecto minero fue hallado muerto días antes de una protesta relacionada con el tema. Según el portal británico The Guardian, el líder tenía previsto condenar el proyecto minero en un Tribunal de Derechos de las Naciones Unidas en Lima.

No hay evidencias concretas que esclarezcan el asesinato de Tendetza, sin embargo, la INREDH declaró que habías sospechas de que su asesinato estaba ligado a sus acciones como defensor de la tierra.

Un grupo de activistas ecuatorianos que viajaban en autobús a la misma convención fueron detenidos varias veces y finalmente retenidos por la Policía en su camino a Lima. El portal asegura que el entonces presidente Correa quería evitar una mala imagen internacional ya que tenía en la mira la explotación del Yasuní.

La ONG Front Line Defenders reportó que en 2015 fuerzas policiales y empresas de seguridad privada habrían demolido las casas de comunidades en Tundayme. Según la organización los desalojos habrían sido contratados por Ecuacorriente y tampoco se habría realizado la consulta a la comunidad.

La Comunidad Amazónica de Acción Social (CASCOMI) interpuso una acción de protección contra el Estado y Ecuacorriente sobre la omisión de la consulta previa, libre e informada y los desalojos forzados a 36 familias campesinas e indígenas desalojadas de Tundayme.

La empresa pidió que se desestime el recurso y argumentaron que las tierras en cuestión no eran ancestrales. Además, dijeron que los desalojos respondieron a la obligatoriedad minera y que sí habían informado a la comunidad sobre esta acción.

Pesca ilegal

En 2020 la Armada ecuatoriana descubrió una flota pesquera china de 340 embarcaciones frente a las islas Galápagos. Una investigación del Instituto de Desarrollo de Ultramar encontró que 183 embarcaciones estarían envueltas en pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR). El gobierno ecuatoriano declaró su rechazo a estos eventos, pero su relación comercial con China y su capacidad de control dificultan acciones eficientes.

Muchas unidades han permanecido cercanas a las islas. Su mecanismo es el de apagar intermitentemente sus radares y entrar casi siempre en las noches a zonas donde la pesca es prohibida. Según la agencia de pesca de la ONU, China acumuló un 15% de las capturas pesqueras globales. La flota china es la más grande del mundo.

**La depredación del mar por un plato de aletas de tiburón, que puede llegar a costar USD 150 en los restaurantes exclusivos de Asia.**

Otro informe de Oceana hizo un monitoreo en asociación con Google y Global Fishing Watch y encontraron que el 99% de la pesca en las afueras de la reserva venía de flotas chinas. Principalmente extraían calamares y peces, indispensables en el equilibrio de la biodiversidad de las islas. La reserva marina del archipiélago cubre 133.000 kilómetros cuadrados y es patrimonio mundial de la UNESCO.

Energía renovable

En 2014 un derrumbe en el pozo del proyecto chino Coca Codo Sinclair ocasionó la muerte de 13 obreros, 10 ecuatorianos y 3 chinos. Además, 12 resultaron heridos. Uno de los heridos declaró que las condiciones del túnel podían ser peligrosas por las intensas lluvias.

En la hidroeléctrica Sopladora murieron también 4 técnicos chinos a causa de una explosión. Se estaba realizando la ampliación de un pozo subterráneo al momento de los hechos.

En Azuay se sentó un precedente histórico para la energía renovable del país en 2018 cuando un juez ordenó a la empresa china Ecuagoldmining detener sus actividades mineras en Cuenca. Un mes antes la CONAIE reportó que el campamento de ese proyecto minero (Río Blanco) “sufrió un incendio por represión ejercida por la seguridad de la empresa transnacional y la policía nacional”.

La organización detalló que la Policía lanzó bombas lacrimógenas a niñas, mujeres y hombres que se manifestaban en contra de la empresa. El ataque de bombas lacrimógenas y molotov habría impactado con un material químico que luego ocasionó el incendio en el campamento.

Todos los 39 casos ecuatorianos, compuestos por 63 denuncias a empresas chinas se encuentran en el reporte del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Las industrias con mayor riesgo a la vulneración a los derechos humanos son la minería con 35% y la construcción con 22%. Ambas representan el mayor número de denuncias del Ecuador.

Fuente de la información e imagen: PLANV

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