Educación Superior

José Joaquín Brunner 

Mientras el discurso oficial asegura que en la Educación Superior seguirá vigente un régimen mixto, las propuestas y medidas gubernamentales van consistentemente hacia su gradual eliminación. ¿Hacia dónde se desea llevar el sistema? El propio gobierno parece no tener la respuesta.  

Los proyectos de ley para la educación superior (ES) y para el fortalecimiento de las universidades estatales -junto con la discusión de la glosa anual de gratuidad- están creando enorme confusión. Por el momento estamos en el peor de los mundos posibles. No hay una propuesta coherente de reforma, pero de todas maneras se avanza desordenadamente. Los afectados reclaman, pero nadie escucha. El gobierno mismo no sabe hacia dónde desea llevar al sistema.

Para partir por lo más elemental, ¿se busca mantener o sustituir el régimen mixto de provisión (estatal y privada) actualmente existente? En caso de proyectarse su eliminación, ¿cuál es el nuevo régimen al que se aspira? Y si se desea mantenerlo, ¿con cuántas y cuáles correcciones?

El discurso oficial ha sido -y es- que seguirá vigente un régimen mixto. Sin embargo, las propuestas y medidas gubernamentales van consistentemente en dirección contraria; es decir, hacia su gradual eliminación. Apuntan, más bien, hacia un régimen de provisión y control estatal.

Las universidades estatales tendrán un tratamiento preferente con privilegios de acceso al poder, de financiamiento y para su establecimiento y desarrollo. El acceso a las instituciones de ES quedaría en manos del Ministerio de Educación. Se crearía un régimen panóptico de supervisión. Y, lo más importante, mediante el financiamiento de la gratuidad, el gobierno definiría el destino de las universidades y demás instituciones de educación terciaria. En estas condiciones, la provisión privada se volvería cada vez más difícil y tendría que desenvolverse en un ambiente hostil.

En seguida, no se entiende qué esquema institucional desea imponerse al sistema a través de la legislación. Por lo pronto, las universidades tendrían que transformarse todas en organizaciones que realizan investigación académica, además de docencia, convirtiéndose cada una en una organización compleja. Sería el único país de las Américas que intentaría tan costoso -y seguramente inviable- proyecto, a menos que el número actual de universidades disminuyera drásticamente, con la consiguiente concentración o reducción de la matrícula. ¿Es esto lo que se busca? La propia docencia se encarecería, tornándose el sistema en su conjunto aún más dependiente de recursos públicos.

Tampoco se sabe si el gobierno quiere mantener una educación superior con tres niveles institucionales diferenciados verticalmente, compuesto por universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Sobre todo, se desconoce cuál es el diseño que la autoridad tiene en mente respecto de la educación vocacional o de ciclo corto, que tan urgentemente necesita mayor atención y estímulo.

El tema de los estándares de calidad esperados del sistema y la forma de administrarlos es otra cuestión incierta. Se pretende que las universidades se acrediten en cinco áreas obligatoriamente: gestión institucional, sistema interno de gestión de la calidad, docencia y formación; investigación, creación e innovación, y vinculación con el medio. Así, por ley, tendremos las mejores universidades del mundo.

Por el contrario, aquellas que no se acrediten serían intervenidas por un administrador provisional, y si este no logra la acreditación, se procedería a su cierre. Este control de calidad podría burocratizarse fácilmente y amenazar la autonomía y diversidad de las instituciones.

Además, la legislación en trámite prevé un cambio drástico del modelo de financiamiento de la ES. Según ha anunciado repetidamente la autoridad, en el largo plazo se aspira a tener un financiamiento única y exclusivamente estatal, canalizado hacia las instituciones mediante subsidios para la gratuidad universal, la investigación académica y la vinculación con el medio. De modo tal que solo habría precios públicos fijados por la autoridad; por ejemplo, el costo por alumno/carrera sería calculado anualmente por el ministerio con ayuda de un panel experto. Se terminaría, asimismo, con el crédito estudiantil, como ya aprobó simbólicamente la bancada de diputados oficialistas.

Esto significa adoptar un diseño opuesto a la tendencia global, la cual se encamina en dirección a esquemas de costos compartidos, diversidad de fuentes públicas y privadas, subsidios tanto a la oferta como a la demanda y modalidades competitivas o condicionadas al desempeño para la asignación de los recursos fiscales.

Por último, continúa abierta la cuestión de cómo el gobierno imagina la gobernanza del sistema. Actualmente proyecta múltiples agencias, organismos e instancias distintas: una Subsecretaría de Educación Superior, con divisiones especializadas para las áreas universitaria y técnica; un Ministerio de Ciencia y Tecnología, una nueva Comisión Nacional de Acreditación, una Superintendencia de Educación Superior, un nuevo Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, un Consejo Asesor de Formación Técnico y Profesional, un Consejo de Coordinación de Universidades Estatales, una Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, y un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de ES, dependiente de la Subsecretaría, que contaría, además, con un Comité Técnico. Adicionalmente, se mantienen como partes de esta gobernanza el Consejo Nacional de Educación (CNED) y el CRUCh.

Si ya hoy, con menos de la mitad de entidades en funciones, se observan numerosas fallas de coordinación y una burocracia altamente fragmentada, pueden imaginarse las dificultades que podrían llegar a aquejar a una gobernanza así de inflada y fraccionada.

En breve, la situación descrita reclama del Congreso Nacional una cuidadosa labor. En efecto, necesita primero clarificar las cuestiones de fondo y, en seguida, hacer un completo rediseño y racionalización de los proyectos. Si, en cambio, el Congreso actúa bajo presión del tiempo y tan precipitadamente como acaba de hacerlo la comisión especializada de la Cámara de Diputados, el resultado terminará perjudicando al propio sistema que se desea cambiar.

Actualmente (el gobierno) proyecta múltiples agencias, organismos e instancias distintas: una Subsecretaría de Educación Superior, con divisiones especializadas para las áreas universitaria y técnica; un Ministerio de Ciencia y Tecnología, una nueva Comisión Nacional de Acreditación, una Superintendencia de Educación Superior, un nuevo Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, un Consejo Asesor de Formación Técnico y Profesional, un Consejo de Coordinación de Universidades Estatales, una Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, y un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de ES, dependiente de la Subsecretaría, que contaría, además, con un Comité Técnico. Adicionalmente, se mantienen como partes de esta gobernanza el Consejo Nacional de Educación (CNED) y el CRUCh.

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