Redacción: Olatz Alonso/Rebelión

El informe «Una brecha en el muro relata las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos.

Lalia pasó todo su embarazo sin que le hiciesen una ecografía. Dio a luz en un paritorio sucio, en el que para entrar tuvo que pagar un soborno y del que salió sin su hijo porque, según los médicos, nació muerto. A Omar le despidieron tras 27 años trabajando en la misma empresa, durante los que nunca fue ascendido a un puesto de responsabilidad. Takio se queja de que en la escuela las instalaciones y el material están en mal estado, de que el sistema responde a criterios políticos en vez de pedagógicos y de que los estudiantes se enfrentan a una presencia policial constante en los alrededores de los colegios.

Lalia, Omar y Takio son personajes ficticios, pero sus vivencias representan el día a día de la población saharaui en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Una realidad recogida en el informe colectivo Una brecha en el muroy en el cortometraje Un agujero en el muro, basado en el informe, que denuncian las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que sufre el pueblo saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por el estado marroquí desde 1975.

 Fotograma del cortometraje «Un agujero en el muro»

El estudio es fruto del trabajo conjunto de la asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava, el grupo de activistas y comunicadores de los territorios ocupados Equipe Media y varios jóvenes universitarios del País Vasco. Una labor que comenzó en un Laboratorio de Derechos Humanos y que tras seis años se ha materializado en un informe y un cortometraje que buscan “mostrar la situación de los saharauis en los territorios ocupados, demostrar que sigue habiendo un pueblo que está viviendo bajo la represión y la ocupación y apuntar a la necesidad de dar a conocer esa realidad y de que haya una mayor investigación”, expone Raquel Calvo, técnica de Comunicación y Educación de la asociación.

La mayoría del territorio del Sahara Occidental se encuentra desde 1975 bajo la ocupación ilegal de Marruecos, un contexto en el que se vulneran múltiples derechos de la población originaria, como el de autodeterminación, ya que aún no se ha celebrado un referéndum, o el de administrar sus propios recursos naturales. Todo ello con la connivencia de la comunidad internacional, como cuando la Unión Europea se esfuerza por que los acuerdos comerciales con la monarquía alauí incluyan los recursos del Sahara Occidental, aunque esa decisión contravenga dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

El Sahara Occidental es también conocido como la última colonia de África. España no completó la descolonización, por lo que Naciones Unidas considera al Sahara como un territorio no autónomo, pendiente de que se concluya ese proceso. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y Marruecos reclaman la soberanía sobre el territorio desde hace 43 años, en un conflicto aún sin solucionar, y que podría encarar una nueva fase tras la celebración de nuevas conversaciones entre ambos actores los día 5 y 6 de diciembre en Ginebra.

TRABAJO, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Una brecha en el muro pone el foco en las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, dada la necesidad de “revelar las violaciones invisibles” a las que se enfrentan los saharauis, en palabras de Ahmend Ettanji, miembro de Equipe Media. “Es importante para mostrar que los saharauis no tienen garantizado ningún derecho fundamental”, añade. “En relación al Sahara Occidental, la línea más trabajada han sido los derechos civiles y políticos, especialmente tras el campamento de Gdeim Izik, pero no se sabía nada de la vida diaria de los saharauis que viven bajo la ocupación”, señala Calvo. Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC, subraya la importancia de los derechos económicos y sociales ya que “son aquellos que permiten tener una vida digna y muchas veces no se puede disfrutar de otros derechos si no se tienen los DESC cubiertos”.

Esta investigación analiza la situación de los derechos al trabajo, la sanidad y la educación. “Representan tres pilares fundamentales de la vida de las personas y, al mismo tiempo, daban la posibilidad de trabajar otras vulneraciones de un modo transversal”, explican Miren Ogando y Eneritz Chávarri, dos de las jóvenes que participaron en el diseño del estudio y en las brigadas que, para recabar información, viajaron durante 2015 a El Aaiún, capital de los territorios ocupados.

El informe “revela una situación generalizada de represión y de una labor intencionada del gobierno marroquí de disolver la identidad saharaui».

Calvo señala que el informe “revela una situación generalizada de represión y de una labor intencionada del gobierno marroquí de disolver la identidad saharaui”. Hassana Aalia, activista saharaui por los derechos humanos y refugiado en el País Vasco, coincide en que “todas estas violaciones son una estrategia política creada por el ocupante marroquí”. Con la Marcha Verde de 1975, en la que miles de civiles marroquíes se desplazaron a los territorios saharauis, Marruecos puso en marcha una campaña de colonización y marroquinización del Sahara Occidental que aún perdura.

Tanto Aalia como Ettanji conocen bien esos abusos, ya que ambos provienen de los territorios ocupados. “Son el pan de cada día”, asegura Ettanji. “No hay acceso libre a la educación, en la enseñanza hay muchas manipulaciones, los estudiantes sufren discriminaciones, no hay universidades ni academias… Si hablamos de derecho a la sanidad, aquí no hay especialistas, en los hospitales se margina a los saharauis y la gente muere debido a negligencias médicas”, añade. Las mujeres sufren violencias específicas, como ataques sexistas, tocamientos o humillaciones por vestir melfas, la vestimenta tradicional. Algunos testimonios hacen referencia incluso a casos de extirpaciones de útero sin consentimiento.

Los datos recabados por las y los brigadistas durante la investigación señalan la existencia de una violencia estructural en el ámbito laboral que “genera grandes bolsas de población empobrecida que sirven como mano de obra barata”, mientras los saharauis son excluidos de las industrias que expolian los recursos naturales del territorio y de la administración pública.

En cuanto a la sanidad, desconfían de la atención médica debido al trato inapropiado que reciben y a la falta de recursos humanos y materiales, por lo que prefieren acudir antes a la medicina tradicional. Las discriminaciones se reproducen también en el sistema educativo. A la falta de instalaciones y materiales adecuados se le suman medidas que aumentan la desigualdad, como que reciban peores calificaciones, que se vean expuestos desde pequeños a la presencia policial alrededor de los centros escolares o la ausencia de universidades en los territorios ocupados. Todo ello enmarcado en un sistema educativo que busca fomentar la cultura y visión marroquí y diluir la identidad saharaui.

NUEVA HERRAMIENTA

“Hasta ahora, estas violaciones no estaban recogidas de una manera más o menos académica en ningún sitio”, señala Ogando. Esa es una de las mayores virtudes de este informe. “Desde el Frente Polisario siempre hemos denunciado estos abusos, pero sin un documento que corroborase esas acusaciones todo se reducía a nuestra palabra contra la de Marruecos”, expresa Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en Euskadi. “Para nosotros este informe es una herramienta muy útil”, asegura.

Muestra de ello es la acogida que tuvo en la 43º conferencia europea de solidaridad y apoyo al pueblo saharaui (EUCOCO) en celebrada el 17 de noviembre en Madrid, a la que acudieron Ogando y Chávarri, y tras la que la asociación ha recibido una petición de llevar el informe a la próxima Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se celebrará en marzo en Ginebra. “Va a ser muy importante porque hasta ahora, al no contar con investigaciones hechas en el terreno, no habíamos podido presentar nada en relación a los DESC. Ésta va a ser la primera vez”, ilustra Aalia, que participará en la Comisión junto a más activistas de los territorios ocupados, de la diáspora y de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Algeria.

Aunque no se trata de “una investigación académica al uso porque no se daban las condiciones para desarrollarla”, matiza Calvo, “el informe tiene todo el valor que tienen los testimonios de las personas que han participado en él”, cuya identidad han mantenido en el anonimato por cuestiones de seguridad. “El conjunto da una imagen de lo que ocurre”, apunta. Una realidad que contradice frontalmente lo que defiende Marruecos. En el IV Informe Periódico de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que presentó el estado en 2014 defendía que “desde 1976 Marruecos ha empleado continuamente todos los medios a su alcance para restaurar los derechos políticos, sociales, económicos y culturales despreciados por la antigua potencia colonial”, es decir, España. “Marruecos vende que su ocupación ha sido positiva, que hay desarrollo económico y el informe viene a poner en tela de juicio esos planteamientos”, celebra Arabi.

CORTOMETRAJE

Además de poner en entredicho las informaciones de Marruecos, el informe ha logrado superar el bloqueo informativo que ejerce la potencia, que expulsa o impide la entrada a observadores internacionales y persigue a los activistas. “Este trabajo es una brecha, como su propio nombre indica, y un lugar desde el que mirar lo que ocurre en los territorios ocupados. Evidentemente no ofrece toda la realidad, pero es un primer acceso”, expone Calvo. Para difundir aún más la situación, han producido un cortometraje de animación, titulado Un agujero en el muro, dirigido por Carlos Moure (Oyko Studio). Una manera diferente de “generar interés” y de “llegar a gente que normalmente no está expuesta a estas realidades”, confían sus impulsoras.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249917