Financiación

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Gratuidad educativa en Colombia: una realidad inclusiva para los territorios

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Por Carolina Bustamante

En Colombia, anualmente se matriculan más de 3 millones de estudiantes en Instituciones de Educación Superior. De estos, el 60% en centros de formación pública según el Ministerio de Educación Nacional, pero existe un subregistro sobre grupos étnicos, afrocolombianos, población Rom y campesinado vinculado a la academia.

Saldar la deuda, equilibrar la balanza de los beneficios, garantizar equidad o simplemente justicia social, es la forma como el Gobierno de Gustavo Petro, dentro de su nueva política de gratuidad educativa ´Puedo estudiar´, pretende avanzar hacia el acceso universal de la educación y cambiar un pasado de estancamiento profesional en los jóvenes del país.

Gratuidad educativa inicia con medio billón de pesos este 2024 en busca de cubrir el 95% de los estudiantes que están en las Instituciones de Educación Superior públicas. La meta para el 2026 es llegar al 97% y a los territorios afirma el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego.

Lo anterior porque, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de los 48 millones 258 mil ciudadanos que hay en Colombia, el 6 % corresponde a comunidades étnicas, representados en algo más de 1 millón 900 mil personas que se auto reconocen como indígenas de pueblos originarios diferentes, y 4.671.160 afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rom pero, ¿cuántos de estos han tenido, tienen o podrán tener acceso a educación superior?

¿Qué población será priorizada?

Jose Hildo Pete, secretario técnico de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas – Contcepi, no duda en señalar que cientos de jóvenes no han tenido acceso a educación: “muchos de los jóvenes terminan su colegio y se van a trabajar en floristerías, en el campo o en campos a raspar coca”.

No se conoce por la Autoridad Nacional Indígena las cifras de ocupación estudiantil en universidades del país afirma Hildo, pero la desocupación preocupa a los 115 pueblos indígenas. “Los pocos jóvenes que logran ir a estudiar a zonas urbanas o ciudades principales generalmente son financiados por la comunidad, su resguardo. Pero a veces solo logran llegar a cuarto o quinto semestre y se retiran, porque no es solo tener una matrícula, es cómo sostenerse durante el tiempo de estudio. A veces resulta imposible y desertan”.

Indica el Ministerio de Educación Nacional que esta estrategia busca llevar la educación superior a los territorios “la iniciativa elimina barreras de acceso y amplía los beneficios a diversos sectores de la sociedad, se enmarca en la estrategia Universidad en tu Territorio” lo que sugiere infraestructura, capacidad técnica, docente y tecnológica que permita estar a la vanguardia de otros centros educativos del país, añade el secretario técnico de educación.

Otra de las barreras que se eliminan con esta nueva política es que podrá aplicar población de estratos 1, 2 y 3 dando especial prioridad a indígenas, pueblo Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; se suman víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, campesinos, aquellos privados de la libertad y grupos A,B y C del sisbén IV.

Una mirada desde las aulas de clase

Sara Jiménez, tiene 24 años, hace su último año de estudios en mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia donde además funge como representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.

Asegura que los estudiantes reconocen las ventajas de la política de gratuidad ´Puedo estudiar´, señala que buscar mecanismos para conocer los resultados de las convocatorias rápidamente y los porcentajes reales que se consignan a las universidades por cada estudiante permitiría al beneficiario tener un control real de el rubro otorgado.

Indica que les preocupa que la política de educación del gobierno actual no es retroactiva “(…) los estudiantes tardan más de los 10 semestres en graduarse y la política actual contempla esas demoras, pero las anteriores no y esos estudiantes que son beneficiarios de gobiernos con políticas pasadas no tendrán gratuidad en 1 o 2 semestres extra que permite la política actual y quedaron por fuera”.

También piden a la cartera de educación nacional que se haga pública la forma y los porcentajes bajo los cuales los centros de educación superior, técnicos o tecnológicos recibirán los dineros para matrículas.

La reforma a la política de educación gratuita, en sus artículos 86 y 87 correspondientes a financiación, modifican la forma de medir los montos de financiación de beneficios del Índice de Precios al Consumo IPC al Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, sin embargo, reclaman los estudiantes, bajo la vocería de Sara Jiménez, información pública al respecto porque a la fecha no se conoce.

Financiación y cobertura

Indican los estudiantes que los beneficios en educación no deben quedarse ligados a matrículas: “debería ampliarse la cobertura, es decir, porcentajes extra que permitan a las universidades públicas crecer, porque actualmente están estancadas o tienen que realizar más investigación para tener recursos. Ejemplo: en la Universidad Nacional el 40 % de los recursos son autofinanciados».

Añade la representante estudiantil que si a lo anterior se suman los ´pagos simbólicos´ como los denomina y que equivalen a matrículas de hasta 100 mil pesos para población de bajos recursos, pese a que tener a un estudiante todo un semestre cueste mucho más, esto obliga a la universidad a entrar en gastos que no asume el Estado. Consideran pertinente que el Ministerio de Educación pague por ese estudiante el costo real de su estadía en los centros de formación superior.

Pese a estas dudas y sugerencias cabe resaltar que otros de los cambios que esta política contempló están asociados a estudiantes con títulos de postgrados técnicos o tecnológicos que podrán acceder a educación gratuita. Finalmente, la comunidad educativa celebra que ya no habrá giros a instituciones educativas a través del Icetex sino directamente desde el Ministerio de Educación Nacional.

¿Cómo acceder a los beneficios?

El estudiante puede dirigirse a una de las 67 Instituciones de Educación Superior públicas del país, elegir un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), ser admitido por la institución y matricularse.

La Institución se encargará de registrar al estudiante en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES.

Los calendarios académicos son particulares para cada institución, así como los tiempos que destinen para los procesos de matrícula. Se sugiere consultar directamente con la institución de su interés.

Radio Nacional de Colombia

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La educación pública del País Valencià, de nuevo en peligro por la falta de financiación del PP

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Por: Eva Máñez

Las familias, la dirección y los ayuntamientos de una docena de municipios del País Valencià se concentraron a las puertas de sus centros educativos el 20 de febrero para protestar por la paralización del Plan Edificant que ha hecho la Consellería.

Maite Navarro, directora del CEIP El Castell de Albalat dels Sorells, hacía un llamamiento a El Salto días antes de la concentración. “La Conselleria de educación del PP ha paralizado los acuerdos del Pla Edificant en varios municipios, incluidos el nuestro, que fueron aprobados en junio de 2023. Esta paralización afecta enormemente a nuestro centro educativo. Llevamos cinco años esperando a que se resolviera este plan para nuestro centro y después de tanta espera, ahora se paraliza”, lamentaba. “Esto implica que las infraestructuras que tienen hasta 40 años y que están en malas condiciones, se degeneren aún más, aumentando así el riesgo que eso implica de posibles accidentes y la dificultad o imposibilidad de poder llevar a cabo la actividad docente”.

Navarro, además, aclaraba que “el presupuesto del Pla Edificant que nos habían concedido era de 1.193.000 euros, con eso solo podríamos haber dado un repaso por encima a algunas cosas, pero al menos, se podrían haber solucionado problemas graves que sufre el centro”. También añadía que “al final, el sistema se basa en la precariedad de lo público y cuando hablamos de la infancia, estamos hablando de ciudadanía con menos derechos”. Por último, Navarro exigía “una respuesta clara, definitiva y favorable, con carácter urgente, que resuelva los problemas de infraestructura tan grandes que sufre nuestro centro. Centenares de alumnos se lo merecen y es un centro público del que se tiene que hacer cargo la administración pública”.

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, aseguró que lo único que ha anulado su departamento es el acuerdo de ampliación del Plan Edificant de infraestructuras escolares al considerar que era “ilegal”

La Conselleria de Educación notificó a principios de febrero a 12 ayuntamientos la “decisión unilateral” de suspender la ejecución del Pla Edificant para tramitar 15 obras en centros educativos por valor de 63,5 millones de euros. El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, del PP, aseguró en rueda de prensa que lo único que ha anulado su departamento es el acuerdo de ampliación del Plan Edificant de infraestructuras escolares al considerar que era “ilegal”.

La revisión se produce, según el conseller, al considerar que la exconsellera Raquel Tamarit, de Compromís, podría “no tener las competencias” para hacerlo al estar ya en funciones, tras haberse celebrado las elecciones autonómicas que dieron como resultado el cambio del Consell del Botànic por el de la coalición del PP y Vox.

La medida afecta a los municipios de 12 localidades: Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Borriol, Betxí, Mislata, con cuatro actuaciones, y Benicarló. Se trata ahora de seis municipios gobernados por el PSPV, cinco por Compromís y uno del PP. Pero un total de 341 centros de 178 municipios valencianos podrían peligrar en un futuro cercano.

Inma Badia, directora del CEIP Fernando Los Ríos de Burjassot, construido en 1981 y con 220 alumnos, protestaba en declaraciones telefónicas de que se haga un uso político de las necesidades de los centros educativos. “Mira que han tenido años para ponerlo en marcha y al final la pública entre unos y otros…”, lamentaba. “Dependemos totalmente de decisiones de Conselleria para muchas cosas. El Ayuntamiento ha movilizado y convocado la concentración, pero cuando ellos estaban gobernando tampoco lo implementaron”.

Badia recuerda que “somos un centro público, hay que mantener los centros y adaptar lo que la legislación de la época no contemplaba”. Se refiere, por ejemplo, a la salida de emergencias de la que carece su escuela. “Lo que había en el plan era importante —cuenta la docente—, hay una única escalera que en caso de quedar obstruida en una emergencia no habría salida para los más pequeños”.

José Luis Lorenz, diputado del PSOE en las Cortes Valencianas, manifestó en rueda de prensa su preocupación por la gestión de Conselleria de Educación, que “parece recordar” al caso Ciegsa —que investiga los sobrecostes en la construcción de infraestructuras educativas dentro de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa— del que “ya sabemos dónde nos llevó”. Y ha argumentado que toda esta situación demuestra que al “gobierno de la derecha y la ultraderecha no le importa la educación pública, en la que no cree”. Además, acusó al conseller José Antonio Rovira de querer “polarizar políticamente la educación” y pretender “deshacer todo lo que hizo el gobierno del Botànic, ir contra nuestra lengua y politizar la educación valenciana”.

Según Gerard Fullana, diputado de Compromís, “lo que pretende el PP es volver a controlar todo el proceso y adjudicar las obras directamente y no a través de los ayuntamientos”

En la misma línea, Gerard Fullana, diputado de Compromís, declaraba a El Salto que el Pla Edificant con la entrada del PP en esta legislatura “ya había sufrido un recorte del 40 % del total, que es muchísimo dinero y hace imposible el Plan”. Según Fullana, “lo que pretende el PP es volver a controlar todo el proceso y adjudicar las obras directamente y no a través de los ayuntamientos. Sabiendo que hace dos semanas entró en prisión un cargo del PP por el Caso Taula acusado de coger dinero de los coles públicos. Hay mil millones de euros en sobrecostes de Ciegsa que nadie sabe dónde fueron”. Para Fullana, es claro que “el PP va a intentar anular todos los contratos ya que no tiene dinero debido a que en diciembre redujeron el presupuesto para educación en 122 millones y aumentaron en 40 millones la subvención para la concertada y privada”.Compromís ha lanzado la campaña “Salvem els coles”, y junto a sindicatos y comunidad educativa ha convocado una concentración frente al Palau de la Generalitat para el próximo 27 de marzo.

El Ayuntamiento de Villena, que también estaba afectado, renunció el pasado 15 de febrero a la delegación de competencias que exigía el Pla Edificant para la construcción del nuevo edificio del CEIP Príncipe Don Juan Manuel y las obras de rehabilitación del CEIP La Celada como parte de la estrategia para facilitar a la Conselleria de Educación una tramitación más ágil y rápida para la construcción de un único centro que unifique ambos colegios. Este anuncio responde a la visita del Conseller José Antonio Rovira a principios de febrero a Villena, cuando se comprometió a la demolición de los actuales edificios y la reposición en el mismo solar de un nuevo edificio. El Ayuntamiento de Villena renunció entonces al Pla Edificant “conminando a la Conselleria a que dichas actuaciones se desarrollen con la mayor celeridad posible, en consideración a la precaria situación de los inmuebles y el riesgo inherente para los usuarios de ambos centros”, según nota de prensa. Para Gerard Fullana, este anuncio es “dudoso, ya que carece de dotación presupuestaría y en caso de implementarse no podría llevarse a cabo hasta 2030”.

“Nosotros teníamos un dinero para un instituto, y ya no lo tenemos”, resume Héctor Ramos, alcalde de Borriol

“Nosotros teníamos un dinero para un instituto, y ya no lo tenemos”, resumía telefónicamente Héctor Ramos, alcalde de Borriol. En el municipio de la comarca de La Plana se instauró en 2019 una sección del IES Bobalar de Castellón en un solar del ayuntamiento con aulas prefabricadas para aproximadamente 400 alumnos. “En junio de 2023 se aprobaron los cerca de once millones para la construcción del edificio —continúa Ramos—, en octubre a la alcaldía de Borriol se nos notificó un expediente afectado y en enero nos dicen que la delegación de competencias se queda sin efecto, lo que significa que ha volado el dinero que teníamos para el instituto y no nos dan otra alternativa. Han creado administrativamente un instituto sin edificio, con alumnos en barracones”, concluye el alcalde.

Otros centros no han sido notificados, pero tampoco tienen claro su futuro. Es el caso del CEIP Joan Fuster de Manises. Ximo Llaosa, director del centro, atendía a nuestra llamada telefónica para contarnos su caso. “Estamos pendiente de reforma desde 2008 cuando el PP de entonces la anunció, luego vino la crisis y se paralizo todo. Posteriormente accedimos al Plan Edificant y todavía estamos esperando”, se quejaba Llaosa. “Nuestro centro, con 330 alumnos, es un colegio de recepción de alumnos con diversidad funcional de carácter motriz, aunque no tenemos gimnasio, ni sala de usos múltiples, ni cocina. Desde su creación, en 1984, no ha recibido ninguna reforma por lo que los baños no están adaptados, no hay eficiencia energética, no se han cambiado ventanas y la caldera continúa siendo de gasoil, etc. La última fecha de que nos dio el ayuntamiento es de 20 junio de 2023, cuando supuestamente estaba presentada la memoria del proyecto. Desde entonces no se ha recibido ninguna notificación, ni positiva ni negativa, por parte de Conselleria, creemos que estamos en un olvido y necesitamos esas reformas”, concluía el docente de Manises.

https://www.elsaltodiario.com/educacion-publica/educacion-publica-del-pais-valencia-nuevo-peligro-falta-financiacion-del-pp

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Colombia: ¿Por qué el regreso a clases recuerda lo lejos que está el país en acceso y financiación de la educación?

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Por: Alexandra Armero

El regreso a clases de más de 9 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media en Colombia es una oportunidad para plantear los retos que tienen los nuevos gobernadores y alcaldes que asumieron sus cargos en enero de 2024 para garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los niños, niñas y jóvenes del país, a través de los planes de desarrollo que le van a proponer a las ciudadanías. 

Entre los principales desafíos que enfrentan los nuevos mandatarios se encuentran la financiación, la reducción de las brechas de acceso y permanencia, así como la calidad educativa en las zonas urbanas, rurales y entre los grupos poblacionales más vulnerables.

La educación como factor esencial de desarrollo y construcción de sociedades más equitativas y prósperas sigue siendo el mayor reto que tiene el mundo. Las dificultades de acceso a la educación se manifiestan como una de las brechas que profundiza las desigualdades, que resta las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas y mantiene los círculos de pobreza y miseria.

La UNESCO señala que en la actualidad hay más de 250 millones de niños y jóvenes que están sin escolarizar y alrededor de 781 millones de adultos son analfabetos en el mundo. Del total de adultos analfabetos casi dos tercios son mujeres.

Las cifras no dejan de ser preocupantes para Colombia. Según datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con corte a diciembre de 2022, hay 11.063.196 personas entre 3 a 16 años en el país, de los cuales 9.076.127 están dentro del sistema educativo, mientras que a 1.987.069 de niños, niñas y adolescentes se les ha vulnerado su derecho a educarse.

Las brechas de acceso a la educación no han podido ser disminuidas en el país. Desde hace 3 décadas el Gobierno Nacional no aporta los recursos suficientes para financiar la educación de millones de niñas, niños y jóvenes, ni para financiar a la población de jóvenes y adultos que no lograron culminar la primaria o secundaria completa.

Aun cuando la cifra de inversión en educación para el 2022 fue de más de 87.7 billones de pesos, de los cuales cerca del 80% (43.18 billones de pesos) se dirigió a los niveles de educación preescolar, básica y media, este gasto está por debajo de lo que invierten otros países de la región como México, Chile y Brasil por estudiante (OCDE). Según el informe “Education at a glance 2023″, Colombia gasta 4.481 dólares anuales por estudiante equivalente a tiempo completo, muy por debajo del promedio de la OCDE de 12.647 dólares.

En un estudio de caracterización donde se identificaron las brechas principales en el sistema de educación preescolar, básica y media de Colombia que fue liderada por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, se calculó que el presupuesto de educación para estos niveles debería aumentar de $43.18 billones en 2022 a aproximadamente $95.75 billones si en realidad se desea atender la desfinanciación de la educación en el país. 

El desafío de garantizar el acceso, el financiamiento y la calidad en el sistema educativo por parte de los entes territoriales toma especial importancia con la aprobación de los planes de desarrollo departamentales y municipales, pues estos planes deben incorporar las estrategias y acciones para los próximos 4 años que vayan en armonía con la calidad educativa, el acceso universal y el financiamiento adecuado.

El ciudadano de a pie puede participar no solamente en la construcción de los planes de desarrollo, sino también en la supervisión del presupuesto educativo, pues es fundamental implementar sistemas de responsabilidad y evaluación de desempeño para asegurar un uso eficiente de los fondos asignados a la educación.

A su vez, y no menos importante, resulta determinante que el Gobierno Nacional incremente el financiamiento en educación a través de una asignación justa de los recursos en todos los grados educativos, asegurando también los recursos apropiados para la educación universitaria. Solo así se podrá garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y todas, que contribuya al bienestar y al progreso de la nación.

¿Por qué el regreso a clases recuerda lo lejos que está el país en acceso y financiación de la educación?

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Colombia: Necesitamos financiación permanente para la educación del siglo XXI. Alcaldesa

Noticias

Con un llamado a garantizar que la educación sea realmente transformadora de la sociedad y a que como país Colombia se comprometa a garantizar los recursos que se necesitan para la educación de primera infancia y posmedia, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, y la Secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla Sebá, dieron apertura al Foro Educativo Distrital ‘Nuevos caminos hacia la educación del siglo XXI’.

“Bogotá tiene muchos logros que reconocer, pero también varios desafíos que tenemos que aprender. Bogotá es la ciudad de Colombia que más dedica recursos propios, además de los de la Nación a invertir en la educación y eso nos enorgullece mucho”, indicó en el evento la alcaldesa mayor Claudia López.

La mandataria agregó que: “gracias a eso hemos cerrado la brecha digital y hemos tenido el mejor nivel de deserción escolar, el menor del todo el país. Qué bueno porque nuestros niños están aprendiendo, y gracias a eso tenemos el mayor número de becas universitarias y de educación posmedia para nuestros jóvenes”.

Aquí, un tuit con el que la alcaldesa, Claudia López, se refiere a los 4 desafíos de Distrito para garantizar una educación de calidad en Bogotá:

López también agregó que: “tenemos grandes desafíos. Por qué, por ejemplo, Bogotá tiene el mayor nivel de inversión per cápita propio, pero no tiene el mayor nivel de logro. Hay ciudades como Pasto; Tunja, Bucaramanga que invierten menos per cápita de sus propios recursos, pero sus niños tienen mayor logro educativo. Ese es un desafío que nos estamos planteando hoy en el Foro, para encontrar qué es lo que podemos hacer mejor”.

Después de realizar foros educativos en los colegios y en las 20 localidades de Bogotá, la Secretaría de Educación llegó al gran Foro Educativo Distrital con una propuesta para involucrar en los grandes desafíos de la educación el componente socioemocional como factor de formación integral, la diversidad y la diferencia como pilares para edificar los aprendizajes y la materialización de los aprendizajes más allá de las aulas.

“Este año nuestro Foro Educativo Distrital ha coincidido con un llamado que desde las Naciones Unidas han realizado a los líderes del mundo entero: transformar la educación para construir realidades más equitativas, democráticas y pacíficas”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

Agregó que “el contexto que actualmente vive la ciudad, el país y el mundo nos convoca a seguir avanzando y construyendo una nueva educación. Una que no nos divida e incremente las brechas, sino aquella que permita acercarnos como sociedad”.

El evento, que se lleva a cabo en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, también cuenta con la participación de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, planteó que se deben unificar el SGP, el Sistema General de Regalías y el Presupuesto Nacional para beneficio de la educación.

A su turno, Horacio Álvarez Marinelli, especialista en Educación del Banco Mundial afirmó que debe haber mayor flexibilidad a los entes territoriales.

“En los primeros grados sabemos que está el mayor retorno económico. Debemos invertir en los más jóvenes, los más chicos y los más vulnerables”; tras recordar que antes del covid-19 ya la educación tenía enormes crisis y que el impacto de la pandemia tendrá un impacto de por vida, sobre todo en los más pequeños”, sostuvo.

Este año, los diálogos cuentan con la participación de rectores y rectoras, maestros y maestras y estudiantes de colegios de la ciudad.

Participantes en el Foro Educativo Distrital

–  Fernando Reimers, director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard, que nos convocará a marcar los caminos que queremos construir hacia la educación del presente y el futuro.

–  Lucía González, de la Comisión de la Verdad, quien, desde una mirada crítica y resiliente del conflicto armado, reflexionará acerca de cómo las escuelas abrazan la verdad.

–  Julián de Zubiría, economista y pedagogo que plantea escuelas enfocadas en el desarrollo integral y no solo en el aprendizaje de conocimientos.

–  Olga Lucía Acosta, economista, oficial a cargo de la oficina de la CEPAL en Colombia, quien dialogará sobre trayectorias educativas, acceso y permanencia con equidad.

–  Horacio Álvarez Marinelli, especialista en Educación del Banco Mundial, planteará sus tesis sobre sistema de financiamiento de la educación.

–  Jorge Iván González, director de Planeación Nacional.

–  Jesús Abad Colorado, fotoperiodista especialista en el conflicto armado en Colombia, se centrará en las escuelas como territorio de paz.

Temáticas centrales de discusión

– Formación integral con pertinencia y relevancia.

– Educación socioemocional para la convivencia y la construcción de escuelas como territorios de paz.

– Trayectorias educativas: acceso y permanencia con equidad.

– Gestión eficiente y eficaz de la educación. El proceso del Foro Educativo Distrital 2022 empezó con los encuentros institucionales en los colegios públicos y privados en agosto pasado, continuó con foros en las 20 localidades de Bogotá y culmina con el Foro Distrital.

Este año se cuenta con espacios de participación colaborativa con la comunidad educativa, sobre las experiencias y propuestas transformadoras seleccionadas en los foros locales Esto con el fin de nutrir el debate de repensar la educación del siglo XXI, en un ejercicio de diálogo y construcción conjunta.

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/educacion/necesitamos-financiacion-para-la-educacion-del-siglo-xxi-alcaldesa

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Líbano: Los sindicatos de docentes se comprometen a ofrecer una educación de calidad en medio de la peor crisis económica de los últimos 30 años

Noticias

Internacional de la educación 

El Líbano se ha visto sacudido por dos crisis extraordinarias en los últimos dos años: la explosión del puerto de Beirut y la pandemia de COVID-19. Desde entonces, el personal docente libanés y sus sindicatos han estado a la altura de los desafíos que les han planteado las crisis de salud pública, económica y de refugiados.

Solidaridad internacional

Tras la devastadora explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, la Internacional de la Educación y sus afiliadas se solidarizaron rápidamente con la población de la capital libanesa, en particular con el personal docente y todo el conjunto estudiantil.

Rodolphe Abboud, secretario general del Teachers Syndicate of Lebanon (TSL), declaró que la explosión se produjo cuando el profesorado ya estaba lidiando con la pandemia mundial. Según Abboud, el sector de la educación del Líbano, especialmente el sector privado, que representa el 70 % de la educación en el país, «se está enfrentando a una importante crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y de las crisis económica y financiera que ha provocado el despido de docentes en muchas instituciones educativas».

La Internacional de la Educación se ha puesto en contacto con los sindicatos de la educación locales para determinar la mejor manera de ayudar a la población afectada, especialmente al personal docente y a su alumnado, y ha intentado garantizar que se dé prioridad a la educación en la ayuda financiera proporcionada por la comunidad internacional.

«Junto con nuestras afiliadas de todo el mundo, nos solidarizamos plenamente con el personal docente y la población de Beirut que se está recuperando de esta terrible explosión», declaró en su momento el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards.

Siete de cada diez personas necesitan ayuda económica

La explosión y la pandemia han sacudido aún más la economía del país y han provocado la «peor crisis económica de los últimos 30 años», según Manal Hdaife, de la Public Primary School Teachers’ League(PPSTL). «Decenas de miles de personas de todo el país han perdido su empleo y varios millones tienen dificultades para comprar los productos más básicos. A esto hay que sumarle la pandemia de coronavirus».

La grave crisis económica en la que estaba sumido el país antes del estallido de la pandemia se refleja en la deuda acumulada, que alcanzó el 170 % del PIB en 2020 y convirtió al Líbano en uno de los países más endeudados del mundo. Esta situación provocó una devaluación sin precedentes de la libra libanesa cuyas consecuencias para el poder adquisitivo de la población han sido devastadoras, ya que el Líbano depende en gran medida de la importación de los bienes que consume.

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, además del aumento del desempleo y del impacto de la pandemia, el 70 % de la población necesita ayuda económica. La emergencia sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas han provocado un incremento de la desigualdad en la distribución de los ingresos en el país, de la disparidad entre regiones y de las dificultades actuales para generar un crecimiento inclusivo. La crisis económica también ha afectado a la prestación de servicios públicos, incluida la educación.

La cancelación de la deuda: un paso clave para la recuperación económica y la calidad de la financiación

Las organizaciones miembros de la Internacional de la Educación en el Líbano apoyan las reclamaciones legítimas de cientos de miles de activistas que piden un cambio radical en el sistema político, caracterizado por la corrupción, el favoritismo y el clientelismo.

«Exigimos al gobierno que muestre voluntad política y se esfuerce por acabar con la interminable crisis económica que asola el Líbano», subrayó Hdaife. «Rechazamos medidas como la imposición de impuestos a personas con ingresos limitados, especialmente a empleados del sector público, y exigimos soluciones alternativas».

«Nuestro movimiento sindical considera que esta crisis se puede afrontar de forma estratégica: cancelando la deuda nacional del Líbano para que pueda apoyar al sector educativo y a otros sectores públicos. Dicha cancelación debería llevarse a cabo sin condiciones y los derechos humanos deberían constituir un elemento fundamental del proceso de reestructuración de la deuda».

Crisis superpuestas en la educación: la pandemia de COVID-19 y el alumnado refugiado

Incluso antes de la pandemia, la crisis siria, y la consiguiente gran afluencia de personas refugiadas, agravaron los déficits y los desafíos ya existentes en el sector educativo. Entre ellos, la grave escasez de docentes y la fragilidad de las infraestructuras educativas.

El Líbano es un país con una población de 4,5 millones de habitantes y que acoge a un gran número de personas refugiadas. Actualmente, en el Líbano viven más de dos millones de refugiados sirios y medio millón de refugiados palestinos. Más del 52 % de los refugiados sirios del Líbano son menores, y las cifras de ACNUR indican que alrededor de 450 000 refugiados del Líbano están en edad escolar.

De las 1 396 escuelas públicas del país, 1 014 reciben a más de 137 000 estudiantes refugiados sirios. Además, 144 escuelas se utilizan para impartir clase a estudiantes refugiados en turnos de tarde. Alrededor de 4 500 docentes de escuelas públicas imparten clase en los turnos de tarde y cobran una media de 10 USD por hora, sin compensación alguna por la preparación o la planificación de las lecciones. La COVID-19 ha agravado esta situación.

Los sindicatos llaman la atención sobre la crisis en el sector educativo

A través del Union Coordination Committee, compuesto por todas las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en el Líbano, los sindicatos de la educación han advertido en varias ocasiones al Ministerio de Educación que el alumnado y el profesorado del país se enfrentan a una crisis educativa.

El personal docente y sus sindicatos han denunciado el hecho de que no se les haya permitido participar ni se les haya consultado durante el proceso establecido para garantizar y proporcionar una educación a los niños y niñas refugiados, a pesar de ser los que están sobre el terreno, luchando por mantener un nivel mínimo de calidad en la educación del alumnado sirio y libanés.

Además, han puesto de relieve los obstáculos y los retos al aprendizaje, como las diferencias entre los planes de estudios libanés y sirio, la elevada ratio en las aulas, los diferentes niveles académicos del alumnado, las barreras lingüísticas, los gastos de transporte, el acoso escolar y el limitado apoyo psicosocial a los niños y niñas que sufren traumas, así como la falta de docentes formados para impartir clase a menores en tiempos de crisis.

Repercusiones de la crisis de refugiados en las niñas

Las repercusiones de la crisis de refugiados también han sido distintas en función del género. Las niñas son más vulnerables y la crisis ha reducido considerablemente sus posibilidades de acceso a la educación. Ello se debe a que a las niñas se les asignan responsabilidades de cuidado y muchas se ven obligadas a trabajar y a casarse a edades tempranas para ayudar económicamente a sus familias. Además, también son víctimas de la violencia de género.

Repercusiones de la crisis de COVID-19 en la educación de los niños y niñas refugiados

La crisis sanitaria del coronavirus también ha repercutido negativamente en la educación de los niños y niñas refugiados sirios en el Líbano. Tras el cierre de los establecimientos educativos, el Ministerio de Educación introdujo la educación a distancia por tres vías: televisión, en línea y en papel. A nivel nacional, el cierre afectó a más de 1,3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

La decisión del Ministerio de utilizar la educación a distancia no estaba clara en relación con la educación de los niños y niñas refugiados, especialmente de aquellos que asistían a los turnos de tarde. Para colmar este vacío, los sindicatos de la educación intensificaron sus esfuerzos para garantizar que la brecha digital no dejara atrás al alumnado refugiado. Por ejemplo, los miembros de los sindicatos se ofrecieron para preparar clases televisadas y apoyar a los padres y a las madres por teléfono, y procuraron proporcionar tareas, orientación y correcciones a los niños y niñas refugiados sirios.

Acceso desigual a la educación

Gracias a todos estos esfuerzos, en la mitad de las escuelas públicas que dan clase a niños y niñas refugiados se pudo organizar una educación a distancia. Lamentablemente, muchos niños y niñas refugiados no han tenido acceso a los programas de educación a distancia debido a la falta de apoyo del Ministerio de Educación y a la falta de infraestructuras. Además, a muchos docentes que trabajaron en doble turno no se les pagó el sueldo durante la crisis.

Los sindicatos de la educación han trabajado sin descanso para construir un mejor entorno de aprendizaje para el alumnado refugiado, para demostrar su compromiso con la construcción de un futuro mejor y para reducir la pobreza y la vulnerabilidad de las personas refugiadas. Actualmente, siguen colaborando con el Gobierno para poner en práctica las mejores soluciones disponibles y piden solidaridad y apoyo para las personas vulnerables.

Grandes esfuerzos en favor del alumnado desfavorecido y desplazado

La PPSTLL, por ejemplo, está centrando sus esfuerzos en reducir el impacto de la crisis de COVID-19 en el alumnado y las comunidades desfavorecidas y desplazadas, ya que muchos viven en ciudades con poco acceso a los servicios sanitarios.

El sindicato ha insistido en la necesidad de una mayor solidaridad en tiempos de crisis y ha hecho un llamamiento a sus miembros para que aporten donaciones al fondo COVID-19 creado por el Ministerio de Salud del Líbano. A quienes les sea posible, se les ha pedido que proporcionen alimentos y asistencia a las personas necesitadas.

El sindicato también participó en el desarrollo de los programas de educación a distancia puestos en marcha para hacer frente a la crisis de aprendizaje y colaboró estrechamente con el Ministerio de Educación para proporcionar asesoramiento y experiencia.

El personal docente libanés está decidido a seguir ofreciendo una educación de calidad a todo el alumnado.

«Antes de los cierres, habíamos establecido un sistema de doble turno en mi escuela para que pudiera asistir un mayor número de niños y niñas. La situación a la que nos enfrentamos es muy complicada, pero no nos desalentaremos. Seguiremos trabajando para que todos los niños y niñas del Líbano tengan acceso a la educación. No importa de dónde vengan, todos merecen una buena educación y todas las oportunidades que esta ofrece», subrayó Hdaife, de la PPSTL.

https://www.ei-ie.org/es/item/25124:libano-los-sindicatos-de-docentes-se-comprometen-a-ofrecer-una-educacion-de-calidad-en-medio-de-la-peor-crisis-economica-de-los-ultimos-30-anos

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Mundo: Ciclo «El Derecho Humano a la Educación»

Noticias

Mundo/16-04-2021/Autor(a) y Fuente: Alianza Pedagógica Social Internacional/CLADE/FOVEDE

Hacía la ruta de la  Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2021: financiamiento de la educación pública y gratuita frente a la pandemia convocada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que será realizada del 26 al 30 de abril. La Alianza Pedagógica Social Internacional conformada por la CEIP-Histórica (Arg), Centro de Estudios MAEEC-CLACSO (Méx), Masa Crítica (Panamá), Kaichuk Mat Dha (Méx), SAVIA (Paraguay), Centro Martin Luther King (Uruguay), Organización Social, Feminista, Pedagogica Mujer-Pueblo-Magisterio CNTE Durango(Méx), EMANCIPACIÓN (Chile), KAVILANDO (Colombia), Universidad de Panamá, CIPCAL (AL), CII-OVE (Vzla), con mención especial a la RED GLOBAL GLOCAL por la Calidad Educativa (AL) y Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE); estos últimos pertenecientes a la CLADE.

Invitan a su último foro de esta semana denominado «Derecho Humano a la Educación» con la presencia de Suman Bhattacharjea directora de investigación ASER Centre, India.

El encuentro será el día hoy viernes en los siguientes horarios:

  • 06:00 hrs CT/NI/SV/HN
  • 07:00 hrs Mx Mx/Pan/Perú/Colombia/Ecuador
  • 08:00 hrs Vzla/PR/Bol/Chile
  • 09:00 hrs Uy/Arg/San Pablo/Paraguay
  • 14:00 hrs ESP/FR
  • 17:30 hrs India

Fuente e Imagen: Alianza Pedagógica Social Internacional/CLADE/FOVEDE

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Cumplir su función

El Pais España

Por: EL País España

La financiación de la Universidad pública es inferior un 14% a la media europea.

La Universidad española necesita repensar con urgencia su estructura y su forma de operar para poder seguir cumpliendo su importante función social. El acceso a los estudios universitarios de alumnos procedentes de familias de renta media y baja fue uno de los principales motores del elevador social en nuestro país. Tener estudios universitarios sigue siendo hoy un importante factor de progreso y protección social. Como demuestran los datos del último informe de la Conferencia de Rectores (CRUE), los jóvenes universitarios presentan una tasa de paro muy inferior al resto y perciben una remuneración que llega a ser hasta un 52% superior a la media de quienes tienen estudios secundarios. Tampoco hay, en términos relativos, demasiados universitarios. En el curso 2017/2018 estaban matriculados en alguna universidad el 31,6% de los jóvenes de 18 a 29 años, apenas un 1,5% más que la media de la OCDE.

Así pues, tanto por dimensión como por la calidad de los resultados académicos, la Universidad española se sitúa en la franja alta de los sistemas universitarios europeos. Pero las titulaciones están muy descompensadas y, sobre todo, no se corresponden con la demanda del sistema productivo. Esta falta de adecuación puede convertirse en un lastre para el desarrollo económico y social del país. Eso explica que, aun teniendo una situación privilegiada respecto del resto de jóvenes con menor cualificación, la tasa de paro de los universitarios españoles sea la segunda más alta de la UE: un 8,4% frente a un 3,9% de la media comunitaria. Pero lo más preocupante es que el 37,6% de los universitarios trabajan en empleos de una cualificación inferior a su titulación.

Se impone pues reducir el número de titulaciones y repensar los contenidos de los grados para adecuarlos a la evolución previsible del mercado laboral. Especialmente grave es el desequilibrio que hay entre la alta matriculación en estudios que tienen escasa salida en el mercado laboral, y la baja presencia de estudiantes en las carreras tecnológicas, las llamadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Estas carreras agrupan a menos de la cuarta parte de los alumnos y están cinco puntos por debajo de la media europea, con el agravante de que en nuestro caso presentan un anormal índice de abandono: entre el 37,4% y 49,9%.

Una parte de esta disfunción procede del hecho de que, para compensar la caída de ingresos públicos a causa de la crisis, las universidades han competido con una hipertrofia de la oferta de títulos destinada a captar alumnos. La financiación estructural de las universidades sigue siendo un 10% inferior a la de 2009 y un 14,5% inferior a la media europea. La otra vía para compensar la caída de fondos públicos ha sido incrementar las tasas académicas, que ahora aportan un 43% más de ingresos que en 2008, pero esta estrategia afecta a la equidad y provoca grandes desigualdades territoriales. El sistema universitario debe repensarse en su totalidad. La actual inflación de títulos solo puede conducir a su devaluación social. Es tarea del Gobierno equilibrar las diferentes ofertas educativas para adecuarlas a las necesidades productivas y habilitar pasarelas ágiles entre los distintos itinerarios. Especialmente importante es dar un mayor impulso a los estudios técnicos de grado medio, en particular la Formación Profesional Dual, para lo que se requiere una participación más decidida por parte de las empresas.

Fuente e Imagen: https://elpais.com/elpais/2020/02/07/opinion/1581102742_552987.html

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