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El rebrote de las manifestaciones en Chile en medio de la pandemia

Redacción: BBC

A pesar de la emergencia sanitaria, en los últimos días ha habido una serie de protestas en diversos puntos de este país sudamericano.

«El Piñeravirus es más mortal que el coronavirus».

La frase que alude al presidente de Chile, Sebastián Piñera, se leía en uno de los carteles con los que unas 200 personas volvieron a las calles de la ciudad de Santiago a protestar este lunes 27 de abril.

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Carros lanza agua, bombas lacrimógenas y duros enfrentamientos entre manifestantes y la policía tomaron nuevamente la Plaza Italia -o «Plaza Dignidad», como algunos la rebautizaron-, el epicentro del estallido social que irrumpió en este país sudamericano el 18 de octubre del año pasado.

A pesar de la emergencia sanitaria, la imagen se repitió en otras capitales regionales, como Antofagasta, Concepción y Valparaíso, donde también hubo barricadas.

Era una jornada simbólica, pues no solo se celebraba el aniversario 93 de Carabineros, la institución policial chilena, sino también porque se recordaba que un día antes -el 26 de abril- era la fecha original programada para la realización del plebiscito que busca cambiar la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet.

Desde la llegada del coronavirus a este país, a mediados de marzo, la agenda que buscaba descomprimir la tensión social pasó a segundo plano y, con ello, el referendo fue postergado para el 25 de octubre.

Las intensas protestas, en tanto, parecían haber cesado. O, al menos, eso se pensaba.

Sin embargo, lentamente han vuelto a cobrar relevancia, aunque en grupos bastante más reducidos.

La razón detrás -explican sus protagonistas- no es distinta a la que motivó el «despertar» de Chile en octubre: el descontento social ante las desigualdades del sistema político y económico que impera en esta nación sudamericana.

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«El coronavirus visibilizó las desigualdades»

«Protestamos porque el sistema chileno es mucho más cruel que el coronavirus», le dice a BBC Mundo Paloma Grunert, quien ha asistido a todas las manifestaciones desde octubre y está detrás de la organización de algunas de las protestas que han ocurrido en medio de la pandemia.

Para ella, todo lo que los llevó inicialmente a salir a la calle «sigue vigente», como la inequidad en los salarios y en el acceso a la salud y educación, entre otros.

«Hay desigualdad, injusticia y un constante apoyo a los empresarios y grupos económicos», señala.

Una opinión similar comparte el fotógrafo Cristóbal Venegas, quien también ha participado en las manifestaciones.

«No hay credibilidad en el gobierno ni en la clase política. Las demandas sociales están a flor de piel», le dice a BBC Mundo.

Venegas afirma que con el coronavirus quedaron «aún másen evidencia los problemas de la gente».

«En el tema de la educación, por ejemplo, en este país no todos tienen computador, ¿quién puede hacer clases online? El tema de la salud también; en algunos lugares no hay abastos, no hay insumos», indica.

De acuerdo con el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, este último punto es justamente una de las cosas más importantes que explican el «rebrote» de las manifestaciones.

«Lo que ha hecho el coronavirus es visibilizar las desigualdades estructurales por las que se protestó en su momento», dice a BBC Mundo.

«Si en Chile antes se protestaba por la desigualdad en la salud, eso ahora ha quedado en evidencia. Lo mismo ha pasado con la precariedad laboral, donde se ha visto lo frágil que era el sistema. Se demostró que el mercado no solucionaba los problemas porque ahora el propio mercado le está pidiendo ayuda al Estado», agrega.

Ante la emergencia, no obstante, el gobierno de Chile ha diseñado una serie de medidas para enfrentar las consecuencias de esta crisis.

Es así como se creó un Plan de Emergencia Económico que, con la inyección de US$11.750, se busca proteger el empleo y apoyar a los trabajadores entregándole liquidez a empresas de todos los tamaños.

También se decidió reforzar el presupuesto del sistema de salud -será suplementado con el 2% constitucional- para asegurar que cuente con los recursos necesarios frente a la pandemia.

Por otro lado, se estableció una Ley de Protección del Empleo -que busca resguardar los puestos de trabajo-, y se creó un fondo de US$2.000 millones para la protección de los ingresos de los trabajadores más vulnerables (informales sin contrato), entre otras cosas.

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De todas maneras, esta es una realidad que no solo golpea a Chile. En otros países de Latinoamérica hay una percepción similar.

Debido a la paralización de la economía por las cuarentenas que buscan enfrentar la pandemia, buena parte de la población en la región se han visto afectada por la pérdida de empleo o por una disminución en sus salarios.

Esto ha dado paso a un profundo malestar social que se ha reflejado en marchas callejeras, bloqueos y cacerolazos en países como Colombia, México y Bolivia, entre otros.

«El coronavirus ha exacerbado las diferencias sociales», explica Saavedra.

Y, en el caso de Chile, el académico afirma que las grandes demandas que se vienen exigiendo desde octubre «siguen ahí».

«Hay un sujeto político que todavía no se siente escuchado. Y que cree que, si deja de manifestarse, va a pasar al olvido», indica.

Plebiscito: ¿se realizará el 25 de octubre?

Entre esas demandas quizás la más relevante y simbólica es el cambio a la Constitución que rige en Chile desde 1980.

Es una petición que se escuchó con fuerza en la mayoría de las protestas que tuvieron lugar en los últimos meses en este país.

La demanda encontró una salida el 15 de noviembre de 2019, cuando el parlamento chileno alcanzó un acuerdo histórico donde se estableció un plebiscito que se realizaría en abril de este año.

En él, los ciudadanos chilenos iban a poder elegir si apoyaban o no un cambio constitucional y el mecanismo para la elaboración de una nueva carta magna.

Sin embargo, el coronavirus cambió los planes y el referéndum debió postergarse para el 25 de octubre.

Pero en los últimos días algunos líderes políticos han vuelto a poner en duda su realización debido a la pandemia.

El propio presidente Piñera dijo en una entrevista con CNN que «quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema que quizás se va a volver a discutir». Mientras que diversos ministros de Estado han indicado que todo dependerá de la realidad sanitaria del país.

En conversación con BBC Mundo, Diego Schalper, diputado del partido oficialista Renovación Nacional, explica que es importante tener en cuenta la legitimidad del proceso constitucional en medio de la pandemia.

«Chile está en crisis. Y habrá que ver la dimensión de la crisis en junio o julio para resolver si es que están las condiciones adecuadas para realizar un plebiscito que tenga la participación y la legitimidad necesarias», afirma.

«Hay que volver a trabajar y a desarrollar distintas actividades, pero de ahí no se sigue a que sea posible tener un día de votación con alta participación, tener una campaña como la que todos queremos para que este proceso tenga legitimidad», agrega.

«En democracia no se cancelan elecciones por crisis económicas»

Estos planteamientos no han sido bien recibidos por miembros de la oposición, quienes señalaron que es «incoherente» que el gobierno proponga un plan de «nueva normalidad» -que contempla, entre otras cosas, la reapertura de centros comerciales y el retorno a clases escolares- y, paralelamente, ponga en duda el plebiscito.

«Es preocupante; en democracia no se cancelan ni se suspenden elecciones por crisis económicas», dice a BBC Mundo el diputado Gabriel Boric, perteneciente a la coalición opositora Frente Amplio.

«Hay un sector de la derecha que nunca ha querido cambiar la Constitución y que está buscando cualquier excusa para tratar de instalar un debate entorno al tema. Yo quiero ser enfático: nosotros vamos a defender el itinerario constituyente, aunque no les guste», agrega.

El parlamentario afirma que esta no es una demanda de los políticos, sino de los ciudadanos chilenos.

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«Ese descontento social que se expresó durante los últimos meses sigue presente, no se puede esconder debajo de la alfombra, y tenemos que canalizarlo institucionalmente», señala.

De la misma manera, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, afirma a BBC Mundo que «la protesta aún está viva y el cuestionar el plebiscito lo único que hace es alterar la tranquilidad que hoy necesitamos para controlar el coronavirus».

Y puede que Muñoz tenga razón pues muchos de los manifestantes que hoy salen a las calles a protestar con mascarillas dicen estar molestos ante un eventual aplazamiento del referéndum.

Así lo afirma Cristóbal Venegas.

Fuente: https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/el-rebrote-de-las-manifestaciones-en-chile-en-medio-de-la-pandemia

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Urge defender la educación como derecho humano fundamental y el cese del acoso laboral a maestras y maestros del sistema público de enseñanza de Puerto Rico

América/Puerto Rico/22/04/2020/Autor y fuente: Federacion de Maestros de Puerto Rico

En nuestro país no todos vivimos la crisis económica, política, social y de salud  pública de la misma manera. Podríamos decir que el Gobierno de Puerto Rico desprecia a la clase trabajadora y en particular, desprecia al magisterio y a sus respectivas comunidades escolares. La educación pública continúa siendo presa del juego sucio de la política-partidista, de las promesas incumplidas y de los escandalosos esquemas de corrupción y falta de transparencia. Esta crisis que ya vivíamos se ha agudizado con el mal manejo de la administración de los recursos públicos ante la emergencia de salud provocada por el COVID-19. Más allá del toque de queda y de las medidas de distanciamiento físico que gran parte de la población ha puesto en práctica; este Gobierno ha sido capaz de jugar con nuestras vidas al no viabilizar de manera efectiva una campaña de pruebas masivas para la detección del COVID-19 y sobre todo ha jugado con el hambre al negar la apertura de los comedores escolares para garantizarle a nuestra niñez y juventud el derecho a la alimentación.

Entre el 56% y 58% de la niñez y juventud en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza, razón urgente para que el Secretario de Educación, Eligio Hernández, asuma un rol activo en la protección de la vida y dignidad de todas la niñez y juventud que forman parte de nuestro sistema educativo público. Como sabemos, la escuela pública lleva recibiendo ataques por décadas lo que ha ocasionado que los recursos indispensables para la docencia no lleguen a la sala de clases. Ahora, en medio de la crisis agudizada por el COVID-19, el Departamento de Educación insiste en desprestigiar, acosar y maltratar al magisterio y a gran parte de la población estudiantil pretendiendo que sostengamos un sistema que no nos ha provisto de los equipos y de los adiestramientos necesarios para educar a distancia y salvaguardar el derecho a la educación de cada uno de nuestros estudiantes. No podemos seguir creyéndoles el discurso de la crisis que nos obliga a pensar que “nunca hay dinero para nuestros estudiantes, nunca hay dinero para las escuelas, nunca hay dinero para un aumento salarial digno para el magisterio”; pero siempre hay dinero para la otorgación de contratos corruptos y para la privatización de la educación pública.

Por tanto, nos toca a todes enviarle un mensaje  claro a quienes pretenden violentar nuestros derechos: NUESTRAS VIDAS IMPORTAN.

Exigimos que el Secretario de Educación y la Gobernadora Wanda Vázquez Garced:

1. Coordinen la reapertura de los comedores escolares para garantizar el derecho a la alimentación de toda nuestra niñez y juventud.
2. Eliminen los mal llamados “vales educativos” y reinviertan ese dinero en el fortalecimiento del sistema educativo público a través de la compra de equipos tecnológicos.
3. Provean servicio de Internet de banda ancha como derecho humano para aumentar el acceso a la información y a las diversas estrategias de educación atemperadas al momento actual
4. Cese a toda política educativa violenta hacia el magisterio que redunda en la sobrecarga administrativa y en el acoso laboral por parte de directores y personal administrativo del Departamento de Educación.

Manifestación frente al Departamento de Educación.

Hoy Se llevó a cabo  una protesta sorpresa, caravana de autos, reclamando apertura de los comedores escolares a las niñas y  niños del país, exigiendo cese al acoso laboral al magisterio, denunciando las desigualdades sociales y económicas, que le niegan el acceso a la comunicación de los y las estudiantes. Exigiendo la liberación de los millones de dólares de la reserva del fondo general, separada para el pago de una deuda odiosa.

Al llegar a la legislatura, la policía  bloqueó el tránsito, no obstante  las  demandas llegaron. Entre ellas:  Justicia salarial para los y las cesanteadas, cancelación de la deuda odiosa, liberación de los billones para garantizar los servicios al pueblo, internet banda ancha gratis para toda la población, cárcel para los corruptos.

Fuente e imagen: Federacion de Maestros de Puerto Rico

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Coronavirus, catástrofe para migrantes

Por: La Jornada

Está demostrado que los desastres naturales, inevitables en sí mismos, se convierten en catástrofes sociales debido a las grandes desigualdades sociales y al desmantelamiento de la capacidad de respuesta del Estado, ambos fenómenos resultado directo de la lógica con que opera el sistema económico vigente. Así, fenómenos como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, tienen efectos particularmente devastadores sobre los sectores de la población que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y no es distinto lo que ocurre durante la crisis sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.

En este sentido, la pandemia en curso se ha vuelto catastrófica para uno de los grupos de mayor vulnerabilidad: el de los migrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. Como es sabido, los entre 10 y 12 millones de personas que viven en territorio estadunidense –sin los papeles necesarios para acreditar su residencia legal– han experimentado unas condiciones tan difíciles como paradójicas, pues, al mismo tiempo que pagan impuestos y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, sufren abusos laborales sistemáticos, se ven impedidas de usar servicios de salud, obligadas a llevar existencias semiclandestinas por temor a la deportación, y se encuentran expuestas a padecer todo tipo de arbitrariedades por parte de agencias gubernamentales. Todos estos males que se han exacerbado de manera tan deliberada como inhumana desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace poco más de tres años.

En este contexto tan adverso, los migrantes sufren los estragos de la pandemia en, al menos, cuatro maneras específicas. En primer lugar, como ya se dijo, porque su estatus les impide acceder a los servicios médicos por la doble vía de la falta de cobertura y del miedo a ser detectados y arrestados al solicitar asistencia. Segundo, porque los alrededor de 40 mil migrantes que se encuentran en los centros de detención del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) están expuestos al contagio debido a las condiciones de hacinamiento imperantes en dichas instalaciones, muchas de las cuales carecen de la infraestructura mínima para detectar de manera oportuna los casos probables y para tratar a los pacientes. A mediados de la semana pasada ya había 32 casos confirmados entre los internos, y 11 entre el personal que labora en las prisiones.

Además, la administración de Trump ha usado la emergencia como pretexto para acelerar su política de deportaciones masivas, las cuales ya se realizaban en flagrante violación al derecho internacional, y que hoy tienen lugar ignorando también cualquier protocolo sanitario para la contención de la pandemia. Sólo entre el 21 de marzo y el 9 de abril, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadunidense deportó de manera sumaria a más de 10 mil personas que ingresaron a su territorio, sin tomar medida alguna de prevención epidemiológica. Para colmo, los trabajadores indocumentados enfrentan una aguda precariedad laboral que los convierte en las primeras víctimas de la ola de despidos causada por la parálisis económica que es efecto indeseable, pero ineludible, de las medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2.

En tanto, resulta casi impensable un gesto de empatía por parte del gobierno de Trump para aliviar la situación de los migrantes en esta coyuntura, entonces cabe llamar a que las autoridades mexicanas se movilicen para defender los derechos de los paisanos que, debe recordarse, conforman casi la mitad de la población estadunidense indocumentada, así como para recibir en las mejores condiciones posibles a quienes son retornados de manera forzosa a este lado de la frontera.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/11/opinion/002a1edi

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/silhouette-refugees-people-luggage-walking-row-734188318?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fmigraci%25C3%25B3n%2520de%2520personas%2F

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Día X de cuarentena…

Por: Abelardo Carro Nava

De repente, cual fotografías de esas instantáneas, vienen a mi mente varios recuerdos de mi infancia. Mis padres, fieles a las enseñanzas de sus padres, seguían a pie juntillas su ejemplo. No había otra forma de ser “alguien” en la vida. Finalmente, quienes nacimos en condiciones económicas limitadas, teníamos claro que el trabajo dignifica al hombre, y vaya que hay razón en ello.

Levantarse, desde pequeño, muy temprano para acompañar a mi padre y hermanos al campo, a la “pizca” o “trasiego”, era de lo más divertido. ¿Cómo podría ser pesado o aburrido si desde niño era el mundo que habíamos conocido?, ¿cómo negarse, si de tal actividad, obteníamos algún dinero para que mis padres solventaran otros gastos?, ¿cómo no ser parte de algo que, a decir de tus padres, era para el bienestar de la familia?

Pasadas algunas horas de labriego llegaba el desayuno. Ese menú exquisito que se conformaba por abundantes “gorditas” cocidas en comal de barro, con masa de maíz antes cosechado, harta salsa y solo unas cuantas pizcas de queso; y un atole, sí, un atole también de masa cuyo color y consistencia guardo en mis adentros.

El trabajo no menguaba. Las horas pasaban y el calor atosigaba. Sí, esa era la hora en que debíamos volver a casa. ¿Un baño? Ni pensarlo, primero debíamos realizar las tareas asignadas: barrer el patio, escombrar los cuartos, acomodar la leña, limpiar el pequeño establo, en fin, siempre había algo que hacer y rehacer para ayudar en los deberes domésticos. ¿Y luego? Las pequeñas tareas escolares que mis padres nos encomendaban: leer un cuento, resolver problemas matemáticos, repasar lo que en el ciclo escolar habíamos trabajado. ¿Y los juegos? ¡Claro que había espacio para los juegos! Sí, esos momentos que, después de la comida, se propiciaban con los demás niños de la cuadra, una “cascarita” le llamaban. Yo, desde luego, era el portero y, por ser el más pequeño, siempre era el que me “brincaba” a las casas de los vecinos cuando la pelota se nos volaba.

El tiempo pasaba y la cena llegaba, pero antes un baño, sí, un baño que verdaderamente disfrutaba. El correr del agua calientita sobre mi cuerpo, ha sido de las experiencias más extraordinarias que aún conservo.

Sentados en la mesa, mi padre tocaba su guitarra y “La Malagueña” cantaba. No sé si esa canción era la única que se sabía, pero recuerdo claramente cómo siempre se entonaba. La noche llegaba. Unas cuantas horas de descanso y de nuevo la jornada.

No, no eran vacaciones como las que hoy conocemos. La televisión era un lujo que no podíamos darnos en esos momentos. El dinero no alcanzaba para comprar un producto de esa naturaleza. Sin embargo, leer una novela, nos llevaba a mundos insospechados.

Aún recuerdo a María, sí, aquel texto de Jorge Isaacs que me tuvo al borde de las lágrimas. Su muerte, fue uno de esos hechos incompresibles que, desde luego, mi padre con sus sabias palabras, me explicaba. O bien, ese mundo de aventuras y misterios que, con Julio Verne y su Viaje al Centro de la Tierra, viví intensamente. No, no eran las vacaciones como las que ahora conocemos y, mucho menos, los juegos que ahora vemos. Hacer un paracaídas con una bolsa de plástico a la que se le ataban unos estambres en un extremo y del otro, las manos de un luchador, también de plástico, era todo un suceso. Esas competencias con los vecinos para ver cuál “volaba” más alto eran interminables; las apuestas siempre giraban en torno a nuestro gran tesoro: un dulce o un chicle que, como parece obvio, gané una y otra vez, para envidia de todos.

De vuelta a la realidad, de un tiempo a la fecha me he preguntado ¿qué tanto, como sociedad, hemos cambiado para pensar que un televisor es un gran aliado en contra del aburrimiento y el desasosiego?, ¿por qué las tabletas y los videojuegos han sustituido esas “cascaritas” tan amenas que sosteníamos con nuestros amigos?, ¿qué hemos hecho, como sociedad y gobierno, para que todo sea tan diferente pero, lastimosamente, igual que antes? Sí, tal vez se deba a un problema de clases sociales, y a lo que alguna vez algún profesor de la universidad definió como capitalismo. Sí, esa forma de vida que, por más que se diga lo contrario, genera grandes desigualdades sociales por el libre mercado.

Tengo claro que los tiempos ya no son los mismos de aquella, mi infancia, y que las condiciones económicas han acelerado nuestro ritmo de vida; desde luego, hay quienes vamos al día, viviendo y sobreviviendo con lo que hacemos y con lo que tenemos. Por ello comprendo, que las responsabilidades que tenemos en casa, las hemos sustituido con ciertos artefactos tecnológicos que derivan en la poca atención que, de alguna u otra manera, brindamos a nuestros seres queridos.

Tal vez sea momento, mientras vivimos esta pandemia generada por algo que los científicos han llamado coronavirus, de reflexionar sobre lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho o estamos haciendo. Bien se dice que la educación comienza en casa y, desde luego, coincido en ello.

Asignar pequeñas tareas a nuestros hijos logrando que comprendan el porqué de éstas, no es algo de otro mundo. Sé muy bien, porque me pasa lo mismo, que a veces cinco minutos significa destinar un tiempo que no teníamos contemplado porque nuestras actividades, sobre todo, laborales o domésticas, nos meten en un trajín de eventos sin sentido porque, inevitablemente, el sustento es lo primero; sin embargo, desde mi perspectiva, esos cinco minutos pueden ser tan valiosos en las personas como su vida misma. Muchas veces me han preguntado cómo podemos fomentar los valores universales en los nuestros. Mi respuesta ha sido inequívoca: comunicarnos, escucharnos, respetarnos, amarnos, etcétera; son, desde luego, pequeñas acciones que pueden generar ambientes favorables que propicien un sentido de corresponsabilidad y conciencia en los que hacemos y cómo lo hacemos.

No lo olvidemos pues, que los mexicanos, sin distingo de género, somos “luchones”, y es precisamente esa fuerza y ese carácter, lo que puede llevarnos a trabajar para ser mejores seres humanos. Hombres y mujeres empáticos…

Si la educación comienza en casa, y ustedes coinciden en ello, es un buen momento para seguir trabajando en ello. Así, con pequeñas acciones que, seguro estoy, más adelante tendrán grandes resultados colectivos, mimos que nacerán en la individualidad de los individuos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/dia-x-de-cuarentena/

Imagen: https://pixabay.com/illustrations/tv-man-sofa-tv-room-apartment-1529259/

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Colombia en el 2020: El año promete la continuidad de las protestas por más financiamiento para el derecho a la educación

Por:  Fabíola Munhoz.

En entrevista, María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) abordan la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante la realización del derecho humano a la educación

Para conocer cuáles son los desafíos y oportunidades hacia la realización del derecho humano a la educación actualmente en Colombia, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), miembro de la CLADE en el país. En la entrevista, abordaron la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante este escenario, así como los planes de la sociedad civil para continuar su lucha por la garantía del derecho a la educación y otros derechos humanos.

“Se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país”, afirmaron las entrevistadas.

Lee el diálogo completo a continuación.

¿Cuál es el actual contexto para el derecho a la educación en Colombia?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – La situación del derecho humano a la educación (DHE) en Colombia, vista desde la financiación, está definida por el Sistema General de Participaciones (SGP) y la gratuidad de la educación, calculados con base en el número de estudiantes atendidos (financiación percápita), lo que no alcanza financiar adecuadamente el DHE.

“Las instituciones educativas, por la desfinanciacion existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto en las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad”

Actualmente, con estos recursos se cubre el pago de salarios y prestaciones sociales del sector educativo, lo que representa un 97% del presupuesto global. El restante está destinado a la financiación de la canasta educativa consistente en mobiliario, material didáctico, mantenimiento de infraestructura escolar, restaurante y transporte escolar y financiación de las universidades públicas, lo cual es completamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas del DHE.

Actualmente, las organizaciones sociales y sindicales en movilización permanente desde el año pasado, están planteando una reforma constitucional para modificar el SGP, y así incrementar el presupuesto destinado a la educación. Se evidencia que la educación se encuentra desfinanciada y eso se refleja en las deficientes infraestructuras escolares, la ausencia de capacitación al personal docente, y la insuficiencia de recursos para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos educativos institucionales.

En esta dirección, las instituciones educativas, por la desfinanciacion existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto en las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad.

¿Cuáles son los impactos de la baja financiación educativa pública, para las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Hay poblaciones que por sus condiciones socioeconómicas y culturales no están siendo atendidas, porque las instituciones educativas no cuentan con los recursos, ni con la infraestructura que se requiere, y tampoco tienen las adecuaciones curriculares pertinentes, generándose una preocupante exclusión y discriminación que tiene profundas consecuencias y repercusiones en la incrementación de conflictos urbanos y rurales en términos de seguridad y convivencia ciudadana.

Las poblaciones con necesidades educativas especiales en la generalidad no disponen de los soportes tanto profesionales como espaciales, y de dotaciones para una atención adecuada y pertinente. Es decir, no se les está garantizando el DHE y son personas que no logran superar las barreras para realizar su proyecto de vida.

¿La primera infancia es una de las etapas más desatendidas actualmente en la educación colombiana?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – La educación en primera infancia está atendida en el país, en  parte, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una institución de asistencia social que atiende a niños y niñas de prejardín y jardín (3 y 4 años). Sin embargo, el personal que responde al instituto y trabaja con la educación en la primera infancia está conformado por madres comunitarias, con baja formación profesional, que asisten a los niños y niñas generalmente en sus propias viviendas, en sectores de alta vulnerabilidad.

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) atiende el grado de transición del preescolar (edad de 5 años) a la básica, en instituciones educativas públicas con docentes licenciadas en Educación Preescolar. Sin embargo, aún no se implementa el preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público,  que es una de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales.

En este contexto, ¿cuáles son las expectativas para el derecho a la educación en Colombia en el 2020?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Como coalición nacional que defiende el derecho humano a la educación, actuamos y prestamos apoyo para que las organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles logren acordar con el gobierno nacional la reforma al SGP, generando así un mayor presupuesto para la educación en el país.

Así mismo, se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país.

“La expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país”

Dentro de los acuerdos ya realizados entre gobierno y sociedad civil, falta avanzar en la implementación de una política de educación preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público. También se requiere generar acciones a través de los planes de desarrollo locales y territoriales, orientados a la atención adecuada de la primera infancia y a la educación de personas jóvenes y adultas, que permitan fortalecer y mejorar los procesos educativos en las instituciones educativas públicas.

En ese sentido, la expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país.

Para ello, seguiremos demandando que se fortalezcan y respeten los acuerdos de paz pactados en el proceso de negociación entre las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el Estado, dada la cantidad de asesinatos de personas desmovilizadas y en proceso de reincorporación. Igualmente, que se abran de nuevo procesos de negociación con las guerrillas existentes, para lograr la paz con justicia social en el país.

¿Cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – En el campo de la primera infancia, nos hemos propuesto incidir por la financiación adecuada y transformaciones en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI), tanto a nivel del Congreso de la República, como ante el ICBF, el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, para que se lleven a cabo acciones y presupuestos destinados a la AEPI, que respondan a una perspectiva de derechos y a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación – ODS 4.

También realizaremos una experiencia local de formación de docentes de AEPI en el Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, y vamos a desarrollar un trabajo con centros y programas encargados de su formación continua, que aporte elementos a nuestro proceso de incidencia política.

Respecto al derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), realizaremos una audiencia pública con estudiantes, docentes, directivas y comunidad educativa de EPJA, en el Congreso de la República, con la presencia de parlamentarias y parlamentarios aliadas/os, evento a que también invitaremos el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.

Así mismo, hemos planificado para el año la elaboración de un informe nacional sobre educación y desigualdad, el cual formará parte en un informe regional respecto a esta temática en América Latina y el Caribe, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red regional en la cual formamos parte, está llevando adelante.

Por fin, nos sumaremos a las celebraciones de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2020. Esta gran movilización internacional, que abarca marchas, seminarios, acciones de comunicación, incidencia y diálogo, entre otras actividades realizadas en más de 100 países, se organiza todos los años en el mes de abril, con miras a llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional sobre la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/colombia-en-el-2020-el-ano-promete-la-continuidad-de-las-protestas-por-mas-financiamiento-para-el-derecho-a-la-educacion/

 

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Desigualdades: el problema son los millonarios

Por:  Juan J. Paz y Miño Cepeda

En los últimos años se ha despertado en el mundo una preocupación creciente sobre las desigualdades sociales, en su más amplia consideración, pues no solo se incluye la desigualdad en cuanto al reparto de la riqueza, sino también otras formas de ésta en la vida contemporánea. Pero, sin duda, las desigualdades económicas son las que golpean, con una fuerza impactante, a millones de seres humanos.

En el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), realizado del pasado 21 al 24 de enero (2020), la élite de negocios que normalmente asiste recibió un comunicado del grupo “Millonaires against pitchforks” (https://bit.ly/2SgaHj6) [1] dirigido “A nuestros compañeros millonarios y multimillonarios de todo el mundo”, en el que se afirma lo siguiente: “La desigualdad extrema y desestabilizadora está creciendo en todo el mundo. Hoy en día, hay más multimillonarios en la tierra que nunca antes, y controlan más riqueza de la que tienen. Mientras tanto, los ingresos de la mitad más pobre de la humanidad permanecen prácticamente sin cambios”.

El grupo concluye: “Por esa razón, les instamos [a los Estados] a avanzar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para exigir impuestos más altos y más justos a millonarios y multimillonarios dentro de sus propios países y ayudar a prevenir la evasión y elusión de impuestos individuales y corporativos a través de los esfuerzos de reforma fiscal internacional”.

Al mismo tiempo, el 20 de enero, Oxfam publicó su informe “Tiempo para el cuidado” (https://bit.ly/37WRDgA), que incluye una serie de datos que deberían escandalizar a todo el planeta: en 2019, los 2.153 mil millonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas; los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África; el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas; y “si una persona hubiese ahorrado 10.000 dólares diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería tan solo una quinta parte del promedio de la fortuna de los cinco millonarios más ricos del mundo”. De modo que el incremento de tan solo el 0.5% adicional en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico de la población, permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo, sostiene Oxfam.

Poco tiempo atrás (diciembre, 2019), el PNUD igualmente entregó su informe sobre desarrollo humano titulado “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI” (https://bit.ly/2GYNmx4), en el cual se resalta la situación de injusticia en América Latina, con desigualdades que se remontan a la época colonial. Y, en un hecho sin precedentes, hasta la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su artículo “Reducir la desigualdad para generar oportunidades” (https://bit.ly/2OsveQm), llega a una conclusión inesperada:

“Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que  todo, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva./ La progresividad de los impuestos es un aspecto fundamental de una política fiscal eficaz. Nuestras investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico”.

Pero esta afirmación no pasa de las simples palabras, porque contradice los condicionamientos que el FMI impone en América Latina, a tal punto que la Carta de Intención suscrita por el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, señala textualmente: “La reforma tributaria tendrá como objetivo mejorar la movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la simplicidad y la equidad, pasando de los impuestos directos a los indirectos…”, lo cual parece una burla y, además, contradice a la Constitución de 2008.

La situación de América Latina y el Caribe, que es la región más inequitativa del mundo por los términos que ha adquirido la concentración de la riqueza, también ha sido estudiada de modo particular y sistemático por la CEPAL. En 2018 la institución presentó en La Habana uno de sus últimos estudios sobre el tema, titulado La ineficiencia de la desigualdad (https://bit.ly/2RWp3q2), aunque antes publicó varios trabajos y también otros después. De acuerdo con datos de la entidad, en la región el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza; mientras el número de multimillonarios pasó de 27 a 104 desde el año 2000; y en 2019, son 66 millones de personas (10.7% de la población) las que viven en extrema pobreza.

En el mismo Foro de Davos, al que me he referido, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ha insistido en que “La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social”; y añade: “Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social” (https://bit.ly/31oDbLE).

En el reciente XV Foro de Análisis de la Economía Latinoamericana, que se realizó en Madrid pocos días atrás, Bárcena ha remarcado que se requiere “una política fiscal activa con medidas que impulsen el crecimiento con inclusión, además de una estrategia para garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo y un nuevo pacto social que incorpore una nueva generación de políticas y que impulse una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita avanzar en la construcción de nuevos consensos” (https://bit.ly/398QQsZ).

Desde luego, las desigualdades tienen un origen histórico, aunque los millonarios del mundo y más aún los de América Latina (y peor aún los de Ecuador) piensen que su riqueza es fruto de sus emprendimientos y sus trabajos. Precisamente la historia económica y la economía política han demostrado, en forma contundente e irrebatible desde el siglo XIX, que la riqueza es, finalmente, apropiación de valor socialmente generado.

En tal virtud, la riqueza tiene que ser redistribuida e incluso cabe pensar que mundialmente es preciso ponerle límites, porque no deben existir millonarios ni multimillonarios. En mucho, la redistribución se logra con instrumentos modernos como los impuestos directos, que en América Latina tienen que ser reforzados, ampliados y cobrados a elites económicas que no solo los evaden, sino que esconden sus recursos en paraísos fiscales.

En nuestra época, como en el pasado, hay múltiples argumentos ideológicos para justificar las desigualdades y la riqueza. Y el reciente libro de Thomas Piketty, Capital e ideología (2019) precisamente retoma esa demostración. Ya contamos con la voluminosa obra (1.247 páginas) traducida al español.

En esencia, Piketty da continuidad a su famosa obra El capital en el siglo XXI (2013), pero examina, en su nuevo libro, cómo la ideología y la política han servido de fundamento para las desigualdades, desde sociedades antiguas. No es la lucha de clases, ni la economía, sostiene el autor, sino las ideas sostenidas en la época las que originan y mantienen las desigualdades. Y en su demostración utiliza una impresionante gama de fuentes y recursos.

Esta conclusión suya tiene especial relevancia para América Latina. Porque en los tiempos conservadores en que se encuentra la mayor parte de la región, el tema de las desigualdades económicas, la concentración de la riqueza y la necesidad de incrementar los impuestos directos, ha desaparecido inmediatamente con los gobiernos de derecha y ultraderecha, interesados en contentar al capital, a través de afirmar, a toda costa -también arrasando con la democracia y los derechos sociales-, el camino neoliberal y empresarial que les inspira, incluso con la compañía del FMI, como ahora ocurre en Ecuador.

El lenguaje económico en la ideología conservadora y neoliberal se interesa por los emprendimientos, las inversiones, las ganancias, la competitividad en los mercados, los tratados de libre comercio, las alianzas geoestratégicas con el capital transnacional, etc. Además, riqueza y pobreza son, bajo esa visión, fenómenos naturales, debidos a decisiones de vida individuales.

Las consignas, que igualmente se generan, abogan por el retiro del Estado y las privatizaciones, cuestionan el sistema tributario directo y argumentan la flexibilidad laboral y el recorte de derechos sociales. Es la “nueva” ideología del siglo XXI latinoamericano que, si se examina históricamente, tiene más vejez de lo que a veces se imagina.

Precisamente, contra esa ideología, corresponde librar la batalla por las ideas, a fin de fortalecer la conciencia social por el cambio, la construcción de una nueva sociedad, y el retorno del valor socialmente creado a sus legítimos dueños: los trabajadores de todas las esferas económicas en su conjunto, de cuyo esfuerzo siguen apropiándose los millonarios.

Referencias bibliográficas

[1] Millonarios contra rastrillos

Fuente e imagen: https://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2807&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-desigualdades-el-problema-son-los-millonarios

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‘La desigualdad frena el crecimiento de Latinoamérica’, BID

Redacción: Portafolio

El presidente de la entidad, Luis Alberto Moreno, recordó que este año no será bueno para la economía de la región.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo en Bogotá que el crecimiento de las economías de Latinoamérica se ha reducido en parte por la desigualdad predominante en la región.

Lo que sucede en «Latinoamérica es que ha venido cayendo (el crecimiento) de la mano de los problemas tradicionales que hemos tenido de desigualdad, que es un tema muy grave», afirmó Moreno, con motivo de la celebración de los 60 años del BID.

Al hacer referencia a la situación de Chile y un posible contagio de las protestas masivas al resto de la región, Moreno destacó que en los últimos 32 años ese país ha crecido y es una «historia de éxito». «No hay duda de que lo que vemos hoy en día en general en América Latina y en Chile, especialmente, es un proceso en el cual no solamente se redujo significativamente la pobreza, sino también que hubo un crecimiento de las clases medias», dijo Moreno.

Pese a este escenario, Chile vive un estallido social sin precedentes desde el fin de la dictadura de Pinochet en 1990, con masivas manifestaciones en las calles y disturbios que fueron reprimidos por la Policía y las Fuerzas Armadas y que hasta la fecha se han cobrado la vida de al menos 20 personas, seis de ellas extranjeras. Las protestas reclaman al Gobierno del presidente Sebastián Piñera que adopte medidas para cerrar la brecha de la desigualdad que afecta al grueso de la población.

Moreno recordó que este año no será bueno para el crecimiento de América Latina pues los grandes motores de crecimiento, «Brasil y México, no van a crecer arriba del 1%». Además, Venezuela está en «una gran recesión» y los países que están creciendo son Chile, Perú, Colombia y Panamá.

El BID, con sede en Washington, tiene representaciones en los 26 países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, a los que se suman 22 naciones donantes, entre ellos España, China, Japón y Estados Unidos.

Fuente: https://www.portafolio.co/internacional/la-desigualdad-frena-el-crecimiento-de-latinoamerica-bid-535314

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