Por: Otras Voces en Educación
En este podcast el académico colombiano Daniel Libreros hace un detallado análisis de los alcances y resultados de la convocatoria del paro nacional realizado en Colombia este 21 de noviembre de 2019
Invitamos a los y las lectoras de Otras Voces en Educación a escuchar este audio para tener una mejor aproximación a lo que está ocurriendo en Colombia
Entrevista/21 Noviembre 2019/Autor: Daniel Sánchez Caballero/Fuente: El diario la educación
Han pasado 30 años desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un 20 de noviembre de 1989, pero España tiene camino por recorrer, explica Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español. Sobre todo en lo que refiere a la desigualdad, con un tercio de los menores en riesgo de pobreza y casi un 20% de abandono educativo temprano. “España es un país que deja demasiados niños atrás”, lamenta este experto, que ha trabajado en el ámbito de las políticas sociales relacionadas sobre todo con la infancia. Y, aunque en ocasiones es una cuestión de falta de recursos, también hay un problema específico con cómo se reparten los que sí existen. González-Bueno, que salpica sus argumentos de cifras para darles más consistencia, aprovecha la efeméride —el 20N también se celebra el Día Universal del Niño— para explicar que es clave relacionar los derechos de los niños y la estrategia 2030 de la ONU para avanzar como país en aras de la justicia social con los menores y de la sostenibilidad. También de cara al futuro. No por obvio resulta menos cierto que los niños de hoy son el futuro del país.
Es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál es el estado de la infancia en España?
Caben muchos matices, pero hoy habría que decir que los niños y adolescentes en nuestros país no son ajenos a un montón de desafíos globales respecto sus derechos, pero España tiene una situación privilegiada respecto a retos planteados a nivel mundial que tienen que ver con la desnutrición, el agua y el saneamiento y quizá la protección contra la violencia. Dentro de un contexto mundial, la situación de la infancia en España está relativamente bien. Pero hay desafíos muy potentes que permanecen 30 años después de la formulación de sus derechos.
¿Qué retos son estos?
Quizá el más llamativo es la desigualdad. España es un país que deja demasiados niños y niñas atrás, en comparación con los de nuestro entorno. Especialmente en la protección social y en la educación. Dos cifras: casi un tercio de los niños en nuestro país está en riesgo de pobreza o exclusión social, y las políticas públicas se muestran poco eficaces reduciendo esos niveles de pobreza. A la vez, los datos de abandono y fracaso escolar nos siguen situando en los últimos puestos de Europa. En abandono educativo temprano es del 18% entre los adultos de entre 18 y 24 años, lo cual es un reflejo del impacto que ha sufrido el sistema educativo. En esta cifra somos el peor país de Europa. Creo que este es el primer problema, la cantidad de niños y niñas que se quedan atrás. Además, hay colectivos muy concretos que sufren especialmente esta desigualdad o incluso discriminación: los niños y niñas migrantes, los solicitantes de asilo, los niños migrantes no acompañados, los niños en el sistema de protección de menores, los niños y adolescentes gitanos o la infancia con discapacidad. En el tema de los niños y adolescentes gitanos hablamos de un 89% de pobreza, según un informe reciente del Secretariado Gitano, mientras la población infantil en general tiene un 29%. Un 30,5% de jóvenes gitanos llega a diplomarse frente a casi el 50% de la población general. Es uno de los grandes desafíos: cómo abordar esta desigualdad, cómo evitar que se queden al margen del bienestar de una sociedad que, con sus problemas y dificultades, no deja de estar entre los países más ricos del mundo.
“Las políticas públicas se muestran poco eficaces reduciendo los niveles de pobreza”. ¿No funcionan bien o no hay suficientes políticas públicas?
Las dos cosas. Una de las grandes reivindicaciones que tenemos desde Unicef y el sector de la infancia y de la protección social, es que España es el país de Europa que menos es capaz de reducir la pobreza infantil tras la intervención del Estado. Esto se hace midiendo la pobreza infantil de mercado y cómo interviene el Estado con sus ayudas y sus impuestos. Hay dos cuestiones aquí: un impacto muy serio de la crisis, especialmente en las políticas sociales de la infancia. Hay un momento en 2013 —hasta entonces la protección social de la infancia estaba creciendo— en que se reduce un 30% la dotación de políticas. Son datos de la contabilidad nacional. Tenemos un desentendimiento frente a la pobreza cuando más se necesitaba porque el impacto de la crisis en los hogares, especialmente el desempleo, fue muy dañino. Por otro lado, hay un problema estructural: en España no hay un mínimo de políticas de protección social de la infancia. Muchas han quedado en manos de las comunidades autónomas, y estas fueron las que más redujeron las ayudas a las familias con niños. Esta desprotección se ha ido larvando a lo largo de muchos años. Se ha puesto el acento en otras políticas y se ha dejado a los niños desprotegidos. Por eso hablamos de dos propuestas concretas: de una prestación económica, que podría ser a través de la prestación por hijo a cargo, que ahora, incluso con el aumento que ha habido este año, sigue siendo muy muy baja. Son 300 euros anuales y nosotros hablamos de mínimo 1.200 euros y una mayor cobertura. Sería una medida más inmediata, pero también tendría impacto a largo plazo, porque vivir en la pobreza para un niño no solo es un drama diario, también es una negación de oportunidades. Otro de los impactos más potentes sería con la educación. Ahí hay muchos desafíos, pero para nosotros uno que podría tener mucho impacto a medio plazo es la educación 0-3. Muchas veces está pensada para cubrir las necesidades de cuidado mientras los padres trabajan y, por tanto, no llega a quienes están en situaciones más precarias de vulnerabilidad social, los que más lo necesitan. Además, los situarían en un punto de partida parecido cuando empieza la educación primaria.
¿La educación ha dejado de ser el ascensor social que fue y debería ser?
Con una mirada de más largo plazo vemos cómo, sobre todo desde el principio de la democracia y antes, la educación pública universal ejerció hasta, más o menos, los 90 un papel muy importante, se incrementó el número de licenciados, de personas que alcanzaban estudios superiores a los de sus padres. Lo que hemos visto en los últimos años, muy notorio con la crisis pero que ya venía de antes, es ese frenazo al ascensor social. Cuando hablamos de pobreza y bienestar pensamos en lo más inmediato —cubrir necesidades y que las personas tengan las mismas oportunidades—, pero también en cómo romper ese ciclo de la pobreza que se hereda de generación en generación en los hogares. Nuestra sensación es que se está rompiendo ese ascensor social y la educación está dejando de cumplir ese papel. Por eso es clave una ley de infancia y también una dotación de recursos más generosa. Igual que en protección social estamos muy lejos de la media europea, igual ocurre en el ámbito educativo. No es solo gastar más, si no en qué lo gastamos. La educación debe ser de calidad e inclusiva, y ambas van de la mano. Hay muchos desafíos y las cifras no nos engañan. Cuando hablamos del 18% de abandono educativo temprano algo debe haber ocurrido antes en el sistema educativo para que esos jóvenes hayan decidido abandonar los estudios, sobre todo en un mundo que viene con unos desafíos en el empleo cada vez más grandes. Las personas que no tengan una capacitación mínima van a tener muy difícil acceder a un puesto de trabajo digno.
¿Se cumple la Convención de Derechos?
Como todos los tratados generales de derechos humanos tiene un punto aspiracional. Aparte de ser ley, aspira a mejorar la vida de los niños y las niñas. Se cumple en muchos aspectos, y creo que una de las reflexiones después de 30 años es que se han producido avances muy grandes en nuestro país y en el mundo en relación a las condiciones básicas de salud y de educación. Pero eso no debe quitar el foco de que el cumplimiento absoluto de la convención está lejos. Es un instrumento al servicio de la dignidad y los derechos de los niños. Por eso, decir que se cumple es un poco arrogante. Hasta que se cumplen los derechos del último niño en el último rincón no podemos decir que se cumple. Pero sí es verdad, y en España es una reflexión que hacemos mucho, que hay un cumplimiento más formal que efectivo. Una de las cosas que ha mejorado mucho esel marco jurídico con la modificación de ley de protección de la infancia en 2015. Se han mejorado los mecanismos institucionales de coordinación, hay un Alto Comisionado dependiente de la Presidencia del Gobierno que se ocupa específicamente de la pobreza infantil… La parte institucional y jurídica ha mejorado, pero se siguen planteando retos en la aplicación, en cómo esos derechos llegan a los niños directamente. No se cumple en determinados colectivos y niños y niñas que se están quedando atrás del resto, como comentábamos antes.
Te he leído en algún sitio criticar que el gasto público en infancia es del 1% del PIB.
El gasto en infancia es mayor, aunque solo sea porque el sistema educativo es uno de los principales gastos. Pero sí es verdad que en protección social de la infancia estamos en el 1,2% del PIB. En educación no universitaria estaríamos en el 3%. En Europa las medias son 2,4% en protección social y el 4% en educación no universitaria. Tenemos un desafío de recursos. Pero lo importante es focalizar estos en niños y niñas. Estamos preparando un análisis del impacto de las prestaciones sociales, y las cifras son muy bajas. No solo bajas, sino que están orientadas a otros ámbitos sociales, muy legítimos, pero que no están llegando a la infancia más pobre si no a las clases medias o altas. Tenemos un problema de recursos, y de enfoques. En el sistema educativo también pasa. Faltan recursos, pero no es incrementarlos porque sí. Es dedicarlos a esa atención más individualizada, al sistema de apoyo educativo y social que debemos tener.
¿Nos preocupa poco como sociedad la infancia en general?
Anteayer presentamos el barómetro y uno de los resultados es que ya se percibe en los niños y niñas una cierta desafección y desinterés por la política y, en concreto, por los partidos. En la presentación, que hicieron varios adolescentes, uno de los temas que salió es que no les interesa esta política. Decían que les interesan las causas sociales, pero que el marco político no les presta atención. La infancia no vota, y si el político de turno está pensando solo en el voto y el corto plazo es difícil que piense en ellos. Hacen falta miradas más amplias. Hemos avanzado, pero nos cuesta introducir en los programas electorales aspectos concretos sobre la infancia. La tentación de dirigirse solo al votante es grande, pero lo que les está pasando a los niños ahora va a tener un impacto potente a medio y largo plazo para un país que afronta desafíos muy grandes en términos de empleo, medio ambiente o capacitación para afrontar nuevos modelos económicos. En el informe internacional se habla de que los derechos de la infancia no han cambiado. La infancia lo ha hecho: internet no existía en el 89, los efectos del cambio climático no eran tan evidentes, los conflictos afectan a la migración de niños y niñas, que afecta a España directamente. Es evidente en el caso de los niños no acompañados que llegan a España. Hay que plantearse la manera en que se aplican los derechos. Y esto la política debe tenerlo en cuenta, si no estaremos haciendo políticas a corto plazo. Siempre digo que estamos dejando una deuda muy grande sobre las espaldas de las generaciones que vienen. Su bienestar repercutirá en el nuestro. Tener pensiones, por ejemplo, depende de las generaciones que viene.
¿Qué refleja el barómetro?
La intención era hacer, al menos en parte, un remedo del barómetro del CIS. Siempre se pregunta a los adultos por sus preocupaciones. Antes les habíamos pedido la opinión sobre qué les pasa, pero también es importante preguntarles cuáles son sus preocupaciones más allá de la propia infancia. En estos ámbitos, las principales preocupaciones tienen que ver con la educación, con la igualdad de género y el medio ambiente. Frente al barómetro de los adultos, que pone más el paro y los asuntos económicos. Muchos dicen que les gustaría poder votar e, incluso, tienen claro qué votarían. Están reclamando mayor protagonismo, sobre todo en la escuela, el ámbito municipal y la familia.
Acabo preguntando por la obesidad, otra de tus especialidades. ¿Tenemos un problema en España?
En la comparativa internacional entre los países más desarrollados estamos los décimos de 42 países. Tenemos un 35% con sobrepeso u obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que influye en otras. Un documental contaba cómo hace 20 años no había en EE UU ni un niño con diabetes tipo 2, muy relacionada con la obesidad, mientras ahora hay miles. Esta diabetes se decía que era “de los mayores”. Un niño obeso tiene muchas posibilidades de ser un adulto obeso. La preocupación es cómo estamos en un entorno obeso-génico. Tenemos un entorno que propicia comer mal y no hacer deporte. Muchas veces no es tanto comer mucho como comer mal. Es uno de los problemas que se puede abordar desde las políticas públicas. La tentación de comer más comida procesada, acudir a establecimientos de comida rápida, los anuncios en televisión, la mayoría son de productos alimenticios con un valor nutritivo muy bajo y son productos malos para la salud… Ahí hay un desafío muy potente. Hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios mucho y han traído la obesidad infantil. También la adulta, pero la infantil la arrastarán muchos años.
Y, para cerrar el círculo, la obesidad relaciona con la pobreza.
Hicimos una explotación de datos junto a la Fundación Gasol. Había datos anteriores de la Encuesta Nacional de Salud por tipos de empleo de los padres y la obesidad en niños y niñas se triplicaba en los hogares en los que la persona con los principales ingresos en el hogar era una persona no cualificada (15% de obesidad) respecto a cuando era un directivo (5%). No es solo una epidemia sanitaria, también tiene un componente social importante. Nosotros identificamos dónde estaban los colegios que se habían hecho las encuestas y relacionándolo con la renta de las zonas, vimos un crecimiento muy notable de la obesidad en los sitios donde hay menos de un 10% de pobreza a aquellas en donde hay hasta el 40%. Cada vez hay más estudios que relacionan pobreza y obesidad. Tiene que ver con los recursos económicos, pero también con la cultura de la alimentación. En España hemos perdido la dieta mediterránea, que hemos sustituido por productos procesados que nos hacen la vida más fácil, pero no tienen valor nutritivo. Sí que pasa que en los niveles más altos de pobreza (más del 40%) vuelve a haber menos obesidad, no sabemos si porque no hay acceso a estos alimentos elaborados o por una pobreza de alta intensidad que hace que los alimentos no sean suficientes en el hogar.
Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/11/21/espana-es-el-pais-de-europa-que-menos-es-capaz-de-reducir-la-pobreza-infantil-tras-la-intervencion-del-estado/
Por: Otras Voces en Educación
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Por: Otto Granados
Una de las discusiones más actuales en la política educativa es la relativa a los verdaderos alcances de la evaluación de alto impacto, es decir, aquella cuyos resultados influyen de manera importante en el porvenir de alumnos, docentes y escuelas. La pregunta central es muy simple: ¿es el mantra de la calidad o básicamente un instrumento muy útil para tener mejores maestros y logros de aprendizaje? Y la evidencia sugiere que alcanzar una educación de calidad es un proceso multifactorial del que la evaluación es uno de sus principales componentes. Veamos.
Con mayores o menores resistencias, la evaluación docente para el ingreso, la promoción y la permanencia en la carrera, ha existido en varios países durante las últimas tres décadas y distintos estudios apuntan a la conveniencia de instrumentar mecanismos efectivos para que sea periódica, obligatoria, vinculante y recompensada. La experiencia internacional es ilustrativa y muestra que, como señaló la OCDE en 2015, lo principal de una buena enseñanza es asegurar la presencia de un buen maestro en el aula y para identificarlo, medirlo y mejorarlo, hay que evaluarlo, un factor elemental en toda profesión.
En Estados Unidos, por ejemplo, se aprobó en 2002 la reforma más amplia en 35 años en la educación básica mediante la cual se evaluaría a escuelas y maestros, y cuyos resultados, que son públicos, permitirían premiar salarialmente a los mejores y sancionar a los peores, incluso con el despido de docentes o el cierre de los centros con más alto y reiterado nivel de fracaso escolar. En Brasil, Lula Da Silva promovió una “revolución educativa” para profesionalizar (o reemplazar en su caso) a más del 20% de 1.882.000 docentes que tenía ese país y cuya preparación académica no alcanzaba los estándares mínimos y en muchas ocasiones su nivel escolar estaba por debajo del de los alumnos. Los profesores rinden ahora una prueba nacional para examinar su formación e introducir nuevos filtros que determinen su permanencia en el sistema educativo.
En Chile, la evaluación es también obligatoria para los 70.000 profesores en activo en municipalidades y la ley prevé los supuestos bajo los que aquellos con un reiterado “desempeño insatisfactorio” son separados del servicio, pero también sirve para determinar los salarios de los maestros, algunos de los cuales, los mejor evaluados, pueden recibir aumentos hasta de un 64%. Y en Singapur, desde 2005, es obligatoria la evaluación anual para todos los maestros.
En suma, como estableció la agenda de una comisión internacional liderada por el Inter American Dialogue, se necesita de evaluaciones docentes técnicamente sólidas, basadas en criterios objetivos y transparentes para mejorar las prácticas docentes así como “profesionalizar la carrera docente, estableciendo criterios claros de reconocimiento, promoción y progreso profesional basados en el mérito y no exclusivamente en la antigüedad”. Más aún: este proceso permite no solo recompensar el mérito, ofrecer reevaluaciones adicionales para elevar su desempeño o, en algunos casos, ser separados del servicio, sino también tener buena información para apoyar su formación continua. De todo ello, sin duda, los principales beneficiados son los propios maestros.
Desde luego que evaluar es condición necesaria y no suficiente para alcanzar una educación de calidad, pero hay que favorecer una visión positiva de su relevancia como un componente que, junto a otros, puede mejorar los aprendizajes de los niños, destinatarios finales de cualquier política educativa incluyente y eficaz.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/10/18/actualidad/1571417463_151502.html?prod=REGCRART&o=cerrado&event_log=oklogin
Por: https://www.dw.co
Desde hace 30 años existe la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Todos los países la han ratificado, a excepción de EE. UU. ¿Qué significa para los niños de todo el mundo?
Los derechos de los niños fueron acordados hace ya 30 años por los Estados miembros de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989. Desde entonces, los países que han ratificado la Convención deben presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño de la ONU cada cinco años.
Indicadores positivos, pero no para todos
A excepción de Estados Unidos, todos los países del mundo han ratificado la CDN. ¿Han mejorado las condiciones para los niños en los últimos 30 años? «Si miramos alrededor del mundo, con un margen considerable, diríamos que sí hay muchos hechos positivos», dice a DW Rudi Tarneden, portavoz de prensa de la sede alemana del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef.
«Hay indicadores globales, como la mortalidad infantil, que se han reducido a la mitad en los últimos 30 años, con más niños que van a la escuela que nunca», afirma. «El trabajo infantil está disminuyendo y cada vez menos niños se casan a escala mundial», añade.
Sin embargo, según Tarneden, el 30 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño no es una celebración que se pueda festejar en todo el mundo. «Si se observa más en detalle, nos damos cuenta rápidamente de que existen diferencias extremas detrás de estos promedios, y es cierto que los derechos de los niños son, para millones de ellos, en realidad, muy abstractos, y aún tienen poco que ver con sus vidas», critica.
Actualización digital para los derechos del niño?
Marc Dullaert, fundador de la Children’s Rights Foundation, comparte con Tarneden sus sentimientos encontrados sobre el aniversario: «La Convención sobre los Derechos del Niño es positiva para llevar a cabo un procedimiento formal con el fin de hacer cumplir los derechos del niño».
Sin embargo, echa de menos, en la convención actual, especialmente los derechos digitales para los niños. «La importancia de Internet y las redes sociales para los derechos del niño apenas se toma en cuenta en la convención», señala en entrevista a DW. «Hoy en día, es importante que los niños tengan derecho a un Internet seguro, a acceder a Internet, para que tengan acceso a la información», asegura.
Con el fin de mejorar dicho asunto, su organización lanzó un ‘país digital’ para niños y adolescentes de todo el mundo en septiembre de 2019, el Estado de la Juventud (State of Youth). En esa plataforma, los jóvenes de 13 a 24 años pueden reunirse, debatir y votar sobre temas. Los resultados se transmiten luego a los responsables políticos. El siguiente paso es la elaboración de una declaración acerca de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, en diciembre de 2019. Otros temas, como la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, también se debatirán en línea en el Foro Global de Niños y Jóvenes.
«Es por eso que fundamos este primer Estado digital sin fronteras, un Estado ni político ni religioso en el que los jóvenes pueden participar activamente», explica Marc Dullaert. El fundador de KidsRights fue el primer Defensor del Menor en los Países Bajos y es el expresidente de la Red Europea de Defensores de los Niños (ENOC).
Índice de derechos del niño
Desde 2013, esta fundación internacional ha publicado su índice anual KidsRights sobre el respeto a los Derechos del Niño. Este se elabora en colaboración con la Escuela de Economía Erasmus y el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus, de Rotterdam. Los datos proceden de las estadísticas de la ONU sobre mortalidad infantil y esperanza de vida, de los datos estadísticos sobre educación, salud y protección infantil, y la ejecución social de la Convención sobre los Derechos del Niño.
No siempre son los países industrializados ricos los que obtienen los mejores resultados. En 2019, Nueva Zelanda terminó en el puesto 16, y el Reino Unido incluso en el lugar 170, de los 181 países. Tailandia y Túnez, en los puestos, 14 y 15 respectivamente. «Países como Túnez, por ejemplo, se encuentran entre los primeros 20 de la lista. Túnez es un país pobre, pero ha integrado los derechos del niño en la legislación nacional, proporciona fondos presupuestarios para los derechos del niño, y las generaciones futuras son parte de la agenda política», aclara Dullaert.
«El índice KidsRights muestra que incluso los países pobres pueden hacer mucho por los derechos del niño, es una cuestión de voluntad política y enfoque», afirma.
«Todos los niños tienen derecho a tener un nombre y a ser atendidos por sus padres o padres adoptivos. El derecho que más me gusta es el de expresar la propia opinión, que uso constantemente», dice Hlib Rzheutsky, de Ucrania.
Países ricos, niños pobres
Alemania obtiene muy buenos resultados en ese índice: en quinto lugar detrás de Islandia, Portugal, Suiza y Finlandia. Sin embargo, eso no significa que todos los niños en Alemania estén bien, dice Rudi Tarneden de Unicef Alemania: «Si, por ejemplo, observas las grandes ciudades de Alemania, en el área del Ruhr, donde en una gran ciudad como Essen, casi el 30 por ciento de todos los niños crece en un hogar en el que sus padres reciben asistencia social, entonces puedes imaginar lo que eso significa», dice Tarneden.
Hace treinta años, cuando se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los países ricos pensaban que los Derechos del Niño eran un problema para los países más pobres. Sin embargo, «sabemos que incluso en los países ricos hay muchos niños que están en desventaja y no tienen oportunidades para desarrollar sus habilidades», subraya.
La situación es aún peor para muchos niños que sufren pobreza extrema, advierte Tarneden. Hoy, la mitad de los niños en todo el mundo, vive en grandes ciudades, a menudo al margen de la sociedad y en condiciones muy precarias. «En barrios pobres, en barrios marginales, donde las condiciones de vida son muy malas y donde los derechos del niño apenas juegan un papel», señala el experto.
Según él, hay muchas tendencias negativas en la actualidad que influyen en el respeto a los derechos de los más pequeños: las violaciones de los derechos del niño en las zonas de guerra y conflicto se han duplicado en los últimos diez años. Además, se han sumado nuevos problemas como el cambio climático, y continúan los problemas como la pobreza y el subdesarrollo. En general, los menores son víctimas reiteradamente de las violaciones de sus derechos.
*Fuente: https://www.dw.com/es/30-aniversario-de-los-derechos-del-ni%C3%B1o-qu%C3%A9-ha-cambiado-en-tres-d%C3%A9cadas/a-51321502
En este escenario estarán presentes los programas más importantes de Wise, entre ellos la red de líderes ágiles de innovación en el aprendizaje.
Esta iniciativa reúne a los responsables políticos, académicos y expertos en educación a fin de compartir enfoques innovadores y contribuir al diseño de nuevos modelos para una enseñanza de alta calidad.
También un proyecto encaminado a empoderar y capacitar a líderes emergentes, que en esta edición incluye a discípulos de 11 países.
La cumbre trae, además, las voces de estudiantes entre 16 y 21 años, quienes participan en debates a la par que se preparan en sus respectivas áreas para asumir un rol protagónico en el desarrollo educativo en sus comunidades.
Más de 180 jóvenes de unos 60 países forman parte de esta sesión.
En tanto, el programa Acelerador WISE, diseñado para apoyar proyectos innovadores con alto potencial de escalabilidad e impacto positivo, pone a disposición de los participantes diferentes talleres donde los seleccionados exponen su trabajo.
La iniciativa sirve, asimismo, como intermediario para conectar tales proyectos con una red internacional que crea oportunidades de compartir conocimientos y encontrar apoyo entre posibles socios, donantes e inversores.
WISE fue establecida en 2009 por la Fundación de Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario como un escenario enfocado a transformar la enseñanza a través de la innovación.
Por: CLACSO.
Conversación entre Karina Batthyány y María Eugenia Rodríguez-Palop a propósito de la publicación de su libro «Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha», editado en conjunto por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales e Icaria, disponible en la librería virtual de CLACSO.
Si hay algo que ha separado el antes y el después de estos tiempos ha sido la crisis, quién sabe si definitiva, de nuestro régimen político, en un sentido amplio. La crisis de representación democrática, la crisis del Estado social, que es también la de nuestro sistema productivo, la crisis ecológica, la crisis territorial, la del Estado-nación y la de las alternativas internacionales que se habían articulado para superarla. Pero este libro no habla tanto de esta crisis civilizatoria, como del ascenso de la extrema derecha, la revolución feminista y la política de los comunes, como salidas contrapuestas, y de éxito notable, ensayadas frente a ella.
Fuente de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=mr7MsiKeztw
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