Según las autoridades, este fin de semana y el pasado se habrá evaluado a una pequeña fracción de las maestras y maestros del país. ¡Pero a qué costo! Lo que en otro tiempo y circunstancias habría sido un tranquilo ejercicio escolar, se ha convertido hoy en un drama preñado de amenazas; de juntas entre funcionarios de la educación y generales de fuerzas federales discutiendo cómo y cuándo llevar a cabo el examen; de transportes aéreos llevando a miles de integrantes de fuerzas federales; de acarreo de otros maestros en helicópteros a fin de evadir la resistencia; de ex militares pertrechados como antimotines creando perímetros de alta seguridad en torno a los lugares de la evaluación, y dando con esto a la evaluación de los maestros una definitiva esencia agresiva, coercitiva e implacable. Se refuerza, precisamente, la imagen persecutoria y punitiva de la evaluación que las mismas autoridades hace unas semanas declaraban radicalmente falsa.
Pero, por otro lado, a la presencia de la fuerza de Estado se opone la resistencia magisterial con manifestaciones en 17 estados y 26 ciudades. Protestas de una intensidad si no mayor, al menos igual a la de 2013. Es decir, mostró su consolidación como oposición permanente, creciente y nacional. A tal punto que ahora la SEP de manera oblicua pero abierta reconoce la fuerza de la oposición: basta que un maestro la invoque como una especie de mantra (la CNTE me obligó a hacerlo) para que justifique su ausencia en el examen. Pero sobre todo se reconoce la fuerza de la protesta cuando en esas reuniones conjuntas se decide que lo mejor es que los maestros presenten el examen de manera fragmentada. Sólo una fracción muy pequeña de más de millón y medio de maestros irán estos días a la prueba, y aun éstos con calendarios diferentes: unos un fin de semana, y, los más peligrosos, en otro. Es una forma de reconocer que el Estado no tendría suficientes fuerzas federales (a menos de que emplee también al Ejército y la Marina, además de los estatales) para vigilar y proteger contra las protestas a cientos de lugares de aplicación.
Las protestas han logrado también mostrar la verdadera cara de la evaluación. Lo que se proponía como una evaluación integral (evidencias, planeación, dictamen del director, prueba de conocimientos) y amigable al contexto cultural local, ahora se ve reducida (basta con que se presenten al examen) a lo que siempre fue su vocación: un examen único de opción múltiple, indiferente y hasta agresivo con las culturas no hegemónicas. Con esto, además, se muestra que el cumplimiento de la evaluación está sujeto a interpretaciones cambiantes de la autoridad.
Si, por su cuenta, la autoridad puede modificar los términos de la evaluación, evidentemente también puede hacerlo en un espacio real de diálogo con los maestros. Mientras eso no ocurra, en el imaginario colectivo (la dichosa percepción) se seguirá alimentando la imagen de que, en la educación, las cosas simplemente no se resuelven y, además, empeoran cada día. Y eso abre la puerta a que entonces sean iniciativas ciudadanas y académicas las que comiencen a criticar y buscar salidas al conflicto. Una señal muy clara de este nuevo proceso es la decisión primero de unos cuantos y, luego, de cientos de investigadores y ahora de miles de estudiosos e interesados en la educación, de agruparse en torno a un texto de Manuel Gil Antón que nace desde el muy importante Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie). En ese texto (que ya firman 5 mil) se dice que la reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y dé sustento, se declaran en favor de “una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio… que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria”. Y para esto, agregan, es indispensable dialogar con los propios maestros, a quienes se les desautorizó socialmente y se les condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo. Y ante prácticas de evaluación imperfectas y poco confiables es indispensable otro tipo de evaluación (ver https://www.change.org/p/sep-mexico-por-una-reforma-educativa-necesaria-y-respetuosa-del-magisterio?recruiter=83664753&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive).
Esta voz de miles de muy legitimados académicos constituye un fuerte llamado de atención contra la belicosidad oficial. Dicen: ni la violencia, ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental. Es, estrictamente hablando, la voz de la razón y la mesura que afortunadamente se hace presente. Y que refuerza la posibilidad del diálogo y acuerdo, dentro incluso –como ya aquí se ha insistido– del marco legal de la propia Ley General del Servicio Profesional Docente. Porque allí mismo se plantea otra evaluación muy diferente, con los maestros, no punitiva y orientada directamente a mejorar las escuelas y al compromiso de los maestros con esa tarea (artículos 15, 16 y 20). Ese puede ser un excelente y esperanzador punto de partida.
Fuente del articulo: http://revistasinrecreo.com/revista/?p=9
Fuente de la imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Capacitaciones_docentes.png
NoticiasIruya/viernes, 27 de mayo de 2016/Por: Iruya.com
El Gobernador de Salta recibirá esta mañana el juramento preceptivo a la nueva Ministra de Educación del gobierno provincial, señora Analía Berruezo.
La nueva funcionaria, que se venía desempeñando como Secretaria de Gestión Educativa y coordinadora del Programa de Alfabetización de Salta, reemplaza a Roberto Dib Ashur.
La ceremonia de juramento de Berruezo tendrá lugar a las 11 h, en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno.
Tomado de: http://noticias.iruya.com/a/politica/gobierno/15688-analia-berruezo-asume-hoy-como-ministra-de-educacion-del-gobierno-de-salta.html
Noruega/26 mayo 2016/Autor: Amnistía Internacional
“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo.»
–Trabajadora sexual de Noruega
Amnistía Internacional publica hoy su política sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos, junto con cuatro informes de investigación sobre este asunto en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong, Noruega y Argentina.
“Las personas dedicadas al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y los medios de resarcimiento con que cuentan son escasos o inexistentes», ha explicado Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Nuestra política indica que los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual. Nuestra investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a que se enfrentan a diario.»
La política
La política de Amnistía Internacional es la culminación de extensas consultas de ámbito mundial, un minucioso examen de datos sustanciales y normas internacionales de derechos humanos e investigación directa, llevados a cabo a lo largo de más de dos años.
Su aprobación formal y su publicación son el resultado de una decisión democrática, tomada por el movimiento global de Amnistía Internacional en agosto de 2015 (disponible aquí) y de la que se informó ampliamente entonces.
En la política se formulan varios llamamientos a los gobiernos para que, entre otras cosas, garanticen la protección contra el daño, la explotación y la coerción; la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación, así como el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.
Se recomienda la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual Esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas dedicadas al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.
La política de Amnistía Internacional refuerza su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países.
“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo», ha añadido Tawanda Mutasah.
Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo.
La investigación
Un extenso trabajo de investigación, incluidos cuatro informes específicos desde el punto de vista geográfico que se han publicado hoy junto con la política de Amnistía Internacional, muestra que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos. Es así debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.
“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad», ha explicado Tawanda Mutasah.
En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.
La investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que realizan trabajo sexual suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de resarcimiento por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal.
Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.
La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual.
Las trabajadoras y los trabajadores sexuales de Papúa Nueva Guinea sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, habían sido violadas por clientes o por la policía.
Amnistía Internacional escuchó testimonios terribles de personas que habían sido sometidas a violación y abusos sexuales por agentes de policía, clientes y otros agresores, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo porque incluso ellas mismas se consideraban «ilegales».
Mona, trabajadora sexual sin hogar, contó a Amnistía Internacional: “La policía comenzó a golpear a mi amigo [un cliente] y a mí […] Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales. Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar. Si recurro a la ley, no podrán ayudarme, porque el trabajo sexual es ilegal en Papúa Nueva Guinea.»
La policía de Papúa Nueva Guinea ha utilizado preservativos como prueba contra personas dedicadas al trabajo sexual, a quienes a menudo se estigmatiza y se acusa de ser «propagadoras» de enfermedades. Esta práctica hace que muchas se abstengan de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para el VIH/sida.
Mary, trabajadora sexual, explicó: “Cuando nos agarra o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no.”
Hong Kong
En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.
En su calidad de trabajadora sexual, Queen contó a Amnistía Internacional: “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.”
No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.
Las personas dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.
La investigación de Amnistía Internacional revela que los agentes de policía ejercen a menudo sus atribuciones de manera indebida para atrapar y sancionar a estas personas tendiéndoles trampas, extorsionándolas y coaccionándolas. Se permite que agentes de policía de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas al trabajo sexual para conseguir pruebas. Amnistía Internacional ha registrado también casos de policías o individuos que afirmaban serlo que dijeron a trabajadoras o trabajadores sexuales que podían librarse de sanciones legales si les daban dinero o sexo «gratis».
Las personas trans dedicadas al trabajo sexual suelen ser objeto de prácticas policiales especialmente abusivas, como humillantes e invasivos cacheos integrales, practicados por agentes varones a mujeres trans.
“Hay mucho manoseo y mucha mofa”, explicó un abogado que defiende a personas trans dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong.
Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.
Noruega
En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la «promoción de la prostitución» y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales.
A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.
“Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo a Amnistía Internacional una persona dedicada al trabajo sexual.
Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial.
Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.
En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.
Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.”
Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden tampoco agruparse para trabajar por motivos de seguridad ni contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de «promoción de la prostitución» según la ley.
Buenos Aires, Argentina
En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.
En la investigación de Amnistía Internacional se determinó que entre las personas dedicadas al trabajo sexual en Buenos Aires el grado de resistencia a denunciar violencia a la policía era muy alto.
“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que se desempeña en la calle.
Explicó que no había denunciado la violencia ni el robo a la policía porque le parecía que iba a ser una pérdida de tiempo: “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle.”
La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Es ilegal que la policía o los fiscales de Buenos Aires tengan en cuenta la apariencia, la vestimenta o los modales de una persona al hacer cumplir una ley que penaliza la comunicación relacionada con el trabajo sexual en público. Sin embargo, la aplicación de estos criterios es un hecho, y en sus operaciones la policía se dirige específicamente contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual.
En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.
Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación.
Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar.
«Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.
Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios.
Nada justifica los abusos
“En demasiadas partes del mundo, las trabajadoras y los trabajadores sexuales carecen de protección de la ley y sufren espantosos abusos contra los derechos humanos. Esta situación no puede justificarse jamás. Los gobiernos deben tomar medidas para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se dedican al trabajo sexual. La despenalización es sólo una de las medidas necesarias que los gobiernos pueden tomar para garantizar la protección frente al daño, la explotación y la coerción», ha manifestado Tawanda Mutasah.
Los educadores cristianos celebran su XX Encuentro Diocesano de Orihuela-Alicante
Este sábado 28 de mayo se celebra en Alicante el XX Encuentro Diocesano de Educadores Cristianos. Una jornada de convivencia y reflexión que acogerá a más de 300 profesores procedentes de todos los centros educativos de la provincia.
Se trata de un encuentro anual que, organizado por la Asociación de Educadores Cristianos y el Secretariado de Enseñanza, cuenta ya con gran tradición en la Diócesis de Orihuela-Alicante. Va dirigido principalmente a todo el profesorado de la escuela pública, diocesana y privada-concertada y supone una cita anual para analizar el estado de la docencia actualmente y el papel del educador cristiano dentro de este ámbito.
Todo comenzará a las 10:30 horas de la mañana en la parroquia de San Pablo de Alicante. Desde allí los asistentes se dirigirán al salón de actos del Obispado para completar la jornada con el acto académico en sí. Acto que correrá a cargo de Pedro Luis Vives, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, quien centrará su exposición en la espiritualidad del educador cristiano bajo el título “Educadores con Espíritu”. Se contará también con la presencia del obispo diocesano, D. Jesús Murgui.
El Programa de la Jornada será el siguiente:
10:30 h Acogida y oración en la parroquia de San Pablo de Alicante
11:30 h Descanso y café en el Obispado
12:00 h Ponencia “Educadores con Espíritu” (la espiritualidad del educador cristiano). Pedro Luis Vives. Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR)
Argentina/25 mayo 2016/Autor:Eleonora Gosman/ Fuente: El Clarín
Hubo dos informaciones, ofrecidas ayer por la mañana bien temprano por el presidente provisorio Michel Temer, que calaron profundo en los medios periodísticos y en la sociedad. De todo el fárrago de anuncios económicos, que luego debieron se explicados por sus ministros, hay solo dos de acción inmediata: uno de ellos, es eliminar un fondo especial para la educación; sus recursos, dijo, serán utilizados para el pago de deuda. Sostuvo, además, que obligará al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social a saldar en forma anticipada “sus deudas” con el Tesoro Nacional. En cuanto a los gastos en salud, el gobierno limitará sus partidas, pero el recorte depende finalmente de una aprobacion del Congreso en las próximas dos semanas.
Si esas propuestas no tuvieran restricciones legales, Temer y su equipo podrán conseguir algo así como 28.500 millones de dólares, lo que abriría el camino para financiar 60% del déficit fiscal (que este año debe terminar en 48.000 millones de dólares). En la reunión plenaria con sus colaboradores, que fue transmitida por TV, el jefe de Estado temporario hizo cuestión de mostrar su fortaleza. “A aquellos que piensan que soy débil, les digo que aprendí a tratar con bandidos en la época en que fui secretario de Seguridad de San Pablo” argumentó, con un golpe de mano sobre la mesa.
El objetivo, sin duda, fue exhibir públicamente al gobierno –por ahora transitorio– como un poder ejecutivo con proyectos de corto, mediano y el largo plazo. Había razones para realizar esa puesta en escena: se pensó, con esto, es disminuir los dramáticos efectos del golpe recibido el lunes por este interinato gubernamental, cuando trascendieron diálogos comprometedores entre el ahora ex ministro Romero Jucá (quien retornó a su banca en el Senado) y el ex titular de una empresa subsidiaria de Petrobras. Sobre ese escándalo, Temer optó por hacer solo una referencia oblicua. Señaló que su gestión provisoria “no va a interferir” en las investigaciones del juez de Curitiba, Sergio Moro, que reveló una extensa red de corrupción en la petrolera estatal.
Para los medios periodísticos locales, que luego asistieron a las conferencias de los ministros de Hacienda, Henrique Meirelles, y de la Secretaría de Gobierno, Geddel Vieira Lima, “la gran novedad del Plan Temer para la economía es que no hubo ninguna gran novedad”. Así lo indicó el diario Folha de Sao Paulo, en su edición online. Es más; añadió que lo único “importante y central” es el proyecto de poner un límite legal a los gastos del gobierno federal a partir de 2017. El problema, señala el prestigioso medio, es que “para funcionar va a depender un amplio cambio constitucional”. Se trata de enmiendas a la Constitución de 1988 que requieren, para su aprobación, contar con los 4/5 del Congreso. El resto de lo que se había mencionado a lo largo de la semana pasada fue respondido con las siguientes frases: “Más adelante” o “tal vez en último caso”. Así ocurrió cuando los periodistas le preguntaron al ministro de Hacienda Meirelles en la conferencia de prensa posterior al discurso de Temer. Entre lo que vendrá después, si este equipo continúa en el gobierno hasta 2018, figura por ejemplo la reforma del sistema previsional y la flexibilización de las leyes laborales. El tema, en este momento, es un “tabú”. No puede ser siquiera mencionado a riesgo de encontrar en la Cámara de Diputados una feroz resistencia no sólo del Partido de los Trabajadores y sus aliados a la izquierda, sino también del bloque Solidaridad, que dirige el diputado “pro Temer” Paulo Pereira da Silva, dirigente del gremio Fuerza Sindical.
En toda la “mise en scene” del jefe del Ejecutivo y sus colaboradores, hubo algo muy sintomático. Justamente aquello visto como el eje central de su estrategia –el límite por ley a los gastos del Estado, que de un año a otro podrán aumentar tan solo por el índice de inflación– es un proyecto que no se debe a la creatividad de Meirelles y sus asesores. Viene, ni más ni menos, que del ahora ex ministro de Hacienda, Nelson Barbosa. Así lo señaló ayer el prestigioso matutino Valor Económico. Era obvio que la “genialidad” no podía ser fabricada en apenas 12 días de trabajo.
En cuanto a los gastos en educación y salud –“una parte fundamental y estructural” de la recuperación económica, según Meirelles– recién será presentada al Congreso en dos semanas. La sensación que dejan traslucir los analistas en los principales medios brasileños es que, pese a lo puñetazos en la mesa, el gobierno Temer tiene una “debilidad congénita” adquirida en el proceso que lo alumbró.
Con la intención de aportar conocimientos actualizados sobre la prevención del VIH y reflexionar sobre la importancia de la educación afectivo-sexual, Omsida desarrolla este jueves sus III Jornadas EducoVIHda bajo el lema ‘Por una educación sexual para la convivihencia’.
Dirigidas a profesionales que intervienen directamente con menores, tanto dentro como fuera de la escuela, la jornada se abrirá con la intervención de Jesús Garcés, Director General de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, Javier Toledo, médico del Departamento de Salud Pública y coordinador autonómico de Plan Nacional del Sida en Aragón, y Juan Ramón Barrios, presidente de la Asociación Omsida y de la coordinadora estatal, CESIDA.
«La falta de campañas preventivas para los jóvenes, el número de nuevos infectados y la baja percepción de riesgo justifican la necesidad de aportar a los profesionales de la educación conocimientos sobre la enfermedad, además de favorecer a la normalización de la misma y luchar contra el estigma», defienden desde Omsida.
En la jornada se expondrá la realidad sobre el VIH y la juventud en la charla ‘Aulas con VIHda’, que correrá a cargo del equipo de Omsida. David Paricio de SIDA STUDI hablará sobre el uso de las redes sociales como nuevo espacio de prevención; y finalmente se reflexionará sobre la importancia de la educación sexual con la colaboración de las siguientes entidades: Eva Gorgojo de FAPAR (Federación de Padres y Madres de alumnos de la escuela pública), Cristina Marín de Escuelas Católicas de Aragón, Victoria Tomás de la asesoría sexológica del CIPAJ, Natalia Aventín de Chrysallis (Asociación de familias de menores transexuales) y Elisa Ferrer del SARES, sistema de asesoramiento y recursos en educación para la salud.
La jornada se celebrará en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza de 9.30 a 13.30.
El gobierno chino ha destinado 134.500 millones de yuanes (20.500 millones de dólares) para subvencionar la educación obligatoria este año, informó hoy martes el Ministerio de Hacienda.
Los fondos, procedentes del tesoro central, representan un incremento del 3 por ciento frente a la cifra del año pasado, precisó este departamento en un comunicado.
China establece que los niños deben recibir nueve años de educación obligatoria, generalmente entre los seis y los 15 años de edad.
Los subsidios deben ser usados para que los recursos educativos entre las zonas urbanas y rurales se equilibren, agrega el documento.
El ministerio indicó que se deben dirigir más fondos a los internados, las escuelas pequeñas o las que no cuentan con recursos apropiados, así como a las que tienen una gran cantidad de alumnos provenientes de familias migrantes rurales.
Parte de los fondos serán utilizados en la mejora de la alimentación de alumnos rurales y las condiciones de vida de los maestros rurales en las áreas afectadas por la pobreza.
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