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Nuevo curso, ¿con qué política educativa?

Por: Jaume Martínez Bonafé

¿Será el nuevo curso una reproducción del anterior como lo fue el anterior reproducción del anterior? Ya me dirán ustedes si no sería una buena gimnasia empezar el curso con algo más de trabajo ideológico.

Los últimos años, largos, muy largos, los pasamos cuestionando las políticas educativas de la derecha, por injustas, ineficaces, burocratizantes, descaradamente favorecedoras del negocio de la educación. He visto inventar innovaciones con una ignorancia supina del saber acumulado por la investigación y la reflexión de muchos maestros y muchas maestras, vendiendo acreditaciones como quien vende chucherías en el quiosco. Y se ha mirado a la infancia como un objeto que moldear según determinados intereses y culturas y no como un sujeto de derechos para los que la educación debería ser la garantía de un crecimiento emancipador.

No olvido aquel intento de creación de un estatuto jurídico superior para el maestro, estúpida forma de reivindicar su autoridad, acompañada por la recuperación de la tarima. Como no olvido los múltiples informes que vienen denunciando los estereotipos eurocéntricos, sexistas, heteropatriarcales, antiecológicos en el contenido de los libros de texto, mientras los gobiernos –progresistas o no progresistas– los regalan sin ningún miramiento, es decir, despreciando esos informes. Y no se sabe de ningún consejero de Educación que se haya reunido con los editores del libro de texto para negociar que la compra estará relacionada con la mejora de la calidad del producto.

No olvido tampoco las protestas que inundaron las calles de verde en muchas ciudades, una auténtica marea frente a los múltiples recortes en la educación pública. Llegaron también aquellos representantes políticos a actuar en una subcomisión para pactar políticas educativas manejando conceptos como universalidad para enmascarar privatización y mantenimiento del statu quo. Y así les fue. En un siglo, un país y una escuela donde la ciencia y el laicismo deberían gobernar el curriculum, cerramos el curso un año más con la doctrina y los dogmas de la fe católica dentro de las aulas. Y finalmente, se convocaron oposiciones en algunas comunidades autónomas para contratar a miles de maestros y maestras que tendrán en sus manos la responsabilidad de la educación a las futuras generaciones durante las próximas décadas, y los criterios para el diseño de las pruebas, la selección de tribunales y baremos de evaluación son más de lo mismo, con el pecado añadido en el caso del País Valenciano, que quien tiene la responsabilidad de esa gestión es un gobierno autonómico considerado progresista. Perverso ejemplo de laxitud conceptual y de desimplicación de quien tiene la responsabilidad de la política.

¿Será el nuevo curso una reproducción del anterior como lo fue el anterior reproducción del anterior? Pues si así pintara la cosa habría que hacer lo posible por evitarlo. Y me parece que hay dos conceptos que están en la base de la respuesta y el cuestionamiento político de la continuidad. El primero tiene que ver con el movimiento social y el segundo con la hegemonía. Me parece que el saludable y potente proceso social que articuló y unificó múltiples actores comprometidos con la acción colectiva de defensa de la escuela pública, perfectamente simbolizados en las camisetas verdes, no debería tener esas camisetas guardadas en el armario, pues el conflicto político que ha venido poniendo a la escuela pública sobre las cuerdas no ha desparecido. Lo público, en general, y la escuela pública, en particular, siguen amenazados por la lógica neoliberal de la individualización y el sálvese quien pueda. El movimiento social que encabezó la reivindicación de la dignificación de la educación pública tiene todavía mucha tarea hasta hacer realidad ese cambio personal, cultural y político en la escuela.

Debería ser tarea de quienes tienen la responsabilidad de una gestión progresista de la educación pública, ayudarnos a pensar de un modo más crítico qué curriculum implementamos, con qué formación desarrollamos la profesión, cómo cualificar y profundizar en los procesos participativos, de qué modo se avanza en la democracia escolar, con qué referentes pedagógicos y políticos ha ido cultivándose el saber de renovación pedagógica, en fin, cómo hacer del cotidiano escolar un campo de reflexión y experimentación de nuevas y mejores posibilidades para facilitar el crecimiento humano con saberes emancipadores. Sin embargo, no parece que esos nuevos conceptos, que esa nueva y nutrida caja de herramientas con las que pensar estrategias de cambio y mejora de la escuela, vayan a venir de esos espacios de la administración educativa. Tal vez se les coma el tiempo la burocracia, tal vez. Es como si la vida de la escuela haya dejado de ser un concepto político y cada cual pueda inventar su momento como mejor le convenga. Por eso hace falta un potente movimiento social que recupere la acción política y pedagógica, el pensamiento político y pedagógico, la creación de conceptos y procedimientos para hacer más pública la escuela pública.

Recuerdo que en el primer gobierno del PSOE un ministro de Educación llamado José María Maravall nos confesaba en una reunión con los Movimientos de Renovación Pedagógica su necesidad de que andáramos por delante, creando una conciencia crítica que facilitase el avance y el cambio pedagógico. Era una lúcida petición de quien sabía que en el territorio de la educación se libra una permanente disputa por la dirección intelectual y moral del sentido de esa educación, y hace falta, entonces, un potente movimiento social que genere otras explicaciones, que busque otras estrategias, que facilite otras comprensiones sobre los que es o no posible. No es una cuestión de coerción, es una cuestión de convencimiento.

En aquel inmenso 8 de marzo del curso pasado una maestra le dijo a otra que anunciaba en el claustro su voluntad de ir a la huelga, que no estaba de acuerdo y que le parecía injusto e insolidario tener que quedarse con los niños y niñas de su clase. Ya me dirán ustedes si no sería una buena gimnasia empezar el curso con algo más de trabajo ideológico. Y no olviden que la ausencia de ideología es la ideología de la derecha.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/10/01/nuevo-curso-con-que-politica-educativa/

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Julia Keleher se inserta en la discusión de las pruebas estandarizadas

Centro América/Puerto Rico/03 Octubre 2018/Fuente: El nuevo día

La Secretaria del Departamento de Educación es nombrada a junta que decide sobre los exámenes en EE.UU.

La secretaria del Departamento de EducaciónJulia Keleherfue nombrada para ocupar una silla en la Junta Regidora de la Evaluación Nacional (NAGB, por sus siglas en inglés), ente que supervisa y determina el futuro de las pruebas estandarizadas que miden las destrezas en materias básicas de los estudiantes en las jurisdicciones estadounidenses.

El nombramiento será efectivo a partir de hoy y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2022, detalló en un comunicado de prensa la secretaria federal de EducaciónBetsy DeVos, al anunciar la designación.

Keleher ocupará un puesto representando a los principales oficiales educativos de los estados.

“Esta designación es importante porque va a haber representación de Puerto Rico en la mesa donde se estarán tomando decisiones y que influye en la política pública educativa de Estados Unidos”, sostuvo ayer Keleher.

NAGB es un organismo independiente, creado por ley en 1988 para establecer la política pública de las pruebas de Evaluación Nacional de Progreso Educativo(NAEP, por sus siglas en inglés). Estas pruebas, que regularmente miden las destrezas de los alumnos en inglés, matemáticas y ciencias, son la base para la creación de la Libreta de Calificaciones de la Nación (Nation’s Report Card).

La isla obtuvo las puntuaciones más bajas en todo Estados Unidos en las NAEP que se ofrecieron en 2017 en la materia de Matemáticas, aunque los resultados de los estudiantes locales mejoraron si se comparan con los alcanzados en 2015. Los resultados para el año 2017 establecen que los estudiantes en la isla obtuvieron una puntuación de 190. El promedio nacional fue de 239.

De acuerdo con el análisis, ningún alumno en Puerto Rico dominó las destrezas que se miden en la prueba, pues sus resultados cayeron en las clasificaciones de básico y por debajo de básico.

En la isla, solo se administra la prueba de Matemáticas.

Sin tomarse en cuenta

Los resultados que obtienen los estudiantes de Puerto Rico en NAEP no son utilizados para calcular las calificaciones nacionales, aunque el desempeño local sí es incluido en algunos de los informes que se publican anualmente.

Asimismo, las estadísticas educativas de la isla usualmente no forman parte de los análisis en torno al aprovechamiento académico de los estudiantes de escuelas públicas en Estados Unidos ni a nivel internacional, recordó Keleher.

Tan solo este año se han dado a conocer tres grandes informes sobre el estado de la educación en Estados Unidos, y Puerto Rico no aparece en ellos, sentenció la funcionaria.

“No se ve representada la situación de Puerto Rico. Deberían de estar los datos, es un reto que tenemos”, expresó la secretaria, al destacar que hay bases de datos que tampoco incluyen información sobre Washington D.C.

La NAGB también tiene injerencia sobre la administración de las pruebas estandarizadas del Programa Internacional de Evaluación Estudiantil (PISA, por sus siglas en inglés).

Keleher destacó que su selección para ser uno de los 26 miembros de esta junta directiva le permitirá interactuar con funcionarios escolares de varios estados y expertos en diversas áreas de la educación. Del mismo modo, como parte de su función, será la representante de las agencias estatales educativas de todo Estados Unidos, por lo cual probablemente recibirá acercamientos de funcionarios estatales que de otra manera no se habrían comunicado con la secretaria de Educación de Puerto Rico.

“Es una oportunidad que puedo usar para beneficio de la educación pública de Puerto Rico, sobre todo de los estudiantes. Podremos ver qué es lo mejor de las mejores prácticas, qué es lo que está pasando y traer todas esas recomendaciones de las cosas que se pueden aplicar con éxito en Puerto Rico que han funcionado en otros lugares”, sostuvo.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/juliakeleherseinsertaenladiscusiondelaspruebasestandarizadas-2450320/

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Argentina: «Quieren terminar con la educación pública»

América del Sur/Argentina/02.10.2018/Fuente: www.pagina12.com.ar.

«Están provocando una crisis del sistema educativo para acelerar la privatización y mercantilización de la Educación Pública.» Así lo denunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) durante la presentación de un informe elaborado junto con la Internacional de la Educación, que reúne a 34 millones de docentes de todo el mundo, en el que también se advierte el crecimiento de la matrícula privada desde diciembre de 2015, debido al respaldo que el Estado da a ese sector en detrimento de las escuelas públicas. Además, resaltaron que el desprestigio del sistema público está fogoneado por fundaciones globales, encargadas de realizar evaluaciones estandarizadas como la consulta Aprender, impuesta por el gobierno de Cambiemos en todo el país.

«Hay un creciente desfinanciamiento de la educación pública, un desinterés del Gobierno Nacional en la escuela pública, con marcada tendencia a privilegiar a la educación privada», apuntó la titular de CTERA, Sonia Alesso, durante la presentación del informe «Tendencias privatizadoras de y en la Educación Argentina». La dirigente recordó que pocas semanas atrás la oposición en el Congreso intentó tratar una serie de proyectos de ley, presentados por los gremios docentes, para proteger el financiamiento educativo, pero el bloque del oficialismo se negó a bajar al recinto para tratar las iniciativas.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, otro de los oradores de la jornada que se realizó en la UMET, hizo propias las denuncias acerca del vaciamiento de la educación pública y advirtió que el Presupuesto 2019, que se debate en Diputados, «está hecho a medida de los requisitos del FMI», y Educación es el área que sufrió más recortes. «Apuran la crisis del sistema educativo. Con ese Presupuesto no se puede funcionar», denunció Yasky.

Por su parte,  Susan Robertson, asesora pedagógica de la Universidad Cambridge, detalló el papel de los «actores sociales» que impulsan la privatización del sistema educativo y señaló en particular a la Fundación Varkey, que tiene injerencia directa en la Argentina. «Estos actores globales tienen una relación muy estrecha con estructuras políticas y de poder», subrayó Robertson, quien explicó que «tienen injerencia en la formación docente y en la evaluación, con gran financiamiento, deciden los contenidos de las evaluaciones y estandarizan los resultados, con un claro desprestigio hacia la educación pública».

Además de las fundaciones internacionales, el informe también advirtió la intervención de organismos como el Banco Mundial, el BID y la OCDE, que impulsan «evaluaciones con resultados tendenciosos para ubicar a la educación como un producto o servicio privado». «La falta de financiamiento, de políticas públicas, de bajos presupuestos, están creando una inequidad en la Educación Pública en la Argentina», advirtió la especialista.

Yasky, por su parte, agregó que esa «gobernanza global» de las políticas educativas también está integrada por la OMC, el FMI y el Banco Mundial, por lo que sentenció que «defender la educación pública como un derecho es ir en contra del sentido común que tratan de instalar los que hoy gobiernan la Argentina, pero también es ir en contra del sentido común que tratan de instalar quienes gobiernan el mundo». «Esta crisis que provocan es para acelerar la privatización y mercantilización de la educación pública», denunció Yasky.

Fuente de la noticia: https://www.pagina12.com.ar/145170-quieren-terminar-con-la-educacion-publica

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Colombia: Fecode anuncia paro nacional ante incumplimientos del Gobierno

América del Sur/Colombia/01.10.2018/Por Sindy Valbuena/Fuente: www.rcnradio.com.

Los docentes denuncian que la Ministra de Educación no ha querido concertar la agenda educativa.

os maestros agremiados en la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, tomaron la decisión de hacer movilizaciones el próximo mes a nivel nacional, ante los incumplimientos del gobierno Duque y lo pactado el año anterior, con la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

El presidente de Fecode, Carlos Rivas, advirtió que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, no ha tenido en cuenta la opinión de los maestros para hacer la agenda educativa.

Sigue incumpliendo el acuerdo nacional que pactamos en el año 2017 y también un acuerdo en la mesa cuando dijo que íbamos a hacer una agenda de trabajo; pero ahora, sin tener en cuenta a los maestros, pretende hacer una evaluación de competencias y nos vamos a oponer si no es concertada”, afirmó Rivas.

Por tanto, son varias las razones que motivan este nuevo paro nacional, el incumplimiento de los acuerdos pactados, la falta de concertación para crear la agenda educativa del país, la decisión de una evaluación a los docentes sin una reunión previa con el gremio y una serie de dificultades como la alimentación y la infraestructura que siguen en varios colegios del país.

Son 24 puntos los que fueron firmados el año pasado en cabeza de Carlos Rivas, presidente de Fecode y la ministra de Educación del gobierno Santos, Yaneth Giha, frente a los cuales, según la actual administración, se han cumplido 8 acuerdos, 8 más están en desarrollo y el resto se cumplirían a largo plazo.

“También hay un mensaje para el presidente (Iván Duque) porque los maestros de Colombia nos vamos a movilizar para respetar y defender la educación pública y la estabilidad laboral”, dijo el presidente de Fecode.

De igual forma, recordó que no están de acuerdo con dos proyectos de ley que se radicaron hace poco en el Congreso de la República y que podrían afectar los dineros para la educación de todo el país.

Con mensajes de urgencia han advertido que se debe retirar de inmediato el proyecto de ley 057, que busca modificar la Ley 715 con una reforma educativaque afectaría, según ellos, el derecho a la educación.

“Este proyecto también se plantea como una reforma educativa, pues comprende aspectos que afectan este derecho fundamental. Desde la gratuidad de la educación pública hasta los recursos para alimentación escolar se verían perjudicados, incluso también afectaría la carrera docente y hasta el derecho constitucional a la huelga”, indicó Fecode en un documento.

La Federación de Educadores le pidió al Gobierno Nacional que no afecten el derecho a la protesta con nuevos decretos que vulnerarían la huelga en las calles.

Fuente de la noticia: https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/fecode-anuncia-paro-nacional-ante-incumplimientos-del-gobierno
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Chile: profesores anuncian paro nacional el 3 y 4 de octubre (Video)

Chile / 30 de septiembre de 2018 / Autor: teleSUR tv / Fuente: Youtube

Publicado el 25 sept. 2018

El gremio docente de Chile anunció un nuevo paro nacional para el 3 y 4 de octubre, en exigencia de la aceptación por parte del gobierno de sus demandas a favor de la educación pública.

 

 

 

Fuente: https://youtu.be/XvwZwJNvf9w

ove/mahv

 

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Desde Argentina, denuncia de la Internacional de la Educación: «Quieren terminar con la educación pública»

Redacción: Página 12

«Están provocando una crisis del sistema educativo para acelerar la privatización y mercantilización de la Educación Pública.» Así lo denunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) durante la presentación de un informe elaborado junto con la Internacional de la Educación, que reúne a 34 millones de docentes de todo el mundo, en el que también se advierte el crecimiento de la matrícula privada desde diciembre de 2015, debido al respaldo que el Estado da a ese sector en detrimento de las escuelas públicas. Además, resaltaron que el desprestigio del sistema público está fogoneado por fundaciones globales, encargadas de realizar evaluaciones estandarizadas como la consulta Aprender, impuesta por el gobierno de Cambiemos en todo el país.

«Hay un creciente desfinanciamiento de la educación pública, un desinterés del Gobierno Nacional en la escuela pública, con marcada tendencia a privilegiar a la educación privada», apuntó la titular de CTERA, Sonia Alesso, durante la presentación del informe «Tendencias privatizadoras de y en la Educación Argentina». La dirigente recordó que pocas semanas atrás la oposición en el Congreso intentó tratar una serie de proyectos de ley, presentados por los gremios docentes, para proteger el financiamiento educativo, pero el bloque del oficialismo se negó a bajar al recinto para tratar las iniciativas.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, otro de los oradores de la jornada que se realizó en la UMET, hizo propias las denuncias acerca del vaciamiento de la educación pública y advirtió que el Presupuesto 2019, que se debate en Diputados, «está hecho a medida de los requisitos del FMI», y Educación es el área que sufrió más recortes. «Apuran la crisis del sistema educativo. Con ese Presupuesto no se puede funcionar», denunció Yasky.

Por su parte,  Susan Robertson, asesora pedagógica de la Universidad Cambridge, detalló el papel de los «actores sociales» que impulsan la privatización del sistema educativo y señaló en particular a la Fundación Varkey, que tiene injerencia directa en la Argentina. «Estos actores globales tienen una relación muy estrecha con estructuras políticas y de poder», subrayó Robertson, quien explicó que «tienen injerencia en la formación docente y en la evaluación, con gran financiamiento, deciden los contenidos de las evaluaciones y estandarizan los resultados, con un claro desprestigio hacia la educación pública».

Además de las fundaciones internacionales, el informe también advirtió la intervención de organismos como el Banco Mundial, el BID y la OCDE, que impulsan «evaluaciones con resultados tendenciosos para ubicar a la educación como un producto o servicio privado». «La falta de financiamiento, de políticas públicas, de bajos presupuestos, están creando una inequidad en la Educación Pública en la Argentina», advirtió la especialista.

Yasky, por su parte, agregó que esa «gobernanza global» de las políticas educativas también está integrada por la OMC, el FMI y el Banco Mundial, por lo que sentenció que «defender la educación pública como un derecho es ir en contra del sentido común que tratan de instalar los que hoy gobiernan la Argentina, pero también es ir en contra del sentido común que tratan de instalar quienes gobiernan el mundo». «Esta crisis que provocan es para acelerar la privatización y mercantilización de la educación pública», denunció Yasky.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/145170-quieren-terminar-con-la-educacion-publica

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Educar no es combatir

Por: Héctor Ghiretti

Volvía tarde del fútbol. Partido de hacha y tiza, saldado en empate. Y vi el afiche en la fachada de un conocido y prestigioso colegio secundario, confeccionado previsiblemente por manos adolescentes (¿sabrán qué es educar, qué es combatir?).

Desde que se iniciaron las huelgas docentes la consigna se ha hecho muy conocida, pero recién entonces caí en la cuenta. Lo fotografié y me quedé pensando. Un ejercicio útil para evaluar estos eslóganes es invertirlo: si educar es combatir, ¿combatir es educar? Puesto así, no funciona en absoluto.

Para Platón, que propugnaba una educación que incluía la instrucción militar, estaba claro que eran cosas diferentes. Proponía que los jóvenes asistieran a las batallas a efectos de que aprendieran a través de la observación pero sin intervenir, a prudente distancia y montados en caballos veloces que les permitieran huir en caso de que se produjera un desbande de las propias tropas.

Puede que no sea un argumento suficiente. Quizá sea necesario analizar en qué casos especiales la educación se identifica con la lucha.

¿Qué es combatir?

No parece una noción que haya que explicar. Pero conviene recordar algunos elementos que la constituyen. Primero: debe haber un bien en disputa, de índole material o intangible, algo tan sutil como el honor, el reconocimiento, la gloria. Segundo: deben haber partes enfrentadas por ese bien. Tercero: cuando los oponentes se traban en lucha ponen algo en riesgo, algo que excede el bien en disputa. Luchar es arriesgar: desde un simple reconocimiento hasta la vida misma.
Si no hay un bien en juego, no hay lucha. Si no hay oponentes, la lucha es metafórica. Sin un adversario simétrico, identificable, equivalente, es una pugna de cualquier índole ilustrada por una analogía. Si no hay nada en peligro de perderse, hay reclamo o demanda, pero no lucha.

Los límites de la analogía 

La educación posee múltiples metáforas que la ilustran. Es un lugar común el símil con la lucha, sustentado quizás por el esfuerzo personal que demanda al maestro. Está en la entrañable «Canción de la maestra mendocina» (Alegret – Gómez de Dublanch) hoy olvidada por la referencia confesional y de género:

Adelante, maestras,
a la lucha nos llaman
Con alegres campanas,
con campanas de amor

Es difícil identificar cuál es el enemigo contra el que luchan las maestras, como no sean conceptos abstractos como la ignorancia o la brutalidad. Lo mismo sucede con la enfermedad, los elementos de la naturaleza, el pasado, etc. No hay, estrictamente hablando, enemigo.

Ahora bien: ¿qué hay que entender cuando se afirma que los paros docentes forman parte de la lucha en defensa de la educación pública? Evidentemente estamos en un plano de significación diferente. Aquí sí podemos identificar al enemigo: para los gremios docentes y las agrupaciones estudiantiles es el Gobierno, que con sus políticas de ajuste parece estar desfinanciando el sistema, precipitándolo a una crisis de funcionamiento.

¿Quién es el enemigo?

Toda relación educativa, es decir, la que existe entre maestro y alumno, por muy igualitaria y recíproca que se la conciba, necesita el concurso del principio de autoridad: el reconocimiento público de un saber. Este principio nunca opera aislado. Es un sistema en el que las autoridades se apoyan como tales mutuamente, en una red o sobre un soporte institucional.

Así, la autoridad de los maestros de la escuela primaria deriva de la autoridad de los padres, y la autoridad de los profesores universitarios se funda en los hábitos de respeto que los alumnos han aprendido en los ciclos educativos anteriores. Todo esto posee un respaldo institucional que afirma y formaliza la función educativa. Este complejo tiene en su cabeza al poder político, el Gobierno.

La crisis del sistema educativo tiene su origen en la desarticulación de este sistema solidario de autoridades. En el debilitamiento de la familia se encuentra el origen de la declinación de la autoridad de los docentes, que a su vez padecen una crisis de reconocimiento por causas propias.

Al plantear el reclamo en términos de lucha contra el Gobierno, los docentes erosionan indirectamente su propia autoridad. Los padres aumentarán su descontento con los docentes, al ver que sus hijos pierden irremediablemente días, semanas y hasta meses de clase: ¿hasta donde se puede estirar su comprensión o su solidaridad? La situación pone en un lugar incómodo a las autoridades directas, representantes -de buen grado o no- del Gobierno. Lo más grave: ¿qué impedirá que los alumnos vean en las clases y evaluaciones la imposición de un modelo de pensamiento en continuidad con las políticas de liquidación del Gobierno, porque en definitiva, «nos prefieren ignorantes»? ¿Y cuando esos alumnos, reclutados en defensa de la irreprochable causa de la educación pública, adviertan que en realidad se trata de un reclamo salarial -legítimo, indiscutiblemente justo- que concluirá no bien se llegue a un acuerdo?

Los medios de lucha

En el conflicto docente en general -y el universitario en particular- los docentes no parecen estar arriesgando demasiado. Poseen la garantías de la estabilidad del empleado público y aprovechan la discreta complicidad o anuencia de los directivos, quienes teniendo los instrumentos para dictar la conciliación obligatoria, han preferido no hacerlo.

Si no hay riesgo -decíamos antes- no hay lucha. Pero eso no quiere decir que no haya perjuicio. En toda medida de fuerza existe un perjudicado. En este caso los principales damnificados son los alumnos. Son el colectivo sobre el que se ejerce primariamente la presión de la medida sindical.

Al presentar el reclamo en términos de lucha por la educación pública, los gremios pretenden sumar a quienes perjudican con sus escasamente eficaces recursos de protesta. Rara forma de tratar a los aliados. Saben bien que las voluntariosas estudiantinas son las que engrosarán sus marchas, tomarán edificios y predios universitarios y se radicalizarán, aumentando la presión sobre las autoridades. Los estudiantes tienen un comportamiento diverso de los trabajadores: aquellos son más fáciles de radicalizar y de manipular, porque tienen menos que perder.

Quizá no haya otra herramienta de presión que el paro. Pero en mis tiempos de alumno universitario, los gremios docentes tenían la decencia de dejarnos afuera del reclamo.

Nos decían que no era asunto nuestro.

Educar no es combatir. La pretendida lucha por la educación pública funciona como doble encubrimiento: del reclamo salarial y de una táctica específica de un ataque general al gobierno. Más allá de las mejoras salariales que se puedan obtener, habremos perdido todos.

Fuente: https://losandes.com.ar/article/view?slug=educar-no-es-combatir-por-hector-ghiretti

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