América del Sur/ Colombia/ 15.10.2018/ Fuente: www.elcolombiano.com.
El pasado miércoles decenas de miles de estudiantes de las universidades públicas y privadas salieron a marchar por las calles de las principales ciudades colombianas, solicitando mayor inversión en educación superior pública para aliviar el déficit del sector y recuperar la calamitosa infraestructura de muchas de las sedes.
Aun a pesar de todas las dificultades que esa situación financiera arrastra, hay universidades públicas que han hecho grandes esfuerzos y ocupan lugares de privilegio en los listados internacionales de calidad. No son todas, por supuesto, las más pequeñas dentro del sistema público han tenido grandes dificultades para desarrollar nuevos programas o cumplir con las metas programadas.
El presidente Iván Duque mostró sensibilidad frente al tema y al final del día recalcó la necesidad de trabajar juntos para dar respuesta a los clamores de tantos colombianos para paliar la difícil situación de la universidad pública. La primera respuesta concreta fue el aumento de medio billón de pesos para el presupuesto de la educación en 2019. El Presidente se comprometió también a buscar más recursos que permitan superar la crisis.
En un país con tantas necesidades como el nuestro y con una situación fiscal frágil, el gobierno está haciendo un esfuerzo que va en buena dirección. No es suficiente, sin embargo, porque el déficit es mucho mayor, fruto de una asignación presupuestal que no ha ido creciendo al ritmo de la ampliación de cupos que hasta ahora se le ha exigido a la universidad. En efecto, en un diagnóstico que comparten los especialistas, el déficit se agravó porque la Ley 30 de 1992 determinó que el presupuesto para las universidades públicas debería reajustarse cada año con la tasa de inflación, mientras que se exigió a las universidades que ampliaran sus matrículas a un ritmo superior.
Es crucial que en este momento el Gobierno entienda lo que está en juego y pueda diseñar una política coherente y de largo plazo para la educación superior. No se trata únicamente de pasar el año y lograr que la universidad pública esté abierta al terminar 2018. Se trata de comprender que la educación superior en Colombia debe basarse tanto en la universidad privada como en la pública. Robustecer a la universidad pública permitirá reducir la desigualdad, un objetivo que tanto requiere el país.
El desarrollo de la universidad pública no es enemigo de la universidad privada, esta forma de ver el problema no es correcta y puede llevar a un círculo vicioso. Por el contrario, estos dos pilares son complementarios y el adecuado funcionamiento de los dos es el que va a permitir que el capital humano local se cualifique y consolide el potencial que tiene Colombia para crecer. En muchos países, incluyendo a Estados Unidos, algunos de la Unión Europea e incluso en países en desarrollo, los dos tipos de universidades crecen en paralelo y aportan por igual a la sociedad. No es barato, claro está y no es fácil, pero es posible lograrlo con una visión estratégica que lleve a reformas profundas de lo que hoy tenemos.
La concurrida movilización del miércoles mostró identidades y cercanía entre estudiantes y docentes de ambos sectores de la educación superior. De fondo, están jóvenes, sociedad y país futuro.
Por eso no es solo apaciguar las marchas, el tema es vital y así debe abordarse.
Fuente de la noticia: http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/crisis-en-la-educacion-publica-YH9485001
Venezuela / 14 de octubre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Sputnik News
El Gobierno de Venezuela prevé instalar comedores en 2.000 escuelas para atender la alimentación de estudiantes afectada por la crisis económica, dijo a Sputnik el ministro de Educación, Elías Jaua.
«Nosotros tenemos 16.000 escuelas, de las 25.000 de educación pública, con servicio de comedor; y para este año tenemos la meta de llegar a 2.000 comedores más, es decir 18.000 escuelas, el 76% de nuestras instituciones educativas cuentan con el programa de alimentación escolar», dijo Jaua.
Mientras, las restantes 7.000 escuelas recibirán una merienda nutritiva, según el ministro.Jaua explicó que estas medidas se suman a las políticas del presidente Nicolás Maduro, como el bono de escolaridad, «un estímulo a la familia a que inscriba a sus hijos, que los mantenga dentro del sistema educativo nacional, con una bonificación que va a ser pagada en las próximas semanas».
El Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela llegará este año a registrar una inflación de 1.000.000% de inflación y una reducción de 18% del Producto Interno Bruto (PIB).
El Gobierno asegura que esta situación es inducida por sectores que buscan generar malestar y desestabilizar la gestión de Maduro, como parte de una «guerra económica» impulsada por la derecha nacional e internacional.Esta situación se traduce en precios prohibitivos de los alimentos, los uniformes y los útiles escolares, que suben de precio constantemente de acuerdo a una tasa del dólar paralelo que el Gobierno considera ficticia, pues no corresponde al comportamiento del libre mercado sino a intereses políticos.
Jaua dijo que el Gobierno decidió entregar de forma gratuita materiales escolares y uniformes para el período lectivo 2018-2019, que se iniciará en septiembre.
«El otro tema es la distribución gratuita de cuatro millones de bultos escolares con libros, con los útiles escolares básicos; ya estamos armando esta semana 250.000, ya comenzamos el proceso de ensamblaje y vamos a garantizar cuatro millones de uniformes», dijo Jaua.
Se trata de una «parte de las políticas del presidente para hacer frente a la especulación que el capitalismo tradicionalmente realiza por estos días», sostuvo.
Hay protestas y huelgas de los trabajadores de la salud, del sector eléctrico y del profesorado universitario.
Pero el ministro destacó que en la educación básica existe «absoluta paz laboral».
Algunas organizaciones y dirigentes opositores alertaron de un presunto incremento de la deserción de maestros y de alumnos de las escuelas públicas y privadas.
Pero Jaua desestimó la denuncia.
«No tenemos registros de deserción masiva de maestros en el país, y tampoco de alumnos, hicimos un trabajo interno de todas las zonas educativas verificando ambos temas, la matricula estudiantil y docente, y tuvimos incremento de bachilleres graduados de 4%», dijo el ministro.
Para Jaua se trata de una campaña impulsada por sectores opositores que intentan motivar una deserción masiva de maestros que «contribuya a la noción de crisis humanitaria que han querido imponer para justificar una intervención», dijo.
l ministro subrayó que Venezuela cumplió las metas establecidas en la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, garantizando educación pública gratuita desde el nivel preescolar hasta el universitario.
«Cuando Venezuela se presenta en esos escenarios de evaluación que la Unesco hace en materia de educación, tenemos muchos logros y avances que presentar, sobre todo partiendo de la premisa básica del modelo socialista de que la educación es un derecho humano y no un negocio», dijo.
El Gobierno invierte el 6,4% del PIB y el 23% del presupuesto nacional en educación y cumple con la igualdad de género en la matrícula estudiantil, pues 50,03% corresponde a hombres y 49,7 a mujeres, según Jaua.
Venezuela / 14 de octubre de 2018 / Autor: Luis Ángel Yáñez / Fuente: El Ciudadano
CREÓ LA UNIVERSIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES
En Venezuela hay 69 universidades públicas, de las cuales el 64% han sido fundadas en tiempos de revolución
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el inicio del período académico universitario 2018-2019, encabezando la inauguración de la Universidad Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática.
El mandatario destacó que esta universidad es la número 45 creada en Revolución. “Hoy será un día fundacional. Se trata de la Universidad Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática para 1.200 estudiantes presenciales y 20 mil estudiantes en línea, en cuatro especialidades de pregrado y postgrado”, adelant+ó.
Recordó que en Venezuela hay 69 universidades públicas de las cuales el 64% han sido fundadas en tiempos de revolución.
Asimismo, recomendó reformular las carreras que se imparten en las casas de estudios públicas y hacer énfasis en carreras como agronomía, educación, medicina, enfermería y otras que apuntalen el desarrollo nacional.
“Es necesario una reformulación estratégica para poner las universidades al frente del desarrollo económico del país, a propósito del comienzo, a partir del 10 de enero, del nuevo período presidencial. Las carreras universitarias deben adecuar el contenido para estar totalmente alineadas con las necesidades de desarrollo económico, cultural, social y espiritual de la nación“, comentó.
El Presidente añadió que “no podemos seguir formando profesionales en carreras que no se traducen en la necesidad de bienes y servicios para el pueblo, debemos garantizar que la educación marche al ritmo del desarrollo de las fuerzas productivas”, acotó.
Maduro designó a Carlos Ramón Berbesí Lucena como rector de esta nueva universidad, que funcionará en el estado Miranda. “Esta casa de estudios se integra al desarrollo nacional y crecimiento productivo para aportar conocimiento científico, nanotecnológico y en materia de telecomunicaciones al servicio de las fuerzas productivas”, aseveró.
El presidente hizo un llamado a las universidades a asumir el inicio del período académico actual con compromiso y con mucho amor, apegadas a los valores de una Venezuela que lo tiene todo para ser grande, de manera que toda su capacidad esté al servicio del bienestar de la nación.
Universidad en Revolución
Destacó que en el mapa de América Latina, la inversión en educación pública se ha ido reduciendo, mientras en Venezuela el 78% del sistema universitario es público, gratuito y de calidad. Es parte del sistema de garantía de los derechos humanos, referidos al derecho a la educación en todas sus instancias.
“La inversión en educación en los períodos de gobiernos burgueses apenas llegaba a 3%, lo que generó los bachilleres sin cupo, mediante la elitización de la educación y la privatización. Mientras que con la llegada de la Revolución este porcentaje de inversión social en educación se elevó sobre el 7,5% y en 2018 alcanzó 10% del Producto Interno Bruto”, señaló.
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, mejor conocido como FONE, comenzó a funcionar en enero de 2015. Esto, después de que en enero de 2013, el Congreso de la Unión, aprobara diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal mediante las cuales, se creó un mecanismo para el pago del personal educativo federalizado a nivel nacional.
Para el logro de este propósito, durante el año 2014, la Federación y los gobiernos estatales, “conciliaron” las plazas que les fueron transferidas en el año 1992, como parte de la llamada “descentralización” administrativa que se derivó del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). Esto, en términos sencillos qué significa, que la Federación no tenía ni la menor idea de dónde estaban los maestros, es decir, cuáles eran los centros de trabajo en los que estaban asignados en cada una de las entidades de la República Mexicana. Asunto nada menor si consideramos que, desde hace más de dos décadas (aunque son más, muchas más), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sabían a quién le estaban pagando y cómo le estaban pagando. Imagínese usted tremendo caos en el que las propias autoridades educativas y gubernamentales metieron al magisterio, claro está, por los vicios, tráfico de influencias, corruptelas y demás linduras en las que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a través de sus líderes, sacaron el mayor provecho.
¿Qué si el pase de lista FONE debe mantenerse porque con ello se asegura el control de la nómina magisterial a nivel nacional? Es una pregunta que tiene sentido y, cuya respuesta, parece encontrar viabilidad si lo que se pretende es eliminar ese juego perverso del que los aviadores y maestros “fantasma” que laboran en el Sistema Educativo Mexicano (SEM), han sacado muy buen provecho. Vaya, el asunto es sencillo, si un maestro o maestra diariamente pasa lista a sus alumnos, ¿por qué los maestros no pueden ser “sujetos” a esta disposición administrativa?
Desde mi punto de vista, el pase de lista cumple un propósito y ese lo tenemos claro, lo malo o lo pésimo de este asunto, es la serie de “barbaridades y atropellos” administrativos que en cada una de las entidades se vive o, más bien, viven los maestros una vez que se notifica que se realizará el pase de lista. Me explico.
El pase de lista FONE le significa al maestro, una pérdida de tiempo en el más amplio sentido de la palabra. Así de simple y así de complejo; y es que mire usted, en estos días en los que, a los trabajadores de la educación de todos los niveles educativos, les fue solicitada “cierta” documentación para que la entregaran a sus respectivas autoridades educativas de sus escuelas, después de hacerlo a dichos maestros, se les pidió que firmaran un formato o plantilla de personal en la que se asentaba ese pase de lista, mismo que aseguraba su asignación a determinado centro escolar. Ese es el propósito del pase de lista: la firma de un documento por el docente, avalado por sus autoridades, en el que a través de diversas evidencias (documentales) se confirma la asignación de un maestro a cierto centro de trabajo.
Menuda situación es esta; sin embargo, si usted piensa que el asunto es sencillo y que tal vez estoy exagerando en el uso de mis adjetivos calificativos, permítame un momento. Le explicaré, en pocas palabras, lo que vive un docente para conseguir la documentación requerida: un verdadero martirio. Y es un verdadero martirio porque para tramitar los documentos solicitados, tiene que acudir a diferentes instancias gubernamentales, a veces, alejadas o muy alejadas de sus centros de trabajo o de sus hogares, lo cual significa ausentarse de sus escuelas, lo que los lleva a solicitar un permiso económico porque, de no hacerlo, corren el peligro de tener una “falta” administrativa por no cumplir con lo que la propia autoridad (en sus diferentes niveles) les solicita. Les pongo un claro ejemplo de ello y, cuya evidencia la tengo en mano, en el momento que escribo estas líneas.
En el Estado de Morelos, el director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), les solicitó, vía oficio fechado el 24 de septiembre de este año, a los responsables de los diferentes niveles educativos, la entrega de la documentación escaneada e impresa del personal (docente) que no fue identificado en los centros de trabajo y que los mismos responsables de esos centros así los reportaron vía Plataforma de la Auditoría Superior de la Federación (ASF): a) formato único de personal (que justifique en qué centro de trabajo está asignado en el ejercicio 2017); b) nombramiento (que justifique en qué centro de trabajo está asignado en el ejercicio 2017); c) oficio de presentación; d) INE (credencial de elector del responsable del centro de trabajo y del personal observado); e) lista de asistencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (que justifique los días laborados en el ejercicio 2017). De esta forma, el oficio que refiero, culmina con una advertencia que, desde mi perspectiva, me parece de los más agresiva: “…en caso de no cumplir en tiempo y forma lo solicitado, la Auditoría Superior de la Federación, podrá presentar una observación resarcitoria de la cantidad pagada del ejercicio fiscal 2017”.
¿Se imagina usted lo que tendrá que hacer el o la docente para conseguir la documentación que su autoridad inmediata le está solicitando de la noche a la mañana? Permisos económicos, pago de copias y escaneo (si es que no tiene el equipo) de los documentos, transporte, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera; pero, lo que me parece peor: el que tenga que ausentarse de su grupo y todo porque sus autoridades locales no tienen ni han desarrollo un sistema que les permita “eficientar” este proceso con la finalidad de que los profesores no se retiren de su aula por este tipo de cuestiones administrativas.
¿No decía Nuño que el docente se dedicaría única y exclusivamente a lo didáctico y pedagógico?
Cierto es, que en las entidades del país se vive un verdadero desorden administrativo. Cierto es, que la federación no ha puesto orden en cada uno de los estados. Cierto es, que ni a las autoridades educativas de la federación y a las de los estados, se les ha fincado una responsabilidad administrativa por el uso que le han dado a las plazas, claves presupuestales, asignación de centros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sr. López Obrador, sí, el pase de lista FONE es viable, no obstante, urge desterrar la corrupción en cada una de las Secretarías de Educación y, urge que cada una de esas Secretarías se inserte en procesos de simplificación administrativa para que operen con eficiencia, eficacia y TRANSPARENCIA en el más amplio sentido de la palabra.
Con negritas:
¿Sabe usted cuántos profesores aún viven en el limbo laboral-administrativo-jurídico porque sus autoridades no han realizado los trámites para que sus plazas sean “conciliadas” ante la Federación y la SHCP?
Niños que se niegan a dibujar figuras humanas, a escuchar música, a hacer gimnasia durante el ramadán, que presionan a compañeros que no comen comida sin certificación religiosa: son algunos de los casos que ilustran una temprana radicalización religiosa en las escuelas de Francia, según documento de los servicios de inteligencia examinado por el ministerio de Educación.
El informe realizado por los servicios de inteligencia de Francia está en el escritorio del ministro de Educación de Francia, Michel Blanquer. El texto confidencial, revelado por la radio Europe 1, describe las fricciones entre la escuela pública y la práctica del islam por parte de niños musulmanes.
Aunque el documento indica que la situación es estable, el estudio indica que existen casos cada vez más duros de repliegue religioso que impiden el normal desarrollo de la vida escolar. La nota confidencial describe casos de niños que se niegan a dibujar figuras humanas (una prohibición rigurosa para ciertos musulmanes); chicos que se tapan lo oídos para no escuchar música en la clase, varones que se oponen a darle la mano a sus compañeritas de curso o incluso de menores que rechazan muebles de color rojo, juzgados contrario a las enseñanzas del Corán, apunta Europe 1.
Uno de los principales puntos problemáticos para las autoridades escolares es el momento del almuerzo. En la región del sudeste se registran casos de niños que se niegan a sentarse junto a compañeros que coman cerdo. Además, chicos musulmanes insultan a otros de la misma religión por no comer alimentos halal (que siguen las prescripciones religiosas islámicas).
En Saint Denis, en los suburbios de París, en un viaje escolar “de unos 50 alumnos, 35 se negaron a comer una pata de pollo que les habían dado para la cena porque no era halal. No nos habían avisado, así que tuvimos que botar 35 patas de pollo y sólo se comieron las papas fritas”, cuenta Yannis Roeder, el profesor de historia del curso, citado por Europe 1 en el informe.
Otros casos señalados cuentan mencionan incidentes ligados al ayuno durante el mes del ramadán: un niña deshidratada rechaza un vaso de agua mientras el padre tampoco da la autorización porque no lo ha consultado con el imán; un equipo de fútbol de una secundaria del este de Francia que debió abandonar el campeonato nacional de fútbol de salón porque la mitad del equipo observaba el ayuno.
En tanto, en la ciudad norteña de Lille, aparecieron madres de alumnos distribuyendo volantes exigiendo la separación de varones y niñas “en nombre del Corán”.
Para Frédéric Béghin, autor de un libro sobre el laicismo (“Una oración para el colegio: los maestros frente al rompecabezas de la laicidad”) el informe pone el acento en una realidad que él ya había constatado. “En todas las escuelas de Francia, ya sea en la primaria o en el secundario, no tenemos una mayor recurrencia de estos hechos, pero sí son más precoces, más reivindicativos, más agresivos, ya se trate en la vida cotidiana en la escuela, el comedor o la enseñanza en las aulas”, recalcó en una entrevista con Le Parisien.
A la espera de una nueva estrategia frente a este fenómeno de radicalización, la Educación nacional francesa ha creado una plataforma se asistencia para ayudar a los maestros y profesores a tener un apoyo las 24 horas. Cada día, el servicio atiende unos 30 casos ligados a esta problemática.
América del sur/Colombia/11 Octubre 2018/Fuente: Semana
Cientos de miles de estudiantes y profesores se tomaron las calles de todo el país en una jornada sin antecedentes recientes en Colombia. Más allá del reclamo por mayores recursos para la educación superior pública, lo sucedido este miércoles puede tener más efectos.
Colombia vivió una jornada histórica. Este miércoles, estudiantes y profesores universitarios de las principales ciudades del país salieron a la calle a marchar para exigir al gobierno nacional mayores recursos para financiar la educación superior pública en Colombia. Por lo menos, ese era su propósito.
La manifestación, convocada y liderada por el Movimiento Estudiantil Colombiano, contó con el apoyo de universidades privadas y movilizó a cientos de miles de personas en el país. En Bogotá se estima que 45.000 personas salieron a la calle y se concentraron en la plaza de Bolívar. El principal reclamo era el incremento a 4,5 billones de pesos el presupuesto para las instituciones de educación superior pública para 2019.
A pesar de algunos episodios de vandalismo, especialmente en Bogotá, la marcha de los estudiantes de este 10 de octubre se desarrolló en calma, despertó mucha solidaridad, y hasta transcurrió entre fiesta y carnaval. Una jornada que sin duda dejará varias lecciones.
1. En el presupuesto, la pelea es peleando y la plata no alcanza Al interior del gobierno, la pelea por la distribución del presupuesto de 2019 ha sido muy dura e incluso ha provocado tensiones entre varios ministros y el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Cada uno de los ministros ha tenido que ir a ‘pelear’ las asignaciones para el próximo año, pues el gobierno tomó la decisión de mantener el presupuesto de 259,7 billones de pesos que había dejado listo el gobierno Santos. El debate que se viene es muy duro si se tiene en cuenta un gran problema: el Estado está desfinanciado en cerca de 25 billones de pesos pues los gastos programados para el año entrante superan los ingresos previstos, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
2. Cumplir “los anhelos” de los estudiantes es casi imposible
El presidente Iván Duque contestó casi de inmediato a las protestas de los estudiantes. “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos”, dijo el primer mandatario. A pesar de que en esta oportunidad, el presupuesto de Educación ha sido el más alto de la historia, las cifras no son suficientes. En esta oportunidad, con 41 billones, el sector supera a otros que tradicionalmente se han llevado los mayores recursos del Estado como defensa (33,53 billones), salud y protección social (32,29 billones) y trabajo (28,52 billones). Sin embargo, el presidente reconoció que “tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno. Hemos hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado. Pero faltan recursos”. La discusión de más presupuesto para las universidades llega en un momento difícil para la economía y ad portas de una reforma tributaria. La ministra María Victoria Angulo dio una buena noticia en el debate este miércoles en el Congreso: al presupuesto de 3,8 billones de pesos proyectado para las universidades públicas en 2019 se suman ahora estos nuevos recursos, lo que implica que recibirán el próximo año 4,3 billones de pesos. Las universidades, por su parte, piden más de 15 billones, que es la brecha histórica que consideran se les adeuda.
3. Se vienen tiempos de apretarse el cinturón
La situación económica del país llevó al gobierno a pedir a cada una de sus entidades apretarse el cinturón y ajustar los gastos del próximo año, porque en últimas, el gobierno tendrá que administrar lo mejor posible el presupuesto. Esto implica que en todas las carteras, incluida la de Educación, las restricciones presupuestales son grandes. Este miércoles, durante la discusión del presupuesto del próximo año, los congresistas y el gobierno se pusieron de acuerdo para aumentar en 500.000 millones de pesos la asignación para las universidades públicas. La destinación de la partida adicional se distribuiría así, según la ministra de Educación: 223.000 millones de pesos irían para inversión en todas las instituciones de educación superior pública; otros 55.000 millones se destinarían para funcionamiento, 121.000 millones para el ejercicio anual de gratuidad y 101.000 millones para la línea de excelencia y méritos.
4. Los problemas de las universidades vienen de décadas atrás
La magnitud de las protestas estudiantiles permitió que por primera vez en mucho tiempo las cifras de la educación superior se pusieran sobre la mesa, y que fuera evidente la deuda histórica que tiene el país con estas. La principal explicación de la desfinanciación que viven se debe a la Ley 30 de 1992. Esta determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes, que se cuadriplicó en la última década al pasar de 159.000 a más de 611.000 estudiantes. Con esto, mientras los ingresos de las universidades públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo hicieron mucho más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las universidades entraron en cuidados intensivos a nivel financiero. Como bien le explicó el rector de la Universidad del Atlántico a SEMANA, las cargas se han desbalanceado. En el caso de esa institución, en 1993 tenían 5.913 estudiantes y hoy, 24.619. Eso significa un crecimiento de 316 por ciento. Sin embargo, en materia presupuestal recibían en 1993 52.538 millones, y hoy 129.233 millones. Es decir, un crecimiento de 124 por ciento.
5. La plaza pública sigue vigente…
No es la primera vez ni será la última que las movilizaciones sociales sean capitalizadas por dirigentes políticos. Pescar en río revuelto es un lugar común entre los políticos, y las marchas y los paros son especialmente terreno fértil para ese propósito. Desde días, incluso semanas atrás, fueron numerosos los congresistas que apoyaron la manifestación e invitaron a una masiva y pacífica movilización. De forma oficial, partidos políticos –especialmente de izquierda- como el Polo Democrático, Alianza Verde, Unión Patriótica, que históricamente han acompañado paros campesinos, huelgas de trabajadores, o toda clase de protestas sociales fueron los primeros en solidarizarse con la causa de la universidad pública y anunciaron su presencia en la calle. El hilo conductor entre los reclamos de unos y el rol de estos partidos políticos es la oposición al gobierno. Por eso, los dirigentes que este martes caminaron varios kilómetros en la marcha, al lado de los estudiantes, eran precisamente de estos partidos. Este miércoles se vieron caras reconocidas como las de Jorge Robledo y otros congresistas del Polo; Angélica Lozano, Antonio Sanguino de los Verdes; Aída Avella de la UP, por citar algunos. Era lógico que políticos de los partidos tradicionales no iban a ser bien recibidos si se asomaran a las calles.
Que los políticos traten de conectarse con la movilización espontánea es una conducta legítima. De hecho el objetivo de las organizaciones políticas es precisamente ser el puente entre la calle y el poder, los que originalmente deberían ser los encargados de tramitar los reclamos del ciudadano con los que manejan las riendas de la nación. Y aunque el escenario natural pueda ser el Capitolio, el ideal es la plaza pública.
6. …y Petro sigue siendo el rey
Y es allí, en la plaza pública, donde Gustavo Petro se mueve como pez en el agua, o si se hablara en términos deportivos, donde juega de local. Desde la semana pasada enviaba mensajes invitando a las “ciudadanías libres” a sumarse a la marcha de los estudiantes, y este miércoles se asomó en la plaza de Bolívar donde fue el político más aclamado, entre otras porque los demás no se acercaron a la tarima instalada para que intervinieran los líderes del movimiento estudiantil. Era lógico que tras una campaña presidencial tan reciente, en la que encarnó la imagen de la “esperanza” frente a lo que llaman el establecimiento, su presencia iba a ser saludada. También porque muchos de las reclamos de los estudiantes de la universidad pública los había enarbolado en el debate electoral, así como en el resto de su trayectoria política.
Pero en su caso, volvió a traducir una manifestación ciudadana como un respaldo a su figura, por lo que fue criticado. Una fotografía en medio de la multitud, mientras se acercaba a la tarima de la plaza de Bolívar fue rechazada por los propios manifestantes, que se opusieron a cualquier intento de hacer política con la marcha.
De hecho, los mismos estudiantes, en su gran mayoría, fueron los primeros en atajar cualquier intento de sacar provecho político con la manifestación, y aunque la marcha tenía como claro objetivo elevar una voz de protesta al gobierno y a sus políticas en materia de educación, el presidente Iván Duque también pretendió sintonizarse con ese mensaje en su discurso al cierre de la jornada: “La educación es de todos, no es de izquierdas ni de derechas”.
7. Las redes sociales sí logran mover a los colombianos
Aunque los estudiantes siempre han salido a protestar, sus clamores se escuchan hoy más que antes gracias a Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Durante todo el día, las tendencias de esas redes sociales giraron alrededor de la marcha. Una vez más, se demostró que la idea de que la indignación que se vive en las redes sociales no se traduce en hechos reales, se desvaneció. Miles de jóvenes se agolparon en las calles con el mismo clamor. A eso se suma que gracias a este megáfono la participación que tienen los políticos es más visible, y por eso la intervención de muchos congresistas en las manifestaciones, que también era usual en el pasado, tiene hoy más eco. Por otro lado, se volvió a demostrar que los mensajes originales suelen calar y permiten que los mensajes de causas históricas como la corrupción hace unos meses o como la educación esta semana, lleguen a personas que antes no se movilizaban. En esta oportunidad, Daniel Samper puso de nuevo la agenda con un video en el que él y la actriz Esperanza Gómez compartieron sus reflexiones sobre este problema.
8. La discusión de Ser Pilo Paga no se ha acabado
Uno de los primeros pulsos que tuvo el gobierno Iván Duque fue respecto al supuesto fin de Ser Pilo Paga. El presidente salió a desmentir esa interpretación y aclaró que lo que hará es reformular ese programa.»La cobertura exige que nosotros podamos incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad y decirles a las universidades privadas que también pongan», había dicho en uno de sus talleres comunitarios. Sin embargo, ese anuncio generó malestar entre las universidades privadas que tendrán que hacer ajustes para acomodarse a la nueva realidad de recibir menos dinero del Estado. La universidad pública, por su parte, resiente mucho que esos cuantiosos recursos que se habían destinado a esas instituciones, habrían podido subsanar gran parte del problema que viven ahora. Se calcula que el Estado le girará a los centros privados 2 billones de pesos más, para que los alumnos que fueron beneficiados puedan finalizar sus carreras. La clase empresarial, que había sido gran defensor de los pilos, también le ha pedido a Duque que este se mantenga. Por eso, en la pelea del presupuesto, el programa será un eje central. La ministra anunciará el nuevo plan el próximo 20 de octubre.
9. El dilema está entre cumplirle al pasado y apostarle al futuro
El problema del sector educativo se explica en que si bien existe un alto presupuesto, la mayoría está comprometido en rubros diferentes a las universidades públicas. Cerca del 70 por ciento va para financiar la educación básica y media y solo el 10 por ciento del total tiene como destino la educación superior. Esto significa que en educación, como en otros muchos sectores, el país ha tenido que escoger entre financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro. En términos generales, el 95 por ciento del presupuesto de educación va para funcionamiento (incluidos los pagos del FOMAG y los compromisos de primas que se negociaron para levantar los paros docentes) y tan solo el 5 por ciento se destina a inversión. El rubro de pensiones supera los 9 billones de pesos.
10. Educación versus defensa, los tiempos cambiaron
Gran parte de la explicación de que el país viva esta discusión con tal intensidad es que llegaron otros tiempos. Luego de la firma del proceso de paz, muchos temas que no tenían prioridad se convirtieron en el eje de la discusión del país, como sucede en cualquier democracia en la que no existe el conflicto armado. La educación es quizás el sector en el que se vive con más intensidad ese giro. El rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Martínez, por ejemplo, propone quitarle un billón de pesos a defensa y pasárselo a educación, ciencia, tecnología y medioambiente. “Seguir aumentando presupuesto para defensa en un contexto diferente no tiene mucho sentido desde nuestro punto de vista”, dice. Esa misma tesis fue la que sostuvo Gustavo Petro en su intervención en la plaza de Bolívar. El argumento de gastar más en la educación del futuro que en la guerra del pasado inspira y convoca a muchos.
IU recoge de esta manera el guante tras el comunicado dado a conocer el pasado miércoles por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en el que demandan también esta nueva norma orgánica.
Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, explica que esta formación “se suma a la demanda de la comunidad universitaria como Uni-Digna, el Foro de Sevilla y tantos otros colectivos que reivindican una Universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente”.
“Estamos manifiestamente en contra -afirma- de la mercantilización y la privatización propiciadas por las políticas neoliberales y conservadoras que han convertido las universidades en empresas expendedoras de títulos, han devaluado la función docente y han sumido en la precariedad más absoluta a una parte muy considerable del profesorado”.
Ante la demanda concreta de la Conferencia de Rectores solicitando ‘a todas las instancias políticas parlamentarias que pongan a la Universidad española en el frontispicio de su acción política’, IU responde “situándonos frente al enfoque cada vez más neoliberal y menos universal y científico de la Universidad. Nos unimos al clamor de la comunidad universitaria para reclamar otra Universidad Pública posible, entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural, científica y profesional”, en palabras de Díez.
Izquierda Unida plantea y asume este decálogo de mínimos de cara a concretar esa nueva Ley de Universidades consensuada con la comunidad universitaria:
1. Gratuidad: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas. Equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.
2. Planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario consensuado que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida y siempre a través de una universidad pública.
3. Acceso libre y gratuito a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros.
4. Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas y garantizando una formación global, polivalente, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la humanidad.
5. Sistema generalizado de becas-salario que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.
6. Autonomía y autogobierno democrático universitario: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos empresariales centrados en costes y rendimientos, potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma colegiada de decisiones y la electividad de sus cargos. Se debe equilibrar la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, incrementando el peso del estudiantado y del PAS. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género…
7. Mejora de las condiciones docentes y de investigación: Supresión de la contratación precaria y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico y una investigación rigurosa.
8. Formación didáctica como docentes: Formación didáctica inicial obligatoria para el profesorado universitario novel de 60 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas que se tendrá en cuenta en los procesos de promoción. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa de la ratio alumnado-profesorado.
9. Evaluación justa de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u ‘Open Science’ para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo ‘Horizonte 2020’. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la acción formativa del profesorado.
10. Garantizar una financiación pública de la docencia y de la investigación en las Universidades Públicas del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue o se supedite a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 70
Total Users : 35420691
Views Today : 101
Total views : 3355319