Educación

Pese al recorte presupuestario de $78.2 millones al Programa de Educación Especial, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto dijo hoy que los servicios de los niños con necesidades especiales no se verán afectados.

Según Soto el dinero que recibirá el programa “es suficiente” para sufragar todos los servicios y sostuvo que la reducción se mantendrá en el comité de conferencia de Cámara y Senado, que buscará un acuerdo al paquete de medidas del Presupuesto para el próximo año fiscal 2018-1019. El presupuesto total asignado al Departamento de Educación para el nuevo año fiscal es de $2,538 millones.

“En el análisis que hicimos del reajuste tienen $35 millones que no se le quitaron que se suponía que le hubieran reducido, más las economías que deben tener a nivel de la consolidación de facilidades, los movimientos de personal, entre otras cosas. Eso es dinero suficiente para ellos cubrir todos los servicios de educación especial”, indicó a preguntas de periodistas en el Capitolio.

El legislador detalló que el Departamento de Educación solicitó al Ejecutivo, unos $200 millones por encima del presupuesto vigente, pero no se les concedieron. Precisó, que la agencia recibió una disminución presupuestaria de $100 millones, pero sostuvo que la reducción “es menor a la que le correspondía conforme al Plan fiscal y a la redistribución de partidas que le aplicaba”.

“Si le hubiese aplicado la reorganización de partidas conforme al Plan Fiscal la reducción que debió haber recibido el DE era de $135 millones. Por consiguiente,la reducción que recibieron fue menor y el Departamento de Educación está consciente de que la disminución que recibieron fue menor a la que se suponía que recibiera”, sostuvo el legislador.

Además, dijo que el Departamento está en un proceso de consolidación de facilidades, de la puesta en marcha de las escuelas chaters, “lo que debe reducir el gasto” de la agencia el próximo año fiscal. “Después de haber hecho todo ese análisis y de haber discutido esto con el Departamento de Educación y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entendemos que la cantidad de dinero asignada es suficiente para sufragar todos los servicios, en particular los de los niños de necesidades especiales, sin que estos se vean afectados. Que ellos van a tener que hacer unos ajustes internos y unas movidas, ciertamente, pero el re curso económico asignado al DE, no incide ni afecta los servicios de educación especial. Los recursos que tienen son suficientes para continuar brindando los servicios y que los mismo no sean afectados”, sostuvo el legislador novoprogresista.

Pero, el Comité de Madres y Padres de Niños con Necesidades de Educación Especial denunció que el recorte de $78.2 millones afectará los servicios de terapia física, ocupacional y del habla, así como, los servicios de transportación y de seguridad en las escuelas”.

La portavoz del comité, Carmen Warren precisó que los servicios más afectados serían los que se dan a través del remedio provisional, que se creó a través del tribunal para cuando el Departamento no pueda ofrecerlos, se brinden de forma privada.

“Nos llama la atención que el Departamento de Educación y el gobierno de Puerto Rico firmaron un acuerdo en el pleito de clase para establecer que con relación a las limitaciones económicas que tiene el gobierno iban a mantener como servicios esenciales la educación y la educación especial, particularmente”, sostuvo Warren.

Recordó que precisamente tomando en cuenta la difícil situación fiscal del Gobierno, las partes en el litigio acordaron reducir de $10 mil a $5 mil las multas diarias que el Departamento paga por incumplimiento. “Sin embargo, hemos notado como el Departamento insiste en crear más contrataciones y hacer más gastos aunque alegan que hay unas limitaciones económicas y aunque sometieron un aumento para Educación Especial, pretenden aceptar una limitación en esos fondos que estarían afectando a nuestra población”, puntualizó la líder comunitaria, quien dijo que cabildearían en el Senado y con el gobernador Ricardo Rosselló para que el millonario recorte sea eliminado o reducido.