Educación

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La violencia política contra las mujeres en Venezuela. Un fenómeno creciente

Mitzy Flores 1 comentario

Por: Dra. Mitzy Flores.

 

Resumen

 

 

A diferencia de otros tipos de violencia, la ejercida en contra de las mujeres responde a la lógica patriarcal ampliamente aceptada, según la cual lo natural y socialmente esperado es que el poder sea ejercido por los hombres sobre ellas. Se trata de un complejo entramado cultural que determina la conformación de las identidades y que en el caso de las mujeres, las obliga a asumir en sus prácticas sociales una condición normalizada de subalternidad, mientras que de ellos se espera primacía. La carencia legislación en materia de violencia política contra las mujeres en Venezuela ha motivado la escritura de este documento con el propósito de interpretar críticamente el fenómeno de la Violencia Política contra las Mujeres en Venezuela. Nuestro análisis inicia con la presentación de las desigualdades para la participación política que han enfrentado históricamente -y aún hoy deben enfrentar- las mujeres en Venezuela, para lo cual se contextualiza el marco legal nacional en relación al existente en la comunidad latinoamericana y caribeña. De seguido se complementa el análisis con la argumentación teórica de la violencia política contra las mujeres desde la perspectiva de género y se apunta a la necesidad de actualizar la legislación existente.  Luego se abordan algunos rasgos de la violencia política, a la luz de los hallazgos del reciente Informe de la Comisión de la Verdad Justicia y Paz: Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela. En este se reporta desde el acoso, hostigamiento y escarnio al que fueron sometidas mujeres que hacen vida pública en Venezuela, se registran los casos de mujeres heridas y lesionadas, hasta aquellos cuyo desenlace fue fatal, entre ellos el femicidio a lideresas comunitarias que va en aumento. Al cierre se presentan algunos nudos conclusivos que apuntan a la idea de que este tipo específico de violencia representa un importante desafío a la democracia, a los derechos humanos y a la igualdad de género puesto que ninguna sociedad puede aspirar a plenitud su ejercicio sin garantizar la participación política de las mujeres.

 

Palabras clave: participación y violencia política, mujeres, justicia de género.

 

Compartimos la certeza de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que ocurre en nuestras sociedades como una manifestación de la cultura y herencia histórica patriarcal ampliamente extendida. El hecho de que apenas a fines del siglo pasado se admitiera la violencia doméstica como delito en la legislación regional, evidencia su naturalización en América Latina y el Caribe. En este sentido, es oportuno expresar que nuestra motivación para elaborar este documento descansa en un hecho análogo: en Venezuela el fenómeno de la violencia política contra las mujeres se ha presentado cada vez con mayor frecuencia e intensidad durante los últimos veinte años (lapso en el que, nuestra participación ha venido en aumento, aunque no al ritmo de la paridad que aspiramos) y su tipificación como delito sigue ausente en nuestra legislación.

 

Este documento inicia con la presentación de las desigualdades para la participación política que han enfrentado históricamente -y aún hoy deben enfrentar- las mujeres en Venezuela; para lo cual se contextualiza el marco legal nacional en relación al existente en  la comunidad latinoamericana y caribeña. De seguido se complementa el análisis con la argumentación teórica de la violencia política contra las mujeres desde la perspectiva de género y se apunta a la necesidad de actualizar la legislación existente. Luego se abordan algunos rasgos de la violencia política, para lo que sirven de contraste empírico, algunos hallazgos del reciente Informe de la Comisión de la Verdad Justicia y Paz: Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela (2018). En este se reporta desde el acoso, hostigamiento y escarnio al que fueron sometidas mujeres que hacen vida pública en Venezuela, se registran los casos de mujeres heridas y lesionadas y culmina con los casos que tuvieron un desenlace fue fatal, entre ellos el femicidio a lideresas comunitarias que va en aumento. Al cierre  presentaremos algunos nudos conclusivos que apuntan a la idea de que este tipo específico de violencia representa un importante desafío a la democracia, a los derechos humanos y a la igualdad de género puesto que ninguna sociedad puede aspirar a plenitud su ejercicio sin garantizar la participación política de las mujeres.

 

 

  1. Participación política en desigualdad

 

Tan incontrovertible es el hecho de que las mujeres enfrentamos mayores barreras culturales, sociales e institucionales para ejercer nuestros derechos y entre ellos, especialmente el de la participación política, como innegable que las conquistas de las mujeres han sido fruto de sus propias luchas por el reconocimiento de sus derechos. La constante presión a los gobiernos para que desarrollen medidas afirmativas a fin de garantizar su participación igualitaria en los diferentes espacios de representación política y social, confirma que sin la garantía del mecanismo de participación sería imposible alcanzar la igualdad y menos aún, la autonomía que sustenta nuestras libertades.

 

Como en buena parte del mundo, en Venezuela el acceso de las mujeres a los cargos de elección o representación popular supone enormes dificultades y obstáculos de índole cultural y material, de modo que en la práctica, las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que nuestros pares masculinos de ser elegidas a cargos de representación popular aunque participemos activamente en las organizaciones de base, en los movimientos sociales y en todos los espacios de la vida social.

 

Nuestro país ocupa el lugar 81 en el ranking mundial de participación política de las mujeres en los parlamentos, con un 22% de mujeres en la Asamblea Nacional, solo por encima de  nuestros vecinos Honduras (89), Uruguay (95), Panamá (109), Colombia (111), Paraguay (132) y Guatemala (143) y muy distante de Cuba, Bolivia, México, Grenada, Nicaragua y Costa Rica que ocupan los primeros diez lugares del ranking al exhibir una participación de  mujeres parlamentarias que oscila entre el 45% y 53%. Esta realidad se hace obvia cuando constatamos la mínima presencia de mujeres en la administración pública[1], y en la  conformación de la directiva de los partidos políticos y otras organizaciones con fines políticos en Venezuela, lo que resta la posibilidad de incorporarse a las listas de elección y desde luego, de ser elegidas.

 

En este sentido, hay que recordar que a pesar de que en el país los gobiernos municipales son elegidos por votación popular desde 1979, no se aprecia en el país un incremento de mujeres en los espacios locales de poder. Por el contrario su presencia desciende en el periodo que va desde 1984-1989 con el cambio de régimen electoral que pasó a listas abiertas con voto nominal; lo que generó la subrepresentación de las mujeres y el favorecimiento de candidaturas masculinas.

 

Al interior de los partidos políticos como en las creencias de la sociedad, se mantienen imaginarios patriarcales que obstaculizan la visibilización y efectiva participación de las mujeres en todos los espacios. Ello favorece la emergencia de hombres para las candidaturas a lo que hay que sumar la menor capacidad económica de las mujeres para financiar sus postulaciones; todo lo cual resulta en una marcada exclusión de las mujeres.

 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009), derogó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP) promulgada en 1997, cuyo artículo 144 pretendió favorecer la cuota de paridad al interior de los partidos políticos y así garantizar la inclusión de las mujeres en los hechos. Ello aportaría al logro del derecho a la participación plena y en igualdad de condiciones en los diferentes cargos de elección popular.

 

La Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), ratificada por el Estado venezolano establece en su art. 7, para referirse a los derechos políticos y a las medidas positivas, que los Estados Partes deben favorecer la eliminación de la discriminación de la mujer en la vida política y pública y que éstas puedan participar en condición de igualdad con los varones. Lo que propició el diseño y la revisión de las políticas públicas y gracias a ello, a finales de la década de 1990, el Estado venezolano se propuso instituir la norma de cuotas como una medida positiva para la incorporación de las mujeres a las listas de elección.

Por otra parte, la Carta Magna se actualizó y se redactó una nueva en 1999. Ahora el artículo de la LOSPP que referimos (que señalaba que los partidos políticos y otros grupos, están en la obligación de incluir al menos un 30% de mujeres en sus listas de postulación para todos los cargos de los cuerpos deliberantes), está en consonancia con el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que declara la igualdad de todas las personas y proscribe la discriminación con fundamento en la raza, sexo, credo o condición social que pudiera anular o menoscabar sus libertades y derechos. También prevé protección para los grupos vulnerables como sanción por su incumplimiento.

 

Paradójicamente, en la proximidad de las Megaelecciones del año 2000, el propio argumento del artículo 21 de la reciente CRBV fue utilizado en contra de las mujeres a través de la Resolución  transitoria N° 000321-544 del Consejo Nacional Electoral (CNE) para suprimir la aplicación del  artículo en cuestión y desconocer así su vigencia; lo que es juzgado como una decisión inconstitucional con unas consecuencias que desvanecen la conquista en favor de la igualdad y de la no discriminación. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia recibió demanda de nulidad interpuesta por la experta feminista Sonia Sgambatti, que como era de esperarse, no prosperó por ser declarada improcedente, lo que ratificó la validez de la acción del CNE y desconoció el rango constitucional de las medidas de acción positiva, como reseña Evangelina García Prince (2014).

 

En 2005 y 2008 se impulsaron desde el CNE resoluciones  que establecieron la paridad y la alternancia para la postulación de candidatos y candidatas en el marco de elecciones específicas pero tuvieron como principal debilidad el hecho de no establecer sanciones de incumplimiento, por lo que en la práctica se quedaron, como expresa Aponte Élida (2015), en simples exhortos de buen comportamiento para los partidos políticos, que finalmente no aplicaron la norma.

 

En junio de 2009, en el marco del debate del Proyecto de Ley de Procesos Electorales en la Asamblea Nacional, fueron presentadas a la Comisión de Participación Política, por parte de la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad, unas recomendaciones de forma y de fondo, para que se incluyera la paridad de género como obligatoria y la alternabilidad para cargos de elección popular en todos los niveles de gobierno, cargos de dirección en organizaciones políticas, partidos, sindicatos y gremios. Fue aprobado como anteproyecto en la primera discusión, pero finalmente no se le dio continuidad y la nueva Ley (LOSPE) erradicó la posibilidad de paridad con lo que “…las mujeres ocuparán posiciones de base o intermedias, sin acceso a las posiciones más elevadas de la pirámide”. (Madriz, 2012: 323).

 

Como otra evidencia de la desigualdad en el goce de los derechos políticos de las mujeres venezolanas, Beatriz Llanos y Vivian Roza (2015), reseñan que Venezuela junto a Guatemala son los únicos países de la región que carecen de una legislación que garantice la presencia de mujeres en las listas para cargos de elección, por lo que el derecho a la participación plena y a la igualdad de género –entendida como empoderamiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas- se ve severamente limitado por prácticas sociales de desigualdad y discriminación que alejan la paridad de los espacios de poder.

 

 

  1. Otra forma de Violencia

 

Como antes expusimos, Venezuela ha suscrito tratados y pactos internacionales sobre la materia como la CEDAW y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de 1994. Mientras, las mujeres activistas en América Latina y el Caribe habían identificado y denunciado esta forma de violencia como crimen electoral[2]. En el 2015 la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) advertía sobre la mayor visibilización de este fenómeno pareado al escalamiento de posiciones de las mujeres y sobre la tolerancia e irrelevancia de la sociedad como una importante traba para la elaboración y aplicación de políticas específicas.

 

Es en 2016 con la creación la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (LMIVPM) que la violencia política contra las mujeres es incorporada en la lista de delitos en nuestros marcos legales en un contexto de convención con la pretensión de orientar a los Estados para legislar, proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos y cuando. En su artículo 3 la violencia política  se define como:

 

cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. (2016)

A pesar de que en nuestro país la Violencia Política contra las Mujeres no está tipificada como delito, es oportuna la tarea de difundir su contenido e impulsar acciones que obliguen a los Estados Partes de la Convención a honrar sus compromisos, como señala Amnistía Internacional (2018).

 

En esta ley pueden distinguirse faltas graves, faltas gravísimas y delitos propiamente[3], que van desde las agresiones y la intimidación a los femicidios/feminicidios. No obstante su espectro de acción debe mantenerse flexible tal y como la realidad social de nuestra región exige, en especial si consideramos que la participación política de las mujeres rebasa la mera militancia en un partido político. Hay que referirse también a las que participan en movimientos sociales “…militantes de base, simpatizantes de un partido o idea política, manifestantes de diferentes tipos de demandas sociales y políticas, luchadoras y dirigentes comunitarias y de derechos humanos”, como bien reseña el Informe Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela (2018, p. 21), así como a quienes se encuentran en medio de conflictos armados, en las operaciones paramilitares, en las acciones terroristas, en los enfrentamientos por territorios. Igual ocurre con las que afrontan la represión del Estado en protestas y manifestaciones violentas, entre otras.

 

En otro sentido, la LMIVPM agrega el carácter paritario en la participación de las mujeres en la formulación y dirección de las políticas públicas, en la ocupación de cargos (por elección y por designación) y en todo el ejercicio de la función pública que se expresa así:

 

Se considera que la paridad de mujeres y hombres en la vida pública y política implica adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso paritario a todos los espacios de la vida pública y a todas las instituciones del Estado, particularmente a los cargos de gobierno, desde el plano internacional al plano local; así como para asegurar condiciones igualitarias, libres de discriminación y violencia, en el ejercicio de los derechos políticos. (pág. 14, art. 3)

 

Karina Batthyany <kbatthyany@clacso.edu.ar>

 

Según lo establecido en la CRBV (1999), en lo tocante a los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes en el artículo 19, se entiende que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

 

Entender el principio de no discriminación deja ver que su objeto es garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, su religión o sus creencias y edad. El mismo se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) y cuenta con la protección de los siguientes derechos: el derecho a la vida, la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual y jurídica de las mujeres objeto de violencia, en los ámbitos públicos y privados. Esta ley como la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer de 1999 en su artículo 1 establece la regulación del ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la igualdad de oportunidades para la mujer, con fundamento en la CEDAW,  lo que puede ser un buen argumento para regresar al debate público la paridad.

 

 

  1. Rasgos de la violencia política contra las mujeres

 

Entendemos que todos los tipos de violencia dirigidos hacia las mujeres son en sí mismos un ejercicio de poder y representan siempre una expresión de escarmiento con el fin de disciplinarlas, y que por cierto, también procura someter a los hombres que se resisten a la masculinidad normativa. No sorprende por ello que la violencia política figure como un escollo determinante para las mujeres en su intento por alcanzar sus demandas y que, en opinión de María Rojas Valverde (2012), presente una composición de índole tan disímil como perversa que se expresa cotidianamente con acciones que van desde el acoso u hostigamiento hasta derivar en femicidio.

 

A nuestro juicio se trata de una violencia muy específica que reúne ciertos rasgos que le son comunes. El primero de ellos se corresponde con el mecanismo descrito décadas atrás como una invariante estructural por Celia Amorós (1990), este consiste en la asignación y jerarquización simbólica de los espacios en nuestras sociedades como público y privado en el que la política antagoniza con el espacio privado representado en el hogar que, históricamente se asignó a las mujeres al concebirlas como sujetos reproductores. Ello ha justificado el dominio masculino en los espacios de poder y ha servido de imagen modélica y sostén estereotipador para mantener a las mujeres lejos de lo público.

 

De allí que las mujeres que deciden participar activamente en política desafían con su sola presencia toda una tradición patriarcal y sexista, lo que a su vez las expone a condiciones de violencia que, eventualmente, propician la agresión en función de comunicarles que ocupan un lugar que les es ajeno. Esta creencia, resulta suficiente argumento para quienes actúan como agresores por considerar que la incursión de las mujeres en el espacio político es una verdadera intromisión territorial. Por ello se las presiona a que renuncien a hacer vida política, (militancia, trabajo comunitario, o ejercicio de cargos, por igual) y regresen al que sería “su lugar” social.

 

En estrecha relación, se identifica un segundo rasgo de clara especificidad en cuanto al propósito de las acciones violentas que, en síntesis Mona Krook y Julia Restrepo Sanín (2016), se orienta a: “acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de la posición política de la mujer o inducir a una mujer a hacer (o no hacer) algo relacionado con su mandato político contra su voluntad.” (p: 465). Desde la perspectiva de las autoras, es pertinente destacar que no debe asimilarse ésta con la generalización de violencia contra los políticos o violencia social vivida por quienes se encuentran en ejercicio de cargos públicos en América Latina, como le discuten a Jennifer Piscopo (2016); pues la intención de la primera forma de agresión es precisamente, enviar un claro mensaje de escarmiento a la sociedad y a las mujeres: no hay lugar para ellas en la política.

 

Como tercero, habría que referir el escarnio. Este suele presentarse como difamación e injuria, con el fin de atormentar no solamente a la mujer a quien se dirige, sino también a su grupo familiar; lo que según el informe de María de los Ángeles Cruz (2016), las hace más propensas a dimitir en el caso de tener hijos/as, como última estrategia para su protección.

 

Ya en el informe elaborado por la Comisión para la Verdad la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela…(2018) se reportaban cinco importante formas de violencia que van desde las desiguales condiciones de las mujeres para incorporarse a la participación política; transitan el acoso, hostigamiento y escarnio, se intensifica con el aumento de víctimas heridas y lesionadas, hasta  desencadenar en heridas graves y el  femicidio a lideresas comunitarias. Allí se ilustra el escarnio al que se sometió a mujeres con responsabilidades políticas[4] y cómo se persigue la descalificación de las víctimas con estrategias que

 

…frecuentemente se apoyan en argumentos vinculados con su sexualidad como un flanco favorable para minar la credibilidad de las mujeres y se combina por lo general con la ridiculización de sus ideas como argucia para someterlas al escarnio público y finalmente  obligarlas a renunciar a sus aspiraciones. (2018: 4).

 

En los años 2013, 2014 y 2017, luego de los disturbios callejeros, creció la cantidad de manifestantes muertas en las propias circunstancias que creó la violencia, (decesos en las barricadas o en colisiones contra las guayas), con el agravante de que estas muertes “… se caracterizan por un creciente grado de virulencia y saña.” (p: 5). Esto contrasta con los seis años previos que van desde 2005 a 2011, en los cuales no se registraron víctimas de violencia política y, con lo ocurrido durante el golpe de estado o disturbios de los años 2002 al 2005 en que las víctimas femeninas de violencia oscilaron apenas entre 6% y 10% de los casos.

 

Otra importante aseveración de ese documento es que “La violencia contra las mujeres en número de víctimas fatales y heridas ha venido aumentando durante el período 1999-2017, producto del aumento de la violencia política en general, y también de la mayor virulencia y agresividad de la misma.” (p.5). Puede leerse que se contaban hasta Junio 2017 con 44 femicidios y 105 víctimas heridas y lesionadas por esta causa durante los últimos 18 años.

 

Pero lo que nos resulta alarmante es que entre 2017 y 2015, la violencia política se haya orientado sistemáticamente al femicidio de lideresas comunitarias y que esta

 

… fue dirigida especialmente a mujeres que luchan por sus derechos en la vida cotidiana, son crímenes de odio fundamentados en motivos sexuales, de poder y de discriminación. Es importante no verlos como hechos aislados sino dentro del patrón de violencia contra las mujeres. Un aspecto muy claro es el de la indefensión; no solamente la mayoría de estos asesinatos están impunes, sino que se producen contra mujeres que están en graves situaciones de vulnerabilidad y precariedad. (p. 89)

Como en toda América Latina y el Caribe, en Venezuela existe un marco legal que tipifica múltiples formas de violencia contra las mujeres[5]; no obstante como ya expresamos, no existe uno referido específicamente a la violencia política a pesar de que sus expresiones se han incrementado en los últimos años. Tan arraigada está en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres que hacen vida política son merecedoras de la violencia porque usurpan espacios destinados exclusivamente a los hombres que, a nuestro juicio, no es lo suficientemente condenada por la sociedad y por tanto se dificulta su prevención y erradicación, así como la necesaria investigación, sanción y reparación.

 

A grandes rasgos puede afirmarse que en nuestro país en materia de reconocimiento de derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia, se han producido avances relevantes en los últimos veinte años y aunque han aportado considerablemente a las políticas públicas, no han sido suficientes. Al respecto hay que insistir en que el contexto cultural sigue siendo una gran limitación para la consolidación de los derechos de las mujeres; no solo por los prejuicios y estereotipos albergados en la población en general sino especialmente por los de los grupos políticos con poder de decisión y del funcionariado adscrito a las instituciones encargadas de legislar, de atender los casos en las instancias judiciales y policiales, así como del trato y la mediación comunicacional que ha prevalecido apegado a los estereotipos tradicionales. Esta percepción del asunto es fundamental para contextualizar la posible eficacia y eficiencia de la administración de justicia pues nos mantiene, según nuestro juicio, en un rezago institucional (legislativo, judicial y hasta mediático) que se ha instaurado en el sentido común venezolano.

 

 

  1. Algunos nudos conclusivos

 

La pobre representación de las mujeres en los espacios de poder político es obvia cuando observamos la mínima presencia de mujeres en la  conformación de la directiva de los partidos políticos y otras organizaciones con fines políticos. Creemos que en nuestro país  no existe voluntad política entre nuestros gobernantes para decidir favorablemente por una institucionalidad plenamente participativa y con sentido de género. Culturalmente quienes legislan (Asamblea Nacional y Asamblea Nacional Constituyente), están muy lejos de considerar los marcos legales y acuerdos internacionales que el Estado ha suscrito o ratificado. De ello puede concluirse que, a pesar de la existencia de leyes con perspectiva de género y favorables a la justicialidad, la misma no se concreta, lo que permite el aumento de la brecha en cuanto a participación política y la paridad.

 

Ese reconocimiento de derechos es lo que desplazará el horizonte de suficiencia de las Políticas Públicas en todos los ámbitos, siempre en búsqueda de una tendencia de mayor amplitud que rebase la sola igualdad de oportunidades y las inaplazables acciones positivas que, hasta ahora, distan de ser garantías de equilibrio o equidad en una sociedad de profundas desigualdades, pero que sin duda se constituyen en medidas reparatorias o en compensaciones necesarias.

Por otro lado hay que destacar como evidente que existen consecuencias diferenciadas para hombres y mujeres en tanto víctimas de la violencia política, si bien para ambos se vulneran los derechos civiles y políticos (DCP) así como los económicos, sociales y culturales (DESC); no obstante, cuando esta ocurre a una mujer se está en presencia de un acto de función meramente disciplinadora que recalca la jerarquía del hombre en la sociedad patriarcal y genera escarmiento para ella, a la vez para todas las mujeres. Aunque entendemos que las políticas públicas siempre estarán rezagadas con respecto a las posibles conquistas de las mujeres, consideramos que es muy poco lo que se ha hecho en el país para proteger a las mujeres que hacen política o para garantizar medidas positivas; lo que acentúa la necesidad de su creación en un tiempo perentorio.

Como expresión de la dominación, la violencia política además instala un mensaje que penaliza la osadía de haber ocupado un lugar con tradición de reconocimiento público, casi siempre pareado al goce de privilegios adquiridos; un espacio para el sujeto con voz, no subalternizado que exhibe como logro la sustracción de un curul que, culturalmente, debería ocupar un hombre por el solo hecho de serlo. Finalmente consideramos que este tipo específico de violencia representa un importante desafío a la democracia, a los derechos humanos y a la igualdad de género puesto que ninguna sociedad puede aspirar a plenitud su ejercicio sin garantizar la participación política de las mujeres.

 

 

 

Bibliografía

 

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Disponible en: http://www.bivica.org/upload/acoso-violencia-politica.pdf

[1] *Conferencia presentada en la “CONCERTACIÓN FEMINISTA”. Evento del Proyecto Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del país.  AVESA y Aliadas en Cadena, con el financiamiento de la Unión Europea y en alianza con la Maestría de Estudios de la Mujer de la UCV y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) UCV.

Caracas del 25 al 27 de noviembre de 2019.

[2] El año pasado (2018) en el Poder Ejecutivo fueron creadas siete vicepresidencias ejecutivas de acuerdo a algunas áreas: economía, planificación, desarrollo social, soberanía política, seguridad y paz, comunicación y cultura, desarrollo del socialismo territorial, y obras y servicios públicos. Todas están a cargo de varones a excepción de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República que está a cargo de una mujer: Delcy Rodríguez. El gabinete ministerial del Presidente Nicolás Maduro está conformado por 30 carteras ministeriales y un Ministerio de Estado. Sólo 13,3%12 de los ministerios están encabezados por mujeres ministras (Turismo, Servicios Penitenciarios, Mujer e Igualdad de Género y Pueblos Indígenas). El Ministerio de Estado para la Nueva Frontera de Paz también está encabezado por un varón.

[3] En el año 2012, con la aprobación de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres de Bolivia, se sienta el que consideramos el más importante antecedente regional en materia de violencia política. Para ello fue clave esfuerzo realizado por activistas y organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia que denunciaron en una larga campaña el acoso y hostigamiento de la concejala Juana Quispe, que irremediablemente terminó en femicidio.

[4] Entre estos últimos se encuentran las agresiones físicas y sexuales, el acoso sexual, la intimidación, la restricción del derecho al voto, la difamación o calumnia, la amenaza o intimidación a la familia, la agresión, la intimidación y la criminalización a las defensoras de derechos humanos y por supuesto, los femicidios/feminicidios.

[5] Entre los casos abordó este estudio se encuentran las agresiones a Tibisay Lucena (Presidenta del Consejo Nacional Electoral), Gabriela Ramírez (Defensora de Pueblo), Delcy Rodríguez (Canciller de la República y recientemente Vicepresidenta Ejecutiva) y Lilian Tintori (líder y militante del partido Voluntad Popular, conocida por ser la esposa de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, privado de libertad).

[5] La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), parcialmente reformada en 2014, es el instrumento legal más completo del que disponemos en nuestro país para afrontar la violencia de género, allí se tipifican 19 de sus formas.

Fuente: *Conferencia presentada en la “CONCERTACIÓN FEMINISTA”. Evento del Proyecto Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del país.

 

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Francia fomenta media hora de deporte diario contra el sedentarismo escolar

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Europa/ Francia/ 04.02.32020/ Fuente: www.lavanguardia.com.

 

El Gobierno francés quiere aumentar la actividad física de los estudiantes con un nuevo programa que a partir del próximo curso fomentará que haya al menos media hora de deporte diario en las escuelas, con iniciativas como fomentar los juegos de antaño.

Su presentación se hizo coincidir con el lanzamiento este lunes de la Semana Olímpica y Paralímpica, dedicada a la promoción del deporte y de sus valores en los colegios de Francia y que fue promovida hace cuatro años con la vista puesta en los Juegos de 2024.

«No pretendemos crear una generación de deportistas de alto nivel. (…) Nuestra responsabilidad es hacer que esta generación se mueva más. La escuela es el mejor lugar para tener un impacto», indicó el presidente del comité organizador de los Juegos, Tony Estanguet, en el diario «Le Parisien».

Las cifras le respaldan: según su comité, el 87 % de los adolescentes franceses practican menos de una hora diaria de actividad física. En 40 años, los jóvenes han perdido el 25 % de su capacidad cardiovascular, y dos de cada diez tienen sobrepeso.

La implantación de esa media hora de actividad diaria será voluntaria para las escuelas y está prevista para los días en los que los alumnos no tengan clase de deporte.

A los profesores se les facilitarán herramientas pedagógicas desarrolladas por expertos en deporte y sanidad y esos 30 minutos podrán dividirse a lo largo de la jornada, para aprovechar, por ejemplo, las pausas entre clases.

El tiempo de recreo se aprovechará también para evitar que los alumnos se queden quietos. Según Estanguet, impulsando entre otras posibilidades los juegos «de antaño» en los patios, como el balón prisionero o la rayuela.

«Estos proyectos son desafíos sanitarios, pero también educativos y pedagógicos. La actividad física debe estar más presente en el centro de nuestras vidas y contribuir al equilibrio de los niños», concluyó en «Le Parisien» el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.

Fuente de la noticia: https://www.lavanguardia.com/deportes/20200203/473278634691/francia-fomenta-media-hora-de-deporte-diario-contra-el-sedentarismo-escolar.html

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Por una educación emancipadora: a la memoria del Profr. Rubicel E. Ruiz Gamboa

Luis Alan Acuña Gamboa

Por: Luis Alan Acuña Gamboa.

Si me encierran, me sacan

Si me matan, me entierran

¿Cuál es la bronca, pues?

Rubicel E. Ruiz Gamboa

La historia es uno de los elementos más relevantes de la conciencia humana, más cuando a esta se le retoma para la creación de espacios sociales más plurales y democráticos en la toma de decisiones. El maestro Pablo Latapí Sarré, durante su alocución en la entrega del Doctorado Honoris Causa que le confirió la Universidad de Colima, enfantizó la necesidad de educar para la libertad social y responsable como eje fundamental para alcanzar su calidad. De esta manera, los objetivos relacionados con el desarrollo de la capacidad crítica en los mexicanos, debieran ser el común denominador en el diseño del Proyecto de País, así como sustento en las acciones de nuestro Sistema Educativo Nacional (SEN).

La buena educación, según el Mtro. Latapí Sarre, debe estar sustentada en cuatro pilares fundamentales: el carácter; la inteligencia; los sentimientos; y como ya se mencionó; la libertad. En su conjunto, estos elementos son la oportunidad de reducir las brechas en cuanto desigualdad social, de otorgar voz y voto a los más desfavorecidos; en palabras de Paulo Freire, estos criterios de la buena educación definen el origen de la emancipación de las clases oprimidas para pensar en una verdadera justicia social; sin embargo, estas ideas generan, por lo menos, dos preguntas de primera mano: ¿es posible pensar en la educación mexicana como mecanismo emancipador?; si fuera esto posible, ¿cómo la educación y los docentes pueden pensar y trasladar estos principios y objetivos de la buena educación en el devenir de su práctica cotidiana?

En alusión a la primera pregunta, se puede decir que si es posible pensar en la educación nacional como mecanismo emancipador, siempre que los actores principales del SEN visualicen objetivos más ambiciosos que la mera transmisión de la cultura de unos a otros (Durkheim); es decir, pensar en la educación como un medio para la toma de conciencia sobre la realidad social —y sus respectivos problemas— que aquejan día con día a la población en situación de riesgo, así como creadora de escenarios de discusión para la mejora o solución de las necesidades y demandas que le devienen: hay que pensar en una educación para la emancipación. Este proyecto educativo sostiene la necesidad de abolir el analfabetismo, porque de esto se alimentan las relaciones asimétricas de poder y dominación, a través de un discurso que legitima a unos como autoridad en un tiempo y espacio determinado, y hace acatarlo a otros por desconocimiento.

En cuanto a la segunda pregunta, todo docente lo puede hacer, solo se necesita pensarlo y actuar. Tal es el caso de Rubicel Einsten Ruiz Gamboa, docente de educación básica rural chiapaneco que desde muy niño demostró elocuencia, valentía y encono hacia las causas injustas. Orador y poeta, maestro por convicción, recorrió Chiapas entero educando a sus alumnos, y a todo aquel interesado en aprender, bajo los preceptos del derecho, la justicia y la equidad social. Nunca fue ajeno a los problemas que aquejaron a la entidad federativa; por eso, defendió y peleó desde antes del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por el reconocimiento de los pueblos indígenas ante la sociedad, por el respeto a sus tierras, único sustento de las familias; por los derechos educativos y humanos.

El Prof. Ruiz Gamboa sembró la simiente de la libertad y la abolición de los obstáculos sociales y políticos que a estos grupos en situación de riesgo les fueron asignados por tantos años. Con sus férreos ideales alineados a sus grandes pensadores y libertadores latinoamericanos (Ernesto Che Guevara, José Martí y Emiliano Zapata, por citar algunos), fue desarrollando un trabajo docente sui géneris en el devenir de su labor profesional. Siempre buscó sustentar los contenidos académicos a partir del pensamiento crítico de la realidad social afín a sus estudiantes (que casi siempre fueron de comunidades rurales). Rubicel Ruiz Gamboa decía: “si la educación no sirve para emancipar al pueblo, entonces ¿de qué le sirve un profesional sometido a nuestra sociedad?”, y con esto como lema magisterial, logró arrancar la venda de los ojos de muchos niños, madres y padres de familia para levantarse en franca protesta ante el caciquismo al que eran sojuzgados.

Tal y como lo expresa el Profesor Ricardo (en Camacho Velázquez, 2008, p. 143), “era un hombre sencillo, de campo, un típico maestro rural que hacía suyos los problemas de las comunidades y de los ejidos en los que le tocó trabajar …”, el Prof. Siempre buscó que la docencia en escuelas rurales fuera más allá de la señera necesidad por enseñar a leer y a escribir a la población (como muchas veces pasa, en el mejor de los casos), sino que hubiera la oportunidad de abrir en el contexto escolar, espacios de diálogo y lucha por los derechos perdidos por estas comunidades. Tal fue la injerencia y devoción de los pueblos que lo nombraron su ‘líder natural’ cuando se funda en 1995 la Organización Campesina Independiente de Villacorzo (OCIV), cuyo objetivo fue “luchar por la tierra, por los proyectos productivos, por los recursos, pero también por la igualdad de género, por la democracia y por la dignidad” (discurso del Prof. Rubicel Ruiz Gamboa en junio de 1995). Estas intenciones nacieron y se consolidaron en cada lección y actividad que se desarrollaba en las aulas de clases, en cada mítin, en cada evento académico donde participó Rubicel Ruiz Gamboa. Sin denominarla así, defendía la idea de que la educación emancipadora era la única forma de resacir las desigualdades sociales que aquejaban a Chiapas y al país. Comprendió que la educación emancipadora debe contribuir a la liberación de los sujetos, así como a la erradicación de toda forma de dominación intelectual y social de los más favorecidos hacia los menos. La búsqueda por abrir más y mejores escuelas rurales, la exigencia del respeto a los derechos humanos de su gente, y la inquebrantable lucha contra el poder, hizo del Prof. Ruiz Gamboa un ejemplo de docente comprometido con las causas justas y sus ideales.

Como se mencionó al principio, la historia es elemento fundamental en la toma de conciencia, siempre que no se relegue al olvido. Ante esta situación, sirva el presente texto para conmemorar el vigésimo segundo aniversario luctuoso de un maestro que luchó por la reivindicación de los grupos indígenas y las comunidades rurales en Chiapas; por emancipar a través de la educación a toda población dominada por el miedo y el analfabetismo; por creer en nuevos y mejores espacios sociales donde la equidad y la justicia fueran los comúnes denominadores: proyectos de vida que peleó hasta su muerte.

Profesor Rubicel E. Ruiz Gamboa

                                                                                  QEPD

 

Referencias

 

Camacho Velázquez, D. (2008). La lucha sigue y sigue. Organización popular en la Frailesca. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/por-una-educacion-emancipadora-a-la-memoria-del-profr-rubicel-e-ruiz-gamboa/

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Educar sin barreras: Una escuela inclusiva ofrece las mismas oportunidades a todos los alumnos

Noticias

Centro América/ República Dominicana/ 04.02.2020/ Fuente: listindiario.com.

Asegurar la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo ayudará a que la sociedad “no solo sea más justa”, sino también “más próspera”, aseguró la encargada de la División de Inclusión Educativa del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Katherine Rodríguez, durante un seminario internacional realizado recientemente en Santo Domingo.

“Las personas con discapacidad no implican un gasto; al contrario, pueden aportar mucho a la sociedad”, expresó la educadora durante su intervención en el Seminario Internacional de Accesibilidad e Inclusión Digital, organizado por la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).

En opinión de la también educadora, durante mucho tiempo los dominicanos se han privado de las posibilidades que pueden brindar las personas con discapacidad por tenerlas excluidas.

“Trabajar o estudiar con personas con discapacidad te da una visión distinta del mundo. Todo el mundo debería tener esa oportunidad, porque eso nos cambia muchísimo en nuestra visión y concepción de las personas”, expresó Rodríguez, quien dictó la charla “Contexto de las personas con discapacidad en República Dominicana y desafíos de la educación inclusiva”.

Estado actual

A pesar de los avances alcanzados, según Rodríguez, el país aún está “lejos” de tener una educación “verdaderamente inclusiva”.

En el sistema educativo dominicano convergen la exclusión (personas con discapacidad que están fuera del sistema), la segregación (personas con discapacidad en escuelas de educación especial para una condición específica), la integración (aulas especiales dentro de una escuela regular) y la inclusión, explicó la funcionaria del Conadis.

“Hay una diferencia entre la persona que tiene discapacidad de la que no tiene discapacidad en cuanto a asistencia a centros escolares”, dijo.

El estudio “Discapacidad en niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana: situación y respuesta”, presentado en 2019, mostró que el número de menores de 3 a 19 años de edad con discapacidad que no tenían acceso a la educación formal duplicaba al de sus coetáneos sin discapacidad: 41.1 por ciento versus 19.6 por ciento en el caso de los varones; mientras que en el caso de las hembras 37.6 por ciento frente al 18.6 por ciento.

Desafíos

La educación inclusiva enfrenta varios desafíos, entre ellos la identificación temprana de la discapacidad, la cobertura y la accesibilidad.

De acuerdo con Rodríguez, persisten, además, barreras actitudinales que impiden hacer ajustes para que los menores con discapacidad accedan a la educación formal en igualdad de condiciones que los demás chicos.

El proceso de inclusión implica reestructurar “la planta física, las políticas y las prácticas de los centros educativos”. Por eso, para que pueda darse tiene que haber un cambio “desde la concepción de la educación y del porqué enseñamos y para qué educamos”.

“Una escuela inclusiva es la que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas necesarias”, afirmó Rodríguez, quien es educadora y especialista en el uso de tecnologías de la información en el ámbito educativo.

EN PUNTOS

Seminario. El Seminario Internacional de Accesibilidad e Inclusión Digital formó parte de las actividades del proyecto de investigación Smart Ecosystem for Learning and Inclusion (SELI) que junto a once países de América Latina y Europa ejecuta la UFHEC.

Participantes. El evento contó con la participación de Lukasz Tomczyk, de la Universidad Pedagógica de Cracovia, en Polonia, así como expertos de Finlandia, Turquía, Brasil, Ecuador, Bolivia y República Dominicana.

Compromiso. Al iniciar el seminario, el rector de la universidad, Alberto Ramírez, recordó que las personas con discapacidad constituyen “un sector que requiere el apoyo de todos y de todas”. También intervinieron el viceministro de Ciencia y Tecnología, Plácido Gómez, y el vicerrector de Ciencia, Tecnología e Investigación de la academia, Darwin Muñoz.

La diversidad es la norma en un aula

La educación inclusiva no busca que haya un currículo diferente para los estudiantes con una discapacidad, sino trabajar el mismo plan, pero hacer adaptaciones para que el mismo contenido llegue a todos los alumnos, independientemente de su condición.

A este tema se refirió la brasileña Cibelle Amato, quien durante el Seminario Internacional de Accesibilidad e Inclusión Digital dictó la ponencia “¿Cómo construir cursos accesibles?”.

Adaptar la forma de presentar los contenidos, en opinión de la catedrática e investigadora de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, en S„o Paulo, no beneficia únicamente a los niños y niñas con alguna condición especial, sino que ofrece ventajas para todos los educandos.

Las personas, independientemente de que tengan o no una discapacidad, llegan al conocimiento por caminos distintos -explicó la terapeuta del habla y la audición-: mientras unos aprenden mejor leyendo, otros prefieren escuchar, experimentar o ver imágenes.

Cuando un programa de estudios incluye, por ejemplo, recursos auditivos para que un invidente pueda escuchar la lección estaría a la vez beneficiando al alumno que no tiene disminuida la visión pero que aprende mejor escuchando.

“Cuando comprendemos las dificultades y necesidades de personas con discapacidad podemos ayudar a las personas sin discapacidad también”, expresó Amato, quien insistió en que el plan de estudios uniforme “de talla única y listo para usar” debe dar paso a uno más flexible.

“Cuando pensamos en la inclusión debemos pensar en la diversidad y las necesidades específicas, no nos debemos quedar en las discapacidades y las necesidades especiales”, añadió la experta brasileña. “Todos tenemos necesidades específicas, todos tenemos diversidades”.

Fuente de la noticia: https://listindiario.com/la-vida/2020/02/04/602756/educar-sin-barreras-una-escuela-inclusiva-ofrece-las-mismas-oportunidades-a-todos-los-alumnos

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Educación, el drama invisible

Jose Luis Patiño

Por: José Luis Patiño.

 

Mientras, la resaca de las elecciones congresales sigue siendo analizada por politólogos, sociólogos, etnocacerólogos, frepapólogos y otras nuevas ramas de la opinología mediática, hay decenas de miles de jóvenes a quienes el Estado peruano los ha virtualmente desalojado de las “aulas formales” y echado a su suerte al patio trasero de la incertidumbre.
Estas decenas de miles de jóvenes depositaron por años su confianza, tiempo y dinero en universidades públicas y privadas con la supuesta garantía de un Estado que acreditaba, con sendos diplomas y títulos a nombre de la Nación, una “educación de calidad”. Hace poco, ese mismo Estado les informó que (¡ups!) fueron vilmente engañados y, por lo tanto, “sería mejor que pronto cambien de universidad”.

Nadie duda del necesario trabajo y valioso aporte que viene realizando la Sunedu en generar las condiciones para mejorar la educación superior. Sin embargo, es necesario que así como el Estado fue cómplice de la estafa, también asuma las consecuencias y sea parte del resarcimiento por el engaño y la burla cometida, lo cual ha generado un grave problema social. ¿Qué ha hecho el Estado al respecto hasta este momento? Veamos:

1. Se estima que son más de 160,000 jóvenes que ven truncas sus carreras profesionales y que deben “asimilarse”, por decir un término, a las otras universidades que podrían recibirlos. El Ministerio de Educación ha destinado una exigua partida presupuestal a las universidades públicas para este fin. La Universidad Decana de América, San Marcos, ha anunciado que evaluará los mecanismos para poder recibir a los estudiantes “desplazados”;

2. También se ha previsto que las universidades privadas debidamente acreditadas puedan recibir a estos estudiantes, previa autorización de la Sunedu y siguiendo procedimientos determinados;

3. Hay, asimismo, la posibilidad que una universidad sin licencia pueda llegar a un acuerdo con otra que sí cuenta con autorización, para poder utilizar infraestructura, equipamiento, así como servicios de profesores, empleados, etc., conforme a los términos del convenio y disposiciones al respecto.

¿Son suficientes estas propuestas? ¿Podrán los más de 160 mil alumnos engañados con el aval de Estado, retomar sus sueños de convertirse en profesionales? ¿Qué institución del Estado debiera asumir los costos de esta estafa y verificar el resarcimiento a las decenas de miles de estudiantes para que puedan financiar esa “asimilación” a universidades licenciadas? ¿Y la responsabilidad económica de los dueños de las universidades privadas que vendieron gato por liebre?

El drama de estos jóvenes debiera estar en la agenda política del gobierno y del nuevo Congreso. El futuro de estos jóvenes no puede verse truncado de esta manera. El daño económico a ellos y sus familias es incalculable. Y eso que no estamos hablando de los terceros afectados: los miles de trabajadores administrativos y profesores de estas, ahora, seudo universidades, quienes perderán su empleo y engrosarán la fila de los desplazados de la formalidad.

Fuente del artículo: https://www.expreso.com.pe/opinion/jose-luis-patino/educacion-el-drama-invisible/

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Colombia: del conflicto a la economía verde

Noticias

América del Sur/ Colombia/ 04.02.2020/ Fuente: cronicadelquindio.com.

 

Los biólogos y ecologistas le están dando protagonismo a la biodiversidad de Colombia y lo plantean como una alternativa económica.

“El país alberga una flora y fauna casi sin rivales en el planeta. Pero durante medio siglo, la guerra acabó con los estudios de campo y estancó el progreso científico”: Rachel Nuwer.  

La revista Investigación y Ciencia es la presentación que se hace para el mundo hispano de Scientic American, importante revista de divulgación que cubre un amplio abanico de temas. Se edita todos los meses y en la de enero de este 2020 publicó el artículo titulado “Colombia: del conflicto a la economía verde”, autoría de Rachel Nuwer, periodista científica que escribe para Scientific American, New Scientist y New York Times.

Ella aborda un tema de interés tanto para científicos y educadores, así como para un público amplio, porque tiene que ver con el futuro del país. Por eso debe interesar también a la clase gobernante, congresistas, políticos, empresarios, rectores tanto de universidades como de instituciones educativos, corporaciones ambientales, etc. En la publicación se plantea una opción muy válida para que nuestro país salga de tantas frustraciones y violencia a partir de un manejo adecuado de sus recursos naturales.

¿Acaso no es importante crear riqueza sin destruir la biodiversidad y hacer uso apropiado de la tierra sin deforestar? Además, después de 200 años de vida ‘republicana’ arrastrando tanta violencia, ¿ya no es conveniente que, por fin, se supere el conflicto armado, se salga de la oscuridad del odio y se aprenda que la tolerancia y el amor construyen?

Así que presentaré un resumen de lo planteado por Nuwer, para que reflexionen sobre el futuro del país, que puede ser mejor para todos o la mayoría. Por otra parte, el artículo es oportuno por la declaratoria de la ONU de que el 2020 sea el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, porque como expresa la página web de esa institución: “Las plantas sanas constituyen la base de la vida en la Tierra, así como de las funciones de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria, y son el elemento clave para el mantenimiento de la vida en la Tierra”.

El conflicto armado frenó el estudio de la biodiversidad

El escenario que inspiró a Nuwer para escribir su artículo fue Cubará, municipio ubicado en la parte nororiental del departamento de Boyacá, en el pie de monte llanero, zona olvidada por el gobierno central, rica en fauna, flora y con ríos de aguas diáfanas. Allí ‘florece’ un ejemplo digno de emular y, tal vez, por eso la mencionada periodista lo visitó en compañía de investigadores del Instituto Humboldt, y de su entonces directora, la ecóloga Brigitte Baptiste.

Una de las ideas que motivó la visita, fue la búsqueda y catalogación de todas las especies de aves posibles, ya que desde 1961 no se había emprendido un censo de ese tipo, en esa remota localidad de Colombia. Y esa actividad científica no se hacía en esa zona porque eran frecuentes las escaramuzas entre los guerrilleros, los paramilitares y el Ejército colombiano.

Después de los acuerdos del alto al fuego firmado en 2016 con las Farc, Cubará —como otras regiones del país— aspira volver poco a la tranquilidad. Aunque los disparos ya no se escuchan, el recuerdo de la violencia sigue en la memoria de la población. Por eso el teniente alcalde del municipio le dijo a Nuwer: “La felicito por venir hasta aquí. Pocos nos visitan por miedo a lo que pueda ocurrir”.

Agrega la comunicadora: “Ahora que se ha instaurado una paz frágil, Cubará, como miles de otras poblaciones colombianas, intenta volver poco a poco a la vida. El final de la lucha ha supuesto un nuevo comienzo, no solo por los pueblos ansiosos por iniciar la reconstrucción, sino también para los científicos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, (…), que espera por fin catalogar el recurso natural del país”.

63 mil especies catalogadas

Nuwer señala que Colombia acoge 311 reservas ecológicas, desde selvas pluviales y montañas hasta manglares y arrecifes de corral. Las especies catalogadas suman casi las 63 mil, nada menos que un 10 % de la biodiversidad del mundo. Solo Brasil la supera en abundancia, pero con una extensión siete veces mayor. La riqueza de nuestra biodiversidad sigue creciendo desde que se iniciaron expediciones por todo el territorio en 2015. Se han clasificado cientos de plantas, animales y hongos, decenas de ellos desconocidos para la ciencia. Hasta un pez sin ojos observaron los visitantes de Cubará.

Vea también: ¿Llegará el apocalipsis o hay tiempo de salvar al planeta?

Aún se descubre nueva variedad de flora y fauna

El investigador Gisele Didier López, advierte que estando en 2019, todavía se está descubriendo nueva variedad de flora y fauna. Él y sus colaboradores encabezan los esfuerzos que no solo persiguen la envergadura de la biodiversidad del país, sino también hallar formas de convertirla en el elemento central de una sociedad impulsada por la sostenibilidad, la resiliencia y la economía verde.

“No se trata de la clásica visión de no tocar. Queremos que la biodiversidad sea uno de los ingredientes de la receta para el crecimiento económico, sin acabar con ella”, aclara Didier. El objetivo último, en palabras suyas, es “convertir la biodiversidad en un capital activo para el desarrollo”.

“Muchos de nuestros problemas se deben a la carencia de condiciones de vida dignas, de educación y de sanidad en las zonas rurales, por lo que para mí esta era la parte principal de los acuerdos”, afirma en el referido artículo, Julia Miranda Londoño, directora general del Sistema de Parques de Colombia. Así que, por el bien del país, se deben consolidar los acuerdos de paz.

Fuente de la noticia: https://cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-colombia-del-conflicto-a-la-economia-verde-nota-136350

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La contraofensiva comunicacional

Atilio Borón
Por: Atilio A. Boron.

Luego de unas necesarias (no sé si merecidas, que suena demasiado arrogante) vacaciones la semana pasada retomé mi insalubre rutina de leer los periódicos nacionales y, muy especialmente, La Nación y Clarín, los más letales instrumentos de la (de)formación permanente a que está sometida la opinión pública en la Argentina. No haré un recuento histórico de la contumacia con que jugaron ese papel porque es de sobras conocido. Pese a ello, y a la indignación que vastos sectores de la sociedad argentina sienten ante su complicidad con la dictadura cívico-militar de 1976-1983, lo cierto es que su influencia sobre la conciencia y el sentir de la población continúa siendo avasalladora. Ambos periódicos son la cabeza de un enorme conglomerado multimediático cuyos tentáculos se extienden por todo el país a través de una enorme red de radioemisoras de AM y FM, televisoras de aire y por cable, redes de transporte informático para telefonía, cable e internet, compañías cableras amén de un sinnúmero de empresas en los más diversos sectores de la economía, desde el agro a las finanzas. Como si lo anterior fuera poco durante la dictadura estos pulpos comunicacionales se adueñaron de la peor manera de Papel Prensa, empresa que detenta un virtual monopolio del papel que se necesita para imprimir diarios y que lo vende a sus competidores según sus conveniencias y en condiciones absolutamente leoninas. Todo ante la inexplicable indiferencia del Estado que nunca ha tomado cartas en este asunto para corregir una cuestión vital para garantizar la libertad de expresión.Para corroborar lo anterior me ceñiré a unos pocos ejemplos de los muchos que a diario podríamos extraer de ambos periódicos. ¿Ejemplos de qué?, podría preguntarme quien me estuviera leyendo. Respuesta: Ejemplos de distorsión informativa, ocultamiento de información, confusión entre ésta y la opinión haciendo pasar a la segunda como si fuera información genuina. Veamos: la nota en Clarín del 25 de enero de Raúl Roa (nada menos que el editor del periódico) insidiosamente titulada “Ministros a los que les sobra tiempo” comienza preguntándose qué es lo más importante, y cito: “¿El proyecto de Kicillof de incorporar el lenguaje inclusivo en la administración provincial, como el ‘todes’ o el ‘chiques’? ¿O poner las energías en resolver la crisis que el mismo Kicillof ha denunciado y que se expresa en el riesgo de default, la inseguridad de cada día y la pobreza? No hace falta romperse la cabeza para encontrar la respuesta. Sale sola.” [1] Sin menospreciar en lo más mínimo lo primero -¿quién podría decir que la batalla cultural contra el machismo y el patriarcado es irrelevante?- es obvio que lo más urgente en el momento actual es aventar el riesgo del default y reconstruir las devastadas finanzas provinciales. Pero nada de esto dice Roa, pese a que una información periodística seria y rigurosa debería ser precedida -con datos de contexto para poder descifrar y comprender cabalmente la información- por alguna referencia a la desastrosa situación financiera heredada de la gestión de María E. Vidal, quien a juicio de numerosos informantes calificados fue la peor gobernación padecida por Buenos Aires desde el retorno de la democracia. Durante sus cuatro años de gobierno no construyó un solo hospital, una sola escuela, un solo jardín infantil. Remodeló sobre todos algunas salas de emergencia (que es lo que se vé desde afuera) pero nada más. Junto a Rodríguez Larreta, Vidal es una de las dos únicas piezas de recambio que la derecha tiene el 2023 en el muy probable caso de que Mauricio Macri no “mida bien” en las encuestas.

Esto explica el blindaje de la “prensa seria”, el silencio cómplice ante su desastrosa gestión que si fuera exhaustivamente conocida por el electorado descalificaría a Vidal de por vida para aspirar a un cargo de representación pública. Lo suyo, como lo de su jefe Mauricio Macri, fue una operación de saqueo de las riquezas -nacionales y provinciales- y el dinero de las y los argentinos maquillado mediante una astuta operación de neuromarketing político. Una fachada vistosa, detrás de lo cual yacían las ruinas de la provincia más rica de la Argentina. Cuatro años de ocultamiento, de encubrimiento, que sigue hasta nuestros días. La desidia de la gobernadora ni siquiera dejó a salvo la residencia oficial que hasta hace poco carecía de agua y estaba en una situación de completo abandono. Esta actitud no sólo refleja dejadez sino también el tradicional desprecio de la derecha por todo lo que sea público, comenzando por el Estado del cual sólo cuidan las agencias o las prácticas que favorecen sus políticas de saqueo y las que les garantizan el poder represivo para enfrentar la protesta social. Del resto, que se ocupe Dios… Nada de esto dijo Roa a la hora de preguntarse qué era lo importante que debía hacer el gobierno de Axel Kicillof. Poco serio, de verdad, poco serio. Cero periodismo.

La Nación no se queda corta a la hora de desinformar. Un siglo y medio de manipulación noticiosa vale más que tres doctorados en esta materia. En una nota de Alan Soria Guadalupe aparecida un par de semanas antes se anunciaba, con titulares resaltados y el edificio de la ONU en Nueva York de fondo que “El Gobierno le debe 150 millones de dólares a organismos internacionales”.[2] Y la bajada explicaba que “La Cancillería asegura que el país tiene deudas con entidades como la ONU, el Mercosur, la OMS y la OIT; comenzarán a regularizar los pagos”. Tres párrafos más abajo el articulista aclaraba que esa deuda se originó en una decisión del gobierno de Mauricio Macri, alguien paradojalmente interesado en hacer que la Argentina “regrese al mundo” luego que “el mejor equipo de los últimos 50 años” hubiese insistido hasta el cansancio que el kirchnerismo había proyectado a la Argentina fuera de este mundo, al espacio exterior. Ni una palabra se dice en la nota de la absoluta irresponsabilidad del macrismo que permitió que se llegara a una situación que nos avergüenza ante la comunidad internacional. La media verdad es una de las formas más incisivas de las “fake news”, y es cultivada con fruición, en contra del actual gobierno, por los dos pulpos multimediáticos de la Argentina. Lo que queda en la mayoría de las y los lectores es que “el gobierno”, o sea, el actual, ha incumplido sus obligaciones con los organismos internacionales incurriendo en un acto de lesa irresponsabilidad.

La visita del presidente al Papa fue motivo de renovados ataques a la Casa Rosada este sábado 1º de Febrero. Clarín tituló en primera página que “Alberto le pidió al Papa por la deuda y el Vaticano presionó contra el aborto” y La Nación lo hizo del siguiente modo:”La deuda y el aborto ejes de la visita de Fernández al Vaticano.” Lo cierto es que tal como lo señala el segundo y definitivo comunicado de la Santa Sede fueron múltiples los temas tratados en las dos reuniones de Alberto en el Vaticano: con el Papa y con el Secretario de Estado Pietro Parolin y que “No todos los temas citados en el Comunicado de Prensa sobre la Audiencia con el Presidente de la República Argentina han sido afrontados en todas las conversaciones: algunos han sido examinados en el curso del encuentro con la Secretaría de Estado, otros en el marco del encuentro con el Santo Padre.” Conclusión: el sutil lenguaje diplomático del Vaticano indica que no hay evidencia alguna que permita inferir que Francisco “presionó” al presidente o que el aborto haya sido uno de los “ejes” de la conversación entre el Papa y Alberto. Pero la “media verdad”, o la “plus mentira” instaló en el imaginario colectivo la idea de que hubo una controversia entre la Santa Sede y la Casa Rosada.

Alberto dijo más de una vez que el conflicto con la prensa, en realidad, los medios hegemónicos, era cosa del pasado. Por desgracia no es así porque aún cuando el presidente no tenga voluntad de pelear éstos ya se han embarcado en una guerra sin cuartel (aunque no abiertamente declarada) contra la Casa Rosada. Ofensiva que no encuentra su razón en el hecho de que el presidente haya coartado en lo más mínimo la libertad de prensa. No ha habido en su gestión una sola iniciativa comparable al atropello vandálico contra los medios como la que perpetrara Mauricio Macri desde su primer día de gobierno. Su Torquemada predilecto, el infausto Hernán Lombardi, no se privó de nada en su obsesión por imponer a lo bestia la “verdad oficial” y en “hacer creer” a argentinas y argentinos que una política de saqueo de la nación era la segura fórmula hacia el desarrollo y garantía de la famosa “lluvia de inversiones.” Despidos masivos de periodistas y comunicadores sociales, cierre de fuentes informativas, “purgas” en la televisión y la radio públicas, hostigamiento con la pauta oficial a medios “desafectos”, terminación de programas, persecuciones y “listas negras”, ataques permanentes a cargo de una legión de “trolls” financiados por los dineros públicos desde la Jefatura de Gobierno, etcétera.

Todos estos ataques con la complacencia de la “prensa seria y los “periodistas independientes” que no vieron en esta barbarie nada digno de ser condenado o limitación alguna a la libertad de expresión. Absolutamente nada de eso ha ocurrido con el actual gobierno, y sin embargo la “prensa hegemónica” lo acosa sin respiro. La razón es muy clara: ésta no hace periodismo sino que es el mascarón de proa de una alianza entre los poderes económico-financiero concentrados que necesitan crear un clima de opinión favorable a sus intereses corporativos y para su proyecto de rapiña y saqueo. Para tan innoble propósito necesitan un compinche: y allí está la “prensa seria” presta a cumplir esa función de engañar, ocultar, blindar, difamar y chantajear a unos y otros con la delictiva complicidad de jueces y fiscales corruptos, partícipes necesarios de este verdadero crimen que se perpetra contra la democracia en la Argentina.

Esta guerra existe y no la quería el presidente. Pero los fragores del combate se dejan oir hace meses, y su intensidad es creciente. Por eso será necesario, antes que sea demasiado tarde, diseñar una efectiva contraofensiva. No hacer nada, permanecer impávidos sería fatal. “De pensamiento es la guerra que se nos libra” –decía José Martí- “ganémosla a fuerza de pensamiento.” Simular que la guerra comunicacional no existe condenará a este gobierno –y al campo popular- a una gravísima derrota. Aún estamos a tiempo, pero no por mucho más. Es hora de pasar a la contraofensiva y la primera tarea es informar a la opinión pública, meticulosa y reiteradamente, sobre la magnitud del desastre económico-financiero heredado del macrismo. Esto tendrá que ser expuesto en todos sus detalles y no sólo una que otra vez. Deberá ser una campaña permanente porque de lo contrario la opinión pública rápidamente olvidará lo ocurrido y achacará todos los males a la presidencia de Alberto. Por ejemplo, denunciar una y mil veces que PAMI, (Nación) y IOMA (Provincia de Buenos Aires) adeudan sumas exorbitantes a los laboratorios farmacéuticos y las farmacias, con pagos vencidos desde Agosto de 2018 poniendo en riesgo la atención médica de la población. Hay decenas de casos como estos, que hablan inclusive de una eventual malversación e incumplimiento de deberes del funcionario público.

Será inútil esperar que Clarín o La Nación, a través de sus centenares de dispositivos comunicacionales (radios, televisoras, etcétera) informen de esto. O lo hace el gobierno actual y la prensa independiente, débil en extremo por el ahogo de los oligopolios mediáticos, o nadie lo hará. Y el malhumor social resultante se dirigirá en contra del gobierno actual y no en contra de quienes cometieron tamaño desastre que afecta a millones de argentinas y argentinos. Las dos batallas políticas cruciales de la época actual se libra en los medios, en el terreno de la comunicación, y en las calles, o sea, en la organización del campo popular. La fuerza política que no entienda esto labrará su propia ruina.

Notas:

[1] http://www.clarin.com/opinion/ministros-sobra-tiempo_0_-0ZQ4E2k.html

[2] http://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-le-debe-150-millones-dolares-nid2321743

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Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=265118

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