Por: Enrique Díez
El esfuerzo de los movimientos sociales, desde la plataforma Aturem la Llei Aragonés ha conseguido parar una legislación que quería externalizar hasta 250 servicios públicos gestionados por la administración.
La movilización social ha conseguido tumbar la “Ley Aragonés”. Toda la oposición en bloque ha rechazado el proyecto de privatización y liberalización de los servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, la denominada Ley Aragonés, por su promotor el vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, de ERC.
Un centenar de entidades y movimientos sociales y ciudadanos se habían unido en el rechazo frontal a esta normativa, que abría las puertas a la aún mayor privatización y mercantilización de los servicios públicos. La Federación de Madres y Padres (Fapac) ha sido una de las más activas, dentro de la plataforma Aturem la Llei Aragonés, denunciando que los servicios susceptibles de ser externalizados aumentaban a más de 250 (desde los comedores escolares hasta las tutorías, pasando por la educación infantil), muchos de los cuales hasta ahora están gestionados públicamente, en una Comunidad que tiene una política activa y constante de privatización o “externalización” de lo público (recordemos la Ley de Educación de Catalunya).
ERC vendía la ley asegurando que así «pararía los pies» a las grandes empresas del IBEX 35 y que «blindaba las entidades del tercer sector, ONG, cooperativas y empresas de economía social». Pero lo cierto es que, como han denunciado reiteradamente los movimientos sociales, esto no era más que un lavado de cara que encubría las masivas privatizaciones que no tienen ningún sentido desde el punto de vista del interés público.
La gestión de los servicios públicos debe ser pública. Debemos blindar los servicios que ya son de gestión directa y que retornen a la gestión directa lo que han sido externalizados. Porque solo la gestión pública directa garantiza que no interviene la finalidad de obtención de ningún beneficio económico, asegurando que el único objetivo es la prestación de un servicio de calidad.
Toda gestión privatizada o externalizada de los servicios a las personas no solo encarece la prestación, sino que deteriora el servicio porque se destinan recursos de forma directa al beneficio de los accionistas de la empresa o de forma indirecta a los sueldos y gestiones de quienes las dirigen, en vez de dedicarlos a la mejora del servicio. Además el Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado duramente la participación privada en servicios públicos, dado que provoca “insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes”.
A lo cual se suma que las condiciones de los profesionales titulados que prestan el servicio, que es el elemento crucial e imprescindible de todos los servicios a las personas, se deterioran porque sobre ellos recaen las medidas de recortes, presión por rendimiento y resultados cuantificados, recargo e intensificación del trabajo y de las jornadas laborales, contratos precarios y sin cualificación para reducir costes, salarios reducidos y mal pagados muchas veces, lo cual implica un deterioro de las condiciones en las que pueden prestar su labor, que las acaban sufriendo también quienes reciben la prestación del servicio.
La “ley Aragonés”, impulsada por el grupo republicano que gobierna Cataluña junto con el grupo conservador JxCat, pretendía privatizar (utilizando los términos “externalizar” o “liberalizar”, eufemismos habituales del lenguaje neoliberal) servicios como la educación infantil, la educación “especial”, servicios escolares “diversos”, la enseñanza para personas adultas, la “tutoría” y otros servicios de enseñanza (expresión con una ambigüedad intencionada, que deja la puerta abierta a la privatización de cualquier servicio educativo), en los que incluían los servicios de acogida, las actividades extraescolares y el tiempo de mediodía. Y así hasta más de 250 servicios públicos.
Lo que nos tenemos que preguntar es por qué hay que privatizar los servicios públicos. A qué se debe este afán por privatizar y mercantilizar lo público, lo común, lo de todos y todas. Y como en toda novela o película negra, preguntarnos “a quién beneficia el crimen”. E inmediatamente nos saltarán todas las alarmas: la educación mueve 6,5 billones de dólares anuales en todo el mundo (6,1 billones de euros), y se espera un fuerte crecimiento en los próximos años. Su privatización es un suculento negocio al que el mercado no están dispuesto a renunciar.
Este nuevo mercado no se asalta inmediatamente, sino mediante un proceso sutil y progresivo que va “externalizando” pequeñas partes del “pastel” (transporte, libros escolares, catering, evaluaciones estandarizadas, etc.), pero también a través de toda una narrativa, un “relato” de la bondad de los propósitos e intenciones, porque necesita seducir y convencer para ir avanzando, poco a poco. Este nuevo relato lo denominan la “colaboración público-privada”.
Estos modelos de “colaboración público-privada”, como la Ley Aragonés, nos quieren vender la hibridación y la gobernanza compartida, que Bill Gates denomina “capitalismo creativo” y que este multimillonario define como “enfoque donde los gobiernos, las empresas y las ONGs trabajan conjuntamente para ensanchar el alcance de las fuerzas del mercado”.
Pretenden “amazonizar” buena parte del actual sistema educativo, mediante la expansión de esa privatización educativa, amparados por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Unesco, defensores de estas nuevas alianzas híbridas de gobernanza. Bancos y fondos buitres crean fundaciones y entidades del denominado “tercer sector” que se disfrazan como actores de la nueva economía social. Se impulsa el filantropocapitalismo educativo de grandes multinacionales que diseñan reformas educativas globales y publicitan premios al mejor “profesor emprendedor estrella”, olvidando que la educación es una construcción colectiva… Todo un entramado, un “enjambre-red” de relaciones de poder, difusas y complejas, que están definiendo las medidas que se plasman en normas, como esta Ley Aragonés.
El problema es que esta “teología neoliberal” es inquebrantable, en contra de todas las evidencias. Está asentada en una fe fanática y talibán que considera indiscutibles e intocables sus intereses y privilegios. Por lo que, mucho me temo, que volverán a intentarlo. Una y otra vez. Porque el negocio es demasiado jugoso para renunciar a él. Así que tendremos que estar atentos y atentas, si queremos defender el derecho de todos y todas a una educación pública para todos y todas.
Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/02/17/la-venta-de-la-educacion-publica-con-los-modelos-hibridos-de-gestion-publico-privada/
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