Desigualdad

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Los estragos de la pandemia en las Escuelas Indígenas de México: desigualdad educativa y brecha digital.

Pluma Invitada

Mtro. Iván de Jesús Contreras Espinoza
Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) y administrador del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

La pandemia generada por la enfermedad del coronavirus (COVID19), sacudió significativamente a todos los países, situación que implicó afrontar una crisis en diferentes sectores: los sistemas de salud empezaron a colapsar; la economía mundial se contrajo, y las instituciones educativas realizaron ajustes en sus sistemas, con la finalidad de re direccionar los esfuerzos y rescatar los ciclos escolares.

En México, la pandemia tuvo un alto impacto en varios sectores de la población, mismos que se vieron severamente afectados ante estos embates, principalmente aquellos grupos vulnerables y marginados, como lo son las comunidades indígenas. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés, 2020) se comprometió con los pueblos indígenas para colaborar en la implementación de acciones específicas y de esta manera responder a la crisis y las necesidades derivadas de la pandemia por la COVID-19. Entre las principales medidas, destaca el seguimiento a los planes estratégicos en educación con la finalidad de diversificar los medios y llegar a comunidades con difícil acceso a la información.

Las intenciones tanto del gobierno mexicano como de organizaciones no gubernamentales fueron bien intencionadas, no obstante, la realidad educativa apuntaló hacia otra dirección, con otro nivel de prioridades. La educación en el país se vio seriamente afectada, esto debido a que las modalidades de aprendizaje cambiaron, y tanto estudiantes como profesores aprendieron nuevas formas de interacción ante la necesidad de cumplir con los contenidos escolares. De manera que la educación indígena no fue la excepción, máxime cuando los retos y desafíos de maestros, alumnos y padres de familia, durante este periodo se intensificaron. Uno de esos retos, fue que el uso de las tecnologías, que empezó a ser prioritario en todos los niveles educativos, dejando en desventaja a aquellos estudiantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema que no contaban con los recursos y ni herramientas necesarias para continuar con los aprendizajes en las modalidades emergentes.

Esta problemática fue mayormente visible debido a la estrategia de la SEP “Aprende en casa”, un programa cuyo único interés —pareciera— “no perder el ciclo escolar” (Gallardo, 2020). El intento de unificar la operacionalización del programa hizo aún más evidente la desigualdad educativa en la que se sigue viendo inmersa la población indígena en el país. Los programas de televisión, las clases virtuales en plataformas como Classroom o el uso de aplicaciones como WhatsApp, solo fueron un reflejo de conservar una normalidad adaptada para el sistema educativo general, y no pensado en la heterogeneidad de la escuela, como es el caso de la escuela indígena. En conjunto, esto ocasionó que la brecha digital se ampliara en algunos sectores, “En tiempos normales, tales diferencias son una pieza más del mosaico de las desigualdades en México, pero en tiempos de COVID-19, … tiene consecuencias particularmente nocivas y de largo alcance, sobre todo por su incidencia en el sistema educativo” (Lloyd, 2020, pp. 116-117).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) para 2020 en México. Entre los datos relevantes destacó, que la distribución de los usuarios de internet por grupos de edad entre los 6 y 11 años de edad en los ámbitos urbano y rural, se estima que 78.3% son usuarios del área urbana, y un 50.4% proviene del área rural. Y al realizar un acercamiento al área rural, se deja de manifiesto que en las comunidades indígenas solamente 3 de cada 100 niños cuentan con acceso a internet.

Tras este panorama de situaciones atípicas, para los docentes de las escuelas indígenas, no era momento de claudicar. Fue necesario buscar alternativas y estrategias que le permitieran cumplir los objetivos. La mayoría de estas escuelas se encuentran ubicadas en zonas altamente marginadas, por tanto, implicaba un reto el acceso a los hogares de niños indígenas. Los docentes no estaban preparados para tal situación; se encontraban desprovistos de la capacitación adecuada para hacer frente a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, y qué decir de los alumnos indígenas, que no contaban con televisores, dispositivos móviles ni computadoras; aunado a esto, durante la pandemia la prioridad de los padres de los niños indígenas fue el buscar los medios para dar un sustento a sus familias, por tanto, las tecnologías no eran prioritarias, por ende, resultaba complejo para los niños aspirar a ellas (Contreras-Espinoza, 2020).

Sin duda, la tarea es titánica para contrarrestar la desigualdad educativa y la brecha digital en nuestro país. Los esfuerzos del gobierno, en cuanto a las políticas educativas deben apostar por una educación que garantice la conectividad y el uso de TIC en todos los sectores educativos, pero principalmente en aquellos niños y niñas que carecen de los recursos y herramientas para continuar en una modalidad que aparenta ser una simulación. Las propuestas para solucionar la problemática son diversas, una de las ideas principales sería establecer programas como los que se realizan en otros países, donde empresas que se dedican a la producción de equipos de cómputo realizan convenios con los sistemas de educación, para donar equipos de segunda mano pero que aún tienen con tiempo de vida útil. Antes de eso, primero habrá que garantizar la conectividad al internet, porque de nada servirá poseer los equipos cuando las zonas marginadas de las comunidades indígenas en ocasiones no cuentan con los servicios básicos, tales como, la energía eléctrica.

Evidentemente, las meritorias labores de los docentes y niños de las escuelas indígenas hicieron posible el embate a la crisis educativa tras la pandemia. Desde la impresión y entrega de cuadernillos, hasta el traslado a comunidades de difícil acceso para proporcionarlos; así como el interés genuino por el bienestar de cada uno de sus alumnos. Estamos convencidos que la desigualdad educativa y la brecha digital en México son asignaturas pendientes; es necesario dar soluciones palpables e inmediatas, a través de planes y programas que garanticen el cumplimiento de los derechos básicos de los grupos vulnerables. Se dice fácil cuando se habla desde el privilegio, pero, precisamente la divulgación de estas temáticas representan una oportunidad de visibilizar la necesidad imperante de inclusión, dignificación y validación de los derechos de las comunidades indígenas, duramente segregadas y marginadas por la sociedad en estos tiempos tan complejos derivados de la pandemia de la COVID-19.

 

Referencias

 

Contreras-Espinoza, I.J. (2020). Escuela indígena: Filemón y la esperanza de los olvidados. En Gárate (coord). Educadores y pedagogía de la alteridad: Relatos desde la experiencia (pp. 53-75). CETYS. http://158.122.1.53/bitstream/60000/934/1/Educadores%20y%20pedagogi%CC%81a%20de%20la%20alteridad_muestra.pdf

Gallardo, A. (2000). Educación indígena en tiempos de COVID-19: viejos problemas, nuevos problemas. En IISUE, Educación y pandemia. Una visión académica (pp. 164-169). México: UNAM. http://132.248.192.241:8080/jspui/bitstream/IISUE_UNAM/552/1/GallardoA_2020_Educacion_indigena.pdf

Lloyd, M. (2020). Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. En H. Casanova Cardiel (Coord.), Educación y pandemia: una visión académica (pp. 115- 121). México: UNAM. http://132.248.192.241:8080/jspui/bitstream/IISUE_UNAM/546/1/LloydM_2020_Desigualdades_educativas.pdf

Organización Panamericana de la Salud (OPS), (2020). Consideraciones relativas a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos durante la pandemia de COVID-19. https://iris.paho.org/handle/10665.2/52252

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (2020). Pueblos indígenas y COVID-19: una mirada desde México. https://es.unesco.org/news/pueblos-indigenas-y-covid-19-mirada-mexico

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-estragos-de-la-pandemia-en-las-escuelas-indigenas-de-mexico-desigualdad-educativa-y-brecha-digital/

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El color de la piel nos marca y nadie nos mira

Nelva Reyes

Por: Nelva Reyes B.

“Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, […]”

 

El 25 de octubre, en la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, se presentó el libro Mujeres urbanas: afrodescendientes entre la desigualdad y la discriminación. La presentación estuvo a cargo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, con la doctora Aracelly De León, directora de este. Se hicieron presentes el doctor Jaime Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y el profesor de Sociología Fernando Murray.

La investigación fue llevada a cabo por las profesoras Xiomara Rodríguez, Juana Camargo y Eusebia Solís, además de mujeres de los cinco corregimientos, que participaron en el estudio aportando su experiencia y conocimientos.

La investigación se desarrolla con siete ejes fundamentales que parten de: Una Introducción; Una mirada conceptual a la discriminación; una mirada afrodescendiente a la realidad nacional; acercamiento socioeconómico a los corregimientos del estudio; voces de mujeres urbanas afrodescendientes del centro de la ciudad de Panamá: propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres urbanas afrodescendientes; conclusiones, bibliografías y anexos.

En el estudio se define a las y los afrodescendientes como “personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Se señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2011 que “en América Latina viven unos 150 millones de afrodescendientes, representando el 30 % de la población de una parte del continente americano”. Además, la investigación nos indica que, en el mundo laboral, la realidad para las personas afrodescendientes no es esperanzadora, puesto que dicha población ocupa la parte más baja de la escala salarial, y es la población que realiza más tareas en la informalidad de baja calificación, menor incluso, si se compara con una persona no afrodescendiente. Las tasas de desempleo de este colectivo son mayores que las de la población total, según el informe del BID, que plantea: “en general, los afrodescendientes tienen niveles más altos de desempleo en todos los países y entre quienes tienen empleo, una proporción mayor labora en ocupaciones poco calificadas”.

El libro hace una breve reseña de la fundación de cada uno de los corregimientos investigados, como lo son Calidonia, Curundú, El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana. Cuatro de los cinco corregimientos fueron fundados el 29 de abril de 1915 y el corregimiento de Curundú se funda el 17 de noviembre de 1971. La investigación contribuye a visibilizar que el racismo y la discriminación, como dimensiones de la opresión racial, son una realidad en Panamá. Las voces de las mujeres de estos corregimientos, establecidos en el corazón de la ciudad de Panamá, nos brindan una serie de información que corrobora las condiciones y situación en las cuales viven las familias afrodescendientes, y hace muy evidente la triple discriminación de la cual son víctimas las mujeres afrodescendientes, discriminadas por ser mujeres, negras y pobres. Pero, además nos indica, según la encuesta de hogares de 2017, que “la presencia de la población afrodescendiente se puede encontrar en todo el territorio nacional; sin embargo, las cinco provincias con mayor presencia afropanameña son Colón (41,8 %), Darién (24,3 %), Coclé (20 %), Panamá (18,6 %) Bocas del Toro (15,3 %), provincias donde vive la mayor cantidad de personas que se autocalifican como afrodescendientes…”. En estas provincias está Colón que en “2016, aportó el 26 % del producto interno bruto del país, 13 605, millones de balboas”, pero es víctima de políticas públicas racializadas.

Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, ya sea por etnia, condición económica o cualquier otra razón. Así se dio la ciudad amurallada, luego el “Silver Roll” y “Gold Roll” y en 1941, en la Constitución de la República de Panamá, se establecía: “Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el Castellano, la raza Amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África”. Son vergonzosas las experiencias que hemos vivido y vivimos, máxime que, según el censo de 2010, aproximadamente el 9 % de la población de Panamá se autoidentificó como afrodescendiente lo que coloca a Panamá como el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de población afrodescendiente.

Es importante tener políticas públicas que lleven el objetivo de erradicar la discriminación en nuestro país por cualquier condición u origen.

Agradecemos el aporte de las investigadoras, el auspicio del Espacio de Encuentro de Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debemos seguir profundizando en estas realidades.

Fuente de la información: https://www.laestrella.com.pa

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Especialistas debatirán sobre la oportunidad de reestructurar la educación en América Latina y el Caribe a partir de la crisis prolongada del COVID-19

Noticias

Del 13 al 15 de octubre se llevará a cabo el Primer Seminario Regional de Desarrollo Social organizado por la CEPAL, el que estará dedicado al tema de la educación.

Del 13 al 15 de octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebrará de forma virtual su Primer Seminario Regional de Desarrollo Social, con la participación de tomadores de decisiones, especialistas de las Naciones Unidas y de organismos multilaterales y académicos, quienes reflexionarán sobre la educación como motor del desarrollo social en la región, en el contexto de una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.

El evento cuenta con la colaboración de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF/LACRO), de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OREALC/UNESCO) y de la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE UNESCO Buenos Aires) y el apoyo financiero del Gobierno de Noruega.

El Primer Seminario Regional de Desarrollo Social. Educación en América Latina y el Caribe: la crisis prolongada como una oportunidad de reestructuración será inaugurado el miércoles 13 de octubre a las 11:00 horas de Chile (GMT-3) por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Jean Gough, Directora Regional de UNICEF/LACRO; Claudia Uribe, Directora Regional de OREALC/UNESCO; Pablo Cevallos, Director de IIPE UNESCO Buenos Aires; y Jostein Leiro, Embajador de Noruega en Chile, con la moderación de Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.

En los paneles del evento se discutirán temas como la construcción de sistemas educativos más inclusivos y resilientes, la situación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante la crisis sanitaria, el establecimiento de una agenda de recuperación educativa frente a la pandemia, las habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante y la articulación de las políticas educativas con las otras políticas sociales, entre otros.

Qué: Primer Seminario Regional de Desarrollo Social. Educación en América Latina y el Caribe: la crisis prolongada como una oportunidad de reestructuración.

Cuándo: 13, 14 y 15 de octubre de 2021.

Quiénes:

  • Tomadores de decisiones de política educativa, especialistas de las Naciones Unidas y de organismos multilaterales y académicos.

Inauguran el miércoles 13 de octubre a las 11:00 horas de Chile (GMT-3):

  • Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
  • Jean Gough, Directora Regional de UNICEF/LACRO.
  • Claudia Uribe, Directora Regional de OREALC/UNESCO.
  • Pablo Cevallos, Director de IIPE UNESCO Buenos Aires.
  • Jostein Leiro, Embajador de Noruega en Chile.

Dónde: Transmisión en línea a través del sitio https://live.cepal.org/educacion/.

Fuente: Especialistas debatirán sobre la oportunidad de reestructurar la educación en América Latina y el Caribe a partir de la crisis prolongada del COVID-19 | Noticias | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal.org)

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Víctor Báez Mosqueira: Desidia global con los pueblos indígenas

Noticias

Solo 22 países han ratificado el Convenio 169 de la OIT El Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas y hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación.

El 13 de setiembre de 2021 se cumplieron 14 años de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de las Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Este, sin embargo, no es el primer documento internacional aprobado sobre el tema. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual sustituyó al Convenio 107 de la misma organización, adoptado en 1957, “sobre poblaciones indígenas y tribales”.

La diferencia entre estos dos convenios mostró un avance conceptual importante. El Convenio 107 tenía como meta integrar a los pueblos originarios a la idea tradicional que los colonizadores tenían de la “civilización”, a expensas de que su legado ancestral indígena y su cosmovisión fueran invisibilizados y paulatinamente olvidados. Y es que, en la historia, quienes colonizaban siempre sostuvieron que hacían un favor a quienes dominaban, porque los estaban “civilizando”. El carácter asimilacionista y paternalista del Convenio 107 fue crecientemente criticado, hasta que se aprobó el Convenio 169, el cual ya reconocía como criterio fundamental la conciencia de la identidad indígena o tribal y el derecho de esos pueblos al goce de los derechos humanos y libertades, sin obstáculos ni discriminación.

Ese progreso en los conceptos y en las legislaciones no fue acompañado, sin embargo, por la práctica, generando múltiples acciones que van en sentido contrario.

Pongamos datos históricos sobre la mesa. Un escrito del profesor Carlos Enrique Ruiz, de la Universidad de Paraíba, trae una cita que el actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, hizo en 1998, cuando era diputado: “La caballería brasileña fue muy incompetente. Competente, sí, fue la caballería norteamericana que diezmó a sus indios y hoy no tiene ese problema en su país”.

Brasil y Estados Unidos no fueron los únicos. Las campañas de exterminio de indígenas tomaron otros nombres en varios países y hoy raramente se llevan a cabo por la acción militar. Son comunes y cada vez más numerosos los casos de trabajo esclavo de nativos, intercambio de niños o niñas indígenas por algunas cabezas de ganado, asesinatos de líderes o activistas, expulsiones sumarias de sus tierras por gangsters armados al servicio de empresas multinacionales, compras y ventas simuladas de tierras indígenas con títulos falsos y exigencias incomprensibles de parte de gobiernos para que demuestren que son pobladores antiguos de las regiones donde viven. Nutridos grupos de nativos pasean su miseria por las calles de las ciudades, sin lograr llamar la atención del establishment.

Cabe aclarar que el problema histórico no se ha producido solamente en las Américas. Cuando a fines del siglo XIX, las potencias ya habían perdido casi todas sus colonias en el “nuevo mundo”, se reunieron en Berlín, entre 1884 y 1885, para repartirse el continente africano. La reunión quería evitar problemas entre esos países poderosos. Así, discutieron el libre comercio y las formas de adentrarse en el continente para explotar mejor sus recursos naturales. Al rey belga Leopoldo II le regalaron el territorio del Congo. Su empresa explotó el caucho y el castigo frecuente a los nativos era cortarles una mano. Los indígenas peruanos que extraían el mismo producto sufrían punición similar.

La colonización de Asia y Oceanía no fue menos cruenta.

Según datos de la OIT, si bien hay más de 54 millones de personas en América Latina y el Caribe que pertenecen a pueblos indígenas y tribales, en el mundo existen más de 476 millones de las mismas. Un tercio de ese número total vive en Asia y el Pacífico.

Sin embargo, solamente 22 países han ratificado el Convenio 169 de la OIT. De Asia y el Pacífico solamente Nepal y Fiji, en África solo la República Centroafricana, en América Latina y Caribe nada más que 14 Estados y en Europa, cinco. Esos números indican la escasísima importancia que se otorga a un grupo humano que representa más del cinco por ciento de la población mundial.

Es más, cuando algunos gobiernos de países desarrollados hablan de poner trabas al comercio con países o regiones que no respetan el medio ambiente, ni siquiera mencionan las persecuciones, asesinatos y expulsiones de personas indígenas de sus reservas o territorios. Artificialmente separan la supervivencia de los bosques de la suerte que corren sus guardianes naturales quienes viven en ellos.

Por tanto, es urgente que todos los países del mundo ratifiquen el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como otros documentos internacionales similares e incorporen sus contenidos a sus políticas nacionales e internacionales.

Debe haber mucha claridad sobre los contenidos del Convenio 169, que promueve la participación y consulta a los pueblos indígenas y tribales. No puede haber consulta si no hay participación y no puede haber participación efectiva si no hay información. Consecuentemente, como bien lo requiere el artículo 6 del citado Convenio, hay que facilitar los medios apropiados para que los pueblos indígenas puedan participar.

La consulta debe ser previa a la medida sobre la cual se quiere consultar y debe buscarse siempre el consenso. Es inaceptable la tesis promovida por sectores empresariales de que si los pueblos indígenas ya fueron consultados y no están de acuerdo, el gobierno ya queda libre para hacer o dejar que el sector privado haga lo que fue rechazado por las comunidades originarias.

Debe ser bien claro para todo el mundo que las motivaciones de las consultas obligatorias y previas son, entre otras, poner freno a la discrecionalidad y la arbitrariedad y comenzar a reparar las desigualdades que se fueron acentuando durante siglos como producto de las políticas de exclusión y/o exterminio.

Todos los Estados de América Latina y el Caribe aprobaron la Declaración de la ONU que mencionamos al principio. A su vez, el Sistema Interamericano es, sin duda, el Sistema Regional que ha desarrollado mayores y más estándares para la protección del derecho a la consulta y el consentimiento, previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Estas situaciones deben ser aprovechadas, claro. Pero a la vez hay que involucrar a las sociedades de países desarrollados que son mayoritariamente el origen de muchas multinacionales extractivas cuya codicia se manifiesta en el destierro, la esclavitud y el exterminio de los pueblos indígenas y evidencia que la discriminación y exclusión de estos pueblos es universal.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2021/09/desidia-global-con-los-pueblos-indigenas/

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Las mujeres ocupan solo el 15% de los cargos directivos en América Latina y el Caribe según informe del BID

Noticias

Las mujeres ocupan solo el 15% de los cargos directivos en América Latina y el Caribe

Por Mauricio David Vasquez Carvajal

Existen grandes brechas de género en el mundo empresarial de América Latina y el Caribe, donde las mujeres ocupan solo el 15% de los cargos directivos y son dueñas de apenas el 14% de las empresas, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio, titulado “Una olimpíada desigual: la equidad de género en las empresas latinoamericanas y del Caribe”, revela además que solo en una de cada diez empresas el puesto de gerente principal lo ocupa una mujer.

La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, el nivel de capacitación de la fuerza laboral, el uso de tecnologías avanzadas, y una cultura empresarial favorable son los principales factores que inciden en la equidad de género en las empresas de la región, según el informe.

“La desigualdad de género, particularmente en el mercado laboral, ha obstaculizado el crecimiento económico y el desarrollo social en la región durante demasiado tiempo. Es por eso que invertir en el liderazgo femenino y promover empresas propiedad de mujeres es fundamental para impulsar un crecimiento sólido y sostenible en toda América Latina y el Caribe”, dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.

La igualdad de género es uno de los cinco pilares de la Visión 2025, el plan del BID para lograr una recuperación sostenible y el desarrollo económico y social en la región. Dicha estrategia incluye el diseño de incentivos para financiar iniciativas y empresas lideradas por mujeres, así como mejoras en el acceso a los sistemas financieros.

El estudio se basó en entrevistas a mujeres empresarias y una encuesta a 1.015 empresas de 20 países de la región sobre la participación femenina en sus organizaciones, las políticas hacia sus empleados y el impacto ocasionado por la pandemia del Covid-19.

El estudio incluye recomendaciones como la implementación de legislaciones de cupo de género, la publicación transparente de información salarial, la creación de programas de capacitación y el desarrollo de una agenda que facilite el balance entre el trabajo remunerado y no remunerado que asumen la mayoría de las mujeres.

Principales hallazgos

La presencia femenina predomina significativamente en las áreas consideradas blandas, como comunicación y relaciones públicas. En áreas duras, como comercio exterior, las mujeres representan menos del 35% de las personas empleadas.

Existe una mayor proporción de mujeres en cargos bajos (36%) que en cargos altos (25%).

Las mujeres representan solo un 35% de la fuerza laboral que utiliza tecnologías avanzadas.

Seis de cada 10 empresas no brindan ningún tipo de licencia materna más allá de lo que determina la ley.

Apenas un 15% de las empresas analiza si existen brechas salariales dentro de su organización.

El estudio fue realizado por el Sector de Integración y Comercio del BID y su Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal), BID Invest , que colabora con el sector privado, y la División de Género del BID.

“La igualdad de género contribuye a la reducción de la pobreza y mejora la calidad del capital humano para las generaciones futuras”, dijo Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Integración y Comercio. “Nos enfocamos en entender el vínculo entre el nivel de internacionalización de las firmas y su equidad de género. Los resultados indican que es clave que los gobiernos de la región puedan negociar acuerdos comerciales que incluyan cláusulas de género para originar más y mejores empleos para las mujeres”, agregó.

Gema Sacristán, directora general de negocio de BID Invest, dijo que “Estamos ante una oportunidad única para que los inversionistas internacionales financien la recuperación de América Latina y el Caribe a través de las mujeres. También para los inversionistas locales, especialmente los institucionales, que están cada vez más interesados en la agenda sostenible”.

Descargar (PDF, 5.74MB)

Las mujeres ocupan solo el 15% de los cargos directivos en América Latina y el Caribe según informe del BID

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Sistema educativo en Honduras atraviesa la peor crisis de la historia

Noticias

El sistema educativo en Honduras ha sido muy difícil, ya que se ha intentando llevar de la mejor forma las clases virtuales en esta pandemia por la Covid-19, sin embargo, incrementó los desafíos de un sistema educativo que no había tomado en cuenta la brecha digital.

El sistema educativo atraviesa una crisis derivada de la pandemia por la Covid-19, generando trastornos en la educación escolar, y es una de las causas de los principales cambios en la cotidianeidad de las familias.

Mientras el Ministerio de Educación elabora un plan que analiza las propuestas para el “retorno seguro” a clases presenciales, los efectos que ha provocado la pandemia en la educación y en los hogares hondureños no se ha hecho esperar.

En el país la pandemia de la Covid-19 ha causado la mayor disrupción que ha sufrido la educación, ya que muchos estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para poder recibir clases de forma virtual.

Cabe recordar, que el gobierno decidió cerrar los centros de enseñanza el año pasado, como consecuencia de la pandemia, a fin de evitar contagios y muertes masivo por esta enfermedad. De esta forma el sistema presencial dio paso a las clases virtuales, con lo que las autoridades lograron salvar el año escolar.

Retorno a clases presencial

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, aseguró que sería fabuloso la propuesta de volver a clases presenciales en 30 municipios del país bajo estrictas medidas de bioseguridad, propuesta empleada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

No obstante, indicó que sólo es un elemento a considerar en la estrategia, porque la clave de todo esto es que la comunidad educativa, integrada por el director del centro, padres de familia, gobierno local y sociedad civil, evalúen las condiciones de su localidad y decidir si se pueden abrir o no los centros educativos.

Además, precisó que luego deben solicitar la autorización al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), ya que el que evaluará la situación y si la aprueba, pues ahí se aplicará la estrategia de “retorno seguro a clases”.

Sin embargo, afirmó que existe un elemento poderoso y es la vacunación a los docentes, ya que es necesario inmunizarlos, y de igual forma a los estudiantes para poder retornar de forma segura a las clases presenciales.

Sistema educativo en Honduras es crítico 

La propuesta de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) tiene como finalidad responde a la crisis del sistema educativo hondureño, recrudecida por el cierre de escuelas y colegios por la pandemia de Covid-19, que ha dejado a más de un millón de niñas, niños y jóvenes sin acceso a educación.

Según estudios de la ASJ y la plataforma Transformemos Honduras (TH), así como organismos internacionales, la situación actual del sistema educativo en Honduras es crítica, por consiguiente se requieren acciones inmediatas para iniciar la apertura gradual de los centros escolares en el país.

Una encuesta realizada a madres y padres de familia reveló que siete de cada 10 estudiantes se han retirado del sistema, el motivo es porque no cuentan con dinero para compra de Internet y de los que aún permanecen, el 76 por ciento matriculado en una escuela pública está recibiendo menos de cinco horas de clase a la semana.

No obstante, el 70 por ciento de los padres de la escuela pública estaría de acuerdo en enviar a sus hijos a clases presenciales.

De igual forma, el Estado debe de ser capaz de proveerles a los niños y niñas las condiciones necesarias para que puedan continuar con su proceso de aprendizaje, ya que ha sido incapaz de proveerles a los niños y niñas las herramientas y conectividad necesarias.

Educación atraviesa la peor crisis de la historia

El exministro de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, lamentó que en Honduras el sistema educativo en éste momento esté atravesando la peor crisis de la historia, y que el gobierno no actúe para buscar una solucionar a este problema que es de suma importancia en el país.

Igualmente, precisó que la mitad de los escolares intentan recibir sus clases de forma virtual, pero lamentablemente muchos no cuentan con una herramienta adecuada, ni con dinero para poder comprar internet.

“Hasta el momento no hemos visto nada, no hay inversión en tecnología. Se compraron 12 mil tablets frente a un millón de niños sin acceso a estos aparatos, indicó Escoto.

Asimismo, agregó que hasta el momento no ha visto un plan estratégico por parte de las autoridades hondureñas, donde hablen de un plan de apertura vacunando a los decentes y a los niños mayores de 12 años.

Fortalecimiento en centros educativos

El director de la coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Wilmer Vásquez, planteó que es importante fortalecer los canales de educación por medio de plataformas tecnológicas y analizar el contexto previo a un retorno a clases.

De acuerdo al anuncio de un pilotaje por parte de la Secretaría de Educación, en treinta municipios de diferentes departamentos del país, donde se espera la participación de 42,832 estudiantes y 1,744 maestros, en 1,353 escuelas, indicaron que se debe analizar previamente si se cumplen con todas las condiciones necesarias, para evitar que haya mas contagios y muertes en el país.

Asimismo, señalaron que sin la evaluación, análisis y valoración de las condiciones y capacidades en infraestructura y saneamiento básico de los centros educativos, no será posible pretender realizar un retorno a clases de forma presencial.

Como uno de los puntos a tomar en cuenta, destacan contratar más personal docente que pueda dar seguimientos individualizados a estudiantes mediante visitas domiciliarias y a través de plataformas virtuales y procurar así, que decaiga grandemente la calidad del servicio educativo tal como está ocurriendo actualmente.

En Honduras ha sido muy difícil conllevar el sistema educativo, ya que se ha intentado llevar de la mejor forma las clases virtuales en esta pandemia por la Covid-19. No obstante, la realidad de la educación hondureña incrementó los desafíos de un sistema educativo que no había tomado en cuenta la brecha digital.

La modalidad virtual debe de ser tratados de manera integral para evitar que la deserción aumente y la desigualdad en la educación sea aún mayor.

Fuente: https://hondudiario.com/covid-19/sistema-educativo-en-honduras-atraviesa-la-peor-crisis-de-la-historia/

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‘No estoy aprendiendo nada’: América Latina enfrenta una crisis de educación pandémica

Noticias

Por: www.nytimes.com/ Julie Turkewitz/Photographs by Federico Rios

Mientras las economías se tambalean y millones de niños y jóvenes están fuera de las aulas, los expertos advierten que los estudiantes latinoamericanos están abandonando las escuelas en cifras alarmantes.

SOACHA, Colombia — Dos de los hijos de Gloria Vásquez ya habían abandonado la escuela durante la pandemia, incluida su hija de 8 años, Ximena, que se había quedado tan rezagada que tenía problemas con la aritmética más básica.

“¿Uno más uno?”, preguntó Vásquez a su hija una tarde.

“¿Cuatro?”, aventuró la niña.

Ahora, Vásquez, una madre soltera de 33 años y ama de llaves de un motel que no pasó de quinto grado, se decía a sí misma que no podía dejar que su tercer hijo dejara la escuela.

“¿Dónde está Maicol?”, preguntó a sus hijos, al llamar a casa una noche durante otro largo turno fregando pisos. “¿Está estudiando?”.

Maicol, de 13 años, ciertamente no estaba estudiando. Frustrado por las hojas de tareas que sus profesores le enviaban por mensaje de texto —lo más parecido a la enseñanza que su escuela había podido darle en más de un año—, Maicol había acompañado a su tío al trabajo. Juntos arrastraban una carretilla gigantesca por las calles, rebuscando entre la basura, recogiendo botellas y latas para venderlas por unos centavos el kilo.

“No estoy aprendiendo nada”, dijo, mientras su madre lo volvía a regañar por ir a trabajar en vez de estudiar.

Ya avanzado el segundo año de la pandemia, América Latina enfrenta a una crisis educativa. Ha sufrido el cierre de escuelas más largo de cualquier región del mundo, según Unicef, casi 16 meses en algunas zonas. Mientras que muchos estudiantes de los países más prósperos han regresado a las aulas, 100 millones de niños de América Latina siguen estudiando total o parcialmente a distancia, o, como en el caso de Maicol, en una aproximación lejana a eso.

Los funcionarios y expertos en educación dicen que las consecuencias son alarmantes: con las economías de la región afectadas por la pandemia y las conexiones con las aulas tan desgastadas, los niños de primaria y secundaria están abandonando la escuela en gran número, a veces para trabajar donde puedan.

Según estimaciones del Banco Mundial, es posible que millones de niños en América Latina ya hayan abandonado el sistema escolar. En México, 1,8 millones de niños y jóvenes no retomaron sus estudios este año, lo que equivale a cerca del cinco por ciento de la población en edad escolar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país.

Se calcula que Ecuador perdió 90.000 alumnos de primaria y secundaria. Perú dice que ahora hay 170.000 menos. Y a las autoridades les preocupa que las pérdidas reales sean mucho mayores porque innumerables niños, como Maicol, siguen técnicamente matriculados, pero tienen dificultades para continuar sus estudios. Más de cinco millones de niños en Brasil no han tenido acceso a la educación durante la pandemia, un nivel no visto en más de 20 años, dice Unicef.

El aumento del acceso a la educación ha sido uno de los grandes logros del último medio siglo en América Latina, con un incremento de la matriculación de niñas, estudiantes pobres y miembros de las minorías étnicas y raciales, que llevó a muchos a la clase media. Ahora, una avalancha de abandonos escolares amenaza con hacer retroceder años de progreso duramente conseguido, agudizando la desigualdad y posiblemente configurando a la región para las próximas décadas.

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