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Sindicato de maestros denuncia corrupción en sistema de Haití

Centro América/ Haití/ 28.01.2020/ Fuente: www.telesurtv.net.

Los docentes afirma que, desde la nacionalización de las escuelas comunitarias, la Dirección Departamental de Educación deduce los impuestos de maestros, pero no los transfiere al ente respectivo.

La Plataforma de Sindicatos de Docentes del departamento haitiano de Artibonite (PSEA) denunció este lunes actos de corrupción al interior de la Dirección Departamental de Educación.

El presidente de la Plataforma, Didier Pierre, denunció durante una conferencia en la Unión Nacional de Normalistas y Educadores de Haití (Unnoeh), distrito de Deschaos, que cada año son malversados unos 7 millones de gourdes, que representan más de 76.000 dólares.

Pierre sostuvo que, luego de la nacionalización de las escuelas comunitarias en 2014, la Dirección Departamental de Educación deduce los impuestos de maestros y directivos, pero no los transfiere a la Dirección General de Impuestos (DGI).

«Hablo de 45 directores de escuela, a los cuales se les deduce 27.740 gourdes, alrededor de 300 dólares, de su salario anual; a 421 maestros 11.900 gourdes, 130 dólares, y 90 cuidadores, unos 10.800, más de 120 dólares», explicó Pierre.

El profesor apuntó que los docentes no solo están mal pagados, sino que se vieron obligados a pagar de su propio bolsillo para obtener la declaración final del impuesto sobre la renta.

Por su parte, medios locales reseñaron que la organización está a favor de las reivindicaciones del gremio y reiteraron sus reclamos de aumento salarial, cobertura de seguro médico, por lo que fijaron un plazo hasta el próximo 1º de marzo para recibir respuesta.

De no cumplirse sus demandas posterior a esa fecha, los profesores y docentes del departamento de Artibonite evalúan detener las clases en esa localidad, situada a unos 156 kilómetros al noreste de la capital del país, Puerto Príncipe.

Fuente de la noticia: https://www.telesurtv.net/news/haiti-sindicato-maestros-corrupcion-sistema-educativo-impuestos-20200127-0020.html

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Bolivia: Gobierno y maestros urbanos firman acuerdo que garantiza el inicio de labores educativas

América del Sur/ Bolivia/ 28.01.2020/ Fuente: www.la-razon.com.

También se acordó que el Ministerio de Educación trabajará con las normales del país para la formación de maestros del nivel inicial, además que junto al Ministerio de Economía se buscará un incremento del presupuesto destinado a ese sector, pero con la participación de la CTEUB.

El Ministerio de Educación y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) firmaron un acuerdo que garantiza el inicio de las labores educativas en el país el próximo 3 de febrero.

Según el documento que fue consensuado por las 31 federaciones del país aglutinadas en la CTEUB y el Gobierno, se determina trabajar de manera coordinada en busca de los mecanismos para incrementar auxiliares para el nivel inicial de manera progresiva.

También se acordó que el Ministerio de Educación trabajará con las normales del país para la formación de maestros del nivel inicial, además que junto al Ministerio de Economía se buscará un incremento del presupuesto destinado a ese sector, pero con la participación de la CTEUB.

Asimismo, desde la gestión 2021 el número de estudiantes del nivel inicial en aula será de 25, mientras que otro punto que acordaron es que esa cartera de Estado emitirá un comunicado que señala la suspensión de la aplicación del reordenamiento, y se instalarán mesas de trabajo para su aplicación.

Otra determinación es flexibilizar la hora pedagógica de 35 minutos en el nivel inicial, debiendo respetarse el trabajo de los cinco días hábiles.

Otro punto tiene que ver con las horas de Física y Química y las gestiones que se realizarán para su pago respectivo.

La ministra de Educación, Virginia Patty, aseguró que su despacho se encuentra en constante diálogo con el sector del magisterio urbano, por lo que garantizó el inicio de las labores educativas para el 3 de febrero.

Por su parte, el ejecutivo nacional de los Maestros Urbanos de Bolivia, Ludbin Salazar, aseguró que sus demandas fueron atendidas en un 95%, y que cualquier manifiesto de alguna federación en contra de lo acordado no es «legítimo».

Fuente de la noticia: http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-maestros-garantiza-labores-educativas_0_3300869901.html

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A 90 días de rebelión social popular y ciudadana, ¿Hacia dónde va el proceso político actual?

Por: Juan Carlos Gómez. 

A tres meses de la rebelión social es un hecho concreto que el gobierno de Sebastián Piñera ha logrado no superarla, pero si instalar e imponer –con diversas dificultades- una salida política institucional a la crisis abierta, el 18-O de 2019. Para, ello ha contado con la activa, eficiente y estratégica participación de la oposición política parlamentaria. Especialmente, de aquella que se manifiesta en la Cámara de Senadores. Aunque, en la Cámara de Diputados, la oposición política, menos compacta que en el Senado, también, le ha brindado los apoyos legislativos necesarios para avanzar en las iniciativas gubernamentales, especialmente, de aquellas destinadas a frenar, obstruir o criminalizar la protesta y la movilización social. Y, sobre todo, para viabilizar la salida político institucional. A pesar de los costos políticos que ella ha tenido para la derecha, por ejemplo, el quiebre interno y conflicto entre los partidos del Chile Vamos, el cual tiene como trasfondo, el ofrecimiento de parte Renovación Nacional, Evopoli y del propio presidente Piñera de ofrendar de manera sacrificial, el bien más preciado de la derecha, especialmente, para la UDI, la Constitución Política de 1980.

La suspensión de su participación, de la UDI, en el Chile Vamos, tuvo como consecuencia en que el principal referente de RN, Andrés Allamand, se retractara de su intención inicial de apoyar el cambio constitucional de la CP80, y en compañía de senadores y diputados de RN, comunico al país que rechazaría, en el plebiscito del 27 de abril, dicha posibilidad. Más tarde la UDI, adopto la misma decisión. En otras palabras, la derecha política, defenderá la continuidad de la CP80. Aunque Evopoli, aún no ha tomado como colectividad una decisión sobre de apoyar o rechazar el cambio constitucional. No obstante, que su presidente Hernán Larraín Matte, planteo que su postura individual es por el Apruebo.

Más allá de estas escaramuzas internas en la coalición de gobierno, la estrategia elaborada para controlar o salir de la crisis política, con todo, ha sido exitosa. El apoyo opositor, ha resultado crucial, para ello. Pues, le ha dado “aire” y “vida” a un gobierno y, sobre todo, a un Presidente, que de acuerdo a la encuesta CEP N° 84, cuenta con un muy bajo nivel de apoyo ciudadano, tan solo, el 6%.

Independientemente, de ese guarismo, la cooperación política entre gobierno y oposición parlamentaria, especialmente, desde el día 15 de noviembre de 2019, ha resultado fundamental y crucial para proteger y defender el sistema en crisis. Entre ambos sectores han construido el muro de defensa que busca evitar el colapso del gobierno como del régimen político y, en última instancia, de la dominación neoliberal. Cabe señalar que el neoliberalismo está amenazado; pero, de ninguna manera, derrumbado. La estrategia del cambio constitucional tiene como objetivo, justamente, evitar la “muerte” del neoliberalismo.

Como ya se ha dicho reiteradamente, la rebelión social popular y ciudadana puso en “jaque” no solo al gobierno de Piñera sino también, a toda la clase política parlamentaria. El rechazo a los partidos políticos y al parlamento, por parte de la ciudadanía es total. Tan solo un 2% y 3% de la ciudadanía tiene confianza en dichas instituciones. Por tanto, la rebelión social estremeció a todo el edificio político institucional.

Ahora bien, la única forma para evitar tanto el colapso del sistema político: estuvo en procurar evitar la división política de las elites en el poder y del poder. Había que impulsar una activa colaboración política de apoyo mutuo. Es lo que impulso el gobierno con el llamado al acuerdo nacional por la paz y contra la violencia. Este no fue dirigido a la ciudadanía sino, justamente, a la elites políticas parlamentarias y partidarias. Especialmente, de los sectores más acordes con el sistema político, principalmente, con los partidos que conformaron la exConcertación y la exNueva Mayoría. Estos, más algunos partidos del Frente Amplio, concurrieron a dicho acuerdo. La firma del Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, puso las primeras piedras y pilares del muro de defensa.

La construcción de este muro de defensa, evito, en primer lugar, la caída del gobierno y del Presidente, al estilo Fernando de la Rúa, 2001, en Argentina. En segundo lugar, dado que el sistema de gobierno predominante en Chile, el presidencialismo reforzado, es, políticamente imposible exigir o demandar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo consiguiente, el gobierno y el parlamento continuaran en ejercicio hasta el año 2022. Tercero, logro introducir una poderosa cuña política al interior del proceso de rebelión ciudadana, al instalar el proceso constituyente. Elaborando y acordando, entre el ejecutivo y el legislativo, una cronología para esos efectos.

Esta cuña, independientemente, del curso que tome la Rebelión Social, en los meses venideros, va dividir a la ciudadanía descontenta, entre aquellos, que tomaran el camino constitucional con la esperanza que se va cambiar la CP80, a la cual se le atribuyen las principales responsabilidades de los problemas que tiene la sociedad neoliberal actual. Y, aquellos, que continuaran la lucha social directa en contra del capitalismo neoliberal. Es más, al interior de los sectores ciudadanos que tomaran la vía constitucional también se va producir una división, que ya es observable, entre los sectores democráticos liberales que aceptan la “hoja de ruta” señalada por el poder constituido y, los sectores democráticos autónomos, que buscan realizar un proceso constituyente popular de manera independiente y autónoma del poder constituido. Este es un fuerte dilema político para los sectores ciudadanos que buscan modificar lo existente.

Sin embargo, esta estrategia política del poder constituido, no fue exitosa del todo, pues, fracaso en detener y contener la Rebelión Social popular y ciudadana. El episodio más significativo de esta fue protagonizado, por las y los estudiantes secundarios: el boicot a la Prueba de Selección Universitaria, PSU, organizada, impulsada y realizada por la ACES.

Este boicot puso en alerta y en aviso a la clase política parlamentaria, al gobierno como también a la ciudadanía que la Rebelión Social esta “viva” y en acción. Así, lo demuestran, por otro lado, las diversas acciones colectivas territoriales que se realizan en distintas poblaciones de la Región Metropolitana como de otras ciudades, y los cientos de ciudadanos que se reúnen todos los días viernes en la Plaza Dignidad. Y, todos los datos e informes que señalan que se prepara para una nueva ofensiva política para el mes de marzo.

II.

Como he señalado, la opción implementada en Chile, para evitar la caída de régimen político, ha sido la reconfiguración el bloque dirigente. Pero, a diferencia de otros casos, con un adicional, el ofrecimiento de parte del poder constituido a los sectores sociales y políticos movilizados, la promesa política de cambiar la Constitución Política vigente. Es decir, ofrecer un cambio político-institucional a cambio de paz política. Este cambio tiene como objetivo, no necesariamente, dar solución a los problemas que dieron origen a la Rebelión Social, sino reconstruir el régimen político con el fin de conservar -los sectores dominantes- intacto la estructura de poder social de la sociedad chilena, en otras, palabras el capitalismo neoliberal. Aunque deban cambiar la institucionalidad política.

El cambio constitucional ha sido el “caramelo” o la “zanahoria” que el poder político ha entregado a la ciudadanía para evitar, supuestamente, la radicalidad de la rebelión social. Y, justamente, ese “caramelo” que ha endulzado la actividad política de ciertos sectores de la oposición política como de la ciudadanía, quienes, van aceptando, integrando y, por ende, legitimando el proceso constituyente activado y dirigido por el poder constituido. Mientras que otros sectores sociales y políticos ciudadanos se mantienen en lucha y buscan alterar el calendario y la legitimidad de ese proceso constituyente.

De manera que finalizada la primera quincena del mes de enero del 2020 y a 90 días de rebelión social tenemos el siguiente escenario político.

A.- Se ha establecido una alianza política, en los hechos concretos, entre el gobierno de S. Piñera y el parlamento, especialmente, con los partidos opositores, en defensa no del gobierno sino del sistema político en riesgo por la contundencia de la Rebelión Social.

B.- Establecimiento de un proceso constituyente destinado a modificar la CP80, a fin de reconstruir el régimen político, reconfigurar el bloque dirigente, evitar la división de las elites de poder y en el poder, modificar aspectos menores del proceso de acumulación neoliberal, etc.

La apuesta del bloque dominante es producir los menores cambios posibles en la estructura económica del país, integrando algunos “derechos sociales”, sin que estos modifiquen lo sustantivo del patrón de acumulación. Sin cambiar ni modificar la forma de Estado-nación. Impensado será, por ejemplo, el establecimiento de un Estado Plurinacional, ni tampoco instalar, en vez, de la democracia liberal-representativa la democracia social participativa u otra. El proceso de cambio constitucional diseñado entre los partidos de gobierno y la oposición, posee, límites y fronteras muy altas, que impedirán un cambio político histórico y profundo de las estructuras del poder social actualmente vigente.

Aunque los partidos de la alianza Chile Vamos, han presentado ciertas fisuras como la señalada entorno a apoyar el cambio constitucional de la CP80, lo cierto, es que están preparados para enfrentar los dos escenarios posibles de concretarse: a) que gane la opción Apruebo y Convención Constitucional 100% compuesta por ciudadanos; y b) que gane la opción No Apruebo. Por cierto, de ganar esta última opción, sería un triunfo notable de la clase dominante y dirigente. La única posibilidad que se produzca es que los sectores más conservadores de la oposición, especialmente, de la Democracia Cristiana, de los sectores sociales ciudadanos, especialmente, los “no políticos” (sectores evangélicos, exmilitares y mayores de 50 años), apoyen el no apruebo. Aquí hay una apuesta, que no es posible soslayar ni considerar en los análisis. Tanto RN y la UDI, han convocado a sus bases a rechazar el cambio constitucional. Lo mismo ha realizado los grupos más de extrema derecha vinculados al Partido Republicano de J. A. Kast.

C.- La configuración de actores políticos y sociales que se preparan a participar activamente el proceso constituyente. Por un lado, la Democracia Cristiana, levanta su movimiento #YoApruebo, bajo la dirección de la mítica y simbólica figura de Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, presentado como un tenaz opositor al CP80. Y, que supuestamente, fue asesinado por la dictadura cívico-militar por esa postura. Obviando, el hecho que más allá de la postura de Frei Montalva, fue el primer presidente de la democracia protegida, el DC, Patricio Aylwin (1990-1994) quién planteo en 1984, o sea, cuatro años más tarde de la aprobación de la CP80 y a dos años del “asesinato” de Frei Montalva, que había que dejar de discutir la “legitimidad” de esa constitución y aceptarla de hecho. Lo que permitió que dicha Constitución continuara su vida útil hasta el día de hoy. Esta opción busca representar, por cierto, a la ciudadanía moderada, pro-sistema, que rechaza la violencia social y política que se ha manifestado en la Rebelión social. La campaña apunta a las y los ciudadanos de la clase media y los sectores adultos.

Por otro lado, el 19 de enero se configuró un segundo conglomerado de partidos y organizaciones sociales el Comando Chile Digno. Cuyo fin último será participar activamente en el proceso constituyente convocando por el poder constituido, para votar Apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Este conglomerado conformado por varios partidos y agrupaciones políticas como el PRO (Progresistas), el Partido Comunista de Chile, Federal Regionalista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Wallmapuwen y otras organizaciones sociales. Su ciudadanía objetivo serán las bases militantes de estos partidos compuestas por sectores medios estudiantiles, pobladores, trabajadores, etcétera.

Cabe señalar que también se han ido conformando y organizando algunos nuevos partidos políticos, señalados como instrumentales, con la intención de participación a los independientes en el plebiscito de 26-A; tales como, el Partido por la Dignidad; el Movimiento por una Constituyente Ciudadana, entre otros.

Estos son sectores sociales y políticos vinculados a la oposición política institucional al gobierno de S. Piñera. Pero, no necesariamente, son sectores anti-sistema. Su posición es bastante ambigua, tanto frente a la institucionalidad como a la Rebelión social.

Estos conglomerados estarían convocando entre el 68 o 70% de las y los ciudadanos que desde octubre a la fecha no han participado en las manifestaciones ni tocando una cacerola, ni asistiendo a una marcha.

D.- Por otro lado, a lo largo y ancho de la sociedad popular se ha ido configurando cada día con mayor fuerza la idea de impulsar un proceso constituyente directo que concluya en la formación de una Asamblea Plurinacional Constituyente Autoconvocada. Tal vez, la más importante de estas organizaciones ciudadanas sea la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT).

Consideramos que esta iniciativa introduce una inflexión política al interior de la demanda por una Asamblea Constituyente que la ciudadanía nacional ha venido planteando desde hace algunos años. Y, quiebra con la idea que la noción liberal o socialdemócrata que algunos sectores han venido hegemonizando. El surgimiento de la CAT que se reconoce como “hijas de la rebelión popular”, por lo tanto, eso marca el fin de esa hegemonía. E, inicia la lucha por conducir no la rebelión social, sino el movimiento social hacia una Asamblea Constituyente Autónoma, ACA.

Por cierto, que el objetivo central de este movimiento social será impugnar el proceso constituyente estatista. Aunque, la CAT, ha dispuesto que serán las y los ciudadanos los que van dirimir el qué hacer con “el proceso propuesto por el gobierno y el parlamento, esto es: el plebiscito de abril”.

El surgimiento de esta propuesta popular es claramente anti partidos políticos tradicionales y parlamentarios. Dice relación con la división en la ciudadanía descontenta con las formas políticas de la democracia protegida, el sistema económico neoliberal, etcétera. Y, probablemente, las diversas asambleas territoriales estén compuestas por ciudadanos que en los últimos años han rechazado, a través de su abstención electoral, las diversas ofertas y programas políticos que los partidos políticos del orden han presentado.

E.- Por último, en este cuadro estaría incompleto si no contempláramos en nuestro análisis el rol de los sectores rebeldes, especialmente, de aquellos sectores que se identifican con la 1° línea y el “ejercito” de ciudadanos rebeldes que actúan en la Plaza Dignidad desde el 18 O hasta la actualidad.

Estos sectores son los antisistema y anticapitalistas. No tienen ninguna lealtad ni fidelidad con el sistema social que durante décadas los margino y los condeno a una vida sin sentido. Hoy, el estallido social del 18-O les ha dado una razón de estar y de ser. Son vistos y reconocidos. Son considerados e inclusive protegidos, etcétera. El enfrentamiento con los “pacos”, con los organismos policiales del Estado, les mantiene “en lucha”. Lucha que no están dispuestos a deponer. Aunque no tengan claro el objetivo final de ella.

Difícilmente, este actor acepte participar en el plebiscito de abril, pero, tampoco, en el proceso constituyente popular autoconvocado, pues, este último también es conformar una institucionalidad política que a la larga termina por oprimirlos y disciplinarlos. Ellos son la libertad en acto y en potencia. Por esa razón, no los veo participando en un orden institucional, como será, el proceso constituyente popular. Pero, si serán centrales en, una posible, radicalización del proceso de Rebelión Social. De no producirse esa radicalidad, este sector, ira viendo menguada su fuerza. Y, en la medida que cualesquiera de los dos procesos constituyente, se vaya institucionalizando, los rebeldes dejaran de der actores políticos estratégicos como lo han sido hasta ahora. Por cierto, que no van desaparecer, sino, como tantas veces en el pasado, las y los rebeldes pasaran a ocupar la retaguardia. Volverán a caminar detrás, de los actores institucionalizados. En conclusión, este actor social y político, abrió la coyuntura critica actual, pero, no serán los que la cierren. Salvo, que las expectativas de la ciudadanía depositadas en la solución constitucional resulten un fraude, un engaño, o una artimaña del poder constituido para mantener las estructuras de dominación neoliberal.

A 90 días del “estallido social” los actores sociales y políticos han comenzado a ordenarse en torno a la solución constitucional de la crisis abierta por la rebelión social.

El problema central que hoy evidencia la coyuntura critica es que el gobierno de Sebastián Piñera, sigue gobernando, sigue tomando decisiones que influyen directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Y, lo hace, con el apoyo de la oposición parlamentaria.

Más allá del cuadro situacional que hemos delineado en este texto, el problema central que tienen los actores sociales y políticos que miran con recelo la acción gubernamental es qué hacer con Piñera y su gobierno. Exigir su renuncia, significaría incrementar la movilización social, a través de la desobediencia civil, la paralización del proceso económico por medio de una huelga general y aumentar los niveles de la violencia social y política, entre otras acciones colectivas. El punto, es que solo los grupos rebeldes estarían dispuestos a asumir esas tareas. Pues, mayoritariamente, la ciudadanía optaría por no impulsar la radicalidad de la rebelión social.

Por esa razón, considero equivocado sostener que el gobierno de Piñera, dejó de gobernar o funcionar. La tarea principal que hoy se han trazado es sostener y defender el neoliberalismo. No están inmovilizados, ni derrotados, están atrincherados en los espacios del poder. Para vencerlos y derrotarlos, hay expulsarlos de esos espacios. Hasta ahora, solo la primera línea, estarían por impulsar y apoyar esa misión histórica y política. No hay que esperar a marzo y menos abril, para ello, hay que hacerlo, ya.

Fuente de artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=264833

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La educación y un carro compartido

Por: Ricardo Braginski.

En medio de la campaña electoral y para forzar el debate educativo, una ONG les pidió a los candidatos que presentaran sus propuestas para el área. De los seis presidenciables que competían tras las PASO, el único equipo que no lo hizo fue el de Alberto Fernández. En el debate, además, el candidato -hoy presidente- no puntualizó en ninguna idea concreta para el área de educación. Sólo habló de la necesidad de subir el presupuesto, que viene cayendo fuerte -por parte de Nación y de las provincias- desde el año 2016.

Ahora que el carro empezó a andar, no queda más que mirar cómo se acomodan los melones. Y, sobre todo basándose en las declaraciones oficiales, el panorama parece auspicioso. El nuevo gobierno pone el foco en las inequidades, en trasformar a la educación en una herramienta que logre “romper las desigualdades” de origen de los chicos argentinos.

Y para eso, los principales objetivos apuntan a universalizar la educación inicial (en el país, solo la mitad de los jardines tiene sala de 3 y tienen menos acceso justamente los chicos que más los necesitan); así como avanzar en la jornada extendida para cada vez más estudiantes: hoy llega a apenas el 14% de los alumnos de la primaria, es decir que el 86% de ellos va sólo 4 horas por día a la escuela. La ampliación del jardín y de las horas debieran ser, claro está, con criterios de calidad educativa.

El problema es que sólo para estas dos medidas (también se está avanzando en la entrega de libros y computadoras) se necesita plata. Y mucha. Y se requiere no sólo que la ponga el Gobierno nacional sino, principalmente, que abran la billetera las administraciones provinciales.

¿Cómo se va a lograr esto? Según dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta a Clarín, se hará con “la construcción de consensos con todos los actores, incluyendo las 24 jurisdicciones, el sector de los maestros, las principales referencias pedagógicas y las universidades nacionales”. Es decir, con diálogo. Se puede entender que será con acuerdos, con decisiones compartidas.

Pero además del diálogo -tan necesario-, quizás se pueda incluir una herramienta más. Por ley, hoy tenemos que el 6% del PBI consolidado -Nación más provincias- tiene que ir a educación. Y por el impuestazo, ahora el Estado tendrá más recursos. ¿Qué tal si fijamos concretamente -sobre la base de datos objetivos de la realidad de cada distrito- cuáles serán las metas y los plazos de inversión en educación de cada uno de ellos?

Ahora que tenemos una buena dirección para el carro, estaría bueno que cada uno -y de acuerdo a sus posibilidades- tire de él en forma pareja.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/educacion-carro-compartido_0_3DAcs6cs.html

 

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México: Anuncia Ceteg marcha regional el 7 de febrero

América del Norte/ México/ 28.01.2020/ Fuente: www.jornada.com.mx.

Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) advirtieron que realizarán el próximo mes una marcha regional y un paro de labores escalonado a partir del 7 de febrero para exigir una mesa de trabajo con directivos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

Entre las principales solicitudes del magisterio disidente y democrático se encuentra la retabulación salarial, pago de horas de adeudo, incorporación al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa (Fone), no aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al cálculo de pensiones de profesores jubilados, así como revisión al proceso de evaluación magisterial.

Docentes de la CETEG criticaron que las actuales condiciones de trabajo son iguales a cómo ocurría a la anterior reforma educativa.

Exigieron ser tomados en cuenta para la elaboración de planes de estudio y el modelo educativo y recordaron que han mantenido la aplicación de los talleres alternativos de educación.

Los profesores aseguraron que las leyes reglamentarias están transgrediendo derechos de maestros de secundaria, entre otros planteamientos, de los cuales, advirtieron, mantienen en alerta a las bases de la CETEG en cuanto a la actitud de la denominada Cuarta transformación.

Maestros que laboran en la Coordinación Estatal de Educación a Distancia se manifestaron en el exterior del edificio Oviedo, en el centro de Acapulco, sin bloquear la circulación en la avenida Costera, para advertir que la SEG pretende cerrar dicho programa, no obstante se encuentra contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Los docentes exigieron que permanezca dicha coordinación en la que laboran más de 100 Profesores en Guerrero, no trastocar los derechos de los trabajadores, respeto a la inamovilidad, pago inmediato a trabajadores de contrato de 2019 en una sola emisión y su recontratación para 2020, pago del gasto operativo 2019-2020 y de los años subsecuentes y que la Secretaría de Finanzas y Administración y el Congreso local reincorporen este programa en el presupuesto de egresos 2021.

Fuente de la noticia: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/27/anuncia-ceteg-marcha-regional-el-7-de-febrero-4434.html

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La educación pública necesita del apoyo de los alcaldes y gobernadores

Por: Ángel Pérez. 

  • De acuerdo con Martha Nussbaum sigue siendo un deber del Estado proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades para el desarrollo humano, tales como una educación integral, que ella considera esenciales para alcanzar una vida en libertad, donde se pueda elegir y actuar para conseguir objetivos y metas que permitan una vida digna.

En Colombia el compromiso político y social con la educación pública sigue siendo débil, sin desconocer los notables avances en cobertura escolar, bienestar de los estudiantes y disminución de la deserción, durante los últimos veinte años. Es evidente, no hemos sido capaces de construir un sistema educativo que ayude a cerrar brechas, como las diferencias entre los costos de la canasta educativa que tiene la educación pública y la privada de buena calidad, y más grave, cuando se comparan los resultados de calidad que logran unos y otros en la educación básica y media y el posterior destino de los estudiantes; brechas que se agravan cuando se compara entre regiones o entre la educación rural y urbana.

Para solo mencionar el caso de Bogotá donde la matrícula en el sector privado representa el 40% del total de los estudiantes de la educación básica y media. En el año 2017 de 34.986 estudiantes que terminaron el grado once, en los colegios privados, el 60% ingresó en el año 2018 a la educación superior; esta cifra disminuye para quienes terminaron el bachillerato en los colegios oficiales, para los mismos años, egresaron 46.237 bachilleres y solo el 40% de ellos fue a la educación superior, con énfasis en el Sena. Estos datos demuestran que en la capital la condición de ser bachiller no ayuda a disminuir brechas entre los jóvenes; en el resto del país esta situación es más crítica.

Por fortuna, las grandes ciudades y los departamentos con mayor población estudiantil eligieron alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación; además, ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta y otras cuentan con secretarios de educación y equipos directivos que conocen el sector, ellos tendrán cuatro años para ayudar a cerrar las brechas que promueve el sistema educativo, de manera especial el bajo acceso de los niños más pobres a la educación inicial, la exigencia de incrementar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público hasta la educación superior y el reto de cerrar las brechas de calidad.

Contar con alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación por todo el país es un hecho nuevo y sin duda puede ser una oportunidad para millones de niños y adolescentes que asisten o están por fuera de la educación básica y media, niveles educativos donde los nuevos gobernantes son responsables de la gestión educativa e inciden de manera directa. De entrada, va a ser interesante observar su comportamiento frente a reformas acordadas por el gobierno nacional con Fecode, como el ajuste al Sistema General de Participaciones, fuente principal de los recursos para financiar la educación pública; hacen falta recursos, pero también se requieren acciones para mejorar las decisiones de gasto y los resultados.

Lo anterior no soslaya la responsabilidad que tienen las entidades territoriales para destinar recursos propios para subsanar debilidades del sistema educativo oficial, por ejemplo, los programas de inclusión para estudiantes con discapacidades, o reconocer que en preescolar y en primaria los niños no reciben clases de inglés y luego cuando llegan a secundaria tienen solo 2 o 3 horas a la semana, en algunas ocasiones con docentes sin la preparación adecuada; resultado: el bilingüismo o el fortalecimiento de un segundo idioma es otra brecha que se genera entre los estudiantes la educación pública y la educación privada de buena calidad.

Alcaldes, gobernadores y secretarios de educación deben ser conscientes de que el país requiere valorizar la educación pública; los colegios públicos no pueden ser referentes de mal clima escolar y de mala calidad, además de sitios con entornos inseguros y hasta ilegales (el microtráfico acecha las instituciones escolares en las grandes ciudades), donde algunos profesores son víctimas de amenazas, extorsiones y hasta de traslados obligatorios por seguridad. Los nuevos gobernantes tienen cuatro años para cambiar esta situación, los colegios oficiales deben ser bonitos, aseados, con accesos pavimentados y con infraestructuras seguras y diseñadas para el proceso educativo, donde no existan excusas para promover y desarrollar un ambiente educativo para la calidad, pero sobre todo deben contar con los maestros suficientes y en el aula; es increíble que por temas normativos y exigencias sin fin, para remplazar en un colegio a un maestro incapacitado, una secretaría se puede demorar hasta 3 meses o más en proveer el remplazo ¿y los niños qué? Bien gracias, sin maestro, rector defiéndase como pueda. Al final le caemos a los colegios y a la educación oficial por no producir los resultados esperados, por favor ¿cuánto daño causa que un niño esté un mes o más sin profesor?

En este sentido, recomiendo que la gestión de las secretarías de educación se diseñe y se enfoque en apoyar a los colegios, en atender sus necesidades y en fortalecer sus prioridades de cambio e innovación, esta decisión debe producir mejores resultados que políticas de intervención hechas desde los despachos gubernamentales, sin ninguna consideración con la cultura institucional de los colegios y sus demandas.

Fuente del artículo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-educacion-publica-necesita-del-apoyo-de-los-alcaldes-y-gobernadores-por-angel-perez-martinez/281173

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Vídeo: Cómo aprender una lengua y contribuir a la sociedad por Luis von Ahn

Por: TED en Español.

Aprender una nueva lengua nos hace más productivos y nos facilita la búsqueda de trabajo, pero ¿podría también ser bueno para la sociedad? Luis von Ahn explica cómo desarrolló Duolingo, una aplicación gratuita para aprender idiomas, que transforma el aprendizaje en un bien social.

Fuente del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lt7yZB92McM&list=PL0IS0YyQ-bEkxqey_T_chv4AG7dmnXmv9

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