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Chile: Carabineros reprimen nueva jornada de protesta contra Piñera

América del Sur/Chile/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Carabineros realizaron varias embestidas contra quienes se manifestaban, además de rociarlos con gases lacrimógenos.

El cuerpo de Carabineros reprimió una nueva protesta desarrollada este viernes en Santiago de Chile, que exigía la liberación de los presos políticos detenidos desde el estallido social.

Cientos de manifestantes se sumaron este viernes a la convocatoria para exigir la libertad de las personas detenidas y enjuiciadas en el marco de las protestas sociales que iniciaron el 18 de octubre de 2019.

Los principales focos de protestas fueron en la Alameda, entre el conocido punto de la Plaza de la Dignidad – rebautizada así desde el estallido social – y las inmediaciones de La Moneda.

Los efectivos de Carabineros realizaron varias embestidas contra quienes se manifestaban, además de rociarlos permanentemente con gases lacrimógenos, indicaron diferentes reportes de prensa, como el que realizó el reportero del sitio web El Desconcierto.

Los manifestantes llevaban pancartas con consignas como ‘Renuncia Piñera’ y ‘Libertad a los presos políticos de la revuelta’, entre otras.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile pidió a Carabineros que informe sobre sustancias lacrimógenas en vehículos lanza agua.

La jornada de enfrentamientos tiene lugar tras una semana marcada por la discusión y aprobación del proyecto de segundo retiro del 10 % de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y la advertencia de una segunda ola de Covid-19 en el país.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-represion-protestas-santiago-20201205-0008.html

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Denuncian el asesinato de otro líder social en el Cauca, Colombia

América del Sur/Colombia/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Según Indepaz, con este crimen serían 280 los líderes y defensores de DD.HH. asesinados en el 2020 en Colombia.

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz de Colombia (Indepaz) denunció este sábado el asesinato de otro líder social, Guildon Solís Ambuila, en el municipio Buenos Aires del Cauca colombiano.

Indepaz compartió la denuncia a través de la red social Twitter, precisando que Solís Ambuila «era un líder social de la comunidad de Munchique en el municipio Buenos Aires, Cauca. En los últimos días estaba acompañando a las víctimas de las dos masacres que se dieron en este municipio durante este año».

De igual forma, el Instituto reiteró su preocupación «por la situación que viven las comunidades del Cauca por la disputa entre grupos armados». «En este departamento ya son 90 los líderes sociales y defensores de DD.HH. asesinados», precisó Indepaz.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles de los motivos y hechos que rodean su muerte.

Por su parte, la senadora colombiana Sandra Ramírez (Griselda Lobo) también denunció el crimen. «Recrudece la violencia en el país, en Buenos Aires, Cauca, asesinaron al líder social Gildon Soliz Ambuila. Esto ocurre ante la mirada cómplice de Iván Duque, quien a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo no hace nada. ¿Quién responde?», tuiteó la senadora.

Asimismo, la activista colombiana de derechos humanos, Francia Márquez, se dirigió al mandatario en Twitter: «estas son las consecuencias de hacer trizas las posibilidades de la Paz. Mientras usted habla tras bambalinas de La `Paz con legalidad´ mi pueblo, mi gente es asesinada. Asesinan en el Cauca al líder social Guildon Solis: Tenía amenazas».

Según Indepaz, con este asesinato suman 280 los líderes y defensores de DD.HH. asesinados en el 2020 en Colombia.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-otro-lider-social-cauca-colombia-20201205-0013.html

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Nuevas dinámicas migratorias de Centroamérica agudizan riesgos para tutela de derechos humanos de población migrante

Los riesgos asociados al desplazamiento son mayores cuando las víctimas son personas jóvenes: niñas, niños y adolescentes que dejan de asistir al sistema educativo o lo hacen con temor debido a factores asociados a la violencia e inseguridad, como las amenazas de las pandillas.

La integridad física y patrimonial de la población migrante en Centroamérica, así como la tutela de sus derechos humanos, enfrentan riesgos crecientes ante las nuevas dinámicas migratorias, que a partir del año 2000 han estado determinadas por el aumento en los flujos de mujeres y menores no acompañados, el desplazamiento forzado, la movilidad en grupos masivos llamados “caravanas” y el incremento de personas que solicitan el estatus de refugiados.

De acuerdo con los principales hallazgos del proyecto de investigación “Migraciones internacionales, refugiados y desplazamientos internos en Centroamérica” auspiciado por la Panamerican Development Foundation (PADF), estas nuevas dinámicas han hecho que el fenómeno migratorio sea más complejo.

En el 2018, la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) registró 315.779 solicitudes de refugio de personas de Centroamérica. Un 38% de estas las hicieron personas de El Salvador, un 27% correspondieron a nicaragüenses y 24% a hondureños.

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Salvo en el caso de los nicaragüenses, de los cuales el 73% se dirige a Costa Rica, los solicitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen como primer destino los Estados Unidos, como segundo México y España ocupa el tercer lugar para los salvadoreños y Canadá para el caso de los guatemaltecos.

Las investigaciones señalan que la falta de información sistemática y el reconocimiento de algunos Estados, han limitado la toma de conciencia pública sobre la magnitud y características del desplazamiento forzado en la región.

De acuerdo con el “Centro de Monitoreo Internacional sobre Desplazamiento Interno”, El Salvador encabezaba la lista de países del hemisferio con la mayor cantidad de personas desplazadas: 246.000 nuevas víctimas en 2018. Aunque las cifras son menores para Honduras y no hay reportes para Guatemala, los problemas que origina el desplazamiento son comunes a los tres países: desarraigo, abandono de propiedades y pérdida de empleo e ingresos.

Una de las principales amenazas en contra de la niñez y adolescencia es el reclutamiento forzado por las pandillas, el acoso y las amenazas, con mayor intensidad en El Salvador. Para las niñas y jóvenes el riesgo es mayor, ya que además de ser reclutadas como integrantes, cuando un pandillero está interesado sexualmente en ellas, todo el grupo familiar se ve amenazado para presionar a los padres a entregarlas. Las llamadas “novias de la pandilla” corren el riesgo de convertirse en esclavas sexuales de los pandilleros. Dinámica que también se presenta en Honduras y Guatemala.

Con base en información recopilada por la Fundación Cristosal, en Guatemala, Honduras y El Salvador existe un creciente número de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y dirigentes de organizaciones que han sido víctimas directas de situaciones de amenazas y atentados, siendo obligados a desplazarse.

Una investigación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, señaló que entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 líderes sociales en ese país, y se ejecutaron unos 884 ataques contra líderes indígenas, mujeres defensoras de derechos humanos, activistas de colectivos LGBTI, periodistas, jueces, abogados, entre otros.

En Nicaragua, a partir de abril del 2018, se comenzó a generar desplazamiento interno y externo como consecuencia de la crisis política que vive ese país. De acuerdo con un estudio realizado en 2019, 75% de las personas nicaragüenses que llegaron a Costa Rica a partir de esa fecha abandonaron Nicaragua por razones políticas, y un 51% señalaron haber recibido amenazas.

Los riesgos y vulnerabilidad asociados al desplazamiento son mayores cuando las víctimas son personas jóvenes o menores de edad.

Un estudio realizado en 2018 por Save the Children en Guatemala, señaló que en 131 centros educativos se encontró que 817 estudiantes (57.5% del total) vivían con temor de ir a la escuela debido a factores externos a la institución, 23% del estudiantes y 28% del cuerpo docente han sido víctimas o conocen a alguien que ha sido acosado por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha a la llegada o salida de la escuela.

Además, desde el 2018 las caravanas improvisadas de migrantes que salieron de Honduras, Guatemala y El Salvador marcaron un hecho relevante en las dinámicas migratorias de Centroamérica. Muchas de estas personas dependen de la caridad de los habitantes locales o de la ayuda que prestan organizaciones humanitarias e iglesias para continuar su viaje, y para tener acceso a albergues o campamentos improvisados.

Los testimonios de la investigación de campo realizada por la Fundación Cristosal en El Salvador y Honduras en el año 2019, afirman que las víctimas del desplazamiento forzado no encuentran amparo en las instituciones policiales ni en el sistema judicial para la investigación de los casos, ni tampoco para beneficiarse de asistencia legal y de protección.

Por ejemplo, 7 de cada 10 personas atendidas por Cristosal en el 2018 por desplazamiento no presentaron ningún tipo de denuncia. Para las víctimas, interponer una denuncia supone un alto costo y el riesgo de sufrir represalias, lo que implica para ellas una situación de desamparo.

El relevante y a la vez controversial tema de los desafíos de la población migrante es uno de los tantos que están contemplados en las preguntas de una novedosa herramienta de investigación y análisis llamada Test Identidades.

Quienes respondan este test, pueden comparar su posición sobre diversos temas con otras personas de su país u otros países de Centroamérica. El test es gratuito, corto y sencillo y puede responderlo al ingresar a este enlace: www.testidentidades.com

Fuente: https://www.estrategiaynegocios.net/newsletter/newsletter2015/1426542-330/nuevas-din%C3%A1micas-migratorias-de-centroam%C3%A9rica-agudizan-riesgos-para-tutela-de-derechos-humanos

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Chile: “¿De qué nos sirven leyes como la de Antidiscriminación si finalmente quedan sólo en el papel?”: Más de 200 agrupaciones firman declaración en rechazo al regreso del bus de la “libertad”

Las agrupaciones firmantes denuncian que en este bus se confunden de forma intencional conceptos básicos de sexualidad, como son sexo e identidad de género; “se hace referencia a la genitalidad de las personas, negando la existencia de las personas intersexuales (quienes poseen características sexuales que salen de los canónes establecidos), negando el derecho a la identidad de género de las personas trans y reforzando a la cisheterosexualidad como precepto y mandato del orden sexual hegemónico”.

Hace dos días,  la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, vocera del Bus de la «Libertad» y asesora legislativa en el Congreso, Marcela Aranda, anunció que el próximo lunes 23 de noviembre llegaría a Chile por segunda vez el mal llamado Bus de la “Libertad”. Noticia que ha tomado por sorpresa a diversas agrupaciones que luchan por el reconocimiento de derechos e igualdad de las disidencias.

 

Concepcion, 19 de julio de 2017

El regreso del bus se da en un contexto donde estamos cerca de cumplir dos años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género (21.120), que reconoce legalmente a las personas trans bajo el principio de la no patologización. En este sentido, vale recordar que la primera vez que apareció este bus fue en julio de 2017, como señal de protesta, porque todavía no se había aprobado dicha ley y llevaban tiempo en el ojo público las discusiones sobre matrimonio igualitario y adopción homoparental.

Para las agrupaciones firmantes, este bus incita al odio, profundiza la vulneración y violación de derechos humanos al “fomentar la discriminación y crímenes contra las diversidades y disidencias de sexo y género. Rechazamos categóricamente su llegada, sobre todo en un contexto de un triste aumento de ataques homo-lesbo y transodiantes en Chile, como los asesinatos de Miguel Arenas, joven gay, el 25 de octubre y Vicente González Lorca, joven trans masculino de 25 años, el pasado 31 de octubre en Valdivia y el ataque que sufrió Fernando Carrasco, joven trans de 20 años que fue brutalmente atacado y amenazado de muerte el pasado 12 de noviembre en la comuna de San Bernardo, caso en el que aún no aprehenden a les responsables”, expresaron.

 

Concepcion, 19 de julio de 2017

 

Según el observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) de Trans Respect vs Transphobia (TvT), desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020, se registraron 350 asesinatos, lo que representa un incremento del 6% en comparación con la actualización de 2019. Mientras tanto, sólo en Chile en el año 2019 existieron 1.103 abusos y denuncias hacia la comunidad LGBTIQ+, donde la Región de Valparaíso concentra el 56,1% del total de los casos y denuncias en el territorio nacional, seguido por la Región Metropolitana (20,76%).

El informe anual de DD.HH. de la Diversidad Sexual y Género señala que “el aumento de casos de violencia se vincula con una activa y cada más recurrente acción de autoridades, agentes estatales o grupos ultra-religiosos contra el avance de la igualdad legal para las personas LGBTI y, en particular, contra la posibilidad de que se apruebe la adopción homoparental” (Movilh, Marzo 2020).

En este sentido, una de las cosas que más les preocupa de este bus, es la desinformación que promueve, lo cual vuelve a demostrar la necesidad urgente de que exista una ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. En este bus se confunden de forma intencional conceptos básicos de sexualidad, como son sexo e identidad de género; “se hace referencia a la genitalidad de las personas, negando la existencia de las personas intersexuales (quienes poseen características sexuales que salen de los canónes establecidos), negando el derecho a la identidad de género de las personas trans y reforzando a la cisheterosexualidad como precepto y mandato del orden sexual hegemónico. La ESI es urgente para que les niñes crezcan informades y para que las infancias LGBTIQA+ crezcan en un ambiente libre de violencia, como es su derecho”.

 

Valparaiso, 12 de julio de 2017.
Manifestaciones en las afueras del Congreso Nacional durante la presencia del Bus De La Libertad en Valparaiso.

 

Un ejemplo de la violencia a la que se ven constantemente expuestas los niños, niñas y adolescentes LGBTIQA+, es que el 2019, el adolescente trans José Matías Guevara de la Fuente se suicidó por culpa de los maltratos, burlas y discriminaciones que recibió en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, institución que fue multada por su negligente proceder, ante ello, las agrupaciones se preguntan:

“¿Qué harán entonces con un bus que promueve la transfobia?, ¿impedirán su circulación? ¿De qué nos sirven leyes como la “Ley Antidiscriminación” si finalmente quedan sólo en el papel? La realidad es que se siguen permitiendo estos discursos de odio, que fomentan e incentivan la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTIQA+”.

Finalmente, como organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas independientes, exigen medidas reales de protección hacia las personas LGBTIQA+, como la ley contra la violencia e incitación al odio y la urgente reforma a la ley antidiscriminación, y un compromiso real con impedir “este desfile del odio y la desinformación, ya que permitir la circulación de este bus es una vulneración directa hacia los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Esperamos que ustedes como autoridades sean consecuentes y no permitan la circulación de este bus. No tomar posición es ser cómplice de la barbarie que vive nuestra comunidad”.

Firman la declaración:

Red Docente Feminista REDOFEM

Red Abortando Mitos de la Sexualidad
Asociación OTD Chile (Organizando Trans Diversidades)

Sociedad Chilena de Sexualidades (Sochisex)
Red de Actrices chilenas RACH

Observatorio de Género y Equidad

Círculo de estudiantes viviendo con VIH CEVVIH Fundación Todo Mejora

Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM
Red de Mujeres Mapuche

Secretaría de Género y Sexualidades SEGEX UC Colegio Matronas Regional Metropolitano Asamblea Feminista Plurinacional Disforia FC
La Cahuinera Podcast

Organización Trans Rancagua
La Grieta de San Pedro de Atacama

Frente Diversidad Sexual RD

CDISES – Centro por el Desarrollo Integral de la Salud y la Educación Sexual Rebelión del Cuerpo

Unzorroenlaciudad
Sindicato nacional unitario interempresa de trabajadoras y trabajadores de casa participar

actividades afines o conexas

Fid UAI
Colectivo Entre-Lugar

Corporación Miles
REDOFEM + Comisión ESI

Fundación Selenna

NI UNA MENOS CHILE
Secretaría de Bienestar Fech

Colegio de Profesores San Miguel
Rebelión Feministas Quilpué

Disidencias en Red
Bicidencias

Neutres Chile

Comisión Nacional de Mujeres Juventudes Comunistas de Chile Kinepp
Redofem Maule

Asociación de Estudiantes de Obstetricia de Chile Centro de Estudiantes Historia UC
Corriente Estudiantil Popular Rancagua

Fundación LEGOSPATAGONIA
Julieta kirkwood Colectiva Rancagua

Fundación Diversidad Trans

Secretaria Nacional Diversidad PPD
Anef Magallanes

Jauria Feminista
Fundación Todxs Somos Diversxs

Aumasex

Colectiva Cultural Equidad y Género Maule
Redofem Los Lagos

La Campanazo
Revista Emancipa- Editora en Chile

COLECTIVA CUECA SOLA PUNTA ARENAS

Centro de Educación sexual integral
ONG La Poderosa Media Project

Frente de Identidades Disidentes Universidad Adolfo Ibañez, Secretaría de Comunicaciones

Rapromag
Redofem Maule.

Frente Estudiantil Comunes

Organización trans rancagua OTR
Colectivo Rangiñtulewfü

Directora Comisión LGBTI ABOFEM
Coordinadora 8 de marzo

Colectivo Autónomo de Profes

Secretaria de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género FECH COLECTIVA FEMINISTA NACIMIENTO

VOGESME
Corporación Juntas Decidimos

Acuerpamiento feminista, activa en comisión antiespecista y disidencias de genero.

Educafem, feministas por la educación Amanda Labarca.
Frente Feminista Comunes Valparaíso

Acuerpamiento feminista de mujeres y disidencias Puente Alto Fenpruss Chiloé

Callejeras Autoconvocadas Biobío

Directiva Sindicato Docente Saint George´s College.
Diversilientes

Niñas Revoltosas
Fem Maule comisión contenidos

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile FECH

Agrupación Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual (CAAOS) Mafi UC

Surgencia UC

Comité de Equidad del Consejo Mundial de Debate en Español

LGBTIAQ+ UC
Espectro Disidente UC

FTS-CHILE
COBAV (Colectivo de Bandas de Valparaíso),

Coordinadora de Derechos Humanos Providencia

Red de articulación Feminista Concepción
Coordinadora DDHH Providencia

Valdiversa
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Maule

Cueca sola Punta Arenas
ACCIONGAY

Centro de Estudiantes de Kinesiología, Universidad de Chile
Representante por Chile en la Internacional del Partido Humanista Colectiva Paskay

FENATED, Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la educación LiliApp
Asamblea Feminista de Chilenas en CDMX

Proyecto Hibridez
Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad

Regional Valparaíso, Comunes

Red Feminista Chilenxs Migrantes
Reconstruyendo Espacios

Colectiva Feminista Rosas Silvestres

AFUCAP, Asociacion de funcionarias y funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Frente Diversidad Sexual RD

Redofem Libertadora

Consejo de Estudiantes de la Salud

Comisión de Género Mujeres Comunistas Regional Capital Asamblea 8M UC

Centro de Estudiantes de Obstetricia y Puericultura, Universidad de Chile Centro de Estudiantes de Medicina, U. Chile Médicas Feministas
Fundación Educando Corporalidades

Colectivo el Piñón
La Morada

Frente Feminista Fuerza Común

Movimiento Educación Diferencial MED

Integrante Movimiento Feminista y Disidente La Grieta San Pedro de Atacama Colectiva Feminista de Lo Espejo
Asamblea de Mujeres Feministas y Disidencias de Temuko

Linterna Mágica

RRA – Coordinador Viña Del Mar

Centro Psicosocial»mi cuerpo mi historia» para mujeres y comunidad LGBTIQ+ Araucanía.
FTM Temuko

REDOFEM Valparaíso

Educando Corporalidades

Universidad Mayor Medicina Generación 2017

Asociación Coctora Mamá
Jardín infantil y sala cuna Arcoiris

Fuente: https://www.elmostrador.cl/braga/2020/11/18/de-que-nos-sirven-leyes-como-la-de-antidiscriminacion-si-finalmente-quedan-solo-en-el-papel-mas-de-200-agrupaciones-firman-declaracion-en-rechazo-al-regreso-del-bus-de-la/

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Hartazgo e insurrección popular

Por: Laura Carlsen


El sufrimiento de los sectores marginados suele ser invisible para el público entrenado en desviar la mirada. El sistema patriarcal-capitalista que fabrica su miseria hace todo lo posible para esconderlo. Para los medios, no es noticia. Para las empresas y buena parte de las iglesias, es el orden natural del mundo. Para los machos, es asunto privado.

Y de repente, estalla en las calles, cientos de miles de personas gritando que las cosas no pueden seguir así, que el sufrimiento —nada parejo ni natural— no es justo, no es tolerable. Así pasó en dos países latinoamericanos en estas semanas: Perú y Guatemala.

Las movilizaciones tienen mucho en común. Primero, el catalizador fue el descaro total de las élites políticas. En Perú, el congreso —controlado por políticos que enfrentan denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito, y van por más—destituyeron al presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre en un golpe de estado técnico, acusándolo de “incapacidad moral permanente” que no existe como causal de remoción, ya que la constitución no precisa al respecto.

En Guatemala, el Congreso, también constituido por muchos miembros vinculados a la corrupción endémica del sistema político, aprobó un presupuesto que quitaba dinero a programas sociales como, entre otros, el combate a la desnutrición, para aplicarlo en sus propios gastos. El 21 de noviembre se llenaron las calles de la capital y de las ciudades de los departamentos con manifestaciones masivas. Distintos sectores organizados pidieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y sus ministros.

El estallido popular en Perú es quizás el menos esperado, a pesar de su historia de inestabilidad política. Las movilizaciones —primero, en contra de la destitución por el Congreso del entonces presidente Martín Vizcarra y después contra la imposición del derechista Manuel Merino de Lama— fueron convocadas por jóvenes, en redes sociales, por lo general, sin otra base organizativa. Lograron su objetivo, que fue quitar a Merino del poder. El presidente impuesto solo duró 6 días.

Las manifestaciones en Guatemala también fueron lideradas por jóvenes, con una participación destacada de mujeres, organizaciones indígenas y de derechos humanos y otros sectores. Allí, también lograron la demanda que desató la protesta, que fue la anulación de modificaciones en el presupuesto. Pero si en Perú el cambio de presidente fue suficiente para que las manifestaciones cesaran, en Guatemala, con una sociedad civil mucho más organizada, han continuado. Como decía un letrero mostrado frente al Palacio Nacional, “No es sólo el presupuesto. Es la cooptación, el abuso, la represión, la incapacidad, el robo, el descaro, la pobreza, el abandono, la desnutrición”.

Otro factor tristemente compartido por las dos protestas fue la represión. La acción violenta por parte de las fuerzas de seguridad en Perú dejó dos muertos y más de 100 heridos. El nuevo gobierno está investigando los hechos y reorganizando la policía y las fuerzas armadas. En Guatemala, la represión también fue brutal y dos jóvenes perdieron el ojo izquierdo, entre muchas otras personas heridas. El enojo por la respuesta violenta del estado hizo más fuerte y más amplia la demanda por la renuncia de los gobernantes.

Las movilizaciones en los dos países son resultado del hartazgo ante la corrupción y la desigualdad del sistema político y el neoliberalismo. En las dos, fue la juventud que se rebeló de manera destacada, reclamando el derecho a tener un futuro mejor. Las fotos y videos de las protestas en Guatemala muestran el papel sobresaliente de las mujeres mayas, con críticas al patriarcado y demandas de los pueblos indígenas. El paso de los huracanes Eta y Iota arrasó a muchas zonas indígenas, revelando la devastación permanente del modelo extractivista y la discriminación que enfrentan. Y, como en otros países del continente incluyendo el Perú, la pandemia ha dejado en claro la desigualdad y el deterioro, casi colapso, de los servicios públicos.

No podemos saber el desenlace de esta ronda de insurrección popular en el continente. En el Perú, la situación ha vuelto a una nueva aunque inestable normalidad. Tiene elecciones presidenciales el 11 de abril, mismo día en que Chile llevará a cabo la elección de constituyentes. En Guatemala, siguen las demandas populares. En los dos países, ha surgido la demanda de una asamblea constituyente para iniciar el proceso hacia una nueva constitución, con distintos grados de apoyo. Es una demanda que tiene mucho sentido, dadas las lagunas y contradicciones en las constituciones actuales, pero que necesitaría lograr una base organizada entre el pueblo para prosperar.

Las insurrecciones de noviembre muestran que la población no está dispuesta a aceptar este grado extremo de corrupción y despojo de bienes públicos, menos la juventud que tiene que heredar lo que deja esta generación rapaz de gobernantes y empresarios.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/hartazgo-e-insurreccion-popular/

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Imagine

Por: Ignacio Calderón Almendros

  • Un encuentro de personas, alrededor de la inclusión, puede parecer un sueño. Un grupo grande, de especialistas, de centros especiales y ordinarios que cada día se esfuerzan porque niñas y niños estén más cerca de acceder a sus derechos reconocidos. Puede ser un sueño. Pero, a veces, es real.

Hace poco viví un sueño extraño: participaba en un encuentro que llevaba por título “Caminando hacia la inclusión” con un numeroso grupo de docentes para promover un modelo educativo más inclusivo a través de la colaboración entre los profesionales de centros de educación ordinarios y centros de educación especial. Después de una breve exposición comenzó un diálogo. Se fue alargando y alargando en un clima sosegado y tratando temas de gran interés para todos y todas. Los docentes exponían sus dudas e inquietudes e íbamos indagando en las dificultades y planteando propuestas. Pasábamos por temas generales y particulares, como la necesidad de enfocar nuestro trabajo a provocar el deseo de aprender de todo el alumnado y de quitar paja del curriculum que les aprisiona tanto a ellos como al profesorado; de disputar la hegemonía al omnipresente libro de texto que todo lo encorseta y que hace imposible atender a las singulares necesidades de un alumnado que es diverso; de la posibilidad de silenciar nuestro poder en las aulas para que pudieran emerger otros lenguajes que son acallados en nuestras instituciones, y que una escuela que pretende ser inclusiva las necesita como el principal alimento: las voces del alumnado y las familias en general, pero especialmente las de quienes están atravesados por la desigualdad. Alumnado nombrado por la discapacidad, o inmigrante, o gitano, o con escasos recursos, o con todas estas categorías proscritas de eso que llama éxito la escuela de nuestros días.

Los profesionales no se peleaban entre sí, ni parecía que estuviésemos hablando de algo inalcanzable, sino de algo deseable y necesario, que requiere esfuerzos, trabajo colaborativo y el apoyo decidido de las administraciones públicas. A menudo no se sabía si quien hablaba pertenecía a una escuela especial u ordinaria, y tampoco se preguntaba. Lo que unía a aquel grupo humano estaba por encima de sus procedencias, de sus especialidades y de sus actuales lugares de trabajo. Estábamos haciendo una proyección, que tenía en cuenta nuestras realidades actuales, con sus condicionantes materiales y simbólicos, pero que no se quedaba anclada en lo que ya conocemos.

Porque lo que ya conocemos tiene muchas cosas positivas, pero también sostiene unas desigualdades insoportables en la etapa infantil y la educación obligatoria. Decía Paulo Freire que la educación es una búsqueda esperanzada, y eso es lo que estaba ocurriendo allí: profesionales de la educación movidos a construir una escuela que no solo respete, sino que se haga valedora de los derechos humanos de toda la infancia. Y allí olía a esperanza, porque solo esa confianza en que podemos lograrlo permite que lo que deseamos ocurra, en lugar de que sea lo que ocurre lo que ocurra. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que unimos grandes esfuerzos para lograr un deseo, algo que podemos hacer y sabemos que es nuestro deber. Cada conquista social ha caminado la sendas del deseo y la esperanza de que se puede alcanzar.

Así fue como se construyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació tres años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos experimentado tal nivel de barbarie que quisimos reconocer que existen unos derechos básicos por el solo hecho de ser humanos. La falta de consenso inicial hizo que se formalizara como declaración –un ideal que perseguir– en lugar de que fuera un tratado internacional, como compromiso obligado. Con el tiempo y el trabajo persistente y esperanzado se consiguió ese consenso internacional para que la protección de los derechos humanos fuera obligatoria, algo que se ha articulado a través de los nueve tratados que conforman los instrumentos internacionales de derechos humanos: 1) contra la discriminación racial; 2) derechos civiles y políticos; 3) derechos económicos y sociales; 4) contra la discriminación de la mujer; 5) contra la tortura; 6) derechos del niño; 7) derechos de trabajadores migrantes; 8) contra las desapariciones forzadas; y 9) derechos de las personas con discapacidad. Todos ellos constituyen un proyecto de gran envergadura, porque cada uno trata de materializar un compromiso con el engrandecimiento de una humanidad que se conquista al eliminar todas las formas de discriminación que la someten y envilecen.

En todos estos instrumentos que forman hoy el cuerpo de la Carta Internacional de Derechos Humanos, la educación juega un papel de primer orden. Y en aquel encuentro con docentes eso era evidente. Aquellos educadores y educadoras estaban conscientemente trabajando para que la escuela fuera mucho más allá de explicar lo que dice la página 45 del libro de texto, poner el tercer examen de la semana para una clase y corregir lo que pronto sería olvidado por buena parte del alumnado. Se trataba de un grupo humano que quería llenar de sentido la institución escolar y su trabajo, que no se queda impasible viendo el mundo, sino que se arremanga para pensar y actuar juntos cómo lograr mejorarlo en un espacio privilegiado de vida como es la escuela.

Un grupo de unos 500 docentes de siete centros de educación especial y 15 centros de educación ordinaria me pusieron los pies en la tierra

Este paisaje idílico, de ensueño en la realidad que vivimos hoy entre todo este ruido inaguantable que invade los medios de comunicación y las redes sociales con la excusa de la Lomloe, fue real y lo viví la semana pasada. Se trataba de un grupo de unos 500 docentes de siete centros de educación especial y 15 centros de educación ordinaria de Castilla-La Mancha. Y me pusieron los pies en la tierra después de unas semanas de mucho desasosiego al ver la escalada de afirmaciones de vergüenza a cuenta del nuevo incumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (y el derecho a la educación inclusiva que promulga) de la nueva ley orgánica de educación. Me despertaron de la pesadilla de creer que la realidad sobre nuestras escuelas es la que dibujan en las pantallas algunos personajes que a veces hacen magia, otras cantan y otras enseñan sus ostentosas casas. La pesadilla de ver a personajes públicos refiriéndose a niños y niñas como los “que echan babas y que se cagan encima” para defender la educación segregada, o que entienden a los niños y las niñas como “suministro” (igual que a “Mercamadrid” llegan los productos) de una escuela privada de élite. El delirio de ver una campaña autonómica en la que se afirma que el sitio de los niños y niñas nombrados por la discapacidad es la escuela segregada. O el de un partido que se echa a la calle para protestar por algo que llevaba en su programa electoral unos años antes. O el de no tener la suficiente valentía para hacer la ley que nuestra infancia merece, de acuerdo con los derechos humanos. O el de cada político que ahora se enorgullece de construir nuevos centros de educación especial. O la alucinación de oír a personajes haciendo ver que la ONU y la UNESCO solo dicen bobadas. O la increíble sensación de que no se haya escuchado una sola intervención pública en la que se hable de la investigación internacional que desde hace décadas avala la educación inclusiva. Junto a muchos padres y madres se me caía el alma a los pies.

Pero me di cuenta a tiempo. Aquel encuentro que parecía un sueño no lo era, y esto que parece realidad en absoluto lo es. O quizá sí lo sean, y por eso algunos videos corrieron como la pólvora y metieron tanto miedo a las familias, con lo que ya llevan vivido en la discriminación de sus hijos e hijas. Esos videos solo ponían de manifiesto lo que las cosas son: por ejemplo, que un niño o una niña que es víctima de acoso por razón de discapacidad en la escuela ordinaria tiene que irse de allí, para que siga todo como está. Para que se siga discriminando sin problemas.

Lo que ocurrió durante aquel encuentro de profesorado fue un ejercicio que hacemos continuamente los docentes en la preparación de nuestras clases: el de imaginar. El de ampliar los márgenes de nuestro imaginario colectivo, para que podamos pensar que lo incuestionable es el derecho de cada niño o cada niña para estar allí, junto al resto de su generación en el vecindario donde vive, aprendiendo a relacionarse superando prejuicios y discriminaciones con quienes van a compartir vida cuando los adultos ya no estemos. Ese es nuestro trabajo más valioso. Y no puedo evitar recordar aquel himno de Lennon, con su profundidad. Invito a leer su título en voz alta, en español o en inglés: Imagine.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/12/03/imagine/

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RACISMO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA: LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO ASEGURA DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita*.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la IES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

*Leer el Informe de referencia preparado para el Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción – Etnicidad y Educación en Argentina – Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina.

Leer la nota original en Revista Movimiento.

Foto cortesía de Nodal.

Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del Valle, ENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/11/27/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional/#:~:text=En%20el%20sistema%20de%20educaci%C3%B3n%20superior%20argentino%2C%20el,se%20expresa%20de%20diversas%20formas.&text=No%20obstante%2C%20a%20diferencia%20de,decir%2C%20no%20asegura%20estos%20derechos.

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