Miles de niñas embarazadas y madres adolescentes no asisten hoy a escuelas en África debido a políticas públicas punitivas o a la falta de leyes que permitan su reincorporación, tanto a nivel nacional como continental.
Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y Tanzania siguen prohibiendo a las féminas en esa condición ir a los colegios públicos, pero más de una veintena de naciones tampoco cuentan con estrategias adecuadas de protección al respecto.
En junio, Burundi se unió al grupo donde prevalecen los impedimentos en ese sentido. Incluso, el Ministerio de Educación restringió el acceso a centros de enseñanza a los padres menores.
La normativa es contraria a la constitución del país y a muchas leyes nacionales, y socava los objetivos educativos del Estado, detalló el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Addis Abeba, Desta Gebrehiwot.
De hecho, la legislación burundesa contra la discriminación de género protege el derecho a volver a la escuela y aclara la obligación de los funcionarios de respetar el mismo y salvaguardar a las madres adolescentes del estigma y la exclusión social.
Algunos gobiernos que enfrentan altas tasas de embarazo entre los estudiantes han adoptado disposiciones muy pragmáticas para apoyar a las niñas en sus aspiraciones académicas, al tiempo que abordan las causas fundamentales de la concepción en edades tempranas a través de campañas de concientización ciudadana.
Por ejemplo, Gabón, Kenya y Malawi tienen políticas de ‘continuación’ o ‘reinserción’, que les exigen abandonar el curso lectivo pero brindan vías para retornar, siempre que cumplan con ciertas condiciones.
No obstante, incluso en estos países, la mayoría no se puede reincorporar debido a la aplicación inapropiada de las leyes, y un control deficiente del reingreso a la educación, refirió el sociólogo del Centro de Estudios Estratégicos, Bethlehem Asfaw.
Investigaciones sobre el tema encontraron que las adolescentes pueden quedarse fuera del plan de aprendizaje debido a la falta de conciencia entre maestros, funcionarios escolares y comunidades acerca del hecho de que pueden y deben volver a estudiar.
A su vez, se ven muy afectadas por las barreras financieras, la falta de apoyo de sus familias o diversos estereotipos, añadió Asfaw.
Los aspectos punitivos y perjudiciales de algunos mecanismos de reingreso, como largos períodos de baja por maternidad y complejos requisitos de aceptación, entre ellos certificación médica y cartas de autoridades, pueden disuadirlas de ponerse al día con el conocimiento, en opinión de observadores.
La Unión Africana (UA) a través de su Agenda 2063 -una estrategia de desarrollo económico y social para África- se ha comprometido a construir el ‘capital humano’ de la región, que denomina ‘su recurso más valioso’ mediante inversiones sostenidas en educación, incluida la ‘eliminación de las disparidades de género en todos los niveles’.
Aislarlas solo porque están embarazadas o casadas les niega la oportunidad de aprender y adquirir habilidades lucrativas para desarrollarse a sí mismas y a quienes dependen de ellas. Como uno de los países más pobres del mundo, Burundi debería estar capacitando a sus niñas, no impidiéndoles estudiar, destacó Gebrehiwot.
La UA, así como los Estados miembros, deberían instar a los responsables a revertir esas prohibiciones. El bloque comunitario necesita lanzar un llamado general con miras a aliviar la discriminación y conceder así la debida atención que el asunto amerita, sugirieron los especialistas.
La concepción y la crianza de los hijos son eventos importantes que cambian la vida. Muchas, a consideración de los estudiosos, son estigmatizadas o rechazadas, con poco o ningún apoyo a su alrededor. Son condenadas a un sufrimiento innecesario, que termina por truncar el sueño de prosperidad de toda una vida.
Más de 49 millones de menores de edad están fuera de la escuela primaria y secundaria en África subsahariana debido al compromiso marital temprano y al embarazo antes de alcanzar la adultez, según datos da Naciones Unidas.
Además, en esa misma área geográfica, el 40 por ciento de las niñas se casan antes de los 18 años, mientras 15 de los 20 territorios con las tasas más altas de matrimonio infantil en todo el mundo se encuentran en el continente.
La educación pública libanesa está desbordada por la llegada de más de 200.000 estudiantes sirios. Más de la mitad de los desplazados entre tres y 18 años está fuera de la enseñanza formal
«¿Hoy vas a llevar el uniforme?”, le grita su madre desde el otro cuarto. Maher [nombre ficticio, como los de los otros refugiados mencionados en este reportaje] no le hace mucho caso. Está demasiado ocupado en peinarse y repeinarse el cabello engominado. Solo cuando ya no queda ni un pelo fuera de lugar, le contesta que sí y trota a por el uniforme hacia la habitación contigua, la única, además del salón, de una tienda de campaña en la que malviven 16 personas huidas del conflicto en Siria. Mochila al hombro, coqueto, cruza el asentamiento informal de Talyani, en Bar Elias (Líbano), hasta la escuela.
Líbano es el país que más refugiados acoge en comparación con el número de habitantes; ya representan un cuarto de la población, superando en número a los alumnos libaneses en la educación básica (6-15 años) —en el año académico 2017-2018, el Ministerio de Educación registró 213.358 extranjeros frente a 209.409 nacionales—.
Desde el comienzo de la guerra en Siria, que ya ha entrado en su octavo año, la enseñanza pública ha doblado el número de alumnos. El 48% de los casi 490.000refugiados sirios en Líbano entre tres y 18 años está integrado en el sistema público de educación formal del país de acogida, según Acnur (la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados). La mayoría de ellos (el 71%) ha acudido en el turno de tarde a una de las 350 escuelas habilitadas por el Gobierno para hacer frente a la emergencia.
Los esfuerzos de las autoridades locales han logrado un fuerte repunte en las matriculaciones en primaria y secundaria (un 70% entre los seis y 14 años en 2017 frente al 52% del año anterior). Pero, a pesar de los avances, los problemas no terminan con el ingreso en las aulas. Diferencias de currículo; clases abarrotadas en las que conviven alumnos de distintos niveles, edades o idiomas; transporte; seguridad, penurias —tres cuartos de los refugiados sirios viven por debajo del umbral de pobreza— y discriminación representan los principales obstáculos para su integración real. Más de la mitad de los refugiados entre tres y 18 años, sobre todo adolescentes, sigue fuera de las aulas y acabar el ciclo de estudios representa una excepción (apenas el 12% de los jóvenes entre 17 y 19 años ha finalizado el noveno curso).
Líbano ha logrado reducir el número de niños sirios fuera de programas de educación formal e informal, pasando del 50% registrado en diciembre 2016 al 43% al cierre de 2017, según el último informe de la plataforma No lost generation. Pero el aumento de la pobreza y el recorte de la ayuda económica ponen en la cuerda floja estos progresos. En la conferencia de donantes de Bruselas del pasado mes de abril, la comunidad internacional se comprometió a destinar a Siria 4.400 millones de dólares en 2018 (unos 3.600 millones de euros), es decir, la mitad de los 7.300 millones de euros que las Naciones Unidas estiman necesarios.
“Estamos incrementando el número de alumnos extranjeros, pero el apoyo económico no crece de manera paralela”, lamenta Sonia al-Khoury, funcionaria del Ministerio de Educación. Khoury dirige el brazo ejecutivo del programa ministerial Alcanzar a todos los niños con Educación (RACE, por sus siglas en inglés), que arrancó en 2014 con el objetivo de mejorar el acceso, la calidad y el sistema escolar.
La funcionaria es consciente del reto al que se enfrenta el sector público, pero defiende la actuación del Ministerio. “Líbano es un buen ejemplo de cómo acoger a un número de estudiantes extranjeros superior al de alumnos libaneses. Y lo estamos haciendo con éxito, como demuestran también las calificaciones de los sirios en los exámenes oficiales, con notas parecidas a las de los nacionales”, asegura.
“Cualquier otro país con más de un millón de refugiados ¿sería capaz de ofrecerles cabida en su sistema de educación pública? Les ofrecemos enseñanza, porque creemos en el derecho a la educación de calidad y no podemos dejarles en la calle. Los integramos no para acogerlos para siempre en nuestro sistema, sino para que disfruten del derecho a la educación y que tengan oportunidades mejores en la vida cuando vuelvan a Siria”. [Siga leyendo aquí la entrevista completa con Sonia al-Khoury]
La región con menos matriculaciones
Maher, peinado impecablemente, cruza el patio de la escuela de Talyani, bajo el sol insoportable del Valle de la Bekaa. Tiene 10 años, de los cuales lleva cuatro en Líbano. Su padre murió a los cuatro días de llegar desde Homs, dejando a su madre sola con 12 hijos, incluido un bebé. Solo tres de sus hermanos estudian, otros cuatro tuvieron que renunciar para echar una mano en casa, mientras que los mayores trabajan cuando pueden. A Maher le gusta echar carreras con sus amigos. No es el que más rápido corre, admite, pero no se le da tan mal. En árabe, en cambio, es muy bueno. Quiere estudiar para ser profesor, volver a Siria cuando acabe el conflicto y ayudar en la reconstrucción.
Distribución geográfica de los alumnos no libaneses matriculados en la educación formal (básica y secundaria), en el sector público y privado.MINISTERIO DE EDUCACIÓN LIBANÉS
El Valle de la Bekaa es una de las regiones que más refugiados sirios acoge por la cercanía con la frontera. Esta zona presenta las tasas de matriculación para niños entre seis y 14 años más bajas del país, a pesar de que se duplicaran en un año (del 30% de 2016 al 59% de 2017). La escuela que frecuenta Maher, gestionada por Entreculturas —que prestó su apoyo para la realización de este reportaje— y el Servicio Jesuita al Refugiado en colaboración con la Fundación Kayany, es una de las pocas del país dirigidas por ONG y autorizadas por el Gobierno para ofrecer educación formal, ante la sobrepoblación de los servicios públicos de la zona.
La escuela de Talyani acoge de manera gratuita a alrededor de 600 alumnos entre tres y 13 años repartidos en turnos de mañana y tarde. “Nosotros fomentamos la integración en la escuela pública, pero a los estudiantes no les suele gustar, porque las clases están abarrotadas y denuncian discriminación, abusos físicos y verbales por parte de los profesores”, sostiene Nassib Shokr, responsable de Educación del Servicio Jesuita al Refugiado en Bar Elias.
“Uno de mis estudiantes estaba en la escuela pública y me contaba que su profesora le decía: ‘Si quieres entender, lo entiendes. Es tu problema”, señala Samia Ali Saleh, profesora de inglés en Talyani. Para esta enseñante de 31 años de Al Marge, una localidad cerca de Bar Elias, los alumnos refugiados necesitan una atención especial. “Viven situaciones muy duras y tenemos que ser sus maestros, sus padres, sus hermanos y sus amigos. Mis estudiantes, al ver que me dirigía a ellos desde el respeto, me preguntaban: ‘Profe, ¿eres libanesa? ¿En serio?’. Sí, ¿qué hay de malo? Y, si tú eres sirio, ¿dónde está el problema? No es una cuestión de nacionalidad. Se trata de seres humanos”.
LOS PAÍSES VECINOS
En 2016, la comunidad internacional reunida en Londres lanzó una cruzada para asegurar que ni un refugiado sirio se quedara sin acceso a la educación, tanto dentro del país como en las sociedades de acogida. Dos años después, las matriculaciones en Siria se han estabilizado, con alrededor de 3,7 millones de niños (64% de la infancia en edad escolar) actualmente inscritos en la escuela. En el conjunto de los cinco países de la región (Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto), sin embargo, la infancia que participa en programas de educación formal o informal ha pasado del 59% en diciembre de 2016 al 65% un año después, sobre todo gracias a los avances registrados en la educación formal en Turquía y en la no formal en Líbano.
Pero quedan aún 689.000 niños y niñas sin escolarizar, según el último informe de la plataforma No lost generation. Las razones a la base del abandono escolar siempre son las mismas: trabajo y matrimonio infantiles, falta de documentación de identidad, inseguridad, traumas vinculados con el desplazamiento, pobreza.
En 2017, las agencias internacionales hicieron un llamamiento para la respuesta humanitaria en Siria y en los cinco países de la región para conseguir 1.091 millones de dólares (unos 940 millones de euros), de los que recaudaron solo el 52%, una cifra inferior a la recogida el año anterior.
Los refugiados en edad escolar de la Valle de la Bekaa se enfrentan también a otros obstáculos que contribuyen al abandono escolar, como desalojos forzosos por parte de las autoridades locales, altos costes para regularizar la estancia en Líbano o gastos inasumibles para el transporte escolar. “Muchos menores de edad dejan los estudios para trabajar como temporeros”, explica Mahmoud Bwary, responsable de Educación de Unicefdesde Zahlé, donde el Fondo de las Naciones Unidas ha abierto un centro de educación no formal para primera infancia con el objetivo de preparar a los niños para el ingreso en la escuela pública. “Otra barrera es el matrimonio infantil”, agrega.
Hala, de 14 años, no trabaja ni estudia. En 2013, cuando huyó de Kobane para trasladarse a Beirut, tuvo que renunciar a la enseñanza. Lo volvió a intentar en el país de acogida, pero la destinaron al primer curso, con alumnos muchos más jóvenes que ella, y no quiso. A pesar de todo, sigue soñando con ser abogada de mayor. Tamim, en cambio, nunca fue a la escuela. Con 13 años —casi 14, matiza—, este chico de Alepo no encontró ningún centro equipado para acoger a alguien en silla de ruedas como él. Hala y Tamim, en la espera de retomar los estudios, frecuentan el Club de Jóvenes que Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados han abierto en Borj Hammoud, en la periferia de la capital libanesa, en el marco del proyecto Frans Van Der Lugt.
Una convivencia difícil
En este distrito densamente poblado viven alrededor de 12.000 sirios, por lo que la maltrecha economía y la pugna por los mismos recursos y servicios exasperan las tensiones entre lugareños y recién llegados. “Antes había más trabajo, pero ya no hay empleo para los libaneses”, se queja un vecino que prefiere ocultar su nombre. Lleva días sin ver a clientes cruzar por la puerta de su tienda de muebles. “Me temo que si los sirios siguen recibiendo tantos privilegios, nunca van a regresar a su país y Líbano no puede recibir a más refugiados”, zanja.
La tensión de las calles se traslada a los hogares. “Hay mucho abuso verbal y físico en las familias refugiadas. Los adultos ven las noticias en la tele sobre lo que pasa en Siria, viven hacinados en pisos pequeños y transmiten malas emociones a los hijos”, señala Aula Al Hussein, trabajadora social en la escuela Frans Van Der Lugt. “Todo esto se plasma en falta de concentración, agresividad, miedo a la oscuridad…”.
Angela Maria Abboche, directora de la escuela, recuerda que los inicios fueron complicados. “Nos tiraban botellas vacías al patio. Ahora la situación ha mejorado, pero ningún libanés participa en nuestras actividades”, explica. Ella misma, beirutí, representa una excepción, así como otros docentes libaneses del centro, que acompañan a profesores sirios que trabajan como voluntarios debido a las restricciones legales impuestas sobre las ocupaciones de los refugiados. Abboche, de 27 años, interrumpe la conversación una y otra vez, bien porque un niño le agarra el borde de la camiseta para reclamar un abrazo, bien para atender a una madre o para tocar el timbre del recreo. Lleva cuatro años en la escuela, donde se ofrece educación no formal para primera infancia y apoyo escolar para los alumnos de las escuelas públicas, para que se adapten al nuevo currículo. El principal obstáculo para ellos es el idioma, ya que en Líbano las asignaturas se imparten en inglés o francés, mientras que en Siria toda la enseñanza es en árabe.
El inglés es precisamente la asignatura que más le cuesta a Yaser, por eso acude a las clases de refuerzo del centro. Este chico de Afrin tiene 12 años y una mirada seria que no se corresponde con su edad. Llegó a Líbano en 2012, pero aún añora la vida en Siria. “Fue difícil en la escuela, porque no hablaba inglés”, revela, “pero ahora ya va mejor”.
La profesora Maysaa J., de Afrin, aún recuerda su primera clase en Borj Hammoud. “Fue muy dura, porque no tenía experiencia y había más de 40 alumnos en clase”, cuenta. “Eran todos eran refugiados, no conocían a nadie en Líbano, algunos nunca habían sido escolarizados o solo hablaban kurdo. No teníamos medios, pero aún así, siempre hemos intentado darlo todo por ellos”.
A pesar de las dificultades, la libanesa Sabine Akkory, que en Frans Van Der Lugt imparte clases de inglés, lo prefiere a un empleo en el sector público. “Estos niños necesitan ayuda después de todo lo que han sufrido. Es mi deber enseñarles que el mundo no es tan malo”.
LOS SIRIOS PALESTINOS
Una clase en una escuela para refugiados palestinos en Líbano.UNRWA
Entre los que huyen del conflicto en Siria, también hay palestinos. El último censo del Comité de Diálogo Libanés-Palestino, realizado el pasado mes de diciembre, apunta a la presencia de 18.600 de ellos en Líbano, que elevan a casi 174.000 el total de los que viven en el país. La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos (Unrwa), sin embargo, cifra los sirios en 32.000 sobre un total de 450.000 residentes en Líbano.
Unrwa gestiona 66 escuelas en Líbano, en las que estudian alrededor de 37.000 alumnos, de los cuales unos 5.500 sirios. En 2012, la Agencia empezó a integrar a los refugiados sirios en sus centros a través de un sistema parecido al escogido por el Gobierno libanés. 14 centros empezaron a funcionar con dobles turnos para que los nuevos alumnos se pudieran adaptar al nuevo currículo y fueran gradualmente integrados en las aulas por la mañana. En la actualidad, solo una escuela, en una zona remota del país, sigue operando por la mañana y por la tarde.
“El sistema de dobles turnos que las escuelas libanesas han puesto en marcha para los alumnos sirios no genera una separación”, explica Salem Dib, coordinador de educación de Unrwa en Líbano. “La educación es vital y si no hay disponibilidad física en las clases, hay que buscar alternativas. Cuanto más niños tienen acceso a los estudios, la sociedad en su conjunto estará más integrada y estable”.
Los estudiantes franceses piden el fin de la selección para la entrada en la universidad. También un movimiento de trabajadores exige realizar una huelga general.
Los estudiantes franceses de secundaria protestan en las calles de París, capital gala, contra la implantación de la selección para acceder a la universidad.
De los 812 000 inscritos en primer año para el curso universitario 2018-2019, solo 285 000 alumnos han aceptado una propuesta de acceso a la universidad. Los otros están aún a la espera de que la universidad elegida les admita y por ello, para apoyarlos y junto a ellos también se manifiestan los estudiantes universitarios.
La protesta estudiantil denuncia una falta de medios presupuestarios que debilitan el sistema educativo. Para los estudiantes, son los alumnos de los institutos en los barrios populares los que van a ver disminuidas las oportunidades de acceder a la universidad; por eso hablan de discriminación.
Y no muy lejos de la manifestación estudiantil otra hace un llamamiento a la unidad de todos los sectores afectados por la política gubernamental. Llaman a la unidad de funcionarios, pensionistas, trabajadores del sector sanitario, correos, energético, transportes. Hablan de convergencia de luchas, de frente social contra un Gobierno al que acusan de antisocial.
El Gobierno francés ha decidido acelerar el paso y aprobar reformas a toda velocidad. El presidente galo, Emmanuel Macron, que ve como su popularidad sigue bajando en los sondeos, parece no querer escuchar las protestas que suben desde la calle y que son síntoma de un verdadero descontento de la sociedad.
El Día Mundial del Síndrome de Down, discapacidad que afecta al 15% de la población mundial, se recuerda este miércoles. En Paraguay, el principal obstáculo es la falta de inclusión en escuelas públicas y privadas.
La lucha tiene que ver con lograr un cambio de mentalidad, brindar oportunidades y derribar mitos muy presentes aún en nuestra sociedad. «Se habla mucho de inclusión, pero en la práctica hay mucho todavía por hacer. La inclusión va más allá del discurso», aseguró María José Cabezudo, presidenta de la Fundación Saraki.
Consideró necesario aclarar que una persona con síndrome de Down no está enferma, tiene una discapacidad, pero eso no le imposibilita llevar una vida como cualquier persona sin discapacidades.
Buscando crear conciencia sobre el tema, el año pasado se lanzó la acción Medias Diferentes para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. Consiste en vestir, cada 21 de marzo, medias desiguales y, de esta forma, comprender que la diversidad existe.
Cabezudo celebró que en Paraguay se registraron avances importantes en cuanto a la construcción de la verdadera inclusión, dejando de lado el asistencialismo y la victimización, pero todavía hay un largo camino por recorrer.
Lo que más preocupa a nivel país es la falta total de inclusión educativa. Son muchos los colegios o escuelas, tanto del sector público o privado, que rechazan la inscripción de alumnos con síndrome de Down.
«Conozco a una familia que tuvo que aguantar que rechazaran a su hijo de 19 colegios hasta llegar al que lo recibió», lamentó la presidenta de Saraki.
Sobre el punto, refirió que el verdadero cambio que se tiene que dar es mental, «cambiar el chip», y eso se logra con los niños, quienes deberían crecer en un sistema mucho más inclusivo y natural.
«La inclusión es en realidad cambiar el sistema educativo, el sistema laboral y el contexto en el que vivimos para asegurar que todos podamos entrar sin ninguna dificultad», especificó.
Hasta el momento, solo pudo ver dos tipos de escuelas, siempre excluyentes. La primera es la que directamente dice no a los alumnos con discapacidades, y otra que dice sí, pero cuando el chico está ahí es ignorado. «Niños floreros, están en el pupitre de atrás y molesta que salgan al patio», denunció la encargada de la fundación.
Entre el mito y el temor de los docentes
Cuando se lucha por la inclusión, el enfrentamiento más importante es contra los mitos generados alrededor de las discapacidades, y la creencia de que los docentes deben tener una capacidad especial para tener en su grupo a un niño con cualquier tipo de discapacidad.
«En realidad, lo que se debe ser es pedagogo y tener capacidad de enseñar en una misma clase a todos por igual», aclaró María José.
Pero una gran ayuda para el maestro es la familia que, al igual que los padres que tienen hijos sin discapacidades, deben educar a sus hijos con normas y reglas. Los niños malcriados pueden tener síndrome de Down, otra discapacidad o ninguna.
Adelantó que en abril el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) firmará un acuerdo, presentado por la fundación, que establece el modelo nacional de inclusión.
Con dicha convención se busca también ir eliminando de a poco las escuelas especiales, ya que consideran que es el sistema el que tiene que adaptarse. «El niño tiene que poder ir a estudiar a la escuela de su barrio donde van sus hermanos».
Recomendó que los educadores abran la mente y pierdan el miedo, se animen a enseñar a niños con diferentes discapacidades y comprueben el cambio radical que se generaría en la clase, en los niños y en el futuro.
La reforma previsional deteriora el actual régimen de previsión social de uno de los segmentos de la población más vulnerable.
El proyecto de Reforma Previsional que se discutirá en el Congreso Nacionaldiscrimina a las personas con discapacidad y generará un deterioro en las condiciones de previsión social del colectivo. Asimismo, hay fundados temores de que el “bono compensatorio” que recibirían los jubilados no será otorgado a los titulares de las pensiones no contributivas. Ello ya ocurrió en 2016, cuando se pagó sólo a jubilados el bono de fin de año de $1.000.
El análisis de los puntos débiles de la Reforma surge del informe de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) llamado “Impacto negativo de la reforma previsional sobre las pensiones no contributivas”. Es la misma asociación civil que realizó la acción colectiva por la quita indiscriminada de 170.000 pensiones entre 2016 y 2017, causa que obtuviera fallo favorable de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
La nueva fórmula de actualización de las jubilaciones lleva a menores aumentos de las pensiones no contributivas, cuyo monto es del 70% de una jubilación mínima. Mientras con la fórmula vigente se obtendría en marzo de 2018 un aumento de $736, con la fórmula propuesta-se alcanzaría un aumento de $289.
Un primer problema de la Reforma, según REDI, es que la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones lleva a menores aumentos de las pensiones no contributivas, cuyo monto es del 70% de una jubilación mínima, según establece la actual Ley de Movilidad Jubilatoria. Actualmente, la pensión no contributiva es de $5.072. Mientras con la fórmula vigente se obtendría en marzo de 2018 un aumento de $736, con la fórmula propuesta-se alcanzaría un aumento de $289, considerando para las variables macroeconómicas afectadas a las fórmulas, senderos de evolución para 2018 alineados con las proyecciones de las consultoras del mercado. En consecuencia, en todo 2018 en lugar de recibir $70.202 recibirían $67.077, es decir, $3.125 menos. Ello como consecuencia de que se modifica el período de cálculo, pasa a ser trimestral en lugar de semestral, y los índices de ajuste. Asimismo, el “parche” del bono compensatorio que se otorgaría, según los funcionarios hicieron saber a la prensa, al no integrarse al haber jubilatorio, no redunda en una mejora de las pensiones no contributivas, es decir, no subsana el problema de empalme de ambas fórmulas.
En segundo lugar, la Reforma contiene la garantía de que la jubilación será del 82% del salario mínimo vital y móvil sólo para quienes hayan realizado 30 años de aportes. Ello no contempla a quienes se jubilan anticipadamente por adquirir una discapacidad durante su vida laboral. Tampoco contempla a las personas con discapacidad inscriptas en alguna de las moratorias por no contar con los suficientes años de aportes para obtener una jubilación. Debe contemplarse el elevadísimo nivel de desempleo que afecta al colectivo, cercano al 80% según la OIT, y que el Estado poco hace por reducir, dado que incumple flagrantemente las leyes de cupo laboral. Y también debe tenerse presente que en muchas ocasiones la trayectoria educativa de las personas con discapacidad es más prolongada, dadas las dificultades de la inclusión en las escuelas.
Por consiguiente, desde REDI, se menciona que la falta de acciones afirmativas en la Reforma que atiendan específicamente la situación de la discapacidad la torna inconstitucional. Deteriora aún más el actual régimen de previsión social de uno de los segmentos de la población más vulnerable.Resultará en consecuencia pertinente la judicialización de la norma, en caso de ser aprobada.
Xiang Min, una maestra de 37 años que trabaja en una escuela primaria rural de la provincia china de Guizhou, recibió hace poco tiempo una visita inesperada de 16 estudiantes que fueron a su clase hacía unos pocos años y que este año habían ingresado en la universidad.
Los jóvenes, que eran de la misma clase en primaria de la aldea de Xintian del poblado de Daba de la ciudad de Renhuai, fueron a visitar a su maestra antes de ingresar en la universidad.
Los chicos de la provincia suroccidental prepararon y compartieron una comida casera en casa de la maestra, que ha pasado13 años en una escuela apartada en una pobre área montañosa de Guizhou, y pasaron un tiempo alegre e inolvidable.
Xintian es una de las nueve aldeas más pobres de Renhuai. Este año, 60 estudiantes de la aldea participaron en el examen nacional de admisión universitaria y 43 de ellos lo aprobaron, de los cuales 16 eran alumnos de la maestra Xiang.
La maestra Xiang y sus alumnos en el aula (Por Huang Yongxian)
La aldea tiene 8.234 vecinos, incluyendo 839 personas de 269 familias pobres. Para los hijos de las familias pobres, el poder aprobar el examen nacional es muy difícil, pero lo que aún es más difícil es entrar en la universidad, ya que se necesita mucho dinero para costear los estudios durante cuatro años.
Debido a la pobreza muchos aldeanos salen a buscar trabajo en otras provincias. Pero por su bajo nivel de educación, la mayoría de ellos solo pueden hacer trabajos duros con bajos ingresos.
Niños de una clase de la escuela de Xintian (Por Huang Yongxian)
En los últimos años, el gobierno chino ha aumentado su ayuda educativa para las áreas atrasadas y cada año más jóvenes de familias pobres pueden ver realizado su sueño de ir a la universidad.
Chen Chaoguang, vecino de Xintian, tiene dos hijos. Ha conseguido un préstamo bancario de unos 1.000 dólares para ayudar a su primogénito, que estudia en una universidad en Guiyang, capital de Guizhou.
Chen lleva ya mucho tiempo en otra provincia y no quiere regresar, porque apenas ha ganado dinero por la falta de formación y habilidades profesionales.
La situación empezó a cambiar desde este año, su familia puede recibir del Estado unos 13.000 yuanes anuales (unos 2.100 dólares) como ayuda educativa.
Wang Zhengrong, esposa de Chen Chaoguang, muestra diplomas de galardones que otuvo su hijo en la escuela de Xintian (Por Huang Yongxian)
Cai Huitao, otro campesino pobre de Xintian, tiene cuatro hijos que están en la universidad. Su hija Cai Min fue admitida este año en el Instituto Tecnológico de Guizhou. Cai indicó que con los 3.000 yuanes que obtiene la familia con la venta de sorgo cosechado en su propia tierra, les resulta imposible pagar los estudios de su hija.
Pero ahora con la ayuda educativa oficial, esto ya no es un problema para su hija y otros jóvenes provenientes de familias con escasos recursos. Además de otorgar un préstamo sin interés para ayudar a su hija, que puede devolver durante 13 años posteriores a su graduación, recibirá, durante sus cuatro años en la universidad, una ayuda gratuita estatal de 1.500 dólares al año para cubrir sus necesidades en el centro educativo.
«Esta ayuda estatal nos ha ayudado a resolver un gran problema para mi familia», aseguró Cai, de 50 años.
La casa de Cai Huitao (Por Huang Yongxian)
Chen Yun, director del Departamento de Educación de Renhuai, señaló que desde 2013 el gobierno ha gastado 2.790 millones de yuanes (420 millones de dólares) para mejorar las condiciones educativas de la ciudad y ayudar a los estudiantes pobres.
Desde este año, todos los estudiantes pobres en Renhuai disfrutarán de una cobertura completa, en materia de asistencia educativa, desde la guardería hasta la universidad. En la fase de enseñanza secundaria la ayuda será de unos 3.000 yuanes anuales y en la universitaria, de 4.000 a 6.000 yuanes.
La ayuda del Estado está cambiando profundamente el panorama educativo de las áreas atrasadas de China y gracias a ello la aldea de Xintian ha creado una nueva maravilla sin precedentes en el municipio, con sus 43 estudiantes admitidos en la universidad en un mismo año.
Ahora la aldea se conoce con el nombre de la «aldea de los estudiantes universitarios», pero no se trata de un fenómeno aislado. En otro poblado pobre, no muy lejano de Xintian, más de 100 estudiantes también han entrado en universidades este año.
«En nuestra aldea, ya no hay estudiantes que abandonan los estudios o no pueden completarlos debido a la pobreza», aseguró Min Mei, una vecina de 36 años de la aldea.
Min tiene cuatro hijas y la segunda, Cai Min, fue admitida este año en el Instituto Tecnológico de Taiyuan, provincia noroccidental de Shanxi.
La ayuda educativa del Estado está cambiando incluso las ideas tradicionales de las campesinas locales.
«Hoy en día muchos campesinos tratan igualmente a sus hijos, sean niños o niñas, en la educación. Las niñas rurales, discriminadas antes en mayor o menor grado, también pueden recibir una buena educación como sus hermanos y disfrutar de las mismas oportunidades de desarrollo», concluyó Min.
Veinticinco organizaciones internacionales y de Tanzania pidieron hoy al Gobierno que ponga fin a su «retórica hostil» hacia los grupos de la sociedad civil, después de que el Ejecutivo amenazara con obstruir el trabajo de quienes ayudan a las niñas embarazadas a terminar su educación y al colectivo LGBT.
«El presidente de Tanzania y otros altos funcionarios deben centrarse en cómo construir el país, ayudando a todos a completar su educación y poner fin a la discriminación», dijo la investigadora de derechos humanos de Human Rights Watch (HRW) Elin Martínez en un comunicado.
El pasado 22 de junio, el presidente de Tanzania, John Magufuli dijo que, mientras que él sea presidente «no se permitirá a ninguna estudiante embarazada regresar a la escuela» y ofreció como alternativa la «formación profesional o convertirse en empresarias».
Además, en el mismo discurso, el presidente tanzano hizo declaraciones despectivas con respecto a las relaciones homosexuales.
Días más tarde, el ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó con cancelar el registro de las organizaciones que desafiaran la prohibición del presidente de escolarizar a niñas embarazadas y madres adolescentes, así como procesar o deportar a cualquier persona que trabaje para proteger los derechos de las personas LGBT.
Sin embargo el partido gobernante, Chama Cha Mapinduzi (Partido de la Revolución), prometió en su manifiesto electoral de 2015 garantizar que las niñas que abandonan la escuela debido al embarazo pueden continuar sus estudios, denunciaron las organizaciones en la declaración conjunta.
El Gobierno estima que 30 de cada 100 niñas abandonaron la escuela en 2015 por esta razón, siendo obligadas por muchos centros educativos a someterse a pruebas de embarazo y expulsar así a las niñas embarazadas, además de las casadas.
Además, el Gobierno de Magufuli atacó a una organización que trabaja por la salud de las relaciones homosexuales y amenazó con cerrar otras similares.
Bajo el Gobierno de Magufuli se lleva a cabo «una persecución y arresto de homosexuales sin precedentes», a quienes persiguen con cargos relacionados con su condición sexual y los someten a exámenes anales «de forma cruel, inhumana y degradante, y que puede constituir una tortura», denunciaron las organizaciones.
«La sociedad civil independiente desempeña un papel crucial en los debates, la formulación de políticas y los servicios sobre los temas críticos que enfrenta Tanzania», dijo la directora regional de Amnistía Internacional, Michelle Kagari.
«Amenazar con obstruir su trabajo y silenciar sus voces es contraproducente y contrario a las obligaciones legales internacionales de Tanzania», agregó.
El derecho internacional y la Constitución tanzana garantizan los derechos a la libertad de expresión y de asociación, así la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos expresó su preocupación por las violaciones cometidas en el derecho a la libertad de reunión pacífica basada en la orientación sexual. EFE
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