Educación Sexual

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Argentina: huelga de mujeres contra la violencia

Noticias

América del Sur/Argentina/21 de octubre de 2016/www.dw.com

Las redes sociales estallaron tras el asesinato de la joven marplatense Lucía Pérez. Este miércoles, las mujeres argentinas se movilizaron para expresar su repudio y reclamar soluciones.

Buenos Aires Demonstration gegen die Gewalt gegen Frauen (picture-alliance/AP Photo/V. R. Caviano)

El asesinato de Lucía Pérez fue la gota que colmó el vaso. Esta joven marplatense fue drogada, violada y brutalmente asesinada la semana pasada. Su caso no fue el único ocurrido en los últimos días, pero el especial ensañamiento de los autores ha conmovido especialmente a la sociedad argentina, que este miércoles (19.10.2016) vuelve a movilizarse. Los lemas #NosotrasParamos #VivasNosQueremos y #NiUnaMenos  presiden las acciones de hoy, con un paro de todas las actividades entre las 13:00 y las 14:00 y marchas convocadas en diversas ciudades de todo el país. La convocatoria del colectivo #NiUnaMenos, junto a otras 50 organizaciones de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans en Argentina explotó en las redes sociales y obtuvo la rápida adhesión en más de quince países.

El caso de Lucía Pérez se inscribe en una triste serie de ejemplos de violencia contra las mujeres. En 2015 se produjeron 235 asesinatos y 2016 lleva camino de rebasar esa cifra. Argentina se moviliza desde hace tiempo para luchar contra el fenómeno, que, según Vanesa Vázquez Laba, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y miembro del Programa Contra la Violencia de Género de esta institución, hay que poner dentro de un contexto histórico. “La violencia contra las mujeres en Argentina tiene resabios de la dictadura militar, en la que las mujeres sufrieron desapariciones y, de manera especialmente brutal, torturas”, dice Váquez Laba.

“Política de Estado”

Por su parte, Carla Majdalani, directora de Comunicación del Consejo Nacional de las Mujeres de Argentina, organismo del Ejecutivo que da respuesta a temas relacionados con la violencia contra las mujeres, asegura que la institución ve “con suma preocupación el aumento de estos casos y de los femicidios en particular. A la vez, felicitamos a la sociedad civil por estar concientizándose y movilizándose y poniendo en la agenda pública la preocupación por la eliminación de la violencia contra las mujeres”.

“En Argentina, la erradicación de la violencia contra las mujeres es política de Estado”, prosigue Majdalani. “Entendemos que la movilización surge desde la indignación popular y que es necesario que se visibilice. El Consejo Nacional de las Mujeres ha logrado poner en la agenda política lo que la sociedad civil puso en la agenda pública. Destaca la adopción del primer plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Majdalani se refiere al plan que Mauricio Macri presentó el pasado 26 de julio para llevar a cabo políticas sobre el fenómeno y que se implementará entre 2017 y 2019. “El presidente argentino ha asumido como política pública definitoria de su gestión la promoción de la igualdad de género y así lo manifestó, por ejemplo, en su discurso inaugural en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, dice Majdalani.

Buenos Aires Demonstration gegen die Gewalt gegen Frauen (picutre-alliance/AP Photo/V. R. Caivano)

Mujeres protestan en Buenos Aires durante el paro llevado a cabo al mediodía.

Plan ambicioso… en contexto económico inadecuado

Para la investigadora Vázquez Laba, “se trata de un plan muy ambicioso, está bien concebido y toca distintas dimensiones y me parece que, si se pudiese llevar adelante con un buen presupuesto y con una buena articulación con los distintos actores políticos, organizaciones sociales y gubernamentales, podría llegar a dar resultados. Pero, lamentablemente, Argentina está viviendo todo un retroceso desde el pasado 10 de diciembre en derechos hacia las mujeres y en derechos económicos”. Así, Vázquez Laba teme que los recortes que sufren ámbitos como la ciencia, la educación y la salud, lastren la implementación del ambicioso proyecto de Macri para erradicar la violencia contra las mujeres. “Con un Gobierno que está llevando a cabo políticas neoliberales, políticas que retiran a las mujeres del mercado laboral por la supresión de puestos de trabajo, y de las universidades, porque, cuando las familias se quedan sin ingresos, el estudio pasa a un segundo plano, es muy complicado”, argumenta. “Se recortan los programas vinculados a los derechos de las mujeres: educación sexual integral, salud sexual, planes sociales para las mujeres… Nuestro poder adquisitivo ha disminuido enormemente con la inflación que hemos tenido. Ahí es donde yo veo que el programa pueda llegar a fracasar. Porque, con una sociedad en estas condiciones, sin trabajo y sin calidad de vida, se genera más desigualdad de clase social y de género. La variable económica es fundamental para entender la violencia contra las mujeres. Cuanta más desigualdad, más violencia.”

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    «CHOLITAS» EN LA CIMA DE LOS ANDES

    Imparables

    Hasta hace poco, estas mujeres aimaras trabajaban como cocineras en los campamentos para escaladores. Hoy día, son guías de montaña y llevan a los turistas a las cimas más altas de los Andes bolivianos. Uno de los destinos preferidos es el “Huayna Potosí” o “Montaña joven”, de 6.088 metros de altura. Este gigante se encuentra a 25 kilómetros de La Paz.

 Tomado de:  http://www.dw.com/es/argentina-huelga-de-mujeres-contra-la-violencia/a-36094434
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Chile: Educación sexual para la tolerancia

Noticias

Publicado originalmente desde: Radio Universidad de Chile

Los derechos sexuales y reproductivos se asientan sobre los cimientos del sistema internacional de protección de derechos humanos, los que han sido fijados en diversos instrumentos, como los pactos internacionales de primera y segunda generación, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son dichos principios fundamentales? Nos referimos a la no discriminación, por sexo, etnia, condición física, creencias políticas o religiosas. Nos referimos, del mismo modo, al ejercicio de la libertad de expresión y de credo, en la medida que cada individuo tiene el derecho a vivir su sexualidad libremente, mientras ello no signifique incurrir en algún tipo de transgresión a los derechos fundamentales de otro. Nos referimos también al estrecho vínculo entre derechos sexuales y reproductivos y acceso a salud y a educación.

El concepto de salud sexual y reproductiva, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), implica un estado de bienestar físico y mental respecto de la sexualidad y la reproducción. Para ello, es fundamental que toda persona pueda tener experiencias sexuales placenteras y seguras; libres de discriminación, violencia o cualquier tipo de coacción. Ello involucra el acceso a servicios de salud y educación sexual y reproductiva.

Los derechos sexuales y reproductivos abarcan una amplia gama de temas: la libertad de escoger pareja, la planificación libre de la procreación, conocer el funcionamiento del aparato reproductor, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el acceso a la información necesaria para vivir una sexualidad responsable, la elección de métodos de control de fertilidad seguros y asequibles, el acceso a servicios de salud apropiados para las parejas, la violencia contra la mujer y el respeto de la diversidad sexual, entre otros.

Si bien los derechos sexuales conciernen a ambos sexos, independiente del género u orientación sexual, las mujeres se encuentran en una situación de vulneración mayor, producto de la discriminación y violencia a las que han sido sometidas, en distintos grados y ámbitos, hasta el día de hoy. A este respecto, “el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981”. Expresión brutal de esta realidad es la mutilación genital femenina, práctica concentrada en África, Medio Oriente y Asia.

En Chile, el discurso social dominante sobre educación sexual todavía se encuentra íntimamente ligado a valores que emanan de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, que, si bien se ha manifestado más progresista en otros ámbitos, en este es de un conservadurismo obstinado. Una visión, cabría destacar, que se impone, pero que no necesariamente representa el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la educación sexual se encuentra limitada por la mojigatería; por un modelo cultural aún vigente, que idealiza un concepto de familia tradicional que poco se asemeja a nuestra realidad. Común es escuchar el alegato de que son los padres los que deben educar en materia de sexualidad y reproducción a sus hijos, y no los colegios y/o el Estado. Sin embargo, sabemos que en términos prácticos la comunicación familiar sobre temas sexuales es escasa y suele estar condicionada por variables normativas.

La reciente polémica generada por la entrega en establecimientos educacionales del libro 100 preguntas sobre sexualidad nos invita a preguntarnos, independiente de lo cuestionables o mejorables que puedan ser las respuestas proporcionadas por el libro, por qué habría que oponerse a la educación sexual fuera del hogar; en las escuelas y consultorios, ojalá en los medios masivos de comunicación, que tienden a entregar mensajes erróneos, objetualizando, por ejemplo, a la mujer.

La legislación chilena respecto de los derechos sexuales, pese a sus avances, es incompleta y a menudo nos envía señales equívocas, contradictorias. Aún el aborto se encuentra penado por la ley en cualquier circunstancia, aunque el Estado ha instruido no solicitar la confesión de mujeres que hayan abortado y requieran de atención médica (confidencialidad y aborto). La legislación chilena reafirma el derecho de toda persona a recibir “educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. Del mismo modo, “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados” (normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad). Cabe preguntarse, ¿qué sucede cuando el proyecto educacional o la voluntad del centro de padres obstruye el ejercicio de este derecho a la información y educación en estas materias?

Si la sexualidad y la reproducción son temas de salud pública, es imperante que las instituciones gubernamentales se ocupen de educar, de proporcionar un acceso equitativo a la salud y a la información, de promover el respeto de estos derechos. En este sentido, destacamos la labor de ONG’ s y otras organizaciones, como Miles Chile y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Infantil y Adolescente (SOGIA).

Fuente: http://radio.uchile.cl/2016/10/19/educacion-sexual-para-la-tolerancia/

Imagen: http://noticias.universia.com.pa/net/images/educacion/e/ed/edu/educacion-sexual-.jpg

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El nuevo protocolo catalán contra los abusos sexuales a menores deja fuera las escuelas privadas

Pau Rodriguez

Por Pau Rodríguez

El Síndic de Greuges considera «inadmisible» que los colegios privados no estén sujetos a un protocolo que contempla los procesos de actuación cuando se detecta maltrato a menores

Se calcula que hasta el 15% de los menores sufren algún tipo de abuso a lo largo de su infancia, pero los casos que se acaban detectando no llegan ni al 1%.

El nuevo protocolo catalán para detectar y combatir el maltrato infantil en el ámbito educativo, aprobado el pasado 16 de junio, excluye los centros educativos privados. Lo ha denunciado este viernes el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya), Rafael Ribó, que considera «inadmisible» que una parte del sistema escolar quede fuera de una responsabilidad –la de prevenir y detectar los abusos a menores– que tiene que ver con los derechos universales de los niños.

En el texto queda claro que el ámbito de aplicación del protocolo son los centros del Servicio de Educación de Catalunya –es decir, los públicos y concertados–, y que a los privados sólo les afectan los puntos 4 y 5 del documento, donde se recogen los principios de actuación en caso de abusos y las indicaciones para la implantación del protocolo en los centros.

Así los centros privados quedan  exentos de cumplir el resto de puntos –en total son 12–, algunos de los cuales son tan importantes como el de la prevención –informar al alumnado, crear un clima de escucha en el aula, potenciar la educación afectiva y sexual– o el que detalla el procedimiento de actuación cuando se detecta un caso, que consiste en avisar a la familia del alumno, a la Inspección de educación, al departamento de Enseñanza y a la Fiscalía de Menores o los Mossos d’Esquadra.

El departamento de Enseñanza y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias dieron luz a este protocolo bilateral centrado en el ámbito educativo tras constatar casos de abusos a menores en los que el anterior protocolo, aprobado en 2006, se había incumplido. El más llamativo fue el de los Maristas Sants-Les Corts de Barcelona , un centro que «ocultó» a la Administración, según el Síndic, unas agresiones sexuales cometidas durante años por el profesor Joaquín Benítez que conoció en 2011.

«Otorgar un tratamiento diferenciado en la aplicación del protocolo en función de la financiación del centro no tiene justificación», reitera el Síndic, que recuerda que esto supone un trato discriminatorio y de desprotección hacia los alumnos de estas escuelas. En Catalunya los centros de titularidad privada representan un 6% del total: poco más del 2% en Primaria y Secundaria pero hasta un 20% en Bachillerato. Pero según ha recordado e l Síndic, también quedarían fuera del protocol las guarderías de iniciativa privada, que escolarizan en toda Catalunya casi 30.000 niños menores de tres años.

Un 15% son víctimas, pero se detecta menos del 1%

El Síndic de Greuges ha entregado este viernes al Parlament su Informe sobre el abuso sexual infantil en Catalunya , que además de constatar la exclusión de los centros privados alerta de una falta de difusión y formación entre los maestros sobre el contenido del protocolo a la hora de hacer prevención sobre el maltrato. Denuncia sobre todo que, seis años después de la aprobación en 2010 de la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, todavía no se han desplegado servicios como el de atención especializada a las víctimas.

Esto sitúa a Catalunya, según Ribó, en una situación de «infradetección» de las agresiones sufridas por niños y adolescentes. Mientras que por un lado se calcula que hasta el 15% de los menores sufren algún tipo de abuso a lo largo de su infancia, los casos que se acaban detectando no llegan ni al 1%.  Según los atestados policiales, en 2015 un total de 644 menores fueron víctimas de este tipo de abusos en Catalunya, 37 de los cuales en centros educativos y 12 en centros de menores.

El Síndic ha explicado que esta prevalencia de la victimización de un 15% es habitual en la gran mayoría de países europeos –el Consejo de Europa incluso habla en sus campañas «de uno de cada cinco»–, y siempre hay un gran desfase respecto a los casos que se detectan. Pero aun así Ribó ha concluido que «vamos muy atrasados» en todo lo que tiene que ver con la prevención y detección, sobre todo en cuanto a la creación de «servicios multidisciplinares» que impliquen agentes diversos como policía, escuelas, servicios sociales o servicios médicos.

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/educacion/protocolo-catalan-sexuales-escuelas-privadas_0_566943801.html

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Entrevista a Marta María Blandón: “Los embarazos adolescentes nunca han sido declarados un problema grave”

Noticias

Nicaragua/20 octubre 2016/ Fuente: El Nuevo Diario.

Marta María Blandón. La directora de Ipas Centroamérica dice que en Nicaragua persiste la doble moral en temas de educación sexual.

Para la organización Ipas Centroamérica es “penoso” que Nicaragua mantenga la tasa más alta de embarazos en adolescentes en Latinoamérica, dice su directora, Marta María Blandón. Se estima que cada año en Nicaragua nacen al menos 35.000 bebés de madres menores de 19 años. Blandón afirma que en este país la educación sexual sigue abordándose incorrectamente con los jóvenes.

¿Qué es lo que pasa en Nicaragua con los embarazos adolescentes?

Este no es un fenómeno nuevo, creo que el tema de los embarazos precoces que muchos de ellos son minimizados, escondidos por diversas razones tiene que ver con que las familias muchísimas veces sienten culpa, sienten pena; muchas madres incluso son responsabilizadas por los padres de esas niñas, por las familias, la comunidad, porque no la cuidó, porque no le dio información, porque no estuvo pendiente, porque es una tarea que se presume que tenemos que cumplir las mujeres. Realmente ha sido una problemática aceptada con resignación de parte de la familia. Es una problemática donde el Estado y los gobiernos de turno no le han dado la importancia y prioridad que merece, porque determinar que eso es un problema grave, lo declarás como un problema grave, estás obligado a buscar los recursos de cualquier índole para resolverlos.

Directora de Ipas.– Directora de Ipas. –

¿A qué se refiere con que no se le ha dado la importancia debida?

Es que si decís que hay una situación de alarma de la roya, tenés que ver qué hacés con esos cafetales. Sin embargo, este -los embarazos adolescentes- nunca ha sido un problema declarado como grave, como prioritario o como una epidemia, porque no hay interés de colocar los recursos necesarios, económicos y humanos para darle respuesta a este problema.

¿Esto se debe a un asunto de desinterés o un problema cultural?

Lamentablemente existe una doble moral para enfrentar o abordar los temas que tienen que ver con sexualidad en general. Y cuando se trata de la sexualidad de los adolescentes y jóvenes, la doble moral, este estigma, este tabú se multiplica por mil. Se mandan mensajes y mandatos que están totalmente fuera de la realidad. Se manda a los jóvenes desde las escuelas, las iglesias, los ministerios a que no tengan relaciones sexuales cuando ya están teniendo relaciones sexuales. Entonces esos mensajes no calan. Porque los chavalos experimentan, prueban, les gusta, entonces no encuentran dónde buscar información correcta, adecuada, que les permita ejercer ese derecho, porque es un derecho, con responsabilidad y a su debido tiempo.

Un joven no se atreve, por ejemplo, a ir a decirle a una consejera escolar o una maestra: ‘mire, estoy teniendo relaciones sexuales y no sé cómo hacer para prevenir un embarazo, para prevenir una enfermedad de transmisión sexual’, porque temen la posible respuesta de que no están en edad de hacer eso, no tienen permiso para hacer eso, (les dicen) sos un degenerado, eso es cochinada, eso está mal y entonces mejor no preguntan. Igual pasa si vas al centro de salud. Las enfermeras, los médicos incluso, tienen mucha desinformación de qué métodos anticonceptivos pueden usar los jóvenes… piensan (los trabajadores de salud) por ejemplo que un DIU (dispositivo anticonceptivo) no se le puede poner a una joven, que los implantes no funcionan, que las pastillas dan problemas; el mismo personal de salud tiene mucho tabú y mucho recelo para poder orientar adecuadamente a los jóvenes.

En ocasiones anteriores varias organizaciones que trabajan con jóvenes han dicho que se debería crear una política para la adolescencia del mismo modo en que existen normas y protocolos para atender a la primera infancia ¿cree usted que esto tendría un efecto para resolver el problema?

Ahí voy a diferir. Aquí tenemos un marco legal para mi gusto bastante avanzado y bastante completo, que aunque siempre es perfectible, yo no quisiera más políticas. Si cumpliéramos las que tenemos, estaríamos mejor. Lo que pasa es que no se cumplen, no hay monitoreo de la calidad de los servicios públicos que se ofrecen para nadie y tampoco para los adolescentes. La norma del Minsa en los servicios de salud te dice qué hacer, las directrices del Ministerio de Educación te dicen qué hacer en términos generales.

El problema es que no hay recursos ¿con qué tiempo un maestro que da clases en la mañana, vende ropa usada en la tarde, da clases en la noche y además tiene el cargo de consejero, se va a capacitar? Realmente es desproporcionado pedirles eso de acuerdo a los recursos humanos y la capacitación que tienen. Se necesitan más recursos, más presupuesto, más capacitación y personal que se encargue de monitorear lo que están haciendo. Pero mientras eso no sea establecido dentro de los programas institucionales del Estado yo veo que es poco lo que se va a poder incidir desde ahí.

¿A quién le corresponde ese liderazgo en el Estado?

Cada año de los 1.600 casos de niñas menores de 14 años que salen de los centros públicos de salud que han parido un niño ¿cuántos de esos se han hecho una denuncia como dice el Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿Cuál sería la institución responsable de monitorear que eso se haga? No existe un liderazgo ¿Es el Ministerio de la Familia, es la Procuraduría de la Niñez, es el Ministerio de la Juventud, es el Ministerio de Salud o es el Ministerio de Educación? Tiene que haber una norma que establezca roles y responsabilidades estatales y la coordinación con organizaciones comunitarias que tienen una experiencia, pero no tienen el poder para que entre todos realmente podamos aportar de manera conjunta a ir bajando estos indicadores. Mientras no se declare que es un problema serio, que hay interés de resolverlo y que para eso tenemos que juntarnos y echarle la vaca, como se dice en buen nicaragüense, no vamos a resolverlo.

¿Cuál debería entonces ser la estrategia?

Yo creo mucho en la educación, en educar a los adultos para que vayamos educando a los niños de manera diferente y creo que hay que demandarle al Estado su responsabilidad. Movilizarnos para decirle a las instituciones del Estado que estén más involucradas en las rutas de este problema que tiene que ver con el Ministerio de Familia, el Ministerio de Juventud, Educación, Salud, para que cumplan su rol y que realmente estos datos que son relevantes sea una campanada y digan empecemos pues, hagamos algo.

Según los datos presentados durante el lanzamiento de la campaña “Lo que debe ser penoso”, Managua, Chinandega y el Caribe Sur son las zonas donde hay más casos ¿a qué se debe?
Managua y Chinandega tienen una explicación bastante lógica por la concentración de población que representan a nivel nacional y el Caribe, lamentablemente, siempre tiene los peores indicadores por la distancia y la falta de atención que tienen del Gobierno central para resolver esa problemática. No es un problema aislado de donde están las áreas más vulnerables del país.

 

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/407587-embarazos-adolescentes-nunca-han-sido-declarados-p/

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Colombia: Instruyen en educación sexual a alumnos de Noveno en Ipiales

Noticias

Ipiales / 19 de octubre de 2016 / Fuente: http://hsbnoticias.com/

Un total de 600 jóvenes de grado noveno de las instituciones educativas de Ipiales fueron capacitados en salud sexual y reproductiva.

Según datos entregados por la Secretaría de Salud de Ipiales, el promedio de edad de los embarazos en adolescentes es de 13 a 17 años. En el 2014 hubo 314 embarazadas en el municipio, en el 2015, 356 y en el 2016 las autoridades esperan bajar el número, ya que el alto índice es preocupante.

Los eventos se trabajan de manera binacional, debido a que la ciudad fronteriza atiende pacientes de los dos países.

Se han desarrollado conversatorios lúdico pedagógicos para generar espacios de promoción de derechos sexuales y reproductivos y la garantía de los mismos en la población estudiantil del municipio de Ipiales.

Los docentes y sicólogos de las instituciones educativas expresaron que aplicar estas pautas pedagógicas ayuda a mejorar la calidad de vida de los adolescentes y, sobre todo, facilita la prevención de enfermedades tanto físicas como sicológicas.

El representante del cantón Huaca del Ecuador, Rafael Cando, dijo que este tipo de espacios brindan una orientación a los jóvenes y adolescentes a la hora de tomar la decisión de entrar a la etapa sexual, y lo que hacen con estos conversatorios es darles herramientas de responsabilidad.

Fuente noticia: http://hsbnoticias.com/noticias/local/instruyen-en-educacion-sexual-alumnos-de-noveno-en-ipiales-245236

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Argentina: Resistencias a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en Salta.

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América del Sur/Argentina/15 Octubre 2016/Autor: Balderrama Alicia/Fuente: Izquierda Diario

En octubre, por única vez, se harán las jornadas de Educación Sexual Integral en escuelas públicas. Paradojas de un sistema donde es obligatorio estudiar religión pero no se aplica una ley nacional.

La Ley de Educación Sexual Integral se votó en el año 2006, cuando Néstor Kirchner era el presidente de la Nación. Luego de 10 años, varias provincias siguen sin implementarla y la ley sigue quedando, allí donde supuestamente se aplica, a merced de la voluntad de cada docente. La situación es más acuciante en Salta ya que es, junto con Tucumán y Catamarca, una de las 3 provincias donde la educación religiosa es obligatoria.

La Ley sostiene que “la comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural”, y en la provincia eso se extiende a la identidad provincial donde la Iglesia católica es un pilar de gobernabilidad, gobierne quien gobierne, del PJ o el Partido Renovador.

Mientras en las escuelas públicas y privadas durante los 7 años de la primaria cada alumno “goza” de dos horas de religión a cargo de profesoras que en su mayoría son catequistas, los contenidos de educación sexual quedan invisibilizados, o directamente anulados. Y en el nivel medio, la propuesta del gobierno para este año consiste en repetir la jornada que ya se hizo en el 2015, para la cual capacita a ciertos docentes por escuela, para que ellos luego reproduzcan el taller.

Resistencia a la implementación de la Educación Sexual Integral

Durante un recreo en un colegio comercial de la capital salteña, docentes charlan sobre los alcances de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en Salta. Sólo tres pudieron ir en representación de la escuela, a razón de una cada 100, a la capacitación. El dato contrasta con los planteos de la Ministra de Educación, Analía Berruezo, quien sostuvo hace unos meses en un diario local que “el 70% de los docentes recibieron la capacitación que dio el Ministerio, el resto también la tuvo por postítulos, la UNSa o la Universidad Católica”.

Una docente pregunta si la negativa a que se garantice la ESI es “por la injerencia de la educación religiosa en las escuelas”. “Es un tema netamente cultural donde la religión tiene mucho peso”, sostiene otra y arriesga que, por ese motivo, eso pasa sólo en el noroeste. “Los colegios religiosos acá no tienen ESI. Han contratado a psicólogos y sacerdotes para que le armen el taller para dar ellos desde el amor y la fe católica. Pareciera que los chicos de la escuela católica no tienen relaciones sexuales, y los de la pública sí (risas). Si yo voy a dar ESI al Bachillerato Humanista (NdR, donde estudió el gobernador Juan Manuel Urtubey) al cura le da un infarto”.

Sin embargo, una docente que se acerca tímidamente a la ronda en la Sala de Profesores, recuerda que “cuando se planteó que no se diera educación religiosa en las públicas y que mandaran a los chicos en horario extra escolar, (las familias, NdR) no quisieron, y ahí te das cuenta que no quieren religión. Porque eso es algo que le compete a la Iglesia, no a la escuela. La iglesia decide sobre el Ministerio de Educación en Salta. Eso es lo malo”.

De lo que se empieza a hablar

En Salta no sólo no se aplica la ESI, como afirman las docentes, sino que se aplica la otra ley, en referencia al dictado “oficial” de religión con maestras a cargo, luego de la modificación de la ley 7.546 de educación provincial. Fue a propuesta del gobernador Juan Manuel Urtubey que se promulgó en 2008, cuando Cristina Fernández era la presidenteHan pasado 8 años y muchas son las docentes a lo largo y ancho de la provincia que más allá de su creencia religiosa, totalmente respetable, empiezan a cuestionar la educación religiosa porque entienden que la escuela tiene un rol social que trasciende la sumatoria de individualidades a la vez que notan que la iglesia salteña realmente le pone un freno mayor a la aplicación de la ESI.

Los diálogos se repiten en cada escuela, de cada barrio, en cada rincón. En la sala de Profesores del Comercial alguien dejó un volante que dice: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. Docentes empiezan a hablar sobre el derecho a la Educación Sexual, cansadas de ver que Salta encabeza todas las estadísticas contra las mujeres, las cifras del horror: violencia hacia las mujeres, femicidios, trata.

Piensan en Belén, la joven tucumana condenada y presa dos años por haber sufrido un aborto espontáneo. Se preguntan qué habría sido de Juana, la niña wichi violada en patota en Alto La Sierra y a la que se le negó el más elemental derecho al aborto no punible, si la ESI realmente se aplicara.

Trabajadoras de la educación que se organizan con la agrupación Pan y Rosas, para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres los días 8,9 y 10 de octubre, toman estas demandas en sus manos y llevarán esas voces a Rosario.

Disponible en el Link: http://www.laizquierdadiario.com/Educacion-sexual-en-Salta-la-Iglesia-es-el-verdadero-Ministerio

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Reforma de un Sename en crisis y educación sexual en Chile

Noticias

 

América sur/Chile/15 de octubre del 2016/ fuente: 24 horas

El Informante tuvo como temas de su presente edición la crisis del Sename y la educación sexual en Chile.

Respecto al primero, la directora del organismo, Solange Huerta, se refirió al proceso de reforma que se implementará a partir de la inyección de los 2.500 millones de pesos anunciados por el Gobierno.

También comentó el tema de las muertes de los menores, donde recalcó la necesidad de contar con información clara, sobre todo cuando se producen casos en los que se establecen causas de defunción sin hacer mención a patologías asociadas.

Posteriormente, y a propósito del controvertido texto de educación adolescente, se debatió sobre la calidad de la educación sexual en Chile.

La edad para empezar el proceso, la calidad de información disponible y los roles de los padres y las instituciones fueron algunos de los aspectos analizados.

Asimismo, se contrastó nuestra realidad con la de otros países para poder abordar el tema desde un escenario amplio.

fuente:http://www.24horas.cl/programas/elinformante/el-informante-reforma-de-un-sename-en-crisis-y-educacion-sexual-en-chile-2154420

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