Por: Ángel Pérez Martínez.
Este hecho demandará creatividad y nuevos compromisos del Estado y de los gobiernos para luchar contra la pobreza y las inequidades sociales. Apoyo en el corto plazo la creación de una renta básica de emergencia, pero el país no puede olvidar que la inversión y el gasto en educación contribuye a redistribuir la riqueza. Así lo evidencia Europa: la ventaja de una educación de calidad permitirá generar capacidades y competencias humanas que propiciarán nuevos desarrollos y un crecimiento económico más estable y duradero.
La crisis producida por la covid-19 puso en evidencia la enorme deuda social que el país tiene con los niños de la educación pública, el escaso efecto redistributivo de la política fiscal y la debilidad laboral que se produce por la alta informalidad de los empleos, sin el consecuente apoyo de políticas de bienestar social.
En Colombia, la política fiscal que determina los ingresos y los gastos del Estado ha logrado, en principio, la estabilidad macroeconómica, un activo que sin importar el color político debemos mantener y proteger; es bueno para todos. Sin embargo, no hay nada nuevo cuando se afirma: ¡el gasto público dejó de ser un instrumento de lucha contra la pobreza y más bien la perpetúa! Los objetivos de distribución del ingreso o de la riqueza que buscan la equidad, así como la asignación de los recursos de manera eficiente son un fracaso, que el país debe aceptar y revisar con cuidado; además, aquello será definitivo para las acciones que se establezcan con el fin de salir de la crisis económica producida por la pandemia, cuyo costo y efectos aún son indeterminados, pero ya evidencian ser muy graves.
A partir de diversos documentos de la CEPAL, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, así como de un simple seguimiento a los datos del DANE, se puede afirmar que las exenciones y los beneficios que se otorgan a quienes obtienen los mayores ingresos, así como la evasión y la corrupción, desvirtúan el propósito de alcanzar un sistema tributario progresista. Tampoco la política de gasto mejora la distribución del ingreso de las personas o de las entidades territoriales. El Gini después del gasto social no se altera. A pesar de que durante este siglo no hemos hecho más que citar, cientos de veces, que Colombia tiene uno de los peores Gini del mundo.
En lo territorial, ¿no les parece que llevamos mucho tiempo discutiendo la pobreza ancestral de la costa Pacífica o de los territorios indígenas? Para mencionar dos hechos históricos que se reproducen gobierno tras gobierno y no pasa nada. Según el DANE, en 2018, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca): la primera con 33,5% y la segunda con 33,3%.
La crisis desnudó cómo la creciente informalidad del empleo, cercana al 50%, afecta la garantía de ingresos para 9 millones de familias, 29 millones de colombianos, según las cifras del Senador Iván Marulanda, en la sustentación del proyecto de renta básica de emergencia. También quedó claro que solo el 33% de las sedes de las escuelas públicas están conectadas a internet y que más del 60% de los estudiantes oficiales no tiene acceso a internet en sus casas o computadora, lo que reduce de manera dramática las probabilidades de lograr educación de calidad para los más pobres. Ellos no pueden acceder a la información y al conocimiento científico, lo que conlleva un incumplimiento a la garantía del derecho a la educación.
La revista The Economist sostiene que el modelo social europeo es principalmente efectivo a través de la predistribución en tres ámbitos de política social: alta inversión en educación, atención médica universal, normalmente pública, y regulaciones de los mercados laborales que comprimen la escala salarial, acompañada de seguros de desempleo y de políticas de bienestar social. El artículo señala que en los países europeos el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias pasa de 0,5, pero después de la intervención de los Estados cae a 0,3. En Estados Unidos fue de 0,39, mientras que los países del este asiático como Japón y Corea del Sur quedaron en el medio. En Colombia, el Gini se mueve entre 0,53 y 0,55, lo que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial.
Para seguir comparando, de acuerdo con los datos de la Ocde (Education at a glance, 2018), Colombia tiene —frente a los países europeos— un sistema educativo barato, cuando se comparan las canastas educativas. Recordemos que desde los años setenta del siglo pasado, Colombia incrementó la cobertura en la educación primaria y secundaria pública mediante la creación de dos y tres jornadas escolares, utilizando la infraestructura educativa construida hasta ese momento y con profesores de bajo costo. Así llegamos al 2020, con escuelas mal construidas, peor equipadas, sin el mantenimiento básico y con media jornada escolar que en nada beneficia a los niños y adolescentes más pobres. Las pruebas Saber 11 del 2019 muestran una brecha de más de 30 puntos entre los estudiantes de colegios privados y públicos, que clasifican con los puntajes más altos (A o A+), a favor de los primeros. La educación en Colombia amplía distancias sociales y económicas y no ayuda a resolver los problemas de cuna.
Invertir en construcción, mejoramiento y dotación de los colegios públicos creará empleo y demandará productos nacionales; los profesores y el personal de apoyo de los colegios, distribuidos en los territorios más pobres, jalonarán consumos y generación de otros empleos; igual ocurre con la alimentación y el transporte escolar. Instalar internet de alta velocidad en todas las sedes de los colegios oficiales y conectar internet gratuito para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 es indispensable para reparar inequidades y mejorar la calidad de la educación. ¿Por qué no copiar a los europeos y el gasto que hacen los países de la Ocde en educación? Ellos son un buen ejemplo y está probado que funciona.
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