Desigualdades Sociales

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Desigualdad social, un problema con historia

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

 

En América Latina, las desigualdades sociales han tenido vigencia y variaciones en función de las distintas épocas históricas.

Entre las sociedades aborígenes esas desigualdades se hacen visibles desde el período que los arqueólogos denominan como “desarrollo regional”, con “señoríos”, cacicazgos y curacazgos. Las grandes culturas imperiales de Aztecas, Mayas e Incas, sobre las cuales hay ricas referencias entre los primeros cronistas de indias y que han sido estudiadas ampliamente por etnohistoriadores contemporáneos, se basaron en profundas divisiones jerárquicas y evidentes desigualdades sociales. Pero, sin duda, la conquista y el coloniaje ibérico, inauguraron los procesos que han servido de base para explicar el origen de las desigualdades contemporáneas.

Durante la colonia se sancionaron legalmente las diferencias, sobre principios racistas y clasistas, de modo que los “blancos” no solo concentraron el poder, sino que tuvieron privilegios en cargos públicos, títulos o educación. Los indígenas -y peor los negros esclavos- no solo fueron sometidos y reducidos a condiciones de pobreza extrema, sino que su fuerza de trabajo fue permanentemente sobrexplotada. Los indígenas no podían ascender en la sociedad y tampoco educarse como lo hacían las castas “superiores”. Las terribles condiciones de vida y trabajo de los indígenas y de las capas más “bajas” de la sociedad colonial, marcaron la estructura social de América Latina.

La situación no cambió con las independencias y la constitución de los Estados Nacionales. Por lo menos hasta mediados del siglo XIX se mantuvo la esclavitud, mientras los pobladores fueron excluidos de la “democracia” por no contar con ingresos mínimos ni saber leer o escribir y los indígenas fueron expresamente marginados. La hegemonía de terratenientes y comerciantes permitió que gozaran del privilegio de la riqueza legalmente reconocida. Fueron los liberales y radicales quienes progresivamente cambiaron esas herencias, al reconocer derechos individuales universales y la igualdad jurídica de los ciudadanos, aunque esa ciudadanía censitaria continuó restringida hasta bien entrado el siglo XX.

El principio de “igualdad” simplemente jurídica y legal, derivado del pensamiento ilustrado y de la filosofía republicana, ha predominado durante el siglo XX, encubriendo las desigualdades sociales que la realidad económica siempre impuso. Ensayistas y politólogos constantemente denunciaron esas realidades. Pero ha sido el desarrollo de la economía el que ha permitido ya no solo visualizar las desigualdades sociales, sino medirlas. Sin duda el refuerzo que ha dado la historia económica ha sido fundamental.

La economía no fue una carrera o especialización autónoma sino desde las décadas de 1920 y 1930, aunque no en todos los países. Normalmente los estudios de economía eran reducidos y vinculados a la formación de los abogados, como también ocurrió largamente con la sociología y la politología. La “teoría económica” provenía, sobre todo, de los grandes países capitalistas centrales y no era raro que a sus autores se les tuviera como autoridades indiscutibles. En todo caso, lentamente comenzaron los estudios económicos sobre las realidades nacionales en distintos países y se levantaron precarias estadísticas sobre asuntos nuevos, ya que fueron tradicionales las estadísticas -muy elementales- sobre comercio exterior y hacienda pública. El despegue de la economía latinoamericana está vinculado a los gobiernos “populistas” de las primeras décadas del siglo XX, a las facultades de economía que se fundaron, también a la conformación de bloques mundiales (capitalismo, socialismo y Tercer Mundo) después de la II Guerra Mundial, la creación de organismos internacionales a raíz de los Acuerdos de Bretton Woods, en forma particular a las actividades de la CEPAL creada en 1948 y singularmente a las políticas desarrollistas de las décadas de 1960 y 1970. Hoy contamos con una diversidad de estudios sobre América Latina en los cuales se ha esclarecido el asunto relativo a las desigualdades sociales (https://bit.ly/3EzAGLk), aún antes de los modernos e interesantes trabajos que ha publicado Thomas Piketty (https://bit.ly/3KA8BHu), en los que, sin embargo, América Latina está ausente.

Los estudios contemporáneos han permitido comprender, con mayor profundidad, algunas situaciones. Está muy claro que América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo; que la ideología neoliberal introducida en la región desde la década de 1980 solo agravó los términos de la desigualdad social; que esa desigualdad continúa afectando la vida y las condiciones de trabajo de amplios segmentos de la población, caracterizados por la pobreza, el desempleo y el subempleo, que afecta sobre todo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La pandemia del Covid incluso agravó las desigualdades sociales, sin que todavía se recuperen las situaciones anteriores a 2020, como ha ocurrido en Ecuador, donde las desigualdades incluso se han agravado: mientras en 2019 el ingreso mensual por persona del 5% más rico era 43,28 veces superior al del 5% más pobre, en 2020 era 59,25% mayor, en 2021 fue 47,68% y en 2022 es de 47,72% (https://bit.ly/3XX6Fw0). Y el tema es tan significativo que entre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible acordado por las NNUU en 2015 y que deberían cumplirse hasta 2030, constan: fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, reducción de las desigualdades (https://bit.ly/2qk9f28)

Desde luego, queda igualmente en claro, que el cuadro económico de las desigualdades sociales no solo es fruto de un pasado histórico de exclusiones y explotación humana, así como de concentración de la riqueza en minorías constituidas como clases dominantes en las distintas etapas seguidas por los países latinoamericanos, sino que es una realidad derivada del poder en los Estados, captado por esas minorías ricas. Por consiguiente, las soluciones al problema de las desigualdades sociales no pasan únicamente por su reconocimiento teórico y la formulación de políticas económicas destinadas a la redistribución de la riqueza, sino por la reestructuración de las condiciones del poder. Y esta perspectiva toma cada vez mayor fuerza en América Latina, de modo que hoy existe un proceso de construcción y toma de conciencia social -cuya extensión en el tiempo es imprevisible-, sobre la necesidad de superar las desigualdades sociales y avanzar en la inevitable afectación que ello provocará sobre las capas concentradoras de la riqueza.

Blog del autor: Historia y Presente:
www.historiaypresente.com

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Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org

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Universidades y paz total

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

   Las Universidades tienen ética y socialmente el compromiso incuestionable de comprometerse con la construcción de paz total.

    La creación de la universidad intercultural indígena, anuncia prácticas, concepciones y modos de acción distintos sobre la formación profesional, infraestructuras, compromisos y saberes en integración de comunidad y territorio desde la misma vida cotidiana; al mismo tiempo aparece en el panorama la universidad del trópico, Unitrópico, con enorme responsabilidad en el amplio entorno de la Orinoquia colombiana, con puertas de entrada y salida hacia la inmensa llanura y la valiosa biodiversidad de la selva amazónica. Se amplía de 32 a 34 el número de universidades del sistema universitario estatal SUE, con presencia en todos los territorios.

      La capacidad del SUE se dimensiona con la oportunidad que tiene para proyectarse hacia el mejoramiento de las oportunidades educativas para todos los jóvenes y no sólo para quienes pueden vivir el sueño del estudio en las ciudades, pero además, para ahondar en la comprensión de territorios y saberes aún inexplorados, aportar para desarrollarlos conforme a identidades, culturas, patrimonios y demandas propias de bienestar de poblaciones y gentes marginadas u olvidadas, y ratificar su compromiso de incorporar a su visión la construcción de la paz total estable y duradera que libere de violencias y empuje al país a su consolidación como sociedad basada en derechos.

        Las universidades públicas que, por naturaleza, son una mezcla de ciencia, cultura y libertades, se deben a la nación. Su esencia se determina en la docencia para emancipar, la investigación para promover el bienestar y la convivencia, y la extensión para sostener vínculos de solidaridad con la sociedad. En su misión todas anuncian la formación integral y creación de conciencia crítica, que remite a conductas éticas en profesiones, ciudadanías y sentido de humanidad, para reconocer el todo y sus partes, respetar a los otros y atender diferencias en todos sus géneros y maneras de representación, para que nadie pueda pretenderse juez moral de otro, ni verdad única a seguir.

       La condición de territorios de paz de las universidades, desarmadas en sus espíritus, verbo y acciones, las conmina a asumir responsabilidades efectivas, a asegurar la calidad e impacto de sus intervenciones en las transformaciones sociales y humanas y defender la vida y el bien público. Es hora de cambiar su actual modelo de gestión de resultados basados en indicadores formales y de tomar distancia de filosofías empresariales y de negocios, que reportan recursos a un lado y detrimentos en la calidad del otro. Resignificar su naturaleza y misión será el camino necesario para liberarse de las funestas ataduras del modelo neoliberal incrustado con la ley 30 de 1992 que cambió la morfología de las universidades, atrajo a muchas a asumir la autonomía como una libertad de mercado, enviando al margen la concepción de la educación como derecho. El desafío inmediato, que ojalá se traduzca en una declaración pública, está en la reconstrucción de su visión que el mercado como sistema abierto alteró y permitió que el capital destituyera la esencia política del hacer académico.

      Volver a reconocer la naturaleza universitaria científica y cultural, es un paso obligado para avanzar en sistemas de garantías a la educación superior como derecho humano. El estado sabe que llegó el momento para formular la política pública de la educación superior y que la universidad pública espera ser totalmente financiada con el presupuesto de la nación, y en reciprocidad asumir un compromiso esencial para dirigir sus esfuerzos a la construcción material de la paz total, volcando las capacidades colectivas de estudiantes y docentes a acompañar de inmediato a la sociedad en la formación integral, en territorios, campos y ciudades, barrio a barrio, otra vez en extensión solidaria.

      Si las universidades asumen el compromiso por la paz, serán cerca de un millón de universitarios/as, interactuando con la población, en busca de superar rápidamente las anomalías e ir hacia la tranquilidad que tienen los países pares de la OCDE, en los que la paz es la condición esencial del estado de derecho y fuente principal del respeto a derechos humanos y garantías para la convivencia libre de temores. En los planteamientos de paz total, colocados en el centro de la brújula del gobierno, las universidades están convocadas a cumplir un papel protagónico movilizando su ciencia, cultura, rebeldía y solidaridad humana hacia los sectores de población más vulnerable. Paz total es más que la suma de conflictos resueltos y para las universidades llega un momento oportuno para liberarse de rezagos todavía medievales y dejar atrás sus actuaciones de instituciones-máquina conducidas por estímulos políticos y de mercado a veces, jurídicos otras, que las limitan para actuar y resolver sus asuntos y conflictos con base en la dialéctica y argumentos o permanecen extraviadas entre marañas de indicadores, metas y clasificaciones que violentan la condición del ser del docente, estudiante o funcionario y como instituciones responden acríticamente a impulsos del mercado y poder, condenando al silencio el argumento y la palabra. El gobierno popular abre sus puertas para construir país, de abajo hacia arriba, del territorio y la institución hacia el centro y el ministerio ofrece escuchar sin las presiones a las que estaban sometidas. Es momento para volver a hablar con autonomía, no para vender y extenderse de manera ilimitada, pero sí para volver a hacer parte vital de la vida social, recuperar el afecto y la confianza de la gente, autoconvocarse a volver sin demora a la plenitud de las ideas, al debate abierto, al diálogo franco y al rechazo unánime de toda violencia, amenaza, chantaje, temeridad e intereses personales o privados disfrazados de interés colectivo.

        Las universidades pueden ser parte inevitable para atajar la desigualdad e impedir los fascismos, y sobre todo para participar como actor relevante en la tarea hasta ahora no explorada de promover el desarme total de la sociedad civil, sus grupos y manifestaciones y reducir hasta erradicar las violencias cotidianas. Pueden aportar en las negociaciones políticas con las insurgencias, al amparo de las reglas de la guerra y contribuir con el acogimiento y desarticulación de grupos criminales. Las universidades en particular las públicas, tienen la responsabilidad y oportunidad real de desmontar sus egos (sostenidos a veces con solas formalidades) y sus miradas hacia sí mismas y reconducir agendas de movilización de sus acumulados y experiencias de resistencia hacia la construcción de paz total, mirando hacia la sociedad otra vez, extendiendo hacia ella su visión y prácticas de formación integral de seres humanos y comprometer sus esfuerzos institucionales desde su papel activo en el plan de desarrollo en construcción de abajo hacia arriba, hasta en la creación de culturas hoy inexistentes de legalidad, democracia y ciudadanía necesarias en la formación de la sociedad de derechos.

Fuente: https://rebelion.org/universidades-y-paz-total/

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La desigualdad en educación que dejó la pandemia en Colombia

Noticias

Recientemente fue publicada una investigación de la Universidad de los Andes que deja ver este fenómeno a través de un análisis en las pruebas Saber 11 frente a distintas variables.

Aunque con anterioridad ya se habían publicado balances e informes que hablaban de la influencia de la pandemia en la educación, a nivel mundial y en América Latina, recientemente se conoció el primer estudio realizado en el país que deja ver cómo afectó la pandemia en la educación en varios niveles, que pueden verse a la luz de la prueba Saber 11 durante los últimos dos años de confinamiento.

De acuerdo a un informe de la Unesco publicado en 2021, varios países se vieron afectados a nivel mundial por los confinamientos a nivel educativo. “En numerosos países los niños han perdido la mayor parte o la totalidad del aprendizaje escolar que deberían haber adquirido en la escuela, siendo los más jóvenes y los más marginados los más afectados”, advirtió la organización. Por su parte, también se conoció que el cierre de los colegios fue un 70% más largo que en países como México, Estados Unidos o Canadá, según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco de Desarrollo de América Latina.

Pero, ¿cómo afectó el aprendizaje la pandemia en nuestro país? 

A partir de estas y otras preguntas, un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes realizó una investigación. Según El Espectador dicha institución publicó un estudio en el que se analiza la desigualdad de los resultados de la prueba Saber 11 durante la pandemia. “El propósito de este trabajo es medir, a través de pruebas estandarizadas, el cambio en la desigualdad en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria a partir de las características de los individuos, de sus hogares y de las características de las sedes educativas”, dice el resumen del mismo.

De esta forma el estudio midió el cambio en la desigualdad en el período de 2016 a 2020. En total, se utilizaron cinco dimensiones “para cuantificar las brechas en el aprendizaje educativo”. Estas fueron: individual (género y etnia), conectividad del hogar (acceso a internet y computador), hogar (número de libros, hacinamiento y educación de los padres), sede educativa (sector y zona) y municipio (PDET).

Los resultados fueron alarmantes: la desigualdad aumentó más del 100 %, en la gran mayoría de variables. También se evidenció un aumento de la desigualdad del 173 % entre los estudiantes de sectores urbanos y los de zonas rurales entre 2016 y 2020. Esto significa que la diferencia en los puntajes de estas pruebas de estos dos grupos aumentó más de dos veces.

“Por otra parte, antes de la pandemia, la relación entre el acceso a computador e internet y los mejores resultados en las pruebas era muy pequeña, pero en 2020 la relación aumentó “significativamente”. El acceso a computador e internet mitigó el efecto de la pandemia en un 60 y 63%, respectivamente. Esto significa que estudiantes con acceso a estas herramientas pudieron mantener mejores resultados, generalmente, que los que no tienen acceso”, evidenció El Espectador que también hizo alusión a que la única brecha que disminuyó en la pandemia fue la de género, en un 15,5 %.

Esto, explica la misma fuente de información que también entrevistó a uno de los autores del estudio, no se sabe si es por una reducción de la desigualdad en el aprendizaje entre hombres y mujeres o si se debe a una transformación en la composición de estudiantes que presentaron la prueba, por lo que la pregunta investigativa sigue abierta.

Para explorar el cambio en la desigualdad en cada variable, los investigadores compararon estudiantes que comparten las mismas características, menos una de ellas. Por ejemplo, dice el mismo diario, “compararon a los hombres de colegios públicos con padres graduados de universidades, pero que se encuentran en dos áreas distintas, la rural y urbana”. 

Fuente: https://www.radionica.rocks/noticias/la-desigualdad-en-educacion-que-dejo-la-pandemia-en-colombia

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Libro(PDF): Bicentenario de Centroamérica. Historias comunes, luchas y transformaciones

Reseñas

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

A lo largo de doscientos años de autonomía en Centroamérica se ha demostrado suficientemente que las pretensiones de independencia, a pesar de consolidarse en el plano político, no abonaron para generar el cambio de las estructuras sociales y económicas. Abundantes análisis señalan la recurrente falta de visión y voluntad para reorientar el camino de los países centroamericanos. ¿En dónde está la región? ¿Qué perspectivas se pueden visualizar a partir de las condiciones con las que se convive cotidianamente? ¿Hay alternativas que subsanen los excesos del sistema vigente y que lo reorienten o transformen? Estos y otros más son los interrogantes que motivan y estimulan los quince ensayos que componen este libro colectivo, ganadores de la convocatoria organizada por la Secretaría Ejecutiva de CLACSO y los centros miembros de Centroamérica con la finalidad de poner en valor la relevancia del conocimiento producido por las y los investigadores desde la región para fortalecer la integración latinoamericana.

Autora: Karina Batthyány. [Presentación]

Agustín Haroldo Locón Solórzano. Miguel Gomis. Edgar Baltazar Landeros. Katherine Pose. Leslie Lemus. Cristian Osorio. Ernestina Tecú. Juliana Gil Ortiz. Rodolfo Calderón Umaña. Cristina Sánchez Parra. Emmanuel Pontones Roldán. Luis Diego Arias Campos. Laura Carlsen. Orlando Castillo. Néstor Véliz Catalán. Ezel Obed Hernández Gamero. Ana Silvia Monzón Monterroso. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. Tailbook.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina.

ISBN: 978-987-813-059-0

Idioma: Español

Descarga: Bicentenario de Centroamérica. Historias comunes, luchas y transformaciones

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2424&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1594

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Pertinencia de Políticas Públicas Integrales en atención a la niñez en México

Educación Futura

Por: Beatriz Olivia Camarena Gómez*

En las últimas décadas, como consecuencia de los desajustes económicos internacional y nacionales, se han arraigado y elevado en la sociedad mexicana una serie de desventajas sociales, con sus afectaciones correspondientes en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, por lo cual se espera que esta población sea sujeto de atención prioritaria en la agenda política nacional, sobre todo de aquellos que residen en contextos urbanos y rurales de alta marginación.

La directriz del gobierno mexicano ha estado marcada por factores estructurales de tipo económico al apostarse por la liberalización económica e integración a los mercados globales pero los beneficios esperados de tal estrategia siguen sin concretarse a la fecha: persiste el nivel de estancamiento de la economía nacional, el empleo no se ha reactivado ni tampoco los indicadores de pobreza, entre otros. En ese contexto, la CEPAL, FAO e IICA (2019), han planteado la necesidad de adoptar un enfoque intersectorial de doble vía en zonas rurales para promover el desarrollo regional, como parte sustantiva de una estrategia que apuntala lo rural como factor clave para superar la pobreza, el hambre, la malnutrición y el cambio climático: la agricultura y actividades relacionadas se plantean como indispensables para promover el desarrollo sostenible de los territorios, revertir las fuertes desigualdades que subsisten en la región, y concretar logros importantes en la dimensión social de la Agenda 2030. En esa vía se recomienda atender los principales “nudos” que estructuran y reproducen las desigualdades sociales (alimentación, nutrición, salud, nivel socioeconómico, desigualdades de género, étnicas, territoriales), sin obviar que se trata de factores vinculantes que interaccionan y se potencian entre sí, manifestándose en todos los ámbitos del desarrollo social y de los derechos al afectar los ingresos, el trabajo, la protección y cuidado social, la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos, entre otros.

Por su parte, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019-2024) propuso incorporar en las agendas de política nacional en atención a la niñez, esquemas integrales que faciliten la articulación de programas sectoriales (de desarrollo social, de salud, educación, participación y nutrición, entre otros), para conformar, gradualmente, un entorno de protección de los derechos de la niñez encaminado a reducir las desigualdades sociales. En su llamado destacan los efectos positivos que esas acciones en el bienestar social pueden desencadenar al contribuir en el desarrollo regional y la protección del ambiente.

En México este sexenio se han empezado a impulsar cambios sustantivos en la política nacional, sin embargo, ésta sigue condicionada por el comportamiento que presenten factores estructurales de la economía mundial al ser las políticas laborales y sociales dependientes de las instrumentadas en materia fiscal, monetaria, financiera, cambiaria y de comercio exterior. En esa red vinculante de las políticas sociales (educación, salud, laboral) se entretejen factores, instituciones, actores y procesos que interaccionan en un cuerpo complejo de programa, lineamientos y acciones de política pública. La pandemia por el SARS CoV-2 (COVID-19) ha puesto en evidencia esas conexiones estructurales  complejizado más la problemáticas de salud, alimentación y pobreza.

Tal es el contexto que justifica diseñar e impulsar proyectos integrales con incidencia en la alimentación, nutrición y salud comunitaria ad hoc a las condiciones de precariedad social y de amenaza ambienta prevalecientes en comunidades rurales y urbanas marginadas (escasez y/o uso ineficiente del recurso hídrico, contaminación del aire, generación de desechos, uso excesivo de sustancias tóxicas, etc.) y problemas asociados con la delincuencia y violencia estructural que permean y afectan cada vez más la convivencia y salud comunitaria (Yañez y Camarena, 2019).

En comunidades rurales con alta vocación agrícola en Sonora, México la precariedad socio-económica y la exposición a agroquímicos están latentes y representan riesgos en la salud y desarrollo para sus habitantes. Los estudios realizados en esta región han mostrado presencia de agroquímicos en agua y suelo agrícola (Moreno et al., 2012; Cantú et al., 2011; Cejudo et al., 2012; García et al., 2013; Leal, et al., 2014); en diversos alimentos (Yarita et al. 2015; García et al., 2013); en fauna (Gallo et al., 2015); e incluso en muestras biológicas humanas (Valenzuela et al., 2008; Riojas et al., 2009; Silveira et al., 2011; Macias et al., 2008). En estos últimos, se han reportado concentraciones de plaguicidas organoclorados en sangre por arriba de los límites máximos permitidos en niños y niñas del sur de Sonora (Cejudo et al., 2012) o bien por encima de lo reportado en estudios similares pero realizados con población infantil de Estados Unidos (Meza et al., 2013). Se han identificado matices diferenciados de precariedad social y amenaza ambiental por tipo de localidad (rural o urbana), por región agrícola (norte, centro y sur) y por su pertenencia (o no) a un grupo indígena, siendo estas últimas y el contexto rural las que presentan índices de mayor afectación (Ochoa, et al., 2018). La población infantil de estas localidades presenta alta incidencia en dolor de oído, gripa, manchas en la piel y anemia, pudiendo algunas de ellas asociarse con exposición a agroquímicos (Ochoa et al., 2018); y en desarrollo cognitivo, los niños y niñas del medio rural participantes en estudio (Yañez et al., 2020) mostraron asociaciones negativas significativas en memoria de trabajo (r= -.396), comprensión verbal (r= -.406) velocidad de procesamiento (r=-.280) y razonamiento perceptual (r= -.437), comparados con niños en condiciones de vulnerabilidad social similar pero residentes en contextos urbanos (Hermosillo) y semiurbanos (San Luis Potosí).

El ciclo de enfermedades ambientales, utilizado de manera recurrente en el campo de la nutrición por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002), y retomado por Mergler (2012, 2014) para ligarlo a la problemática social que genera la exposición a plaguicidas, destaca esas conexiones entre el contexto de amenaza ambiental, la precariedad social y el desarrollo humano. El análisis inicia con las mujeres embarazadas que habitan las localidades agrícolas en las cuales se ha probado presencia de sustancias tóxicas y donde las féminas viven condiciones de trabajo y vida adversas; ellas transmitirán a sus hijos en gestación (feto) los riesgos en salud a través de la dieta que consumen y, en consecuencia, el recién nacido será de bajo de peso y estará expuesto directamente al tóxico a través de la leche materna –por las características de los plaguicidas es muy posible que estén presentes en la leche materna; sin embargo, falta estudiar si los beneficios de la leche materna permitirán superar o no tal riesgo-. Siguiendo con el análisis del ciclo, ese niño recién nacido que vive en un hogar en situación de pobreza y cuyos padres tengan poco o nulo conocimiento de los riesgos que genera la exposición ambiental, seguirá en riesgo. El niño juega en el piso y se expone a estos contaminantes a través de suelo. Al ser constante tal situación, el niño a los tres años puede presentar retrasos en su desarrollo, no tiene la estimulación demandada y se enferma frecuentemente.  A los 6 años, el niño o niña va a la escuela, pero presenta falta de energía, o fatiga y tiene un pobre rendimiento, este pobre rendimiento se ha dado a conocer en investigaciones como la realizada por Guillete et al. (1998). Durante la adolescencia o juventud, muchos abandonarán la escuela y por su poca calificación y/o desgano, sólo lograrán colocarse en trabajos mal remunerados asociados a tareas que  intensifican el riesgo de exposición a productos tóxicos. En el caso de las mujeres, se repetirá la situación de embarazo temprano  (14 a 18 años) y en el de los hombres, se reproducen situaciones de anomia y/o conducta antisocial o criminal; que sentarán las bases para reproducir el ciclo de enfermedad ambiental en la próxima generación.

Sin duda hace falta realizar estudios prospectivos y de alcance longitudinal para valorar mejor las afectaciones sociales en la población infantil pero los estudios citados en esta nota, dan cuenta de condiciones ambientales y sociales adversas que afectan esa etapa fundamental del desarrollo humano, la niñez. Es realmente preocupante esa interacción entre problemas sociales (inseguridad, pobreza, insuficiente y baja calidad de servicios de salud y educación) y problemas de contaminación por agroquímicos, polvo, escasez de agua e intrusión salina, entre otros  (Camarena et al., 2020). El reto implica desarrollar e impulsar políticas públicas integrales encaminadas a generar condiciones más benignas para la niñez, una política nacional que no obvie los factores estructurales citados y que coloque en el centro de atención a esos grupos de población en desventaja social. Sin duda, las políticas en materia de salud, alimentación y educación deben considerar a los niños pero también a sus padres, a la familia rural, a los docentes y demás actores e instituciones sociales involucrados en la problemática, un punto medular es la cuestión laboral, el tipo de trabajo y la responsabilidad empresarial en las actividades y procesos causales de la amenaza ambiental.

Una esperanza en ese sentido la ofrece la UNICEF-México en la Agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024 en su propósito de consolidar el sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de cinco ejes de actuación prioritaria: a) garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia; b) desarrollar e implementar una estrategia nacional integral para la erradicación de todas las formas de malnutrición infantil; c) garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes vayan a la escuela y aprendan; d) poner fin a todas la formas de violencia contra la niñez y la adolescencia y asegurar la atención y restitución integral de los derechos de aquellos que han sido víctimas de ésta; y e) garantizar la protección y el acceso a derechos a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes. Habrá que ver cómo se avanza en su ejercicio práctico y si realmente permite romper el círculo perverso de la enfermedad ambiental que tristemente se ha normalizado en buena parte de las localidades rurales y urbanas marginadas de nuestro país.

Bibliografía

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Valenzuela A.I., Ortega M., Balleteros M., Gutiérrez L., Grajeda P., Cabrera R.; Saucedo S. y Contreras, A. 2008. Evaluación directa a plaguicidas de jornaleros agrícolas e indirecta por consumo de agua y alimentos y su impacto en la expresión del síndrome metabólico. Informe Técnico Final- CONACYT.

Yáñez-Quijada A., Camarena-Gómez B., y Morales Villegas Raúl. 2020. “Evaluación de tareas cognitivas de infantes en vulnerabilidad socio-ambiental utilizando una versión corta del WISC IV”. Pp. 34-51. Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales (UACJS). Volumen 11, Numero 1 (enero-junio). ISSN: 2007-1833. DOI: 10.29059/rpcc.20200617-102

Yáñez-Quijada A., Camarena-Gómez B. 2019. Salud ambiental en localidades agrícolas expuestas a plaguicidas en Sonora. Revista Sociedad y Ambiente, año 7, Núm. 19, marzo-junio 2019. ISSN: 2007-6576, pp. 55-82. DOI: 10.31840/sya.v0i19.1939

Yarita T., Aoyagi Y., y Otake T. 2015. Evaluation of the impact of matrix effect on quantification of pesticides in foods by gas chromatography–mass spectrometry using isotope-labeled internal standards. Journal of Chromatography A 1396, 109-116.

*Es Doctora por la Universidad de Salamanca (España), donde cursó el programa “El medio ambiente natural y humano en las ciencias sociales”. Estudios superados con sobresaliente cum laude en el Departamento de Sociología y Comunicación. Se desempeña como profesora-investigadora en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., adscrita al Programa de estudios ambientales y socioculturales del desarrollo, en la Coordinación de Desarrollo Regional. Sus principales líneas de Investigación son “Educación y comunicación ambiental” y “Estudio y Gestión Ambiental del Desarrollo”.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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América Latina: Lanzamiento informe: La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe

Reseñas

Lanzamiento informe: La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe

 

Persisten los problemas en América Latina: Desigualdades sociales, altos niveles estructurales de pobreza, poca inversión por parte de los estados, la productividad escasa.

Descargue este video de la CEPAL y obtendrá esta interesante información que desnuda la problemática de América Latina y el Caribe.

Fuente de la Información: https://www.cepal.org/es/videos/lanzamiento-informe-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe

 

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La deuda: un mecanismo infernal en el centro de la feminización de la migración

Contrahegemoniaweb

Por: Christine Vanden Daelen

La deuda al servicio de una economía feminizada y racializada.

El capitalismo globalizado, dentro del que el «sistema de la deuda» es esencial, exacerba las desigualdades sociales. Alimenta y acentúa las desigualdades relacionadas con la clase, el género y la «raza». De hecho, el capitalismo es estructuralmente patriarcal. Y no podría funcionar sin la explotación del trabajo reproductivo 1/ de las mujeres, un trabajo que está totalmente devaluado, infravalorado, invisible y, por tanto, muy mal pagado o, directamente, no pagado (gratuito). Además, se basa en una lógica racial que establece un principio de jerarquía entre las personas «blancas» y las «no blancas». Estas últimas asignados al fondo de la escala social y de la división del trabajo, lo que favorece su explotación desmedida. Así, el capitalismo, el patriarcado y el racismo están entrelazados y refuerzan mutuamente sus opresiones. La deuda, una de las principales herramientas para la consolidación de este capitalismo patriarcal y racializado, ataca a las poblaciones más vulnerables y marginadas, de las que sin duda forman parte las mujeres precarias, migrantes y racializadas. Por ello, a ellas les conciernen específicamente las medidas exigidas en su nombre, que acentúan la división sexual y racial del trabajo y las violencias sexistas y machistas.

El exilio forzado de las mujeres como consecuencia del “sistema deuda”

La deuda no es neutral en cuanto al género. La desestructuración que genera tiene impactos específicos de género, empujando a cada vez más mujeres a abandonar sus familias, sus comunidades, sus ciudades, sus pueblos y países, no para involucrarse en un proyecto con perspectivas emancipadoras, sino para tratar de sobrevivir y asegurar su subsistencia y la de sus seres queridos.

El desmantelamiento del Estado social que está en el centro de las exigencias de austeridad tiene múltiples implicaciones para las mujeres. La privatización y los recortes presupuestarios impuestos a los servicios públicos y sociales les afectan específicamente como trabajadoras 2/, usuarias y beneficiarias de estos sectores, pero también como madres, compañeras e hijas que tendrán que «compensar» la pérdida o inaccesibilidad de estos servicios. De hecho, para llevar a cabo las tareas de cuidado y educación desatendidas por la administración pública, no tienen más remedio que reducir su jornada laboral remunerada o tomar de sus escasos recursos los fondos necesarios para el cuidado de sus hijas e hijos y familiares dependientes. Asistimos así a una auténtica sustitución de las funciones y responsabilidades esenciales del Estado hacia la esfera familiar y, por tanto, hacia las mujeres. En nombre de la deuda pública, el concepto de «Estado social» está siendo sustituido por el de la «madre social». Asumir esta carga adicional significa para muchas mujeres integrar de manera forzada los flujos migratorios.

El «todo para la exportación», medida emblemática del ajuste estructural, sitúa a las mujeres, sobre todo a las mujeres rurales, principales productoras y agricultoras del mundo, en una posición de total precariedad. Basado en un extractivismo ilimitado de los recursos naturales, De manera progresiva, la intensificación de los monocultivos para la exportación que están, generalmente, en manos de hombres, están sustituyendo a los cultivos de subsistencia, en los que hay una gran mayoría de mujeres, que se ven obligadas a retirarse a tierras marginales. El «todo para la exportación» también significa el acaparamiento y la explotación intensiva y extensiva de la tierra, los ríos, los lagos, etc. por parte de las empresas multinacionales con el aval de los gobiernos y las IFI (Instituciones Financieras Internacionales). Privadas de los medios de producción necesarios para la reproducción las vidas, arrancadas de sus formas de vida no mercantiles que garantizaban su soberanía alimentaria y la de sus familias, cada vez más mujeres rurales del Sur se ven obligadas a emigrar a las ciudades o a los países del Norte.

Como principales suministradoras de las necesidades básicas de la familia, las mujeres sufren las consecuencias del aumento de los precios de los bienes de consumo cotidiano resultantes de la devaluación de las monedas locales, el aumento del IVA o el fin de los subsidios en los productos básicos, el paquete básico de políticas prescritas para garantizar el pago de la deuda. Para seguir cubriendo las necesidades básicas de sus familias, deben, a menudo a costa de su salud física y mental, aumentar cada vez más su trabajo gratuito y/o recurrir al endeudamiento privado. No es casualidad que el microcrédito, que tiene como objetivo principal a las mujeres, haya crecido enormemente en las economías más “ajustadas” 3/. Para escapar de sus acreedores, algunas de ellas abandonarán sus hogares y comunidades.

Los megaproyectos extractivistas apoyados por las IFI (por ejemplo, agroalimentarios, de explotación minera o energética a gran escala, etc.) no dudan en recurrir a grupos armados para «proteger» las zonas que acaparan. Estos «hombres armados» suelen ejercer violencia sexual contra las mujeres para empujarlas a ellas y a sus familias a abandonar los territorios y los recursos codiciados. A menudo, son las mujeres las que están en la vanguardia de la resistencia a estos megaproyectos, y se enfrentan a altos niveles de violencia represiva. El aumento del gasto militar financiado por la deuda también acentúa la violencia específica contra las mujeres, muchas veces utilizadas como «botín de guerra». Para estas mujeres, la migración es a menudo la única manera de escapar de esta violencia multifacética y de salvar sus vidas.

Rutas de la emigración bloqueadas por la deuda

En un capitalismo cada vez más globalizado, las mujeres migrantes (documentadas o indocumentadas) son las principales trabajadoras en sectores laborales cuyo desarrollo está intrínsecamente ligado a las políticas de endeudamiento. Voy a centrarme en dos de ellos.

Área de libre comercio o de libre explotación de mujeres

La proliferación de estas áreas de libre comercio (también llamadas «zonas francas») es una de las consecuencias directas de la disolución de todos los derechos laborales, de la regulación, promovida por las IFI. Atraen masivamente a las multinacionales que se aprovechan de una mano de obra mal pagada, esencialmente femenina y «que se deja explotar voluntariamente». En estas fábricas de exportación (de producción textil y electrónica principalmente) hacia el Norte Global, las condiciones de trabajo se asemejan a la esclavitud moderna 4/, con trabajadores y trabajadoras que ponen en peligro su salud por salarios que apenas les permiten sobrevivir. Cuando se organizan y demandan, las empresas los despiden y/o se trasladan a nuevas zonas (se deslocalizan), dejando atrás a millones de personas. El hecho de que estos empleos, con obsolescencia programada y pésimas condiciones laborales, generen grandes flujos de migración femenina rural e internacional es indicativo de la magnitud de la miseria de la que huyen o tratan de compensar.

Las mujeres al servicio de la reproducción social

La destrucción del Estado social allí donde existía, con los recortes presupuestarios, la mercantilización y la privatización de los servicios públicos necesarios para la reproducción de la vida (sanidad, educación, atención a la primera infancia, sectores sociales) implica también un llamamiento a las trabajadoras del Sur para garantizar y mantener la reproducción social. Los trabajos 5/ (formales o no) que sostienen la reproducción social y el mantenimiento de la vida son sistemáticamente desvalorizados, entendidos como naturalmente «femeninos», no son considerados como un «trabajo real» y, por lo tanto, están muy mal remunerados, son flexibles y precarios. Muy poco atractivos para las trabajadoras nacionales, son el nicho de trabajo para las mujeres que se sitúan en la imbricación de las opresiones de clase, género y «raza»: las mujeres migrantes.

En la esfera privada, ante la escasez o la inaccesibilidad a los servicios públicos y de protección social, ante el rechazo persistente de los hombres a compartir las tareas domésticas y ante el rápido envejecimiento de la población, las mujeres que pueden permitírselo económicamente (y para salvaguardar también su acceso al trabajo remunerado) externalizan el excedente de trabajo de reproducción social a las mujeres migrantes. Estas últimas, a su vez, confían a mujeres más pobres y/o vulnerables que ellas el trabajo reproductivo que ya no pueden realizar en el seno de sus familias. Asistimos así a lo que las feministas han llamado la «cadena global de cuidados» que mantiene a toda velocidad el orden de dominación y la estructura capitalista patriarcal y racial a la que sirve.

En conclusión, constatar que el cinismo del «sistema de la deuda» no tiene límites: Las mujeres que emigran para paliar la crisis de la reproducción social orquestada por el ajuste estructural, cuya explotación se ha convertido en crucial para salvaguardar el mantenimiento de la vida en el Norte, son proveedoras netas de divisas para sus países de origen, parte de las cuales se destinan a la devolución de la deuda o a la contratación de nuevos préstamos… La espiral infernal de la deuda llega así a su paroxismo y muestra lo mucho que gana cualquier estrategia de emancipación al incluir la abolición de las deudas ilegítimas entre sus demandas.

Traducción: Beatriz Ortiz para CADTM

4/3/2021

Notas

1/ El trabajo reproductivo abarca todo el trabajo realizado para reproducir la vida humana. Desde una perspectiva capitalista, se refiere a los cuidados necesarios para proporcionar a una persona la capacidad de trabajar. Este trabajo de (re)producción de fuerza de trabajo es indispensable para el capitalismo: sin él no hay producción ni reproducción de mercancías y, por tanto, no hay acumulación capitalista.

2/ Las mujeres representan dos tercios de las trabajadoras en el sector de la sanidad, la educación y los servicios sociales, esencialmente en puestos «subalternos».

3/ Por un análisis crítico de las microfinanzas : https://www.cadtm.org/microcredit-1538?lang=fr

4/ Jornadas de trabajo de más de 12 horas sin descanso real, que a menudo se prolongan hasta la noche, con horas extraordinarias impuestas, en condiciones de ruido, insalubridad y escasa iluminación, reglamentos muy estrictos, multas, registros corporales, pruebas de embarazo obligatorias, etc.

5 Reuniendo a los sectores de servicios de cuidado, trabajo doméstico y de trabajo sexual.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2021/03/09/la-deuda-un-mecanismo-infernal-en-el-centro-de-la-feminizacion-de-la-migracion-2/

Fuente principal: Viento Sur

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