Derechos Humanos

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En México «se han romantizado los embarazos en menores de edad», alertan especialistas

Noticias

Por: Aline Espinosa Gutierrez

Expertas en Derechos Humanos de las niñas llamaron a que la sociedad y autoridades mexicanas dejen de normalizar los embarazos en menores de edad, pues estos son resultado de la violencia sexual que ejercen personas cercanas a ellas como sus tíos, abuelos, padres o hermanos, lo que las aleja de vivir una vida libre de violencia y limita su desarrollo social y profesional.

Durante el programa de radio “Análisis Feministas”, conducido por la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Lucía Lagunes Huerta, las expertas detallaron que México ocupa el primer lugar entre los 36 países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en embarazos de menores de edad, por ello es indispensable que se desarrollen acciones efectivas para eliminar esta problemática que va en aumento.

En su opinión, los embarazos en menores de edad incrementaron en el país, en particular en Oaxaca y Veracruz. Situación que recrudeció debido a la llegada de la pandemia, ya que las niñas y adolescentes se vieron obligadas a estar en confinamiento con sus agresores y prevalece la cultura de encubrir a éstos, por lo que las menores de edad son llevadas a los servicios médicos muy tarde cuando ya no es posible la interrupción de un embarazo.

“Lamentablemente el hogar es donde ocurre el mayor número de violaciones sexuales. Es muy raro que en los embarazos infantiles el agresor sea una persona extraña. Los agresores son sus hermanos, tíos y padres”, declaró la coordinadora nacional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer en México (Cladem), Nelly Martínez Echartea.

Martínez Echartea añadió que el Cladem en 2018 registró que las Secretarías de Salud de la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Yucatán, no tienen desagregados los números en cuanto a embarazadas de 15 a 19 años y de 10 a 14 años. “No hay un registro de niñas que acudieron a primera consulta, ni de seguimiento de embarazo, que solicitaron interrupción de embarazo por violación, ni de nacimientos provenientes de este grupo”, dijo.

Por su parte, la abogada de Equifonía y acompañante de menores de edad víctimas de violencia sexual, Adriana Fuentes Manzo, dijo que en Veracruz más del 60 por ciento de las menores de edad embarazadas acuden a los hospitales cuando cumplieron su primer trimestre de gestación y la lógica del personal de salud es aplicarles cuestionarios  sobre la violencia que vivieron para cumplir con la ley, pero sin considerar su situación de vulnerabilidad.

“Debe quedar muy claro que no son niñas, no son adolescentes ejerciendo sus Derechos sexuales y reproductivos con pares. Son personas que les duplican la edad. Los embarazos prolongan el sufrimiento sexual. El Estado a través de esas procuradurías municipales y estatales tiene que hacer acciones a favor de la protección más amplia de esas niñas”, agregó Fuentes Manzo.

En sus palabras, es necesario que las autoridades desarrollen protocolos de actuación para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual y se considere que pueden estar acompañadas a la hora declarar el hecho, por una persona que pudo haber encubierto al agresor o que también es víctima de él.

De acuerdo con datos citados por las panelistas, el Consejo Nacional de Población (Conapo) indicó que los embarazos en adolescentes aumentó por lo menos un 30 por ciento en el país a raíz de la pandemia por la COVID-19, por lo que se estima que este año habrá alrededor de 29 mil nacimientos provenientes de menores de edad adicionados a los proyectados para 2021.

Estas cifras, dijeron, demuestran que habría mil embarazos cada día en este año, lo que visibiliza que los retos a enfrentar por la sociedad y el gobierno mexicano son aún mayores si se desea reducir un 50 por ciento los embarazos en menores de edad, uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

“Hoy en este país 20.8 por ciento, es decir la quinta parte de todas las mexicanas se casan antes de los 18 años. En Chiapas, Guerrero y Tabasco, 30 por ciento se casa a esta edad y en la Ciudad de México 9 por ciento, mientras que 40 por ciento de las niñas y adolescentes de este país nunca han ido a la prepa”, añadió la secretaría general de la Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez.

Explicaron que aún no se tiene un estructura sólida para que el Estado mexicano brinde protección a las menores de edad, por lo que es necesario que desde la organizaciones civiles se proporcione la información para que las familias sepan que las menores de edad pueden acceder a la interrupción del embarazo sin una denuncia previa y que este tipo de violencia debe ser denunciada.

A fin de enfrentar estas problemáticas es indispensable que la Secretaría de Educación Pública y todas las instituciones de los diferentes niveles de poder garanticen el acceso a la educación y a prevenir y erradicar la violencia sexual contras las niñas y adolescentes más aún cuando en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador “se ha romantizado los embarazos en menores de edad”.

“Análisis Feminista” se transmite todos los miércoles a las 10 horas por Violeta Radio 106.1 FM, la primera emisora de uso social en la Ciudad de México o por internet en violetaradio.org. También puedes descargar la aplicación de Violeta Radio para Android en: appcreator24.com/app954377

Fuente de la información e imagen. CIMAC Noticias

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Declaración final del Foro Político de Alto Nivel no ofrece respuestas adecuadas a los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de pandemia

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Publicada por: CLADE

Por: Fabíola Munhoz

Sociedad civil se manifiesta contra la declaración ministerial adoptada por los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cierre del Foro dedicado al seguimiento a esta agenda en el ámbito internacional

“El FPAN de este año no ha logrado presentar recomendaciones de acción audaces y  transformadoras en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, cerca de 190 millones han enfermado, más de 250 millones han perdido sus empleos, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más ya han caído en el hambre y la pobreza extrema. Es inexcusable que, durante esta crisis mundial, los Estados miembros no se hayan puesto de acuerdo en una Declaración Ministerial fuerte, centrada en los derechos humanos, transformadora y orientada a la acción”.

Esta es la opinión que las organizaciones y redes de la sociedad civil que forman parte de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU (MGOS, por su acrónimo en inglés), expresaron sobre el contenido de la declaración ministerial adoptada hoy (16 de julio), luego del cierre de la edición 2021 del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU, instancia principal de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional. Los MGOS son el espacio de participación de la sociedad civil en el monitoreo y revisión de los ODS a nivel global.

Redes y organizaciones integrantes de dichos Grupos, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), afirman en posicionamiento público divulgado hoy, que les entristece profundamente la falta de ambición de los Estados para responder a las crisis a las que el mundo se enfrenta actualmente. Destacan, así mismo, que los derechos humanos, la igualdad de género y el equilibrio ecológico deben ser fundamentales en todos los esfuerzos de recuperación y restauración ante los efectos del COVID-19.

“Reafirmar viejos compromisos (que eran claramente insuficientes antes de la pandemia) no es una respuesta adecuada a la pandemia. Nos preocupa enormemente la negativa constante a abordar las causas fundamentales y los obstáculos sistémicos para lograr un mundo en el que nadie se quede atrás (la continua dependencia de las fuentes de energía fósiles, la búsqueda de un crecimiento infinito de las economías extractivas, las relaciones de poder desiguales que engendran una deuda insostenible y flujos financieros ilícitos, el patriarcado como herramienta política, la captura corporativa de la gobernanza, la agenda de desarrollo y sostenibilidad y sus implicaciones para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, por nombrar algunos)”, se afirma en el comunicado.

> Lee el posicionamiento completo.

> Lee la declaración ministerial que fue adoptada en el cierre del FPAN

Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de género

Mientras la sociedad civil negociaba un resultado sólido del FPAN 2021 y una declaración ministerial que defiendera la igualdad y la dignidad para todas y todos, el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Munir Akram, ha sido considerado responsable de actos de violencia contra una mujer, y aún no rindió cuentas sobre el hecho debido a su inmunidad diplomática. El ECOSOC preside el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

Dichos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en las noticias internacionales, incluido el periódico New York Times. Aunque Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram para que pueda ser procesado, no lo ha hecho.

Ante este contexto, organizaciones feministas reunidas en el Grupo Principal de Mujeres de la ONU divulgan posicionamiento, en el cual demandan que las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán, en el sentido de que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU.

“Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y  nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este llamamiento. Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU”, afirman en el comunicado.

> Lee el posicionamiento aquí

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/declaracion-final-del-foro-politico-de-alto-nivel-no-ofrece-respuestas-adecuadas-a-los-desafios-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-un-contexto-de-pandemia/

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Legalizaciȯn de la exclusión

Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz

 

Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos.

 

En un artículo reciente, titulado “Legalizando delitos: Código Penal viola constitución y tratados internacionales” (Acento, 4-7-2021), la abogada Ivanna Molina aborda uno de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad dominicana, la legalización de las prácticas violatorias de los derechos humanos.

Cualquier sociedad puede incurrir en prácticas violatorias de los derechos de las personas. La actitud democrática conlleva educar para tratar de reducir estas acciones a su mínima expresión, mientras legisla para proteger a quien, por cualquier motivo, puede verse afectado por agravios a su dignidad personal.

Uno de los signos de una sociedad democrática moderna es el avance en las superación de las prácticas estigmatizadoras, tanto en la percepción predominante del espacio público, como en las estructuras jurídico políticas de la comunidad. En este aspecto, la sociedad dominicana muestra alarmantes signos de retroceso.

Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos. Por ejemplo, cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer la libertad religiosa en una sociedad democrática, pero si el ejercicio de su fe entra en conflicto con  cualquiera de los derechos humanos (como el reconocimiento de la igualdad de todos las personas independientemente de su nacionalidad, sexo, o etnia), se impone la defensa de estos derechos sobre la convicción religiosa del individuo.

La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha incurrido en un grave desconocimiento de esta situación al aprobar un código penal que contempla el siguiente acápite: “No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.

Las posibles implicaciones del referido texto son que un empleador puede invocar su elección de conciencia para rechazar la solicitud de trabajo de una persona, si sospecha que el solicitante tiene una orientación sexual o religiosa contraria a sus preceptos religiosos. Del mismo modo, un médico podría negarse a prestar un servicio de salud, si se encuentra en la misma situación anterior del empleador. En ambos casos, se estaría incurriendo en una flagrante violación de los derechos humanos.

El respeto a los derechos de las personas impide su exclusión y las injusticias implícitas en su desconocimiento. El reconocimiento de la dignidad humana no debe relativizarse en función de las creencias personales de un ciudadano.

Fuente de la información: https://acento.com.do/
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Convocatoria de investigación: Los Derechos Humanos y la consolidación de la paz como dimensiones para el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe

Noticias

CLACSO

Fundamentos

Los últimos años muestran en América Latina y el Caribe un escenario de movilizaciones masivas motivadas muchas veces por conflictos coyunturales que reflejan también un proceso histórico de larga duración relacionado a las disputas en torno a la vigencia, garantía y ampliación de los Derechos Humanos.

Vinculados con la construcción de ciudadanía en un sentido integral y actualizando las luchas de las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo XX en la región, los conflictos en torno a los Derechos Humanos incluyen diversas dimensiones como las económicas, sociales, culturales, ambientales, identitarios, étnico-raciales, de género y diferentes tipos de reconocimientos.

En esta coyuntura, en distintos países se ha producido un marcado deterioro de la situación de los Derechos Humanos, tanto desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, como desde la situación de diversos grupos sociales y poblaciones. Asimismo, el ascenso de gobiernos de derecha y regresivos ha reforzado esta tendencia y ha alimentado el terreno para el crecimiento de los movimientos anti derechos y negacionistas. Esto también se ha expresado en los ataques a líderes y lideresas sociales en regiones como Centroamérica, Colombia y Brasil. En algunos países, el incremento de las violaciones de los Derechos Humanos es concomitante con el aumento de la corrupción gubernamental y el deterioro de lo público, así como el ataque a la movilización social que busca enfrentarlo.

Por otro lado, los enfrentamientos armados que vivieron diversos países de la región en la segunda mitad del siglo XX fueron encontrando otros canales de resolución de los conflictos que los habían originado a través de distintos acuerdos de paz a partir de los años noventa del siglo XX. Estos acuerdos tuvieron diferentes devenires en los últimos años, mostrando sus limitaciones y cuestiones pendientes o viéndose directamente amenazados y en riesgo. Algunos procesos de paz se han incumplido (en gran medida por parte de los Estados) y han generado condiciones para la reconfiguración de las dinámicas de violencia en los territorios. Esto generó un regreso de las preocupaciones sociales, políticas e intelectuales acerca de la paz y sus conflictos.

Por su parte, en 2014 los Estados que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos en La Habana, firmaron una resolución que declaró a América Latina y el Caribe como «zona de paz», comprometiéndose a resolver sus controversias sin el uso de las armas.

Asimismo, en los últimos años en diversos países de América Latina y el Caribe han crecido movimientos sociales que han alimentado las luchas y disputas por los Derechos Humanos, su defensa, garantía y ampliación. Los movimientos de jóvenes, las organizaciones estudiantiles, los colectivos ambientalistas o el movimiento de mujeres y disidencias son un claro ejemplo de esta tendencia.

A partir de estos análisis, CLACSO lanza la Convocatoria de Investigación para equipos «Los Derechos Humanos y la consolidación de la paz como dimensiones para el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe». En esta convocatoria se promueve la postulación de equipos de investigación integrados por investigadoras e investigadores de diversas disciplinas, trayectorias y experiencias que aborden los problemas aquí enunciados desde una perspectiva crítica y con la voluntad de aportar ideas para afrontar los desafíos planteados desde propuestas superadoras.

Más información: https://www.clacso.org/los-derechos-humanos-y-la-consolidacion-de-la-paz-como-dimensiones-para-el-fortalecimiento-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe/

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Estados Unidos: Un tribunal permite a una escuela estadounidense aplicar electrochoques a menores con discapacidad

Noticias

Los padres, que aprueban la controversial práctica, aseguran que seguirán luchando por tener acceso a un tratamiento que salva las vidas de sus seres queridos, aunque admiten que se trata de un último recurso.

El Judge Rotenberg Educational Center, escuela ubicada en Massachusetts (EE.UU.), recibió este 6 de julio el visto bueno de un Tribunal Federal de Apelaciones para aplicar sesiones de electroshock a niños con discapacidad, informa Reuters.

La institución, un centro educativo para menores con problemas de aprendizaje, venía desde hace tiempo utilizando dicha práctica, que fue prohibida en marzo pasado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. Ahora, luego de presentar una apelación apoyada por los padres y tutores de los niños, el instituto logró derogar la medida.

Al revisar el caso, el Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que la aplicación de descargas eléctricas entra en la categoría de las normativas médicas, por lo que está fuera del ámbito de actuación de la FDA.

«Con este tratamiento, los residentes pueden continuar participando en experiencias enriquecedoras, disfrutar de las visitas de sus familiares y, sobre todo, vivir seguros y libres de comportamientos agresivos y autolesivos«, afirmó el centro educativo Judge Rotenberg.

Los padres, que aprueban esas polémicas prácticas, aseguran que seguirán luchando por tener acceso al tratamiento que, dicen, salva las vidas de sus seres queridos, aunque admiten que se trata de un último recurso.

Previamente, la escuela fue objeto de fuertes críticas formuladas por defensores de los derechos de personas con discapacidad, que califican el tratamiento como «tortura».

«Tortura real son las cosas a las que estos niños estarían sujetos de no contar con este programa», aseguró el fundador del centro, Matthew Israel.

Actualmente, el Judge Rotenberg tiene alrededor de 300 alumnos, de los cuales 55 reciben electrochoques con autorización médica.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/397307-levantar-prohibicion-electrocutar-estudiantes
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Ética de la Inteligencia Artificial: un paso más hacia la adopción de la Recomendación de la UNESCO. Mundo

UNESCO

Mundo/09-07-2021/Autor(a) y Fuente: UNESCO

París, 2 de julio – Tras meses de diálogo y negociación constructivos, los representantes de los Estados Miembros de la UNESCO llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de texto normativo de un nuevo modelo ambicioso y de gran alcance para el desarrollo y el despliegue éticos de la Inteligencia Artificial.

El impulso para el cambio en la ética de la Inteligencia Artificial (IA) está creciendo en el período previo a la Conferencia General de la UNESCO, en noviembre, cuando la Recomendación se presentará a los Estados Miembros de la UNESCO para su adopción. La Recomendación supondrá un marco global para garantizar que las transformaciones digitales promuevan los derechos humanos y contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Abordará cuestiones relacionadas con la transparencia, la responsabilidad y la privacidad, contendrá capítulos políticos orientados a la acción sobre la gobernanza de los datos, la educación, la cultura, la atención sanitaria y la economía, y proporcionará a los gobiernos y responsables políticos un marco para regular la IA.

Una vez adoptada la Recomendación, los líderes de todo el mundo tendrán un punto de referencia común sobre cómo controlar los riesgos y aprovechar estas nuevas tecnologías como una fuerza para el bien. La IA tiene el potencial de reducir radicalmente las desigualdades, promover la diversidad y beneficiar a la humanidad en su conjunto. Audrey Azoulay, la Directora General de la UNESCO

Justicia algorítmica

Aunque las tecnologías de la IA tienen un valor y un potencial extraordinarios para el desarrollo social y económico, la inteligencia artificial presenta retos complejos y únicos para los responsables políticos. La IA suscita también una gran preocupación por los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Cada vez más, las decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, se toman a partir de análisis generados por la IA. La UNESCO ha pedido que la IA se desarrolle de manera que asegure resultados justos.

La Recomendación incluirá disposiciones para garantizar que los sesgos del mundo real no se reproduzcan en línea, y ofrecerá acciones políticas concretas asentadas en valores y principios universales. También encargará a la UNESCO que analice el nivel de avance de cada país en el ámbito de la IA para ayudarles en la fase de aplicación.

24 destacados expertos de todo el mundo contribuyeron al texto, lo que garantiza el alcance amplio, exhaustivo y diverso de la Recomendación. Se elaboró a través de un proceso de consulta mundial que incorporó una multiplicidad de voces de diferentes grupos interesados.

La UNESCO está dispuesta a trabajar con sus Estados Miembros y socios para garantizar que esta Recomendación cumpla su promesa de dotar a la IA de una sólida base ética que beneficie a las personas.

La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial será un modelo de consenso mundial sobre el ‘qué’ y el ‘cómo’ de la regulación ética de esta tecnología que cambia las reglas del juego. La UNESCO está dispuesta a ayudar a los gobiernos y a otras partes interesadas a desarrollar sus capacidades para hacer frente a los desafíos, incluso a través de la evaluación de impacto ético. Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas

Contacto de prensa: Clare O’Hagan(link sends e-mail)

Teléfono: +33 145 68 17 29

Fuente: https://es.unesco.org/news/etica-inteligencia-artificial-paso-mas-adopcion-recomendacion-unesco

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Empeora situación de migrantes en huelga de hambre sin que Bélgica reaccione

Noticias

Las condiciones de salud de algunos de los más de 400 inmigrantes sin papeles que siguen desde el 23 de mayo una huelga de hambre en Bélgica han empeorado, sin que las autoridades del país hayan dado de momento esperanzas al colectivo, que pretende continuar con su protesta, explicaron este viernes a Efe dos de los participantes en la acción.

«Actualmente el estado físico de los huelguistas está en caída libre, los participantes han perdido entre cinco, diez y quince kilos. Tienen problemas de bajada de tensión, incluso ha habido algún caso de crisis cardíaca», explicó a Efe Tarik, portavoz de los migrantes que se encuentran en la iglesia de San Juan Bautista, en pleno centro de Bruselas.

Añadió que también ha habido varios casos de depresión y dos intentos de suicidio en los últimos días.

Lo que piden los inmigrantes confinados desde enero en esa iglesia, así como en los refectorios de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) y la Universidad Libre de Bruselas (VUB), son unos criterios básicos de regularización que tengan en cuenta el tiempo que llevan en el país y su arraigo.

«Queremos criterios claros y permanentes y una comisión independiente sobre regularización. Como lo que hay en España, allí existe el arraigo social», añadió Tarik, que llegó a Bélgica en 2013 desde Marruecos.

En la céntrica iglesia hay 257 hombres, mujeres y niños desde el pasado 30 de enero, procedentes de Marruecos, Argelia, Pakistán, Nepal, Túnez y otros países.

Pese a llevar «cinco, diez, quince, veinte años» y de que hay niños nacidos y escolarizados en Bélgica, no tienen la posibilidad de regularizar su situación.

«La mayoría de los sin papeles somos trabajadores que trabajan 15 horas al día por 30 euros, estamos explotados», denunció, y subrayó que lo que quiere el colectivo es «una regularización para trabajar legalmente, como los ciudadanos belgas».

Explicó que el secretario de Migración y Asilo belga, Sammy Mehdi, con quien mantuvieron un encuentro recientemente, no les ha dado esperanzas.

No obstante, los inmigrantes no piensan de momento en abandonar la lucha.

«Es la única solución que nos queda», explicó Tarik, que aseguró que las protestas seguirán hasta que el colectivo encuentre «dignidad».

Por su parte Mehdi, de 29 años, señaló a Efe que lleva once años en Bélgica, y en ese tiempo ha trabajado en la restauración, como carpintero, en tareas de limpieza y en otros empleos.

Indicó que ha perdido cerca de diez kilos desde que se sumó a la protesta, a la que recurrió después de que no hayan dado resultado las «muchas acciones y manifestaciones» que han llevado a cabo, según dijo.

«No buscamos el sueño americano, sino poder trabajar y contribuir legalmente. Ahora contribuimos a la economía pero de forma invisible», añadió.

Mehdi no se plantea ir a otro país en caso de que sus peticiones no sean aceptadas.

«Hemos fundado un círculo de amigos, familiar y profesional. No es fácil abandonarlo. Yo me siento un ciudadano belga, he crecido aquí, tenía 17 años cuando llegué ahora 29», puntualizó.

Pese a la dureza de esta última acción, en la que cuatro de los huelguistas se han cosido los labios para protestar contra el silencio administrativo, las autoridades belgas no parecen dispuestas a hacer excepciones a las normas que se aplican a la migración irregular.

«No importa cuán dramática sea una huelga de hambre, no puede determinar la política de una coalición, lo que lo determina es el acuerdo de Gobierno y este no prevé ninguna posibilidad de regularización colectiva», dijo De Croo en una comparecencia este jueves en el Parlamento belga.

«Los huelguistas de hambre no tienen derecho a quedarse. La mayoría de ellos recibió la orden de abandonar el territorio hace años. No lo hicieron, se quedaron aquí durante años trabajando en negro y ahora exigen papeles», dijo Mahdi en su cuenta de Twitter.

El dirigente, miembro del partido político Cristiano Demócrata y Flamenco (CD&V) e hijo de un refugiado iraquí, inquirió que «la excepción no debe convertirse en la regla» y aseguró que «no habrá regularización colectiva».

Entre 100.000 y 150.000 personas están actualmente indocumentadas en Bélgica, según datos manejados por los sindicatos.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/b%C3%A9lgica-inmigraci%C3%B3n_empeora-situaci%C3%B3n-de-migrantes-en-huelga-de-hambre-sin-que-b%C3%A9lgica-reaccione/46754718

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