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Las 7 claves de la educación en Portugal

Portugal / 5 de agosto de 2018 / Autor: Aula Planeta / Fuente: Aula Planeta

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“La libertad de elección, sin límite, genera desigualdad e inequidad” Entrevista a Lucía Martínez y Álvaro Ferrer. Save the Children

Europa/España/03 Mayo 2018/Autor: Pablo Gutiérrez del Álamo/Fuente: El diario la Educación

La administración educativa ha de tener un papel mucho mayor en la planificación escolar, en el seguimiento de políticas inclusivas y en intentar mezclar alumnado de difernetes estratos sociales. Entre otras cosas para mejorar los resultados educativo. Esta es una de las concluciones principales del informe ‘Mézclate conmigo’ de Save the Children.

Hace unos días Save the Children publicó un informe sobre segregación escolar. Se han centrado exclusivamente en la segregación provocada por la situación socioeconómica del alumnado, en función de los datos recogidos por PISA cada tres años. La situación no es nada halagüeña.

Hablamos con sus dos autores: Lucía Martínez y Álvaro Ferrer. Además de que el alumnado en peor situación acaba segregado en determinados centros, hay un porcentaje de más o menos el 9% de centros educativos con una gran concentración de alumnado con dificultades, es decir, que más de la mitad las niñas y niños están en situación de riesgo.

¿Cuál es la situación de segregación escolar?

Lucía: Hay un problema de segregación. Hemos analizado los últimos 10 años, y hemos visto que ha ido aumentando de manera considerable. Somos el 6º país de Europa con mayor nivel de concentración: tenemos un índice del 31% y en los dos últimos años hemos aumentado un 14,5%, un aumento bastante considerable. Evidentemente se debe a un inmobilismo de las autoridades políticas.

Álvaro: Además, estamos por encima del promedio de la UE y de cualquier país de nuestro entorno. Compartimos la parte alta del ranking con países de Europa del Este. Los países con los que solemos compararnos no están a estos niveles. España tiene un problema muy serio de segregación escolar

¿Por qué os habéis centrado en la segregación de carácter económico?

Lucía: Nos hemos querido centrar en lo que tiene que ver con la segregación socioeconómica. Lo hemos hecho porque nos parecía que era un problema que estaba invisibilizado, porque existen estudios al respecto de otros tipos de segregación, como la segregación por sexos o por origen, que se han analizado bastante. Pero esta era una parte que nos parecía que era como el elefante en la habitación, que era enorme y nadie le estaba prestando ninguna atención. Nos parecía fundamental abordarlo.

Álvaro: En un país que tiene los indicadores de pobreza infantil de España. Tiene sentido mirarlo.
Lucía. En la discapacidad, que es quizás en la que se ha prestado más atención, había un colectivo detrás que reclamaba y, sin embargo, en la parte que tiene que ver con la pobreza, esa petición es más complicada.

Hace unas semanas entrevistamos a Marie McAndrew, profesora y experta canadiense en inclusión, que nos cantaba que la segregación socioeconómica era la más importante, al menos en Canadá…

Álvaro: El factor determinante de las probabilidades de éxito educativo, profesional y económico no tiene tanto que ver con la condición de migrante que con los recursos de que disponen esas familias. El factor determinante es la condición socioeconómica, es la pobreza. Esto se analiza mucho con los migrantes y también con el caso de los gitanos. Nosotros creemos que esto amplía el foco y hace visible un problema que hasta ahora no estábamos mirando.

¿Qué recorrido le queréis dar al estudio? ¿Lo enviaréis a los partidos?

Lucía: En Save the Children estos estudios se hacen siempre con un fin que es impulsar políticas públicas que tengan un cambio positivo. Ahora, tras la presentación, estamos en un momento de difusión, pero la idea y el fin último es conseguir cambiar las cosas. Empezaremos con la estrategia de incidencia política en la que a lo mejor podemos contar con otras entidades con las que trabajar y sí, lo trasladaremos a los decisores políticos.

Álvaro: De hecho, ya se está haciendo el envío a los grupos parlamentarios en el Congreso, también se enviará a las consejerías de Educación, y además, hay oportunidades en el calendario político que ya están abiertas: el pacto por la educación en Euskadi y la próxima ley vasca de educación es una oportunidad. La Comuntat Valenciana tiene abierto un proceso para una nueva ley de educación en la que esperamos que este tema también entre. En el informe pedimos directamente un pacto estatal por la equidad y la inclusión en la escolarización que ponga los objetivos, indicadores claros, recursos y líneas de actuación, que haya un compromiso político del Ministerio y de los gobiernos autonómicos.

Planteáis propuestas como que los centros puedan contratar docentes, algo que se ha hecho tímidamente en Cataluña y que ha recibido grandes críticas…

Álvaro: nuestra propuesta va vinculada claramente al objetivo de combatir la segregación. Por eso decimos que deben ser específicamente centros que tengan problemas de segregación y tiene que estar vinculado a unos objetivos de inclusión y a un proyecto educativo que hable de inclusión. No hemos entrado a determinar qué porcentaje tendría que ser, pero sí definimos el marco. Teniendo en cuenta que la autonomía de contratación no es el fin per se, sino la equidad y la inclusión.

También incorporamos rendición de cuentas; implica que tiene que haber un control muy claro por parte de las administraciones sobre dónde se está ejerciendo esa autonomía y qué objetivos y qué resultados está dando. No planteamos un modelo generalizado donde todos los centros podrían contratar profesorado.
Lucía: Depende mucho, la idea es que el enfoque sea muy territorializado y, evidentemente, ese porcentaje va a variar…

Ponéis, efectivamente, el foco mucho en lo local, pero las competencias son autonómicas…

Lucía: En cualquier caso hablamos de coordinación entre el poder autonómico y el municipio. No se trata de desentenderse si no de bajar las políticas al municipio…

Álvaro. Nuestro papel al final es poner sobre la mesa qué políticas creemos que van a ser efectivas. Pero, es verdad, que a veces no se trata solo de dinero. Por ejemplo, cuando decimos que las administraciones tienen que tener más papel en la planificación de la oferta educativa no se trata tanto de dinero como de tener los mecanismos de coordinación. El padrón lo tienen los ayuntamientos que conocen muy bien la composición social de la población. Eso hay que utilizarlo a nivel educativo. Implica que tienen que tener más papel las comunidades educativas locales, también las adminstraciones locales.

Lucía. Sí, es más un empoderamiento, un equilibrio entre diferentes administraciones…

Pero al final tiene que ver con quién gestiona el dinero y quién lo pone…

Álvaro: Sí, pero la segregación es una realidad local, con particularidades. Si se cruzan los datos de los que hablamos hay un potencial enorme para combatir la segregación e impulsar políticas más inclusivas. Nosotros hablamos de la detección del alumnado desfavorecido; cruzando datos del padrón con mejor coordinación con los servicios sociales…

Lucía: no solamente que va a acabar siendo más inclusivo y equitativo, sino económicamente más eficiente. Al final estás utilizando los recursos de manera más apropiada.

¿La segregación es un problema de las ciudades?

Lucía. Yo creo que depende de la composición social del territorio. En cuanto a concentración de alumnado vulnerable, en un territorio pequeño, probablemente sea menor si responde a la realidad del territorio. Pero en cuanto a segregación, no lo sé. No hay grandes diferencias en la concentración si comparamos lo que ocurre a nivel urbano y a nivel rural, excepto en el caso de Euskadi. En este caso se debe a que las zonas rurales son más ricas que las de otros terrotirios de España. Tiene que ver más con el factor pobreza que con el terrotorio.

En cualquier caso, decís que el distrito único no funciona.

Álvaro. Sí, una de las cosas que analizamos es la zonificación. Hay muchas políticas que impactan, cada realidad es distinta y cada política impacta de manera diferente. Decimos que la manera de hacer funcionar la zonificación para que reduzca la segregación es haciendo zonas de escolarización de tamaño medio. En las zonas muy pequeñas la población será homogénea, y las zonas muy amplias, que permitan fácilmente la huida de familias de clase media, tampoco funcionaría. Necesitamos un tamaño medio, y tener en cuenta cómo se diseñan esas zonas. Es decir, que nos aseguremos que dentro de ellas hay una población heterogénea. En muchas comunidades autónomas se ha hecho en función de los barrios históricos de las ciudades, no se ha hecho una política activa. El rol de las administraciones locales es importante: analizar la composición social para asegurarnos de que hacemos zonas de planificación escolar con una población heterogénea.

Lucía: Esto conlleva que puede haber dos pueblos vecinos en donde tienes que hacer una única zona. Sería cuestión de jugar con la composición del territorio para lograr la máxima heterogeneidad posible del alumnado.

Aquí me surgen dos problemas. El transporte de alumnos y la resistencia de las familias. Por otro lado, grandes barrios en ciudades con una población bastante homogénea… ¿cómo rompemos esa dinámica de segregación en zonas especialmente vulnerables?

Lucía. Es lo que comentaba de la zona de dos pueblos. Cada uno de ellos no tiene por qué ser una sola zona. Se puede jugar con la unión de diversas zonas para conseguir la máxima heterogeneidad.

Álvaro. El factor proximidad hay que tenerlo en cuenta para que los desplazamientos que tengan que hacer las familias sean lo mínimo posible. Pero con población muy aislada igual tenemos que plantearnos políticas de transporte y que las familias tengan que desplacerse si eso permite la heterogeneidad. Y no sería la primera vez. En Cataluña, en algunos municipios se ha hecho. Pero lo ideal es que sea una política que se haga en los centros en los que no haya otra política que funcione.

¿Y en los barrios más homogéneos?

Álvaro: Se puede partir la zona radialmente y romper la estructura natural del barrio. Es verdad que hay zonas urbanas que todos los barrios que colindan todos tienen una composición social parecida. Habrá que jugar: usar políticas de transporte, pero hay otros factores como las políticas de recursos, hacer atractivas determinadas ofertas de los centros y garantizar la calidad. Compensar, por una parte los efectos que pueda tener esa concentración e intentar hacer atractivos esos centros. Además, hemos visto que en esos barrios también hay diversidad y aún así se da una lógica de segregación. Hay margen de mejora incluso dentro de estos barrios.

Lucía: No hay una única receta, hay varias. Y dependiendo del contexto, del momento, del objetivo que se busque habrá que utilizar unas u otras.

Álvaro: Lo que sí necesitamos es una administración educativa remangada con la caja de herramientas en la mano mirando cada realidad. Eso es lo que se necesita: políticas activas. Que sea un objetivo y, con todas estas herramientas, ver en cada contexto cuáles hay que utilizar.
Lucía: Y esas herramientas ya están. En realidad, si analizas las propuestas, no hemos inventado la rueda. Son políticas que existen y que no se están utilizando o se están utilizando de manera no apropiada.

Entre planificación y libertad de elección…

Álvaro: No nos mostramos en contra de la elección de las familias. Lo que decimos es que la libertad de elección no beneficia igual a todas las familias. Beneficia más a las familias que están en una posición socioeconómicamente aventajada, frente a las que vienen de un contexto desfavorecido.

Señaláis que las aventajadas son las que elijen…

Lucía: Por varios motivos. Le dan mucha importancia al impacto de la educación de sus hijos y conocen cómo funciona el sistema educativo. En las familias de nivel socioeconómico más bajo no se da tanto. De ahí esa descompensación. Por eso es necesario que la administración compense regulando ciertos elementos.

Álvaro: Necesitamos regular la libertad de elección, y es posible. Se puede buscar un equilibrio. La libertad de elección, sin límite, genera desigualdad e inequidad. Es un hecho claro. Necesitamos mecanismos correctores. Es posible plantearse ese marco donde las familias elijan entre distintos proyectos educativos, que tienen que ser de calidad todos ellos; luego, empoderar a las familias que en ese proceso de elección no participan en igualdad de condiciones, y, el tercer elemento, que haya mecanismos correctores que garanticen un equilibrio en la composición social de los centros. No estamos inventando nada nuevo. Desde 2012 la OCDE está diciendo esto, lo llama sistemas de elección regulada o controlada.

Otro punto que señaláis, es que los docentes de los centros con mayor concentración tienen menos formación que otros. ¿A qué creéis que se debe?

Lucía. A que muchos profesores más formados acaban huyendo de los centros donde hay una alta complejidad, porque es muy complicado ejercer en este tipo de escenarios. Y que a lo mejor, los menos formados ni siquiera pueden aumentar la formación porque en unas circunstancias tan complejas ¿quién es capaz de, además, tener una formación, seguir formándote?

Álvaro. Probablemente ese profesorado que se queda sea el que está en fases iniciales de la profesión. Me atrevería a decir que el porcentaje de interinos será alto. A lo que se añade niveles de desmotivación. El contexto no les motiva a un desarrollo profesional… Lo que sí es claro es el patrón de huida. El profesorado que está en fases mayores de su desarrollo profesional, que realiza más formación, tiende claramente a huir de esos centros.

Algo que sabemos que ocurre y a lo que no se atiende… la pobreza impacta en los resultados educativos.
Álvaro. Es una de las cosas que más nos ha sorprendido es el impacto que tiene sobre indicadores educativos. Tiene un impacto claro sobre los problemas que se discuten en la agenda política: el abandono escolar, sobre la repetición. No estamos hablando solo de un debate de equidad.

El problema no es visible porque no se han hecho indicadores oficiales de segregación, pero no será porque no nos lo hayan dicho organismos internacionales. Desde 2011 la comisión Europea y el Consejo de la UE, cuando aprobaron las estrategias contra el abandono escolar, mencionan como una de las políticas para prevenirlo las políticas activas contra la segregación. Y España, cuando ha desarrollado su plan estatal contra el abandono no menciona la segregación. La OCDE lo lleva diciendo desde 2012: como una política para favorecer la equidad educativa. España no ha hecho nada. Recientemente las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño y el comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU le han dicho específicamente a España que tiene que abordar la segregación. Hasta nos hemos encontrado con un informe de Banco Mundial que dice que España y Europa tienen un problema de segregación escolar que puede impactar sobre la cohesión social y sobre el crecimiento.

Lucía. Creo que los problemas son visibles pero lo que no se ha hecho es atribuir esos problemas a la causa. Todo el mundo observaba varias cosas evidentes relacionados con la segregación pero nadie identificaba la segregación como causa de ello.

A partir de 2012, según los datos que manejáis, las cifras empeoran. ¿Por qué?

Lucía. Si tienes un problema de segregación al que no prestas atención ni pones ninguna solución, se va a agravar. A partir de 2012 este problema se está escapando de las manos y así va a seguir, con la misma tendencia, si no se hace nada. Es un problema de falta de compromiso por parte de los distintos gobiernos. El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático. En los últimos 10 años ha subido un 36% pero en los dos útlimos años ha sido bastante radical. De todas formas, creemos que estamos a tiempo de revertir la siguación.

Álvaro. La segregación la definimos como un círculo vicioso que tiende a empeorar, un proceso de empeoramiento que crece exponencialmente si no se atiende pronto. Por eso se ve la curva claramente y tiene el riesgo de seguir. Hay mecanismos de abordaje, pero el problema es urgente. No podemos mirar para otro lado.

No todo es un problema de inversión. Pero muchas de las actuaciones sí cuestan dinero. ¿Habéis hecho algún cálculo?

Lucía. Hace falta una inversión con perspectiva de equidad, invertir allí donde hace falta. Cuantificarlo… no hemos hecho ese ejercicio.

Álvaro: La reflexión que hacemos es más general. Coinciden temporalmente los años de la segregación con los de recortes de inversión, afectando particularmente a la escuela pública, y además, si uno mira las partidas de educación compensatoria, todo lo que tiene que ver con equidad, han sido las más afectadas. Parece bastante claro cuál ha sido el mix. Un factor importante es que la segregación es previa a la crisis, porque antes de la crisis no hacíamos las políticas de equidad bien.
Los centros de alta y baja concentración tienen recursos parecidos porque esta cuestión de atender con más recursos a los centros con más necesidad no se ha hecho bien. Y corremos el riesgo de seguir haciéndolo así. Necesitamos un enfoque de equidad a la hora de distribuir los rescursos. Y hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, la ILA de escolarización inclusiva en la Comunidad de Madrid plantea una tasa de necesidad para calcular cuánto tenemos que dotar de profesorado, de ciertos perfiles o de equipos de orientación a los centros.

Habláis en el informe de mínimos y máximos de alumnos con necesidades en los centros.

Álvaro: Hay un factor importante: las oficinas de escolarización. Tiene que haber oficinas únicas porque la matriculación no puede estar en los centros educativos. La detección de necesidades educativas de apoyo educativo tiene que hacerse antes de la escolarización, en la que meteremos las vinculadas a niveles socioeconómicos y, además de previa, debe estar vinculada a estas oficinas únicas de matriculación. No puede ser una responsabilidad exclusivamente de los centros, porque hay un margen para que, por determinados intereses, puedan tocar las cifras.

Aquí tenéis un nuevo escollo, la concertada y la posible selección del alumnado…

Alvaro: Para nosotros es claro: todos los centros que reciben financiación pública tienen que estar sometidos a la misma normativa de admisión. Es lo que dice la norma. Pero tenemos que buscar las políticas para hacerlo real. Ahí tenemos que garantizar que hay gratuidad y que el acceso es en condiciones de equidad y de inclusión en todos los centros. Tiene que haber una intervención más fuerte de la administración. Ahora mismo hay un problema de corresponsabilidad, lo decimos claro, por parte de la concertada. Creemos que hay que sentarlos en la mesa, porque la concertada forma parte de la realidad social, y es una buena manera de generar esa corresponsabilidad. Hay que hacerlos corresponsables y empoderar a esas mesas de escolarización que no se están utilizando en muchas CCAA. Pero también es necesario que la administración garantice que si hay barrera, desaparecerán. Cualquiera. Tema de las cuotas.

Esto también es dinero. La concertada siempre ha sostenido que no reciben financiación suficiente.

Lucía. Todo lo que ha dicho Álvaro ha de ir acompañado de una financiación suficiente de la concertada como para poder ofrecer ese proyecto educativo siempre basado en la inclusión.
Álvaro: Tenemos que asegurar de que la financiación es suficiente para garantizar la gratuidad y la equidad. Y luego hay que dotar en función de la necesidad a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Eso es lo que tenemos que asegurarnos.

Imagen: http://eldiariodelaeducacion.com/wp-content/uploads/2018/05/DSC_8832.jpg

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/03/la-libertad-de-eleccion-sin-limite-genera-desigualdad-e-inequidad/

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México: Pide INEE mejores políticas que frenen desigualdad educativa

América del norte/México/29 Marzo 2018/Fuente: Educación futura

La Educación Media Superior (EMS) que se ofrece en las zonas rurales de nuestro país muestra la necesidad de establecer una política de equidad educativa que permita ofrecer enseñanza de calidad a los más necesitados, afirmó la consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle.

Al comentar el estudio Avances y Dificultades en la Implementación del Marco Curricular Común, dijo que la falta de equidad está ausente y afecta, de manera especial, a las zonas rurales desde preescolar hasta Educación Media Superior, y esto reproduce la desigualdad social.

Tras destacar que la mayoría de los estudios coinciden en señalar que en el ámbito rural los maestros presentan condiciones de trabajo precarias, desigualdad fundamental respecto a otros subsistemas y fragilidad de los aprendizajes de los alumnos, destacó el compromiso de los docentes y directivos, sobre todo en el Telebachillerato Comunitario.

Sylvia Schmelkes consideró que el estudio aporta extraordinarias recomendaciones y señaló que aunado a una política de equidad educativa, se requiere de una política de financiamiento más justa.

La autora Carlota Guzmán Gómez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, informó que el propósito del estudio fue realizar una evaluación que brindara información sobre la implementación del marco curricular común, desde el punto de vista y las acciones de los principales agentes educativos, reconociendo las condiciones específicas que posibilitan el desarrollo de lo prescrito curricularmente.

En la mesa pública de análisis efectuada en el INEE, manifestó que ni en el Telebachillerato Estatal, ni en Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), ni en el Telebachillerato Comunitario se logra el desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares, o profesionales y que por lo tanto no se cumple con el perfil del egresado que contempla el Marco Curricular Común.

La investigadora dio a conocer que en las zonas rurales se ofrece un bachillerato a jóvenes que por sus condiciones no podrían continuar con sus estudios, pero que es altamente valorado por los estudiantes, las familias y las comunidades, quienes al no contar con referentes aceptan un servicio de baja calidad. Los bachilleratos rurales no responden a los principios de equidad ya que no prevén las condiciones necesarias para el logro de los aprendizajes de la población más vulnerable, precisó.

Luego de establecer que el derecho a la educación de calidad que tienen los estudiantes de este nivel no se cumple y se reproducen las desigualdades sociales y educativas, Carlota Guzmán recomendó establecer una política federal que tenga como centro los bachilleratos más vulnerables.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/pide-inee-mejores-politicas-que-frenen-desigualdad-educativa/

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Otro sexenio perdido en materia educativa

México / 18 de febrero de 2018 / Autor: Víctor A. Arredondo / Fuente: La Jornada Veracruz

El comunicado del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) #3 de este año ratifica que el desempeño escolar mexicano es alarmantemente bajo y que no sólo no avanza sino que presenta retrocesos

Nuestro país sigue perdiendo terreno ante la creciente desigualdad educativa entre pobres y ricos

Tales resultados deben servir para evaluar el verdadero desempeño de la autoridad educativa y la influencia real del INEE en las políticas y programas de la SEP.

La «Reforma Educativa» de este sexenio dedicó una parte significativa del tiempo disponible a desarrollar, aplicar y reparar los estragos de una estrategia nacional que se centró, primero, en evaluar a los maestros. La percepción social de este esfuerzo, a pesar de las múltiples aclaraciones oficiales, fue que con ello se buscaba descubrir a los «docentes ineptos» para separarlos del salón de clases y, eso sí, acabar con la injerencia sindical en cuestiones que no son objeto de su naturaleza y misión gremial. El valor diagnóstico de la evaluación para promover integralmente la calidad quedó en un segundo plano y evidenció la parcialidad de una estrategia inicial que no puso el mismo énfasis en la ponderación de otros componentes esenciales del sistema educativo: la infraestructura escolar, los planes y contenidos educativos, las condiciones y perfiles del alumnado, el entorno económico, social y cultural de los planteles, las discrepancias en el acceso a recursos de aprendizaje, la administración escolar, las políticas educativas y de financiamiento, etcétera. Si bien algunos de estos temas de evaluación fueron retomados posteriormente por el INEE y la propia SEP, no quedó claro cómo los resultados de tales evaluaciones influyeron directamente en las acciones compensatorias y de promoción de la calidad de la autoridad educativa. Y esta interrogante es fundamental. Se pueden generar cientos de estadísticas sobre desempeño escolar e, incluso, documentos conceptuales sólidos sobre los fines, objetivos y prácticas de la educación nacional; pero si todo ello no trasciende en las aulas, ese cuantioso esfuerzo no es rentable socialmente.

La política y el financiamiento educativo y los programas y acciones de remedio y promoción en el ámbito federal, estatal y local, deben ser consecuencia del diagnóstico y de sus respectivas metas. De nada sirven los dictámenes y recomendaciones del médico sobre nuestra salud si no se acompañan de las correspondientes medidas de prevención y terapia. Y el problema nodal –es un auténtico nudo gordiano– de nuestro sistema educativo es que contamos con decenas de años de diagnóstico y formulación de recetas que no se han reflejado en el actuar real. Y las razones de este hecho son múltiples. Unas se deben a cuestiones de personalidad y capacidad: el gran ego de muchas autoridades educativas que se consideran autosuficientes y capaces sin alguna evidencia firme; su actitud del «borrón y cuenta nueva» que desestima lo hecho anteriormente por otros; los intereses ocultos que se sobreponen a la labor educativa trascendente; lo inadecuado del perfil e inexperiencia de numerosos responsables de la gestión educativa; su insuficiente liderazgo y mística para la convocatoria social; su falta de entrega por las causas nobles; la simulación generalizada en sectores de la burocracia educativa –»ley del menor esfuerzo»–; y la sensación de abandono y menosprecio que tienen los trabajadores de la educación por parte de la autoridad educativa. Otras razones se refieren a cuestiones técnico-políticas: no ha habido al interior de la SEP y de las oficinas educativas estatales una evaluación sólida de su propia estructura, funciones, resultados e impacto real en la calidad de la educación. Prevalecen oficinas y programas que han sido el resultado acumulado de las ocurrencias de la autoridad en turno; existe duplicidad –y a veces conflicto– en sus funciones; operan con independencia de la política, prioridades y metas educativas nacionales; y todo ello, ha impedido la necesaria sintonía y alineación integradora del quehacer técnico-administrativo-financiero del sector para acrecentar radicalmente la calidad y equidad educativa en el país. «No, los maestros y maestras no son los culpables de la debacle en la educación».

La inexperiencia de la autoridad educativa federal fue la que ocasionó que, hasta los dos último años de la actual administración federal, la SEP pretendiera hacer de manera apresurada, lo que debió haber hecho desde el primer año: atender los diagnósticos anteriores y emprender cuanto antes una verdadera campaña nacional de actualización profesional, promoción de nuevos enfoques y métodos de aprendizaje en el aula, aplicación generalizada de recursos didácticos de gran impacto, modernización de la infraestructura y gestión escolar, conectividad de internet en todas las escuelas del país, mayor participación social y rendición de cuentas en la educación –en especial, por parte de los directivos–. En cambio, con una actitud autocomplaciente se dedicaron a desarrollar en sus propias oficinas burocráticas soluciones que debieron haber estado en manos de expertos comprobados. La soberbia y los intereses mezquinos es lo que impidió que funcionarios de la SEP analizaran y aprovecharan las experiencias de sistemas estatales exitosos en la mejora del desempeño escolar –el INEE reconoce lo logrado recientemente por Sonora, Zacatecas, Tabasco y Tamaulipas, como en su momento la OCDE y la prueba ENLACE resaltaron el caso de Veracruz–. Lo mismo ha sucedido con aquellas organizaciones e instituciones que cuentan con evidencias contundentes sobre su aporte a la calidad educativa nacional: fueron hechas a un lado para recurrir a lo que ahora se observa como un monopolio de servicios a la educación pública: el Tecnológico de Monterrey. Es tiempo de evaluar cuál es el valor agregado real que se ha obtenido como resultado de las cuantiosas contrataciones que le asignó la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Otra tarea pendiente es la de asegurar una relación estratégica funcional entre los resultados y recomendaciones que produce el INEE y la toma de decisiones en la SEP. Son dos realidades paralelas, porque el INEE no influye como debiera en las decisiones administrativas y financieras del sector educativo. Sabemos que su autonomía, naturaleza y misión la convierten en un ente no ejecutivo de programas de intervención educativa. Pero si la sociedad mexicana está invirtiendo en un tanque pensante de esa dimensión, lo menos que se debe hacer es evaluar en qué medida el sector educativo oficial está tomando en cuenta sus directrices. Resulta imprescindible establecer mecanismos funcionales para traducir sus recomendaciones en políticas, programas y formas de financiar la educación. De no ser así, su impacto en la calidad será totalmente marginal.

Fuente del Artículo:

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180129_080455_637

Fuente de la Imagen:

http://elmaestrocompentente.blogspot.mx/2015/04/la-guerra-perdida-de-la-educacion-en.html

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Desigualdad, violencia y valores. Acerca de la Universidad Pública

México / 22 de octubre de 2017 / Autor: Humberto Muñoz García / Fuente: Campus Milenio

Un problema que ha estado presente en la historia de México es el de la desigualdad social. No hemos tenido la suficiente fuerza y habilidades para cambiar la situación injusta que padecen la mayor parte de nuestros compatriotas. Este problema se reproduce y se encuentra de diferentes maneras en distintos planos de la realidad social, siendo uno de ellos el educativo.  Doy algunos ejemplos.
En un análisis publicado en un libro del Seminario de Educación Superior, UNAM (2009), se indica que las universidades públicas en México forman un  conjunto institucional estratificado. La diferenciación va más allá de indicadores estrictamente económicos. Se expresa en función del contexto educativo (vía la cobertura), de la estructura demográfica ligada a la demanda, de la relación entre el subsidio y la matrícula, de los soportes intelectuales para hacer investigación y de criterios políticos. Lo que resalta, en suma, es que las universidades públicas se distinguen por diferencias en sus capacidades intelectuales, derivadas de los recursos materiales y humanos con los que cuentan.

Unas instituciones tienen más ventajas que otras para cumplir con sus tareas. Hay grandes diferencias para hacer investigación, formar investigadores,  contribuir al desarrollo del entorno social y para adquirir un determinado peso político que permita influir en las políticas públicas instrumentadas por el gobierno. Y estas desigualdades institucionales tienen que ver con las posibilidades de que los alumnos tengan una buena educación y que los actores y sujetos del cambio social cuenten con conocimientos apropiados al desarrollo local.
La institución donde se estudia o trabaja resulta de importancia para entrar al mercado laboral o para tener una voz reconocida en la opinión pública. Estudiar en una universidad es relevante en la definición de las oportunidades de vida y de estatus. En México, la mayor parte de los jóvenes no tiene acceso a la educación superior. Un poco más de seis de cada diez personas, que tienen entre 18 y 23 años, no estudian licenciatura. Y entrar a una universidad es más difícil para los jóvenes cuyas familias tienen ingresos escasos que para quienes provienen de las familias más adineradas. Aquí radica una desigualdad notable.
A fines del sexenio pasado, se indicó que un 20 por ciento de los jóvenes provenientes de los 4 deciles de ingreso más bajos estaban matriculados en el nivel superior. Ese porcentaje había aumentado, en contraste con el del pasado. Los estudiantes de las familias más ricas (deciles 9 y 10) doblaban esa proporción en las universidades públicas, mientras que la diferencia era bastante mayor cuando se trata de las universidades privadas. (Datos de la SEP). Estas últimas, como se sabe, incluyen a las instituciones de elite y a aquellas que atienden a estudiantes que no encontraron ubicación en las públicas o que no pueden pagar universidades caras.
El lugar donde habitan las familias también es significativo en relación con las oportunidades de estudio que se brindan. En México hay diferencias de cobertura muy grandes entre las entidades con más alta y más baja cobertura. En el estudio de Gil, Mendoza, Rodríguez y Pérez (2009) diecisiete entidades tenían una cobertura menor que el promedio nacional. En los datos mostrados por el Subsecretario Tuirán (2012) hay entidades que rebasan hasta 2.3 y 3.9 veces la tasa de cobertura más baja en el país. Las líneas divisorias no desaparecen, mantienen desiguales a los jóvenes en la República. La desesperanza de un mejor futuro es la que crece entre ellos.
Por otra parte, cuando incorporarse a una universidad es difícil, y se mantiene a los jóvenes en medio de la inseguridad y la incertidumbre, con un estrés cotidiano, en un ámbito social violento, se afecta el rendimiento escolar. Más aún, si hay violencia por la venta de estupefacientes en el barrio en el que se localiza la escuela o de plano en las instalaciones universitarias. No hablo de ninguna universidad en lo particular, porque hay señalamientos de que el problema se ha extendido sin distinción entre las instituciones.
La desigualdad educativa, traducida en falta de oportunidades de estudio, una dosis de violencia provocada por el clima social que se vive, y la carencia de valores éticos, nos dan una trilogía de factores de la cual no se desprende un futuro promisorio para las nuevas generaciones de universitarios. Y eso preocupa y duele. Necesitamos encaminarnos a cambiar las realidades institucionales para que el paso por nuestras escuelas y universidades produzca razonabilidad, pensamiento crítico, capacidades de convivencia con los otros, respeto a las ideas diferentes, disponibilidad para el diálogo, compromiso social y actitudes innovadoras.
Algunas cuestiones pueden resolverse sí se abren buenas universidades, sí se exige al Estado acciones eficaces contra la venta de drogas en los planteles y sí formamos estudiantes tolerantes que contribuyan a formular un nuevo pacto social.   Necesitamos nuevas políticas que amplíen el financiamiento a las universidades, políticas que liberen las falsas presiones en la vida académica, y políticas que estimulen el accionar ciudadano de los universitarios.

Fuente del Artículo:

http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=8828:desigualdad-violencia-y-valores-acerca-de-la-universidad-publica&Itemid=140

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Guatemala aspira a cumplir meta de 180 días de clases

Centro América/Guatemala/07 Octubre 2017/Fuente: Prensa Latina

El ciclo escolar 2017 concluirá en este país el próximo 31 de octubre, cuando se superarían los 180 días de clases, aseguró hoy el ministro de Educación guatemalteco, ûscar Hugo López.
El acomodo en la fecha permitiría al Gobierno cumplir con la meta trazada el 16 de enero último, cuando dio inicio de manera oficial este período lectivo sin que se garantizaran a nivel nacional las condiciones elementales para un desenvolvimiento efectivo del proceso de enseñanza.

En rueda de prensa, López precisó que hasta la fecha suman 166 los días efectivos y con la nueva fecha las evaluaciones que concluían el 19 podrán extenderse hasta el venidero 27 de octubre.

El titular de Educación adelantó que las inscripciones para el ciclo escolar 2018 comenzarán en noviembre próximo y se harán de forma automática por vez primera.

‘Si un niño aprueba y continúa en el mismo centro educativo, no debe hacer más trámite, quedará inscrito en el grado siguiente’, detalló.

El ministro destacó que 2017 es uno de los años con más estudiantes en las aulas, principalmente en el nivel de Preprimaria, con la recuperación de 148 mil estudiantes y un crecimiento de 33 mil más.

López explicó que trabajan en estrategias para recuperar el tiempo perdido en los departamentos oocidentales con más dificultades, fundamentalmente por las intensas lluvias que desde hace semanas azotan a este país sin clemencia.

Entre los más afectados por los fenómenos naturales citó a San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Huehuetenango.

Por segundo año consecutivo, los maestros realizarán un censo en sus comunidades para identificar a los niños que no asisten a la escuela y así aumentar la cobertura estudiantil, indicó.

Guatemala tiene el triste mérito de ser el Estado que menos invierte en la educación en Centroamérica, con apenas 2,5 por ciento de su Producto Interno Bruto.

El Ministerio de Educación (Mineduc) solo maneja el 20 por ciento de las escuelas públicas, en tanto el 80 por ciento del básico y diversificado está en manos privadas.

En 2016, este país logró por primera vez en su historia completar los 177 días efectivos de clases, aunque prevalecen fuertes cuestionamientos en torno a la calidad educativa y las pobres inversiones en infraestructura, maestros y materiales.

Si bien el Mineduc reconoce resultados sin precedentes en materia educativa con la implementación este año de políticas de inclusión, la ampliación de cobertura tecnológica y de la entrega gratuita de materiales escolares, estudios del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala confirman que solo son paliativos.

La brecha de la desigualdad educativa -apuntan- crece cada año al mismo ritmo de la deserción escolar, motivada por la necesidad de muchos niños de trabajar desde edades tempranas para garantizar el sustento hogareño.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=120694&SEO=guatemala-aspira-a-cumplir-meta-de-180-dias-de-clases

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Exclusión incluyente.

Mientras la educación sea una mercancía, los avances en escolaridad no nos harán mejores personas.

Por: Oscar Sánchez.

Pablo Gentili introdujo este concepto, que parece un oxímoron, para describir el proceso de escolarización en América Latina en los últimos cincuenta años, en el que se ha expandido notablemente el acceso de las masas recién urbanizadas (y por lo tanto, del grueso de la población) a la matrícula del ciclo básico en instituciones educativas precarias.

Es un proceso incluyente, pues sería necio negar el valor de esa presencia de los chicos en la escuela. Para entender la importancia del acceso y la permanencia que se han logrado en las ciudades de Colombia, solo hay que compararlas con el mundo rural disperso, donde la mitad de la población se queda por fuera de la secundaria y solo una cuarta parte llega a ser bachiller. Las condiciones de la población en ambos mundos son muy diferentes.

Pero en las ciudades, aun con el aumento de la cobertura, hay exclusión. No se puede llamar de otra forma a la desigualdad aberrante con la cual se ha hecho la expansión: mientras las clases medias pagan una educación con buenas condiciones, los pobres, con excepciones que confirman la regla, se quedan con el bagazo. Frente a ese hecho hay tres enfoques.

Uno que podemos llamar cínico, niega la exclusión y afirma que simplemente estamos haciendo lo que se puede. Que la desigualdad educativa es una condición temporal y que por el camino que llevamos llegaremos a la educación buena para todos, cada quien en su propia realidad. Y que cualquier esfuerzo adicional atentaría contra la sostenibilidad fiscal y la iniciativa privada. Es común escucharlo, expresado con crudeza, en boca de funcionarios a cargo de las finanzas públicas, y camuflado con eufemismos, en boca de buena parte de quienes manejan la educación.

Un segundo enfoque, que es el que venimos poniendo en práctica algunos convencidos del poder de la razón emancipadora y el empoderamiento popular, es el del desarrollo de las capacidades humanas. Este consiste en buscar gobernantes dispuestos a alimentar altas expectativas y apoyar con ingentes recursos públicos a los educadores y comunidades ejemplares en escuelas pobres, para cerrar brechas dando más al que tiene menos, sin forzar a los poderosos a una igualdad impuesta. Hemos apostado por formar a una nueva generación que entienda que la inclusión tiene que ser plena y que la buena educación, como el empleo decente, la salud preventiva y la seguridad ciudadana son derechos y no pueden ser desiguales, o dejan de serlo.

¿Seremos ingenuos quienes atribuimos a la educación en sí misma la capacidad de transformar el sistema ofreciendo a los débiles un lugar en el mundo?

Gentili, que ha sido dirigente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Flacso y del Foro Mundial de Educación, propone un tercer enfoque que profundiza el anterior. Afirma que la inserción institucional, si bien es un avance, está muy lejos de marcar el camino del goce efectivo de los derechos y las relaciones humanas igualitarias que constituyen las bases de una sociedad democrática sustantiva. Lo que este autor llama ‘universalización sin derechos’ va más allá de la idea hoy aceptada en el mundo de que no basta con el acceso y hay que apostar a la calidad.

Gentili introduce tres reflexiones: i) existen la pobreza y la desigualdad educativas, aunque haya mayor acceso a la escuela, porque la universalización de la matrícula no cambia las estructuras sociales; ii) una educación con igualdad formal ante la ley y brutal desigualdad frente al mercado da como resultado un sistema segregado, en el que la educación no es un bien común, sino uno excluyente y, por lo tanto, no es pública, aunque se haya aumentado la oferta oficial, y iii) se ha impuesto recientemente una tendencia economicista que hace ver la educación predominantemente como un factor de producción, y se ha perdido su sentido como base de la humanización planetaria, planteado en las declaraciones de derechos humanos de hace 70 años.

En algo estamos de acuerdo con Gentili: mientras la educación sea una mercancía más, la formación integral de calidad sea un privilegio y prime el fin de educarse para ganarse la vida, antes que para construirse una vida, los avances en escolaridad no nos harán mejores personas ni nos llevarán a la justicia social.

Me queda la inquietud: ¿seremos ingenuos quienes atribuimos a la educación en sí misma la capacidad de transformar el sistema ofreciendo a los débiles un lugar en el mundo? ¿El cambio de las estructuras políticas, económicas y culturales es una condición para tener un derecho efectivo a la buena educación, o cambiando las mentes con un mayor esfuerzo político y pedagógico dentro del sistema actual podemos hacer que cambien esas estructuras?

Fuente:  http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/oscar-sanchez/exclusion-incluyente-discriminacion-educativa-135392

Imagen: http://elsalvadortrespuntocero.com/wp-content/uploads/2015/06/chica.jpg

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