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Imagine

Por: Ignacio Calderón Almendros

  • Un encuentro de personas, alrededor de la inclusión, puede parecer un sueño. Un grupo grande, de especialistas, de centros especiales y ordinarios que cada día se esfuerzan porque niñas y niños estén más cerca de acceder a sus derechos reconocidos. Puede ser un sueño. Pero, a veces, es real.

Hace poco viví un sueño extraño: participaba en un encuentro que llevaba por título “Caminando hacia la inclusión” con un numeroso grupo de docentes para promover un modelo educativo más inclusivo a través de la colaboración entre los profesionales de centros de educación ordinarios y centros de educación especial. Después de una breve exposición comenzó un diálogo. Se fue alargando y alargando en un clima sosegado y tratando temas de gran interés para todos y todas. Los docentes exponían sus dudas e inquietudes e íbamos indagando en las dificultades y planteando propuestas. Pasábamos por temas generales y particulares, como la necesidad de enfocar nuestro trabajo a provocar el deseo de aprender de todo el alumnado y de quitar paja del curriculum que les aprisiona tanto a ellos como al profesorado; de disputar la hegemonía al omnipresente libro de texto que todo lo encorseta y que hace imposible atender a las singulares necesidades de un alumnado que es diverso; de la posibilidad de silenciar nuestro poder en las aulas para que pudieran emerger otros lenguajes que son acallados en nuestras instituciones, y que una escuela que pretende ser inclusiva las necesita como el principal alimento: las voces del alumnado y las familias en general, pero especialmente las de quienes están atravesados por la desigualdad. Alumnado nombrado por la discapacidad, o inmigrante, o gitano, o con escasos recursos, o con todas estas categorías proscritas de eso que llama éxito la escuela de nuestros días.

Los profesionales no se peleaban entre sí, ni parecía que estuviésemos hablando de algo inalcanzable, sino de algo deseable y necesario, que requiere esfuerzos, trabajo colaborativo y el apoyo decidido de las administraciones públicas. A menudo no se sabía si quien hablaba pertenecía a una escuela especial u ordinaria, y tampoco se preguntaba. Lo que unía a aquel grupo humano estaba por encima de sus procedencias, de sus especialidades y de sus actuales lugares de trabajo. Estábamos haciendo una proyección, que tenía en cuenta nuestras realidades actuales, con sus condicionantes materiales y simbólicos, pero que no se quedaba anclada en lo que ya conocemos.

Porque lo que ya conocemos tiene muchas cosas positivas, pero también sostiene unas desigualdades insoportables en la etapa infantil y la educación obligatoria. Decía Paulo Freire que la educación es una búsqueda esperanzada, y eso es lo que estaba ocurriendo allí: profesionales de la educación movidos a construir una escuela que no solo respete, sino que se haga valedora de los derechos humanos de toda la infancia. Y allí olía a esperanza, porque solo esa confianza en que podemos lograrlo permite que lo que deseamos ocurra, en lugar de que sea lo que ocurre lo que ocurra. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que unimos grandes esfuerzos para lograr un deseo, algo que podemos hacer y sabemos que es nuestro deber. Cada conquista social ha caminado la sendas del deseo y la esperanza de que se puede alcanzar.

Así fue como se construyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació tres años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos experimentado tal nivel de barbarie que quisimos reconocer que existen unos derechos básicos por el solo hecho de ser humanos. La falta de consenso inicial hizo que se formalizara como declaración –un ideal que perseguir– en lugar de que fuera un tratado internacional, como compromiso obligado. Con el tiempo y el trabajo persistente y esperanzado se consiguió ese consenso internacional para que la protección de los derechos humanos fuera obligatoria, algo que se ha articulado a través de los nueve tratados que conforman los instrumentos internacionales de derechos humanos: 1) contra la discriminación racial; 2) derechos civiles y políticos; 3) derechos económicos y sociales; 4) contra la discriminación de la mujer; 5) contra la tortura; 6) derechos del niño; 7) derechos de trabajadores migrantes; 8) contra las desapariciones forzadas; y 9) derechos de las personas con discapacidad. Todos ellos constituyen un proyecto de gran envergadura, porque cada uno trata de materializar un compromiso con el engrandecimiento de una humanidad que se conquista al eliminar todas las formas de discriminación que la someten y envilecen.

En todos estos instrumentos que forman hoy el cuerpo de la Carta Internacional de Derechos Humanos, la educación juega un papel de primer orden. Y en aquel encuentro con docentes eso era evidente. Aquellos educadores y educadoras estaban conscientemente trabajando para que la escuela fuera mucho más allá de explicar lo que dice la página 45 del libro de texto, poner el tercer examen de la semana para una clase y corregir lo que pronto sería olvidado por buena parte del alumnado. Se trataba de un grupo humano que quería llenar de sentido la institución escolar y su trabajo, que no se queda impasible viendo el mundo, sino que se arremanga para pensar y actuar juntos cómo lograr mejorarlo en un espacio privilegiado de vida como es la escuela.

Un grupo de unos 500 docentes de siete centros de educación especial y 15 centros de educación ordinaria me pusieron los pies en la tierra

Este paisaje idílico, de ensueño en la realidad que vivimos hoy entre todo este ruido inaguantable que invade los medios de comunicación y las redes sociales con la excusa de la Lomloe, fue real y lo viví la semana pasada. Se trataba de un grupo de unos 500 docentes de siete centros de educación especial y 15 centros de educación ordinaria de Castilla-La Mancha. Y me pusieron los pies en la tierra después de unas semanas de mucho desasosiego al ver la escalada de afirmaciones de vergüenza a cuenta del nuevo incumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (y el derecho a la educación inclusiva que promulga) de la nueva ley orgánica de educación. Me despertaron de la pesadilla de creer que la realidad sobre nuestras escuelas es la que dibujan en las pantallas algunos personajes que a veces hacen magia, otras cantan y otras enseñan sus ostentosas casas. La pesadilla de ver a personajes públicos refiriéndose a niños y niñas como los “que echan babas y que se cagan encima” para defender la educación segregada, o que entienden a los niños y las niñas como “suministro” (igual que a “Mercamadrid” llegan los productos) de una escuela privada de élite. El delirio de ver una campaña autonómica en la que se afirma que el sitio de los niños y niñas nombrados por la discapacidad es la escuela segregada. O el de un partido que se echa a la calle para protestar por algo que llevaba en su programa electoral unos años antes. O el de no tener la suficiente valentía para hacer la ley que nuestra infancia merece, de acuerdo con los derechos humanos. O el de cada político que ahora se enorgullece de construir nuevos centros de educación especial. O la alucinación de oír a personajes haciendo ver que la ONU y la UNESCO solo dicen bobadas. O la increíble sensación de que no se haya escuchado una sola intervención pública en la que se hable de la investigación internacional que desde hace décadas avala la educación inclusiva. Junto a muchos padres y madres se me caía el alma a los pies.

Pero me di cuenta a tiempo. Aquel encuentro que parecía un sueño no lo era, y esto que parece realidad en absoluto lo es. O quizá sí lo sean, y por eso algunos videos corrieron como la pólvora y metieron tanto miedo a las familias, con lo que ya llevan vivido en la discriminación de sus hijos e hijas. Esos videos solo ponían de manifiesto lo que las cosas son: por ejemplo, que un niño o una niña que es víctima de acoso por razón de discapacidad en la escuela ordinaria tiene que irse de allí, para que siga todo como está. Para que se siga discriminando sin problemas.

Lo que ocurrió durante aquel encuentro de profesorado fue un ejercicio que hacemos continuamente los docentes en la preparación de nuestras clases: el de imaginar. El de ampliar los márgenes de nuestro imaginario colectivo, para que podamos pensar que lo incuestionable es el derecho de cada niño o cada niña para estar allí, junto al resto de su generación en el vecindario donde vive, aprendiendo a relacionarse superando prejuicios y discriminaciones con quienes van a compartir vida cuando los adultos ya no estemos. Ese es nuestro trabajo más valioso. Y no puedo evitar recordar aquel himno de Lennon, con su profundidad. Invito a leer su título en voz alta, en español o en inglés: Imagine.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/12/03/imagine/

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RACISMO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA: LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO ASEGURA DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita*.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la IES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

*Leer el Informe de referencia preparado para el Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción – Etnicidad y Educación en Argentina – Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina.

Leer la nota original en Revista Movimiento.

Foto cortesía de Nodal.

Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del Valle, ENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/11/27/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional/#:~:text=En%20el%20sistema%20de%20educaci%C3%B3n%20superior%20argentino%2C%20el,se%20expresa%20de%20diversas%20formas.&text=No%20obstante%2C%20a%20diferencia%20de,decir%2C%20no%20asegura%20estos%20derechos.

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México: “La justicia se va construyendo de pequeñas victorias de las víctimas”

Texto: Daniela Pastrana/  Fotos: Centro de Derechos Humano Miguel Agustín Pro

Un juez federal ordenó a la Fiscalía del Estado de México enviar a la Fiscalía General de la República el expediente de las 11 mujeres que hace 14 años sufrieron tortura sexual en Atenco y cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En entrevista, dos de ellas hablan de la batalla contra un Estado que está obligado a protegerlas.


Hace 14 años, Italia Méndez y Norma Jiménez sobrevivieron a la tortura sexual en San Salvador Atenco. Desde entonces, su vida está volcada en pelear por justicia y para que ninguna otra mujer viva lo que ellas vivieron. Han ganado todas las batallas, incluso, hace dos años consiguieron una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la estructura violenta del Estado es como una Hidra que se reproduce y multiplica.

Conversamos al final de una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, convocada este domingo para anunciar un pequeño triunfo, el último en la cuenta de una larga batalla legal: el 25 de noviembre, el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Toluca les concedió un amparo que ordena a la Fiscalía del Estado de México “revocar su negativa de cumplir con la facultad de atracción” de la Fiscalía General de la República.

Esta sentencia ordena a las autoridades estatales a cumplir otra, emitida hace dos años por la Corte Interamericana, y colaborar para que se unifique la investigación en el fuero federal.

“Que entregue la investigación”, resume Ivette Galván, abogada del Centro Pro, al explicar que la unificación de la investigación posibilitaría evaluar todas las constancias que hay del caso y no solo las que tiene ahora la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), las cuales están centradas en la participación de agentes federales, en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006.

Un logro pequeñito en una tragedia grande

“Durante los 14 años que llevan transcurridos los hechos no existe ninguna consignación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, entonces creemos que esto puede ser un paso más para activar la investigación que esta parada e impune hasta la fecha”, dice la abogada.

Para Italia y para Norma, dos de las 11 mujeres que llevaron la demanda de justicia a tribunales internacionales, la resolución del juez federal no es tan alentadora, quizá porque este domingo es uno de esos días —muchos en estos años — en los que la tristeza se les instala en el cuerpo.

Dice Norma:

“Hay momentos donde cae totalmente el ánimo y este es uno de esos, porque el panorama es bastante desalentador. Cuando vivimos esto, hace 14 años que parecen 40 porque toda mi vida se fue ahí, pero lo que pasó en 2006 fue tan shockeante, tan difícil de asimilar, y luego cuando hacíamos el recuento y hablábamos de los impactos que esto había generado en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y de la gente que lo vivió… no sé, lo único que me podría parecer justo era que no le ocurriera a otras mujeres. Y me parecía, al mirar, todo lo que se rompe, que nuestra exigencia era bien poquita. Solo queríamos decir: ‘hagan su trabajo’ y eso era como pelear contra el monstruo. Nos trataron como si pedir justicia fuera una afrenta, que lo es, pero en ese momento no lo vislumbraba así”

“(La sentencia del juez) es un logro pequeñito y de eso se ha construido nuestro camino y nos da un poquito más de ánimo para seguir caminando. Porque primero pensábamos que si lográbamos llega a la Corte, que lo veíamos muy lejano, íbamos a lograr lo que queríamos: las medidas de no repetición. Pero eso no ha pasado, y al contrario, vivimos en un país donde 11 mujeres son asesinadas todos los días y el Estado no hace nada, al contrario, cuando gracias a las familias se logra tener un victimario dentro (de la cárcel), lo dejan salir. Esa justicia que nos pintan, a la que tenemos derecho, no es real, no existe. La justicia se va construyendo de pequeñas victorias como esta y la van construyendo las víctimas. Ese es el trabajo. Lo único que nos queda es seguir dando pelea y encontrarnos en el camino para seguir teniendo esperanza porque es muy complicado”.

“Nos tenemos”

 Imagino que en estos 14 años has tenido muchas veces estos desánimos. ¿Qué te levanta, Norma?

— Pues creo que la lucha de otras mujeres, ahí encuentro las ganas… Italia, que no ha dejado que lo pierda (el ánimo).

Dice Italia:

“Pues es que nos tenemos. Al final, para mí la lucha de las mujeres de Atenco se traduce en una carrera de larga duración. Y sí, la lucha de otras mujeres es lo que nos ha reanimado, pero creo que la vida de las mujeres jamás había estado tan afectada como ahora, o quizá lo digo porque es la época que me ha tocado vivir y pelear. Pero es una emergencia”.

Lo que sigue no es una pregunta, sino una disertación de la periodista sobre cómo dejamos pasar todo lo que pasó en 2006. Cómo celebramos la Navidad ese año y normalizamos tanta impunidad. ¿Cómo paramos ahora la bola de nieve que se lanzó?

Responde Italia:

“Es eso que acabas de decir: Ha ido escalando y cada vez es una violencia más cruenta, y cada vez estamos más afectadas, y pareciera que no para y que no pasa nada”.

Hacer algo: sobrevivir

Me pregunto (y les pregunto) si no les ponemos demasiada carga de responsabilidad. Que las mujeres de Atenco luchen por todas. Que su batalla nos abra camino a las demás.

Norma niega con la cabeza. Luego explica:

“No hay una distancia ente la violencia que vive otra mujer y la que puedes vivir tú, porque, además, esta violencia desde las instituciones, desde las estructuras, es muy grande, pero no es la única vez que hemos sido violentadas. Creo que la memoria de nuestro cuerpo y de nuestra mente no nos deja estar en paz, sabes que es lo que te puede pasar si sales a la calle. La mayor parte de las mujeres han sido victimas de mas de una violencia, de cara a eso, a todas nos toca hacer algo, incluso sólo sobrevivir”.

 ¿Cómo ha sido en este tiempo su convivencia con espacios familiares o sociales que normalizan todas esas violencias?

— Una apuesta que tuvimos fue hablar con la gente desde una posición muy honesta- responde Italia —. Al principio, cuando hablábamos de violación, así en público, era muy shockeante. Tuvimos que ir modificando también nuestro propio testimonio y nuestra forma de contar lo que había pasado. Era muy duro por el estigma que cargaban sobre nosotras. Y poco a poco intentamos, porque no se puede siempre, desinstalarlo y decir: ‘esto no es mío, no me toca, esto fue un actuar que tuvieron los responsables’. Es decir, nosotras creemos que hay que devolverle la responsabilidad a quien la tiene y eso es el Estado y los policías. Y romper este estigma nos permitió establecer una comunicación mas honesta y mas real, que pudiera hablar de los impactos sin que nos atravesara la vergüenza, ni a nosotras ni a nuestras familias. Pero no es fácil, no es una fórmula, incluso con los medios, al principio nos decían: las violadas de Atenco

— Y lo peleamos —, dice Norma.

— Lo peleamos — dice Italia —. Son 14 años de lucha por intentar cambiar las narrativas y la forma en la que es percibida la víctima. Somos sujetos de derecho, y desde ahí es nuestra forma de abordarlo y exigirlo, no desde el victimismo. Entendemos la figura de victima en lo jurídico pero en lo social tenemos que darle a vuelta, y eso lo intentamos hacer creo que ha tenido sus frutos, no solo en el tema Atenco, hemos intentado construir juntas con otras mujeres con las que la experiencia nos hermanó.

Jóvenes rabiosas, señoras rabiosas

 ¿Se imagina de algún modo en 10 años?

— Mas vieiitas — bromea Norma.

 Luego dice: “Éramos jóvenes rabiosas, y ahora somos señoras rabiosas. Y seremos abuelitas rabiosas”.

 Pero algo sí ha cambiado la estructura esta batalla de ustedes, ¿no? ¿Un poco, quizá?

— Sí, ha cambiado y nosotras también. Hemos encontrado muchas cosas donde fortalecernos y donde saber que batallas dar y no desgastarnos en otras cosas

Resume Italia:

“Así como van las cosas, estaremos peleando. Que sea más diverso el tema, que dejemos de ver el mundo polarizado y binario. Me da mucho gusto ver a mujeres que están vertidas en construir, en transformar. Aunque luego veo también la reacción que hay contra los movimientos feministas de la propia sociedad… Y eso es muy duro”.

Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/la-justicia-se-va-construyendo-de-pequenas-victorias-de-las-victimas/

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Activistas de derechos humanos sauditas detenidas en su país son víctimas de abusos sexuales

Fuentes: https://vientosur.info/

En un informe de 40 páginas titulado “Una mancha sobre las y los líderes mundiales y el G20 en Arabia Saudita: la vergonzosa detención y tortura de las mujeres saudíes”, Helena Kennedy describe la violencia utilizada por los interrogadores contra las activistas encarceladas, algunas de las cuales fueron “colgadas del techo” y “torturadas con descargas eléctricas”. Varias […]


En un informe de 40 páginas titulado “Una mancha sobre las y los líderes mundiales y el G20 en Arabia Saudita: la vergonzosa detención y tortura de las mujeres saudíes”, Helena Kennedy describe la violencia utilizada por los interrogadores contra las activistas encarceladas, algunas de las cuales fueron “colgadas del techo” y “torturadas con descargas eléctricas”.

Varias activistas famosas están ahora encarceladas en Arabia Saudita, incluidas Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdelaziz, Mayaa al-Zahrani, Hatoon al-Fassi, Samar Badawi, Nassema al-Sadah y Amal al-Harbi.1

Según el informe de la abogada Helena Kennedy, miembro laborista de la Cámara de los Lores y una de las activistas más dinámicas del Reino Unido, las presas fueron “obligadas a ver pornografía frente a sus interrogadores”, “obligadas a tener relaciones sexuales [con sus carceleros] y besarles”.

“Al menos una fuente informó que Aïda al-Ghamdi [madre del disidente Abdallah al-Ghamdi exiliado en Londres] fue obligada a ver pornografía y varias fuentes informaron que Loujain al-Hathloul y Eman al-Nafjan habían sido obligada a besar y realizar otros actos sexuales con los interrogadores ”.

“Amenazadas de violación”

Las presas también fueron “amenazadas con violarlas”, según el mismo informe.

El informe precisa que los interrogatorios fueron supervisados ​​por Saoud al-Qahtani , miembro del círculo íntimo del príncipe heredero Mohammed bin Salman , acusado de haber orquestado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi .

Haciendo eco del desmembramiento del periodista disidente en el consulado saudí en Estambul, se dice que Saud al-Qahtani le dijo a una de las prisioneras: “Haré con vosotras lo que quiera, luego os disolveré y echaré por el WC”.

Una de las activistas afirmó que sus sesiones de interrogatorio fueron supervisadas por el hermano menor del príncipe heredero, Khalid bin Salman, embajador saudí en Washington de 2017 a 2019.

Este último habría presumido ante las presas: “¿Sabes quién soy? Soy el príncipe Khalid bin Salman, soy el embajador en los Estados Unidos y puedo hacer lo que quiera con vosotras”.

Las prisioneras fueron trasladadas a menudo entre la prisión de Dahaban, cerca de Jeddah, a un “centro de detención no oficial”, según el informe.

La abogada y activista Helena Kennedy pidió un boicot a la cumbre del G20 organizada por Arabia Saudita el 21 de noviembre a menos que las activistas sauditas sean liberadas.

A principios de este mes, el embajador saudí en el Reino Unido dijo que las activistas podrían recibir indulgencia y ser liberadas antes de la cumbre virtual del G20, pero las y los activistas de derechos humanos rechazaron sus comentarios y dijeron que era ” truco mediático ”.

A principios de noviembre, Human Rights Watch pidió a los países miembros del G20 que “presionen a Arabia Saudita para que libere a todas las personas detenidas ilegalmente y acepten la rendición de cuentas por los abusos infligidos” antes de la cumbre.

Campaña contra el G20 saudí

HRW lanzó su campaña # G20SaudiArabia para la ocasión, “instando a las y los líderes del G20 a responsabilizar a sus anfitriones saudíes por sus violaciones de derechos humanos, después de haberles enviado cartas con la misma solicitud en julio y agosto”.

El 5 de noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió la “liberación inmediata” de la activista Loujain al-Hathloul, que se encuentra en huelga de hambre desde el 26 de octubre, alarmado por el deterioro de su estado de salud.

En un comunicado, el comité de la ONU, un organismo compuesto por expertos independientes, pidió la liberación inmediata de al-Hathloul y todas las demás mujeres activistas detenidas.

Loujain al-Hathloul inició su huelga de hambre el 26 de octubre y el deterioro de su estado de salud es “profundamente alarmante”, según estos expertos.

El comité dijo que estaba “seriamente preocupado por la información reciente sobre las condiciones de la detención prolongada de la Sra. Al-Hathloul, incluidos los informes de que no se le permite tener contacto regular con su familia”.

Loujain al-Hathloul, de 31 años, ha hecho campaña durante mucho tiempo por el derecho de las mujeres sauditas a conducir y por el fin de la tutela que pone a las mujeres a merced total del hombre.

Fue arrestada junto con otras activistas en mayo de 2018, poco antes de que se levantara la prohibición de conducir a las mujeres sauditas.


Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Fuente:  https://www.publico.es/internacional/mujeres-arabia-saudi-amnistia-internacional-g20-no-dejen-enganar.html

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Estados Unidos: Niños detenidos en frontera con EU estarían expuestos a COVID

América del Norte/Estados Unidos/29-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx

Agentes de la Patrulla Fronteriza tienen detenidos a unos 65 menores inmigrantes en una estación del sur de Texas en condiciones que no controlan la diseminación del coronavirus, con distanciamiento social limitado y falta de acceso a jabón y desinfectante de manos, denunciaron abogados de inmigración el viernes.

Un abogado que visitó la estación en Weslaco, Texas, el miércoles habló con adolescentes que habían estado detenidos allí al menos tres días, dijo Carlos Holguin, cofundador del organismo activista Center for Human Rights and Constitutional Law.

Uno de los adolescentes, de 15 años, dijo en una declaración jurada que se le permite tomar una ducha diaria de 5 minutos para la que tiene que esperar en una fila sin espacio para distanciamiento social, dijo Holguin. El joven dijo que se le dio una sola mascarilla y esa es la que usa todos los días.

Un niño de 13 años indicó en otra declaración jurada que está usando la mascarilla de tela que tenía cuando entró a Estados Unidos, agregó Holguin. Ambos menores señalaron que no tienen desinfectante de manos ni jabón para lavárselas.

“Si no llegan con COVID, las condiciones en estas instalaciones son tales que, cuando salen, muy probablemente han estado expuestos al COVID”, dijo el abogado.

El inmigrante de menor edad en la estación es una niña de 3 años acompañada por su madre, dijo Holguin. Hay además niños de 8 y 9 años.

El informe es la acusación más reciente de que niños inmigrantes están siendo maltratados por el gobierno del presidente Donald Trump, que separó a miles de familias en el 2017 y el 2018, deteniendo a muchas de ellas en un almacén adaptado en el sur de Texas. Otra estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, en la misma entidad, fue usada el año pasado para detener a más de 250 niños y adolescentes sin comida, agua ni saneamiento, y surgieron reportes de niños que tenían que cuidarse entre sí.

Las estaciones de la Patrulla Fronteriza no están diseñadas para detener a menores, a diferencia de instalaciones operadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La estación en Weslaco es donde Carlos Hernández Vásquez, de 16 años, murió de influenza tras haber sido dejado durante horas dentro de una celda sin recibir atención. Hernández es uno de seis niños desde 2018 que han muerto poco después de ser aprehendidos por agentes fronterizos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó en una declaración que había designado Weslaco como la localidad regional para detener a los menores que cruzan la frontera sin sus padres.

“Se requieren servicios y comodidades específicos para esas poblaciones vulnerables, y la instalación designada específicamente contiene los suministros y el personal para satisfacer esa necesidad”, dijo la agencia. “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se adhiere a las directrices de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sobre distanciamiento social e higiene personal”.

La agencia no respondió a preguntas sobre si los menores tenían jabón, desinfectante de mano o mascarillas nuevas.

Durante la pandemia, el gobierno de Trump ha expulsado del país a miles de niños migrantes sin darles la oportunidad de solicitar protección bajo las leyes de asilo u otras, argumentando riesgos para la salud pública. Alegó que las expulsiones eran necesarias para controlar la propagación del COVID-19. The Associated Press ha reportado que el vicepresidente Mike Pence le ordenó a los CDC que usasen su poder de emergencia luego que algunos en la agencia se resistieron.

Este año, el gobierno estaba deteniendo a niños y familias migrantes en hoteles durante días y semanas antes de expulsarlos del país. En septiembre, un juez federal prohibió el uso de hoteles como sitios de detención a largo plazo.

Tras la orden, las autoridades fronterizas comenzaron a referir a más niños a las instalaciones del Departamento de Salud mientras aún intentaban efectuar expulsiones. Esta semana, otro juez federal le prohibió al gobierno expulsar a menores no acompañados por sus padres, aunque el fallo no es aplicable a los menores que cruzan la frontera desde México con sus papás.

Holguin forma parte de un equipo de abogados que monitorea el tratamiento de niños inmigrantes detenidos bajo un arreglo en las cortes conocido como el acuerdo Flores. Dijo que la CBP se había negado a decirle a su equipo por cuánto tiempo los menores habían estado detenidos en Weslaco y si alguno llevaba más de tres días, el límite establecido por el acuerdo.

“Nuestra preocupación es que, como no se les permite usar hoteles como lo hacían previamente, entonces ellos van a detener a los niños en estaciones de la Patrulla Fronteriza como la de Weslaco”, dijo.

con información de AP

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2020/11/22/ninos-detenidos-en-frontera-con-eu-estarian-expuestos-a-covid-6486.html

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Ecuador: Violencia en la casa

La violencia intrafamiliar este 2020 ha encendido las alarmas en el contexto del coronavirus. Mas, esa pandemia oculta, que es la agresión en casa, trasciende en Ecuador al confinamiento que supuso el covid-19.

¿Pandemia oculta? Sí, histórica. Hay que revisar los registros del ECU 911. Del 1 de marzo al 31 octubre del 2020, en medio del covid, el sistema recibió 73 961 emergencias por violencia intrafamiliar. En igual período del 2019 se reportaron 83 112; hubo 71 383 en los mismos ocho meses del 2018; en promedio, 300 víctimas por día. ¡Escalofriante!

¿Emergencias? “Mujeres encerradas en clósets, escondidas bajo la cama llamaron pidiendo auxilio”, reseña Fundación Aldea. Este 25 de noviembre del 2020, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer -para tomar acción contra la violencia de género- ha encontrado a Ecuador con 101 feminicidios (del 1 de enero al 16 de noviembre , Aldea), con 95 084 reportes de violencia intrafamiliar (enero – octubre, ECU 911)…

¿Feminicidios? Sí. La máxima expresión de la violencia machista. Crímenes perpetrados por hombres que se arrogan la perversa idea de “propiedad” sobre los cuerpos de las mujeres al punto de segar sus vidas. Muertes atroces en una sociedad que trata como “asuntos de pareja” o “problemas de casa” la recurrente vulneración de derechos.

¿Derechos? Sí. A la equidad de género; a que no se naturalice la subordinación al hombre: en el trabajo, educación, familia… En Ecuador hay un feminicidio cada 72 horas. En el 66,3% de casos los feminicidas eran las parejas o exparejas; en el 7,9%, padres o padrastros (Aldea, 2020). ¿Niñas víctimas? Sí, seis menores de 5 años muertas este año. 98 niños en la orfandad sin su madre. Señores, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer está escrita; es tiempo de que el Estado la desempolve del librero y que este año sí asigne recursos para cumplir lo que allí reza: diseñar una política pública con enfoque de género en educación, en salud, en seguridad, en inclusión, en trabajo… ¿Es tiempo? Sí, aún si ya no quedan ministros “feministas”.

Fuente: https://www.elcomercio.com/app_public.php/blogs/derechos-y-humanos/violencia-casa-feminicidio-ley-recursos.html

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Corrupción y pobreza son la semilla del descontento en Guatemala

América Central/Guatemala/27-11-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Quema del congreso y al menos 22 detenidos es el saldo de las protestas del fin de semana en Guatemala. Te contamos las claves del descontento.

Miles de guatemaltecos se lanzaron el sábado a las calles del centro del país para manifestarse enardecidos en contra del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en una serie de protestas que culminaron con la quema de una parte del Congreso y la dispersión de los asistentes mediante bombas lacrimógenas, y que continuaban ayer domingo.

El presupuesto del Estado

Las protestas se generaron tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto del Estado para 2021. Dicho presupuesto, calificado por analistas como “oscuro”, se aprobó de madrugada, sin que todos los 160 diputados tuvieran acceso al documento y con amplias reducciones para salud y derechos humanos.

El viernes por la noche, después de que Giammattei avalara nuevamente el presupuesto, su vicepresidente, Guillermo Castillo, aseguró en rueda de prensa que el país no se encuentra «bien» e instó a Giammattei a renunciar en conjunto para “oxigenar” a la nación centroamericana.

En Guatemala, uno de cada dos niños sufre de desnutrición y el 59% de sus 16 millones de habitantes viven bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales. Además, según informes de organismos internacionales, también es uno de los seis países mas corruptos del continente.

Quemaron el Congreso

Los manifestantes rompieron la puerta de ingreso al Parlamento y también las ventanas, lanzando antorchas de fuego al interior y avanzando para destruir las instalaciones.

22 DETENIDOS y al menos media docena de heridos reportaron organismos de derechos humanos y cuerpos de socorro.Muchos de ellos se llevaron muebles del lugar e incluso algunos enseñaron bebidas alcohólicas que eran guardadas dentro del hemiciclo.

Los diputados no se encontraban en el Congreso y las autoridades no han divulgado detalles específicos sobre los daños causados. Los Bomberos Voluntarios detallaron que fueron necesarios 10.000 galones de agua para apagar el incendio. EFE

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102333660/corrupcion-y-pobreza-son-la-semilla-del-descontento-en-guatemala

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