Exclusión Educativa

América del sur / Brasil / 03 de julio de 2016 / Por: La Izquierda Diario

Recibimos para su difusión esta denuncia de los Estudiantes argentinos y argentinas en lucha de la Universidad UNILA.

La Universidad Federal de Integración Latinoamericana (en portugués, Universidade Federal da Integraçao Latino-americana), más conocida por sus siglas, UNILA, es una institución de enseñanza superior Federal de Brasil, localizada en la ciudad de Foz do Iguaçu, en el margen brasilero de la intersección de los ríos Paraná e Iguazú que signa la Triple Frontera entre dicho país, Argentina y Paraguay. Fundada en el año 2010 durante la primer administración de Dilma Rousseff, y habiendo sido proyectada en 2007, durante el segundo gobierno de Lula, la Universidad – cuyo carácter de Federal podría ser comparado, salvando las distancias, con el de una universidad Nacional en Argentina, debido a su carácter de pública, gratuita y de espacio autónomo vinculado directamente al Poder Federal – tiene como objetivo principal contribuir a la integración solidaria y a la construcción de sociedades en América Latina y el Caribe más justas a través de la enseñanza, la investigación y la extensión, pensadas desde la interdisciplinariedad.

A fin de cristalizar este proyecto, el Estatuto de la institución garantiza el bilingüismo portugués-español en todos los niveles institucionales y destina cada año el 50% de los cupos para ingresantes a personas provenientes de otros países de América Latina y el Caribe. Además, se fomentó un sistema de becas de vivienda, alimentación y transporte por un valor total de R$670, equivalente a unos $3000 argentinos, que pasó a estar disponible, año tras año, para aquellos interesados provenientes del extranjero que pudiesen demostrar vulnerabilidad socio-económica. La Universidad cuenta, en el presente 2016, con estudiantes provenientes de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Haití, Bolivia, Ecuador, El Salvador, entre otros países latino-americanos, de los cuales recibe subsidios.

Desde su instauración, el sistema de becas de la UNILA contempla dos modalidades respecto a la vivienda, ya que el estudiante puede optar por instalarse en una de las residencias estudiantiles, recibiendo en efectivo sólo la parte de la beca destinada a alimentación y a transporte, o por cobrar la beca completa en efectivo y buscarse un alquiler por su cuenta. Ambas modalidades se han ido consolidando, con el correr de los años, al calor de la especulación inmobiliaria. En el período transcurrido entre 2010 y 2016, el valor de los alquileres en los barrios linderos a la Universidad ha aumentado entre cuatro y seis veces. Es decir, aquellos que reciben el dinero y deben buscarse un alquiler deben enfrentarse a la especulación de los propietarios de los domicilios y de las inmobiliarias, cuyos niveles superan en mucho a la inflación del país, con un subsidio que no ha aumentado su valor desde su instauración en el 2010.

En el caso de las residencias (en Brasil llamadas moradías), por su parte, el carácter del negociado inmobiliario que genera la UNILA en la ciudad es mucho más claro y más directo. En el 2010, la Universidad realizó, en un proceso que hoy está siendo investigado en la Justicia por irregularidades tanto de forma como de monto, la compra de un predio sobre la avenida Tancredo Neves dónde se encuentra localizada la residencia que constituye el único espacio físico propio de una institución que tiene, además, un campus en construcción detenido desde 2012, tras otra serie de irregularidades con la empresa constructora. A dicha residencia, llamada informalmente Moradía 1, se le suman otras ocho de carácter privado, que consiste en alquilar hoteles completos a sus dueños. En estas residencias, la Universidad invierte un costo promedio por estudiante superior al monto que es entregado en efectivo en caso de solicitar la beca completa. Es decir, quienes reciben beca para alquilar, reciben R$300 cada estudiante, pero cuando pagan a los hoteles, el monto es de R$500 por estudiante.

Analizando documentos oficiales de la Universidad, como contratos con los hoteles y el presupuesto en sus diferentes rubros y respectivos montos queda expuesto como ha sido desfinanciada sistemáticamente la Moradía 1 (única residencia estudiantil pública y gratuita, que pertenece a la universidad y no es alquilada) y se ha destinado ese dinero al pago de alquileres de varios hoteles, enriqueciendo a un sector minúsculo de la sociedad de Foz de Iguazu, en detrimento de las y los estudiantes y del pueblo trabajador, que al momento de buscar alquilar una vivienda tiene que enfrentarse a los altos precios que manejan el negocio inmobiliario en la ciudad.

El coste anual de manutención de la Moradía 1 y de los alquileres de las residencias privadas está tasado en el presupuesto 2016 de la Universidad en un estimativo anual de R$1.027.260 , es decir, aproximadamente unos 4 millones de pesos, dinero que es concentrado casi en su totalidad en pocas manos: la de los propietarios de las residencias privadas, casi en su totalidad especuladores vinculados al Turismo y al boom inmobiliario de una ciudad que quintuplicó su población en los últimos cincuenta años. A modo de ejemplo, en mayo de 2012, el contrato de servicios de alojamiento n° 21/2012, por 38 estudiantes, entrega el valor de R$ 228.000 a la empresa de Arnaldo Colombelli Junior, representante de la gran burguesía hotelera local, para la Pousada Me, con el vencimiento el 15 de Mayo de 2016. El 24 de julio de 2015, se crea el contrato n°30/2015 con la firma del rector entregando a la misma entidad, un valor anual de R$ 6.479,76 por estudiante y un valor total de R$ 338.750. Éste contrato se vencería el 23 de junio de 2016, sin embargo, en el mes de mayo, los estudiantes están siendo avisados que serán expulsados de sus moradías. El cuarto contrato n°03/2016 bajo la entidad CCIA Imóveis Ltdame, representada por el mismo Colombelli Junior, fijó un valor mensual de R$ 57.237,88 y total de R$ 686.854,56.

La situación de las moradías estalla en conflictos a partir del año 2015, cuándo, tras paralizar mediante un golpe jurídico todas las instancias de representación democrática de la Universidad, en particular el Consejo Universitario (similar al Consejo Superior en Argentina) que fue desmantelado por tener una representación igualitaria de las tres categorías –estudiantes, docentes y no docentes- los estudiantes sufren dos asaltos a mano armada en Moradía 1. La universidad no realizó ninguna acción para proteger la salud física de sus estudiantes, por tanto el 29 de octubre las y los residentes deciden comenzar una ocupación, exigiendo mayor seguridad y una mejora inmediata en los servicios básicos como el agua y el gas. Ante este conflicto, la universidad solo decretó que el lugar era inhabitable y ordenó el desalojo sin ninguna consulta universitaria previa a la categoría estudiantil ni a los residentes, estableciendo del mismo modo un proyecto de construcción de un nuevo espacio para vivir, demoliendo la Moradia en un predio ubicado en un barrio lindero a la represa de Itaipu Binacional, en cuyo Parque Tecnológico se dictan buena parte de las clases de la Universidad.

En una Universidad con un campus cuya construcción se encuentra detenida por más de tres años, ¿cuáles eran las garantías de que una nueva Moradía iría a proyectarse y construirse con celeridad?

La toma de la Moradía resistió luego del final del año lectivo, y se fue tornando una bandera de lucha cada vez más importante cuando, antes de que comenzase el ciclo 2016, en medio del verano y de forma intempestiva, se envió un correo institucional a todas y todos las y los estudiantes en el cual se especificaba que aquellas y aquellos que habían perdido materias por faltas irían a perder los auxilios. Muchos de aquellos que serían despojados de sus becas acabarían en la Moradía 1, acto que conllevaría una radicalización de las posturas de la rectoría. Dicha radicalización se expresaría en violaciones concretas a los derechos humanos de los ocupantes, cortándoles el agua y privándolos de seguridad.

Además, la selección de extranjeros de este año estuvo atravesada por una serie de irregularidades y arbitrariedades, que llegó al extremo de rechazar solicitudes por haber sido enviadas en español, lo cual constituye una afronta a la propia ley de creación de la Universidad (Ley…… . Por otro lado, se les hizo firmar a los extranjeros ingresantes un término de compromiso en el cual se les exigía, de forma ilegal e inconstitucional, no participar políticamente durante su permanencia en la institución. Es imposible que en una Universidad donde debe garantizarse que sus cupos sean cubiertos en un 50% por extranjeros se encuentre restringida la participación política a quienes no poseen nacionalidad brasileña.

En Marzo de este mismo año, los estudiantes de Servicio Social se vieron obligados a ocupar la rectoría de la universidad como medida de lucha ante la falta de profesores por negligencia del rectorado en cuanto al concurso docente y el nombramiento de los cargos. Ante esta medida, la respuesta de las autoridades fue trasladar los documentos hacia el predio de Itaipú Binacional, dejando a los estudiantes dos meses sin clases y sorteando solamente un profesor con promesa de incorporar otro a mitad de año.

Consumado el golpe dentro de la universidad, el Consejo Universitario dejó de funcionar durante más de un año, en donde la Rectoría se dedicó a establecer decisiones a través de decretazos, distribuyendo, además, los cargos jerárquicos a los sectores más conservadores, sin un previo llamado a elecciones tal como lo establece el Estatuto de la Universidad en su artículo 35.

En agosto de este año, la Pro-Rectoria de Asuntos Estudiantiles (PRAE), informó en una reunión, y luego a través de un mail enviado vía correo institucional a cada estudiante que el presupuesto para pagar la asistencia estudiantil era insostenible a partir de noviembre de este año. Las soluciones que planteaban los funcionarios a cargo de esa área eran mantener el negocio de la especulación inmobiliaria o mantener la íntima relación a un costo menor entre las autoridades universitarias y los empresarios locales de hotelería.

De esa manera, quienes provenían de otros países o de los sectores populares de Brasil, iban a tener cada vez más impedimentos para ingresar y permanecer en la UNILA. Así se comenzó a materializar el desmantelamiento del proyecto latinoamericanista y caribeño de una Universidad que se pensaba pública, gratuita, de calidad e inclusiva.

El conflicto estalla ante la impotencia y un año lleno de golpes directos a la clase estudiantil. El 16 de junio, los residentes de Moradía 1, cuya ocupación en el único predio propio de la Universidad cumplía ya más de ocho meses, sufrieron el decimoprimer asalto desde que la toma fue efectuada. En dicho acontecimiento, una decena de compañeras y compañeros fueron tomados de rehenes y acosados. Ante esta situación, los estudiantes deciden tomar esa misma noche el Predio Almada, lugar donde funcionan las clases de música, en reclamo de la reactivación urgente de la Moradia 1 y, en una asamblea general de estudiantes, el Viernes 17 a las 14:00hs se desarrolló un plan de lucha que desembocó en la toma de Jardín Universitario, predio universitario alquilado donde funcionan dos de las cuatro facultades que componen la Universidad.

Ante esta situación, los estudiantes mantienen las ocupaciones de Moradia 1, del predio Almada y del Jardín Universitario con asambleas permanentes para llamar a una mesa de negociación con las autoridades universitarias. Así mismo, la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad llama a los sectores secundaristas y universidades estaduales de la ciudad a movilizarse junto a organizaciones sindicales y movimientos sociales.

El ajuste no es un mito de la Rectoría, es una realidad concreta que vive y sufre el pueblo trabajador brasilero, y que se intensifica con los acontecimientos a nivel del gobierno nacional. Pero justificar la necesidad de recortar las condiciones mínimas de vida para los hijos e hijas de obreros, campesinos, desocupados, indígenas, negros y un gran etcétera que pueblan la institución en niveles inéditos contemplando educación superior brasilera basando el argumento sólo en las condiciones macroeconómicas nacionales suena poco convincente en una Universidad de menos de tres mil estudiantes que cuenta con un presupuesto anual para el 2016 de R$ 155.959.881, unos 600 millones de pesos, es decir, un presupuesto similar al de la Universidad de la Matanza, con veinticuatro mil estudiantes. Las exigencias sobre más transparencia acerca de cómo se distribuye este dinero surgen como una de las banderas de lucha de un movimiento estudiantil que percibe como, en medio de tanta especulación inmobiliaria, de tanto negociado sucio y de tanto sobreprecio, el recorte cae sobre sus espaldas. Mientras se realizan contratos millonarios por hoteles o predios donde no se están realizando actividades académicas ni administrativas, las y los estudiantes continúan cobrando el mismo monto de beca para permanencia que se les pagaba hace seis años, y ahora con recorte y sin garantías de esos beneficios económicos para quienes ingresen en 2017.

El recorte efectivo de las becas signa el fin del intento por efectivizar el carácter verdaderamente latinoamericano y popular de una institución dónde, además, la mayoría de las carreras son en período integral y los estudiantes extranjeros tienen prohibido trabajar. Para los amigos de los empresarios que hoy manejan los espacios de poder dentro de la Universidad, quienes históricamente se han mostrado contra a una integración popular de la región, dicho recorte es un hecho. Sólo la lucha organizada de las compañeras y los compañeros del movimiento estudiantil, efectivizada a través de las tomas, las asambleas de base y los lazos de solidaridad con movimientos sociales, trabajadores, desocupados y movimientos estudiantiles de otras latitudes, puede frenar la elitización de la Universidad, con la subsecuente expulsión sistemática de cientos de compañeras y compañeros estudiantes cuyo sustento depende de la manutención de dichos beneficios (para utilizar una expresión brasilera), así como de miles de hijas e hijos de los históricos sectores excluidos de los espacios elitistas del sistema universitario brasilero que pudiesen aspirar a ingresar a la institución en un futuro.

¡Estudiante no es basura ni mercancía! ¡Por el fin del pacto universitario-empresarial! ¡Moradía Digna y Educación Pública! ¡Por una Universidad que exprese un horizonte popular de integración! ¡No al recorte en la Asistencia Estudiantil! En solidaridad con las y los estudiantes de toda América Latina y el Caribe que luchan por una Universidad Pública y Gratuita y con los pueblos de nuestra región que resisten al ajuste, a la represión y a las consecuencias de la nueva crisis del capital.

Estudiantes argentinos y argentinas de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana

Publicado originalmente en: http://www.laizquierdadiario.mx/Brasil-la-resistencia-de-los-y-las-estudiantes-de-la-UNILA-entre-la-mafia-inmobiliaria-y-la-crisis