Argentina / 26 de octubre de 2016 / Fuente: http://www.lavoz.com.ar/
Es para chicos que cursaron el secundario en los últimos 10 años. Fue lanzada por organizaciones de la sociedad civil. Está disponible online.
A diez años de su sanción, la ley de Educación Sexual Integral se aplica de manera dispar en las escuelas. Para medir su alcance, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil lanzaron una encuesta para jóvenes y adolescentes que hayan cursado el secundario en la última década o lo estén haciendo en la actualidad.
El objetivo es relevar de qué forma se trabajan las temáticas incluidas en la ley en las escuelas del país, y ver si el abordaje es integral, transversal y continuo como está previsto.
Entre otras cosas, pregunta a los estudiantes si vieron determinados temas a lo largo del secundario (como aparato reproductivo, métodos anticonceptivos, prevención de VIH, igualdad de derechos entre varones y mujeres) y en qué espacios los trabajaron (materia, tutoría o encuentro específico).
También se consulta si hubo casos de embarazo adolescente, de discriminación por orientación sexual o identidad de género, y cómo se abordaron esas situaciones en la escuela.
El proyecto
La encuesta fue elaborada por el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, una coalición de organizaciones integrada por Fundación Huésped, Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), Amnistía Internacional Argentina, Red de Jóvenes por la Salud (RJS), Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap) y Fusa.
“La implementación de la ley es heterogénea y dispar. Es necesario que exista un abordaje institucional, transversal e integral que vaya más allá de los aspectos biológicos y de la genitalidad, y que incluya la promoción de la salud y de derechos sexualesos y reproductivos”, aseguró Betiana Cáceres, coordinadora del Programa de Desarrollo Territorial de Fundación Huésped.
El 23 de octubre de 2006 se promulgó la Ley Nacional 26.150 y a partir de ella se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral con el fin de garantizar a nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas tanto de gestión estatal como privada.
Una de las particularidades de esta ley es que comprende a la Salud Sexual Integral en cuanto a sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
Un informe de la ONU aboga por implantar la educación sexual a niñas de 10 años, con lo que a largo plazo lograrían también en invierno demográfico europeo. La ONU acaba de publicar el informe sobre el estado de la población mundial 2016 para concluir que es fundamental que se implante la educación sexual en todos los países como materia curricular y se haga desde los diez, con especial atención a la mujeres.
“Las niñas que no asisten a la escuela tienen menor probabilidad de acceder a una educación sexual integral y a cursos de preparación para la vida, donde podrían aprender acerca de su cuerpo y de las relaciones de poder y de género, además de adquirir competencias en materia de comunicación y negociación”, reza uno de los párrafos de este documento.
Con ello lo que busca Naciones Unidas es implantar el aborto y los anticonceptivos entre los menores de edad, sobre todo en países en los que los gobiernos que se han negado a ceder a sus pretensiones.
Desde el Fondo de Población de la Naciones Unidas, la ramificación de la ONU encargada de elaborar el informe, insisten en que “la educación sexual integral constituye otra intervención esencial, particularmente para las niñas de 10 años, que acaban de iniciar su recorrido por la adolescencia y pronto llegarán a la pubertad”.
ONU: “Los adolescentes, incluidos menores de hasta de 10 años, disfrutan de acceso a apoyo entre pares, servicios de salud reproductiva y mental”
“En 2014, la India puso en marcha una estrategia nacional de salud para la adolescencia que promueve la ampliación del acceso de los adolescentes a la información y los servicios. Los adolescentes, incluidos menores de hasta de 10 años, disfrutan de acceso a apoyo entre pares, servicios de salud reproductiva y mental y atención médica a los sobrevivientes de la violencia por razón de género”.
Es decir, para frenar los embarazos y los matrimonios entre menores de edad recomiendan, además de anticonceptivos, el aborto, pero no mencionan la abstinencia.
Quiere exportar el invierno demográfico al Tercer Mundo
Pero lo más preocupante del tema se encuentra dentro del apartado “oportunidades”. En él, este informa sugiere que para un mayor desarrollo económico de los países se debe revertir la pirámide demográfica.
Y lo explica diciendo que “cuando las tasas de mortalidad y fecundidad elevadas de un país disminuyen a niveles bajos, surge una población joven, en edad activa, que puede dar gran impulso a la economía”.
Es obvio que nadie se opone a disminuir las tasas de mortalidad, pero el peligro reside en las de fecundidad. Si el plan tuviera éxito, conseguirían exportar al Tercer Mundo el invierno demográfico.
Este es el plan de la ONU, ‘grosso modo’, para que los países más pobres progresen a la europea:
1. Revertir la pirámide
Imagen del informe sobre el estado de la población mundial 2016 / ONU
“Cuando las tasas de mortalidad en la niñez son elevadas, la fecundidad también suele serlo, lo que conlleva una estructura etaria muy joven”.
2. Transición
Imagen (II) del informe sobre el estado de la población mundial 2016 / ONU
En esta fase se recalca la relación que se da entre economía y la tasa de fecundidad. Cuantas más oportunidades de sobrevivir tiene los hijos, menos se tienen, más se invierte en su educación, en su futuro y más preparados están.
Aquí está la búsqueda de la ONU de una generación bien preparada que ayude a sus países a progresar en varios aspectos y equilibren el nivel demográfico.
3. Estímulo económico
Imagen (III) del informe sobre el estado de la población mundial 2016 / ONU
Para finalizar, los jóvenes alcanzan puestos de trabajo, progresan, el país crece y todo está solucionado. El informe lo resume así: “En los años subsiguientes, las tasas de fecundidad disminuyen conforme las parejas se dan cuenta de que pueden lograr con mayor facilidad que su familia tenga el tamaño que desean con un número menor de nacimientos gracias a un menor riesgo de muertes infantiles. Las tasas también descienden cuando estas parejas deciden usar métodos anticonceptivos modernos”.
“El resultado de esta transición demográfica es una estructura de población con un número mayor de adultos en edad activa que de niños o ancianos dependientes. La ‘edad activa’ por lo general engloba a personas de entre 15 y 64 años”, afirma el informe.
Pero existe una variante que no contempla Naciones Unidas y que se ha convertido en la horma del zapato de Occidente. Y es que gracias a la tecnología la esperanza de vida crece (aspecto que es prácticamente igual en los tres gráficos) mientras que la tasa de fertilidad continúa descendiendo por debajo del mínimo para el reemplazo.
La ONU abriría la caja de Pandora con su objetivo de reducir la población mundial a cualquier precio
Esto no significa que en muchos países no haya que apostar por una reducción de la tasa de fertilidad, y mucho menos por una generación de jóvenes preparados que aúpen a su país con avances económicos, científicos, etc.
Pero cuando la ONU abre la caja de Pandora e introduce el aborto y sus técnicas por un mundo mejor sin tener en cuenta las culturas locales y sin contar con ningún cortafuegos para los efectos secundarios de sus planes, a veces la solución es peor que el problema. Y es que, parece que el principal objetivo de esta organización sea reducir la población mundial a cualquier precio.
Según la ONU, más de la mitad de las niñas del mundo vive en países con alta desigualdad de género. Llaman a mejorar la educación y derechos fundamentales.
Cada 10 minutos en promedio una adolescente muere en el mundo por algún tipo de violencia y todos los días 47.700 niñas menores de 17 años se casan, alertó el reporte anual del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa). El organismo llamó a mejorar la educación y los derechos fundamentales de las menores, al presentar en Roma y en otras capitales su informe, citado por Notimex.
Resaltó que las niñas son más susceptibles de verse obligadas a contraer matrimonios arreglados, sufrir trabajo infantil, mutilación genital y abandono de la escuela, entre otras prácticas que frenan el desarrollo de su potencial. Asimismo, llamó a los países desarrollados a que aprovechen sus «booms» demográficos mejorando la educación de las niñas y garantizando sus derechos básicos.
Según el reporte, más de la mitad de los 65 millones de niñas de 10 años que hay en el mundo, viven en 48 países con la más alta desigualdad de género, la mayoría en África y Oriente Medio.
Limitaciones
El reporte indica que mientras que en algunas naciones una niña de 10 años tiene ante sí posibilidades ilimitadas, en otras sucede lo contrario, ya que al llegar a la pubertad una combinación de factores familiares, sociales, culturales y leyes discriminatorias les cierran el camino de su desarrollo.
Estima, por ejemplo, que si las niñas recibieran educación secundaria al igual que los niños, las naciones en desarrollo tendrían ingresos adicionales por 21 mil millones de dólares anuales.
Por lo tanto, la Unfpa llama a incentivar la educación de las niñas a través de diversos mecanismos, como recompensas a las familias, mejora de las estructuras educativas o becas.
Educación sexual
El informe resalta que muchas adolescentes interrumpen su educación al casarse, por lo que instó a imponer la edad mínima de 18 años para el matrimonio.
También llamó a poner en el centro de la atención el bienestar físico y mental de las jóvenes y resaltó que en muchos países de África Subsahariana las adolescentes tienen hasta cinco veces más posibilidades de contraer el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
En ese sentido, el organismo urge a los gobiernos a impartir educación sexual en las escuelas, a prohibir la mutilación genital y a erradicar la violencia de género.
En Roma el informe fue presentado por la Asociación Italiana de Mujeres para el Desarrollo (AIDOS).
América del Sur/Colombia/22 Octubre 2016/Fuente: El Universal
Con el firme propósito de generar conciencia sobre la importancia de no usar un lenguaje que discrimine a algún sexo y prevenir la violencia contra la mujer en edad adulta, el Distrito promueve el programa “Lenguaje No Sexista”, en el que se dictan charlas en los colegios públicos.
En la iniciativa, liderada por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social en alianza con la Secretaría de Educación, por medio de dinámicas de rol, los jóvenes aprenden a identificar la igualdad entre todos sus compañeros de clase.
Más de 30 estudiantes de la Institución Educativa Juan José Nieto, participaron de la actividad, resaltando la importancia del respeto al hombre y a la mujer.
“Es una experiencia interesante porque como adolescentes debemos aprender a respetar a todos y eliminar el trato machista contra la mujer”, manifestó Julián Gómez Pérez, estudiante que tomó parte en el taller.
El equipo de psicólogas de la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Secretaría de Participación, aseguró que se continuará dictando las charlas en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, beneficiando a los estudiantes y previniendo de esta forma la violencia de género.
América del Sur/Argentina/21 de octubre de 2016/www.dw.com
Las redes sociales estallaron tras el asesinato de la joven marplatense Lucía Pérez. Este miércoles, las mujeres argentinas se movilizaron para expresar su repudio y reclamar soluciones.
El asesinato de Lucía Pérez fue la gota que colmó el vaso. Esta joven marplatense fue drogada, violada y brutalmente asesinada la semana pasada. Su caso no fue el único ocurrido en los últimos días, pero el especial ensañamiento de los autores ha conmovido especialmente a la sociedad argentina, que este miércoles (19.10.2016) vuelve a movilizarse. Los lemas #NosotrasParamos #VivasNosQueremos y #NiUnaMenos presiden las acciones de hoy, con un paro de todas las actividades entre las 13:00 y las 14:00 y marchas convocadas en diversas ciudades de todo el país. La convocatoria del colectivo #NiUnaMenos, junto a otras 50 organizaciones de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans en Argentina explotó en las redes sociales y obtuvo la rápida adhesión en más de quince países.
El caso de Lucía Pérez se inscribe en una triste serie de ejemplos de violencia contra las mujeres. En 2015 se produjeron 235 asesinatos y 2016 lleva camino de rebasar esa cifra. Argentina se moviliza desde hace tiempo para luchar contra el fenómeno, que, según Vanesa Vázquez Laba, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y miembro del Programa Contra la Violencia de Género de esta institución, hay que poner dentro de un contexto histórico. “La violencia contra las mujeres en Argentina tiene resabios de la dictadura militar, en la que las mujeres sufrieron desapariciones y, de manera especialmente brutal, torturas”, dice Váquez Laba.
“Política de Estado”
Por su parte, Carla Majdalani, directora de Comunicación del Consejo Nacional de las Mujeres de Argentina, organismo del Ejecutivo que da respuesta a temas relacionados con la violencia contra las mujeres, asegura que la institución ve “con suma preocupación el aumento de estos casos y de los femicidios en particular. A la vez, felicitamos a la sociedad civil por estar concientizándose y movilizándose y poniendo en la agenda pública la preocupación por la eliminación de la violencia contra las mujeres”.
“En Argentina, la erradicación de la violencia contra las mujeres es política de Estado”, prosigue Majdalani. “Entendemos que la movilización surge desde la indignación popular y que es necesario que se visibilice. El Consejo Nacional de las Mujeres ha logrado poner en la agenda política lo que la sociedad civil puso en la agenda pública. Destaca la adopción del primer plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Majdalani se refiere al plan que Mauricio Macri presentó el pasado 26 de julio para llevar a cabo políticas sobre el fenómeno y que se implementará entre 2017 y 2019. “El presidente argentino ha asumido como política pública definitoria de su gestión la promoción de la igualdad de género y así lo manifestó, por ejemplo, en su discurso inaugural en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, dice Majdalani.
Mujeres protestan en Buenos Aires durante el paro llevado a cabo al mediodía.
Plan ambicioso… en contexto económico inadecuado
Para la investigadora Vázquez Laba, “se trata de un plan muy ambicioso, está bien concebido y toca distintas dimensiones y me parece que, si se pudiese llevar adelante con un buen presupuesto y con una buena articulación con los distintos actores políticos, organizaciones sociales y gubernamentales, podría llegar a dar resultados. Pero, lamentablemente, Argentina está viviendo todo un retroceso desde el pasado 10 de diciembre en derechos hacia las mujeres y en derechos económicos”. Así, Vázquez Laba teme que los recortes que sufren ámbitos como la ciencia, la educación y la salud, lastren la implementación del ambicioso proyecto de Macri para erradicar la violencia contra las mujeres. “Con un Gobierno que está llevando a cabo políticas neoliberales, políticas que retiran a las mujeres del mercado laboral por la supresión de puestos de trabajo, y de las universidades, porque, cuando las familias se quedan sin ingresos, el estudio pasa a un segundo plano, es muy complicado”, argumenta. “Se recortan los programas vinculados a los derechos de las mujeres: educación sexual integral, salud sexual, planes sociales para las mujeres… Nuestro poder adquisitivo ha disminuido enormemente con la inflación que hemos tenido. Ahí es donde yo veo que el programa pueda llegar a fracasar. Porque, con una sociedad en estas condiciones, sin trabajo y sin calidad de vida, se genera más desigualdad de clase social y de género. La variable económica es fundamental para entender la violencia contra las mujeres. Cuanta más desigualdad, más violencia.”
«CHOLITAS» EN LA CIMA DE LOS ANDES
Imparables
Hasta hace poco, estas mujeres aimaras trabajaban como cocineras en los campamentos para escaladores. Hoy día, son guías de montaña y llevan a los turistas a las cimas más altas de los Andes bolivianos. Uno de los destinos preferidos es el “Huayna Potosí” o “Montaña joven”, de 6.088 metros de altura. Este gigante se encuentra a 25 kilómetros de La Paz.
Tomado de: http://www.dw.com/es/argentina-huelga-de-mujeres-contra-la-violencia/a-36094434
Los derechos sexuales y reproductivos se asientan sobre los cimientos del sistema internacional de protección de derechos humanos, los que han sido fijados en diversos instrumentos, como los pactos internacionales de primera y segunda generación, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son dichos principios fundamentales? Nos referimos a la no discriminación, por sexo, etnia, condición física, creencias políticas o religiosas. Nos referimos, del mismo modo, al ejercicio de la libertad de expresión y de credo, en la medida que cada individuo tiene el derecho a vivir su sexualidad libremente, mientras ello no signifique incurrir en algún tipo de transgresión a los derechos fundamentales de otro. Nos referimos también al estrecho vínculo entre derechos sexuales y reproductivos y acceso a salud y a educación.
El concepto de salud sexual y reproductiva, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), implica un estado de bienestar físico y mental respecto de la sexualidad y la reproducción. Para ello, es fundamental que toda persona pueda tener experiencias sexuales placenteras y seguras; libres de discriminación, violencia o cualquier tipo de coacción. Ello involucra el acceso a servicios de salud y educación sexual y reproductiva.
Los derechos sexuales y reproductivos abarcan una amplia gama de temas: la libertad de escoger pareja, la planificación libre de la procreación, conocer el funcionamiento del aparato reproductor, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el acceso a la información necesaria para vivir una sexualidad responsable, la elección de métodos de control de fertilidad seguros y asequibles, el acceso a servicios de salud apropiados para las parejas, la violencia contra la mujer y el respeto de la diversidad sexual, entre otros.
Si bien los derechos sexuales conciernen a ambos sexos, independiente del género u orientación sexual, las mujeres se encuentran en una situación de vulneración mayor, producto de la discriminación y violencia a las que han sido sometidas, en distintos grados y ámbitos, hasta el día de hoy. A este respecto, “el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981”. Expresión brutal de esta realidad es la mutilación genital femenina, práctica concentrada en África, Medio Oriente y Asia.
En Chile, el discurso social dominante sobre educación sexual todavía se encuentra íntimamente ligado a valores que emanan de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, que, si bien se ha manifestado más progresista en otros ámbitos, en este es de un conservadurismo obstinado. Una visión, cabría destacar, que se impone, pero que no necesariamente representa el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la educación sexual se encuentra limitada por la mojigatería; por un modelo cultural aún vigente, que idealiza un concepto de familia tradicional que poco se asemeja a nuestra realidad. Común es escuchar el alegato de que son los padres los que deben educar en materia de sexualidad y reproducción a sus hijos, y no los colegios y/o el Estado. Sin embargo, sabemos que en términos prácticos la comunicación familiar sobre temas sexuales es escasa y suele estar condicionada por variables normativas.
La reciente polémica generada por la entrega en establecimientos educacionales del libro 100 preguntas sobre sexualidad nos invita a preguntarnos, independiente de lo cuestionables o mejorables que puedan ser las respuestas proporcionadas por el libro, por qué habría que oponerse a la educación sexual fuera del hogar; en las escuelas y consultorios, ojalá en los medios masivos de comunicación, que tienden a entregar mensajes erróneos, objetualizando, por ejemplo, a la mujer.
La legislación chilena respecto de los derechos sexuales, pese a sus avances, es incompleta y a menudo nos envía señales equívocas, contradictorias. Aún el aborto se encuentra penado por la ley en cualquier circunstancia, aunque el Estado ha instruido no solicitar la confesión de mujeres que hayan abortado y requieran de atención médica (confidencialidad y aborto). La legislación chilena reafirma el derecho de toda persona a recibir “educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. Del mismo modo, “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados” (normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad). Cabe preguntarse, ¿qué sucede cuando el proyecto educacional o la voluntad del centro de padres obstruye el ejercicio de este derecho a la información y educación en estas materias?
Si la sexualidad y la reproducción son temas de salud pública, es imperante que las instituciones gubernamentales se ocupen de educar, de proporcionar un acceso equitativo a la salud y a la información, de promover el respeto de estos derechos. En este sentido, destacamos la labor de ONG’ s y otras organizaciones, como Miles Chile y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Infantil y Adolescente (SOGIA).
El Síndic de Greuges considera «inadmisible» que los colegios privados no estén sujetos a un protocolo que contempla los procesos de actuación cuando se detecta maltrato a menores
Se calcula que hasta el 15% de los menores sufren algún tipo de abuso a lo largo de su infancia, pero los casos que se acaban detectando no llegan ni al 1%.
El nuevo protocolo catalán para detectar y combatir el maltrato infantil en el ámbito educativo, aprobado el pasado 16 de junio, excluye los centros educativos privados. Lo ha denunciado este viernes el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya), Rafael Ribó, que considera «inadmisible» que una parte del sistema escolar quede fuera de una responsabilidad –la de prevenir y detectar los abusos a menores– que tiene que ver con los derechos universales de los niños.
En el texto queda claro que el ámbito de aplicación del protocolo son los centros del Servicio de Educación de Catalunya –es decir, los públicos y concertados–, y que a los privados sólo les afectan los puntos 4 y 5 del documento, donde se recogen los principios de actuación en caso de abusos y las indicaciones para la implantación del protocolo en los centros.
Así los centros privados quedan exentos de cumplir el resto de puntos –en total son 12–, algunos de los cuales son tan importantes como el de la prevención –informar al alumnado, crear un clima de escucha en el aula, potenciar la educación afectiva y sexual– o el que detalla el procedimiento de actuación cuando se detecta un caso, que consiste en avisar a la familia del alumno, a la Inspección de educación, al departamento de Enseñanza y a la Fiscalía de Menores o los Mossos d’Esquadra.
El departamento de Enseñanza y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias dieron luz a este protocolo bilateral centrado en el ámbito educativo tras constatar casos de abusos a menores en los que el anterior protocolo, aprobado en 2006, se había incumplido. El más llamativo fue el de los Maristas Sants-Les Corts de Barcelona , un centro que «ocultó» a la Administración, según el Síndic, unas agresiones sexuales cometidas durante años por el profesor Joaquín Benítez que conoció en 2011.
«Otorgar un tratamiento diferenciado en la aplicación del protocolo en función de la financiación del centro no tiene justificación», reitera el Síndic, que recuerda que esto supone un trato discriminatorio y de desprotección hacia los alumnos de estas escuelas. En Catalunya los centros de titularidad privada representan un 6% del total: poco más del 2% en Primaria y Secundaria pero hasta un 20% en Bachillerato. Pero según ha recordado e l Síndic, también quedarían fuera del protocol las guarderías de iniciativa privada, que escolarizan en toda Catalunya casi 30.000 niños menores de tres años.
Un 15% son víctimas, pero se detecta menos del 1%
El Síndic de Greuges ha entregado este viernes al Parlament su Informe sobre el abuso sexual infantil en Catalunya , que además de constatar la exclusión de los centros privados alerta de una falta de difusión y formación entre los maestros sobre el contenido del protocolo a la hora de hacer prevención sobre el maltrato. Denuncia sobre todo que, seis años después de la aprobación en 2010 de la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, todavía no se han desplegado servicios como el de atención especializada a las víctimas.
Esto sitúa a Catalunya, según Ribó, en una situación de «infradetección» de las agresiones sufridas por niños y adolescentes. Mientras que por un lado se calcula que hasta el 15% de los menores sufren algún tipo de abuso a lo largo de su infancia, los casos que se acaban detectando no llegan ni al 1%. Según los atestados policiales, en 2015 un total de 644 menores fueron víctimas de este tipo de abusos en Catalunya, 37 de los cuales en centros educativos y 12 en centros de menores.
El Síndic ha explicado que esta prevalencia de la victimización de un 15% es habitual en la gran mayoría de países europeos –el Consejo de Europa incluso habla en sus campañas «de uno de cada cinco»–, y siempre hay un gran desfase respecto a los casos que se detectan. Pero aun así Ribó ha concluido que «vamos muy atrasados» en todo lo que tiene que ver con la prevención y detección, sobre todo en cuanto a la creación de «servicios multidisciplinares» que impliquen agentes diversos como policía, escuelas, servicios sociales o servicios médicos.
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