Derechos Humanos

Page 48 of 375
1 … 46 47 48 49 50 … 375

La peligrosa vocación de educar en Colombia: al menos 30 maestros asesinados desde 2018

Noticias

Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para quienes luchan por defender sus derechos. En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales. Desde 2018 al menos 30 maestros sindicalistas han sido asesinados. Organizaciones internacionales alertan sobre la incapacidad del Gobierno colombiano para contener la crisis.

El fin de semana del 21 de noviembre dos maestros sindicados fueron asesinados en Colombia: Douglas Cortés Mosquera y Byron Revelo Insuasty. Desde 2018, al menos 30 maestros sindicalizados han sido asesinados, y muchos más amenazados y obligados a desplazarse de su territorio.

Justice For Colombia (JFC), organización birtánico-irlandesa que aboga por los derechos humanos, pide al presidente del país, Iván Duque, que garantice la seguridad de todos los sindicalistas.

Las muertes y amenazas son «particularmente alarmantes dada la incapacidad del Gobierno para contener la espiral de crisis de derechos humanos que envuelve a Colombia, en la que los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios y los exguerrilleros de las FARC-EP se enfrentan a terribles niveles de violencia», advierten en un comunicado.

Asesinatos de docentes en Colombia

Los asesinatos de Cortés Mosquera y Revelo Insuasty sucedieron días después de que docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizaran huelgas nacionales por mejoras en la financiación y las condiciones del sistema educativo público, así como la protección de los derechos humanos.

Además, ambos fueron muertos casi un mes después de que Diógenes Orjuela, presidente de la mayor confederación sindical del país (la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), y varios miembros del Comité Ejecutivo de la Fecode fueran amenazados a muerte.El cuerpo del docente Byron Revelo Insuasty fue encontrado en una morgue en Tumaco, departamento de Nariño (al suroeste de Bogotá), el domingo 22 de noviembre. Según información de JFC, nueve días antes, había sido secuestrado mientras se dirigía a las elecciones sindicales. Byron era miembro del Sindicato de Magisterio de Nariño y del partido político Colombia Humana.

Ese mismo día, el sindicalista docente Douglas Cortés Mosquera, que pertenecía al Sindicato de Maestros de Risaralda, fue asesinado en La Virginia, al oeste de Bogotá. Según JFC, también era conocido localmente como artista.

​En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia. El país sudamericano sigue siendo el más peligroso del mundo para los sindicalistas y líderes sociales.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093692493-la-peligrosa-vocacion-de-educar-en-colombia-al-menos-30-maestros-asesinados-desde-2018/

Comparte este contenido:
Leer más »

Ecuador: altos niveles de violencia sexual en las escuelas

Noticias

Urgen investigaciones, justicia y reparaciones.

Miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde 2014, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien Ecuador ha adoptado importantes medidas para abordar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, muchas instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado, y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos.

El informe de 82 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.

“Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior en la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”.

Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 83 personas, incluidos sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos y datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.

En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela o sus alrededores. Algunos estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra sus compañeros y compañeras. Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por docentes, directores (rectores), familias de los abusadores, y asociaciones de padres.

La violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano. Pero la escala de los abusos no se conoció públicamente hasta 2017, cuando la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional multipartidista para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, tras una fuerte movilización por parte de familias afectadas.

La comisión, denominada AAMPETRA en referencia a un caso que implicó el abuso sexual de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, un colegio particular en el sur de Quito, evaluó las acciones tomadas por las instituciones estatales para prevenir y erradicar los abusos en las escuelas y brindar un acceso adecuado a la justicia, enfocándose en casos ocurridos entre 2013 y 2017. La Comisión concluyó que los ex ministros del gobierno del presidente Rafael Correa no tomaron medidas para abordar la violencia sexual.

En julio de 2017, el gobierno en funciones del presidente Lenín Moreno publicó datos que mostraban altos niveles de violencia sexual en las instituciones educativas y declaró una política de tolerancia cero. También adoptó un protocolo vinculante que obliga a los docentes, departamentos de consejería estudiantil y otro personal educativo a denunciar casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas. Creó un registro integral de casos y una herramienta para hacer un seguimiento del registro de casos, investigaciones y juicios.

Sin embargo, Human Rights Watch encontró graves fallas en la aplicación de esta política y en garantizar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes. El esfuerzo se ve significativamente afectado por la grave escasez de departamentos de consejería estudiantil, que son fundamentales en la detección y denuncia de casos. En algunas instituciones educativas o distritos, los psicólogos educativos cuentan con poco apoyo y los docentes, personal educativo y autoridades distritales los disuaden de presentar denuncias. El gobierno tampoco parece haber tomado las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de sus políticas en los colegios privados.

Muchas víctimas y sus familias también se encontraron con serios obstáculos en su búsqueda de justicia. Los procedimientos judiciales a menudo se retrasan y no siempre se llevan a cabo respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por Human Rights Watch muestran que solo el tres por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron a juicio entre 2015 y 2019. La mayoría de las familias dijeron haber sentido que tenían que luchar para obtener justicia, en ocasiones empleando sus propios recursos económicos, lo cual, a su vez, afectó la salud mental y el bienestar de toda la familia.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de secundario que fue violada por el vicerrector de su escuela durante más de un año. Paola se suicidó en 2002. La corte ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola y que celebrase a más tardar en diciembre 2020 una ceremonia pública de alto nivel para reconocer su responsabilidad internacional.

Antes de dejar la presidencia en mayo de 2021, el presidente Moreno debería asegurarse que se cumplan todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en junio, o que estén en proceso de ser implementadas dentro de los plazos establecidos por el tribunal, dijo Human Rights Watch. Moreno también debería ofrecer, sin demora, una disculpa pública a los y las sobrevivientes de violencia sexual en las instituciones educativas. El gobierno de Moreno debería establecer de manera expedita un fondo nacional de reparaciones para sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales de tribunales nacionales.

Ecuador debería adoptar una agenda estatal de tolerancia cero ejecutable a largo plazo, con un fuerte énfasis en la prevención de casos, y en una respuesta adecuada ante abusos, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos para implementar sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes.

También debería aumentar y garantizar el apoyo a los departamentos de consejería estudiantil y equipos de psicólogos educativos, asegurar que tanto las escuelas públicas como privadas cumplan con su obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente. Las instituciones judiciales deberían garantizar que los procesos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familias, defendiendo sus derechos a un juicio justo y a una justicia reparadora.

“Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y abordar la violencia sexual en sus instituciones educativas son importantes, pero también deberían enfocarse en prevenir estos abusos”, dijo Martínez. “Para que la tolerancia cero sea una realidad, es necesario que todos los docentes y personal educativo y gubernamental protejan a los y las estudiantes y garanticen que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las escuelas”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/12/09/ecuador-altos-niveles-de-violencia-sexual-en-las-escuelas

 

Comparte este contenido:
Leer más »

Mundo: Amazon, sus espías, su explotación, su descaro

Noticias

Mundo/11-12-2020/Autor(a) y Fuente: surcosdigital.com

Salvajismo 3.0

En los ya famosos Black Friday, las empresas de la “nueva economía” digital multiplican sus ya pingües negocios. Coincidiendo con uno de ellos, Amnistía Internacional emitió un informe en que denuncia la persecución sindical en Amazon, una de las compañías símbolo de uno de los sectores más desregulados y de mayor crecimiento en el planeta.
Daniel Gatti

Unos pocos días antes habían circulado documentos internos de la firma dirigida por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según el listado de súper millonarios elaborado regularmente por la revista Forbes, que desnudaban las mismas prácticas.

El informe de AI está centrado en algunos países de Europa y Estados Unidos, pero no es muy difícil deducir que en otras regiones del mundo el panorama debe ser el mismo o peor.

“La forma de actuar en los países investigados muestra una cultura corporativa que puede ser extensible a otros”, dijo al diario barcelonés La Vanguardia Cecilia Denis, integrante de filial de Greenpeace España, y destacó que sindicatos de diferentes naciones de la UE presentaron denuncias contra Amazon por violaciones a la libertad sindical ante la Comisión Europea.

La empresa, dice el informe, “socava los intentos de su personal de sindicarse y negociar colectivamente, incluso a través de una vigilancia exhaustiva” del personal.

Quienes trabajan para ella “están corriendo grandes riesgos en materia de salud y seguridad desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, pero su capacidad de denunciar y negociar colectivamente está sometida a presiones por parte del gigante del comercio electrónico minorista”, agrega el documento.

Y recuerda que “el derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen con claridad que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, a tener unas condiciones laborales seguras y a que se respete su derecho a la privacidad”.

Riesgos y alarmas

En sus informes anuales de 2018 y 2019 Amazon consideró a los sindicatos como un factor de riesgo y alentaba a sus cuadros medios a advertir a las direcciones empresariales sobre “cualquier señal de alarma” que diera cuenta de actividades gremiales. Ergo, que delataran a los sindicalistas.

La pandemia de Covid 19 le ha originado a Amazon, como a las otras grandes transnacionales de la economía digital (Google, Apple, Facebook, Microsoft, agrupadas bajo el acrónimo de GAFAM), un crecimiento exponencial de sus ganancias.

Solo entre julio y septiembre sus ingresos acumulados aumentaron en 19 por ciento y sus ganancias en casi 14, mientras su volumen de negocios llegó a poco menos de 228.500 millones de dólares, 18,9 por ciento más que lo facturado en el mismo período de 2019, y su beneficio neto trepó en 31,5 por ciento, a alrededor de 29.000 millones de dólares (escudodigital.com, 30 de octubre de 2020).

La fortuna personal de Bezos ronda hoy los 200.000 millones de dólares, y ha crecido y crecido bajo la Covid 19.

Esos nuevos hombres de negro

Bezos es de esos grandes multimillonarios que proclama que a ellos no se les puede aumentar los impuestos porque “generan riqueza con sus inversiones”.

Dice por ejemplo que gracias a su imperio “ha dado trabajo a muchos miles de trabajadores” y aduce que durante la pandemia contrató a más de 175.000 personas.

Pero en qué condiciones: la precariedad como divisa, en todos los planos, desde el salarial a la protección social.

La publicación digital Motherboard reveló la semana pasada documentación del Centro de Operaciones de Seguridad Global de Amazon que prueba que la empresa contrató a la famosa agencia Pinkerton para espiar a líderes sindicales de sus almacenes en Europa: rastrear sus movimientos, cuándo, dónde y con quiénes se reúnen, conocer sus estrategias.

También espiaron a organizaciones ecologistas, a grupos de defensa de los derechos humanos, a abogados.

El informe de Motherboard menciona específicamente a Polonia como escenario de esas prácticas, pero la publicación digital española eldiario.es dice que son también habituales en España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, República Checa, Eslovaquia.

A fines del siglo XIX agentes de Pinkerton actuaron como rompehuelgas, como guardias armados de empresas y en esas funciones reprimieron a trabajadores. Fueron responsables, por ejemplo, de la muerte de una docena de obreros siderúrgicos en 1892 en Estados Unidos.

Los detectives de Pinkerton ya no son aquellos hombres de negro que “trabajaban para la ley” en el Oeste estadounidense y que popularizaron los westerns. Ahora forman parte del grupo Securitas y muchos de ellos son híper formados analistas de datos.

El Centro de Seguridad Global de Amazon está basado en Seattle, sede central de la transnacional, y en él trabajan también ex analistas militares del ejército de Estados Unidos.

En España, dice Motherboard, la empresa tiene abierto un proceso de selección de “antiguos líderes militares” para convertirlos en directores de operaciones de inteligencia que comprenden la infiltración en páginas de Facebook, la investigación a líderes sindicales y el seguimiento a sus contactos, la creación de falsos perfiles en las redes sociales.

Otro bonito ejemplo de lo que algunos investigadores llaman “capitalismo de vigilancia” y del que los GAFAM serían la encarnación por excelencia.

Fuente: http://www.rel-uita.org/

Fuente e Imagen: https://surcosdigital.com/amazon-sus-espias-su-explotacion-su-descaro/

Comparte este contenido:
Leer más »

México: La Montaña de Guerrero, un lugar violento para niñas y mujeres

Noticias

El nuevo sistema de justicia penal no evita la impunidad para casos de violencia contra las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero, donde este 2020 se registraron 5 asesinatos de niñas indígenas y 19 muertes violentas de mujeres, aseguró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su XXVI informe anual “Como una noche sin estrellas”, presentado el pasado 7 de diciembre.

“México, vive momentos terribles de violencia contra mujeres y niñas. Atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia ha sido una tarea difícil. En las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres es grave, por su triple condición: por ser mujeres, pobres e indígenas” detalló Tlachinollan.

De acuerdo con la organización, entre febrero y octubre de 2020 se registraron 19 casos de muertes violentas de mujeres; Tlachinollan actualmente acompaña 7 casos de feminicidios. Durante este período, también se registraron 6 casos de mujeres desaparecidas, 5 casos de niñas indígenas asesinadas, así como 14 casos de agresiones sexuales, la mayoría contra niñas de 9 a 16 años de edad.

A pesar de que desde 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad, a la vida privada, las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las indígenas de la Montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo, “el difícil camino de las víctimas violentadas para acceder a la justicia a menudo se vuelve un mecanismo de revictimización. Las instituciones de justicia son insensibles al dolor y violencia que viven las mujeres; dilatan las investigaciones, maltratan, discriminan y no les creen- Su palabra y testimonio no cuentan”, observó Tlachinollan.

La organización documentó este 2020 que la primera respuesta del operador de justicia ante la denuncia de las mujeres es la duda. “Se creía que con el sistema penal acusatorio, los formalismos y la burocracia en los procesos se superarían; que las investigaciones serían más ágiles, sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos, pues son falencias estructurales no tienen que ver con el modelo procesal penal”, se detalló en el informe.

Pese a la exigencia de las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas en la región, persiste falta de peritos del sexo femenino, personal especializado para atender a las mujeres, insensibilidad de las y los agentes investigadores, personal de psicología que desconoce el tema y maltrata a las víctimas, sobrecarga laboral y dilación en las indagatorias, fallas procesales en los actos de investigación e inobservancia de las reglas del debido proceso al realizar los actos de investigación, es una constante, lo que debilita la obtención de condenas y sanciones para las personas responsables.

A esto se suma, de acuerdo con Tlachinollan, que las mujeres indígenas en Guerrero enfrentan situaciones de marginación y de exclusión social. “La crueldad con la que han acabado con la vida de mujeres y niñas ha dejado mensajes claros en el interior de las comunidades indígenas: el dominio lo ejerce el hombre y el papel de la mujer es obedecer sin más. Cualquier osadía se paga con la vida”, señaló.

En su informe, Tlachinollan también documentó distintas violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron este 2020 contra personas defensoras, como Teodomira Rosales, así como contra periodistas (tres asesinados este año) y familiares de víctimas, como las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014.

De acuerdo con lo documentado, al contexto de la pandemia, que retrasó los servicios de atención para la población en Guerrero, en especial para las víctimas, se sumó un incremento en asesinatos y “ajustes de cuentas” entre organizaciones criminales en la región. “En nuestra entidad es donde se han fragmentado más los grupos del crimen organizado, al grado que ahora hay un escenario cada vez más diverso de células rivales, involucradas en un espectro más amplio de negocios ilícitos y formas de control territorial más estrictas y agresivas”, denunció la organización.

Fuente e imagen:  CIMAC Noticias

Comparte este contenido:
Leer más »

México: Ante violencia, inician organizaciones Misión Civil de Observación a Chiapas

Noticias

Organizaciones iniciaron este 7 de diciembre la Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) para documentar las «graves violaciones» a los derechos humanos a comunidades indígenas desplazadas por la violencia paramilitar y las agresiones contra los defensores en la entidad.

Entre las organizaciones que registrarán los atropellos a los pueblos y comunidades hasta el 10 de diciembre se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La MCO recorrerá las comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar las violaciones a derechos humanos y visibilizar la situación de desplazamiento forzado y criminalización contra los defensores de derechos humanos.

«Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos», señaló la Misión.

A continuación el comunicado completo:

En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajan  en la defensa de los derechos humanos y por la paz.

Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.

Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones para  habitantes de la comunidad, así como para  integrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.

Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.

La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene en  alerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.

Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como para visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.

Para más información o gestión de entrevistas:
Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/ante-violencia-inician-organizaciones-mision-civil-de-observacion-a-chiapas/

Comparte este contenido:
Leer más »

Costa Rica: Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Noticias

América Central/Costa Rica/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: surcosdigital.com

El miércoles 02 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sibar y demás recuperadorxs de territorios indígenas”, el Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Trino Barrantes Araya, compartió las siguientes palabras:

Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses

Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com
San Pedro de Montes de Oca

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Un pequeño preámbulo:

Debieron pasar 427 años, después de la conquista, para que el tema indígena se pusiera en el tapete de los organismos internacionales. Efectivamente, es a partir de 1919 que el tema indígena procura la atención de los Estados-nacionales.

De igual forma es importante tener presente el papel del Tribunal Russell, pues con todas sus variables, es una primera de las instancias que posicionó el tema del respeto a los Derechos Humanos a los pueblos ancestrales. Aunque ciertamente el tema había sido considerado desde 1943, será en el año 1966, con el filósofo y literato Jean Paul Sartre, que el tema logra dimensionarse de manera universal.

Señalemos que ya, a partir del Convenio 107, la Organización Internacional del Trabajo presta una atención permanente a incorporar a los pueblos indígenas como actores de una realidad socio histórica y cultural de la cual son parte.

En el caso de Costa Rica, existe un buen cúmulo de leyes en torno a este eje. Así, de manera sucinta indicamos lo siguiente:

1973 – Ley 5251 Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI

1977 – Ley 6172 Se sanciona la Ley Indígena.

1992 – Ley 7316 El gobierno de Costa Rica, ratificó el Convenio 169 de la OIT.

No es, sin embargo, este el tema que nos ocupa en este momento. Nos interesa sobre todo llamar la atención a favor de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Sibar, las lideresas indígenas y otros miembros de los territorios indígenas que son permanentemente amenazados de muerte.

Algunas ideas para una política indigenista:

1.- En enero de 1971, en Barbados se da una declaración que adquiere hoy en día una validez universal. “El derecho de los indígenas es previo al Estado”. No significa lo anterior que dichos derechos sean superiores al Estado, ni que la protección de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas deba considerarse como una independencia absoluta del conjunto de normas, leyes y valores en que se sustenta el Estado. Pero la propuesta que estuvo en discusión hace unos años en la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley 14.352, precisaba que los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios anteceden en mucho al cuerpo legal que dio la estructura jurídica al Estado costarricense.

2.- Aunque los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado escritos en papel o en un cuerpo de leyes previamente articulado, estos existían previos a la conformación de los Estado-nación, que son construcciones sociohistóricas que se dan más tarde.

3.- Existe un principio que une y acerca a la lucha indígena con otro gran sector que es el campesinado. Hacemos referencia en este apartado al trabajo como fuente de derecho sobre la tierra. Sobre los grandes territorios indígenas los blancos no tenían ningún derecho. “La tierra es para quien la trabaja” y 2000 años antes de la conquista y el mal llamado descubrimiento, los pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios habían desarrollado una gran cultura productiva. El indígena exige, no por capricho, la tierra para sus pueblos, porque lo recurrente es ese largo derecho a lo que les pertenece.

4.- Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sin lugar a dudas este apartado es clave: Parte I. Política General, Artículo 1, 1. Este convenio es sin duda un instrumento legal que valida lo que anteriormente hemos venido señalando, pues el mismo refiere a las condiciones sociales, culturales y económicas propias de los territorios indígenas que los distingue de la colectividad nacional, pero además este artículo refiere con gran convicción que en dichos pueblos se reconoce un principio ancestral de sus propias costumbres y tradiciones bajo una legislación propia y especial.

5.- En el Congreso referido anteriormente celebrado hace ya medio siglo, se reconoce al territorio y al grupo social indígena como verdaderas unidades políticamente viables e independientes del Estado. No obsta lo anterior, sin embargo, para eximir al Estado de sus obligaciones de apoyar y contribuir con el desarrollo de sus pueblos ancestrales, respetando, eso sí, su independencia y autonomía.

6.- El desarrollo nacional no puede entrar en contradicción con el desarrollo de los pueblos ancestrales, pero lo anterior exige por parte del Estado respetar la armonía de los pueblos con su naturaleza y el buen vivir.

Para finalizar, cuento con algunos recortes, tal vez del diario más reaccionario y mediático de este país, hago referencia al periódico la Nación. De la lectura del contenido de estos artículos, podemos arribar a importantes conclusiones. El abogado Carlos Tiffer, en su artículo: Crimen sin castigo, del domingo 6 de setiembre del 2020, página 28, es enfático en señalar que estamos en un “estado de impunidad”. Por eso, crímenes como el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jehry Rivera, se deslegitiman y los actores materiales de dichos crímenes quedan impunes. Por su parte los periodistas Katherine Chaves y Carlos Arguedas, en su artículo: “Fiscalía pide desestimar causa contra sospechosos en crimen de indígena”, La Nación, sábado 26 de octubre de 2020, P.11. dejan claro a la opinión pública nacional e internacional, el juego sucio y el manipuleo en estos crímenes perpetrados contra las dirigencias históricas de los pueblos ancestrales.

Más insultante aún son los argumentos que logra descubrir el comunicador Arguedas en su artículo: “Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras”, La Nación, domingo 11 de octubre de 2020, p. 10.

Termino diciéndoles, a todas y todos los que estamos hoy participando de esta conferencia de prensa, que tenemos que convertirnos en abanderados en la defensa de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Silbar y de todas y todos los recuperadores de sus tierras ancestrales.

Fuente e Imagen: https://surcosdigital.com/principios-para-una-politica-a-favor-de-los-pueblos-y-territorios-indigenas-costarricenses/

Comparte este contenido:
Leer más »

Uruguay: Plan de Educación en Derechos Humanos

Noticias

América del Sur/Uruguay/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.republica.com.uy

La Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia presentaron la rendición de cuentas del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2019-2020. Este jueves 3, fueron expuestos más de sesenta compromisos de 27 instituciones educativas, que incluyeron planes operativos anuales con mesas de diálogo, seminarios y capacitaciones.

En la actividad, desarrollada en formato virtual, participaron el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gonzalo Baroni, la directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Gloria Canclini, el consejero de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) Rodolfo Silveira y el prorrector de la Universidad de la República (Udelar), Juan Cristina.

El plan ejemplifica la continuidad de la política pública y la actual administración trabajará para lograr mayor reconocimiento y accesibilidad para todos los actores de la sociedad, indicó Baroni. Agregó que la educación en derechos humanos es un eje transversal para el MEC, que abarca a todos los ámbitos de la educación y no solo los espacios tradicionales. En ese sentido, se potenció el área que trata la temática para apoyar a las distintas reparticiones.

Para el jerarca también es necesario reflexionar sobre lo ocurrido con el vínculo entre educación y derechos humanos durante la pandemia, analizar las nuevas lógicas de socialización presentadas en este nuevo escenario y su repercusión en los derechos, en la convivencia y en las acciones de todas las personas a lo largo de la vida.

Fuente e Imagen: https://www.republica.com.uy/plan-de-educacion-en-derechos-humanos-id801722/

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 48 of 375
1 … 46 47 48 49 50 … 375