La mayoría de los docentes encuestados considera “irresponsable” volver a las aulas ante el riesgo de contagios
Alejandra Flores no está dispuesta a llevar a sus hijos al colegio aunque tenga que seguir pagando sus colegiaturas. “La situación por la pandemia sigue muy delicada y no creo que ningún padre quiera exponer a sus hijos ni a su familia a un contagio”, cuenta por teléfono la madre de dos hijos que acuden a un colegio privado en el Estado de México. A mediados del año pasado consiguió negociar un descuento en el pago de las colegiaturas, y ahora paga 1.800 pesos al mes (unos 86 dólares) por cada uno de sus hijos, ya que sus ingresos se han reducido debido a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus en el país.
El desafío que lanzó la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) a las autoridades educativas para regresar a clases presenciales el 1 de marzo ha resultado en un fracaso. De acuerdo con cifras de esta organización, fueron 348 institutos de educación privada los que abrieron sus puertas aunque solo la semana pasada declararon que unos 8.000 institutos, de preescolar a posgrado, estaban preparados para volver a clases.
“La idea era que empezaran a abrir escuelas de manera voluntaria al igual que los padres”, dice Alfredo Villar, director de la ANEP. De acuerdo con cifras de la SEP, se tienen registradas 46.675 escuelas de carácter privado, por lo que menos del 1% de los colegios se sumaron a este desafío a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Es una irresponsabilidad absoluta regresar a clases”, considera Claudia Rodríguez, directora de una escuela preescolar en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. “Esa asociación solo busca vender amparos o asesorías y confrontarse con las autoridades educativas”, dice mediante mensajes de texto. De acuerdo con la ANEP, por lo menos una veintena de colegios han recurrido a amparos judiciales para poder seguir impartiendo clases, tal como lo hiciera el selecto colegio Humanitree, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
El gremio de profesores y docentes de la educación privada en México está dividido. Mientras unos se muestran cautos sobre el regreso a las aulas, otros buscan con urgencia volver a las lecciones presenciales. Existen por lo menos unas cinco organizaciones en el país que agremian a maestros, padres y escuelas, y no todos comparten la misma opinión. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), que agrupa a unos 3.500 colegios en el país, es una de esas organizaciones. Para María de Jesús Zamarripa Guardado, presidenta de esta organización, no hay ninguna prisa por regresar a clases. “El tal retroceso educativo que dicen no sé cómo es que lo midan, los alumnos no tienen un rezago, siguen aprendiendo desde sus hogares”, señala en entrevista.
EL PAÍS realizó un recorrido por varias escuelas particulares de Ciudad de México y ninguna de ellas ha recibido alumnos en la última semana. La propia Autoridad Educativa de la capital y la SEP reconocieron el esfuerzo de las escuelas que han seguido impartiendo clases a la distancia. “[La SEP] reiteró su llamado a que la reapertura de las instituciones escolares se realice conforme al semáforo epidemiológico, y con base en las indicaciones que emitan las autoridades tanto de Salud, como de Educación”, ha dicho la dependencia.
Para Zamarripa, existe una urgencia de muchos padres de familia que han visto mermados sus ingresos por la contingencia. “Atender a los alumnos en casa y el trabajo al mismo tiempo es complicado, por eso no dudamos que haya padres que consideren pesada esta situación”, dice la también religiosa.
Para los maestros disidentes, tener las escuelas cerradas es una violación a los derechos básicos de los alumnos. “El presidente ha dicho que está prohibido prohibir, por eso no pueden clausurarnos o multarnos, no queremos confrontación, sino evitar los retrasos de un año con las escuelas cerradas”, dice Alfredo Villar, presidente de la ANEP.
Stevens tenía nueve años cuando su madre lo entregó a una familia que lo esclavizó como sirviente. Rachel cayó en una red de explotación sexual para turistas. Más de 50.000 niños cruzan cada año hacia la República Dominicana como víctimas del tráfico infantil.
Quince pasos da Stevens Guerrier hacia su madre para fundirse en un abrazo. Ella lo estruja por toda la espalda, mesurando la delgadez de su retoño y palpando las cicatrices de sus brazos y rostro.
Son prácticas largamente denunciadas, pero no resueltas: desde la explotación laboral hasta la prostitución y la servidumbre, miles de menores haitianos han sido vendidos con oscuros propósitos
—¿Dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto en venir? —le riñe cariñosamente Nathalie, ahogada en sollozos.
—No sé, tenía ganas de verte —repite el niño de 12 años ruborizado, sin soltarle la mano.
Se acaban de reencontrar después de más de tres años sin verse y sin saber nada uno del otro. Un jueves de mayo del 2017, Nathalie Pierre vendía en el mercado binacional de la frontera de Belladère, entre Haití y República Dominicana, cuando entregó a su pequeño a un hombre dominicano. La promesa de ofrecerle una vida digna en un hogar adoptivo terminó en pesadilla.
“Cuidaba el ganado, me obligaban a hacer muchos trabajos. No querían enviarme a la escuela. Estaba en la miseria. No querían comprarme ropa y dormía en la cocina. Me sentía muy maltratado”, cuenta el menor con la mirada gacha. Malvivió como criado para una familia de Santiago. Aprendió a hablar castellano, pero se niega a utilizarlo debido al trauma.
Stevens Guerrier imaginó cada noche la manera de fugarse de esa prisión. Cada noche pensaba en “volver al regazo” de su madre, explica, pero si sus dueños se hubiesen enterado de que quería escapar, lo habrían detenido. Su situación alertó a un vecino que le ayudó a huir en motocicleta hasta la frontera.
Las autoridades lo hallaron en el mismo cruce del centro del país donde fue abandonado y lo llevaron con la fundación Zanmi Timoun, encargada de acoger a menores supervivientes de trata y reunirlos con sus familias. Tardaron un par de días en encontrar a su madre en una remota comunidad, Capemte, a media hora en coche hacia los arrabales de Belladère. Luego, el par de voluntarios y el niño caminaron más de una hora por un sendero que atraviesa marchitas bananeras labradas por bueyes. Las viviendas de hormigón y varillas desnudas dan paso a chabolas de madera y adobe.
Los obligan a prostituirse, mendigar, y ahora hemos detectado que también para luchar en combates clandestinos
JUNIOR NOISETTE, TRABAJADOR DE ZANMI TIMOUN
“Hice lo mejor para llevar a mis hijos a la escuela, pero tenía muchos problemas. No tenía nada para alimentarlos y estuve resignada a entregarlos”, justifica Nathalie. Meses antes de despedirse de Stevens, ya había regalado a su hijo mayor, del que todavía no ha sabido nada. Esta ama de casa de 28 años tuvo que dejar la venta ambulante para cuidar a su marido, enfermo del riñón e incapacitado para trabajar en la cosecha. Comen lo poco que crece en su terraplén. El matrimonio y sus otros cuatro hijos habitan en un cuchitril de unos 15 metros cuadrados de tablones y techo de latón.
“Allí los obligan a todo tipo de trabajos: prostitución, como lustrabotas, en el campo, mendigando por las calles y recientemente hemos detectado que están siendo utilizados para luchar en combates callejeros con apuestas en Dajabón (ciudad fronteriza dominicana) y en zonas de la costa”, señala Junior Noisette, trabajador de Zanmi Timoun. Han recibido al menos una docena de chicos “con heridas en la cara”, quienes relataron que les habían forzado a pelear por dinero y algunos detallaron que las luchas tenían lugar en la playa. Esta nueva práctica de explotación infantil fue confirmada por la Fundación Lumos y la red Jano Siksé.
Noisette recorre el paso oficial y las trochas ilegales de Belladère, por donde calcula que cruzan de 50 a 100 menores a diario. En agosto interceptaron a una pareja con seis niños de tres a nueve años sin ninguna relación de parentesco. Las familias biológicas admitieron haber pagado a los tratantes de 100 a 200 euros, bajo la promesa de llevarlos a un buen hogar adoptivo.
El fatal mercado fronterizo
Un gentío con enormes bultos en la cabeza, carretillas que se abren paso a empujones y vehículos motorizados repletos de plátanos y sillas abarrotan cada lunes y jueves el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el norte del país. Son los días del mercado binacional. A las puertas del puente del río Massacre, varios agentes haitianos (Polifront) blanden sus látigos y ramas para intimidar a la muchedumbre o los sacuden en sus pantorrillas. En el bullicioso trasiego resulta muy complicado identificar a contrabandistas o a menores no acompañados. Pese a ello, la policía halló a dos hermanos abandonados esa mañana del 3 de noviembre, después de que su traficante saliese corriendo al toparse con los patrulleros. El niño de unos seis años y la niña de cuatro aguardan en las oficinas del Instituto de Bienestar Social (IBESR), que rechaza conceder una entrevista solicitada durante un mes.
Los militares dominicanos cobran de 500 a 2.000 pesos (7 a 30 euros) por dejar pasar a traficantes de niños
SYLVESTRE FILS, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE TRATA
Algunos niños deambulan de aquí para allá vendiendo dulces o limpiando zapatos. Un grupo de adolescentes en minifalda y top coquetea con los agentes para evitar hacer la interminable hilera de medio kilómetro. Un joven con un niño también se salta la fila y atraviesa el portón tras un leve saludo de cabeza a un soldado dominicano, ataviado con casco de combate y fusil.
Ninguna autoridad solicita documentación a los viandantes. “No hay ningún control migratorio, por tanto, ninguna posibilidad ni intención de combatir el tráfico infantil o cualquier forma de trata”, asegura Sylvestre Fils, director del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza, creado hace un año como respuesta a la negligencia de ambos países.
Los observadores se mimetizan entre el vaivén de los comerciantes. Han detectado el cobro de sobornos por parte de las Fuerzas Armadas dominicanas para hacer la vista gorda tanto en el cruce de mercancías como de seres humanos. “Los militares no son muy exigentes, piden 500, 1.000, 2.000 pesos (de 7 a 30 euros). Depende de la cantidad de personas que lleve el traficante, pero no hay un monto fijo, es algo muy informal. La red de tráfico funciona permanentemente, por lo que ellos (los contrabandistas) desarrollan una relación con los militares”, asegura Fils.
Explotadas para el turismo sexual
Por esa turbia frontera, un lunes, ingresó Rachel Saint-Jean. Tiene 15 años. Cuando era niña sus padres la abandonaron y creció en las calles de Cabo Haitiano (norte), donde subsistía con algunas amigas. Su novio la convenció para enviarla a estudiar al país vecino, porque en Haití ya no podía permitirse pagar la Secundaria. Le organizó el viaje para verse con el traficante en Dajabón, ciudad limítrofe con Ouanaminthe.
“El señor [traficante] me llevó a su casa, pero estaba llena de gente. Entonces me mudaron a casa de una mujer con otras chicas. Ella solo quería escogerme hombres para que tuviese una historia de amor y me fuese a sus casas”, relata la adolescente, que todavía usa una cadena, regalo del novio que, al parecer, la vendió a una red de explotación sexual.
—¿Los hombres que te escogían eran blancos?
—Sí, blancos.
Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.AITOR SÁEZ
Rachel Saint-Jean llegó hasta Santiago y de ahí hacia algún punto de la costa norte, una zona turística, por lo que probablemente esos clientes “blancos” eran extranjeros. En las principales avenidas de los destinos más concurridos es habitual encontrar mujeres haitianas, algunas menores, ofreciendo sus servicios por menos de 10 euros.
“Fuimos [con el traficante] a una fiesta juntos y me puse muy ebria. No sé cómo, no recuerdo qué sucedió. Cuando me levanté… [hace una larga pausa] Vi que se había servido él mismo”, dice literalmente la joven para referirse al abuso sexual. Después de cuatro meses secuestrada logró escapar, o bien, la soltaron por su férrea resistencia a intimar con desconocidos: “No estaba de acuerdo, yo solo quería ir a la escuela. El señor me dijo que me dejaría en la calle si no aceptaba”.
Sin capacidad para combatir la trata
Tras regresar a la frontera de Ouanaminthe, el IBESR trasladó a Rachel al albergue de la congregación San Juan Evangelista, que cada año acoge a medio millar de niños y niñas supervivientes de trata. Su directora, la colombiana Alexandra Bonilla, aterrizó en esos confines de Haití tras el terremoto de enero del 2010. A los pocos días de la catástrofe, la detención de una decena de baptistas estadounidenses que intentaban llevarse a 33 infantes de Puerto Príncipe encendió las alarmas. El entonces primer ministro, Jean-Max Bellerive, aseveró que el tráfico infantil era “uno de los mayores problemas” y reconoció la existencia de “tráfico de órganos para niños”.
La hermana Bonilla levantó en esta década un espacioso centro transitorio, prueba de que el inhumano contrabando persiste. “Desde que estoy aquí no he visto que se haya reducido el tráfico de niños. Se mantiene igual o incluso ha aumentado. (…) El Gobierno no tienen los recursos para atajar este problema y sus causas”, lamenta la monja.
Encabezaremos las adopciones para evitar excesos como la pedofilia y el tráfico de órganos
ARIELLE VILLEDROUIN, DIRECTORA DEL IBESR
En 2016, Haití era el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. En el último lustro, se han dado algunos pasos para la persecución del delito y la capacitación de funcionarios fronterizos, como evalúa el Departamento de Estado de EE UU en su último informe anual. Sin embargo, subraya que “el Gobierno no asignó fondos suficientes y no implementó procedimientos para la identificación de víctimas”.
En la práctica, parte de los funcionarios del IBESR mantienen una huelga desde hace tiempo, mientras que la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) se quedó en eso, en el nombre, completamente disfuncional sin presupuesto ni oficinas.
Los orfanatos, primer eslabón del tráfico infantil
El desamparo institucional ha favorecido la consolidación de un vasto entramado de orfanatos que operan como captadores de menores. Tan solo 50 de 750 de estos centros cuentan con licencia para funcionar, según datos oficiales. Un 80% de los más de 32.000 internados no son huérfanos. Para Bonilla, “la mayoría son un negocio y tienen a los niños para atraer donaciones a beneficio de los propietarios”.
Tras el terremoto del 2010, el número de orfanatos se duplicó y, pese a que el Gobierno ha clausurado 150, se siguen abriendo a un ritmo superior, motivados por el ingente lucro que generan. Tan solo un tercio de estas guarderías en Haití recibe unos 60 millones de euros anuales en donaciones, revela un informe de la Fundación Lumos. En contraste, el IBESR, ente nacional para la protección de la infancia, cuenta con un presupuesto de menos de un millón.
El centro Sourire d’Amour es una pocilga. En la entrada hay varios niños de tres a seis años sin pantalones, cubiertos de polvo, sin nada que hacer ni jugar. Las colchonetas de las literas están mugrientas y, muchas, rajadas. Ni hablar de una sábana. Las puertas de los armarios destartaladas dejan ver unas pocas prendas de ropa, seguro insuficientes para los 15 huérfanos. La cochambrosa cocina tan solo cuenta con un asador de carbón y sus estantes están vacíos, al igual que una jaula para guardar la comida. Las empleadas aseguran que la despensa se encuentra almacenada bajo llave en una habitación, pero rehúsan mostrarla.
La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería. AITOR SÁEZ
Su propietaria, Inesse Joseph, pastora de una iglesia con el mismo nombre del orfanato, estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando arrebató de sus familias a 47 chiquillos de comunidades rurales al extremo oeste del país, con la expectativa de que serían adoptados por extranjeros. “¡Demasiadas personas se enriquecen de los pobres! ¡Los encontramos en un estado terrible! ¡Debemos dejar de vender niños!”, vociferó desencajado un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instantes después del rescate de los pequeños, de dos a siete años, a quienes tuvieron que llevar al hospital por su deteriorado estado de salud.
El orfanato sigue funcionando sin acreditación a la salida de Pétion-Ville, el barrio menos desdichado de Puerto Príncipe. En ese mismo distrito, en febrero del pasado año, murieron 15 niños y niñas en el incendio de un orfanato, también irregular, gestionado por un grupo de estadounidenses miembros de la Iglesia de la Comprensión Bíblica, que nos niegan el ingreso a otro de sus centros. El fuego se produjo por alguna de las velas que se usaban para iluminarse, debido a la carencia de electricidad. Las instalaciones no cumplían con los estándares básicos. “Estaban realmente muy descuidadas (…) Todo lo que vemos son niños viviendo como animales”, destacó la jueza del caso sobre un panorama que, a tenor de las imágenes, se asemeja bastante al Sourire d’Amour.
Además, en muchos de los internados “sufren violencia” y en algunos casos “abusos sexuales y muertes evitables”, según el estudio de Lumos, cuya conclusión es que los orfanatos actúan como tratantes. A fin de restringir el tráfico transfronterizo por parte de estos centros, la Administración haitiana endureció los requisitos para la tramitación de adopciones. “Encabezaremos los procesos (de adopción), lo que evita algunos excesos, porque se ha hablado de pedofilia y tráfico de órganos”, mencionó la directora del IBESR, Arielle Jeanty Villedrouin a comienzos del pasado año.
Impunidad criminal
Por la porosa frontera de 370 kilómetros que divide La Española se contrabandean desde animales hasta drogas y armas. Alexis Alphonse camina a diario más de una hora por un prado de Ferrier, a las afueras de Ouanaminthe, para sentarse toda la mañana bajo un sauce próximo al arroyo que separa a Haití de República Dominicana. Tan solo una piedra amarilla indica que se trata de una frontera.
Algunos transeúntes se arremangan los pantalones para vadear el riachuelo sin mojarse. Alexis los anota con una rayita sobre un portapapeles, testigo de dos décadas de cruces irregulares registrados para la Red Fronteriza Janó Siksé, desplegada en decenas de puntos a ambos márgenes.
Los traficantes son el tercer grupo más rico del país
ALEXIS ALPHONSE, COORDINADOR RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ
“Los pequeños traficantes pasan por aquí, con niños, sin preocupación. Cuando los paro, incluso se identifican como traficantes. Desconocen que están cometiendo un crimen, que hay una ley que los puede meter en la cárcel”, exclama. Los contrabandistas son a veces familiares de la víctima o conocidos de la comunidad, donde a menudo son vistos como salvadores por, teóricamente, sacar a sus hijos de la penuria. Se considera como otro empleo cualquiera, aunque “los tratantes conforman el tercer grupo más rico del país”, según Alphonse.
Haití tardó hasta 2014 para aprobar una ley contra la trata humana, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel y 14.000 euros de multa. No obstante, la Patrulla Fronteriza (Polifront) apenas detuvo a 51 individuos sospechosos en 31 casos de tráfico desde abril del 2019 hasta el mismo mes del pasado año, según el informe de Washington. Ningún expediente llegó a condena. La justicia haitiana solo ha sentenciado seis casos en 2019 y uno en 2017.
La persecución de la trata infantil tampoco mejora en la otra mitad de la isla. La Fiscalía dominicana aumentó las investigaciones respecto a años anteriores, pero redujo considerablemente las sentencias. Tan solo condenó a cinco acusados. La escasa judicialización se debe en gran medida a la complicidad de las autoridades en las redes de trata, desde funcionarios de la Fiscalía hasta policías, como enfatiza el Departamento de Estado de EE UU, que rebajó la calificación de República Dominicana al nivel de Haití.
Servidumbre, la extendida forma de esclavitud infantil
Los coloridos atuendos escolares, que por las tardes inundan alegres las polvorientas calles, disfrazan la desgracia para 1 de cada 15 pequeños. Alrededor de 407.000 niños y sobre todo niñas trabajan como empleadas domésticas. Unos 286.000 tienen menos de 15 años.
Los “niños sirvientes” son conocidos como restavek (quedarse con) y suelen provenir de familias humildes de zonas rurales, vendidos o entregados a hogares con mayor poder adquisitivo. En su mayoría no reciben retribución y soportan condiciones inhumanas y maltratos, tal y como denuncia Unicef, que tacha esta práctica como una forma de esclavitud moderna, socialmente tolerada en Haití.
Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. AITOR SÁEZ
Fue otra de las alternativas que Nathalie se planteó ante la imposibilidad de cuidar a Stevens. “Pensé en dárselo a alguna vecina que lo pudiese mantener, pero aquí somos todos muy pobres. Además, aquí hubiese pasado las mismas dificultades, siempre se cree que con los españoles [como llaman a menudo a los dominicanos] tendrán mejor vida”. Nada más lejos de la realidad.
Haití registra unas 59.000 personas viviendo como esclavas y República Dominicana, 42.000; ambos entre los tres países de Latinoamérica con mayor tasa de esclavitud, solo por detrás de Venezuela, según el Global Slavery Index de 2018, que estima en un 70% la población haitiana en riesgo de sufrir esclavitud.
El primer país de América Latina en independizarse, gracias a la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana, padece todavía los estragos de una multimillonaria multa impuesta por Francia por haber perdido su perla del Caribe, sumado al prolongado bloqueo diplomático y comercial del resto aplicado por el resto de naciones como escarmiento. Haití jamás se repuso del saqueo colonial y del alto precio por su libertad.
“¿Qué otra opción tenía?”, se pregunta a menudo Nathalie. ¿Qué otra opción tenía si quería dar de comer a Stevens y a sus otros cuatro hijos en un país donde la mitad de menores sufre malnutrición? ¿Qué otra opción tenía para que su hijo siguiese estudiando, si apenas dos de cada diez adolescentes pueden cursar Secundaria?
En el lugar más pobre del hemisferio occidental la salvación pasa por arriesgar la vida al azar. El abismo en Haití está a 15 pasos, los que tardó Nathalie en perder de vista a Stevens hace tres años. “Cuando se marchó, cayeron lágrimas de mis ojos. Me arrepentí de inmediato, pero me quedé paralizada. Cuando volví a reaccionar, ya era tarde, había desaparecido entre la muchedumbre. Pensé que jamás lo volvería a ver”. No puede dejar de achuchar a su pequeño para creérselo. 15 pasos entre el milagro y el infierno.
Este libro es fruto de una labor que abreva en diferentes perspectivas teórico-metodológicas para intentar dar cuenta de la complejidad que encierra el tratamiento de diferentes temas relacionados directamente con la pobreza en la prensa latinoamericana. Todos sus artículos son fruto de un estudio realizado a partir del corpus PoLaMe, conformado por textos periodísticos que abordan la pobreza en Argentina, Brasil, Colombia y México. Desde el análisis del vínculo entre derechos humanos y pobreza, pasando por las ideologías que subyacen a los discursos sobre la cuestión, hasta trabajos producidos desde la lingüística; este volumen intenta sumar perspectivas para analizar un fenómeno que constituye, tal vez, el problema más importante de América Latina.
La antología esencial de Elizabeth Jelin remarca el carácter original, comprometido y estimulante de su obra y pone en evidencia ese modo tan personal que tiene de pensar la articulación entre biografía e historia, de definir al género como un conjunto de interrogantes de carácter transversal para las ciencias sociales, de ubicar el punto de vista de los actores como un foco privilegiado para entender el mundo social. A lo largo de los años la obra de Jelin nos ha invitado a pensar en los procesos estructurantes de la inequidad social y en la capacidad de agencia y cambio social, una invitación que abre interrogantes e invita a la reflexión.
Tres núcleos temáticos principales permiten organizar el vasto corpus de su producción como investigadora: memoria y derechos humanos, género, familia y trabajo, y movimientos sociales. Estos temas no representan etapas en su pensamiento, ni tampoco pueden ser considerados campos aislados de investigación mutuamente excluyentes. Por el contrario, son tres marcos de referencia, tres preocupaciones intelectuales, que recorren con énfasis diferente su trayectoria. Son coordenadas a partir de las cuales es posible leer su producción y entender, a su vez, el modo en que sus aportes fueron cruciales para estructurar esos campos y para aportar una mirada regional.
Autoras(es):
Marcela Cerrutti. Ludmila da Silva Catela. Sebastián Pereyra. Elizabeth Jelin.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2297&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1477
América del Norte/México/05-03-2021/Autor: Fernando Camacho Servín/Fuente: www.jornada.com.mx
Ciudad de México. En México, las mujeres que participan en marchas y movilizaciones en contra de la violencia de género están expuestas a ser agredidas de diversas formas por parte de los cuerpos de seguridad, como parte de un escenario de criminalización y estigmatización generado tanto por las autoridades como por algunos medios informativos, advirtió Amnistía Internacional (AI) México.
En su informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan” –el cual se presenta este miércoles–, la organización advirtió que aunque el derecho humano a la libertad de reunión pacífica está supuestamente garantizado en el país, en la realidad muchas mujeres sufren violencia y vulneración de ésta y otras garantías básicas al salir a manifestarse en las calles.
“Distintos cuerpos policiales han infringido los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia”, señaló AI en su estudio.
De igual forma, el colectivo documentó que “las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”.
AI México alertó que, aunque las marchas y mítines feministas y en contra de la violencia de género son mayoritariamente pacíficos, dichas acciones “han comenzado a ser estigmatizadas como violentas.
“Esta caracterización por parte de las autoridades y por varios medios de comunicación, genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra”.
Asimismo, la organización recalcó que “el estigma sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, se basa en y refuerza estereotipos de género contra las mujeres, es decir, roles y concepciones tradicionalmente asignados por la sociedad a las mujeres”, como que “las mujeres deben quedarse en casa en lugar de buscarse problemas al manifestarse”.
A lo anterior se suman otros elementos de exclusión y marginación en contra de las mujeres que viven en la periferia de la Ciudad de México, así como “sesgos discriminatorios” en contra de las manifestantes que se cubren el rostro –incluso con cubrebocas como medida sanitaria para protegerse del contagio de la COVID-19–, o se visten de negro.
Las mujeres que lo hacen, puntualizó AI México, son “consideradas sospechosas de querer cometer o haber cometido un delito”, cuando “el ocultar el rostro o vestirse de negro no puede equipararse a la comisión de un delito, o a la suposición de uso de violencia durante las manifestaciones”.
Por otro lado, el informe documentó “el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza como una forma de inhibir el derecho de reunión pacífica, a través de “detenciones o aseguramientos preventivos” para detener arbitrariamente a quienes desean participar en manifestaciones o por “sospechas” de querer realizar un delito.
Luego de mencionar casos de represión y uso excesivo de la fuerza en contra de movilizaciones de mujeres en ciudades como Culiacán, León, Ecatepec, Atizapán y Cancún –donde incluso la policía abrió fuego en contra de las manifestantes–, la organización de derechos humanos indicó que las personas detenidas sufrieron un “intenso miedo de ser víctimas de desaparición” u otros abusos graves, lo cual implica una forma de tortura y tratos crueles e inhumanos.
El estudio también consideró “preocupante el uso de diversas formas de violencia sexual por integrantes de los cuerpos policiales contra las manifestantes, como una forma de violencia basada en género y como una táctica para aleccionar a las manifestantes por supuestamente estar comportándose de forma contraria al orden público”.
“Dado el nivel de violencia que sufren las mujeres y las niñas que participan en manifestaciones en México, y el escalamiento de la violencia en su contra por parte de las autoridades, Amnistía Internacional considera que se configura una situación de riesgo particular para las manifestantes feministas y que se pronuncian contra la violencia de género”, subrayó el informe.
Por todo lo anterior, AI México llamó a las autoridades mexicanas a “adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la libre reunión pacífica, el derecho a estar libre de violencia, y todos los derechos humanos de las manifestantes en cada una de las protestas en que partícipe este grupo de personas”.
Algunas de dichas medidas, indicó, son abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestaciones feministas y que se pronuncian contra la violencia de género contra las mujeres; reconocer que pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos, son manifestaciones de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos, que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones.
Otras recomendaciones tienen que ver con adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, y responder a los posibles hechos de violencia perpetrados por grupos específicos de manifestantes de manera diferenciada y proporcionada, respetando y protegiendo el derecho de reunión pacífica de quienes se manifiestan pacíficamente.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/03/sociedad/en-mexico-mujeres-se-exponen-a-violencia-policiaca-en-marchas-ai/
Según el informe de síntesis de Naciones Unidas, la suma de los compromisos presentados para cumplir el Acuerdo de París supone una reducción de tan solo un 1 % de las emisiones en 2030, lo que implicará asumir un calentamiento global muy superior a los 2ºC con catastróficas consecuencias.
En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Ecologistas en Acción hace un llamamiento al sentido común. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables y deberían ser el centro de la toma de decisiones.
El endeble Acuerdo de París (AP) establece que el único mecanismo para limitar el calentamiento global son los compromisos individuales de los países, comunicados en la forma de un documento conocido como NDCs (compromisos determinados nacionales, por sus siglas en inglés). En este camino de París, todos los países firmantes del acuerdo debían de comunicar antes del 31 de diciembre cuáles eran esos compromisos, una comunicación que solo han hecho a tiempo 75 países que apenas representan el 30 % de las emisiones globales. La suma de estas reducciones de gases de efecto invernadero ha sido evaluada a través de un informe de síntesis recientemente publicado, y que muestra con contundencia lo lejos que está la comunidad internacional de cumplir el objetivo del AP de “limitar el incremento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC y perseguir esfuerzos para mantenerlo en 1,5 ºC”.
Por tanto, la insuficiente ambición de los países implica para Ecologistas en Acción la condena a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. La falta de voluntad e incapacidad de cumplir con las indicaciones científicas de los países vulnera el Acuerdo de París y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que, como la propia comunidad internacional ha manifestado en numerosas ocasiones, no enfrentar la emergencia climática se traducirá en mayores hambrunas, desplazamientos, pérdidas de ecosistemas y de vidas, entre otras muchas consecuencias.
Ecologistas en Acción considera inadmisible que, tras más de cinco años desde la adopción del AP, la suma de los compromisos presentados según las propias conclusiones de Naciones Unidas represente tan solo una reducción del 1 % de las emisiones en 2030 respecto a los niveles de 2010. El IPCC ha sido claro en establecer que esa reducción global para el año 2030 deberían ser de al menos el 45 % para tener poco más de la mitad de las posibilidades de ser capaces de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.
En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, la organización ecologista hace un llamamiento a la responsabilidad de proteger el interés general. La península ibérica es de las más vulnerables al cambio climático. Está en riesgo no solo la rica biodiversidad que tiene la región, sino también elementos identitarios tan importantes como los olivos o las vides. La ley, al igual que los compromisos internacionales, está lejos de la altura de los compromisos climáticos. Solo hace falta comparar cómo se plantea una reducción de sólo el 23 % de las emisiones para 2030 frente al 55 % que sería el mínimo necesario. Una de las razones por la que Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermon Oxfam han interpuesto un contencioso judicial por la inacción del Estado español en esta lucha climáticas.
La normativa climática marco llega con más de una década de retraso, un déficit que debería solucionarse inmediatamente. Todavía existe una ventana de oportunidad para hacer un llamamiento al sentido común, a dejar de convertir esta importante pieza legislativa en una nueva batalla política. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables, y una respuesta política a la altura debería de saber escuchar y alcanzar un consenso global que garantice las medidas y herramientas necesarias para lograr la descarbonización de la economía antes de 2040. La dilación en la tramitación de la ley, la falta de una participación plena en el establecimiento de objetivos y las concesiones en las enmiendas transaccionales a la rebaja de los escasos compromisos son temeridades demasiado caras que aún se pueden revertir. Del mismo modo, sería una imprudencia dejar al impulso empresarial las medidas de transición ecológica necesarias. La falta de medidas de planificación vinculantes a nivel estatal o, aún peor, la actitud cómplice de algunas administraciones públicas regionales a los proyectos más impactantes que se tiñen de verde, son la constatación real de la falta de comprensión de la importancia de la emergencia ecológica actual.
La publicación del informe de síntesis es sin duda una mala noticia, que recuerda que, mientras el tiempo para actuar se agota rápidamente, las medidas planteadas son tibias y lentas. Ecologistas en Acción recuerda que para enfrentar la emergencia ecológica no hacen falta palabras que solo benefician el lavado verde de grandes empresas, sino hechos concretos. Es necesario asumir la imposibilidad de seguir manteniendo los consumos energéticos actuales y perpetuar el modelo de producción y consumo que ha llevado a la situación de emergencia ecológica. La organización ecologista señala, además, la imposibilidad de permanecer impasibles ante esta negligencia común a todos los gobiernos mundiales, que defrauda enormemente a los cientos de miles de personas que en 2019 exigieron medidas que nunca llegan.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/27/02/2021/los-gobiernos-condenan-el-planeta-a-un-calentamiento-global-de-catastroficas-consecuencias/
El desplazamiento forzado en el estado de Guerrero se ha incrementado en los últimos 15 años, sobre todo, por la ausencia y el debilitamiento de las instituciones estatales para atender regiones olvidadas. “La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hablado de las regiones del silencio. Es lamentable que en nuestro estado podamos decir que, en la región de la Costa Grande, de la Tierra Caliente, en la Zona Norte, hay comunidades que se caracterizan por estar silenciadas”, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El jueves 25 de febrero de 2021 pobladores de la comunidad de Hacienda de Dolores, El Zapote y Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, fueron atacados por integrantes de la Familia Michocana, quienes mantienen en constante asedio a las familias. De acuerdo con datos del periódico El Sur, en sus publicaciones el día 26 y 27 de febrero de 2021, los “decesos podrían llegar a 15” y una decena de heridos. La explotación de la madera ha sido otro problema que ha resultado en el asesinato de Rubén Santana el 15 de febrero de 2011, mientras su esposa Juventina Villa fue asesinada en noviembre de 2012. Pasado un tiempo poco más de 80 personas fueron desplazadas de las comunidades de La Laguna y Los Ciruelos.
El desplazamiento forzado no es privativo de Guerrero. A finales de 2019 45.7 millones de personas vivían en condición de desplazamiento interno en el mundo como resultado de conflictos y violencia, apunta en el informe “Episodios de Desplazamiento Interno Masivo en México” (CMDPDH: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019.pdf). En México se registraron 8 mil 664 personas desplazadas de 28 episodios en 8 estados, principalmente Chiapas con 9 y Guerrero con 8 hechos distintos, 5 mil 128 personas desplazadas, ocupando el primer lugar. En tres ocasiones fueron desplazadas mil o más personas, pero la mayor parte ocurrieron en el municipio de Zirándaro, donde incursiones y enfrentamiento entre grupos de la delincuencia desplazaron a mil 500 personas de diferentes comunidades. El estado de Oaxaca tuvo el segundo lugar con mil 071 personas desplazadas. En Chihuahua 300 personas desplazadas, Tamaulipas 140, Sinaloa 393, Chiapas 668 y Michoacán 704. Es importante señalar que en el conteo “histórico-acumulativo asciende a 346 mil 945” personas desplazadas en el país. (CMDPDH: página 21-22).
Sergio Ocampo Arista, periodista reconocido, ha estado entre la línea de fuego para relatar las historias trágicas de Guerrero, en estos días ha publicado en su Facebook el drama de las comunidades campesinas de la sierra madre del sur del estado. “Confieso que esta semana, dos acontecimientos cimbraron mi conciencia y mis sentimientos; el jueves estuve en Vallecitos de Zaragoza, ubicado a 65 kilómetros del municipio de Zihuatanejo, y visité a los cerca de 300 desplazados de Zihuaquio, conocí la situación en que se encuentran, desde enero del 2020, cuando junto con otros mil 500 paisanos huyeron por la violencia que se presenta en esa región de Tierra Caliente/Costa Grande. Sobra decir que Vallecitos está abandonado, más de 3 mil 500 ciudadanos también huyeron por la violencia; triste historia de nunca acabar, poco hacen los 3 niveles de gobierno para resolver el problema ¿qué haría usted si se quedará sin hogar, y sin trabajo?”. El otro acontecimiento fue la muerte de un maestro de primaria, su amigo cercano, Sergio en las hondas reflexiones de la muerte.
En este contexto, el viernes 26 de febrero, se llevó acabo un foro virtual: “experiencias latinoamericanas de desplazamiento forzados y medidas de prevención”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Embajada Canadá y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien organiza, coincidieron en sumar esfuerzos para luchar en pro de la defensa de los derechos humanos de las familias desplazadas por la violencia macrodelincuencial.
Integrantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en Guatemala y Chiapas respectivamente, consideran que el estado dejó de ser garante de los derechos humanos de personas desplazadas por la violencia. “Se ha implantado el terror en las comunidades y por eso decimos que estamos viviendo un momento de tortura. Hay mucha impunidad porque hasta en la actualidad los grupos armados en contubernio con las autoridades prevalece. El Estado dejó de ser protector y se convirtió en el causante del problema, el ejemplo más cruento es Chiapas donde indígenas han sido desplazados por grupos paramilitares. Nos preocupa porque estamos viviendo una crisis sanitaria en las comunidades y el estado no garantiza la vida. Así que es importante trabajar ante el sistema interamericano”.
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, expresó que “es preocupante ver a un gobierno sumiso ante la embestida del crimen organizado que obliga a miles de familias a desplazarse de sus lugares de origen. Criticó que en Guerrero se vive un estado de vulnerabilidad porque acrecienta el desplazamiento forzado cada día, pese a que el Estado mexicano no lo ha aprobado como un delito, además de que el gobierno federal solo ha reconocido a 80 familias originarias de Guerrero como desplazadas, pero no por el crimen organizado sino por despojo o robo a casa habitación. En esta tesitura, pidió que en el Código Penal se tipifique como delito el desplazamiento forzado y que la Cámara de diputados apruebe la Ley General sobre este tema”.
Por su parte, Abel Barrera, señaló que, en Tierra Caliente, en ciudad Altamirano, en colindancia con Morelos y el Estado de México, los giros económicos están controlados por los grupos de la delincuencia organizada. Ahora quienes distribuyen productos de la coca cola es la delincuencia hasta para comprar un kilo de carne en el mercado. Se necesita ser proveedor autorizado por grupos de la delincuencia. Si los presidentes municipales están sometidos, es claro que las poblaciones están sometidas y dominadas.
En hechos recientes de desplazamiento de familias sierreñas por la violencia es evidente que prevalece la ausencia de las autoridades, el problema es que no están atentos, sobre todo, la guardia nacional y el ejército para contener esta avalancha delincuencial. La Costa Grande, la Zona Norte, Tierra Caliente y la Sierra es un polvorín porque ahí es donde está la disputa territorial.
En la región Centro ha habido desplazamiento en el municipio de Zitlala y Chilapa. Decenas de personas han sido desparecidas y asesinadas. Las esposas sueñan que sus esposos vuelven, tocan la puerta y se van. Las niñas y los niños miran a sus papás en el patio de sus casas, les gritan, pero salen corriendo como si no quieran ser vistos. La añoranza de que sus seres queridos regresen es latente. Este oscurantismo impuesto por la delincuencia es por el control no sólo de un territorio pobre, incomunicado, con poblaciones dispersas sino por un territorio donde hay concesiones mineras, en unos lugares se explora mineral y en otros el proceso de exploración. “Se trata de un modelo estractivista donde la delincuencia está jugando un papel importante para el desplazamiento de la población, es decir, no sólo es la siembra, el trasiego de la droga de la amapola sino los negocios de la minería”, apunta Abel Barrera.
El director de Tlachinollan analiza que en el macizo de la sierra madre del sur está el oro y ahí están los macizos de la delincuencia. En esta revisión de la geografía tenemos que entender a los actores, la forma en como están funcionando las instituciones, los grupos de poder, los cacicazgos y la presencia del ejército, sin embargo, la situación se ha descompuesto más, precisamente porque hay acuerdos y complicidades. Un meganegocio y la derrama del capital beneficia a los gobiernos del Estado.
Los dueños del territorio, pero no los ancestrales sino por grupos de la delincuencia son Los Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Granados, el Cartel Independiente de Acapulco, La Barredora, El Comando del Diablo, Los Ardillos, Los Tequileros, Los Jefes, El Cártel del Sur, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Guerrero sangra por estos grupos que buscan controlar la vida social y comunitaria de las comunidades indígenas y campesinas. Donde hay grupos armados se da la violencia y por ende los desplazamientos de personas.
“La mayoría de los desplazamientos han sido en Apaxtla, en Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Tlacotepec, Chichihualco, donde hay trasiego de droga. Las familias están sufriendo, unos han decidido a enfrentar, otros a desplazarse a la Ciudad de Altamirano, Michoacán, la Ciudad de México y la Ciudad de Chilpancingo. Son desplazamientos silenciosos, las familias no quieren que se sepa que están porque los pueden ir a matar. También se habla de desplazamiento de familias de Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas en la región de la Montaña”.
Abel Barrera aborda que, en la guerra sucia, cuando los campesinos se rebelaron contra el Estado mexicano, los generales llegaban hacerles la guerra a los pueblos. Ahí los generales se aliaron con los caciques e implementaron una guerra de contrainsurgencia, se fueron contra los campesinos. Con el tiempo fueron dejando a los pistoleros que eran como los policías, como los jefes de plaza, y posteriormente con todos los cárteles nacionales. Guerrero se convirtió en un narcoterritorio, donde Acapulco es el lugar estratégico para el trasiego de la droga, incluso de Colombia, a Estados Unidos. Iguala quedó como la ciudad del oro y después en la ciudad del narco. En 2014 terminó en la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Quedó evidenciada la participación de las corporaciones policiacas y militares con la empresa macrodelincuencial. No es gratuito que haya actores intocados por el Estado mexicano y que ha dado a estos desplazamientos.
Hay una herida abierta en la sierra madre del sur del estado de Guerrero que se sigue zanjando. Hay centenas de familias desplazadas que no han podido ser atendidas por las autoridades federales y estatales. Aquí sólo impera la ley de las balas.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-imperio-de-las-balas-y-el-desplazamiento-silencioso-en-guerrero/
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