Panamá´/13 julio 2017/Fuente: Panamaamerica
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Panamá´/13 julio 2017/Fuente: Panamaamerica
Por: Saray Marqués
Protagonizan cursos de verano y campañas de responsabilidad corporativa, pero los profesionales sobre el terreno echan en falta actuaciones concretas para promover el acceso a la educación de este colectivo.
Detrás de cada uno de los 17 casos de personas solicitantes de protección y refugiadas que están estudiando en la Universidad Complutense de Madrid gracias al apoyo que les han prestado desde la oficina creada ad hoc hace apenas un año y medio hay una historia. Nos relata una mínima parte Marta Amador, coordinadora adjunta del plan de acogida, que ha ayudado a que estas personas que llegan a nuestro país puedan homologar su Bachillerato, realizar la EBAU, cursar un grado, un máster o un posgrado, resolver la logística del alojamiento y la manutención… proseguir con sus estudios postobligatorios pese a las circunstancias, en definitiva.
De un guineano cuyo abuelo tuvo DNI español que, mal asesorado, había vagado durante ocho años con su tarjeta roja (el documento provisional -por seis meses, renovable- que te acredita como solicitante de protección, junto con un folio con tu huella y tu fotografía) y que por fin ha podido ver cumplido su sueño de cursar Hispánicas, a un enfermero ucraniano que en su país ya estaba ejerciendo y que aquí cursa 1º de Enfermería tras una convalidación parcial de créditos, dispuesto a seguir con la que ha sido su vocación de siempre. También esa otra pareja con dos niños en que los dos se matricularon para proseguir sus estudios, que él ha tenido que dejar aparcados porque le ha surgido un empleo que reclama ahora toda su atención.
La mayoría, mientras acuden a sus clases, necesitan apoyo psicológico, bien de las asociaciones que les han dirigido a la oficina bien desde la propia Universidad, que les ofrece un servicio gratuito, que se complementa con otros como el servicio lingüístico. Para muchos, la posibilidad de retomar sus clases ejerce de por sí como terapia: “En ocasiones han tenido que abandonar, pues les hacemos ver que el acceso a la enseñanza superior ha de ser una especie de plan a medio o largo plazo, pues si tienes tu familia lo primero es ser independiente, la situación económica, pero es increíble ver cómo cambian cuando llegan a la oficina y cuando salen. Son otros. De sentir vergüenza de decir que son refugiados a percibir un brillo en sus ojos. Poder ir a la universidad significa para ellos sentirse uno más en esta sociedad, lo que nos demuestra que, independientemente de las circunstancias, la educación nos hace ser mejores y nos permite comprender el mundo mejor, independientemente de lo que estudies”, proclama Amador.
La oficina de atención a personas refugiadas, dentro de la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión, ha sido un empeño personal de Carlos Andradas, rector de la Complutense. Por su sede han pasado en este tiempo unos 70 universitarios (o aspirantes a ello) venezolanos, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, ucranianos, guineanos, sudaneses, paquistaníes… y sí, sirios, “aunque no tantos como pudiera parecer, llegan con cuentagotas”, matiza Amador, que reconoce que más del doble de los estudiantes son hombres.
Migrantes y personas refugiadas protagonizan, por otra parte, cursos de verano, y no solo en la UCM. También la UNED acaba de organizar uno bajo el título Migrantes y personas refugiadas: talento que suma. Y las empresas, no solo Ikea, empiezan a incluir en uno de sus epígrafes de Responsabilidad Social Corporativa a las personas refugiadas.
El modelo noruego
Pero la de la Complutense puede considerarse una iniciativa pionera, cuando no una rareza. Amador cita cosas que se están haciendo en otras universidades como por ejemplo la UNED (encargada del examen de acceso a la universidad, está definiendo un proyecto de MOOC para certificarse, mientras ultima convenios con organizaciones como CEAR) o la Universidad de Barcelona, con un programa para acoger a personas a través de un sistema de becas, subvencionadas en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Pero Amador lo ve todavía todo muy incipiente, meramente anecdótico, fruto del voluntarismo de un puñado de personas y falto de financiación. Desde luego, a años luz de Noruega, el modelo que presenta como el ideal: “En el sistema noruego, NOKUT, se incluye una especie de evaluación por competencias a escala nacional, liderado por el Ministerio. Si llegan personas sin papeles para demostrar que son médicos o ingenieros, cuentan con un tribunal con personas de la administración, especialistas en el campo y otros expertos que acreditan sus competencias y habilidades mediante un examen y les dan una especie de pasaporte en que consta su cualificación, lo que les permite empezar a trabajar en Noruega, y está empezando a verse la posibilidad de que pueda ser reconocido en toda Europa”, asegura.
Mientras, en nuestro país, depende de la universidad, de la comunidad autónoma… en que uno tenga la suerte de caer. Aunque ya se han empezado a ganar algunas batallas: “Se ha activado la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid –CRUMA- y se ha logrado cambiar una norma de la Comunidad según la cual cualquier estudiante no comunitario tenía que pagar cuatro veces las tasas, lo que incluía a los solicitantes de asilo (una cantidad que se bonifica por acuerdos con las distintas asociaciones con las que tienen convenio). Se ha acordado introducir una coletilla con esta excepción”, señala Amador, que menciona otras luchas en las que están inmersos, como el acceso a las becas: “En principio, las personas refugiadas deberían tener los mismos derechos que los nacionales, y es una lucha que estamos teniendo”.
En 2016, 16.000 personas iniciaron los trámites de demanda de asilo, un 150% más que el año anterior. La Convención de Ginebra de 1951 garantiza la educación obligatoria y la postobligatoria, pero, según Amador, “En educación básica haría falta un paraguas a escala estatal, no solo a nivel de comunidades autónomas, y en cuanto a la educación superior, la importancia que se le había dado hasta ahora era cero”.
Menores
Coincide con ella Paola Hurtado, fundadora de Educación frente a la discriminación, que explica que no solo es un problema de la postobligatoria. Psicóloga de formación, analiza cómo, “frente a países como EEUU, donde existen test adaptados para detectar el nivel de estrés y ansiedad de las personas que llegan de países en conflicto, para poner en marcha el apoyo social o la terapia necesaria, en España no se distingue entre menores migrantes y refugiados y, a efectos formativos, da igual si has venido de Guayaquil vía avión para estudiar 4º de ESO que si has salido de Alepo dejando atrás tu ciudad bombardeada”.
Esta falta de una atención diferenciada no favorece la adhesión al sistema, a su juicio, lo que en muchos casos puede derivar en abandono. En otros, existe falta de información, algo que traslada a todo el colectivo de jóvenes con una experiencia migratoria, citando un estudio del Centro de Estudios Andaluces, en el que estos critican “la escasa orientación a la hora de ser aconsejados en la escuela sobre las mejores opciones de futuro” o el ranking MIPEX en el que se puede ver cómo, de todas las políticas de integración, en la que más flaquea España es en educación.
Para solventarlo, en la medida de sus posibilidades, desde su asociación ofrecen talleres en los Centros de Personas Adultas (CEPA), “con la intención de rescatar el talento que abandonó”, en palabras de Hurtado, informando acerca de cómo funciona el sistema (leyes, becas, ideas erróneas acerca de los requisitos, documentación necesaria, estudios, accesos…) y ofreciendo referentes de profesionales de distintas etnias que han logrado ejercer en aquello para lo que se formaron, con lo que se fortalece su motivación.
Visibles
Paco Garrido, que trabaja como coordinador en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), reconocía con sorna durante su ponencia en el curso de verano de la UNED que no estaba acostumbrado a que personas refugiadas y solicitantes de protección internacional protagonizaran monográficos, como sucede ahora, e incluso reconocía cómo esta repentina repercusión les está ayudando en una de sus labores, como agencia de empleo: por ejemplo, al ver el testimonio de una persona en esta situación una empresa solicitó su contacto para contratarla en el sector de las renovables.
Por lo demás, ellos llevan trabajando en la misma línea desde mediados de los noventa, cuando fueron reconocidos como agencia de colocación por el Servicio Público de Empleo Estatal. Lo hacen por medio de sus itinerarios personalizados. “De cara a la inclusión social y laboral la formación es un punto capital, ya sea vía universidad o vía FP. No siempre pensamos en la primera, porque no siempre se van a poder convalidar los estudios: puede que no haya equivalencia para esa carrera, o que sea tal cantidad de materias las que difieren que eso impide en la práctica la convalidación… Por lo demás, un gran número de las personas solicitantes de protección internacional han de cambiar de rumbo, adaptar su trayectoria a la nueva realidad en que se encuentran”, analiza Garrido.
No es lo deseable, pero hay ingenieros en su país de origen que aquí trabajan como obreros especializados, porque el espectro de las personas solicitantes de protección es muy amplio: “Nos encontramos profesionales de primer nivel, reconocidos en su país, personas con una cualificación altísima, que han tenido que escapar”.
Estas personas que llegan no entran, puntualiza Garrido, en concurrencia competitiva con los nacionales: “Existen fondos específicos para la protección de personas refugiadas, procedentes de fondos europeos, no se trata de una competición por los mismos ingresos”.
Desde CEAR trabajan principalmente con la Administración central, que tiene la mayor parte de las competencias en materia de asilo y protección, aunque también colaboran con las comunidades autónomas y los municipios. Como Amador, Garrido mira con envidia el modelo de los países nórdicos: “Cuentan con equipos específicos en aprendizaje de idioma, itinerarios formativos… Saludamos cómo las universidades están orientándose hacia la recepción de estas personas, lo que están haciendo distintas instituciones… pero a nuestro sistema le falta la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad para equipararse a estos países. Existe una maquinaria bastante compleja y poco ágil que dificulta a estas personas trabajar y adaptarse a su nueva vida”.
Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/07/11/personas-refugiadas-y-educacion-hacia-la-integracion/
Estados Unidos/13 julio 2017/Fuente: BBC
En esta escuela de San Francisco, EE.UU., las clases las imparte la computadora y no el maestro.
Cada alumno tiene una «lista personalizada» con las materias que debe estudiar y que se elaboran gracias a un algoritmo en desarrollo.
Cámaras vigilan el comportamiento de los niños y educadores e ingenieros trabajan en ese algoritmo que sirve para personalizar los contenidos a la medida del niño.
«Si alguien es mejor que yo en lectura, estudiará cosas de un nivel más avanzado», explica Miles, un niño de 10 años, alumno de AltSchool.
Para Miles, el sistema es «divertido» porque le permite tener un aprendizaje «mucho más personalizado», asegura.
Su creador, Max Ventilla -un empresario de Silicon Valley que trabajó en Google- quiere vender su idea a escuelas públicas para hacerlo accesible a todo el mundo y que «los niños tengan la mejor educación en el futuro», le dice a la BBC.
Sin embargo, de momento no es algo al alcance de todas las familias. La matrícula cuesta US$30.000 al año y sólo hay ocho en Estados Unidos.
El método es controvertido. A quienes lo critican les preocupa que reduzca la fuerza e influencia de los maestros en el desarrollo de los niños.
Pero Ventilla lo defiende: «En la tecnología hay un efecto en cadena y cada vez más estudiantes y escuelas usarán este sistema», advierte.
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/media-40587171
Argentina/13 julio 2017/Fuente: La Izquierda Diario
El actual ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, asumirá este viernes como titular de la cartera educativa a nivel nacional, en reemplazo de Esteban Bullrich, candidato de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires.
Finocchiaro es fiel al perfil medio de los referentes y funcionarios del PRO. Es egresado de las universidades privadas de San Andrés y del Salvador, la casa intelectual de Jorge Bergoglio. En su currículum detenta que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Nacional de La Matanza, donde además se desempeñó como Secretario Académico, Vicedecano y Decano del Departamento de Derecho y Ciencia Política y Coordinador de la Maestría en Gestión Judicial.
Finocchiaro llegó al ministerio de Educación porteño como asesor del exministro Mariano Narodowski, quien luego fue procesado junto con Mauricio Macri por asociación ilícita en la causa por las escuchas ilegales a docentes, referentes sociales y hasta el propio cuñado del presidente electo. Por su cercanía con Ciro James debió declarar también como testigo en la causa judicial y en la comisión investigadora de la Legislatura porteña.
Desde 2011 fue subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente de la Ciudad. Durante su gestión fue el encargado de separar, en 2012, a las seis maestras de la Escuela Nº 3 de Monte Castro por haberse atrevido a realizar una parodia en la que imitaban a Mauricio Macri, teatralizando el cierre de cursos que impulsó por entonces el PRO en la Ciudad.
Otro caso resonante durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires fue la injusta y persecutoria separación de dos maestras del jardín n°2 de Flores, como forma de intentar zafar de la responsabilidad estatal en el caso de Agustín, un nene asesinado a golpes por su padrastro.
Con estos antecedentes, Finocchiaro abordó luego la tarea en la cartera de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Como parte de los movimientos electorales, el actual ministro Esteban Bullrich encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Su cargo será ocupado por el funcionario de María Eugenia Vidal que más se destacó por atacar a la docencia provincial.
Pero quienes no tienen ningún tipo de “ascenso” son las y los docentes. Finocchiaro firmó recientemente la resolución 1131/17 que establece “la recuperación de contenidos durante el receso escolar”. Es decir que además de descontar del salario los días de paro, pretende que esos días se “recuperen” en la semana del receso.
Mientras las escuelas se caen a pedazos y sufren cientos de problemas de infraestructura, los comedores escolares tienen poca y deficiente comida para los miles de chicos que allí asisten, los salarios docentes sufren descuentos de todo tipo y el gobierno se niega a reabrir la paritaria salarial, los enemigos de la escuela pública avanzan en sus carreras políticas , a la vez que multiplican los ataques y provocaciones a quienes luchan.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Un-enemigo-de-la-educacion-publica-asume-en-reemplazo-de-Esteban-Bullrich
13 julio 2017/Fuente: Unesco
La publicación de las notas técnicas “Early and unintended pregnancy: Recommendations for the education sector” (Recomendaciones del Sector de Educación de la UNESCO para la prevención de los embarazos precoces y no deseados) coincide con la Cumbre de Planificación Familiar de Londres que tendrá lugar el 10 de julio de 2017, en la que la UNESCO ratificará su compromiso de apoyar la contribución de los sectores nacionales de la educación para erradicar el VIH/SIDA y contribuir a una mejor salud y bienestar para todos los niños y jóvenes y, en particular, para las niñas.
Los países en vías de desarrollo representan el 95% de los nacimientos entre las madres adolescentes, y las niñas tienen 5 veces más probabilidades de convertirse en madres cuando tienen un bajo nivel educativo. Los embarazos precoces y no deseados tienen efectos perjudiciales en la vida de las niñas adolescentes en términos de salud, situación socioeconómica y rendimiento escolar. Los riesgos fundamentales son la expulsión de la escuela y del hogar, la estigmatización por parte de la familia, la vulnerabilidad ante la violencia, la mayor pobreza y la mortalidad entre las madres y complicaciones de salud. De hecho, las complicaciones vinculadas al embarazo y al parto constituyen la segunda causa de mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, con unas 70,000 adolescentes afectadas cada año.
Una mayor escolarización conlleva a reducir la fecundidad
La educación puede contribuir a abordar esta cuestión con eficacia, ya que cada año de educación adicional conlleva a una reducción de la fecundidad de un 10 %. En la India, se llevó a cabo un estudio de 58 programas que demostró que las niñas escolarizadas en el nivel de secundaria tenían un 70% menos de probabilidades de contraer matrimonios precoces con respecto a las niñas analfabetas.
No obstante, hoy día, no existen orientaciones operacionales para el sector educativo sobre cómo hacer frente a los embarazos precoces y no deseados. El informe técnico establece cinco ámbitos prioritarios de acción, que promueven políticas de reinserción, la educación integral en materia de sexualidad para la prevención del embarazo, el acceso a servicios de salud escolar y un entorno escolar seguro para las niñas.
«El embarazo debe ser abordado desde el espectro más amplio de las capacidades para la vida o de educación sexual, y no como un tema aislado y diferente», afirmó Joanna Herat, responsable principal del Proyecto de la UNESCO. «Integrarlo en las competencias para la vida o en la educación sexual, significa también que el tema se aborde tanto con las niñas como con los niños – reconociéndose a la vez que los alumnos de ambos sexos deben desempeñar un papel en la toma de decisiones sobre una vida sexual sana, tanto en el presente como en el futuro».
Los ministerios de educación deben enviar mensajes contundentes
La nota técnica, elaborada por la UNESCO conjuntamente con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Fundación Ford y Step Up, Consolidación de los datos empíricos con miras a una planificación de los embarazos no deseados, está basada en un estudio pormenorizado de examen de datos y recomendaciones.
El objetivo de dicho examen es ayudar a los ministerios de educación y a las personas interesadas del sector de la educación a comprender los efectos de los embarazos precoces y no deseados, así como las acciones necesarias que se deben emprender para prevenirlos, a la vez que garantiza que todas las niñas, fundamentalmente las que están embarazadas y las que son madres, puedan hacer valer el derecho a la educación en un entorno escolar seguro y adecuado.
Los ministerios de educación y las personas interesadas que trabajan en colaboración pueden lograr un cambio sostenible en materia de prevención y de atención de los embarazos precoces y no deseados. Aunque se han logrado avances considerables para mejorar el acceso y la permanencia de las niñas en el sistema escolar, la implementación de políticas relativas a los embarazos precoces y no deseados debe ser reforzada con miras a garantizar que las niñas continúen su educación en entornos seguros y adecuados.
Por otra parte, hacer frente a los embarazos precoces y no deseados contribuye a la consecución de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentalmente en la lucha contra la pobreza y en la promoción de modos de vida más saludables, así como en pos de la igualdad de género y de la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas.
La Cumbre de la Planificación Familiar de Londres representa una oportunidad para que la UNESCO refuerce su colaboración con otros asociados y firme la Declaración Mundial de datos relacionados con los adolescentes. Este nuevo compromiso garantizará mejorar la recopilación, la utilización y la elaboración de informes con miras a satisfacer las necesidades en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, mediante políticas y programas más eficaces.
Fuente: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/education_critical_in_preventing_adolescent_pregnancy/
Arabia Saudita/13 julio 2017/Fuente: Diario Vasco
El ministro de Educación saudí, Ahemd Al Esi, decidió hoy dar comienzo a un programa de educación física en las escuelas femeninas, por primera vez en Arabia Saudí, a partir del próximo curso escolar.En un comunicado publicado por la prensa saudí, el titular aseguró que el programa está diseñado conforme a «las normas de la ‘sharia’ (ley islámica)» y se aplicará gradualmente «según las posibilidades de cada escuela», hasta que se disponga de instalaciones adecuadas en los centros educativos.
La decisión ministerial incluye también la formación de un comité para supervisar el programa y trabajar con las universidades para preparar a especialistas mujeres que contribuyan a la introducción del plan innovador.En el reino ultraconservador estos tipos de clases estaban prohibidas hasta que en 2013 el Ministerio de Educación anunció que estaba elaborando este programa y formando a nueve mil profesoras de educación física.
En los últimos meses, ONG locales han presionado a las autoridades para que el programa diera comienzo lo antes posible, debido a que la tasa de obesidad entre las mujeres ha llegado al 62 %.En Arabia Saudí, las mujeres no pueden conducir, ni tampoco viajar fuera del país sin un varón de la familia o tutor, entre otras restricciones que limitan en gran medida su participación en la vida social y en el ámbito público.
Fuente noticia: http://www.diariovasco.com/agencias/201707/11/arabia-saudi-introducira-educacion-1009655.html
Fuente imagen: http://www.cronicaviva.com.pe/wp-content/uploads/2017/07/arabitasplayers.jpg
La Consejería de Educación ha decidido dar un paso más en el proceso privatizador de su equipo nombrando nuevo director de centros escolares al anterior director de la Ikastola San Bizente, de Oion.
Hace un par de años me hacía una pregunta similar en otro artículo [“¿Existe escuela pública para el Departamento de Educación?”. El Correo], al hilo de dos lecturas que hablaban de los peligros de la implantación de la ideología conservadora en el mundo educativo. Los dos autores leídos (Owen Jones y Jurjo Torres, desde distintos ángulos) insistían en la amplia gama de recursos utilizados por el capitalismo voraz, una vez oteada una presa tan atractiva -y, hasta cierto punto, virgen- como la educación pública mundial.
La estrategia no por simple resulta menos efectiva. Primero, se trata de generar desprestigio sobre lo público (falta de rendimiento según estándares privados, baja calidad de servicio a la ciudadanía, mezcla de sexos y categorías sociales, escaso interés por la excelencia educativa… Ineficacia en suma, si se atiende exclusivamente a parámetros privados). Después, un paso más sibilino: ofrecer determinadas soluciones a los grandes problemas del sector educativo, siempre desde la oferta privada: idearios de centro -para acabar con la anarquía ideológica reinante-, selección de las familias -para obtener el alumnado deseado-, tecnificación puntera de infraestructura y materiales escolares -para mostrar distancia con la otra escuela-. Educar para el siglo XXI, dicen, cuando lo que pretenden en demasiadas ocasiones es tan solo mantener el prestigio de centros rancios, cuya maquillaje no consigue eliminar el fuerte olor a naftalina.
Me preocupaba entonces la sensación de escasa contención que la Consejería de Educación vasca estaba realizando ante la ofensiva privatizadora de esta realidad mundial. Mi temor nacía de algunas situaciones descritas, en las que las decisiones adoptadas por la administración vasca, generaban dudas sobre su apoyo a la red pública.
Desgraciadamente, los más de 30 meses transcurridos desde entonces, confirman los peores presagios: las y los trabajadores de este sector no universitario seguimos con un acuerdo de condiciones laborales prorrogado desde 2010, ante la falta de valentía en la oferta patronal por negociar uno nuevo. Las escuelas y los institutos continúan estresados e inquietos; de un lado, sin incremento presupuestario, pero sí burocrático; de otro, manteniendo el sudoku de programas educativos que creó la Consejería cuatro años atrás, pero con el consiguiente desplome de recursos humanos, aportados en su inicio y diluidos con el paso de los años.
Las familias asisten con temor a la desatención que administraciones –local y autonómica- hacen de las infraestructuras escolares. Tampoco el sector universitario ha quedado ajeno a esta desidia y el último mandato del rector saliente se caracterizó más por el enfrentamiento velado con Lakua, ante el escaso apoyo presupuestario a la UPV, que por coincidencia de objetivos comunes.
Educar para el siglo XXI, dicen, cuando lo que pretenden en demasiadas ocasiones es tan solo mantener el prestigio de centros rancios, cuya maquillaje no consigue eliminar el fuerte olor a naftalina
Paralelamente a este abúlico panorama en la enseñanza pública vasca, el sector concertado fue moviendo convenientemente sus fichas. Al presumible acercamiento ideológico producido tras la recuperación de la cartera educativa por el PNV, se fueron añadiendo datos más contrastables, de los que citaré dos.
El primero en el tiempo, la sintonía demostrada entre Gobierno vasco y Kristau Eskola (patronal vasca de centros privados religiosos). Al desatasco del conflicto laboral que había enfrentado durante más de un año a sindicatos y patronal por el abono de las cantidades retenidas ilegalmente en 2010, le sucede un interminable proceso de negociación para el cumplimiento del acuerdo que debería haber desembocado ya en la redacción de un nuevo convenio (sustituyendo al anterior, del año 2009), para los/as más de 9.000 trabajadores/as del sector. Nadie duda de que la firma del Acuerdo Transaccional –que permitió el desenredo citado- así como la dilación de este proceso sean consecuencia de una promesa de un nuevo reparto de la tarta presupuestaria, más al gusto de lo que KE viene demandando desde hace años. De momento, la patronal ya viene haciendo sus deberes, mientras se desatasca el grifo monetario: poco ruido mediático en sus reclamaciones y apoyo a las principales directrices del Departamento.
El segundo dato objetivable es la participación activa de miembros de Ikastolen Elkartea (patronal de ikastolas) en tareas de gobierno: en el Consejo Escolar de Euskadi -oficialmente sin representación, pero con asiento cedido por la propia Administración educativa, dentro de la cuota por personal de reconocido prestigio-. En este órgano consultivo, la ayuda de las ikastolas no es muy visible, pero sí tremendamente eficaz, al votar los informes pertinentes, siempre en sintonía con el Departamento de Educación. Además, Ikastolen Elkartea ha estado presente, a través de alguno de sus miembros, en el diseño del hasta ahora proyecto estrella de la Sra. Uriarte, Heziberri 2020.
Pero, con todo, este artículo sería casi una repetición del anteriormente citado, si no fuera porque otro acontecimiento corrobora la teoría aquí expuesta. La Consejería de Educación ha decidido dar un paso más en el proceso privatizador de su equipo (por si es que aún había ingenuos/as que dudaban de sus verdaderas intenciones) nombrando nuevo director de centros escolares al anterior director de la Ikastola San Bizente, de Oion.
No hay que ser muy agudo para entender que acceder a un puesto de responsabilidad, como es la dirección de un centro concertado, requiere aceptar principios, ideas y actitudes que deben coincidir básicamente con la esencia educativa que representa la citada institución escolar. Todo perfectamente normal, mientras se hable de las estrategias de nombramientos y ceses de cargos que se mueven en el ámbito privado. Pero, cuando el nombramiento es realizado desde un organismo público para representar, coordinar y entender la problemática de todos los centros educativos no universitarios de esta comunidad, sean estos concertados, privados o públicos, la decisión ya no resulta tan lógica.
Porque, además de la amplitud de miras que se supone tenga la persona elegida para este puesto, se requieren conocimientos específicos sobre el funcionamiento de los centros públicos ( más del 67%), de su personal, de la configuración de sus equipos directivos, de la relación con la propia Administración,… En fin, hubiese resultado más creíble elegir para ese puesto a una persona con mayor bagaje y experiencia en lo público de lo que hasta ahora se conoce del elegido.
Pero no parece que la Sra. Uriarte esté para estas exquisiteces que pedimos algunos/as. Quizás, lo que se esté preparando desde el Departamento es el meditado y concienzudo trabajo de posicionamiento político ante la anunciada nueva Ley educativa vasca. Para sacar la norma adelante –pensarán en la Consejería- no solo hay que acertar con un articulado consensuado; también contar con los apoyos sindicales y políticos oportunos (al menos, inclinar para sus intereses a cuantos/as dudosos/as puedan convencer). Y –quizás- este nuevo peón utilizado recientemente sirva para decantar la partida de ajedrez final con la aprobación de la nueva norma educativa autonómica. Por cierto, que a diferencia de la actual, (Ley 1/19913, de 19 de febrero), muy probablemente pierda el adjetivo “Pública” que tenía entonces, por la incomodidad en la que se sienten algunos socios. Así se lo han reclamado ya de forma pública y notoria.
En fin, que no corren buenas sensaciones por Lakua educativo últimamente, al menos para quienes sentimos con desazón la aparente pérdida de importancia de lo público en el conjunto de las administraciones vascas. (El propio lehendakari ha sido visto más en actos educativos privados que públicos. Seguramente será culpa de la dictadura que imponen las agendas de los políticos)
Aunque también puede ocurrir que quien esto firma esté siendo presa de los dañinos rigores del tobogán térmico y todo sea fruto de un espejismo canicular. En ese caso, aceptaré que se me tache, además de alarmista y politizador, de sectario. De momento, sin embargo, mantengo las sospechas de que la Consejería de Educación se encamina cada vez más hacia zonas resbaladizas y creo que hay espacio para la inquietante pregunta: Pero ¿qué tipo de Escuela Pública defiende la Sra. Uriarte?
Fuente: http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Escuela-Publica-defiende-Consejera-Uriarte_6_663943624.html