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England: ‘Crisis brewing’ as rising number of teachers quit the classroom

England / 19.02.2018 / By: news.sky.com/.

A crisis is looming in schools across England because the Government has failed to get a grip on the rising number of teachers quitting the profession, MPs have warned.

The Department for Education has been accused of being «sluggish and incoherent» in tackling the problem – with the Commons Public Accounts Committee (PAC) calling for a detailed plan as a «matter of urgency».

Despite this, the Government has said there is a record number of teachers in schools, and retention rates have been «broadly stable» for 20 years.

According to the PAC’s report, a particular source of worry is the fact that the number of secondary school teachers has been dropping since 2010.

The MPs said this had been exacerbated by how only half of vacancies in 2015-16 were filled with qualified teachers who had the requisite experience and expertise.

Allegations of misplaced priorities have also been levelled at the Government, amid claims it has spent £555m a year training new teachers but just £36m on retaining and developing them.

Pupils in class ahead of GCSE results day, 2017

Video:Teachers don’t feel ‘valued enough’

MPs say the Government should take action to eradicate the wide variations in the quality of teaching across the country.

According to the report, more than 20% of pupils in the Midlands and the North were in secondary schools rated as «requiring improvement or inadequate for teaching, learning and assessment».

The committee said: «The quality of teaching and the level of teaching vacancies vary significantly across the country.

«However, the department does not seem to understand the reasons for the variation or the different challenges that schools in different regions face.

«The failure of the department to get to grips with the number of teachers leaving puts additional pressure on schools faced with rising numbers of children needing a school place and the teachers to teach them.»

Rear view of high school students on a class in the classroom.

Video:December: Schools failing to raise standards

While the overall number of teachers increased by 15,500 between November 2010 and November 2016, secondary school posts dropped 10,800 over the same time frame.

MPs raised concerns over DfE forecasts which show pupil numbers in secondary schools will increase by 540,000 – almost 20% – between 2017 and 2025.

Figures show the numbers of teachers quitting for non-retirement reasons increased from 22,260 in 2011 to 34,910 in 2016.

The workload was a cited as a big factor, according to the PAC, as well as living costs.

New initiatives to help teachers with housing costs in expensive areas was suggested by the MPs as one potential solution.

A school pupil

Video:November: Hammond pressure over schools funding

PAC chairwoman Meg Hillier said: «A crisis is brewing in English classrooms but government action to address it has been sluggish and incoherent.

«It should have been clear to senior civil servants that growing demand for school places, combined with a drive for schools to make efficiency savings, would only build pressure in the system.

«Instead they seem to have watched on, scratching their heads, as more and more teachers quit the profession.»

Labour’s shadow education secretary Angela Rayner said the Government was presiding over a retention «crisis», with «demoralised teachers leaving the profession in record numbers».

Ms Rayner claimed the problem had been exacerbated by the cap on public sector pay, which has made it «impossible» for schools to keep desperately needed staff.

A DfE spokesman said teaching remained an «attractive career» and the department was continuing to work to help schools recruit and retain the best teachers.

From: https://news.sky.com/story/crisis-brewing-over-number-of-teachers-quitting-profession-mps-say-11230194.

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Indoafrolatinoamérica: La educación entre los muros erigidos y el eterno retorno de la voluntad trágica para derribarlos

Por: Jorge Díaz P. (*)

Imaginemos la representación pictórica de  una gran alegoría  en sus grandes trazos  que alude a la contraposición de dos fuerzas en la que una levanta un gran muro y otra obra por derribarlo (aludiendo al muro de Trump entre los EE.UU. y México pero también a otros muros),  abstrayéndonos de trazos más menudos y mejor delineados que a su vez representan específicamente alegorías que refieren a las particularidades de enfrentamientos por muros más pequeños que son ladrillos del muro grande, pero donde la representación exige posicionarse  desde un perspectivismo multiforme para poder ver los diversos movimientos de difusas multitudes desplegadas que transfronterizan los tiempos,  los futuros convertidos en pasados en un presente no necesariamente  histórico, sino de temporalidades sobrepuestas. Con el fin de apreciar como una y otra vez, en un movimiento que no cesa de reiterarse con diferencias como tragedia ante la cual ríen y se entusiasman sus actores en  cada ocasión y repetirla sin cansancio, producto de haber derruido algunos muros pequeños, pese al dolor rabioso por no haber derrumbado el gran muro, continúan insistiendo en tumbarlo (a semejanza del eterno retorno nietzscheano o del “dejá vu” de Paolo Virno).

Seguramente lo más gozoso de esa representación alegórica es lo trascendente de la repetición de esa voluntad empecinada en realizar su “ser”, actuando a contracorriente contra los muros bajo la guía de gritos de guerra y de la acechanza de la incertidumbre.

Quizás así se podría representar  el imaginario devenir de Indoafrolatinoamérica: la voluntariosa insistencia de sus pueblos por derrumbar los muros  materiales y simbólicos, muros separadores y subordinadores de unos grupos sobre otros (entre clases sociales, etnias, países, pueblos, géneros, etcétera), que se iniciaron desde la negación de la dignidad de la alteridad indígena y africana, –la de ser distintos culturalmente al europeo latino conquistador y colonizador que trajo la barbarie  genocida de hombres, mujeres, niños y ancianos, y la depredación de  los bienes naturales, a estas tierras, por su afán de posesión privada y explotadora a través  del expansionismo territorial violento de los  imperios europeos con su capitalismo en ciernes–, muros que separaron de modo excluyente a los indígenas vencidos y convertidos en servidumbre,  a los africanos cazados y sus descendientes transformados en esclavos, y a los mestizos y criollos pobres relegados como parias, condiciones abyectas que no aceptaron sin resistir y luchar, lo que conllevó a triunfos transitorios pero significativos por los mitos sublevadores forjados para su memoria e identidad históricas (es de resaltar la victoria de los afrodescendientes al instaurar la primera república independiente en Haití que apoyó la lucha independentista de Simón Bolívar). Muros que fueron debilitados pero no eliminados del todo por las guerras independentistas, ya que si bien rompieron con la dependencia colonial, la oligarquía conservadora desplazó a la liberal para imponer retrocesos en los logros libertarios alcanzados y propiciar nuevos nexos de dependencia neocoloniales a nombre de los “independizados”.  Luego, bajo la hegemonía de la burguesía neocolonial o proimperialista, se imponen otros imaginarios muros para afianzar su dominación entre: civilizado/no-civilizado, modernizado/POPULAR, desarrollado/subdesarrollado,  democrático/ultrademocrático, globalizado/atrasado,  incluido/excluido, exitoso/sin-autoestima, competitivo/fracasado, etcétera.

Por otra parte, el muro que actualmente impone Trump, es indicador simbólico de un amurallamiento guerrero intimidador de un Estado terrorista  contra el mundo que no le es incondicional al gobierno de los EE.UU. en su expansionismo geopolítico global, así como una táctica disuasora de defensa y preservación de la base nacional de su transnacional imperialismo ante la rivalidad de otras potencias, y para cohesionar manipuladoramente a su población haciéndole creer que los culpables de la crisis estructural capitalista que padece, son otros y no su gobierno-pentágono-complejo industrial imperialista como efectivamente lo es. Los “otros” son los extraños o extranjeros cuasiextraterrestres como lo divulgan sus subliminales y repetidas películas,  que han hecho entrismo invasivo y conspirativo en su base territorial: indoafrolatinoamericanos preferencialmente.  Aspecto éste que complementa geopolíticamente su vigilancia estratégica y asedio permanente  de Indoafrolatinoamérica, a la cual  política y militarmente ha considerado cínicamente sin muros de por medio como  su “patio trasero”.

Es de advertir que el proceso llamado eufemísticamente de globalización, por estar sustentado en el fortalecimiento del intercambio desigual entre las naciones capitalistas hegemónicas y las dependientes en el mercado internacional, en la profundización de la división internacional capitalista del trabajo, así como en la supeditación de la información y comunicación mundial a los nodos de la red informática controlados por los EE.UU. y sus compañías transnacionales de servidores informáticos que dominan el denominado “nuevo orden de información mundial”, constituye un proceso de globorrecolonización para Indoafrolatinoamérica.

Retomando  el decurso histórico referido, durante los siglos XIX y XX se produjeron resistencias y luchas populares que lograron instituir endebles derechos sociales  y consolidar efímeramente gobiernos de tinte progresista derrocados por dictaduras militares gorilas o de derecha proimperialistas y antipopulares (los gobiernos de Joao Goulart, Juan Domingo Perón, Salvador Allende y otros), o por intervenciones militares yanquis (gobierno de Jacobo Arbenz y otros).  Sobreviviendo a ello tan solo el gobierno revolucionario en Cuba, y episódicamente los sandinistas en Nicaragua, para posteriormente registrarse durante el tránsito al siglo XXI y en sus primeras décadas, la reaparición de gobiernos de signo reformista  en varias naciones de Indoafrolatinoamérica pero que en la actualidad registran francos retrocesos debido a la recuperación de esos gobiernos por  la derecha retrógrada. Esto a causa principalmente de la falta de comprensión por parte de las presuntas vanguardias de la condición compleja de la formación y reproducción sociocultural de las infrapolíticas representaciones de las multitudes indoafrolatinoamericanas, por lo que buscan contradictoriamente vincularse a su sola inmediatez cuando son oposición, y neopopulistamente, –y cuasineoliberales en lo económico–, cuando son gobierno (bajo los estigmas de la burocratización y de la corrupción que bloquea el ejercicio soberano de la contraloría social por el Poder Popular, generando con ello malestar, descontento y rechazo opositor en el pueblo), sin afectar la estructura o modo capitalista alienante e inequitativo de satisfacción de las necesidades, que es donde radica primordialmente  la transformación revolucionaria emancipadora.

No obstante las vicisitudes transicionales y diferenciadas para cada país indoafrolatinoamericano en el tiempo, los muros materiales y simbólicos impuestos por el poder mediático y de la educación escolarizada  principalmente  han actuado en la configuración ideológica de una “identidad desidentificadora”, lo que asumimos inconscientemente para “ser” y no somos del todo por renuencia cuasiconsciente, en toda la región con matices distintivos según la hibridez cultural inconsistente conformada,–nuestra ambivalencia–, sin opciones alternativas claras de decantación posible para reconocer los muros que la constituyen invisiblemente.

Búsqueda de alternativas sin la pretensión de lograr un “deber ser” unívoco sino multívoco o diverso pero compartiendo efectos de sentido unificadores de propósitos convivenciales libertarios de la envolvente y sujetante alienación capitalista. Hibridez subjetivadora contradictoria que, en consecuencia,  impide consolidar un sentido de certeza social sobre lo que somos y podemos ser. Posible de alcanzar si transformamos la renuencia cuasiconsciente en resistencia y voluntad de lucha consciente.  Sin depositar la confianza de la realización en un hipotético futuro como  hizo la política de la Modernidad  que copiamos postizamente  como modernización futurista para postergarla infinitamente, sino en un camino donde vayamos siendo lo que queremos ser multiplicadamente en una  socialidad convivencial. Un camino riesgoso por incierto que reivindica la voluntad de lucha y la claridad interpretativa de la complejidad de los muros que también somos en nuestra subjetividad para la configuración de otro ethos que se confronta ética y estéticamente con el eterno retorno dramático de la incertidumbre.  Una lucha signada trágicamente también porque enfrenta a una parte del mismo pueblo que se ha desdoblado contra sí mismo, los “malinches”, al ubicarse al lado de grupos dominantes aliados del imperio sojuzgador.

 

Representaciones infrapolíticas hibridizadas, por subyacentes en su imaginario sociopolítico como gramáticas generadoras de percepciones, ideas y acciones que constituyen y guían cotidianamente al pueblo en la autointerpretación de su trágica  existencia de “fuga en el realismo mágico” para confrontar su dramática  realidad.  Pueblo siempre a la espera trágica, reiteramos, de la “salvación por otro que no es él (su poder popular)”.  Un otro que lo representaría en su afirmación y negación de lo que cree y desea ser ilusamente a imitación del otro que lo domina relega y excluye, aunque paradójicamente tenga que negarse de nuevo para evadir  ser parecido a otro-sin-alteridad, sino ser realmente en  dignidad, bajo la expectativa y apoyo para ser por parte de los otros con quienes hace comunidad, y quienes son a su vez en y con el otro: un espejo multirreflejante, no un espejismo, en el que se ven con sus diferencias variopintas como iguales.

Comunidad alternativa sustentada revolucionariamente en la afectualidad, o afectividad potenciada y redefinida de manera trascendente entre los cuerpos como relación social convivencial.  Afectualidad latente  en la afectividad (emociones y sentimientos) y reconocida por investigadores   de Indoafrolatinoamérica como Michel Maffesolí para proponer la existencia de la socialidad empática posmoderna, pero limitada y reprimida, según Félix Guattari, por la mayor valoración institucional discursiva y no discursiva (en la educación escolarizada en todos sus niveles y los medios de comunicación primordialmente) de las representaciones y significaciones (semióticas significadoras), como imposición de las racionalidades funcionales capitalistas y que han sido impuestas socioculturalmente por la modernización postiza que mencionamos antes, desde la hegemonía ideológica del modo de pensar de la  razón instrumental, en tanto lógica racionalizadora del capital, y de la Modernidad, que busca convertir todo en un medio, recurso o instrumento de sus fines mercantiles o de valorización reproductora ampliada del  capital. De aquí que pensar la emancipación, exija emancipar previamente al pensamiento de las racionalidades dominantes reproductoras.

* Correo: diazjorge47@gmail.com

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Así se elige un rector

Por: Ignacio Mantilla

Las universidades en el mundo entero han adoptado diversos mecanismos para designar a su rector. Asimismo, haciendo uso de su autonomía, han definido períodos para el cargo o limitado su reelección. En la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, el estatuto general estableció el período del rector de tres años, con la posibilidad de reelegirse por una única vez, limitando así a seis años, como máximo, el tiempo para que una misma persona ocupe el cargo de rector en forma continua.

Justamente en el próximo mes de abril termina el actual período rectoral, mi segundo período consecutivo en ejercicio del cargo. La elección de mi sucesor la hará el Consejo Superior Universitario a finales del mes de marzo. El plazo para la inscripción de los aspirantes terminó esta semana y se presentaron 11.

Ahora empieza el proceso de socialización ante la comunidad universitaria de los programas propuestos. Esta etapa terminará con la realización de una consulta electrónica a estudiantes, profesores y egresados. Los resultados de esa consulta son ponderados, dando a la opinión de los profesores el mayor peso, del 60 %, a la opinión de los estudiantes la mitad de este peso y a la opinión de los egresados un peso del 10 %.

Los cinco candidatos que obtengan el mayor respaldo en la consulta son los únicos nombres que puede considerar el Consejo Superior, salvo que quien tenga el mayor respaldo de los estudiantes no llegare a estar entre estos cinco. Si así fuere, se reemplaza al quinto por el ganador entre los estudiantes para conformar el grupo final de los cinco candidatos.

Es claro que la consulta como mecanismo no contempla una elección directa por parte de la comunidad académica y que tiene como única finalidad seleccionar un grupo de cinco candidatos para que el Consejo Superior Universitario elija al rector.

La exigencia de una elección directa de las directivas universitarias, en contra de métodos colegiados, es un recurrente campo de controversia en muchas de nuestras universidades latinoamericanas.

Al llevar a cabo una rápida revisión de los métodos de designación de rector en otras latitudes y, en especial, en universidades de alto reconocimiento académico, nos encontramos con que, en contra de lo que pueda pensarse, son más numerosas las universidades que, en uso de su autonomía, optan por métodos de designación de sus directivas concentrando la responsabilidad de la decisión en unos pocos integrantes de la comunidad académica que conforman estamentos colegiados de amplia respetabilidad y profundo conocimiento de la universidad, de su entorno y de sus proyecciones.

Por ejemplo, en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), una de las universidades más importantes de América Latina, es la Junta de Gobierno de la universidad la que efectivamente designa a sus rectores desde 1947, fundamentada en el conocimiento de la universidad, en consultas a los entes universitarios y en entrevistas con los candidatos y personalidades del medio académico.

La Universidad de Harvard cuenta con dos juntas de gobierno: la Corporación y la Junta de Supervisores. La corporación se encarga de elegir al rector o presidente de la universidad después de que un comité de búsqueda le entrega, para su consideración, los nombres de los candidatos. Algo similar sucede en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), otra de las instituciones de educación superior de gran reconocimiento internacional.

Los comités de búsqueda o fichaje para la posterior decisión de órganos de gobierno es un elemento común en la mayoría de universidades norteamericanas y europeas, excluyendo, tal vez, a las italianas y algunas españolas.

En nuestra región, además del caso de la UNAM, la Universidad de São Paulo, en Brasil —otra de las más importantes del mundo—, presenta un método en el que los estamentos universitarios llevan a cabo una votación ponderada que da a la opinión de los profesores el mayor peso, para depurar una terna de la cual el gobernador del estado de São Paulo designa al rector.

En la Universidad de Chile el rector es nombrado por el presidente de la República, de una terna que se conforma a partir de la votación de los profesores pertenecientes a las tres más altas jerarquías de la universidad y que tengan cierto tiempo de antigüedad.

Entre las universidades de más alta calidad de América Latina, tal vez lo más cercano a una elección directa con participación universal es la llevada a cabo en la Universidad de Buenos Aires, en donde el rector es elegido por la Asamblea Universitaria, un ente colegiado numeroso que tiene representación de todos los estamentos universitarios y de sectores sociales externos a la universidad.

En España se ha venido adoptando la elección directa. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, que este año cumple 800 años de existencia, se pondera la opinión de los miembros de la comunidad, dando un peso de más del 50 % a la opinión de los profesores de mayor categoría y realizando una segunda vuelta cuando ningún candidato obtiene la mayoría absoluta. Allí la opinión de los estudiantes tiene un peso cercano a un tercio del que tiene la opinión de los profesores de todas las categorías.

Las universidades de más amplio reconocimiento académico en el mundo son en su mayoría ejemplares en su estabilidad institucional y un factor de gran importancia para lograrla ha sido el uso de métodos de selección de sus directivas que privilegian la búsqueda de los mejores y los más preparados, y que no caen en la tentación de elegir a los más populares dentro de un solo estamento, en unas elecciones internas, evitando así la introducción de los vicios de la política en las universidades.

Ante la expectativa que despierta en la Universidad Nacional de Colombia la elección de mi sucesor, tengo la tranquilidad que me da la certeza de saber que el Consejo Superior Universitario, en su sabiduría, tomará la mejor decisión para designar al próximo rector para el período 2018-2021 de la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos.

Fuente artículo: https://www.elespectador.com/opinion/asi-se-elige-un-rector-columna-736961

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¿Un futuro para las escuelas?

Por Pablo Imen.

“El Consejo Federal de Educación, reunido en Purmamarca, afirma la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años, en pos de concretar los desafíos pendientes…” Así se iniciaba el texto de una declaración del órgano que reúne a las y los ministros provinciales y al Ministro de Educación Nacional el 12 febrero de 2016: se reconocían expresamente avances valiosos en materia de política educativa durante el período anterior y se asumía un compromiso en su sostenimiento.

¿Cuáles fueron los rasgos de la “herencia kirchnerista” en esta materia? La política educacional 2003-2015 contiene[1] como elementos centrales: i. la producción de una legislación abundante con una fuerte orientación a la ampliación de derechos[2] ; ii. Creación de nuevos programas y dispositivos tendientes a democratizar y enriquecer la vida de la institución escolar (especialmente los programas socioeducativos como orquestas, clubes juveniles y radios, etc.); iii. Mejoramiento de las condiciones laborales docentes; iv. Una tendencia a la reunificación del sistema educativo nacional; v. Un incremento sostenido del financiamiento educativo; vi. La definición de mecanismos compensatorios de financiamiento para las provincias más pobres; vii. Una intensificación de la inversión en infraestructura y equipamiento escolar; viii. La generación de modelos de construcción de la política pública en diálogo con otros actores, especialmente los sindicatos docentes[3] y las universidades públicas.  Es importante recordar que el proceso se inició en 2003, y fue un modo de salida de una crisis orgánica del orden neoliberal-conservador aplicado, con más o menos represión, entre el golpe de Estado de 1976 hasta su estallido, los días 19 y 20 de diciembre de 2001.[4]

El triunfo de Cambiemos puede ser explicado por muchas razones, pero sin duda su eficacia comunicacional fue un factor relevante en el balance. El discurso de campaña tuvo vaivenes contradictorios pero hay una serie de afirmaciones que no pueden ser obviadas en este análisis: la promesa de no quitar derechos y proteger a los más vulnerables o de conservar lo que se había hecho bien. En un spot, por ejemplo, el entonces candidato afirmaba que los maestros “son un ejemplo para los chicos” y agregaba: “Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados: ese es mi compromiso”.

Si bien en la Declaración de Purmamarca se formulaba la inminente implantación de una “revolución educativa”, el primer párrafo transcripto al inicio de esta columna parecía reconocer y respetar avances de los gobiernos anteriores. A pesar de esta promesa comenzó un proceso de desmantelamiento del orden educativo heredado para dar lugar a una reconfiguración novedosa que combinaba en dosis variables decires y (des)haceres.

Un discurso brutal

A mediados de septiembre de 2016, en Choele-Choel Bullrich dijo que: “Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”.

Al mes siguiente, en octubre, el ministro vino a proponer una hipótesis que declaraba fuera de todo reconocimiento el legado político educativo de Julio Argentino Roca y Domingo Faustino. En un encuentro ante empresarios, Bullrich afirmó que: “No tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino, hay que cambiarlo, no sirve más…no sirve más…está diseñado para hacer chorizos, una máquina de hacer chorizos, todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo, se diseñó para hacer empleados en empresas que tenían que repetir una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos”. Esto lo dijo en el marco del 52° coloquio empresarial de IDEA.

En noviembre el ministro intervino en la 22° Conferencia de la Unión Industrial Argentina y dijo: “Queremos que la educación argentina sea una de las mejores del mundo. Si tenemos la mejor educación tendremos las mejores empresas del mundo. Para eso debemos preparar recursos humanos de excelencia. Debemos recorrer juntos el camino. Estoy agradecido de estar parado acá. Me paro ante ustedes como gerente de recursos humanos, no como Ministro de Educación”.

Estas intervenciones dejan entrever algunas claves del proyecto político educativo y pedagógico que se propone desplegar Cambiemos, cuya inspiración, contenido y método están lejos de las promesas de campaña del Presidente y también de las promesas de la Declaración de Purmamarca acerca de construir sobre lo construido. En orden de anuncios, y de hechos comprobables, la primera cuestión es su decisión de barrer – campaña del desierto educativo mediante- con todo lo que la propuesta oficial considera “bárbaro” (para ponerlo en términos de la dicotomía justificatoria contenida en el dilema “civilización o barbarie”). Veamos algunas acciones.

El despido masivo de equipos del Ministerio de Educación tuvo como uno de los efectos el virtual desmantelamiento de programas enteros que tenían una cobertura nacional pero no a través de su cierre formal sino  por vaciamiento, conservando un lugar en el organigrama ministerial. Desde julio de 2016 se procedió de modo sostenido a la reducción de las plantillas de los programas de Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y convivencia escolar y Plan de Lectura y las modalidades educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro y Educación de Jóvenes y Adultos, entre otras líneas de acción.

La descalificación del sistema educativo tradicional, vigente hasta la gestión del propio Bullrich según la visión del propio Ministro, se reflejó en más acciones concretas, entre otras la restricción presupuestaria: ni actualizó la inflación desbocada en 2016 (se proyectó un 23 y fue más del 40%) y, adicionalmente, se subjecutaron 12.000 millones de pesos sobre un presupuesto de algo más de 100.000 millones.

Las jurisdicciones provinciales fueron depositarias de la decisión sobre qué programas sostener o cerrar tras la combinación de descentralización y desfinanciamiento. Hay un elemento importante más, que aunque no sea enteramente novedoso pasa a tomar relevancia en el marco de la actual política educativa: se trata de la introducción del mercado en la vida de los sistemas educativos. Programas como Junior Achievement – tendiente a la formación de emprendedorxs – o Enseñá por Argentina – un voluntariado docente que acompaña a educadores reconocidos en las aulas a un tercio del salario formal- son  expresiones claras de la orientación pro-mercado. En un mismo sentido se registraron reuniones del propio presidente Macri con los dueños de Microsoft, de Google, de Facebook – entre otros- para abrir nuevas oportunidades de negocios en el muy rentable campo de la educación.

¿Un gobierno dialoguista?

Otra de las promesas de Macri fue la de superar la “grieta” que divide a las y los argentinos a través de una actitud de diálogo frente a las diferencias. La desaparición de Santiago Maldonado no es un rayo en un día de sol sino un momento de la escalada creciente en la violencia estatal como recurso para administrar el conflicto social y político.

En el campo de la educación y de la política educativa ocurrió un mismo fenómeno: en lugar de diálogo hubo acciones de una violencia inusitada: despidos, descalificaciones públicas junto al incumplimiento de normas vigentes, el ingreso armado a Universidades Públicas en actitud amenazante e incluso la represión violenta como ocurrió con la instalación de la Escuela Itinerante.

Tampoco se plasmó el diálogo prometido en (inexistentes) paritarias nacionales  están establecidas en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Financiamiento Educativo. Tal definición abrió una serie de conflictos, dado que la paritaria: i. tiene elementos de alcance nacional, como los fondos provistos a provincias con mayores dificultades o inversiones que se realizan desde el propio ministerio; ii. Además de discutir un piso salarial se han planteado y acordado políticas de formación docente; iii. La no realización de la paritaria generó profundos conflictos en las provincias, que carecían de parámetros para negociar las respectivas condiciones en cada lugar.  La negativa del Ministro a entablar negociaciones establecidas por ley agudizó el conflicto que ya venía marcado por un techo salarial inaceptable de 18%. El año pasado las paritarias rondaron el 30% y la inflación fue de más del 41%, generando una pérdida de alrededor del 10% del poder adquisitivo del salario. Este año se prevé una inflación que puede llegar al 30% pese que el gobierno ha definido metas de inflación que varía entre un 12 y un 17%.

La síntesis de toda esta política es evidente: se avanzó en el desmantelamiento de lo construido en los últimos doce años. No es que la política educativa realizada entre 2003 y 2015 haya resuelto todos los problemas de la educación entendida como derecho humano, social y ciudadano. Tampoco se logró avanzar en un modelo pedagógico propio, endógeno, liberador tal como requiere la segunda emancipación americana. Pero se dieron pasos en esa dirección. Lo que se hizo fue insuficiente pero marcaba un rumbo que privilegió a los sectores más vulnerables e interpeló a la sociedad –y a los y las docentes- para ampliar de modo persistente la ampliación de los derechos y una transformación política y cultural que plasmara una democracia protagónica y participativa.

El camino emprendido por Cambiemos ha decidido volver sobre la marcha restauradora del neoliberalismo pero en un lenguaje contradictorio que oscurece mensajes y lecturas. El Plan Maestro – un documento contradictorio que el Ejecutivo presenta para su tratamiento parlamentario como norte de la política educativa- define a la educación como “derecho humano fundamental”. Tales palabras nunca hubiesen salido de la boca de los neoliberal-conservadores que gobernaron este país en el último cuarto del siglo XX. El uso de palabras seductoras para políticas con efectos contrarios parece ser un recurso de gran eficacia de Cambiemos. Las Escuelas del Futuro como reforma del nivel secundario en CABA atraviesan una misma modalidad esquizofrénica.

CABA como caballo de Troya: ¿qué escuelas para qué futuro?

En un sólido artículo publicado en Revista Anfibia, Naimid Cirelli advierte que hubo una mesa de trabajo conjunta en diciembre de 2016 para algunos puntos centrales planteados por los estudiantes: la situación edilicia, la aplicación de la Ley  de Educación Sexual Integral, problemas de becas y viandas así como problemáticas de género. En esta nota titulada “Los pibes se plantan” Cirelli advierte que tales encuentros “se repitieron cada tres semanas, las galletitas dejaron de estar en la mesa y las discusiones se pusieron tensas con actas sin firmar. La ministra Soledad Acuña no participaba de los encuentros y los asesores no daban respuestas concretas. Desde que se filtró el documento de la reforma en julio hubo dos reuniones. En ambas los jóvenes pidieron información.”  La respuesta de los asesores fue “es un proyecto que está muy verde”. Pero los medios se enteraron antes que la comunidad educativa, y circuló un PDF en el que se afirmaba: “El 50% del tiempo escolar destinado a la aplicación de los aprendizajes en empresas y organizaciones según talentos e intereses de cada alumno y 50% de tiempo escolar destinado a desarrollar habilidades y proyectos relacionados al emprendedurismo”.

Como reguero de pólvora, sonaron las alarmas que desataron las primeras respuestas del movimiento estudiantil. Frente al silencio ministerial se optó por la alternativa de la movilización y las tomas de establecimientos educativos. Ciertamente, no era un recurso novedoso: en 2008 tales acciones lograron frenar el recorte de becas escolares; en 2010 que la justicia emplace al gobierno a realizar impostergables reformas edilicias; en 2012 hizo retroceder una imposición de reforma curricular inconsulta. Las de 2017 se inscribían así en un método que había sido el único modo de frenar avances de inspiración neoliberal-conservadora con un gobierno que, lejos de  practicar el diálogo, ha entablado más bien relaciones de persecución y represión frente a la emergencia del conflicto.

Las causas de la movilización estudiantil expresaron un rechazo rotundo a su carácter inconsulto, a su estilo ciertamente improvisado y a la existencia de definiciones controvertidas como la formación en emprendedurismo.  La discusión sobre el emprendedurismo remite a la idea – traducida en el término “emprendizaje” – que el sistema educativo debe dar herramientas para que cada quién resuelva, según una mezcla de suerte, audacia, tesón y resignación, sus propias condiciones de existencia. En esta teoría, el problema del empleo no responde a unas definiciones establecidas por la política pública económica sino al empeño de cada quién en forjar su destino. Neoliberalismo en estado puro.

Más allá del carácter inconsulto, improvisado, autoritario y mercantilista de esta reforma hay un rasgo más que lamentar en un proceso de final abierto. Es que hay una cantidad de conceptos vertidos en sus páginas que aciertan en la crítica a la secundaria tradicional. Y junto a la crítica –y al reconocimiento de la legislación existente- emergen interesantes propuestas orientadas a la reformulación en el uso del tiempo y del espacio, al uso de dispositivos pedagógicos innovadores, al trabajo docente colectivo, a una epistemología que supere la fragmentación del conocimiento. La enumeración no es exhaustiva, pero el texto se desborda de ideas de gran calado transformador aunque existe un silencio estruendoso alrededor de temas sustantivos. ¿Con qué recursos se hará esa propuesta? ¿qué mecanismos de formación docente permitirá reconfigurar el modelo de trabajo individualista y más bien teoricista?¿en qué espacios de han de inventar las formulaciones que se sugieren allí? Nada de esto está en el documento, que se legitima en investigaciones de intelectuales de claro posicionamiento crítico, progresista, emancipatorio. Entonces hay un juego de formulaciones aspiracionales profundas y ningún recurso, proceso ni tiempo que hagan posible avanzar en esa dirección.

Cabe consignar que el modelo de trabajo docente promovido no tiene previsto en La Escuela que Queremos los más elementales recaudos para impulsar las novedades que propone el Ministerio. Por el contrario, muchos de los cambios promovidos impactarán negativamente en las seguridades laborales que otorga el Estatuto del Docente. La propuesta, tal como está, pone en riesgo las propias condiciones laborales de los y las educadoras. Entre promesas evanescentes y riesgos muy ciertos discurre un futuro difícil para el profesorado. Los sindicatos lo ven y lo denuncian.

Todos estos elementos revelan un modo de construcción de la política pública: el ministerio diseñó una reforma de gran calado, con aspectos muy controvertidos que se fueron modificando conforme aumentaba el descontento en la comunidad educativa. Se difundió a los medios antes que en el sistema educativo, se lo realizó a través de un power point que fue mutando en sucesivos documentos con cambios importantes entre una y otra versión. El carácter improvisado del texto no estimuló a convocar a la participación, más bien al contrario. Con la elevación de la oposición a la reforma se intentó judicializar el conflicto – estrategia impugnada por la jueza Elena Liberatori- y acallar las cada vez más masivas oposiciones.

Se pronunciaron en contra los sindicatos docentes, pedagogxs, el Consejo Superior de la Facultad de Filosofía y Letras donde está la carrera de Ciencias de la Educación, asociaciones de padres, organizaciones sociales y nada de esto fue tenido en cuenta por el gobierno que hasta el día de hoy – octubre de 2017- se sigue amenazando con la aplicación a partir de marzo del año próximo.

Este modelo de imposición se da de bruces con el documento ministerial titulado, paradójicamente, “La escuela que queremos” en el cual se plantea que “la propuesta de cambio organizacional debe hacerse con la participación de las instituciones y los actores que la conforman”. La formulación no puede ser más contradictoria con los hechos y decisiones que impone autocráticamente el Poder Ejecutivo de la Ciudad, avalado por el Gobierno Nacional.

Las principales espadas oficialistas –funcionarios, periodistas, académicos- han defendido la propuesta detrás de  la crítica furibunda a la vieja escuela, la exigencia de una renovación imperiosa y la idea de que tal renovación sólo puede ser una: la sugerida por los expertos de Cambiemos. Toda otra definición es errónea, y, peor aún, es “política”. Es lógico, el modelo neoliberal, neoconservador y neocolonial que sostiene el programa de gobierno de Cambiemos se funda en una perspectiva tecnocrática que niega -en nombre de una política incuestionable y necesariamente verdadera- el lugar de la política y del conflicto. Es sabido que las fórmulas neoliberales aplicadas en los años noventa han despreciado y obturado cualquier objeción a unas políticas que llevaron al país y a la región a una catástrofe social, política y productiva sin precedentes. En los primeros años de este siglo XXI en Argentina, como en toda la región, aquella perspectiva presuntamente neutral fue impugnada de hecho por la instalación de la política como sustancia de una democracia verdadera. En los gobiernos progresistas, la política era y es parte de una educación  verdaderamente emancipadora, es requisito para una sociedad que se potencia con la formación de ciudadanos-gobernantes capaces de defender sus derechos y un proyecto colectivo. Entre los jóvenes ese espíritu se revive en la resistencia a esta reforma. Al decir de Abru – protagonista del artículo de Cirelli arriba citado: “En las aulas se habla de política y ahora hay una idea de que las pibas y los pibes no sabemos nada o que cualquiera puede meternos ideas en la cabeza. Cuando desapareció Santiago Maldonado lo hablamos todos los días, porque era un joven y eso a nosotros nos toca de cerca. Nosotros tenemos debates, paneles, reuniones y asambleas como espacios donde informarnos y discutir, no siempre estamos de acuerdo. Pero sabemos que cualquier colegio que este organizado y tenga un centro de estudiantes va generar un pensamiento crítico”. De eso se trata, para nosotros, la escuela del futuro: de una institución que forme para la libertad y la participación.

 

* Centro Cultural de Cooperación (CCC) – Universidad de Buenos Aires (UBA).


[1] Aquí nos remitimos a una mera enunciación de lineamientos y propuestas principales, sin ahondar en el análisis de la política educativa del período 2003-2015. Más bien es un diálogo con la afirmación del Consejo Federal de Educación del respeto a lo construido y, en tal sentido, aportamos algunos de los aspectos de la política educativa que fue objeto de reconocimiento discursivo.

[2] Son las regulación más importantes: Ley25.864 de fijación de un ciclo lectivo de 180 días de clase anuales; Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional; Ley 26.075 de Financiamiento Educativo; Ley 25.150, Programa de Educación Sexual Integral; Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley 26.206 de Educación Nacional y la Ley 27.204 de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior.

[3] El caso más relevante es la  compleja negociación paritaria docente que fue trascendiendo la negociación por los salarios y se proyectó a iniciativas conjuntas, como las propuestas de formación docente. El Plan Nacional de Formación Docente se desplegó en este marco y promovió interesantes creaciones que iban constituyendo una modalidad diferente de construcción de la política pública.

[4] Algunos indicadores nos eximen de mayores comentarios: 24% de desocupación; 53% de hogares por debajo de la línea de pobreza (y si el foco se ceñía al universo de niños y jóvenes, la pobreza trepaba a más del 70% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes); un aparato productivo destruido, un Estado vaciado, la subordinación explícita a los poderes internacionales, etc. Tal mapa permite comprender que los límites de una política pública antipopular sólo pueden ser impuestos por la decidida resistencia de las mayorías populares, como ocurrió a fines de 2001.

Fuente artículo: http://www.iade.org.ar/noticias/un-futuro-para-las-escuelas.

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Ireland: May warns universities over high cost of tuition fees

Ireland/ 19.02.2018/ By: www.theguardian.com.

Theresa May is to press ahead with attempts to force universities to charge less for some courses based on their costs and potential graduate earnings, despite critics within her own party and the higher education sector branding the move incoherent and unworkable.

Announcing a long-awaited review of education funding for over-18s in England, the prime minister will say that reserving university for the middle class and vocational training “for other people’s children” is outdated.

Her comments come after the new education secretary, Damian Hinds, hinted on Sunday that the review would recommend that some universities cut their fees for social science and humanities courses, particularly if recent graduates earned salaries below those of others.

In a speech in Derby on Monday afternoon, May will say that higher education institutions should change the existing structure whereby all undergraduate courses cost £9,250 a year in tuition fees.

“The competitive market between universities which the system of variable tuition fees envisaged has simply not emerged,” she is to say. “All but a handful of universities charge the maximum possible fees for undergraduate courses. Three-year courses remain the norm. And the level of fees charged do not relate to the cost or quality of the course. We now have one of the most expensive systems of university tuition in the world.”

May’s speech is the Conservative party’s latest attempt to grapple with the complexities of the funding system it created as part of the coalition government in 2012, which has pushed up average graduate debt toward £50,000 and up to £57,000 for students from the poorest backgrounds.

The hike in fees from £3,600 to £9,000 has not dented the appetite for undergraduate study, but universities have been heavily criticised for swiftly raising the pay of their vice-chancellors and other senior leaders.

Labour’s performance among young voters and their parents at the last election has been attributed to Jeremy Corbyn’s promise to scrap tuition fees entirely and reintroduce maintenance grants for the less well-off.

In her speech May will attempt to tackle Labour’s policy head on, criticising her government’s own support for the current system even as ministers defend it by arguing that more people from disadvantaged backgrounds are now in higher education than ever before.

According to May, widening access to university “is not made easier by a funding system which leaves students from the lowest-income households bearing the highest levels of debt, with many graduates left questioning the return they get for their investment”.

May also hints that the review, which the Guardian understands will be led by a senior figure from the City, will look at restoring income-related grants in some form by examining “how we can give people from disadvantaged backgrounds an equal chance to succeed. That includes how disadvantaged students and learners receive maintenance support, both from government and universities and colleges”.

The review panel is likely to include Prof Alison Wolf, an economist at King’s College London with a strong interest in further education provision and qualifications. Other members will include a former vice-chancellor and head of an Oxford college.

May has been determined to make universities offer variable fees for many years, backed by her former special adviser Nick Timothy, who last year complained about receiving a haircut from a university graduate. Timothy also accused the former education secretary Justine Greening of blocking May’s efforts to cut tuition fees. May removed Greening earlier this year and replacing her with Hinds, a more enthusiastic supporter.

On Sunday Greening appeared to confirm the rift over tuition fees, suggesting that the review would be more talk than action. She proposed more radical moves, such as doing away with interest payments on student loans and bringing back grants for poor students.

“The thing that really matters from my perspective is social mobility, and making sure we don’t end up with a system where young people from more disadvantaged backgrounds feel like they ought to do one of the cheaper degrees, rather than doing the degree they actually want that will unlock their potential in the future,” she said.

Greening’s comments echoed those of Angela Rayner, Labour’s shadow education secretary, who said the Conservatives had lost touch with reality over education funding. “Charging more for the courses that help graduates earn the most would put off students from the most disadvantaged backgrounds from getting those same qualifications. So much for the prime minister’s talk about social mobility,” Rayner said.

“To make science and maths degrees more expensive flies in the face of what our economy’s going to need in the future. As part of our industrial strategy we need to ensure that we get more students on those courses.”

Prof Janet Beer, the president of Universities UK and the vice-chancellor of the University of Liverpool, took issue with May’s claims of an academic-vocational divide. “The perception may be of academic versus technical qualifications, but the reality is very different. Universities are key to developing the skills needed by employers and students across a wide range of industries, sectors and professions,” she said.

Mark Leach of the higher education thinktank Wonkhe said the government’s arguments were incoherent and could damage the sector. “Forcing struggling universities to charge lower fees to poorer students, and therefore have less money to spend on their retention, learning, facilities and other real value for money indicators, could simply entrench a cycle of poverty,” he said.

From: https://www.theguardian.com/education/2018/feb/18/cutting-tuition-fees-would-backfire-justine-greening-warns-theresa-may

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La educación: Reto de país hacia la paz

POR CECILIA DIMATÉ RODRÍGUEZ* 

Cuando una nación pone fin a una guerra interna, la educación se constituye en uno de los ejes –si no el principal– para dinamizar los ámbitos sociales y políticos que permitan superar la violencia, la discriminación y la inequidad que han campeado a lo largo de su historia.

En estas condiciones, y próximos a elegir el Congreso que legislará para un país que avanza hacia la paz, son múltiples los retos que le plantea la educación. Aquí nos detendremos en los que –a nuestro juicio– requieren una respuesta inmediata y adecuada a las exigencias sociales del posconflicto.

Reforma educación superior

Se trata de un deuda histórica que arrastra el cuerpo legislativo con el país, en tanto la Ley 30 de 1992 se ha quedado corta para ofrecer alternativas coherentes para el desarrollo de la Educación Superior, en especial, frente a las necesidades de formación técnica, tecnológica y profesional para ser más competitivo a nivel mundial y, fundamentalmente, para poder responder al desafío de superar el conflicto, proteger nuestros recursos naturales y aprovechar la riqueza nacional en función de la productividad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.

La educación superior y, ante todo la educación pública, sobrellevan una crisis que parece insalvable, referida a la definición de políticas claras y duraderas para el sector. Esto ha llevado a que gobierno tras gobierno se ofrezcan paliativos coyunturales y no soluciones esenciales a las dificultades de acceso a la educación superior y a las condiciones de pertinencia de la formación que requiere un país como el nuestro, aspecto éste que ha ahondado las diferencias entre lo público y lo privado, limitando la posibilidad de aunar esfuerzos y lograr conjuntamente el fortalecimiento educativo en beneficio del desarrollo de un país más justo e igualitario.

Investigación e innovación

En concordancia con el reto anterior, ciencia, investigación e innovación configuran un tema que debe ser atendido con excelencia por el nuevo Congreso. Este aspecto, de capital importancia para el desarrollo de un país, ha llegado a exhibir las peores condiciones de la historia de nuestro país, por cuestiones burocráticas y de recorte presupuestal.

Como lo plantea Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, se hace indispensable devolverle la institucionalidad a Colciencias y garantizarle la posibilidad de definir y aplicar políticas públicas sobre el tema sin injerencias de los gobernantes de turno. Y para ello será fundamental la labor legislativa.

Ley estatutaria de educación

Un tercer reclamo para los nuevos congresistas lo constituye la reforma de nuestra Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), con miras a fortalecerla en sus aspectos más importantes: derecho a la educación, gratuidad, calidad, autonomía curricular, profesión docente, y a convertirla en una verdadera Ley Estatutaria que integre la educación en un solo sistema y que garantice la permanencia de las decisiones que al respecto tomen los gobiernos de turno, de cara a una educación centrada en la construcción de la paz con justicia social.

Estatuto docente único

En la mira de lograr una educación que cada vez exhiba una mejor calidad, la profesionalización de los maestros constituye un factor determinante, razón por la cual se hace indispensable que el Congreso se apersone de las condiciones en que hoy se encuentran y que, en especial, atienda las inconsistencias generadas por la coexistencia de dos estatutos docentes que, de entrada, conciben de manera contradictoria la profesión magisterial.

Atender este reto implica diseñar caminos que no desmejoren las condiciones laborales y salariales de los maestros y que, por el contrario, les reconozca el lugar que les corresponde a quienes están a cargo de formar los ciudadanos de un país que quiere vivir en paz y que, para el efecto, requiere de sus maestros un compromiso absoluto con la construcción de las condiciones favorables al desarrollo.

Financiación de educación

Este reto se torna transversal a todos los anteriores, en la medida en que una reforma a la educación –en cualquiera de sus niveles– requiere de una alta inversión que garantice: acceso a la educación, infraestructura adecuada, formación y calidad de vida de los maestros, condiciones de vida saludable para los estudiantes (en especial en educación básica) y recursos para la ciencia, la investigación y la innovación, entre otros aspectos que hacen de la educación el motor de desarrollo de un país.

Asumir este reto implicará una reforma al Sistema General de Participaciones, una inversión en educación superior acorde con las necesidades de un país de cara al siglo XXI y, adicionalmente, la creación de rigurosos mecanismos de control y erradicación de la corrupción, que eviten el desangre que aqueja al sector y, con ello, garanticen que los recursos propiciarán el advenimiento de un mejor país, ilustrado y en paz

Fuente del artículo: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/los-pilares-de-la-educacion-1674262.html .

 

 

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Inseguridad en centros educativos preocupa a hondureños

Centroamérica /Honduras/ 19.02.2018 / Fuente: www.prensa-latina.cu.

Los niveles de inseguridad y violencia registrados hoy en centros de enseñanza en Honduras preocupa a la comunidad educativa y a las familias en este país.

Alrededor de 180 mil estudiantes de 700 colegios a nivel nacional sufren de ese mal, según un informe reciente del Ministerio de Educación, citado por el diario El Heraldo.

Los robos en las instituciones son frecuentes en localidades de San Pedro Sula, Cortés. A veces los niños lo pierden todo y tienen que continuar sus clases en casas particulares, denuncian pobladores del sector Rivera Hernández.

En muchas ocasiones, los docentes no acusan a los delincuentes por temor a represalias, señaló el director municipal de educación, Ã’scar Paz.

La inseguridad está asociada a la venta de drogas, la violencia interna, el acoso escolar, la influencia de maras (pandillas criminales), conforme con investigaciones de organizaciones internacionales.

El gobierno refiere que militares custodian centros con mayores problemáticas y trabaja en una estrategia para prevenir la violencia.

Honduras registra una de las tasas de homicidios más alta del mundo, 42,8 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales de 2017.

Las maras del crimen organizado constituyen uno de los principales problemas, pues promueven el tráfico de narcóticos, armas y personas en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, una de las zonas más violentas del orbe, pese a que en ella no se libra una guerra convencional.

Fuente de la noticia: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=153594&SEO=inseguridad-en-centros-educativos-preocupa-a-hondurenos

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