Guerra

Por:  Enrique Santiago

La firma de los acuerdos sobre “Cese bilateral  y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” suscritos el jueves 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra que desde hace más de 52 años ha enfrentado en Colombia a la guerrilla campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–EP) y al Estado colombiano.

Tras tres intentos de paz fallidos, en 1984, 1992 y 1998, el actual proceso de conversaciones de paz iniciado en Oslo y en La Habana en noviembre de 2012 se acerca a su fin y al inicio del llamado “post conflicto”, sin duda más difícil aún que las conversaciones de paz, fase que consiste en la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes guerrilleros y en la implementación de los distintos acuerdos parciales alcanzados para acabar con las causas estructurales de esta cruenta y prolongada guerra que ha provocado más de 250.000 muertos, medio millón de exiliados  y 7 millones de desplazados internos.

A pesar del discurso abonado por los enemigos de la paz, el actual proceso de conversaciones  ha avanzado rápidamente, habiendo sido el segundo proceso de paz más corto en el tiempo de los habidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de paz de El Salvador duró 10 años, 11 años el de Guatemala, más de 10 años el de Irlanda del Norte, 14 años el de Angola, y así podríamos seguir con los procesos de Sudáfrica, Burundi, Tayikistán, Sierra Leona… Todos ellos duraron en torno a los 10 años.  Únicamente el proceso de paz de Nepal ha durado algo menos que el actual proceso de paz en Colombia, 4 años exactos. Sin duda no es lo más importante la duración de un proceso de paz sino que este llegue a buen término, pero desgraciadamente la Mesa de Conversaciones de La Habana ha trabajado desde hace más de dos años con la espada de Damocles del tiempo pendiendo sobre sus cabezas, falaz argumento esgrimido por los distintos sectores económicos y políticos que pierden su razón de ser, o sus beneficios, con la llegada de la paz, argumento que el Gobierno de Colombia –siempre pendiente de las encuestas de opinión política– ha utilizado en más de una ocasión para presionar a su contraparte en la mesa de conversaciones.  Pero hoy estamos de enhorabuena, porque la firma del Acuerdo Final de paz es algo ya cercano –quizás un mes, dos como mucho– y sobre todo es irreversible.

Esto no significa que los problemas en Colombia, las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre los más ricos y los más pobres, entre las mujeres y los hombres, entre los criollos y los indígenas o los afro descendientes –es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini–, desigualdades que ocasionaron este último  conflicto armado y los muchos que lo precedieron, vayan a desaparecer por la firma del Acuerdo de Paz. En Colombia el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas y el 58% de los depósitos bancarios en manos de 2.681 clientes.

El post conflicto será una intensa batalla contra esas desigualdades y del éxito de la implementación de los acuerdos parciales alcanzados, dependerá que Colombia entre irreversiblemente en la senda de la paz, la consolidación democrática  y el progreso o que este acuerdo pase a la historia como uno más de las decenas de acuerdos de paz fallidos para poner fin a conflictos internos que, de forma sucesiva, ha habido en Colombia desde su independencia del dominio español el 7 de agosto de 1819. La principal responsabilidad  recaerá en los poderes públicos y las instituciones colombianas, quienes con el apoyo de la comunidad internacional –un apoyo ojalá que irrestricto– deberá garantizar la implementación de los acuerdos, eludiendo la maldición que ha asolado a la inmensa mayoría de los procesos de paz habidos en el mundo en los últimos sesenta años, en los cuales el cumplimiento de las medidas de desarrollo social y económicos plasmados en los acuerdos finales ha sido más que deficiente, como acreditan la mayoría de las evaluaciones de cada uno de esos procesos de paz realizadas a fecha de hoy.

Desde noviembre de 2012 en La Habana se han alcanzado acuerdos sobre “Reforma Rural Integral” –el abandono por el Estado del campo y de los pequeños campesinos  y la negación del derecho de propiedad de la tierra a estos, es el origen del actual conflicto armado–; “Participación Política” –en Colombia los partidos tradicionales, el llamado “establecimiento”, ha acostumbrado a exterminar físicamente a cualquier alternativa política organizada que amenazara la continuidad de la alternancia entre liberales y conservadores–; “Sustitución de cultivos de uso ilícito” –los cultivos ilícitos han sido en la practica el único medio que para sobrevivir han tenido los pequeños campesinos y las comunidades rurales, los únicos productos que podían comercializar–; “Descontaminación de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas” –Colombia es uno de los países del mundo más contaminado por estos explosivos, obviamente en las zonas rurales–;  “Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición” –el único acuerdo sobre justicia transicional alcanzado en un mesa de conversaciones que respeta estrictamente los contenidos del derecho internacional en vigor y que supone el sometimiento de ambas partes a una justicia especial para la paz–; “Búsqueda de personas desaparecidas” –según datos oficiales, en Colombia existen más de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno, solamente desde los años 80 hasta hoy–; y ahora los acuerdos sobre  “Cese bilateral  y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” .

Este último acuerdo sobre desmantelamiento del paramilitarismo es de una especial importancia. El fenómeno de los ejércitos privados en Colombia, habitualmente creados y al servicio de los terratenientes y ganaderos, los denominados “paramilitares”, hace tiempo que escapó del control del Estado, a pesar de haber sido utilizados en especial por la Fuerza Publica en su combate contra las distintas insurgencias guerrilleras. Según los datos de la “Unidad de victimas” del Ministerio de Interior de Colombia, entre 1980 y 2012 se produjeron 1.166 masacres ejecutadas por grupos paramilitares, 1 cada 10 días. En muchos casos las masacres duraban días, hasta semanas, y se producían en la cercanía de bases militares. En ninguna de esa masacres la Fuerza Pública llego a intervenir, ya fuera para impedirlas o para detenerlas, nunca hubo enfrentamientos entre Ejército y paramilitares.  Hoy día, las denominadas “bandas criminales” u “organizaciones sucesoras del paramilitarismo” controlan en monopolio las rutas de exportación de cocaína a Europa y a los Estados Unidos, así como innumerables fenómenos de delincuencia organizada común. Tras el proceso de paz de Casa Verde, iniciado en 1984 entre las FARC EP y el Gobierno de Belisario Betancur, grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado asesinaron a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, la fuerza política de izquierdas nacida en el seno de dicho proceso de paz. Ese riesgo, muy cierto hoy día, es el que el Gobierno colombiano, con el apoyo de toda la comunidad internacional, debe conjurar, dando un combate frontal hasta el desmantelamiento total de los ejércitos privados, objetivo alcanzable con la estricta implementación del acuerdo alcanzado en la Mesa de Conversaciones sobre “Garantías de Seguridad”, garantías no solamente para los guerrilleros que van a dejar las armas, sino necesariamente extensivas a las comunidades campesinas, fuerzas políticas, grupos étnicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y tantos otros y otras ciudadanos colombianos en permanente amenaza o riesgo a su integridad por trabajar por un país más justo y equitativo.

La Unión Europea ha venido acompañando este proceso en los últimos años, de forma activa en los últimos meses. El Enviado Especial de la UE para el proceso de paz, el ex ministro irlandés Sr. Eamon Gilmore, ha acudido a La Habana en varias ocasiones, reuniéndose con ambas partes y ofreciendo ayuda económica para la construcción de la paz, si bien se trata de una ayuda aún insuficiente: el apoyo financiero de la UE será distribuido en tres etapas,  la primera pondrá a disposición recursos inmediatos para atender 24 requerimientos que ya fueron acordados con el ministro para el post conflicto, Rafael Pardo. La segunda etapa girará en torno al denominado Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que actualmente alcanza la muy limitada cifra de 90 millones de euros, y su uso principal será apoyo al desarrollo rural. La última fase será la financiación de proyectos de infraestructura para el post conflicto, a través del desembolso de créditos hasta por 400 millones de euros que saldrán de la Banca de Inversión Europea. Créditos reembolsables, es decir, no se trata estrictamente de cooperación. Habremos de estar atentos a las condiciones de reembolso que se impondrán a dichos créditos para que realmente ayuden y no lleguen a dificultar la construcción de la paz.

Alemania ha sido el país de la UE que más activo se ha mostrado en el apoyo al proceso de paz en Colombia, con la designación hace más de un año del Diputado Tom Koenigs como Comisionado del Ministro de Relaciones Exteriores para el proceso de paz, mientras que el Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, entidad pública alemana, ha comprometido a fecha de hoy 75 millones de euros para el post conflicto  y la construcción  de paz.

El enviado especial Koenigs se ha mostrado especialmente comprometido con la paz, ayudando a la buena marcha del proceso con pronunciamientos sobre los problemas concretos que enfrenta el post conflicto: “Los sucesores del paramilitarismo contradicen claramente a todos los protagonistas (guerrilla, gobierno, sociedad civil, víctimas, etc.) y contenidos (reforma agraria, reparación a víctimas, devolución de tierras, fin del narcotráfico, justicia, no repetición, etc.) de los acuerdos de paz, y son una grave amenaza para su realización” o “Resulta sorprendente que las víctimas de todas las partes y sus asociaciones correspondientes, con unas pocas excepciones, apoyan el acuerdo (de Justicia Transicional y Victimas) y están dispuestas a adjudicar una mayor importancia a los elementos de verdad, reparación y no repetición que a la severidad de las penas judiciales, mientras que los políticos de la derecha quieren ver restablecida la dignidad de las víctimas únicamente por penas de prisión” (2º Informe al Bundestag de T. Koenigs, 30 abril 2016).

En comparación, la diplomacia española, dependiente de su trabajo en América Latina para mantener su peso específico en el panorama diplomático internacional, ha estado ausente de este proceso de conversaciones, especialmente si se compara con su activa participación en los tres anteriores procesos de paz, fallidos, habidos entre las FARC EP y el Gobierno de Colombia. Este desentendimiento probablemente tiene que ver con el papel muy activo que la diplomacia española –tanto en los gobiernos de Aznar, de Rodríguez Zapatero como en el de Mariano Rajoy– desempeñó en el apoyo a la llamada “doctrina de la seguridad democrática” en Colombia, implementada por el Presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010, y que lejos de acabar militarmente con la guerrilla –como se proponía– provocó pavorosas situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los llamados “falsos positivos” –más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes colombianos desempleados o marginales a los que el Ejército hacía pasar por guerrilleros abatidos en combate con el fin de mostrar resultados–  o las denominadas “chuzadas del DAS”,  espionaje a defensores de derechos humanos, jueces, políticos opositores y periodistas, que acabó con la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia dependiente directamente de la Presidencia de la República–  y el procesamiento de la mitad de su plantilla, tras ser calificado por los tribunales colombianos como una “organización criminal”.

El proceso de paz está llegando a buen término gracias al acompañamiento internacional, especialmente de los países de la América Latina que han visto en la paz de Colombia la paz de todo el continente. Junto al activo papel desempeñado como país garante por Noruega –sin duda la diplomacia con mayor especialización y eficacia en procesos de paz de cuantas existen hoy día–, Cuba  ha sido el otro país garante, que además de poner a disposición su territorio y las debidas condiciones de seguridad para que avanzara el proceso, ha sabido garantizar el apoyo político de la región al proceso, a la vez que –conjuntamente con Noruega– ha desplegado un imprescindible pragmatismo diplomático que ha permitido sortear los muchos desencuentros que entre las partes ha habido durante las conversaciones. El papel de países acompañantes desempeñado por Venezuela y Chile han ayudado a destrabar problemas y a sumar más apoyos a la causa de la paz. Finalmente, a partir de enero de 2015 la Administración estadounidense del Presidente Obama, con la designación del diplomático Sr. Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz, también ha desempeñado un papel constructivo en las conversaciones, quizás no todo lo comprometido que pudiera haber sido a la vista de la influencia internacional de los EEUU, pero sin duda un apoyo a la paz en Colombia que nunca antes de forma tan explícita comprometió una administración estadounidense. La reunión celebrada el pasado mes de marzo entre el Secretario de Estado Sr. Kerry y la comandancia de las FARC EP en La Habana, supuso un evidente reconocimiento político a esta organización guerrillera, a pesar de que, inexplicablemente, aún sigue incluida en las arbitrarias listas de organizaciones “terroristas” de la Unión Europea, del Reino Unido y de los propios Estados Unidos.

Aún quedan acuerdos imprescindibles de alcanzar para la firma del Acuerdo Final de Paz. Los más importantes, los relacionados con la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil, las zonas donde se producirá dicha reincorporación, la imprescindible y urgente  amnistía –prevista expresamente en las Convenciones de Ginebra a la finalización de un conflicto armado interno–, las necesarias Garantías de No repetición –revisión de la doctrina de seguridad y militar de Colombia y su adaptación a una sociedad en paz donde la población civil nunca más sea considerada un enemigo– y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cuestiones de índole menor. Pero la firma este jueves en La Habana de los tres acuerdos que de facto ponen fin a la guerra, es la mejor garantía para alcanzar los acuerdos parciales restantes, de forma irreversible, en unas pocas semanas.

A partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, será la comunidad internacional la que deba coger el relevo de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Sin un acompañamiento firme e imparcial de la comunidad internacional, en especial de los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas, será muy difícil verificar el cumplimiento de los acuerdos y acabar con las causas del conflicto. Es imprescindible garantizar un periodo de post acuerdo eficaz, donde la implementación de lo firmado sea una realidad y no se defrauden las expectativas de los colombianos y colombianas, en especial de aquellos que han vivido en primera persona la guerra, generación tras generación, en las zonas rurales del país. Una Colombia en paz abrirá la puerta a la solución de varios problemas mundiales, entre ellos el los cultivos susceptibles de unos ilícito y el narcotráfico o el desplazamiento de población. Colombia es un país dotado de inmensas potencialidades, sin duda la más importante reside en las personas que habitan en él, gente trabajadora y cordial, culta y emprendedora, con una envidiable formación académica y científica. El compromiso  de la comunidad internacional con esta paz que viene, tan difícil y generosamente construida entre todas, se verá cumplido cuando portar un pasaporte colombiano sea definitivamente motivo de orgullo y dignidad, nunca más un estigma.

Fuente: http://elordenmundial.com/tribuna/se-acabo-la-guerra-ojala-nunca-vuelva-enrique-santiago/

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