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México: Universidades del Bienestar: despidos arbitrarios y precarización

Por: Arturo Rendón

En las Universidades del Bienestar los profesores han denunciado múltiples despidos arbitrarios llevados adelante por la autoridad de esa institución, con lo que ha salido a relucir el estado de profunda precarización en el que se encuentran.

Docentes y trabajadores de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) se encontraron con la sorpresa de ser víctimas de múltiples despidos arbitrarios por parte del gobierno de la 4T, mediante un correo que decía lo siguiente: “Me dirijo a usted para extenderle nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo prestado hasta el día 15 de julio de 2021, su participación ha sido muy valiosa para el desarrollo de la sede, pero por el momento no estamos en condiciones de renovar el convenio de prestación de servicios educativos con usted, esperamos que en un futuro podamos contar nuevamente con su intervención profesional”.

Este mensaje era parte de un oficio firmado por Héctor Leonardo Martínez Torres, director académico, enviado el 19 de julio.

O sea que, en vez de recibir el pago de la primera semana de julio, la cual ya habían trabajado, los docentes y trabajadores de las UBBJ perjudicados se encontraron con que se les informaba de su despido de hecho.

Las autoridades les dijeron que si quisieran cobrar lo devengado tendrían que aceptar esa situación, negándoles el derecho a recibir una liquidación digna.
Lo anterior ha generado una situación crítica, ya que distintas sedes se han quedado con sólo un profesor y un coordinador para atender a alrededor de 150 alumnos para los cursos propedéuticos, repercutiendo directamente en la calidad de la educación impartida.

Las escuelas que fueron impactadas por el múltiple despido de maestros son: Etchojoa, Sonora, con 1 docente y 1 asistente académico menos; Cuencamé, Durango, con el despido de 1 asistente académico; Villa de Allende, Estado de México, con 1 docente; Francisco I. Madero, Hidalgo, con 2 docentes; San Quintín, Baja California Sur, con 1 docente; Chenalhó, Chiapas, con 1 docente, y Cosalá, Sinaloa, con 1 docente y 1 asistente académico.

A eso se suma que los profesores deben soportar los efectos de la precarización laboral, como es: recortes a su salario, acoso laboral, maltrato, y un trato déspota perpetrado por parte de Raquel Sosa, coordinadora nacional de las UBBJ, situación que no tiene nada de nueva.

Las UBBJ como proyecto de la 4T

Las UBBJ fueron creadas el 30 de julio de 2019 y empezaron a funcionar en agosto de aquel año. Actualmente, según cifras oficiales, cuentan con 145 sedes en todos los estados del país, con más de 28 mil estudiantes, mil docentes y más de 36 carreras universitarias registradas.

El discurso oficial afirma que son “un proyecto que cumple con un fin comunitario y arraigado en la identidad de los pueblos que sobreviven en condiciones de exclusión, donde se estudia y aprecia el patrimonio histórico cultural y natural”. Sin embargo, en la práctica son instituciones donde se niegan los derechos laborales de los trabajadores docentes y no docentes; mientras que los estudiantes ven mermado su derecho a recibir una educación digna, como fue en el caso de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), hoy UBBJ sede Cuauhtémoc, que se mantuvo en paro durante varios meses en protesta.

Lo que los trabajadores necesitamos es la basificación, es decir, tener una plaza fija que nos garantice estabilidad y demás derechos laborales; junto con la sindicalización, para poder afiliarnos a una organización de trabajadores que nos permita el acceso a un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

La lucha por estos derechos es parte de la defensa de la educación pública y gratuita, que los trabajadores de la educación de todas las instituciones, niveles educativos y estados del país, debemos librar en unidad con los estudiantes.

Desde la Agrupación Nuestra Clase exigimos la reinstalación inmediata de todos los docentes y asistentes de las UBBJ injustamente despedidos, así como el pago incondicional de sus salarios devengados.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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Derechos Humanos y biodiversidad: 10 compromisos que deben asumir los Estados según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Detener la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad que esta trae de la mano es una responsabilidad compartida. La ciudadanía en su conjunto debe comprometerse en pos del cuidado del planeta. Sin embargo, es indispensable también que las administraciones lleven la delantera en esta temática. La implementación de políticas públicas tendientes a la protección medioambiental es imprescindible, para esto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha recopilado una serie de compromisos a los que deben responder los Estados.

La pérdida de biodiversidad sin precedentes, la contaminación, el cambio climático y el aumento de las enfermedades zoonóticas han puesto de manifiesto la relación simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza. La irrupción de la pandemia de coronavirus lo ha dejado aún más en evidencia. El derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, así como otros derechos humanos, solo pueden alcanzarse allí donde la biodiversidad prospere y los ecosistemas sean saludables.

De este modo, resulta indisociable la protección de la biodiversidad de los Derechos Humanos. Para lo cual existen ya una seria de obligaciones estatales vinculadas tanto a los derechos humanos como a la biodiversidad provienen de leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).  De este modo, de acuerdo con estos compromisos y las responsabilidades que engloban, los Estados están obligados a cumplir con algunos aspectos clave, a saber:

1. Abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat, y prevenir sus impactos negativos sobre los derechos humanos:  Los Estados deben tomar medidas urgentes para abordar estos desafíos. Esto incluye poner fin a la deforestación, proteger y conservar tierras y océanos, avanzar hacia patrones sostenibles de producción y consumo, combatir el cambio climático y la contaminación, prevenir la introducción de especies exóticas invasoras, y proteger la tenencia de la tierra y el uso de recursos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y las niñas.

2. Garantizar la igualdad y la no discriminación: Debido a que afecta a algunos de manera más aguda que a otros, la pérdida de biodiversidad puede aumentar las desigualdades que ya existen entre individuos, grupos e incluso generaciones, ya que las generaciones futuras heredarán los resultados irreversibles de la degradación ambiental. Por lo tanto, las acciones para abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat deben considerar la edad, el género y vulnerabilidades como la pobreza, la discapacidad o la marginación, y no exacerbar las disparidades existentes.

3. Proteger los derechos de los pueblos indígenas: Estos se ven muy afectados por la pérdida de biodiversidad y se encuentran entre los actores mejor posicionados para prevenirla. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho de estos pueblos a conservar y proteger sus tierras, territorios y recursos. Esto significa que las acciones de conservación con potencial impacto sobre los derechos humanos deben tomarse en consulta con los pueblos indígenas y con su consentimiento libre, previo e informado, y deben apoyar su participación en la gestión y apropiación de los esfuerzos correspondientes.

4. Proteger a los defensores de los derechos ambientales: Aquellos que protegen la biodiversidad, los hábitats, los medios de vida que dependen de la naturaleza y los derechos humanos han sido objeto de amenazas, violencia, criminalización y represalias, particularmente las mujeres y niñas y los indígenas. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos requieren que los Estados respeten, protejan y cumplan los derechos de los defensores ambientales a la participación, el acceso a la información y a las libertades de expresión, reunión y asociación. Los Estados también están obligados a tomar medidas contra las amenazas a la vida o el bienestar de los defensores ambientales, brindar acceso a la justicia y reparación efectiva cuando se violen sus derechos y realizar investigaciones oportunas en las cuales los responsables de actos de violencia e intimidación sean procesados.

5. Asegurar una participación significativa e informada, incluso en la gobernanza de la tierra y los recursos:  El derecho a la participación libre, activa, significativa e informada en los asuntos públicos está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo y otros instrumentos internacionales, acuerdos ambientales multilaterales, y leyes y políticas nacionales. Esto significa que los Estados deben proporcionar información pública sobre la biodiversidad en un lenguaje y formato accesibles; prever y facilitar la participación pública, teniendo en cuenta las barreras que enfrentan los pueblos indígenas, las comunidades locales, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situación de marginación; y llevar a cabo de manera transparente y responsable toda la formulación de las políticas relacionada.

6. Proteger contra los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas debido a la pérdida de biodiversidad: Como se refleja en los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto incluye evitar su infracción a través de la pérdida de biodiversidad y facilitar la reparación de cualquier daño causado o con el cual se haya contribuido. Según el derecho internacional, los Estados están obligados a proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas y deben exigir una evaluación de todos los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos de los proyectos que puedan afectar la biodiversidad. Cuando se producen abusos contra los derechos humanos, incluidos los que resultan de la pérdida de biodiversidad y hábitat, los Estados deben responsabilizar a las empresas y garantizar que los afectados tengan acceso a un recurso efectivo.

7. Asegurar la cooperación regional e internacional: La protección eficaz de la biodiversidad requiere cooperación y solidaridad internacionales. Los instrumentos de derechos humanos piden a los Estados cooperar en la realización de todos los derechos humanos, abordando las brechas en la protección y los daños transfronterizos y extraterritoriales. Además, la capacidad de los países en desarrollo para implementar sus compromisos de diversidad biológica depende del intercambio de recursos y de las transferencias de tecnología de los países desarrollados. Por lo tanto, los Estados deben establecer y fortalecer mecanismos y recursos para abordar las causas y los impactos transfronterizos de la pérdida de biodiversidad y hábitat.

8. Movilizar eficazmente los recursos adecuados para prevenir los daños a los derechos humanos causados por la pérdida de diversidad biológica: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales requiere que los Estados dediquen el máximo de recursos disponibles al cumplimiento de este conjunto de derechos. Esto incluye la protección de la biodiversidad, porque la biodiversidad es necesaria para garantizar ecosistemas saludables, y a su vez estos son necesarios para garantizar los derechos a la vida, la salud y los medios de subsistencia de miles de millones de personas en todo el mundo. Los Estados están obligados a actuar tanto individual como colectivamente, por lo que la cooperación internacional y la asistencia financiera son imperativas.

9. Garantizar que todos disfruten de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones: Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos tienen derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma el valor de los sistemas de conocimientos tradicionales y los enfoques holísticos y el CDB compromete a los Estados a respetar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales hacia la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. En particular, los Estados deben apoyar el uso de los conocimientos tradicionales con el consentimiento de los pueblos indígenas interesados, garantizando que los beneficios económicos se compartan de manera equitativa, y deben apoyar la transferencia de métodos y tecnología para una respuesta internacional eficaz a la pérdida de diversidad biológica.

10. Garantizar la educación con respeto a la naturaleza: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de toda persona a la información y la Convención sobre los Derechos del Niño pide que la educación fomente el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el medio ambiente natural. Comprender los derechos humanos y el medio ambiente es fundamental para garantizar la dignidad humana, el bienestar y la supervivencia, y requiere de la participación informada de todas las personas. Por lo tanto, los Estados deben garantizar el derecho de todas las personas a la educación, poniendo en el centro el respeto por la naturaleza y a la información necesaria para protegerla.

Fuente: https://diarioresponsable.com/noticias/31566-derechos-humanos-y-biodiversidad-10-compromisos-que-deben-asumir-los-estados

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México: Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

*La Asamblea tiene entre los puntos de su pliego petitorio, la instalación de una Comisión Electoral Central responsable de coordinar y evaluar la propuesta de elección para el nuevo director o directora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).


La Asamblea de Académicos, Estudiantes, Administrativos y Aspirantes (AAEAA) de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 dieron a conocer que, desde hace 9 meses demandan la reapertura de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI Plan 90) y la Licenciatura en Educación (LE Plan 94), como el cumplimiento de un pliego petitorio.

Explicaron que, de no impartirse esas licenciaturas en las nueve subsedes que conforman la Unidad 071 de la UPN, afectarían a un número aproximado de 500 aspirantes en 9 municipios de la entidad chiapaneca.

Durante ese tiempo, la única respuesta que recibieron del gobierno estatal y autoridades educativas fue a través de una entrevista realizada el pasado 28 de mayo, donde informaron el cierre de ambas licenciaturas.

La AAEAA señaló que, dicha decisión tiene fundamento en la “filosofía racista y discriminatoria”, ya que las dos licenciaturas van dirigidas a jóvenes estudiantes de origen indígena, además su radio de influencia abarca municipios y comunidades de todo el estado.

A esto se suman las amenazas de: Amir Gómez Martínez, director de Gobierno; Julio Cesar Santos Puón, jefe del departamento de Educación Continua; Yadira Lavalle Herrera, coordinadora de delegados del gobierno; José Bastiani Gómez, director de UPN impuesto; y Rafael Morales Vázquez, representante de la Dirección de Educación Primaria Indígena.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica. Foto: Cortesía.

Los representantes -gobierno estatal y autoridades educativas- y servidores públicos mencionados han dicho que tienen los domicilios y nombres de los integrantes de la Asamblea, y si alteran la paz social incurrirían en delito.

Añadieron que, Roberto Méndez Rodríguez, coordinador de la subsede Ocosingo, intimida, amenaza y hostiga a las y los estudiantes que participan en el movimiento.

Este es un movimiento en defensa de la educación pública, en defensa de la UPN, en defensa de la vida académica de la UPN. Y sobre todo es la defensa del derecho a la educación para la juventud, pues, de cerrar las licenciaturas que demandamos, prácticamente nos despojan del derecho a la educación, dijo la AAEAA.

Al no recibir ninguna respuesta favorable, enviaron una comisión a la Ciudad de México, para hacer de conocimiento a las altas autoridades del país, sobre los agravios que se están cometiendo en su contra, al negarles derechos fundamentales, como es la educación.

Responsabilizaron a Bastiani Gómez, ya  que desde su participación en el cuerpo directivo anterior, avaló el cierre definitivo de las licenciaturas y ahora como director se ha dedicado a justificar dicha acción, como a calumniarles y victimizarles por luchar en defensa de la UPN.

Por esa razón, la educación no avanza en sus procesos formativos y críticos que liberen la conciencia de nuestros pueblos y localidades marginadas donde se vive realmente la pobreza económica extrema y las condiciones de vida son deplorables, a pesar de tener todos los recursos humanos y naturales que tiene nuestro estado, expuso la AAEAA.

Reafirmaron que continuaran la lucha a favor de la educación Pública y la UPN con la exigencia de respuestas positivas a su pliego petitorio, entre sus puntos se encuentra la apertura inmediata de matrículas de nuevo ingreso, desde hace más de dos años no se ha emitido convocatoria en los diversos programas, a nivel licenciatura como en posgrados, para aspirantes a cursar estudios y formación pedagógica, en todas las subsedes pertenecientes de la unidad 071.

Piden un alto a las amenazas por parte del director de la UPN, en
contra de estudiantes, académicos y administrativos. Foto: Cortesía

Asimismo, la emisión directa de contratos laborales para los alumnos que cursan del 6° al 8° semestre por parte de la Subsecretaria de Educación Federalizada (SEF), con techo financiero, en sus dos modalidades: preescolar y primaria.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica dentro de su casa de estudios, como del establecimiento y puesta en práctica de cursos extracurriculares con validez oficial, para complementar su formación como docentes y cumplir con los requisitos que se enmarca en las convocatorias de ingreso a la educación básica.

Otro punto es la suspensión inmediata por parte de la SEF, de las ordenes emitidas contra las y los maestros que están y han estado comisionados en la Unidad 071, y respeto a los trabajos académicos que han venido desarrollando dentro de la universidad.

La Asamblea piden la reinstalación inmediata de los trabajadores que se encuentran invalidados, así como aquellos que suspendidos en sueldo y funciones por parte de la administración saliente.

Así como la destitución del director impuesto y la emisión conjunta de la nueva convocatoria, respetando la libre participación democrática mediante voto universal y secreto de la comunidad universitaria, en la elección del nuevo director o directora de la Unidad 071 de la UPN.

Por último, la participación en la asignación de plazas directas a todos los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, en sus diferentes niveles escolares, y el alto a las amenazas que el director ejerce en contra de los estudiantes, académicos y administrativos para no participar en la defesa y lucha.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/07/medio-millar-de-aspirantes-indigenas-se-veran-afectados-por-cierre-de-licenciaturas-en-upn/

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«Los niños no le hicieron mal a nadie»: padres en Nigeria sufren tras secuestros en escuelas

El pasado 5 de julio un grupo armado llegó por la noche a una escuela de Nigeria  raptó a al menos 100 alumnos; los padres exigen apoyo del gobierno, quien permanece renuente a entregar dinero para evitar más secuestros.

Hace doce días, en el noroeste de Nigeria secuestraron a alrededor de cien estudiantes.

La madre de Judith, una niña de 14 años, sigue esperando noticias de su hija y no encuentra consuelo en nada.

«Yo soy una madre y no quisiera que nadie se lleve a mi niña, ni siquiera por un día. Imagínese el trauma», dijo la madre de Judith, Hassana Ayuba. «Los niños no tienen cómo defenderse, no le hicieron mal a nadie».

Judith canta en el coro de la iglesia y sueña con ser abogada. En su tiempo libre, le gusta arreglarle el cabello a sus vecinas, recuerda la madre.

Hace casi dos semanas que Judith fue secuestrada junto a otras 119 de sus compañeras en un colegio en el noroeste de Nigeria.

El pasado 5 de julio, hombres armados invadieron de noche los dormitorios del liceo Bethel, en el estado de Kaduna, donde secuestraron a los internos de entre 10 y 19 años.

Se trata del último ataque de una serie de secuestros masivos de menores y estudiantes cometidos en el noroeste de Nigeria por grupos criminales armados.

Los secuestros de viajeros en carreteras o de personalidades influyentes para exigir rescate son frecuentes en el país más poblado de África, pero los secuestros de estudiantes se han multiplicado este año, en el que casi mil jóvenes fueron capturados desde diciembre.

La mayoría fueron liberados luego de negociaciones, pero muchos de ellos quedan en manos de sus captores. El ataque devastó a los padres de familia de este colegio católico, que aguardan desesperadamente el regreso de sus menores.

En el patio de la escuela, Wobia Jirbailu Ibrahim, padre de una de las menores secuestradas, pasa ahora la mayor parte de sus días.

«Cuando sonó mi teléfono esa noche a la 01:00 horas, creí que era broma», recordó Ibrahim.

«¿Cómo pueden esas personas llevar a nuestras hijas al medio de la nada?», reclamó.

Camino en la oscuridad.

La mayoría de las estudiantes dormían cuando los hombres fuertemente armados dominaron a los guardas de seguridad e ingresaron al colegio abriendo fuego.

Como en la mayoría de los últimos ataques, los asaltantes actuaron de noche y obligaron a las menores a caminar en la oscuridad hasta los bosques cercanos.

En las primeras horas del día, los padres corrieron a la escuela.

Las fuerzas de seguridad que participaron en la búsqueda pudieron rescatar a 25 alumnos y un profesor, según informes de la policía.

Pero más de 120 alumnos continúan retenidos por los asaltantes, que entraron en contacto con la comunidad para exigir el pago de un rescate, dijo el reverendo Joseph Hayaba.

«Es imposible que podamos recaudar una cifra así, ni en 50 años», dijo el reverendo sin detallar el monto exigido.

Su hijo, Sunday Hayaba, logró escapar pese a que se encontró de frente con un hombre armado en uno de los dormitorios.

«Imagínese el trauma. ¿Cómo van a querer los niños volver a la escuela?», preguntó.

Las autoridades de la escuela enviaron a los secuestradores arroz, frijoles y aceite para alimentar a los alumnos, que duermen entre matorrales.

«Cuando llueve, yo me imagino la lluvia cayendo sobre sus cabezas», comentó Ayuba, la madre de Judith.  «Míreme a mí, yo tengo frío y tengo una frazada para calentarme.  ¿Usted cree que mi hija tiene una?», cuestionó desesperada.

No a las negociaciones

El presidente nigeriano, MuhammaduBuhari, ordenó a las fuerzas de seguridad hacer lo posible para liberar a los menores, pero ha sido fuertemente cuestionado debido a que la situación de seguridad del país no para de degradarse.

Bandas criminales aterrorizan desde hace mucho tiempo ciertas partes del noroeste y el centro de Nigeria, donde saquean comunidades y roban ganado.

Algunos gobernadores locales han intentado negociar con esos grupos, ofreciendo una amnistía a cambio de sus armas, pero la mayoría de los acuerdos de paz han fracasado.

El gobernador del estado de Kaduna, Nasir Ahmad El Rufai, se ha negado a pagar los rescates para no incitar a las bandas a cometer aún más secuestros.

Su posición ha provocado enojo e incomprensión entre las familias del colegio Bethel.

«El gobierno prometió proteger nuestras vidas y nuestros bienes, tal vez podemos decir que nos ha dejado caer», declaró Ibrahim en el patio de la escuela.

«Yo no he vuelto a la casa, si debo volver, lo haré con mi hija», afirmó.

Fuente: https://www.milenio.com/internacional/padres-nigeria-sufren-secuestro-hijos-escuelas

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La pandemia ha erosionado los avances mundiales en la lucha contra el trabajo infantil

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF advierten que la explotación infantil ha incrementado tras la pandemia. Entre otras consecuencias, luego de la llegada de la COVID-19, el número de menores de edad que son sometidos a realizar trabajos forzosos y perjudiciales para su salud se ha elevado a 160 millones en todo el mundo, según se desprende de los resultados del informe: “Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir” publicado el pasado mes de junio por ambas organizaciones internacionales. De cara a la reconstrucción de la crisis generada por el coronavirus, es imprescindible que los estados pongan a los Derechos Humanos de los más vulnerables, como los niños, en el centro.

Mientras en algunos países se discute el retorno presencial o virtual a las clases y en otros los más pequeños se preparan para las vacaciones de verano, en diferentes latitudes hay millones de niños y niñas trabajando. Lo más grave es que esto no pareciera ser prioritario de resolver. El informe “Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir” hace un balance de la situación en la que nos encontramos actualmente en lo que respecta al esfuerzo mundial para poner fin al trabajo infantil. Este documento ha sido publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y describe el alcance y las características fundamentales del trabajo infantil hoy en día, y los cambios operados con el tiempo.

Lo que muestra la investigación es ciertamente alarmante. Según se desprende de esta, los progresos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil se han estancado por primera vez desde hace dos decenios. Además, las y los expertos advierten que, si no se adoptan medidas urgentes de mitigación, la crisis de la COVID-19 probablemente dé lugar a que muchos más millones de niños se encuentren en situación de trabajo infantil. Estos resultados ponen de manifiesto la cruda realidad del escaso e insuficiente compromiso de la comunidad internacional con poner fin al trabajo infantil de aquí a 2025.

Detrás de las cifras hay niñas y niños que sufren. Los números son inaceptables: 160 millones de niños –63 millones de niñas y 97 millones de niños– se encontraban en situación de trabajo infantil a nivel mundial a principios de 2020, lo que representa casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo.  Además, un total de 79 millones de niños –casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil– realizaban trabajos peligrosos que ponían directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral. De manera análoga, el porcentaje de niños que realizan trabajos peligrosos prácticamente no ha cambiado, pero ha aumentado en 6,5 millones en términos absolutos.

El documento analiza los avances y retrocesos por regiones y explica que en África Subsahariana se observan los peores resultados. En esta región, tanto el número como el porcentaje de niños en situación de trabajo infantil se han incrementado desde 2012. En la actualidad, hay más niños en situación de trabajo infantil en África Subsahariana que en el resto del mundo. Según las estimaciones, los objetivos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil no se alcanzarán si no se logra un avance en esta región. Asimismo, indica que aún en las regiones en las que se han registrado avances desde 2016, en particular Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, la COVID-19 podría revertir dichos avances.

En el informe se destaca también un aumento sustancial de la cantidad de menores de 5 a 11 años que trabajan, y que actualmente representan algo más de la mitad de todos los casos de trabajo infantil a escala mundial. La cantidad de niños y niñas de 5 a 17 años que realizan un trabajo peligroso, por el cual se entiende todo trabajo susceptible de mermar su salud, seguridad o moral, ha aumentado en 6,5 millones desde 2016, hasta alcanzar 79 millones.

Otro aspecto que pone de manifiesto la investigación es que, el cierre de centros educativos como consecuencia de la pandemia  puede conllevar que los niños trabajen más horas, o en peores condiciones, al tiempo que muchos otros podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo infantil debido a la pérdida de empleo e ingresos de las familias vulnerables.

Entre las principales conclusiones del informe las cifras son muy desalentadores, entre las más graves se destacan la siguientes: El 70% de los casos de trabajo infantil (112 millones de niños) se dan en el sector agrícola, seguido del 20% (31,4 millones de niños) en el sector de servicios y el 10% (16,5 millones de niños) en el sector industrial. Además, casi el 28% de los niños de 5 a 11 años y el 35% de los niños de 12 a 14 años que trabajan no están escolarizados. El documento muestra que, el trabajo infantil se da con más frecuencia en el caso de los niños que en el de las niñas, con independencia de su edad. Con respecto a las tareas domésticas realizadas durante 21 horas semanales, o más, la disparidad de género en cuanto a trabajo infantil es menor. Por otra parte, se muestra que el trabajo infantil en zonas rurales (14%) es casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas (5%).

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF manifestó que: “Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor. En este segundo año de confinamientos en todo el mundo, cierre de escuelas, crisis económicas y ajustes presupuestarios a escala nacional, las familias se ven obligadas a tomar decisiones muy drásticas. Instamos a los gobiernos y a los bancos internacionales de desarrollo a que den prioridad a las inversiones en programas que permitan a los niños salir de la fuerza de trabajo y regresar a la escuela, así como en programas de protección social que faciliten esa labor a las familias.”

La OIT y UNICEF concluyen que, de cara a la reconstrucción que están comenzando a desarrollar muchos estados, los derechos humanos de las y los niños deben estar en el centro. El trabajo infantil merma la educación, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro. Con objeto de evitar que el trabajo infantil siga aumentando, el documento realiza las siguientes recomendaciones para que las administraciones tomen en cuenta:

  • Fomentar una protección social adecuada para todos que incluya prestaciones universales por hijos.
  • Aumentar el gasto en educación de calidad y facilitar el regreso de todos los niños a la escuela, entre ellos los que estaban sin escolarizar antes de la pandemia de COVID-19.
  • Promover el trabajo decente para los adultos, con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de sus hijos para generar ingresos familiares.
  • Poner fin a las normativas de género ineficaces y a la discriminación que propician el trabajo infantil.
  • Invertir en sistemas de protección de la infancia, el desarrollo del sector agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y medios de subsistencia.

Fuente: https://diarioresponsable.com/noticias/31573-la-pandemia-ha-erosionado-los-avances-mundiales-en-la-lucha-contra-el-trabajo-infantil

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Haitianos marchan contra la violencia y ocupación de EE.UU.

América Central/Haití/30-07-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Los ciudadanos exigen un cambio de modelo que permita salir de la profunda crisis económica y social que padece el país.

Centenares de haitianos marcharon este miércoles en Puerto Príncipe (capital) en repudio a la situación de violencia existente, así como de la ocupación de Estados Unidos (EE.UU.) en el país que suscitó hace 106 años.

Diversas organizaciones políticas y sociales exigieron Justicia, en medio de la marcha, a las víctimas de la masacre en Delmas el pasado 29 de junio y que dejó como resultado 20 víctimas mortales, el episodio es catalogado como «la noche oscura».

En el marco de la masacre, entre los asesinados figuran el periodista Diego Charles de Radio Visión 2000 y creador del sitio en línea La Ripiblik, así como la activista feminista Marie Antoinette Duclair, quien criticaba la gestión gubernamental en medio de la crisis.

Las autoridades haitianas aún no brindan información sobre la investigación de dicha masacre, más allá de que la Policía inculpó a la facción disidente Fantom 509, nacida en el ambiente de protestas de 2019, y cuyo fin era propiciar mayor acceso a seguros de salud y primas económicas a los oficiales.

En cambio, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos destacó el posible vínculo del suceso con las llamadas bandas G-9 de presuntos vínculos con el Gobierno, y luego de que algunos testigos identificaran a miembros de la misma tras el incidente.

La manifestación de este miércoles se inició en la Plaza de Constitución en Champs de Mars y terminó frente a la Embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe, debido a que el Gobierno interino solicitó nuevamente a Washington asistencia militar para estabilizar la crisis social y violencia, agravadas por el asesinado del presidente Juvenel Moise el pasado 7 de julio.

Moise, de 53 años, fue asesinado durante un ataque en su residencia, y fue sepultado el pasado viernes en medio de un clima de violencia. Hasta la fecha 26 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 colombianos, dos policías haitianos y seis civiles, algunos de ellos de nacionalidad estadounidense.

El 28 de julio es recordado en Haití como el día de inicio de la primera ocupación militar estadounidense, la cual dejó cerca de 30.000 muertos en sus 19 años de duración.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/haiti-marchan-contra-violencia-ocupacion-eeuu-20210728-0035.html

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Libro (PDF): Crítica del derecho y del estado frente a la reconfiguración del capital. Pensamiento y praxis

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

De entre las miradas posibles para analizar la dinámica global y sus contradicciones, los estudios que promueve la Asociación Nuestroamericana de Estudios Interdisciplinarios de la Crítica Jurídica tienen como eje medular el análisis del estado y del derecho; se inscriben en los estudios críticos del derecho —crítica en el sentido de la crítica a la lógica destructiva del capital desde su raíz y no sólo en sus manifestaciones fenomenológicas—, y buscan no sólo describir sino explicar al estado y al derecho moderno hegemónicos, procurando ir más allá de su discurso, esto es, anclando su análisis en las relaciones sociales de dominación capitalista, es decir, en la mercantilización de la vida en su conjunto.

Autoras(es): Blanca Estela Melgarito Rocha. Daniel Sandoval Cervantes. Alma Guadalupe Melgarito Rocha. [Editores]

Jaime Eduardo Oriz Leroux. Alejandro Karin Pedraza Ramos. Esteban Rodríguez Alzueta. Daniel Sandoval Cervantes. Marco Alexandre de Souza Serra. Augusto Sánchez Sandoval. Bernardo Bolaños Guerra. Ricardo Miranda. Francisco Martínez Cruz. Carlos Perea Sandoval. Tania Meneses Cabrera. José Ricardo Pachón Niño. Kendy Dayana González Valencia. Fabrizia C. Navarro Santaella. Fructuoso Matías García. Daniel Cieza. Rocío Hernández Vite. Úrsula Bonfil Jiménez. Edgar Belmont. Miriam Roque. Guadalupe Urbina Martínez. Tainã Góis. Ana Carolina de Brito Moraes. Cynthia González Cárdenas. José Rubén Orantes García. Mónica Ribeiro Palacios. Mercedes Cabrera Rosas. Claudia Morales Gómez. Cynthia B. Salazar Nieves. Sergio Martín Tapia Argüello. Alma Guadalupe Melgarito Rocha. Blanca Estela Melgarito Rocha. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. CEPEDIS. ANEICJ.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-942-4

Idioma: Español

Descarga: Crítica del derecho y del estado frente a la reconfiguración del capital. Pensamiento y praxis

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2379&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1551

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